Y el Estado, entonces, qué papel debe jugar?

REMUPRO, considera que el problema de la violencia de género es extremadamente grave. Afecta, de manera directa o indirecta, a más de la mitad de la población y, por lo tanto, si no se resuelve impedirá que pueda hablarse de desarrollo, justicia, democracia y armonía familiar. El goce de los derechos de las mujeres es un eje central para la transformación plena de nuestra ciudad, de nuestro departamento y de nuestro país.

Sin embargo, esta violencia en muchos de los casos ni siquiera es nombrada. Está omnipresente, pero es imperceptible; es anormal, pero ha sido acogida en un contexto en el cual, infortunadamente, pareciera que no se conocen otras formas de vida. Como consecuencia, las mujeres nos vemos limitadas en nuestro desarrollo económico, social, laboral, educativo y en todos los aspectos en los que queremos desenvolvernos.

Su omisión como parte de los desafíos del Estado convierte a la violencia de género en un verdadero problema de salud pública, debido a la gran cantidad de mujeres violentadas y victimadas a manos de sus parejas u otros allegados, sin importar su estatus económico, social y cultural, aunque por lo general solo trasciendan los casos en que sus protagonistas son parejas y familias pobres.

La situación, por supuesto, no es nueva. Desde los años setenta empezó a visibilizarse con denuncias públicas, a Su omisión como parte de los desafíos del Estado convierte a la violencia de género en un verdadero problema de salud pública, debido a la gran cantidad de mujeres violentadas y victimadas a manos de sus parejas u otros allegados.

Es obligatorio y urgente capacitar y sensibilizar, de forma permanente, al personal gubernamental y a operadores de justicia desde la perspectiva de género para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito de las relaciones interpersonales y sociales en nuestro municipio y departamento.

buscar respuestas como un problema social y a sumar esfuerzos, a nivel internacional y nacional, para su prevención, atención y erradicación.

En ningún momento este estudio pretende restarle la responsabilidad al Estado hondureño, como el primer garante del cumplimiento y fortalecimiento de los derechos humanos.

Sin embargo, advertimos que la diferencia entre la respuesta de las autoridades municipales y las nacionales con respecto a la violencia de género es muy poca. Ambas siguen un patrón similar de reconocimiento formal de derechos, pero de indiferencia y hasta complicidad con su violación cotidiana.

En el caso particular de El Progreso, existe una Oficina Municipal de la Mujer (OMM) pródiga en buenas intenciones, pero desprovista de las capacidades humanas suficientes para inyectarle una visión de género al accionar de las autoridades municipales, con apoyo psicológico, legal y socioeconómico a quienes lo necesiten.

Cuando una instancia tan importante como esta se convierte en una isla que no toca puerto dentro de la alcaldía municipal, se aleja más y más de su misión, frente a una corporación que considera cumplido su deber al haberla creado y mantenerla dentro de sus instalaciones, pero que asume frente a esta oficina la misma conducta que frente a las mujeres: “están allí, las vemos, las toleramos, pero no las hacemos partícipes de nuestro quehacer”.

Esa concepción cultural se traduce en otras instancias municipales. En el sistema de justicia, por ejemplo, la manera de abordar la violencia contra las mujeres abona generalmente a la impunidad de los hechores. Se suele partir de una lógica patriarcal que de víctima nos convierte en culpables o en responsables de desintegrar a nuestras familias.

Con suerte, los principales “logros” judiciales se concentran en autorizar una pensión alimenticia a favor de las hijas e hijos cuando el hombre abandona su hogar. Y decimos que es un “logro”, así entre comillas, porque en el fondo, decisiones como estas lo que revelan muchas veces es el enfoque tradicional de que el hombre es el proveedor económico de la familia, y como tal está obligado a seguirla auxiliando. Pero no siempre se trata de un reconocimiento explícito a los derechos de las mujeres.

Es obligatorio y urgente capacitar y sensibilizar, de forma permanente, al personal gubernamental y a operadores de justicia desde la perspectiva de género para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito de las relaciones interpersonales y sociales en nuestro municipio y departamento.

Reflexionemos...

1. ¿Qué entendemos por Estado? ¿Cuáles pensamos que deben ser sus funciones?

2. Contemos cuáles han sido nuestras experiencias con el Estado, buenas y malas (en la escuela pública, en hospitales, en servicios públicos, en juzgados, en la alcaldía, etc.). ¿Cómo ha influido en esas historias nuestra condición de ser mujeres?