EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: ¿EN DÓNDE INCIDIR?

Tomar en cuenta el escenario coyuntural anti corrupción (externo e interno) y las limitaciones que existen en torno al trabajo de las organizaciones ciudadanas es clave para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos y tiempo disponible para alinear una la estrategia de trabajo coherente.

Como lo sostiene este documento, en Honduras se registran avances, tanto institucionales como ciudadanos, pero no los suficientes y necesarios. Las nuevas esperanzas de cambio corren alto riesgo de transformarse en frustración por culpa de la manipulación social y política, la debilidad institucional, la ineficacia de los sistemas de investigación y justicia, y la falta de responsabilidad y/o voluntad política de los líderes, que persisten en la politización partidarista de la acción pública.

En ese contexto, cuatro son las áreas principales a tomar en cuenta para la incidencia en política pública: legislación, institucionalidad, transparencia con acceso a la información pública y participación ciudadana.

EL Artículo 213 de la Constitución de la República de Honduras establece: “Tienen exclusivamente la iniciativa de ley los Diputados al Congreso Nacional, el Presidente de la República, por medio de los Secretarios de Estado, así como la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal supremo Electoral, en asuntos de su competencia, y un número de al menos tres mil (3,000) ciudadanos bajo el mecanismo de iniciativa de ley ciudadana”. Las nuevas esperanzas de cambio corren alto riesgo de transformarse en frustración por culpa de la manipulación social y política, la debilidad institucional, la ineficacia de los sistemas de investigación y justicia, y la falta de responsabilidad y/o voluntad política de los líderes, que persisten en la politización partidarista de la acción pública.

La incidencia legislativa conlleva la necesidad de tomar en cuenta a quienes tienen iniciativa de ley y a mantener una relación constante con ellos, incidiendo para que haya consistencia y concordancia legislativa con lo que ordenan la Constitución de la República y la realidad jurídica del país, así como el respeto a los convenios internacionales suscritos por el Estado.

La incidencia es para profundizar en las disposiciones que garanticen una gestión transparente y adecuada de los recursos públicos, y para revertir las decisiones que limiten el acceso a la información pública y el ejercicio de la auditoría social, como la Ley de Secretos Oficiales, que entró en vigencia el 7 de marzo del 2014, y que establece cuatro categorías de información: Reservada, confidencial, secreta y ultra secreta. Después de entrar en vigencia, se aprobó la resolución 69-2014 que emitió el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que implementó la secretividad en unas 20 instituciones del Estado, autorización que abarca actos, contratos y negociaciones que se generen desde el Estado.

En esta perspectiva la capacidad propositiva y de seguimiento de la ciudadanía es limitada. Se necesita promover y asegurar fortalezas jurídicas, tanto para prevenir/ combatir la corrupción como para incentivar la transparencia y la ciudadanía tiene la posibilidad de ser propositiva en el marco de la constitución.

Institucional

Clave es la institucionalidad encargada de vigilar la ejecución de los ingresos públicos, para determinar si los recursos estatales son invertidos de forma eficiente y eficaz, especialmente el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). En 2016 el Congreso Nacional deberá elegir los nuevos magistrados (3) que lo dirigirán los próximos siete años. De ese proceso de nominación y elección no pueden quedar fuera los intereses ciudadanos.

Simultáneamente es fundamental visualizar los cambios que requiere su Ley Orgánica para evitar la influencia de intereses políticos, económicos, o de naturaleza corporativa

que puedan desnaturalizar su quehacer. Debe tener también independencia presupuestaria y funcional; así como personal de apoyo idóneo que asegure una carrera administrativa; cooperación interinstitucional; y, rendición de cuentas. De igual forma, la elección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2016, abre espacios para delinear y poner en marcha un proceso integral de seguimiento a las actuaciones y resoluciones judiciales. El rescate del espíritu de la Ley de Transparencia y Acceso Informativo también pasa por la derogatoria de la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública y eliminar de esta manera el protagonismo, en este tema, de instancias como el Consejo Nacional de la Defensa y Seguridad como la instancia pública decisora sobre lo que es y no es información pública.

Transparencia y acceso a la información pública

El reto consiste en rescatar el espíritu original de la iniciativa ciudadana de contar con un instrumento legal que redujera la opacidad del Estado en el manejo de los asuntos públicos; vigilar y alentar al estricto cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, corrigiendo los obstáculos administrativos y criterios adoptados en la práctica para bloquear o restringir el acceso a la información pública, así como renovar la voluntad política para publicar y actualizar la información de oficio establecida por ley (artículo 13), fortalecer mecanismos para la atención, gestión y resolución de peticiones, denuncias, quejas, sugerencias y reclamos de la ciudadanía, para efectos de evaluar acciones correctivas en los servicios y trámites que brinda la administración pública, así como para poner en conocimiento de las autoridades correspondientes la probable comisión de actos de corrupción, para facilitar su persecución y sanción.

El rescate del espíritu de la Ley de Transparencia y Acceso Informativo también pasa por la derogatoria de la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública y eliminar de esta manera el protagonismo, en este tema, de instancias como el Consejo Nacional de la Defensa y Seguridad como la instancia pública decisora sobre lo que es y no es información pública.

El fortalecimiento de la protección de este derecho humano pone en agenda otros objetivos, como modificar el mecanismo de elección de los comisionados (3) del Instituto de Acceso a la Información Pública, que es una atribución exclusiva del Congreso Nacional y que se vuelve objeto de negociación política. Asimismo, es importante la emisión de leyes complementarias, (archivos y protección de datos personales); así como la promoción de criterios para mejorar la calidad del acceso a la información en los municipios.

Las organizaciones ciudadanas pueden contribuir en reforzar el entrenamiento y capacitación de los funcionarios públicos en esta materia; realizar campañas para divulgar entre la población la existencia y los modos de poner en práctica el ejercicio del

derecho de acceso a la información; y en el ámbito de las finanzas públicas, el análisis desde esta perspectiva radica en determinar las facilidades con que la ciudadanía cuenta para acceder a información financiera y contable, así como aquella relacionada con el ciclo presupuestario (formulación, aprobación, ejecución y evaluación).

Participación ciudadana

Desde la mirada de la lucha contra la corrupción, la participación ciudadana ha sido progresivamente incorporada como una herramienta fundamental que permite prevenir los actos corruptos y controlar la existencia de los mismos.

Una ciudadanía crítica y activa, conjuntamente con un gobierno abierto y receptivo, son las dos caras de la moneda que hacen de la transparencia un medio útil para mejores decisiones y servicios públicos.

La debilidad en la continuidad de los procesos de incidencia y el desinterés por extraer lecciones aprendidas forman parte de los retos a superar por la ciudadanía. Recuperar los espacios de consulta y decisión que contempla la legislación nacional dentro de la institucionalidad es fundamental para prevenir prácticas gubernamentales cuestionables, mediante las cuales se establecen canales restringidos de participación, únicamente para aparentar el cumplimiento formal de compromisos internacionales, limitados en algunos casos a una función informativa, pero sin favorecer una genuina consulta, retroalimentación e intercambio de visiones con la sociedad civil.