CONTEXTO: CORRUPCIÓN Y GOBERNABILIDAD

En Honduras resulta impostergable la reestructuración o reforma del Estado para la defensa y protección de la sociedad en el ámbito de la lucha contra la corrupción7. El usufructo privado o corporativo de lo público ha sido la base de los pactos de poder que terminan vulnerando el Estado de derecho, con el agregado de que sus consecuencias no se limitan ya al interior del país, sino que afectan a otros Estados.

Por reestructuración debe entenderse no sólo el ejercicio fáctico, probatorio y jurídico del ejercicio de la acción penal pública en casos específicos denunciados, sino que también lograr buenas prácticas de transparencia, integridad, eficiencia, confiabilidad y ética en la gestión del desempeño en la administración pública.

Esa decisión es fundamental para contrarrestar los alarmantes indicios de que las instituciones públicas son objeto de continuas y peligrosas infiltraciones de individuos

Se entiende por corrupción la actuación de personas naturales, bien en su condición personal o como funcionarios o empresarios, tanto del sector público como privado que en busca de beneficios personales o de terceros realizan u omiten acciones que van en contra o afectan el patrimonio y bienestar público. Lo anterior, puede darse mediante promesas, tráfico de influencias, ofrecimientos, concesiones, solicitudes y aceptaciones ilícitas por parte de funcionarios públicos y del sector privado para el beneficio propio o de terceros; o bien, por omisión en el cumplimiento de sus deberes. Fuente: Plan de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 2011-2014, Gobierno de Honduras.

vinculados al crimen organizado, corrupción, lavado de activos, etcétera, que debilitan la institucionalidad pública y generan pérdidas multimillonarias al presupuesto nacional. Las capturas de alcaldes o los asesinatos de diputados al Congreso Nacional implicados en hechos delictivos son evidencias constantes de esa situación.

A continuación, algunos ejemplos de la práctica e impacto de la corrupción en Honduras:

En Honduras resulta impostergable la reestructuración o reforma del Estado para la defensa y protección de la sociedad en el ámbito de la lucha contra la corrupción. El usufructo privado o corporativo de lo público ha sido la base de los pactos de poder que terminan vulnerando el Estado de derecho, con el agregado de que sus consecuencias no se limitan ya al interior del país, sino que afectan a otros Estados.

Ocho auditorías realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investigaron el uso de 6,600 millones de lempiras del presupuesto en el sector salud entre 2002 y 2009, confirmando actos de corrupción por 257 millones de lempiras (3.9% del total). La débil rectoría de la Secretaria de Salud conduce a que muchos recursos se pierdan a lo largo del proceso de prestación de los servicios y que no sean asignados según las necesidades reales de la población.

Una auditoría de cargos docentes, realizada por el TSC en la Secretaria de Educación en el 2014, encontró una incidencia alarmante de ausentismo docente y “maestros fantasmas”, resultando en una pérdida anual superior a los 400 millones de lempiras. Estos hallazgos motivaron una concienciación y discusión pública, en particular entre los padres de niños en edad escolar, que luego exigieron una mejor prestación de servicios educativos.

A mediados de 2015 una Comisión Multipartidaria, nombrada por el Congreso Nacional, que indagó 10 8 casos emblemáticos de corrupción en Honduras, entre ellos el desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); en este caso se la malversación involucrada se calcula que es superior a los 3,474 millones de lempiras. Los parlamentarios que integraron la comisión aclararon que ese monto es el que pudieron verificar con la documentación disponible, pero que podía ser mucho mayor. 9

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9 Los diez casos son los siguientes: 1) Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS, 2) Cuarta Urna. Pliegos de responsabilidad penal de altos funcionarios del Estado, que quedaron en firme y fueron enviados por el Tribunal Superior de Cuentas al Ministerio Público, 3) INPREMA, 4) INJUPEMP, 5) HONDUTEL, 6) Trans 450, 7) Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, 8) Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG. 9) Asesinato del ingeniero Gustavo Landaverde Hernández, 10) Avión Jet ejecutivo que aterrizó en el Aeropuerto Toncontín. Informe Comisión Multipartidaria nombrada por el Presidente del Congreso Nacional para investigar los avances relacionados con el caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS y otros casos en los que la ciudadanía tenga un especial interés por su alto impacto social, debiendo rendir, dentro del término legal de veinte días, el informe correspondiente. Integrantes: Mario Alonso Pérez; David Guillermo Chávez; Renán Iniestroza. Hugo Hernández; María Aracely Leiva; José Edgardo Castro; Edgardo Antonio Casaña; Jaime Enrique Villegas; Marlene Alvarenga. Audelia Rodríguez Rodríguez; Doris Alejandrina Gutiérrez; Edwin Roberto Pavón; Augusto Cruz Asencio. Tegucigalpa MDC, junio de 2015.

En Honduras la corrupción es uno de los rasgos que ha estado presente como una constante en el ejercicio del poder de los gobiernos, en complicidad con actores privados (empresariales y sociales) e institucionales (partidos políticos y organismos corporativos), estructurando y afirmando un sistema de privilegios y beneficios para el aprovechamiento privado de la administración pública. La preocupación aumenta cuando la corrupción ataca las finanzas provenientes de los impuestos y del endeudamiento externo e interno del Estado. Como consecuencia, se afectan las condiciones políticas, sociales y económicas que permitirían la implementación de políticas públicas que resuelvan con eficacia las principales necesidades sociales, como la disminución de la pobreza y la desigualdad, así como propiciar el crecimiento económico necesario para alcanzar metas de desarrollo. En Honduras la corrupción es uno de los rasgos que ha estado presente como una constante en el ejercicio del poder de los gobiernos, en complicidad con actores privados (empresariales y sociales) e institucionales (partidos políticos y organismos corporativos), estructurando y afirmando un sistema de privilegios y beneficios para el aprovechamiento privado de la administración pública.

La preocupación no es única de los sectores ciudadanos. Un informe del Foro Económico Mundial (WEF) 10 correspondiente al 2013 señaló que los factores más problemáticos a la hora de establecer negocios en Honduras son: la corrupción con 17.7%, crimen y violencia 16.5%, ineficiencia del gobierno o burocracia 15.4%, acceso a financiamiento 10.4%, impuesto 9.6% y regulaciones de impuesto 8.2%, entre otras. El Foro define la “competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. Entre esos factores se encuentra la fortaleza de las instituciones públicas para garantizar reglas claras a todos los sujetos y sectores de la sociedad, sin ventajismos amañados a favor de algunos en detrimento de otros.

Pese a no haber una estimación definitiva, se calcula que el país pierde al año aproximadamente unos 30 mil millones de lempiras por concepto de corrupción; solo en defraudación fiscal la cifra asciende a 12 mil millones de lempiras, lo que en términos reales se asocia a una escalada de problemas sociales nunca antes visto en su historia, como la pobreza, criminalidad, emigración del campo a la ciudad y al extranjero (incluyendo niños y niñas desacompañados), un deficiente sistema de salud, y educación, entre otros aspectos. Es tan usual esa práctica que parte de la población, incluyendo autoridades gubernamentales, ha llegado a considerar como “inevitable” los hechos de corrupción, sin cuestionar ni hacer lo suficiente para señalar y modificar esos patrones de conducta que causan múltiples efectos nocivos a toda la sociedad y a la gobernabilidad del país.

No obstante, 2014 se registró un giro político en la permisividad a la corrupción, cuando con fecha 15 de enero del 2014 el Poder Ejecutivo, a través de Decreto PCM 011- 2014,

10 El Índice de Competitividad Global (inglés: Global Competitiveness Índex, siglas GCI), es desarrollado y publicado anualmente desde 1979 por el Foro Económico Mundial

ordenó la intervención del IHSS, debido a presiones sociales (manifestaciones de reclamo) y la aguda crisis interna y actuarial que la institución atravesaba, como producto de un robo gigantesco, que ponía en riesgo la prestación de los diferentes servicios sociales y de salud a sus afiliados, y amenazaba la existencia misma de dicha institución. 11

Las líneas de investigación asignadas a un equipo de fiscales adscritos a la Unidad Especial de Apoyo Fiscal (concebida como la unidad élite especializada para el conocimiento, investigación y manejo de casos de alto impacto) y el resultado de investigaciones independientes realizadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)12 y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)13, confirmaron que la institución había sido blanco de prácticas criminales organizadas, con una pérdida en su patrimonio de unos siete mil millones de lempiras, con el agravante que parte de esos recursos aparecían entregados al Partido Nacional (en el gobierno)14 para el uso en la campaña electoral del actual Presidente de la República, Juan Orlando Hernández.

Los hechos denunciados confirmaron que, en términos generales, la corrupción en Honduras está asociada a los siguientes factores:

1. Abuso de poder y conflictos de interés, que se expresan mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas, para obtener beneficios grupales o personales;

2. Carencia y/o debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales de control interno, que garanticen la transparencia en el ejercicio de las funciones; incluyendo el acceso deficiente a la información pública;

3. Debilidad institucional y del marco legal que investiga y sanciona la corrupción administrativa pública;

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14 Con el caso del Seguro Social se demostró, una vez más, que la corrupción es una violación abierta de los derechos humanos, ya que afecta substancial y negativamente las capacidades del Estado de hacer frente a sus responsabilidades en materia de protección, promoción y cumplimiento del derecho a la salud, a la educación, al acceso a la justicia, al desarrollo y, en última instancia, a la vida. La Unidad de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) trabajó al menos cinco líneas de investigación por enriquecimiento ilícito de funcionarios del IHSS, que presentó ante las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público. Varias de esas líneas no estaban siendo investigadas oficialmente. Luego de unos 14 años investigando y denunciando abusos e irregularidades, el programa de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) contra la corrupción, se ha convertido en referente de investigación y denuncia ciudadana en casos de alto impacto. En el 2015, por ejemplo, documentó que la vice presidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez y su familia, cometieron delitos contra la salud y fraude en la venta de medicamentos al Ministerio de Salud. Los miembros de la Comisión solicitaron los movimientos bancarios de una cuenta registrada a nombre del Partido Nacional de Honduras (N. 1100265154), otra a nombre de Azules Unidos del Partido Nacional (N. 1100252422) y otra a nombre de Amigos Rial (N. 01-101-391), en las cuales se reflejan en total diez depósitos de cheques más un certificado de una rifa, que suman la cantidad de DOS MILLONES SETENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 2,070,000.00). Hecho confirmado por el Presidente de la República en un foro público televisado.

4. Participación ciudadana escasa y débil contraloría social; 5. La impunidad que protege a los responsables de los actos de corrupción, sobre todo en la administración de la justicia. La denuncia del robo en el IHSS y sus múltiples implicaciones con las esferas de poder público motivó que en 2015 miles de hondureños salieran a las calles a protestar y a exigir la instalación de una Comisión Internacional en Contra de la Impunidad (CICIH), al estilo de un organismo similar que opera en Guatemala (CICIG) 15 y, la renuncia al cargo del Presidente Hernández. Las multitudinarias “marchas de las antorchas”, convocadas inicialmente por un grupo de jóvenes conocidos como “los indignados”, visibilizaron la expectativa y el reclamo en la sociedad para que las autoridades responsables de administrar justicia cumplieran su deber de investigar a fondo los hechos irregulares, determinar los perjuicios, establecer las responsabilidades en los actores y hacer una correcta aplicación de justicia.

Las multitudinarias “marchas de las antorchas”, convocadas inicialmente por un grupo de jóvenes conocidos como “los indignados”, visibilizaron la expectativa y el reclamo en la sociedad para que las autoridades responsables de administrar justicia cumplieran su deber de investigar a fondo los hechos irregulares, determinar los perjuicios, establecer las responsabilidades en los actores y hacer una correcta aplicación de justicia.

Además del tema de corrupción en el IHSS y exigir la renuncia del Presidente Hernández, las marchas y las denuncias que las acuerparon incluyeron protestas por:

La remilitarización de la seguridad y la imposición de leyes atentatorias contra los derechos civiles, entre ellos la llamada “Ley de Escucha” y “Ley de Secretos”.

Una serie de decretos aprobados por el Congreso Nacional entre diciembre 2013-enero 2014, antes de que tomara posesión de su cargo el Presidente Hernández, y que favorecen la concentración del control del Poder en el Ejecutivo y el alineamiento de los poderes Legislativo y Judicial.

La despenalización del tema de la reelección presidencial por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia..

La prevalencia de altos niveles de impunidad a la corrupción en la administración pública.

El concesionamiento del territorio y de los bienes públicos naturales.

15 Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 12 de diciembre de 2006, el cual, tras la Opinión Consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007, fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República el 01 de agosto de 2007. Fue así como se dio la creación de la CICIG como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos

• El traslado de responsabilidades sociales del Estado al sector privado, especialmente en áreas como salud, educación y la inversión en general a través de las Alianzas Público Privadas • Los altos porcentajes sociales de pobreza, precariedad laboral y creciente desempleo, asociados a la corrupción e ineficiencia de la administración pública. La conflictividad social fue una de las características principales del 2015, el año de mayor visibilidad ciudadana en su lucha contra la corrupción. De enero a julio la protesta creció de manera sistemática y ascendente. En ese período, los medios de comunicación escritos registran 288 acciones de protesta. Considerando el sub-registro, en realidad sólo en los primeros 7 meses del año se estiman más de 300 eventos de protesta. 16 En 2016, con una perspectiva futura de dos años, las preguntas estratégicas incluyen las siguientes: ¿Es posible - y cómoque las organizaciones y movimientos sociales tomen en cuenta las tareas antes enunciadas? ¿Cómo deben hacerlo? ¿Por qué algunas tienen éxito y otras fracasan? ¿Cómo desaparecen y emergen estas formas masivas de movilización ciudadana? ¿Son sostenibles en el tiempo? ¿Cómo pueden mantener márgenes de autonomía social y política pese a las presiones externas?

Las marchas comenzaron a declinar en agosto y septiembre. A partir de entonces se volvieron menos concurridas lo que se explica por su característica de ser un movimiento social poco estructurado y que surge un tanto espontáneo como respuesta a un hecho determinado (IHSS) y en un contexto de crisis.

Los indignados canalizaron el rechazo ciudadano a la corrupción y recibieron el apoyo de partidos políticos de oposición, de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de amplios sectores sociales (clase media y juventud), pero no llegaron a consolidar una estructura organizativa fuerte que le diera la continuidad debida, confirmando que las movilizaciones sociales deben recorrer un largo camino y superar muchos retos antes de convertirse en impulsoras efectivas y determinantes del cambio social.

Tal como lo evidencia el auge y debilitamiento de las “marchas de las antorchas”, un movimiento social anticorrupción debe considerar seis tareas de suma importancia para que sus propósitos tengan impacto en la sociedad, a saber:

1. sumar en lugar de disminuir sus miembros;

2. acordar un marco ético para la actuación interna y externa;

3. conseguir la cobertura de los medios de comunicación e idealmente (aunque no necesariamente) favorable a sus puntos de vista; es decir establecerse como una fuerte objetiva de información

4. movilizar el apoyo de grupos externos; incluyendo agencias de cooperación,

16 Análisis de coyuntura, julio 2015, del CESPAD.

5. Tener la capacidad y disposición para negociar con la institucionalidad pública compromisos sustantivos y participativos para que la administración actúe; e;

6. influir sobre lo político y no que lo político influya en su lucha, lo que implica no confundir el alcance de sus demandas de cambio y evitar la partidización/politización sectaria de las mismas.

En 2016, con una perspectiva futura de dos años, las preguntas estratégicas incluyen las siguientes: ¿Es posible -y cómo- que las organizaciones y movimientos sociales tomen en cuenta las tareas antes enunciadas? ¿Cómo deben hacerlo? ¿Por qué algunas tienen éxito y otras fracasan? ¿Cómo desaparecen y emergen estas formas masivas de movilización ciudadana? ¿Son sostenibles en el tiempo? ¿Cómo pueden mantener márgenes de autonomía social y política pese a las presiones externas?

Debilidad de la institucionalidad pública

Pese a las movilizaciones y creciente toma de conciencia de la ciudadanía respecto a la corrupción y a la respuesta del gobierno ante las demandas, mediante la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, (MACCIH), 17 en el país persiste el desafío de la debilidad técnica y operativa del proceso de investigación y persecución del delito de la corrupción, generando incertidumbre sobre la objetividad y el accionar de las autoridades y en la pronta aplicación de la justicia. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) en su informe de actividades 18 consigna que entre junio 2014 y junio 2015 únicamente pudo judicializar 17 denuncias, 11 en Tegucigalpa y seis en San Pedro Sula.

En este aspecto, los operadores de justicia, Secretaría de Seguridad, Ministerio Público, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Procuraduría General de la República y Tribunal Superior de Cuentas continúan actuando sin coordinación en la investigación, procesamiento y enjuiciamiento de los casos, como consecuencia los casos quedan en la impunidad, además no tienen claridad en los roles encomendados a cada entidad.

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18 La primera respuesta generada por el gobierno ante la exigencia de la población a la instalación de la CICIH, instancia que debía ser coordinada por la ONU, fue la instalación de un “Gran Dialogo Nacional” que se promocionó como un diálogo incluyente y sin condiciones, que tuvo como mediador a un representante de la OEA (John Bihel). Finalmente, el resultado fue el surgimiento de la MACCIH, siempre coordinada por la OEA. Informe de Denuncias Judicializadas en los Semestres Correspondientes a los Meses de Junio a Diciembre 2014 y ENERO A JUNIO 2015, FETCCOP Tegucigalpa. https://www.mp.hn/attachments/ article/1732/INFORME%20DE%20DENUNCIAS%20JUDICIALIZADAS%20DE%20JUNIO%202014%20 A%20JUNIO%202015%20.pdf Informe de Denuncias Judicializadas en los Semestres Correspondientes a los Meses de Junio a Diciembre 2014 y ENERO A JUNIO 2015, FETCCOP San Pedro Sula. https://www.mp.hn/attachments/article/1732/ Informe_Denuncias_Judicializados_JU2014-JU2015SPS.pdf

Esa falta de cooperación efectiva entre las diferentes instituciones incide en los pobres resultados de la gestión pública. Sin embargo, lo que en 2016 y 2017 crea condiciones coyunturales para dar continuidad a la lucha contra la corrupción, además del caso del IHSS, es que en el contexto de la globalización ese fenómeno y sus diferentes formas asociadas han dejado de ser considerados problemas nacionales (o locales) para convertirse, a partir de sus causas o efectos, en internacionales o transnacionales. Una de sus consecuencias es que la impunidad nacional que rodea al delito se confrontó con la presión externa para combatirlo. 2016 y 2017 crea condiciones coyunturales para dar continuidad a la lucha contra la corrupción, además del caso del IHSS, es que en el contexto de la globalización ese fenómeno y sus diferentes formas asociadas han dejado de ser considerados problemas nacionales (o locales) para convertirse, a partir de sus causas o efectos, en internacionales o transnacionales. Una de sus consecuencias es que la impunidad nacional que rodea al delito se confrontó con la presión externa para combatirlo.

Así, en el 2015 y 2016 Honduras autorizó la extradición a EEUU no sólo de capos criminales sino de figuras relevantes de las finanzas y la política nacional acusadas de prácticas fraudulentas, participación en el crimen organizado, incluyendo un ex Presidente de la República (Rafael Leonardo Callejas 1990-1994) y ex candidatos o precandidatos presidenciales (Jaime Rosenthal Oliva y su hijo Yani Rosenthal Hidalgo).

En Honduras hay un nuevo contexto externo que incide internamente y debe tomarse en cuenta como aliado en la lucha contra la corrupción.

El contexto internacional

Honduras siempre ha sido percibida internacionalmente como un país con graves problemas de corrupción. A fines de 2015 la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa informó que el país quedó fuera, nuevamente, de la lista de países elegibles para recibir en 2016 una donación de la Cuenta de Desafío del Milenio (MCD) por haber reprobado 11 de 20 indicadores, entre ellos el de control de corrupción, acceso a información, supremacía del imperio de la ley, efectividad del gobierno, claridad sobre la política fiscal y su calidad regulatoria.

Como antecedente, en 2011 la cooperación sueca se retiró de Honduras debido a los problemas de corrupción en el país. Suecia suministró recursos durante 17 años, período en el cual donó unos 350 millones de dólares, orientados en su mayoría a obras de infraestructura, combate a la pobreza, proyectos culturales significativos y fortalecimiento de la democracia.

¿Qué hace que en la actualidad la comunidad internacional reconsidere su tolerancia del pasado y demande acciones concretas y efectivas contra la corrupción, llegando incluso

a imponer sanciones a los Estados que no actúen?

En el contexto de la globalización, la dependencia externa de Honduras se ha visto confrontada en los últimos diez años a un nuevo y acelerado proceso de interdependencia económica, demográfica, social y cultural, que conlleva un aumento del volumen e intensidad de los flujos de capitales, información, personas, mercancías y símbolos culturales que están reestructurando la economía, la sociedad, la cultura, la educación y, en consecuencia, la política internacional.

En el contexto de la globalización, la dependencia externa de Honduras se ha visto confrontada en los últimos diez años a un nuevo y acelerado proceso de interdependencia económica, demográfica, social y cultural, que conlleva un aumento del volumen e intensidad de los flujos de capitales, información, personas, mercancías y símbolos culturales que están reestructurando la economía, la sociedad, la cultura, la educación y, en consecuencia, la política internacional.

El hecho de que financiamientos y recursos de cooperación externa destinados a promover la salud, formación, seguridad, mejoramiento de redes productivas y de infraestructura, algunos de ellos, terminen enriqueciendo ilícitamente a élites de poder, cuestiona la calidad de las relaciones bilaterales y multilaterales y fomenta amenazas globales, que demandan normas eficaces de acción preventiva.

En ese contexto, el llamado Estado soberano ya no es algo indivisible, sino compartido con otros Estados que tienen sus propias agendas e intereses. Prueba de ello, es la aprobación por parte del Gobierno de Estados Unidos del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte para la atención de la alta migración de hondureños, mayores y menores de edad, a su país.

El gobierno estadounidense se comprometió con 750 millones de dólares para ayudar a los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) a implementar reformas destinadas a erradicar la corrupción, mejorar la seguridad y disminuir la pobreza, como incentivos básicos para frenar la migración.

Sin embargo, “una cuarta parte del dinero será retenida por el Congreso hasta que el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, certifique “pasos efectivos” de los países para combatir la migración irregular… combatir la corrupción y mejorar el sistema judicial y policial”. 191

De igual manera, de la tolerancia/complicidad de años anteriores, la cooperación económica y financiera internacional pasó a procurar condiciones de transparencia y efectividad en el uso de sus recursos a partir de 1998 (año de impacto del huracán Mitch), pasando por la creación de instancias específicas como la Iniciativa COST 20 ,

19 Publicación noticiosa del Diario Digital Criterio.hn del 24 de febrero de 2016. http://criterio.hn/bideninsta-centroamerica-luchar-corrupcion-migracion-clandestina/ 20 Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción impulsada por el Banco Mundial

OGP 21 , EITI 22 hasta la actualidad, cuando asume la intervención directa, como es el caso de la MACCIH. Un objetivo coincidente con la comunidad internacional es reforzar el ordenamiento jurídico aplicable en Honduras a nuevas o renovadas figuras delictivas asociadas a la corrupción. Un ejemplo de ello fue la aprobación en el Congreso Nacional (2002) de una nueva ley contra el lavado de dinero o activos, como forma de contrarrestar la delincuencia organizada, fijar medidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos de dicho delito, así como la aplicación de las disposiciones contenidas en las Convenciones Internacionales suscritas y ratificados por Honduras. 23 Un objetivo coincidente con la comunidad internacional es reforzar el ordenamiento jurídico aplicable en Honduras a nuevas o renovadas figuras delictivas asociadas a la corrupción. .

Precisamente, la acusación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) contra Jaime Rolando Rosenthal Oliva, así como su hijo Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo y su sobrino Yankel Antonio Rosenthal Coello, es por “proveer” servicios de lavado de dinero y otros para apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos de múltiples traficantes de drogas centroamericanos y de sus organizaciones criminales.

Nunca como ahora se ejerce vigilancia de los movimientos de capital en la banca, sociedades financieras, las asociaciones de ahorro y préstamo, almacenes generales de depósito, bolsas de valores, casas de cambio, administradoras públicas o privadas de pensiones, compañías de seguros y reaseguros, asociaciones de crédito o cualquier otra Institución que se dedique a las actividades sujetas a control y vigilancia.

Pese a que la comunidad internacional está preocupada por el uso de los recursos que presta o dona y que la corrupción se identifica como fuente de ingobernabilidad y de atraso productivo, la reducción o control efectivo de la misma no muestra cambios muy significativos en el período 2012-2015, como lo confirma el más reciente Índice de Transparencia Internacional.

21 Open Government Initiative (Iniciativa de Gobierno Abierto) En 2011 Honduras ingresó a la iniciativa con su primer plan de acción y a partir del 1 de Julio de 2014 inicia la implementación del II Plan de Acción de Gobierno Abierto. - más detalles en www.GobiernoAbiertoHonduras.org 22 EITI - Iniciativa Para La Transparencia En Las Industrias Extractivas En Honduras ( EITI Honduras), de la cual Honduras es miembro desde el 22 de Mayo de 2013, - mas información en: http://www.scgg.gob.hn/ content/iniciativa-para-la-transparencia-en-las-industrias-extractivas-en-honduras-eiti-honduras 23 Por lavado de activos se entiende legalizar ingresos que provienen de actividades ilícitas o ilegales, es decir, las ganancias o ingresos derivados de tales actividades. Dichos ingresos o ganancias, son las que se lavan, limpian o blanquean para que parezcan como dinero obtenido de forma legal. Se asocian al lavado de activos el tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia.

Puntuación obtenida por los países de Centroamérica

País 2012 Puesto Global (de 176 países) 2013 Puesto Global (de 177 países) 2014 Puesto Global (de 175 países) 2015 Puesto Global (de 168 países)

Costa Rica 54 48 53 49 54 47 55 40

El Salvador 38 83 38 83 39 80 39 72

Panamá 38 83 35 102 37 94 39 72

Guatemala 13 113 29 123 32 115 28 123

Nicaragua 29 130 28 127 28 133 27 130

Honduras 28 133 26 140 29 126 31 112

Fuente: TI. El IPC No constituye un dictamen definitivo sobre los niveles de corrupción de naciones o sociedades enteras, ni de sus políticas o las actividades de su sector privado.

La evaluación de Transparencia Internacional refleja un contexto en el que persiste la cultura de opacidad, y en donde los escándalos que involucran a personas vinculadas a las altas esferas del poder siguen siendo muy frecuentes, pero al mismo tiempo ofrece cierta esperanza de alcanzar cambios efectivos si se consolidan y complementan esfuerzos nacionales e internacionales anticorrupción. 24

En 2016 y 2017, esa posibilidad de complementar esfuerzos nacionales e internacionales estará marcada, en lo fundamental, por el seguimiento de la persecución al crimen organizado, que corrompe instituciones y funcionarios, por el trabajo que desarrolle la MACCIH (cuyo mandato inicial es por cuatro años) y por la puesta en marcha de los desembolsos del Plan Alianza para la Prosperidad (APP) 25 .

24 En octubre de 2014 el gobierno de Honduras suscribió un convenio de colaboración con Transparencia

Internacional con la mediación de la ASJ, como capítulo de Transparencia Internacional en Honduras. 25 EUA aprobó un paquete de ayuda para Honduras, El Salvador y Guatemala de 750 millones de dólares, el 40 por ciento de los cuales (299.4 millones) estará encaminado a programas de desarrollo, mientras que el 24 por ciento (183.5 millones) en asistencia económica y el 30 por ciento (222 millones) para iniciativas de seguridad.

Dentro de las bases del acuerdo se establece que el Gobierno de Honduras deberá cumplir con rigurosas condiciones para poder recibir los desembolsos APP, de lo contrario correrá el riesgo de que se le suspenda o congele la ayuda económica de forma parcial o total. Dentro de esas condiciones figuran:

1. Combatir la corrupción, incluida la investigación y enjuiciamiento creíble de los funcionarios del gobierno presuntamente corruptos.

En 2016 y 2017, esa posibilidad de complementar esfuerzos nacionales e internacionales estará marcada, en lo fundamental, por el seguimiento de la persecución al crimen organizado, que corrompe instituciones y funcionarios, por el trabajo que desarrolle la MACCIH (cuyo mandato inicial es por cuatro años) y por la puesta en marcha de los desembolsos del Plan Alianza para la Prosperidad (APP) .

2. Implementar reformas y políticas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo la capacidad e independencia de los sistemas judiciales y oficinas del Fiscal General.

3. Establecer mecanismos de consulta a la sociedad civil y los gobiernos locales.

4. Combatir las bandas criminales, los traficantes de drogas y el crimen organizado.

5. Investigar y enjuiciar en tribunales civiles a miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales que violen los derechos humanos.

6. Cooperar con las comisiones de lucha contra la impunidad y los órganos regionales de Derechos Humanos.

7. Desarrollar programas de apoyo para reducir la pobreza, promover el crecimiento económico equitativo y crear puestos de trabajo en las comunidades de origen de los migrantes.

8. Proteger los derechos humanos.

9. Implementar reformas fiscales y reforzar las agencias de aduana.

Como se advierte, se trata de un conjunto significativo de temas que coinciden con las demandas ciudadanas a favor de un fortalecimiento del Estado de Derecho y de impulso a la lucha contra la corrupción, la pobreza y la desigualdad.

En un país cuyos cambios institucionales y sociales se asocian históricamente a coyunturas internacionales, la actual puede convertirse en un parteaguas: o la ciudadanía la aprovecha para impulsar cambios o la pierde.

La pregunta de partida es: ¿aprovechará la ciudadanía organizada la coyuntura que se abre en 2016 y 2017 contra la corrupción? La respuesta no puede ser categórica. Las organizaciones sociales que han trabajado en asocio con Impactos entre 2011-2015 26 tienen una actitud pro activa ante las oportunidades de incidencia que brinda la coyuntura, pero esas organizaciones mantienen entre sí diferencias de enfoques o procedimentales que suelen impedir o afectar la definición de agendas comunes o la realización de actividades en conjunto. La disputa por el relevo en el poder suele dificultar o volver complejas la búsqueda de acuerdos progresivos de combate a la corrupción y a favor de la transparencia. La agenda marcada por la politización suele minimizar, por ejemplo, el valor de las acciones “técnicas” y maximizar las acciones políticas judiciales o penales con repercusiones electorales.

Por lo anterior, resulta sumamente complejo que esas organizaciones promuevan acuerdos con los sectores sociales que han protagonizado o colaborado activamente en las marchas de los “indignados”. Paradójicamente, todas coinciden, desde diferentes perspectivas, en el daño institucional, económico y social que provoca la corrupción, pero un problema de fondo entre los liderazgos es la fuerte politización e ideologización partidarista del tema, que les dificulta precisar y compartir objetivos comunes de incidencia. Esa característica de desarticulación se advierte incluso al interior de las estructuras organizativas o afines de los “Indignados”, cuyo núcleo original se subdividió en varias tendencias.

De hecho, la perspectiva electoral del 2016 (elecciones internas de los partidos y la definición de la posibilidad de la reelección presidencial) y del 2017 (elecciones generales para la presidencia, Congreso Nacional y municipalidades) abre oportunidades de incidencia, y al mismo tiempo presenta condiciones que las entorpece. En la práctica, el discurso social y político de la oposición sostiene como paradigma que los cambios efectivos sólo podrán ocurrir con la toma del poder, no antes.

La disputa por el relevo en el poder suele dificultar o volver complejas la búsqueda de acuerdos progresivos de combate a la corrupción y a favor de la transparencia. La agenda

26 Las organizaciones socias de Impactos son: Agencia de Desarrollo Estratégico Local de Santa Rosa de Copan (ADELSAR), Asociación Libertad y Democracia (ALD),Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG), Pastoral Social Caritas (CARITAS), Comisión de Acción Social Menonita (CASM), Centro de Desarrollo Humano ( CDH), Centro de Promoción de los Derechos humanos de Honduras (CIPRODEH), Comité por la libre Expresión (C-Libre), Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Espacio Regional de Occidente (EROC), Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF), FOPRIDEH, FOROSIDA, FOSDEH, FUHRIL, SETELEC, CEPROSAF, CESAL, Children International, FUNADEH, ASONOG, CASM, CARITAS, C-Libre, CDH, CNA, ASJ, FDsF, ALD, CIPRODEH, ADELSAR

marcada por la politización suele minimizar, por ejemplo, el valor de las acciones “técnicas” y maximizar las acciones políticas judiciales o penales con repercusiones electorales. Lo que no se puede obviar es que en Honduras hay una abrumadora percepción de que la corrupción involucra políticos de diversos partidos, tanto “oficialistas” como de oposición. La “gente de a pie” suele expresar lo siguiente: “los políticos terminan arreglándose entre ellos” y “aquí no hay por dónde pasar”. Entre la sociedad priva la desconfianza y pese a que hay conciencia del daño que provoca la corrupción, no necesariamente es su preocupación central. Una encuesta de percepción de opinión pública realizada por el CESPAD en septiembre 2015 reveló que apenas 10.8% de la ciudadanía considera la corrupción como el problema principal de Honduras, superado ampliamente por la pobreza y el desempleo, mientras que la última encuesta de percepciones sobre la situación del país 2015 realizada por el ERIC coloca a la corrupción en el puesto número 7 de las preocupaciones de la población. 27 Sin duda, la estrategia de trabajo de las OSC debe tomar en cuenta la complejidad del contexto interno anticorrupción, caracterizado por la existencia de una crisis de percepción, de comprensión y de propuesta entre la ciudadanía.

Ese es el porcentaje promedio de todas las encuestas que hacen esa pregunta desde hace varios años, pero lo inquietante es que CESPAD recogió ese dato en el año de las mayores protestas ciudadanas contra la corrupción que se registran en el país.

Sin duda, la estrategia de trabajo de las OSC debe tomar en cuenta la complejidad del contexto interno anticorrupción, caracterizado por la existencia de una crisis de percepción, de comprensión y de propuesta entre la ciudadanía.

Crisis de percepción

En este punto vale destacar que los hondureños consideran que la corrupción entre los funcionarios públicos es alta, pero su percepción de victimización es baja, manteniéndose a un promedio de 16% en los últimos años. En 2010, apenas un año después de ocurrido el Golpe de Estado (junio, 2009), más del 80% de los hondureños entrevistados por la Universidad de Vanderbilt 28 dijeron que no habían sido víctimas nunca de la corrupción. Ello repercute en que la mayoría de los ciudadanos desaprueban la corrupción y son conscientes de sus consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad, pero pocos muestran una voluntad sólida para combatirla y comprometerse al respecto.

27 Encuesta de opinión pública septiembre 2015 “Percepción Ciudadana sobre Democracia y Gobernabilidad”, realizada por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), con una muestra aleatoria en 16 de los 18 departamentos del país. Sondeo de opinión pública: Percepciones sobre la situación hondureña en el año 2015, desarrollado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) 28 Cultura Política de la Democracia en Honduras, 2010. Barómetro de las Américas y Lapop

Al valorar las movilizaciones del 2015 se percibe mucho entusiasmo con la lucha anticorrupción, pero sin que haya una clara comprensión del fenómeno y sus implicaciones en la democratización del país no se visualiza aún como un fenómeno sistémico, directamente ligado a las precarias condiciones sociales y económicas de la mayoría, y que se sustenta en una visión política patrimonial del Estado. De igual forma, existe una escasa comprensión sobre la presencia de prácticas corruptas que están siendo legalizadas, por ejemplo la tercerización de las funciones del Estado a manos privadas, los concesionamientos del territorio, etc.

Crisis de propuesta

La suma de la crisis de percepción y comprensión debilita la capacidad de propuesta y de propuestas de fondo. Las movilizaciones públicas del 2015 tenían más consignas, que propuestas. Tanto así que su demanda de “fuera JOH” (la salida del presidente Hernández) anulaba cualquier espacio real y efectivo de diálogo y negociación entre las partes.

En el escenario nacional los actores confrontados no se sientan a la mesa, sino que actúan por su cuenta. Así, en réplica al reclamo de los indignados a favor de la instalación de una CICIH, siguiendo el modelo de la CICIG (en Guatemala), el Presidente Hernández propuso el Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción –SIHCIC-, para finalmente aceptar la MACCIH, con la intervención directa de la OEA.

La MACCIH no hubiese sido posible sin las marchas de las antorchas, pero la dirigencia de los indignados no la ha interpretado en su totalidad como una conquista ciudadana, al contrario, ahondó sus diferencias con otros sectores organizados de la ciudadanía (especialmente ONG) que la apoyan, considerándola un punto de partida y no de llegada.