PLANTEADO LO ANTERIOR QUÉ DEBERÍA PRIORIZARSE PARA UNA INTERVENCIÓN EFECTIVA EN PRO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS?

En Honduras hay falta de credibilidad, impunidad, una institucionalidad debilitada, expedientes sin destino judicial, procesos de simulación de justicia, un sistema político corrupto, una ciudadanía fragmentada, un ordenamiento jurídico con lagunas y vacíos, casos sin investigar a fondo…todo eso es absolutamente cierto, pero ¿la opción de las organizaciones es quedarse cómo están o hacer algo más que denunciar o lamentarse?

También es cierto que la coyuntura presenta elementos novedosos y/o claves, como es la MACCIH o las condicionalidades asociadas al Plan de la Prosperidad.

En ese marco de país ¿Qué se puede hacer y respaldar en el corto plazo (2016 /2017) tomando en cuenta las fortalezas y limitaciones sociales para apoyar la lucha contra la corrupción?

Lo primero a tomar en cuenta es que un año de intervención o incluso dos, es poco tiempo; resultaría irreal una propuesta demasiado ambiciosa de trabajo. En función de tiempo, recursos, coyuntura y conocimiento sobre el trabajo de las OSC, se requiere un Plan de Acción concreto y estratégico.

El combate a la corrupción debe aspirar como fin supremo el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, no fortalecer a un gobierno, sino el desempeño de sus instituciones a través de verdaderos controles; no se trata de paralizar la administración pública.

Criterios para la selección de organizaciones, nuevas y viejas con las cuales debe impulsarse la lucha contra la corrupción

Las organizaciones interesadas deberán coincidir en los siguientes desafíos programáticos:

a. Reconocer como una coyuntura que brinda posibilidades nacionales de trabajo la instalación de la MACCIH, la puesta en marcha de la Alianza para la Prosperidad, la persecución policial y judicial al crimen organizado y otras iniciativas internacionales anticorrupción. Ante esas iniciativas no cabe sentarse a esperar o hacer cálculos con su eventual fracaso, debe potenciarse sus fortalezas para hacer frente a sus debilidades y si esto no es posible, entonces sí, establecer una estrategia de salida

b. El combate a la corrupción debe aspirar como fin supremo el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, no fortalecer a un gobierno, sino el desempeño de sus instituciones a través de verdaderos controles; no se trata de paralizar la administración pública. Lo que se demanda son mejores políticas y resultados positivos del uso / inversión de los recursos públicos, porque las decisiones basadas en la corrupción dan como resultado una distribución inequitativa de los escasos recursos y un desarrollo económico y social frustrado.

c. Es indispensable una labor coherente y coordinada entre las OSC, cuyo liderazgo requiere una visión a corto, mediano y largo plazo de los desafíos nacionales y de las oportunidades internacionales que se presentan para alcanzarlos.

d. Entre las estrategias contra la corrupción a respaldar se deben incluir los esfuerzos por promover las metas del desarrollo, y no sólo el enjuiciamiento de líderes políticos (o empresarios corruptos), porque si bien no se puede tolerar la impunidad, castigar a servidores públicos no es suficiente para devolver a la gente la confianza en las instituciones, éstas deben ser más eficaces y promover el desarrollo equitativo.

e. Incluir en sus lineamientos de trabajo para la incidencia el análisis de sujetos sociales tradicionalmente excluidos o minimizados y que las movilizaciones del 2015 visibilizaron en su importancia: jóvenes, mujeres y sectores rurales (no únicamente campesinos, sino pobladores comunitarios organizados que están en la defensoría de sus territorios y sus bienes públicos).

Si las organizaciones están dispuestas a asumir estos desafíos, aumenta el umbral de obtener los resultados que se planifiquen en el tiempo previsto.

la incidencia liderada por las OSC Como ejes rectores generales para la intervención con las organizaciones de sociedad civil debe orientarse hacia: a. Fortalecimiento de la institucionalidad pública anticorrupción, especialmente de los órganos y leyes encargadas de la contraloría de los bienes públicos; Es fundamental la participación ciudadana, especialmente en el apoyo a redes de trabajo con objetivos convocantes específicos y en espacios/acciones que ayuden a una mayor comprensión del fenómeno de la corrupción y su impacto en la gobernabilidad del país y la vida cotidiana de las personas.

b. Combate a la Corrupción: especialmente el acompañamiento y seguimiento a la MACCIH;

c. Transparencia y Rendición de Cuentas gubernamentales;

d. Acceso a la información pública, como mecanismo trasversal y de control preventivo de la corrupción; especialmente en el marco del proceso electoral que culminará en noviembre de 2017; y,

e. Continuar fortaleciendo el ambiente habilitador para que las OSC puedan desarrollar su función, particularmente en el tratamiento fiscal diferenciado del sector – esto pasa por desarrollo y/o fortalecimiento de las capacidades de las OSC en sus sistemas internos, capacidades funcionales y técnicas.

En los cuatro primeros ejes rectores sugeridos es fundamental la participación ciudadana, especialmente en el apoyo a redes de trabajo con objetivos convocantes específicos y en espacios/acciones que ayuden a una mayor comprensión del fenómeno de la corrupción y su impacto en la gobernabilidad del país y la vida cotidiana de las personas. En el quinto eje, se requiere de la voluntad y compromiso del sector sociedad civil para hacer valer su derecho a la libertad de asociación y en cada organización la decisión de comprometerse con la mejora continua de sus procesos internos para elevar su competitividad.

Propuesta de acciones operativas de trabajo

La siguiente propuesta de acciones es una hoja de ruta que integra los temas sugeridos por Impactos a lo largo del presente documento, (Órganos Contralores, Acceso a la información, Administración de justicia, MACCIH y Transparencia Electoral), tomando en cuenta el factor tiempo (2016-2017), recursos disponibles (nacionales e internacionales) y las oportunidades de incidencia en la institucionalidad publica que surjan a partir del contexto. Como propuesta estaría sujeta a la factibilidad estratégica de la cooperación, a la capacidad instalada del programa como implementador de las iniciativas planteadas, el análisis y discusión con las OSC y por supuesto el desenvolvimiento cambiante de los hechos en el contexto nacional.

Trabajo organizativo

a. Convocar y facilitar de inicio un diálogo con las OSC, tanto las que han venido implementando subvenciones del Programa Impactos como aquellas que sin haberlo hecho tienen experiencia y potencial para aportar nuevas experiencias y conocimientos; y con todas ellas identificar los temas centrales de incidencia a partir de sus propias expectativas, experiencias y posibilidades, y sentar las bases de la actuación conjunta o al menos coordinada en los diferentes espacios y momentos de la lucha anticorrupción en este período de acompañamiento que tiene un verdadero sentido de urgencia. La agenda no les debe ser impuesta, sino surgir de un común consenso a partir de una propuesta.

b. Realizar un análisis en profundidad de los grupos de poder, políticos y empresariales, así como del espacio ciudadano para identificar si hay sectores que podrían ser aliados en la actual coyuntura en la lucha contra la corrupción y por la transparencia, entre ellos nuevos y posibles sectores a considerar, como los grupos organizados de juventud, mujeres, cultura, comunitarios y empresariales. También sería de provecho identificar sectores claves de apoyo como el académico a fin de fortalecer mecanismos como las investigaciones y la observancia de los procesos.

c. Una vez identificados los temas centrales de incidencia, facilitar un diálogo participativo que permita la construcción de un Plan de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, tomando en consideración para cada objetivo cuál debe ser el rol / trabajo de las OSC entre sí y con otras organizaciones sociales, con el gobierno y con la empresa privada, cuando corresponda.

El plan contendrá la propuesta de objetivos viables en el período, con los recursos y capacidades organizativas y de movilización disponibles. Los temas centrales de incidencia identificados guiarán los planes operativos institucionales y también la incidencia conjunta (organización, comunicación, educación y movilización de los diferentes sectores involucrados).

Fortalecimiento de la institucionalidad pública anticorrupción, especialmente de los órganos y leyes encargadas de la contraloría de los bienes públicos;

Se ha identificado la necesidad de mejorar la gestión de las entidades públicas anticorrupción y operadoras de justicia así como impulsar reformas a legislación nacional:

Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP), para fomentar la transparencia, especialmente en la fuente del financiamiento de las campañas políticas.

Ley de Contratación del Estado que regula las compras y adquisiciones de las diferentes entidades públicas y su aplicación a todas las áreas de trabajo del gobierno, sin excepción.

Avanzar en el proceso de derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, y proceder a revisar –para su mejoramiento- la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).

Es importante que las organizaciones se comprometan en el esfuerzo histórico de que grandes responsables de crímenes de corrupción sean judicializados y que la población en general recupere la confianza en las instituciones públicas, sobre todo en lo que refiere a los indicadores sobre el uso de recursos contra la corrupción e impunidad.

Promover reformas a la Ley del TSC que le permita la prevención de la corrupción (ex ante) y para que el TSC se convierta en un organismo independiente y efectivo en su lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

Incidir para que la Ley de Servicio Civil permita la profesionalización de las instituciones públicas, la independencia y estabilidad para los funcionarios públicos.

Poder Judicial y sus organismos: reforzar acciones orientadas a su despartidización, autonomía e independencia que le permita la correcta y expedita aplicación de justicia para casos de corrupción aplicando estándares internacionales y jurisprudencia.

Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, del Ministerio Público: brindando asistencia técnica y veeduría ciudadana, para que investiguen y persigan delitos graves y de fuerte impacto social, entre los que se incluya los actos corruptos de la administración estatal, el crimen organizado que opera en las entidades gubernamentales y el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos.

Combate a la Corrupción: especialmente el acompañamiento y seguimiento a la MACCIH

Crear una Mesa Ciudadana de Acompañamiento y Seguimiento a la MACCIH. Una tarea inicial de la cual será proponer los casos de corrupción prioritarios a ser investigados. Es importante que las organizaciones se comprometan en el esfuerzo histórico de que grandes responsables de crímenes de corrupción sean judicializados y que la población en general recupere la confianza en las instituciones públicas, sobre todo en lo que refiere a los indicadores sobre el uso de recursos contra la corrupción e impunidad.

Siendo la MACCIH en particular una iniciativa que abre fuertes perspectivas de incidencia en la lucha contra la impunidad, la estrategia de trabajo de las OSC debe tener una base común de comprensión de las limitaciones de esa intervención, de manera tal

que fortalezca en lugar de debilitar el trabajo anticorrupción que se ha respaldado a lo largo de intervenciones como las realizadas por el programa Impactos y otras experiencias similares. Para ello requiere tomar en consideración elementos orientadores como los siguientes: • La MACCIH no es un fin en sí mismo: se trata de una herramienta de incidencia que debe utilizarse en conjunto con otras estrategias de acción tanto para lograr un mayor respeto de los derechos humanos en Honduras, como para luchar en contra de la corrupción. La MACCIH no es un fin en sí mismo: se trata de una herramienta de incidencia que debe utilizarse en conjunto con otras estrategias de acción tanto para lograr un mayor respeto de los derechos humanos en Honduras, como para luchar en contra de la corrupción.

La MACCIH es producto de un acuerdo entre el Gobierno de Honduras y la OEA, sin embargo, eso no le garantiza la voluntad política e institucional que le permita responder efectivamente a las demandas y expectativas ciudadanas.

La MACCIH deberá equilibrar su relación con el Gobierno/Institucionalidad y la ciudadanía para poder afrontar correctamente el fenómeno de la corrupción

La MACCIH asumirá retos complejos, pero la velocidad con que avance en resultados concretos no dependerá solamente de su voluntad.

La MACCIH requerirá tiempo para su instalación, puesta en marcha y para afrontar las debilidades del sistema procesal hondureño.

La MACCIH deberá consolidar su legitimidad en corto plazo, pero lo hará en tanto la implementación de sus resoluciones sea efectiva.

La MACCIH con su trabajo provocará tensiones fuertes al interior de la sociedad hondureña, sobre todo en un contexto electoral que se presta para posiciones polarizadas.

La MACCIH, con su labor, plantea el riesgo de que la acción investigativa y de sanción del Estado en materia de anticorrupción se debilite, en lugar de ser fortalecido, bajo el argumento de no entorpecer la misión internacional.

Transparencia y Rendición de Cuentas gubernamentales, como mecanismo trasversal y de control preventivo de la corrupción; especialmente en el marco del proceso electoral que culminará en noviembre de 2017

En lo referente al proceso electoral, es importante una estrategia sostenida para introducir en el debate la necesidad de:

Propiciar una reforma electoral que vete las candidaturas de políticos involucrados en denuncias o actos de corrupción y que modifique el tema del financiamiento privado a los partidos políticos.

Fortalecer el sistema de declaraciones juradas patrimoniales de los candidatos, asegurando su publicidad y garantizando mecanismos efectivos que permitan verificar el contenido de las declaraciones a fin de establecer si existe o no evidencia de enriquecimiento ilícito u otro acto constitutivo de responsabilidad penal.

En el contexto de los procesos electorales, los partidos políticos suelen hacer promesas de campaña como sinónimo de los planes de trabajo que implementarán en caso de resultar electos, pero es cuestionable lo poco que dicen sobre cómo dichas propuestas se convertirán en políticas públicas o legislación. El proceso de consolidación democrática y de madurez de la ciudadanía debe obligar a que los partidos políticos intenten dar respuesta a este cuestionamiento a través de la presentación de planes de gobierno. Estos documentos deben aportar alguna idea sobre las prioridades programáticas de los partidos en la lucha anticorrupción y, en el mejor de los casos, sobre cómo se llevarán a la práctica.