Comunicado, 20/06/2012
Ley antimonopolio, un engranaje más del socialismo del siglo XXI
Posición de la Cámara de Caracas ante el nuevo proyecto de Ley contra los monopolios La Cámara de Caracas, una vez más presenta a la opinión pública su posición sobre el nuevo proyecto de Ley contra los monopolios que se discute en el seno de la Asamblea Nacional. Este proyecto es consistente con el conjunto de leyes aprobadas para implantar rápidamente la lógica del socialismo del siglo XXI, propuesta en el I Plan Socialista Simón Bolívar que rige hasta el 2013 y que ha sido ratificado en sus lineamientos esenciales en el plan de gobierno para la gestión bolivariana socialista 2013-2019, presentada por el actual presidente de la República. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, y NO un Estado Socialista. Nuestros análisis indican que dicho proyecto de ley no prevé la promoción y protección de la libre competencia, ni la promoción de la eficiencia económica en beneficio de consumidores y productores. Su objetivo NO es promover la ampliación de los mercados, sino un instrumento político que desvirtúa una Ley de naturaleza esencialmente económica, para la regulación y control de conductas en los mercados de bienes y servicios. La supuesta “democratización de la economía nacional”, es una total tergiversación de términos y conceptos. Dicha frase no se puede apreciar en el plano de sus intenciones, sin aludir al plan de gobierno 2013-2019 que definen con claridad que el objetivo de estado es: “impulsar nuevas formas de organización de la producción que pongan al servicio de la sociedad los medios de producción, e impulsen la generación de un nuevo tejido productivo bajo un nuevo metabolismo para la transición al socialismo”. La democratización que invoca el proyecto no es otra cosa que “impulsar nuevas formas de articulación de nuevas formas de propiedad, colocándolas al servicio de la sociedad”. El metabolismo económico al que se refiere, no es otra cosa que más controles, más empresas públicas, un uso más intensivo del rentismo petrolero y menos actividades económicas a ser realizadas por los ciudadanos. Tales objetivos son contrarios a las necesidades y aspiraciones de los venezolanos.
La supuesta democratización de la economía, tiene como herramienta de política el uso de la renta petrolera para la importación masiva de los bienes y servicios que consumen los venezolanos, financiar una política sistemática de toma de los activos productivos de los ciudadanos, y crear una inmanejable red de Capitalismo Estadal sin rendición de cuentas. Esta política tiene como logro principal haber acabado con 177 mil empresas venezolanas creadoras de empleo y de pago de impuestos. La supuesta democratización de la economía convierte un instrumento de Política económica en una herramienta Política, conjugando una regulación unilateral de todas las actividades o actos ejecutados y/o celebrados por los agentes que intervienen en la economía nacional, en la misma medida en que el regulador sienta que ellas puedan traducirse en conductas monopólicas u oligopólicas del sector privado. Las iniciativas de los venezolanos quedan a merced de los que sienta o crea un funcionario, y no a normas legales plenamente conocidas. Dicho proyecto de ley, concede una bondad intrínseca a los monopolios de la administración pública que no reconoce a los privados. Esta distinción es falsa. Toda conducta monopólica que implique abuso de la posición de dominio y creación artificial de barreras a la entrada de competidores es mala, venga de quien venga, porque afecta la libre competencia y pone en entredicho la eficiencia económica necesaria para promover el desarrollo sustentable. Caracas, 20 de junio de 2012