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Movilidad inclusiva en Guayaquil Por María Daniela Chalén
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Movilidad inclusiva en Guayaquil
A partir de la reforma a la ordenanza municipal publicada en la Gaceta Municipal N°17 (Municipalidad de Guayaquil, 2020) que modifica la norma de la instalación de mesas y sillas en espacios públicos y privados, la Municipalidad de Guayaquil puso en marcha una de sus múltiples estrategias destinadas a la recuperación y reactivación económica de la urbe. La medida consiste en situar este mobiliario en las calles peatonales, aceras y portones de varias zonas comerciales de la ciudad, como Urdesa Central y la Av. 9 de octubre.
Debido al contexto en el cual nos encontramos, se debe reconocer que esta estrategia cobra mayor importancia tras el impacto negativo que ha dejado el COVID-19 en la ciudadanía, especialmente en aquellas personas que ejercen actividades en el sector alimenticio. No obstante, se debe analizar esta práctica desde una perspectiva de movilidad inclusiva, lo cual difícilmente ha estado presente en la gestión pública del modelo de administración local. Las aceras y calles peatonales son la principal vía de movilización del ciudadano común y constituyen una zona compartida por todos, siendo un lugar donde se genera la vida en el espacio público (Hurtado, 2016). Por consiguiente, el mantenimiento y cuidado de estas áreas son claves para el desarrollo de una ciudad. Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de Discapacidades, en la cual se reconoce a la accesibilidad como un principio fundamental que deberá ser garantizado en aras de promover la autonomía y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad (art. 4, Ley 796 del 2012).
No obstante, en el 2019, un 23% del presupuesto municipal fue destinado a proyectos focalizados en la movilización de buses, la aerovía y semaforización (Redacción Ecuador Regional, 2019), exponiendo la carencia de una perspectiva integral dentro de la planificación urbanística, lo cual se traduce en la concentración de
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recursos en obras de transporte vehicular. Así, se deja de lado las necesidades del peatón, quien se enfrenta a la limitación de espacio para movilizarse y a la falta de rampas en aceras, además de la existencia de múltiples obstáculos en las mismas.
Esta problemática se opone a la función de implementar “políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión”, que le corresponde a la Municipalidad, como gobierno descentralizado, especificado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Ley 303 del 2010).
Se necesita puntualizar que la medida tomada por el cabildo guayaquileño cuenta con reglamentaciones que consideran la necesidad del espacio de circulación. En esta se especifica que las aceras empleadas deben medir cuatro metros, con el fin de que la mitad del espacio sea destinado al uso peatonal (Ordenanza permite mesas y sillas, 2020). Al respecto, se ha obtenido resultados positivos en los lugares donde se ha aplicado la norma, observando un incremento del 25% en el promedio de ventas en los negocios (Zambrano, 2020).
Sin embargo, esta ordenanza plantea dos cuestionamientos relacionados a los espacios públicos. Primero: ¿serán estas zonas finalmente reconocidas por su importancia, como áreas abiertas que permiten el encuentro y la armonía ciudadana? Y ¿cómo se logrará la aplicación de los principios constitucionales de garantías del derecho?, los cuales han sido ignorados por la administración local durante décadas y cuyos funcionarios han priorizado a los vehículos y al comercio frente a los grupos vulnerables de la ciudad.
Recapitulando, se contempla una profunda disyuntiva en el cuidado del bienestar urbanístico de Guayaquil, donde el reconocimiento de estas áreas por parte de la gestión municipal ha surgido a partir de la búsqueda de efectos comerciales en el contexto actual. wLa falta de políticas inclusivas en el pasado refleja una voluntad limitada al momento de planificar y ejecutar decisiones que verdaderamente promuevan y fortalezcan el desarrollo más allá de lo económico. Es elemental que la administración actual contemple la implementación de obras y acciones públicas que consigan salvaguardar la inclusión de todas las personas que transitan a diario por las históricas calles de la urbe costeña.
Referencias
Hurtado, D. (2016). Manual de diseño de calles activas y caminables. Universidad Central del Ecuador. https://bit.ly/35pB38N
Municipalidad de Guayaquil. (2020). Gaceta Oficial (No. 17). República del Ecuador. https://bit.ly/3jocGgR
Ordenanza permite mesas y sillas para clientes en aceras de Guayaquil. (18 de junio de 2020). El Universo. https://bit.ly/3dMlvjs
Redacción Ecuador Regional. (5 de abril de 2019). Guayaquil tiene déficit de aceras y ciclovías. El Telégrafo. https://bit.ly/2T9GS4u
República del Ecuador. (2010). Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Registro Oficial 303. https://bit.ly/2HjBxoH
República del Ecuador. (2012, 25 de septiembre). Ley Orgánica de Discapacidades. Registro Oficial 796. https://bit.ly/2HtuDx4
Zambrano, L. (4 de septiembre de 2020). Urdesa ya tiene restaurantes con atención en las veredas. Expreso. https://bit.ly/3me01z2
Por María Daniela Chalén
Estudiante de cuarto año de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande (UCG).