I Raseros distintos en la morosidad

Raseros distintos en la morosidad

A fecha de cierre de esta edición, se encontraba en tramitación en el Congreso de los Diputados la proposición de ley que regula el régimen sancionador contra la morosidad; una propuesta legislativa que ha registrado casi 50 prórrogas desde hace un año y medio. El día 30 de marzo de 2022 concluye el plazo para la incorporación de enmiendas en el Parlamento a esta normativa.

Sorprende, o quizás no tanto, que una legislación que ha concitado grandes unanimidades se venga retrasando por uno u otro motivo. Nadie se opone a cumplir la ley vigente en cuanto a plazos de pago: 60 días para el sector privado; 30 días para las Administraciones Públicas. Pero la realidad cotidiana refleja una imagen distinta; ya lo avisa el refranero popular: entre lo dicho y lo hecho existe un gran trecho.

En este contexto, las primeras organizaciones que deberían ejercer un papel de ejemplaridad en cumplir la legislación son las grandes corporaciones y las entidades públicas, tal como afirma en una entrevista en esta edición Luis Collado, presidente de AECIM (Asociación de Empresas del Metal de Madrid) y miembro de la junta directiva de ADIME, la asociación de distribuidores de material eléctrico. Sin embargo, en el ámbito de la morosidad en las relaciones comerciales España vive una situación de disfuncionalidad asombrosa.

En síntesis, las organizaciones que más tardan en cumplir sus obligaciones de pago son las corporaciones de gran tamaño (algunas de ellas, nombres de relumbrón del IBEX 35), sobre todo en el sector de la construcción y las infraestructuras: algunas con un promedio superior a los 200 días; esto evidencia el perjuicio en la tesorería que infligen a sus proveedores. En las Administraciones, destacan como incumplidores numerosos ayuntamientos y entidades locales. Feo ejemplo.

Las grandes corporaciones son las que más tardan en cumplir sus obligaciones de pago

Frente a ello, como constata FENIE en un reciente informe, los autónomos y micropymes, así como las pequeñas y medianas empresas del colectivo instalador, son los que mejor cumplen los plazos de pago. Debería causar vergüenza este distinto rasero en el cumplimiento de la ley.

¿Por qué no se alcanza una solución eficaz y a largo plazo, de una vez por todas?, ¿qué impide aprobar una regulación que aumentaría en general la competitividad del país? Es preciso buscar el consenso en este ámbito, pero los que no observan la ley deberían ser penalizados por estos abusos. Hay mucho en juego

Miguel Ángel Jiménez

Director del Área de Material Eléctrico