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Recuadro 12. Ley de tenencia de la tierra flexible en Namibia

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claras que incluyan mecanismos de coordinación horizontal y vertical. Deben especificar las funciones de cada institución para eliminar las lagunas y superposiciones, que a menudo generan confusión, y eliminar la falta de transparencia, la escasa rendición de cuentas y el escaso cumplimiento.

El proceso de elaboración de la ley debe incluir una evaluación adecuada de los recursos, tanto financieros como humanos, necesarios para su implementación.

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Acciones ilustrativas

El llamado a la reforma de la ley en la Nueva Agenda Urbana cubre cuatro áreas clave: equidad y gobernanza; planificación, suelo y medio ambiente, vivienda y servicios básicos, y economía y finanzas. Las siguientes acciones corresponden a estas cuatro áreas clave.

Promover el acceso a un entorno urbano seguro, saludable e inclusivo a través de un derecho urbano de calidad. El impacto de la legislación es importante: las buenas leyes y las instituciones pueden establecer marcos significativos para el desarrollo sostenible, pero las malas pueden acentuar las desigualdades y la exclusión. Las leyes influyen directamente en la equidad al determinar la política y los resultados sobre la equidad espacial. También influyen indirectamente en la equidad al proporcionar a los gobiernos locales las herramientas para generar ingresos públicos a partir de activos urbanos. El derecho urbano es necesario para proporcionar un marco de reglas para mediar y equilibrar los intereses públicos y privados en competencia, especialmente en relación con el uso y desarrollo de la tierra. El derecho urbano de calidad crea un marco estable y predecible para la acción tanto del sector público como del privado, garantizando la inclusión de los intereses de los grupos vulnerables y proporcionando un catalizador para el discurso local y nacional.

Desarrollar una planificación espacial responsable y eficaz. Los planes urbanos crean un camino para el crecimiento de las ciudades que busca maximizar los efectos positivos y minimizar los efectos negativos de la urbanización. Ayudan a revitalizar las instalaciones físicas en áreas urbanas, así como a desarrollar y conservar áreas de importancia ambiental natural. Al influir en los patrones y formas urbanas, las leyes de Recuadro 12: Ley de tenencia de la tierra flexible en Namibia

Acción El Gobierno de Namibia ha introducido la Ley de tenencia flexible de la tierra de 2012, que brinda seguridad en la tenencia de la tierra a una categoría especial de personas que no han podido poseer su terreno. La ley busca abordar la vulnerabilidad de las comunidades que viven en asentamientos informales en áreas urbanas de todo el país. La idea básica es establecer un sistema flexible e intercambiable paralelo y complementario al actual sistema formal de tenencia absoluta.

Se han introducido dos nuevos tipos de tenencia dentro del sistema que son complementarios a la tenencia de propiedad absoluta existente: el título inicial y el título de propiedad de la tierra. Ambos títulos son tipos de tenencia individuales pero basados en grupos, en el sentido de que el límite exterior de un bloque destinado a la titulación bajo el Sistema de Tenencia de la Tierra Flexible (blockerf) es examinado profesionalmente y registrado bajo el sistema de tenencia de propiedad absoluta en el Registro de Escrituras. Posteriormente, los derechos individuales de tenencia se registran en las Oficinas de Derechos de la Tierra recientemente establecidas. La propiedad del bloque puede ser de la autoridad local, un propietario privado o una organización comunitaria.

En 2016, el Ministerio de Reforma Agraria decidió poner a prueba el nuevo sistema de registro de tenencia en diferentes áreas piloto, en Gobabis, Oshakati, Outapi y Windhoek. En 2020, el Ayuntamiento de Oshakati se convirtió en la primera autoridad local en Namibia en implementar el esquema flexible de tenencia de la tierra. Se han creado siete esquemas en el asentamiento informal de Onawa, donde actualmente se está implementando el sistema flexible de tenencia de la tierra en cuatro bloques. El asentamiento informal de Onawa alberga a más de 300 residentes. Se han emitido 40 títulos de propiedad y 288 beneficiarios adicionales recibirán títulos de propiedad de la tierra en dos meses.

Impacto

Fuente: Instituto de Gestión Integrada de la Tierra, Universidad de Ciencia y Tecnología de Namibia.

planificación también tienen un inmenso potencial para la adaptación y mitigación del cambio climático. En la adaptación, por ejemplo, las leyes de planificación, uso de suelo y construcción pueden usarse para prevenir el desarrollo en áreas vulnerables o estipular la ubicación de la infraestructura esencial. Del mismo modo, pueden ser cruciales para la mitigación al requerir espacios públicos verdes, regular el consumo de energía en los edificios y promover formas urbanas que promuevan la transpirabilidad y la compacidad.

Apuntar a la gestión de la tierra inclusiva, eficaz y multidimensional y la seguridad de la tenencia de la tierra. No se puede subestimar la importancia de la tierra. Actúa como el ancla de las actividades sociales y económicas en la mayoría de las sociedades y también

es una fuente de identidad cultural. Es la base de la vivienda, la producción de alimentos, los medios de vida y la salud ambiental. La Nueva Agenda Urbana aboga por “el aumento de la seguridad de la tenencia para todos, reconociendo la pluralidad de tipos de tenencia, y a desarrollar, en el conjunto de los derechos sobre la tierra y la propiedad, soluciones ajustadas a distintos fines que tengan en cuenta la edad y el género y se adecúen al medio ambiente, prestando especial atención a la seguridad de la tenencia de la tierra en el caso de las mujeres como elemento fundamental para su empoderamiento, entre otras cosas mediante sistemas administrativos eficaces.” - NAU 35. El marco de apoyo para la implementación de la política de tierras incluye, entre otros elementos, marcos institucionales y regulatorios - NAU 86. El Recuadro 12 presenta el sistema flexible de tenencia de la tierra en Namibia.

Legislación para el acceso igualitario a una vivienda adecuada y asequible. El derecho a una vivienda adecuada significa el derecho a vivir en algún lugar con seguridad, paz y dignidad. Los marcos legales deben apoyar la oferta de viviendas asequibles para todos los grupos de ingresos. Estos pueden adoptar una variedad de formas que incluyen incentivos o desincentivos para los desarrolladores. Los incentivos pueden ser subsidios cruzados (como bonificaciones de densidad para que los desarrolladores financien viviendas asequibles) y subsidios directos (como vales de vivienda o incentivos fiscales para desarrolladores). También incluyen medidas que crean y promueven suelo urbano de mayor densidad o establecen requisitos de cuotas para los desarrolladores. Los marcos legales también desempeñan un papel crucial en el contexto de la vivienda al regular el mercado de alquiler. La legislación urbana debería fomentar un mercado de alquiler bien regulado y promover la producción de viviendas de alquiler adecuadas y asequibles. Los inquilinos están particularmente necesitados de protección legal contra la acción arbitraria de los propietarios.

Marcos regulatorios adecuados para desarrollar y gestionar los servicios básicos urbanos. Los servicios básicos como el agua y el saneamiento, la electricidad y la energía, y la recolección de basura y desechos son fundamentales para una mejor calidad de vida humana. Una de las características clave de un Estado desarrollista es garantizar que todos los ciudadanos, incluidos los pobres y otros grupos vulnerables, tengan acceso a los servicios básicos. Las fuertes medidas regulatorias junto con una gobernanza urbana receptiva pueden crear las condiciones necesarias para un desarrollo sólido en este sector. De hecho, los actores urbanos también funcionan como reguladores de la provisión de servicios para garantizar el acceso universal, estándares de calidad y precios justos. Este papel se vuelve aún más relevante en lugares donde dichos servicios se externalizan al sector privado.

Mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en las finanzas municipales. En muchas partes del mundo, las finanzas municipales dependen en gran medida de las transferencias intergubernamentales y los impuestos a la propiedad. La identificación de propiedades y el establecimiento de la tasa impositiva pueden afectar progresivamente a algunas personas o partes de la ciudad de manera desproporcionada. Los marcos legales deben exigir presupuestos participativos, que deben ser un proceso continuo, abierto e inclusivo, mediante el cual los ciudadanos y los gobiernos locales amplíen los mecanismos para promover la participación ciudadana directa e indirecta. El proceso debe incluir la identificación de las necesidades locales y la decisión de las preferencias, así como la implementación, el seguimiento y la evaluación del presupuesto, considerando los requisitos de gasto y los recursos disponibles. La Nueva Agenda Urbana establece que los gobiernos “apoyarán a los gobiernos subnacionales y locales en sus esfuerzos por implementar instrumentos de control de gastos transparentes y responsables para evaluar la necesidad y el impacto de las inversiones y proyectos locales, basados en el control legislativo y la participación pública” - NAU 138.

Ampliar los poderes y la implementación de los ingresos del gobierno local. Los servicios urbanos requieren una enorme cantidad de recursos. Las autoridades locales necesitan acceder a fondos para que puedan brindar servicios adecuados, de calidad y oportunos. Los marcos legales apoyan las finanzas municipales al cerrar la brecha entre el aumento de funciones, por un lado, y la descentralización fiscal, por el otro. Los ejemplos incluyen empoderar a los municipios para que obtengan ingresos a través de otras formas de impuestos además del impuesto a la propiedad. Estas otras formas incluyen mecanismos de financiamiento basados en la tierra, como impuestos por mejoras, evaluaciones especiales, exacciones de los desarrolladores y la venta de derechos de desarrollo. La legislación sobre

Los marcos legales deben exigir presupuestos participativos e inclusivos, que deben ser un proceso continuo, abierto e inclusivo mediante el cual los ciudadanos y los gobiernos locales amplíen los mecanismos para promover la participación ciudadana directa e indirecta.

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