El CCU en la mejora barrial

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Escribe: Valeria Esteves

El suelo urbano y los territorios son motivo de grandes disputas, en consecuencia de ello, también lo es el acceso a la vivienda, el hábitat y la ciudad, entendidos tanto derecho humano, como valor de cambio por parte de los mercados del suelo e inmobiliario. En contextos de baja regulación estatal, quienes cuentan con mayor fortaleza mercantil lideran los destinos de los suelos, quedando excluidos/as quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Los primeros agrupamientos de asentamientos humanos realizados de forma irregular y precaria, en nuestro país, fueron durante la década del 60, cuando parte de la población rural, excluida de sus entornos laborales habituales, llegaban a las ciudades en busca de oportunidades de trabajo para sostener una vida digna. Tales fueron los conocidos como “cantegriles” en el entorno de la capital.

Durante el período de la Dictadura militar (1973 - 1985), así como también en la década de los noventa, las medidas adoptadas por los gobiernos, agudizaron la desigualdad al acceso a la vivienda y el hábitat a través de políticas como la liberación del mercado de alquileres, reducción del financiamiento y construcción de viviendas por parte del Estado, así como también la reducida oferta de tierra urbanizada accesible; alejándose del Estado Benefactor característico del siglo XX y aproximándose a uno “autista y desertor” según refiere Arana (2010).

Esta situación, complejizada por otros factores económicos y sociales, profundizó la exclusión y segregación urbano territorial de muchos uruguayos/as. “La informalidad y la invasión de predios, llegó a ser la alternativa de supervivencia para amplias capas de la población, vulneradas por la coyuntura económica regresiva, ensanchando, en forma persistente, la mancha urbana y multiplicando lo que dio en llamar asentamientos irregulares” (Arana, 22, 2010)

Este contexto generó, entre otras cosas, la ocupación irregular de tierras periféricas en las ciudades extendiéndose de esa forma los límites de las mismas. Dicho proceso no fue sólo una realidad uruguaya sino que también tuvo lugar en otros contextos latinoamericanos.

A partir de la creación del PIAI (Programa de Integración de Asentamientos Irregulares) en el año 1999, comenzaron los primeros programas de regularización y realojo de asentamientos en el país, con financiación BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

La reformulación de la ley 13.728 (Plan Nacional de Vivienda) del año 1968 se propuso entre los objetivos a cumplir entre los años 2005-2009, mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables, así como también mejorar el acceso al derecho a la ciudad, a la vivienda y hábitat dignos, proponiendo un Estado interventor en las políticas públicas de dicho sector.

A pesar de los esfuerzos realizados por las políticas habitacionales dirigidas al abordaje de esta problemática en la actualidad el número sigue siendo significativo. Según un informe técnico realizado por el Programa de Mejoramiento

Img: fotograma audiovisual Realojo Cañanada Matilde - CCU

Barrial en los años 2017 y 2018 actualmente en el país existen 607 asentamientos de los cuales 45 se formaron posteriormente al año 2011.

En este contexto, Desde la década de los 90, por parte del equipo técnico de CCU se planteó la posibilidad de desarrollar la responsabilidad ética de aportar en programas de política pública de mejoramiento de las condiciones de vivienda y hábitat de personas que habitan en asentamientos precarios.

La primera experiencia en que el CCU desarrolló en ese sentido fue en la relocalización del barrio “25 de agosto”, en el barrio Lavalleja, a instancias de la Intendencia de Montevideo entre los años 2001 y 2005.

Desde ese momento se han llevado adelante múltiples experiencias de trabajo participando en políticas públicas de vivienda y hábitat relacionadas con población que habita en condiciones de precariedad urbano-habitacional.

Algunas experiencias fueron en los barrios “6 de Setiembre” en Barros Blancos, “San Antonio” en el barrio Lavalleja, “Asociación Civil Esperanza”, en el barrio Carrasco Norte, “Cañada Matilde”, en el barrio Casavalle.

En la actualidad, el CCU participa en 2 experiencias diversas: los barrios “CORFRISA y TALCA”, en la ciudad de Las Piedras, a instancias de la Intendencia de Canelones y el Plan de Mejoramiento Barrial (PMB-MVOT), y “El Progreso” en el barrio Malvín Norte, a instancias de la Intendencia de Montevideo en convenio con el Plan Nacional de Relocalizaciones (PNR-MVOT). Ambas experiencias se comenzaron a desarrollar en 2019 y 2020 respectivamente, y, actualmente ambas se encuentran en espera de la redefinición de la política pública, en un nuevo contexto gubernamental y circunstancial.

Mientras en el caso del barrio “El Progreso” el equipo técnico continúa sosteniendo el contacto, seguimiento y apoyo a las familias por realojar, en CORFRISA y TALCA, se ha debido suspender el mismo.

Estos devenires nos llevan a la reflexión sobre la fragilidad de las políticas públicas de vivienda y hábitat en nuestro país, en la medida en que dependen altamente de la contextualidad gubernamental en la que se desarrollan.

Bibliografía:

Arana, M. (2010) “La Reforma Necesaria, Vivienda social: el caso uruguayo Intervención en el II Foro Iberoamericano sobre "Vivienda Social. ¿Inclusión o Asistencialismo?", Buenos Aires. Argentina.