Agropecuario
ISSN: 1659-1089
AÑO 8 / EDICIÓN Nº 25 / OCTUBRE 2018
25
años
DE REGENCIAS FORESTALES
3
El Registro de Agroquímicos y los nublados del día
4
Institucionalidad del sector agropecuario: un tema complejo pero urgente por atender
18
Agricultura de precisión: una realidad en la zona norte de Cartago
Contenido Editorial 3
El Registro de Agroquímicos y los nublados del día
OPINIÓN 4
Institucionalidad del sector agropecuario: un tema complejo pero urgente por atender
Actualidad 6
8 10 12
Silvicultura de precisión por medio de VANTs como herramienta para el monitoreo y aumento de la productividad de plantaciones forestales Resistencia a los antimicrobianos: un riesgo para la salud pública Impulso en el uso de la madera en la licitación pública El registro de agroquímicos vuelve a ser el protagonista
Legislación 14
El derecho a la libre corta de las plantaciones forestales y la importancia de contar con una definición de bosque equilibrada
Innovación 18
Año
8
Desde el Colegio 20
Edición
25
Octubre
2018
Agricultura de precisión: una realidad en la zona norte de Cartago
25 años de regencias forestales
Desde el Suelo 22
Neutralidad en la degradación de las tierras: ¿Será posible para Costa Rica llegar a esta condición?
Créditos Comité Editorial Ing. For. Xinia Robles Alarcón Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas Ana L. Chacón Villegas, Periodista Coordinación general Unidad de Comunicación Mercadeo y publicidad Periodista Valeria Campos Quesada Correo vcampos@ingagr.or.cr Teléfono 2240-8645 Diseño gráfico y diagramación María Zúñiga Mena Impresión Impresiones Unicornio
Las opiniones expresadas en esta revista no corresponden, necesariamente, con la posición del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica Residencial Los Colegios, Moravia Apdo 281-1000 San José www.ing-agronomos.or.cr Correo electrónico achacon@ingagr.or.cr Teléfono: 2240-8645, fax: 2240-2642
editorial
El Registro de Agroquímicos
y los nublados del día
E
l Sistema de Registro de Agroquímicos costarricense es una fotografía en alta resolución de la ineficiencia, de la desidia y de la escasa preocupación y capacidad de gestión de nuestra clase política y nuestra burocracia frente a problemas reales; aquellos que -cuando no son atendidos a tiempo- desencadenan crisis muy difíciles de resolver. Resulta insólito que en el nuestro, un país de clara vocación agrícola, que tiene en el agro un importante generador de divisas y de empleo, cumpla 14 años de bloqueo del sistema de registro y revalidación de agroquímicos, un hecho que, entre otros perjuicios, provoca severos daños a la competitividad del sector. Innumerables factores han dado origen, por la forma, a esta parálisis. Sin embargo, resulta innegable que la multiplicidad de instituciones intervinientes, la variedad de criterios técnicos aplicables a las solicitudes de autorización de nuevas moléculas y la prevalencia de concepciones particulares sobre procesos productivos en el agro son causa importante de este fenómeno de apariencia macondiana. Está a la vista pues la ausencia de un concepto institucional unificado y accesible al usuario, que por fin ponga a caminar el Registro de Agroquímicos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio del Servicio Fitosanitario del Estado; el Ministerio de Ambiente y Energía, por medio de la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA) y el Ministerio de Salud, actúan como verdaderas islas ante una tarea de naturaleza común. Los tres ministerios deben plantearse como meta de primer orden, fortalecer el papel de la Ventanilla Única de Registro de Plaguicidas; esto es, dotarla del recurso profesional y la actualización tecnológica necesarios e imprimirles un cambio en su concepción general, es decir, convertirla en una verdadera Ventanilla Única, en la que el usuario encontrará tres instituciones trabajando de manera mancomunada, desde la recepción de las solicitudes, pasando por el manejo integrado de los expedientes hasta la valoración técnica del producto. La velocidad de respuesta -de respuesta integrada- del ente es fundamental en la validación de las nuevas moléculas que el agro requiere para ponerse al día en el manejo de la técnica y de los procesos productivos, que a la larga determinarán la capacidad del país de mantener o incrementar la cantidad de bienes agrícolas para el consumo nacional y que coloca más allá de nuestras fronte-
ras, prevenir el riesgo ambiental y procurar la salud de los consumidores. Nuestro punto de vista no pasaría de ser un lamento sin sentido si no abordamos responsabilidades o si sobre ellas repetimos el ritual de disparar en todas direcciones. Si bien hemos dicho que el problema es multifactorial y la imagen de parálisis la podamos capturar en todos los niveles del proceso, lo cierto es que cuando un sistema está cerca de cumplir 14 años de atrofia, solo se puede apuntar a un sitio: al más alto nivel. Ahí está la causa de fondo de esta debacle. Los ministros de Agricultura, de Salud y de Ambiente y Energía deben dejar de camuflar su vocación inmovilista tras la mampara de funcionarios de menor nivel, piezas de un modelo que tiene las alas rotas, con las que no alzará vuelo sin la incidencia de su autoridad política. Desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos hemos visto pasar todo este tiempo a decenas de funcionarios de alto nivel y a muchos ministros; hemos asistido a seminarios y talleres, reuniones, una tras otra y leído numerosas propuestas que ya nadie recuerda. Asumimos en 2016 el papel de facilitadores de un acuerdo entre las partes que acabase con el Frankenstein institucional y abriese paso a un sistema de registro y validación de agroquímicos fluido, funcional, seguro y sustentado en la ciencia y la técnica. Pero hasta ahora nada ha sido suficiente, y nada lo será si los jerarcas de mayor nivel en esta trama miran para otro lado. Ellos tienen la responsabilidad política y la autoridad necesaria para ordenar la casa. Los obstáculos legales recientes no deben ser excusa para proseguir en pausa. Confiamos en que las autoridades del Ministerio de Agricultura que recién se estrenan den un giro diametral al estado de cosas que describimos. Un giro que -tal como lo ha dicho el Ministro Renato Alvarado- resuelva positivamente el conflicto para lograr el objetivo de poner la tecnología a disposición del agricultor. Cuando se es Ministro o ministra no se puede pensar con la lógica de esperar a que se aclaren los nublados del día. Menos en temas de Agricultura. Ing. Agr. José Ramón Molina Villalobos Presidente Colegio de Ingenieros Agrónomos
Germinar 3
Opinión
Institucionalidad del sector agropecuario:
L
a institucionalidad es un tema sobre el que mucho se habla y por lo general numerosas y diversas opiniones, sentencias y hasta sabias recomendaciones se expresan para pretender mejorarla y optimizarla en su función, no solo por parte de quienes ostentan el poder, pretenden alcanzarlo o simples demandantes y beneficiarios del aparato público. En el caso particular del sector agropecuario costarricense la situación es muy peculiar y particular, pues paradójicamente, por muchos años se trabajó con ahínco y visión de futuro en su mejoramiento y especialización, lo cual sin lugar a dudas se logró con creces. Sin embargo, hoy muchos abogan por reducirlo, concentrarlo y hasta llevarlo a su mínima expresión en procura, dicen, de hacerlo más eficiente. Es obligado por tanto, revisar lo concerniente al tema de manera seria, responsable, sin apasionamiento y sobre todo fundamentado, pues decisiones populistas 4 Germinar
en cualquier dirección podrían ser eventualmente contraproducentes. Cuando del sector público se habla de inmediato surge la idea bien fundamentada, de una intrincada y gigantesca organización llena de instituciones, algunas de las cuales son obsoletas, ineficientes, duplican su función, con un nivel de gasto elevado e injustificable, de gestión muy limitada y resultados cuestionables. La realidad actual del sector público costarricense nos muestra un aparato compuesto por 330 instituciones entre poderes de la República, órganos del poder legislativo, organismo electoral, ministerios, instituciones autónomas, semiautónomas, entes públicos no estatales, empresas públicas no estatales, municipalidades, consejos municipales de distrito y órganos adscritos a muchas de esas entidades; no hay duda que el aparato de gestión pública es complejo. El sector público agropecuario nacio-
Marco A. Chaves Solera Ingeniero Agrónomo, MSc. Expresidente Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica chavessolera@gmail.com
nal no escapa de poseer una organización amplia, compleja y muy especializada en cuanto a áreas de gestión. Cualquier valoración de lo actuado, lo vigente actualmente y aquello con posibilidades de realización futura en materia de ajuste institucional, no puede nunca deslindarse y apartarse de la realidad nacional y mundial por la que atraviesan el agro y el país, pues caería en el “campo de los deseos y las buenas intenciones”, de lo cual estamos ya hartos y saturados. Es por este motivo que la respuesta objetiva a cuestionamientos válidos, como ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que deseamos y necesitamos como país y como sector tener? orientan y dan criterio certero para definir e iniciar la ruta a seguir. Ninguna mejora tendrá sentido ni éxito si no sabemos primero qué es lo que necesitamos; es ahí donde debe iniciar el trabajo de ajuste estructural y funcional en materia institucional. Cabe preguntarse ¿Lo sabemos realmente? Mi opinión es que parcialmente.
Opinión La institucionalidad pública del sector agropecuario padece males entronizados y conocidos, que para su adecuación requiere acciones integrales, firmes y de fondo para operar como sistema interconectado. Entre esos males concebidos como “enfermedades institucionales”, están: 1. Un agro por antecedente ajeno del interés político, lo que se ha traducido históricamente en falta de apoyo y asignación de recursos suficientes; los presupuestos decadentes así lo demuestran. 2. La agricultura es una actividad que recibe crítica y ataque permanente por parte de otros sectores de la economía nacional, que se declaran abiertos y competitivos. 3. La institucionalidad agropecuaria está aislada, en lo que podría calificarse como un verdadero “archipiélago institucional”. Hay carencia severa de conectividad entre instancias públicas. 4. Obsolescencia institucional interna en algunos casos, no apenas programática y funcional, sino también de misión, visión, objetivos estratégicos, cumplimiento de deberes y responsabilidades para con sus clientes y usuarios obligados. Se hace pero no se satisface. 5. Reconocimiento y lectura tardía y equivocada del cambio acontecido en el entorno productivo nacional e internacional, integrado por grupos sociales y mercados de destino con gustos y preferencias diferentes; como también en el componente tecnológico y los factores bióticos y abióticos implicados. El producto generado no es el requerido. 6. Interpretación equivocada por parte de los “diseñadores de política” de las necesidades y demandas reales de los sectores productivos y usuarios habituales del servicio público. 7. La dinámica de ajuste al cambio normal de necesidades y demandas de los usuarios es lenta y limitada, lo que genera como consecuencia obsolescencia, marginalidad, crítica, pérdida de reconocimiento, falta de apoyo social y político. 8. Pese a tener actividad inclusive intensa, algunas instituciones sufren de una inconveniente “parálisis institucional”. 9. Alguna limitación en la formulación
y oferta de programas sectoriales visionarios, sostenibles en tiempo y presupuesto, con reconocimiento y apoyo de grupos productivos. 10. Se trabaja en “fabricar pero no en vender” el producto institucional final. Se fabrican proyectos y actividades, muchos de ellos importantes, pero se carece de un “Departamento de ventas” que proyecte, socialice, interese, motive y venda la iniciativa a quienes paradójicamente va dirigida. 11. Ofertar más de lo que se puede atender y cumplir. La realidad actual y futura del país obliga a priorizar, concentrar recursos y reducir estratégicamente la oferta institucional. 12. Cambios de ruta continuos, irrelevantes, poco sustentables y de muy bajo valor agregado, basados en razones políticas o producto de la “creatividad e imaginación” de la clase dirigencial de turno. 13. Hay una aparente y a veces oculta duplicidad de funciones entre instituciones generada por la falta de conectividad prevaleciente. 14. Asignación excesiva de funciones administrativas ajenas a labor principal y ordinaria del personal técnico, lo que hace perder cobertura y capacidad de ejecución al potencial y limitado recurso disponible. 15. Desenfoque entre lo importante y lo trascendente que prioriza cumplir con “indicadores y metas burocráticas” sobre atender, acompañar y resolver problemas productivos reales de fondo. 16. El sector público agropecuario como otros se avejentó, lo que justifica revisar y renovar cuadros profesionales y decidir quiénes deben salir a disfrutar de su derecho de retiro y no a permanecer vegetando de manera improductiva. Lamentablemente hay funcionarios jóvenes ya agotados, poco identificados, posiblemente frustrados, pensando solo en su anhelada pensión y laborando con el mínimo esfuerzo. 17. Fuga de funcionarios especialistas de muy alto nivel, con experiencia y calificada preparación profesional que deben ser apoyados y estimulados. 18. Es fundamental contrarrestar lo que podría llamarse “el poder de los adminis-
tradores”, quienes invierten la ecuación jerárquica, pues en vez de servir y apoyar a quienes ejecutan lo programado, pasan con ventaja virtud de su poder y posición a ser quienes deciden que hacer en detrimento de lo planificado y de quienes conocen sobre la temática implicada. 19. Muy en línea con lo anterior, no puede dejar de mencionarse el “efecto de los mandos medios”, quienes acuerpados en sus posiciones personales de antigüedad, pensamiento, orgullo y decisión, obstruyen, limitan e impiden muchas veces la prestación oportuna y con calidad del servicio bajo su responsabilidad. El sector público está saturado de este síndrome. 20. El tema de la ética, los valores, la probidad y la honestidad en la función pública no están en discusión, ni siquiera cabe comentarlos; son principios simplemente obligados e innegociables. 21. El “amiguismo y la politiquería” no puede quedar al margen de los ajustes y cambios radicales a ejecutar, pues siempre el “pago al esfuerzo y trabajo en campaña” está a la orden del día. El nombramiento de funcionarios sin trayectoria, antecedente, proyección y preparación profesional demostrada en cargos complejos y de impacto en sus decisiones, es vectorialmente permanente. El área de los denominados “asesores ministeriales” está pleno de estas cuestionables particularidades. Importante señalar que los males anotados no son genéricos, absolutos ni exclusivos del sector público ni de sus instituciones y funcionarios, pues hay buenos ejemplos en contrario. Como corolario, es comprensible entender con fundamento razonado que ante los profundos cambios mediáticos, coyunturales y de visión futura que vienen sucediendo de manera acelerada en el complejo, dinámico, competitivo y deshumanizado entorno productivo y comercial nacional y mundial, la revisión y lectura correcta de qué tipo de organización y sector agropecuario requerimos, para confrontar y actuar con capacidad y posibilidades de éxito en ese contexto es una necesidad imperiosa, obligada e ineludible del gobierno de turno ¡veremos cómo actúa al respecto! Germinar 5
Actualidad
Silvicultura de precisión por medio de VANTs como herramienta para el monitoreo y aumento de la productividad de plantaciones forestales Mario Guevara Bonilla Ingeniero Forestal, Escuela de Ingeniería Forestal, TEC maguevara@itcr.ac.cr
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a silvicultura, tanto de bosques como de plantaciones, ha evolucionado a una silvicultura más intensiva o sitio específica. La utilización de sensores de alta tecnología y herramientas analíticas para el manejo sitio específico de un rodal se conoce como silvicultura de precisión. Este nuevo concepto de silvicultura pretende planificar y ejecutar actividades sitio específicas que buscan aumentar la productividad, reducir costos, aumentar ganancias y ser sostenibles con el ambiente. Una de las ventajas de la silvicultura de precisión es que puede realizarse con cualquier especie, genotipo y bajo distintas condiciones de suelo y clima. Esta silvicultura pretende conocer las limitaciones sitio específicas y adicionalmente la variabilidad que se puede encontrar en un sitio con el fin de poder manejar estas condiciones para una especie en particular. El desarrollo de la agricultura ha mejorado la planificación del establecimiento, monitoreo del estado de los cultivos, uso eficiente del agua y aplicación de productos químicos. Sin embargo, a nivel forestal se ha limitado mayormente al uso del GPS y sistemas de información geográfica. Recientemente con la incorporación de vehículos aéreos no tripulados (VANTs) o drones, como se les conoce popularmente se abrió una nueva posibilidad para recolectar información sobre el rodal de una manera rápida, precisa, con gran resolución espacial y desde otra perspectiva. Entre los principales productos que se pueden obtener a partir de imágenes de un VANT se encuentran: imágenes de color verdadero (RGB) de una alta resolución, modelos digitales de superficie creados a partir de nubes de puntos, modelos tridimensionales y ortomosaicos de gran resolución espacial. A partir de estos productos se pueden desarrollar distintas aplicaciones que permitirían un manejo sitio específico de la plantación y una mayor eficiencia en el uso de recursos. Es por tal motivo que la Escuela de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica ha planteado un proyecto de investigación que utiliza vehículos aéreos no tripulados para el monitoreo y manejo de plantaciones forestales. Este proyecto es el primero de su estilo que incursiona en la tecnología VANT y sus posibles aplicaciones. Aplicaciones desarrolladas
Desde noviembre del 2017 se han efectuado vuelos mensuales sobre una plantación de Gmelina arborea recién establecida. Con base en los productos generados a partir del procesamiento de imágenes se han realizado las siguientes aplicaciones:
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Actualidad a Uso de la tierra, monitoreo de actividades y cálculo de áreas. A partir de las imágenes se obtuvo información detallada sobre el uso de la tierra, localización de árboles remanentes, supervisión de actividades de establecimiento de la plantación y cálculo de áreas efectivas y netas dentro de la misma. Esta aplicación es la más sencilla pero permite evaluar desde otra perspectiva actividades cotidianas que se realizan en plantaciones forestales. b Conteo de árboles. A partir de las imágenes y de la creación de nubes de puntos se desarrolló un algoritmo que permite el conteo de árboles en plantaciones recién establecidas. Esta herramienta, desarrollada en conjunto con las escuelas de Ingeniería en Electrónica e Ingeniería en Computación del Tecnológico de Costa Rica, permitiría realizar muestreos para determinar la mortalidad inicial en el establecimiento de plantaciones cubriendo mayores áreas de forma más rápida (figura 1).
Figura 1: Conteo de árboles de Melina de 5 meses de edad por medio de una interpretación algorítmica de una ortofoto tomada con un drone Mavic Pro, Los Chiles, Costa Rica.
cc. Estimación de alturas. A partir del modelo digital de superficie y de elevación, se ha generado un modelo de altura del dosel que permite estimar las alturas de los árboles. Los valores estimados se han comparado con mediciones realizadas en parcelas permanentes en el campo con una vara telescópica. Algunos resultados se muestran en el cuadro 1.
Siguientes pasos
Un manejo silvícola de precisión requerirá de sistemas integrados que incorporen tecnología apropiada y oportuna para una mejor preparación de sitio, control de malezas, control de plagas y enfermedades y manejo de la nutrición entre otras. Ante tal panorama, el uso de cámaras multiespectrales y posterior cálculo de índices de vegetación aparecen como herramientas importantes para el diagnóstico, monitoreo y posterior manejo de la nutrición en plantaciones forestales así como de enfermedades forestales. Las aplicaciones descritas así como otros potenciales usos permiten realizar evaluaciones confiables sobre distintas actividades silviculturales dentro de las plantaciones. Al mejorar el proceso de evaluación, se pueden tomar mejores decisiones sobre el uso eficiente de los recursos y así mejorar la productividad forestal. El uso de vehículos aéreos no tripulados junto con técnicas de silvicultura de precisión ayudaría a los productores forestales a cumplir más fácilmente los requerimientos mínimos para optar por el pago por servicios ambientales (PSA), así como a cumplir con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) 2011-2020, la Estrategia REDD+, la mitigación del cambio climático y la carbono neutralidad del país. Coautores Edwin A. Esquivel Segura Ing. For. Escuela de Ingeniería Forestal, TEC Michael Garro Chavarría Ingeniero Forestal.
Cuadro 1. Estimación de alturas a partir de un modelo de alturas del dosel y comparación con valores de campo.
árbol
Altura vara telescópica (m)
Altura con drone
Diferencia de alturas entre métodos (m)
1
2,8
2,5
0,3
2
2,18
2,22
0,04
3
2,29
2,61
0,32
4
2,74
3,00
0,26
5
2,42
2,62
0,20
6
2,2
2,07
0,13
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Actualidad
Resistencia a los antimicrobianos:
un riesgo para la salud pública Benigno Alpízar Montero Médico Veterinario, Servicio Nacional de Salud Animal balpizar@senasa.go.cr Heilyn Fernández Carvajal Médico Veterinario, Servicio Nacional de Salud Animal hfernandez@senasa.go.cr
¿Qué es un agente antimicrobiano? Se designa a una sustancia natural, semisintética o sintética, que da muestras de actividad antimicrobiana (mata o inhibe el desarrollo de microorganismos) en concentraciones alcanzables in vivo. Se excluyen de esta definición los antihelmínticos y las sustancias clasificadas en la categoría de los desinfectantes o los antisépticos (OIE)”.
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L
a resistencia a los antimicrobianos (RAM), se produce cuando los microorganismos, sean bacterias, virus, hongos o parásitos, sufren cambios que hacen que los medicamentos utilizados para combatir enfermedades en humanos y animales dejan de ser eficaces. Las alarmas se encendieron cuando la resistencia a los agentes antimicrobianos presenta una amenaza sanitaria a nivel mundial y sus consecuencias, directas o indirectas, pueden perjudicar la salud humana y la sanidad animal. La propagación de la resistencia pone en peligro la medicina moderna, tanto humana como veterinaria, lo que se convierte en una responsabilidad compartida de todos los sectores involucrados, los que deben vigilar que se preserve su eficacia. Reconociendo la necesidad de una respuesta general y multidisciplinaria para combatir la resistencia a los antimicrobianos, en el 2006 el
Codex Alimentarius (Organismo Internacional, reconocido y creador de estándares, códigos de prácticas, y recomendaciones relativas a los alimentos) estableció un primer grupo de acción especial. Recientemente, en respuesta a la creciente atención mundial hacia esta seria amenaza para la salud pública, se instaló un segundo grupo de acción conformado por la alianza tripartita FAO/OMS y OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) que se enfocó en la elaboración de orientaciones para las organizaciones reguladoras de cada país, con base científica, para facilitar la gestión coherente de la resistencia a los antimicrobianos a lo largo de la cadena alimentaria. En noviembre del 2016 la OIE publicó la estrategia sobre la resistencia a los antimicrobianos y su uso prudente, alineada con el Plan de acción mundial de la OMS, que reconoce la importancia de un en-
Actualidad
foque “Una Sola Salud” que considere las necesidades de la salud humana, la sanidad animal, la agricultura y el medio ambiente. En la estrategia la OIE destaca el problema de alcance mundial que afecta la salud humana y sanidad animal, en la medida en la cual el uso de agentes antimicrobianos en los animales productores de alimentos, horticultura o en los seres humanos, contribuyen a la aparición de microorganismos resistentes a los antimicrobianos. Por lo que, la única forma de preservar la eficacia de los medicamentos en los animales es garantizar un uso responsable y prudente. Para ello, es indispensable contar con acciones coordinadas entre los sectores de la salud humana, sanidad animal, sanidad vegetal y la salud medioambiental, bajo el enfoque de “Una Sola Salud”. En cuanto al sector agropecuario, el uso de productos veterinarios y agroquímicos, incluidos los agentes antimicrobianos, es fundamental por las siguientes razones: • Garantizar el bienestar y salud animal y sanidad vegetal, teniendo en cuenta que las enfermedades de los
animales y productos agrícolas pueden generar pérdidas económicas de alta consideración. • Contribuir a la seguridad alimentaria, por cuanto el aumento de la población mundial induce un acrecentamiento de las necesidades de proteína animal de calidad, que se encuentran, por ejemplo, en los huevos, carne, leche, granos, semillas, etc. • Proteger la salud pública, debido a que más de un 60% de las enfermedades animales infecciosas son transmisibles al humano. Por estos motivos y más, los agentes antimicrobianos constituyen un bien público mundial y preservar su eficacia deviene algo crucial. Por ello, en concordancia con las acciones internacionales y regionales, Costa Rica se sumó a los esfuerzos para atender esta problemática mundial y ser parte de la solución. Con este objetivo, se conformó la Comisión Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos, con el fin de elaborar el plan de acción nacional de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, integrada por representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de
Agricultura, sector de salud animal, sanidad vegetal, Ministerio de Ambiente y Energía, hospitales públicos y privados, universidades y sociedad civil. Fruto del trabajo de esta comisión se elaboró el Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la Resistencia a los Antimicrobianos, el cual se estructuró replicando las siete líneas estratégicas internacionales de comunicación, formación, educación, vigilancia, investigación, prevención y control del uso y acceso. Por su parte el Servicio Nacional de Salud Animal formuló el Plan Operacional Pecuario de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos 20172022, en consonancia con los objetivos estratégicos del Plan de Acción Mundial y con las normas y directrices de organismos internacionales. El Plan responde a las necesidades del país, circunstancias y recursos disponibles. Mientras, en el sector agropecuario se están unificando esfuerzos para trabajar en una sola línea como parte de la coordinación nacional, con miras a fortalecer la gestión en aras de mitigar el riesgo de la resistencia a los antimicrobianos.
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Actualidad
Impulso en el uso de la madera en la licitación pública Lupita Vargas Fonseca Ingeniera Forestal lvargas@itcr.ac.cr
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osta Rica es uno de los primeros países a nivel mundial en optar por el desarrollo de una estrategia de carbono neutralidad en la que se busca armonía con el medio ambiente. Para conseguirlo, es necesario un estímulo en el uso de energías limpias, optimización de los procesos productivos y un cambio en la concepción de materias primas de bajo impacto al ambiente. Es la madera uno de los materiales óptimos para alcanzar la carbono neutralidad en el país gracias a su capacidad de ser un reservorio de carbono, material de bajo consumo energético de transformación y los residuos que genera son biodegradables o utilizables en sistemas productivos que dan un valor agregado. La madera, valorada como material carbono neutral, generaría un estímulo en el mercado de oferta y demanda nacional, dinamizando y estimulando el desarrollo de nuevas plantaciones forestales y su manejo eficiente con el fin de disponer de madera de calidad y finalmente el desarrollo de un mercado de comercialización con precio justo del material. Para ello es necesario que el Estado asuma un papel protagónico en el uso de la madera. Una excelente forma de hacerlo es incorporando en las licitaciones para el desarrollo de proyectos de bien social, el uso de la madera con fines constructivos, estructurales, estéticos, entre otros. También es necesario que los productores y distribuidores de madera tengan conocimiento para ofertarla de
forma óptima a las licitaciones que se publiquen. Conforme las proveedurías estatales y oferentes de madera tengan información similar del material, de los requisitos necesarios en los proyectos, de las propiedades y características de la madera, se podrá generar una dinámica de uso maderero en la licitación pública, y se contribuirá con el desarrollo de proyectos amigables con el ambiente, con el crecimiento del mercado de carbono neutral nacional y con un mayor beneficio a la sociedad costarricense. Ante esta necesidad surge el proyecto “Transferencia de capacidades a las proveedurías de instituciones estatales sobre tecnología de la madera cultivada en Costa Rica y sus normas de calidad”, con el objetivo de incentivar la participación en las licitaciones por parte de oferentes de madera que ofrezcan producto bajo los estándares de calidad y los requisitos del Gobierno. Con esta finalidad, se ha trabajado en capacitaciones teóricas y prácticas la trasferencia de conocimiento en temas de secado, preservado y normas de calidad de la madera a funcionarios de proveedurías del Ministerio de Hacienda, Instituto Costarricense de Electricidad, Caja Costarricense de Seguro Social y Ministerio de Educación, entre otros. En cada capacitación se explican terminologías básicas, técnicas, tecnologías y elementos que se deben considerar en el momento de desarrollar una licitación y evaluar el cumplimiento del material solicitado, todo ello mediante el análisis de carteles de licitación reales. El proyecto también ha integrado capacitación al sector ofertante de la madera con cursos complementarios, como el uso de la firma digital y de la
Coautores: Ing. For. Diego Camacho Cornejo • Ing. For. Juan Carlos Valverde Otárola Ing. For. Cynthia Salas Garita • Ing. For. Alexander Berrocal Jiménez
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plataforma del Sistema de Compras Públicas (SICOP), sistema en línea que se utiliza para las compras del Gobierno, en el que cada oferente de productos debe estar debidamente registrado, pero que en la actualidad son pocos los oferentes de madera nacionales que se encuentran inscritos. Proyectos como descrito permiten reactivar mercados potenciales para el sector maderero forestal, crear nuevos nichos de trabajo y de ingreso para los productores nacionales y sobre todo brindar materia prima que sea de utilidad para la sociedad y que su impacto ambiental sea menor en comparación al uso de metales, plástico o concreto. Es responsabilidad de las universidades abrir espacios de transferencia tecnológica que permitan el desarrollo de licitaciones que consideren la realidad del sector maderero y soliciten madera bajo condiciones reales y requerimientos de secado, preservado y calidad acordes al uso solicitado, incentivando el desarrollo de proyectos que utilicen madera, de forma tal, que no se corra el riesgo que esta falle, o se paguen sobreprecios en el uso de madera que cuente con tratamientos innecesarios y que generen la percepción de ser un material de alto costo. Proyectos de extensión que transfieran conocimiento preciso para el desarrollo de correctas licitaciones, acordes a las necesidades en sector constructivo y la capacidad del mercado nacional, en conjunto con el apoyo a oferentes en cuanto a conocimientos para colocar las ofertas, fomentará la participación en los concursos, capacidad de seleccionar al mejor oferente y generar mayor beneficio a la sociedad costarricense.
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ACTUALIDAD
El registro de agroquímicos
vuelve a ser el protagonista
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on la participación del nuevo jerarca de Agricultura y Ganadería, Lic. Renato Alvarado Rivera, el exministro de esa cartera, Dr. Luis Felipe Aráuz Cavallini, la Directora de Dirección General de Calidad Ambiental del MINAE, Licda Shirley Soto Montero y el directivo de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, Ing. Agr. Carlos Hidalgo Murillo, tuvo lugar un nuevo encuentro donde todos expresaron un “profundo lamento”, por el nuevo traspié del Reglamento para el Registro de Agroquímicos en Costa Rica. Con diferentes matices, los cuatro líderes coincidieron en el poco o nulo avance en el registro de moléculas de la llamada nueva generación, mientras que los agricultores continúan regando los campos con productos obsoletos, que en nada contribuyen a las explotaciones agrícolas y a la alimentación saludable y sostenible que exige la sociedad. También estuvieron de acuerdo en la urgencia de encontrar una solución al añejo conflicto que lleva más de 14 años ocupando el protagonismo en el sector agropecuario nacional. La jornada, organizada por la Liga Agrícola Industrial de la Caña la Caña de Azúcar, se llevó a cabo el pasado 30 de agosto, en Santa Clara, San Carlos. La introducción al tema estuvo a cargo del Ing. Agr. Marco Chaves Solera, quien subrayó que la agricultura nacional y el ambiente en particular y el país en general, son los grandes perdedores al no poder hacer uso de las nuevas moléculas. Según dijo es paradójico que mientras el país destina importantes recursos públicos y privados a la investigación agropecuaria, áreas tan importantes y sensibles para el proceso productivo integral como es el registro de agroquímicos, permanezcan “atrapadas en el tiempo”. “En la práctica poco se puede avanzar y lograr de manera sostenible en defensa y protec12 Germinar
Ana Lía Chacón Periodista Germinar achacon@ingagr.or.cr
ción del ambiente, si no se proveen las herramientas químicas y biológicas necesarias que coadyuven en trabajar efectivamente por alcanzar esa meta”, indicó. El último golpe al recién estrenado Reglamento para el Registro de Agroquímicos, publicado el 12 de enero del 2017, y puesto en vigencia en julio del año pasado, lo dio la Defensoría de los Habitantes, mediante un recurso de inconstitucionalidad presentado el pasado 11 de junio de 2018. Concretamente cuestiona las cláusulas que permiten utilizar información presentada en otros países para validación en Costa Rica. Una posición común para una solución necesaria
A lo largo de 14 años, en Costa Rica se han registrado únicamente 19 de 50 moléculas nuevas que se conocen en el mercado internacional; además hacen fila para resolución: 1773 expedientes de registros para reválida; 248 productos Ingrediente Activo Grado Técnico; 198 plaguicidas formulados y 9 Coadyuvantes. Con estas cifras, el Ing. Hidalgo afirmó que con la capacidad por expediente, al MINAE le tomará 21 años o más para resolver la presa de Ingrediente Activo; 17 años para los plaguicidas formulados y 148 años para los expedientes de reválida. Ante este panorama abogó para que los ministerios que intervienen en el registro de agroquímicos, (MAG, MINAE y SALUD), reconozcan los parámetros internacionales, no para copiar los que se usan en Europa, sino para evaluar el riesgo. También solicitó aplicar la normativa vigente, generar confianza entre autoridad y registrantes, una ventanilla única operando como equipo integrado y que se abran los espacios de diálogo para que los actores, con buena voluntad, puedan encontrar acuerdos.
La Licda. Soto recalcó que la función del MINAE es evaluar el riesgo ambiental. También presentó cifras, según las cuales, esa entidad recibe 87 nuevos expedientes por año, mientras que la capacidad para resolver es de 50 a 70 por año. Sin embargo, enfatizó que los atrasos se originan en que las empresas solicitantes no cumplen con toda la información, según el reglamento, generalmente basado en normativa internacional. Agregó que también están preocupados por la situación y dispuestos a contribuir a una solución y en esa medida propuso: mantener actualizados los documentos sobre requisitos, metodologías, clasificación y criterios de aceptación, al amparo de la resolución administrativa R-635-201; facilitar a las empresas la matriz de revisión preliminar de expedientes para registro de plaguicidas para que prioricen los trámites de interés dentro de las solicitudes pendientes de la misma empresa; convocar a las empresas para reuniones técnicas y recibir a expertos internacionales traídos por las empresas para análisis de casos específicos. El Dr. Aráuz negó rotundamente que el argumento de que el registro por incorporación aumenta el riesgo ambiental o a la salud. Afirmó que hay una lectura parcial del reglamento, posiciones que no reconocen el nivel científico de países desarrolla-
ACTUALIDAD
dos y desconocimiento sobre cambios recientes a la normativa. Por su parte, el Ministro Alvarado, apuntó directamente hacia la incapacidad institucional. “Tras casi 20 años el objetivo sigue sin lograrse y el agricultor sigue sufriendo lo mismo, por esa incapacidad institucional”, indicó. Su lanza también alcanzó a la Defensoría de los Habitantes, al afirmar que sin criterio, sin técnica y sin especialistas en el tema, interpuso un recurso contra el reglamento con insumos provistos por los órganos interinstitucionales y agregó: “pero si tenemos funcionarios que nos van a denunciar es muy raro y mientras nos autoflagelamos en los ministerios y la institucionalidad da vueltas como una tómbola, el problema sigue sin resolver y el objetivo sin alcanzar”. Afirmó estar dispuesto a resolver positivamente el conflicto para lograr el objetivo que es poner la tecnología a disposición del agricultor. “Queremos avanzar porque a los agricultores no les queda tiempo. “Los pueblos que han pasado hambre protegen su agricultura, y parece que en este país no hay preocupación por padecer hambre, porque piensan que los productos nacen en el refrigerador, todos los que trabajan la tierra son los que sufren para que los otros coman”, subrayó.
Propuestas
Un sistema institucional colapsado, con tiempos prolongados de respuesta a las solicitudes de registro, escaso personal calificado, ministerios que no se comunican, empresas que no cumplen con la información requerida, escaso diálogo entre autoridades y usuarios y un sistema de Ventanilla Única que no opera de forma integral, afloraron como las principales razones de la parálisis del registro de agroquímicos en Costa Rica. En este marco y dadas las buenas intenciones de los actores para dar pronta solución al problema, recogemos algunas propuestas planteadas por el Ing. Agr. Marco Chaves en una carta dirigida al Ministro de Agricultura, Renato Alvarado, el pasado 10 de setiembre de 2018.
• Aplicar la normativa vigente (Decreto N° 40059-MAG-MINAE-S). • Coordinar acciones integrales y no exclusivas de los ministerios que intervienen en el proceso. • Establecer espacios de diálogo entre autoridades y entre éstas y usuarios • Considerar otros modelos para el análisis de riesgos, así como la colaboración de expertos internacionales aportados por las empresas procedentes de sus casas matrices para el análisis de casos específicos. • Establecer un registro digital, alimentado por los usuarios con documentación vía electrónica y que los alerte sobre posibles incongruencias para que no tengan que trabajar sobre un depositario de documentos. • Reforzar DIGECA, con personal profesional calificado y con recursos financieros y logísticos. • Fortalecer el monitoreo de los posibles efectos ambientales originados por el uso de plaguicidas, para cumplir eficazmente con los objetivos de la evaluación ambiental y de protección de la salud. • Respetar el criterio técnico, a efecto de que no sea supeditado a aspectos legales y comerciales o exclusivamente ambientales. • Que las empresas comerciales cumplan, en tiempo y forma, con los requisitos que reglamentariamente se les exige. • Que el sistema de Ventanilla Única opere de forma integral.
De izquierda de derecha: Dr. Luis Felipe Aráuz, Ing. Agr. Carlos Hidalgo, Lic. Renato Alvarado y Licda Shirley Soto.
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Legislación
El derecho a la libre corta de las plantaciones forestales
y la importancia de contar con una definición de bosque equilibrada Alfonso Barrantes R. Ing. For., Director Ejecutivo Oficina Nacional Forestal abarrantes@oficinaforestalcr.org Sebastián Ugalde A. Ing. For., Gestor de Silvicultura, Industria y Comercio, Oficina Nacional Forestal sugalde@oficinaforestalcr.org
E
n los últimos doce años, las plantaciones forestales aportaron alrededor de 4,7 millones de metros cúbicos de madera aserrada. Agregaron valor por unos US$ 1.833 millones, de los cuales unos US$ 640 millones corresponden a empleo generado principalmente en las áreas rurales, es decir, cerca de 12.000 empleos directos permanentes. La inversión estatal en Pago por Servicios Ambientales (PSA) reforestación de 1997 a la fecha fue de unos US$58 millones. Es decir, se generan US$31 de valor agregado por cada dólar invertido, por tanto, el cultivo de árboles con fines productivos es una excelente inversión para el país. Según el Censo Nacional Agropecuario publicado en el 2014 por INEC, del total 2.406.418 Ha de las fincas agropecuarias, el 14,3% son áreas de reforestación. Existen 17.781 fincas con una superficie utilizada para la siembra de especies forestales igual que 96.968 hectáreas. Además, se contabilizaron 2.991.798 plantas dispersas. El Censo Agropecuario confirmó que teca y melina son las especies con más área plantada en el país. Los resultados generales muestran que teca posee 47.160 Ha y melina 18.235 Ha, ambas repre-
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La seguridad jurídica para un productor que decide plantar árboles con fines comerciales en su propiedad se fundamenta en saber que podrá cortarlos en el momento que así lo decida. El país cuenta con la prohibición al cambio de uso del suelo de bosque a cualquier otro uso desde 1997 fundamentándose en una definición de bosque que no debe cambiarse a la ligera.
sentan el 67,4%, es decir 65.395 Ha. El Informe de Usos y Aportes de la Madera en Costa Rica, Estadísticas 2017, publicado por la Oficina Nacional Forestal, estima que la industria de transformación primaria de madera, entre estacionarias y portátiles, procesaron en el 2017, 981.445 metros cúbicos de madera en rollo (m3-r). De ese volumen, 760.698 m3-r (77,5%) provienen de plantaciones forestales, 168,144 m3-r de terrenos de uso agropecuario (17,1%) y 52.604 m3-r de bosques (5,4%). Los beneficios socioeconómicos y ambientales antes descritos se generaron en primer lugar gracias a la decisión que tomaron los productores de plantar árboles con fines comerciales en sus fincas. Esta decisión de incursionar en un negocio de largo plazo depende de la certeza jurídica que garantice las inversiones. La Ley Forestal Nº 7575 generó ese marco normativo en su articulado haciendo una diferenciación entre los requisitos para cosechar los bosques (artículo 20) y los árboles cultivados, para los cuales en su artículo 28 se estableció el derecho a la libre cosecha, similar al del resto de los cultivos. Incluso como función esencial dispuso lo siguiente:
Legislación
“ARTÍCULO 1.- Objetivos. La presente ley establece como función esencial y prioritaria del Estado, velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables. Además, velará por la generación de empleo y el incremento del nivel de vida de la población rural, mediante su efectiva incorporación a las actividades silviculturales […] ARTÍCULO 20.- Plan de manejo del bosque. Los bosques podrán aprovecharse solo si cuentan con un plan de manejo que contenga el impacto que pueda ocasionar sobre el ambiente. La Administración Forestal del Estado lo aprobará según criterios de sostenibilidad certificados de previo, conforme a los principios de fiscalización y los procedimientos que se establezcan en el reglamento de la presente ley para ese fin.” ARTÍCULO 28.- Excepción de permiso de corta. Las plantaciones forestales, incluidos los sistemas agroforestales y los árboles plantados individualmente y sus productos, no requerirán permiso de corta, transporte, industrialización ni exportación. Sin embargo, en los casos en que antes de la vigencia de esta ley exista un contrato forestal, firmado con el Estado para recibir Certificados de Abono Forestal o deducción del impuesto sobre la renta, la corta deberá
realizarse conforme a lo establecido en el plan de manejo aprobado por la Administración Forestal del Estado”. No obstante lo anterior, como resultado de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la definición de bosque y el derecho a la libre corta de los árboles cultivados, la Sala Constitucional en su Resolución # 2007003923 del año 2007 resolvió lo siguiente: “Por tanto: Se declara con lugar la acción únicamente, por la omisión del artículo 28 de la Ley Forestal de establecer medidas precautorias que aseguren la protección del ambiente. Corresponde a la Asamblea Legislativa subsanar la ausencia de medidas precautorias, que aseguren de previo, la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 en tutela del ambiente, según lo señalado en la parte considerativa de esta sentencia” (La negrita no corresponde al original) A pesar de que la sentencia de la Sala Constitucional fue clara en que únicamente se debe asegurar la correcta aplicación del artículo 28, durante los últimos ocho años se ha intentado modificar la definición de bosque, artículo 3 inciso d) y artículo 28 de la Ley Forestal Nº 7575, primeramente con el Expediente legislativo N° 17.856 y en la actualidad con el Expediente N° 20605, Ley para la protección de las especies forestales mediante la reforma del inciso d) del artículo 3 y la adición de un artículo 28 bis a la ley forestal, Nº 7575. Con respecto a la adición del
artículo 28 bis, el proyecto de ley propone lo siguiente: “Artículo 28 bis- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, se requerirá permiso de corta cuando la tala de árboles, sean estos nativos o foráneos e independientemente de la naturaleza del terreno donde se ubiquen, pueda afectar los servicios ambientales que dichos árboles prestan en el sector donde fueron sembrados o generados naturalmente. Para tales efectos, la administración forestal del Estado deberá realizar una inspección previa en el terreno, a fin de garantizar que la autorización de corta, en caso de otorgarse, sea limitada, proporcional y razonable. En todo caso, el permiso estará condicionado a que el propietario o poseedor legítimo acredite la reposición del recurso forestal sobre una plantación establecida en su propio inmueble, en fincas desprovistas de vegetación propiedad de un tercero o en áreas protegidas. La administración forestal del Estado tendrá la obligación de coordinar, verificar y certificar el cumplimiento efectivo de dicha compensación”. (La negrita no corresponde al original). La ONF considera que es peligroso restringir la corta a las personas que plantan voluntariamente árboles para la comercialización de madera a través de plantaciones forestales en bloque, sistemas agroforestales, entre otros, ya que el fin principal de la reforestación comercial es obtener un ingreso por la venta de la madera cosechada. A Germinar 15
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continuación las principales consecuencias en caso de aprobar un proyecto de ley como el Expediente 20605: a Si se restringe la corta y se obliga a la reposición de los árboles cosechados, va a desincentivar la reforestación con fines comerciales, la cual además de ser una actividad económica importante a nivel nacional por la generación de empleo, representa una de las actividades que generan servicios ambientales, principalmente la absorción de carbono, además de la mejora de los suelos y protección del recurso hídrico. Tanto así, que es una de las categorías del Programa de Pago de Servicios Ambientales establecidas por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. b Actualmente, la corta de árboles que fueron plantados por el propietario no requieren de permiso ni de inspección por parte de un funcionario. Que pasa en un supuesto de que un agricultor siembra cinco árboles de teca en su cerca y quiere en 12 años cortarlo para obtener madera y su propiedad queda a 50 km de la oficina del SINAC más cercana. Es lógico hacer una inspección para la corta de 5 árboles de un funcionario del SINAC. ¿Sería responsabilidad del Gobierno multiplicar los costos y recursos para hacer este tipo de inspecciones? ¿Estos casos son los más comunes en el ámbito rural, cuántos recursos más de los que hay actualmente requerirá el Gobierno para inspeccionarlos todos?, ¿Requiere inspeccionar la corta de un ciprés, un laurel de la India, un pino, etc., en un parque urbano? c De acuerdo a lo antes citado, claramente se generará una disminución en el cultivo de árboles, ya sea con fines comerciales o no, por lo que va en detrimento de las políticas de Estado de descarbonizar la economía. Mucho se insiste sobre utilizar materiales sostenibles en nuestras construcciones, en este caso no dispondremos de madera, al menos producida por nuestros productores nacionales, incentivando la compra de madera importada. No estaremos siendo coherentes con lo que se predica.
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Adicionalmente, en el expediente se propone una nueva definición de Bosque, léase la siguiente: “d) Bosque: Todas las asociaciones vegetales compuestas predominantemente de árboles y de otra vegetación leñosa”. (La negrita no corresponde al original) La ONF considera que la modificación a la definición de bosque tendrá consecuencias nefastas para el uso del suelo en Costa Rica, especialmente para los propietarios privados, a continuación los principales impactos negativos: a Prácticamente cualquier terreno con presencia de algunos árboles u otra vegetación leñosa, sería un bosque. b A estos “bosques” les sería aplicable la prohibición de cambio de uso establecida mediante el artículo 19 de la Ley Forestal. De manera que si un propietario de un cafetal arbolado decide convertirlo en una plantación de caña de azúcar (algo muy común entre agricultores), estaría cometiendo un grave delito. c Con esta disposición los cafetales, cañales, cítricos, potreros arbolados y otros cultivos no podrían cambiar de uso de la tierra o sea no podrían dedicarse a otro cultivo, infraestructura, urbanización u otras actividades de desarrollo. d Para poder cosechar un árbol -extraer madera- en estos “supuestos bosques” se requeriría de un plan de manejo forestal, exhaustivo, complejo y costoso, indistintamente si se trata de uno o 5 árboles por hectárea, esto implica altos costos de requisitos y trámites engorrosos propios de la cosecha en bosques. e Por si fuera poco, el propietario o campesino que elimine su cafetal, cañal o potrero arbolado, o que realice labores de mantenimiento se haría acreedor de las sanciones señaladas en los artículos 61, 62 y 63 de la Ley Forestal (incluye sanciones de hasta tres años de cárcel). f El cambio en la definición de bosque tendría severas implicaciones en la
aplicación integral de la Ley Forestal Nº 7575, especialmente de los artículos 19, 20, 28, 60, 61, 62 y 63. En síntesis, la Ley Forestal Nº7575 trata de una manera diferente el tema de bosque natural que el de plantaciones forestales, ya que incluye mayor rigurosidad, restricciones, requisitos, seguridades en el control y tramitología, de la que se ha pretendido liberar a quien con sus propios recursos o con recursos estatales plante los árboles. Con la definición de bosque propuesta en el expediente se estaría incluyendo las plantaciones en el marco regulatorio de bosque natural en detrimento de la siembra y manejo de plantaciones forestales en el país. Adicionalmente, limitará significativamente el uso del suelo para la agricultura, ganadería, el desarrollo inmobiliario y por ende encareciendo la calidad de vida de muchos costarricenses que se ubican en las zonas con menor desarrollo humano del país. En virtud de lo anterior, debe descartarse cualquier modificación a la definición de bosque. El sector forestal no se ha cruzado de brazos. Desde el año 2015 nos opusimos de manera categórica a que se modifique la definición de bosque y propusimos una modificación al artículo 28 que incorpora las medidas precautorias para asegurar su correcta aplicación como lo solicitó la Sala Constitucional. Dicho texto fue acordado entre representantes de las instituciones del sector forestal, a saber: la Oficina Nacional Forestal, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la Cámara Costarricense Forestal, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con capacidades técnicas, científicas, académicas, fiscalizadoras y administrativas respecto al tema forestal y de protección del ambiente. Actualmente, este texto sustitutivo se encuentra propuesto en una moción que no ha sido conocida por los señores(as) diputados(as) en vista que este expediente no ha sido convocado.
La innovación no es casualidad
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egún Michael Porter (2010), la innovación es una de las mayores fuerzas de la competitividad ya que permite no solo generar una diferenciación con la competencia sino también, impactar positivamente a los clientes. Sin duda una estrategia empresarial basada en la innovación permite a las empresas migrar de lo que se conoce como un océano rojo a un océano azul. (Renée Mauborgne, W. Chan Kim, 2005). La innovación no es sencilla de generar, debe existir una respuesta clara a una serie de preguntas tanto a lo interno como a lo externo de las empresas. La innovación no es cuestión de impulsos o de adaptaciones. Esta se genera a partir de la sistematización de información que lleva a plantear un objetivo para resolver un problema o generar una necesidad antes no planteada. Industrias BioQuim Centroamericana, se ha retado a incluir dentro de su estrategia de negocio, incorporar la innovación como fuerza competitiva, sobre todo para aumentar su competitividad a nivel nacional y dada la expansión que ha tenido la empresa a nivel internacional.
Para lograr este objetivo, la empresa ha realizado alianzas estratégicas y outsourcing con el objetivo de llevar a cabo procesos de innovación y desarrollo. I+D Sercapex, es una empresa de base tecnológica que ha llegado a impulsar la innovación en BioQuim, permitiendo desarrollar el Proyecto IQ-BQ, el cual se basa en Inteligencia Química
para mejorar el impacto esperado de su portafolio de productos en la industria de producción agrícola. Es así, como a partir de la sistematización de información y la implementación de conocimientos científicos, se han desarrollado procesos de innovación incremental en productos de BioQuim para aportar mejores eficacias en el control de problemáticas agrícolas, tales como: control malezas y de la Roya del café, control de malezas, nemátodos y Sigatoka negra en banano, control de plagas, malezas y rastrojo en piña, entre otras aplicaciones. Mayores y mejores cosechas, se obtienen no solo con mayores inversiones, sino con inversiones inteligentes. IQ-BQ tiene como objetivo que usted como productor o ingeniero agrónomo mejore la eficiencia en el control fitosanitario de sus cultivos y con eso la rentabilidad agrícola. Consulte y evalúe usted mismo los efectos de los productos IQ-BQ en sus cultivos.
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innovación
Agricultura de precisión:
una realidad en la zona norte de Cartago Ana Lía Chacón Villegas Periodista Revista Germinar achacon@ingagr.or.cr
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Santiago Vega Víquez
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l Ministerio de Agricultura, por medio de la Oficina Regional de Tierra Blanca de Cartago, en alianza con el Tecnológico de Costa Rica, a través de la Escuela de Ingeniería Agrícola, impulsa un proyecto para el desarrollo de la agricultura de precisión. La iniciativa, conocida como Agricultura de Precisión en la Zona Norte de Cartago (Agriprex), se puso en marcha, hace dos años, en Tierra Blanca de Cartago, en la finca de 1.500 metros cuadrados de Santiago Vega Víquez, el agricultor modelo del proyecto. Según sus gestores, los Ingenieros Agrónomos Jairo González Zúñiga y Adrián Chavarría Vidal, del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Tecnológico de Costa Rica respectivamente, con este proyecto buscan dotar a los agricultores de la zona norte de Cartago, de herramientas para maximizar su producción y disminuir sus costos, pero además, una agricultura sostenible, mediante el uso eficiente del recurso hídrico, del suelo y la protección del ambiente. “El objetivo es apoyar a los agricultores con tecnología que les permita potenciar su producción, de forma competitiva y sostenible, económica, social y ambientalmente”, enfatizó el Ing. Jairo González. En Tierra Blanca de Cartago no solo se produce el 90% de cebolla y el 85% de papa para el consumo nacional. Es también aquí, donde los agricultores están perdiendo sus propiedades, casas y fincas, asfixiados por las deudas, porque los costos de producción son muy altos, mientras que los precios que reciben por sus productos son muy bajos. Por ejemplo, el costo de producir un kilo de cebolla es de 300 colones, mientras que el precio promedio que se le paga al productor, a lo largo del año es de 320, en la finca. Para el Ingeniero González, lo que resta competitividad a los agricultores, es la forma de producir, la que aprendieron y la que les vendieron. “Los problemas aquí son serios, el agricultor está inserto en un modelo de producción tradicional que no le es favorable, el que le vendieron y que lo ha hecho adicto al tratamiento químico, y no es que sea malo, es saber usarlo”. Con él coincide el Ing. Adrián Chavarría, quien agrega: “Aquí le enseñaron al agricultor a fertilizar vía foliar, con un costo muy alto, porque la nutrición que absorbe la planta por la hoja es muy baja. La raíz es el órgano capacitado para absorber la nutrición”, explicó. Agregaron que la forma de producir también impacta el suelo y el recurso hídrico. El agricultor hace uso ineficiente del agua, satura el suelo, creando condiciones óptimas para el desarrollo de plagas y enfermedades, por lo que de nuevo, recurre al abuso de plaguicidas.
innovación
“Es un círculo vicioso que no logra romper”, afirmó el Ing. González. Para ambos profesionales, las nuevas tecnologías aplicadas al campo brindan una oportunidad que puede transformar no solo la vida de los agricultores, sino también impactar positivamente el recurso hídrico, el suelo, el ambiente y la salud de los consumidores. “La oportunidad está en la agricultura de precisión, en potenciar la productividad, en ser más eficientes en el uso del agua y en ofrecer productor inocuos, de calidad para beneficio de los consumidores. Eso es Agriprex, y para ello utilizamos y mejoramos la tecnología disponible”, subrayó el Ing. Chavarría. A la par de la tecnología
Producciones altas y de calidad son factores fundamentales de una buena cosecha, lo que es posible si se trabaja con tecnología, si se tienen sensores que brinden información en tiempo real, sobre la humedad, agua y nutrición que requiere el cultivo. Dentro de los cambios implementados en la propiedad de Santiago, dedicada al cultivo de cebolla, destacan la adquisición de sensores que identifican humedad, necesidad hídrica y de nutrientes de la planta. También se pasó al sistema de nutrición aplicado a la raíz con el sistema de fertirriego y el control biológico. “Con esta tecnología se ajusta el volumen de agua y de nutrientes a la demanda del cultivo, permitiendo un importante ahorro en agua; pero además, se tienen plantas más resistentes a plagas y enfermedades, con lo cual se reduce el uso de agroquímicos”, explicó el Ing. Chavarría. Otras medidas aplicadas en la explotación de Santiago fueron el fertirriego mediante el sistema de goteo, replanteo del tamaño de las eras y el uso del plástico. “Enseñamos al agricultor cómo controlar la humedad del suelo, a darle a la planta lo que realmente necesita, a ser eficiente y competitivo”, aseguró González. La inversión en el proyecto fue alta por el costo de los sensores y materiales y se logró implementar con patrocinio de la empresa privada. Sin embargo, los resultados la justifican, ya que según explicaron, Santiago logró bajar los costos de producción y duplicar el rendimiento. Por ejemplo, bajó el costo de producir un kilo de cebolla, de 300 a 115 colones, mientras que pasó de producir 5.000 a 13.000 kilos de cebolla en sus mismos 1.400 metros cuadrados. La meta ahora, según el Ing. Chavarría es triplicar la producción. “Todo
esto está inmerso en el concepto de agricultura de precisión, que más que eso es agricultura de exactitud, porque es acercarse a lo que la planta requiere”, enfatizó. Otro plus que aporta la producción bajo este modelo, es la inocuidad del producto que llega a la mesa de los consumidores, “La salud no tiene precio y aquí no solo hablamos de la salud del agricultor, sino de salud pública al disminuir el uso de agroquímicos”, subrayó Chavarría. La cosecha se empieza a recoger tras dos años de implementada la iniciativa y así lo expresa con vehemencia Santiago. “Es difícil decirle a un agricultor que tiene que cambiar a sensores, invertir en equipo, porque la zona no está bien, la gente de campo ya no quiere producir y los padres le dicen a sus hijos que estudien porque la agricultura ya no da porque estamos solos. Yo aprendí a tener conciencia en el uso del agua, con el proyecto ahorré cantidades enormes de agua. Lo que ocupamos es apoyo, porque no queremos ser carga para el país, más bien queremos ser productivos. Yo no estoy pidiendo nada regalado, a nadie”. Problemas con soluciones
González y Chavarría afirman que el trabajo apenas comienza, porque el objetivo es llevar el modelo a todos los cultivos en la zona norte de Cartago e incluso en todo el país. “Con Santiago logramos demostrar que sí se puede, pero también aprendimos que necesitamos el apoyo de las instituciones y crear alianzas con la empresa privada. Como está planteado, este es un proyecto con contenido ambiental y de salud pública,”, expresó Chavarría. La siguiente fase de la iniciativa será la organización de los agricultores para la certificación y comercialización de los productos. Con estos instrumentos, los rendimientos y ahorros en agua, fertilizantes y agroquímicos, son significativos. Sin embargo, proyectar el crecimiento que tendrá en el país la agricultura de precisión es complejo, porque tal como lo explican los impulsores de Agriprex, se requerirá mucho apoyo institucional, la participación de la empresa privada y sobre todo, un cambio de mentalidad para trascender la agricultura tradicional. De lo que no queda duda es que el surgimiento de proyectos como Agriprex y el esfuerzo de profesionales como los Ingenieros González y Chavarría, ofrecen soluciones que pueden significar la mejor oportunidad para los agricultores de la zona norte de Cartago y para el país. Germinar 19
Desde el Colegio
25
años
DE REGENCIAS 1 FORESTALES
El modelo de fiscalización dio un giro importante con el tiempo, pasando de un enfoque meramente sancionatorio-inhabilitador del ejercicio profesional a uno que contempla capacitación, asesoramiento, divulgación de buenas prácticas y acciones preventivas a los regentes. Impacto
Xinia Robles Alarcón Ingeniera Forestal, Fiscalía Colegio de Ingenieros Agrónomos xrobles@ingagr.or.cr
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osta Rica ha logrado recuperar su cobertura forestal debido entre otras causas a varias iniciativas, leyes e instrumentos de política que se impulsaron como la prohibición del cambio de uso de la tierra (Ley Forestal); los instrumentos de fomento para la reforestación y el manejo de bosque natural (deducción al impuesto de la renta, Certificado de Abono Forestal, Certificado de Abono Forestal para Manejo de Bosque, créditos blandos) y el programa de pago por servicios ambientales (PSA); el sistema de áreas protegidas, la estrategia para combatir la tala ilegal (SINAC); el Plan Nacional de Desarrollo Forestal; los estándares para el manejo sostenible de nuestros bosques; acciones del sector forestal para posicionarlo en la agenda nacional de competitividad y la creación de las regencias forestales (Ley Forestal). En las regencias, es obligado subrayar el rol de los Ingenieros Forestales en general y de los Regentes Forestales en particular, que ha evolucionado de una supervisión poco regulada a una práctica profesional bajo fiscalización, con obligaciones y responsabilidades explícitas en el ejercicio de sus funciones, y cuyo ámbito de aplicación se amplió del aprovechamiento y reforestación, a la protección de bosques, implementación de incentivos en plantaciones forestales y supervisión de viveros forestales.
El Colegio y las regencias forestales
Las regencias forestales es un sistema en el cual además del regente están la Administración Forestal del Estado (AFE) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos (CIAGRO), que tienen la responsabilidad de controlar el recurso forestal y fiscalizar el ejercicio profesional, respectivamente. En julio de 1993, el programa de fiscalización tomó vida en el CIAGRO con la contratación de un profesional, financiado aproximadamente por dos años con recursos de la Dirección General Forestal y el Colegio. Desde entonces el Colegio ha inscrito alrededor de 95000 formularios de regencia forestal en las modalidades de aprovechamiento, reforestación, conservación y viveros. En los primeros años el promedio anual de formularios inscritos era de 1200, pasando a partir de 1998 a un promedio de 4000 por año. Según los datos de los últimos 8 años, el 64% de lo inscrito corresponde a aprovechamiento, 24% a conservación, 11% a reforestación y 1 % a aprovechamiento en bosque. Lo correspondiente a manejo de bosque y viveros representa un 0%. En cuanto a los procesos disciplinarios, principalmente y a lo largo de los veinticinco años, las 571 sanciones emitidas a 133 regentes forestales son de índole administrativa o por corta de árboles en áreas de protección.
1 La autora agradece los comentarios al texto de Alfonso Barrantes, Luis Ramírez, Hector Martínez y Ronnie de Camino
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Los regentes forestales son coadyuvantes en la función de la AFE, y los beneficios para el país se traducen en: a. empleo de la normativa forestal y reducción de la discrecionalidad de los funcionarios de la AFE b aumento de la capacidad de respuesta en el trámite de permisos de aprovechamiento y PSA, y por ende disminución de los costos por atrasos c. mayores fuentes de empleo para profesionales forestales d. promoción y facilitación de las actividades forestales de interés para los propietarios del recurso e. certeza del Estado, de que los recursos que se invierten en el pago por servicios ambientales se aprovechan eficientemente y para los destinos que se otorgan f. el comercio de la madera que se obtiene bajo prácticas apegadas a la normativa gana credibilidad en el país, ante otros países y/o mercados, lo cual aumenta su valor g. mayor cobertura en acciones de campo Ejemplificando estos efectos, se ha preguntado el lector ¿en cuánto se estima el costo por atrasos en la tramitación de la cosecha forestal? y en este caso, ¿cuál sería el costo que tendría un propietario por esperar a que llegue un funcionario del SINAC a hacerle la inspección para darle permiso para transportar la cosecha de una plantación? O bien, piensen en el otorgamiento del PSA con los propietarios esperando que SINAC o FONAFIFO les haga una inspección para girar los fondos.
Desde el Colegio
Según la ONF1, para el caso de los bosques, los atrasos y la burocracia aumentan los costos de trámite para la extracción de madera en aproximadamente 30%, esto implica cerca del 15% del valor final de la madera. Debido a la evolución del sector público en 1995, de la Dirección General Forestal al SINAC, en el 2000 desapareció la estructura formal encargada de la extensión forestal, el Departamento de Desarrollo Campesino Forestal. A partir de ese momento el Estado dejó de promover la cultura forestal a través de asistencia técnica y extensión forestal, y quien asume la tarea en el campo, según el Reglamento de Regencias Forestales, es el regente forestal. Por otro lado, con los cambios de enfoque, el Estado pasó de tener el control único de la aprobación, ejecución y supervisión, a compartirlo con los regentes y el Colegio. Las gestiones se han tornado más complejas al desagregar las competencias, ya que entran en juego otros actores. Las regencias forestales también se han convertido en una puerta de oportunidades a nivel internacional, siendo valoradas y consideradas por organismos de cooperación para financiar proyectos como REDD++ y otros que han contribuido con la reversión del proceso de deforestación, incluso algunos gobiernos han querido adaptar y establecer el sistema en sus países. Futuro de las regencias
25 años representa, por la experiencia alcanzada, un momento oportuno para revisar las lecciones aprendidas. A pesar de que la normativa establece los deberes y derechos de los regentes forestales, hay situaciones en las que su abordaje aún no es obvio y deberían de analizarse para enriquecer lo que hasta ahora hemos alcanzado: 1 Consistencia entre las políticas y normativa que propician la reforestación, el manejo de bosques y la conservación con la voluntad política de fomentar estas actividades y las asociadas, como industria y comercio. Sin producción no hay crecimiento económico. 2 Merecen especial atención los atrasos en la aprobación de trámites que lleva a cabo la AFE y los costos correspondientes. También es importante analizar el margen de libertad en la normativa que brinda “discrecionalidad irracional” a los funcionarios, motivo frecuente de atrasos. 3 La extensión y la asistencia técnica es una tarea conjunta que han de realizar regentes y fun-
cionarios públicos, con base en la política forestal del Estado. Trascendental analizar las obligaciones de ambos actores. 4 La normativa no limita la cantidad de proyectos que un regente puede realizar a la vez con calidad. En este punto habría que analizar, por un lado, un máximo posible de proyectos por regente y, por otro, cómo se pueden mejorar los honorarios por prestación del servicio. 5 El “regente tramitador” debe recuperar su rol de asesor forestal para los propietarios de plantaciones y bosques. 6 Los regentes carecen de confiabilidad y credibilidad por parte de los funcionarios de la AFE, a pesar de ser profesionales acreditados por el Colegio. Hay que revisar a qué se debe esta situación y cómo resolverla. 7 Es vital que los regentes conformen un bloque profesional propositivo, que revise y genere desde su óptica, su práctica y sus necesidades, las normas y reglas que rigen la regencia forestal. 8 La Ley Forestal destinó 2% del impuesto forestal para la fiscalización del CIAGRO. En el periodo fiscal 17-18 este monto cubrió 6% de la operación del Área Forestal. Bajo esta limitación y dada la inestabilidad en los ingresos por inscripción ¿cómo lograr mayor y mejor recaudación del impuesto forestal?, ¿a quién corresponde financiar o qué tipo de actividad debe financiar la fiscalización del ejercicio profesional de los regentes forestales? 9 Aunque tener contenido económico escaso no debe ser la causa para que la Fiscalía del Colegio innove y adapte el sistema a uno de mayor valor agregado, es mucho más complejo lograr un escenario mejorado. Es indispensable que las autoridades del Colegio dediquen esfuerzos para analizar esta situación y plantee soluciones viables. 10 Es imperativo que el sistema de regencias forestales someta a la mejora continua el conjunto de elementos que interactúan entre sí. El Colegio debe asumir el liderazgo y convocar periódicamente conversatorios. Es obligatorio acortar las distancias institucionales y lograr la articulación de los sistemas institucionales de información. 11 La ley no está escrita en piedra, ¿es posible mejorar el sistema sin corregir las leyes y sus reglamentos? Su revisión también está pendiente, a la luz del avance de la ciencia, la tecnología y los mercados. La normativa debe dejar espacio para ejercer la profesión con flexibilidad y adaptar el conocimiento.
2 BARRANTES, A. 2018. Comunicación personal basada en datos de tesis de Ing. Cristián Zúñiga (sin publicar)
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desde el suelo
Neutralidad en la degradación de las tierras:
¿Será posible para Costa Rica llegar a esta condición? Renato Jiménez Zúñiga, MSc.-Edafología Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo
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osta Rica corresponde al tercer país más pequeño de la América Continental, con 51.100 km2, de los cuales un 24% se encuentra bajo algún tipo de protección, según el mapa que para esos fines ha elaborado el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía. De acuerdo a esta realidad, nuestro país cuenta con alrededor de 39.000 km2 de tierras que presentan algún tipo de degradación de tierras, por erosión hídrica de suelos por usos no conformes a la capacidad de uso existente, por degradación física de los suelos causante de modificaciones sustanciales en su capacidad de almacenamiento, conducción y filtrado de las aguas, provenientes de su Ciclo Hidrológico de alta actividad, influenciado por la relación Suelo:Agua: Planta, en donde del uso que se practique a estas tierras, así será el comportamiento ecosistémico de la Biosfera que contiene todos los recursos naturales existentes. Por otro lado, factores fundamentales como la pendiente del terreno, la clase de suelo, el estado de la tierra y la condición climática imperante, de manera combinada, ejercen efectos negativos y positivos, una vez que la humanidad ha eliminado la cobertura natural de la tierra, para establecer agricultura intensiva y ganadería con pastos de diferentes orígenes, especialmente debido a las altísimas intensidades de las lluvias, durante la estación lluviosa. Para el caso de Costa Rica, la vertien-
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te del Pacífico engloba las tierras con intervención humana más intensa, desde la época colonial y moderna más reciente. Otras regiones, como la Norte, Caribe y Pacífico Sur, permanecieron por muchos años casi despobladas y no ha sido hasta avanzado el siglo anterior, que fueron ocupadas por poblaciones humanas que eliminaron el bosque natural, para establecer sus actividades de subsistencia y comerciales. Por otra parte, el Censo Nacional de 1954 informó que cerca de 950.000 personas constituían la población total de Costa Rica, mientras que hoy día, 64 años después, se reporta la existencia de 5 millones (sin considerar aquellas personas en estatus de migrante y los turistas que podrían llegar a más de 3 millones en total), por lo que la presión sobre los recursos naturales, se puede considerar muy fuerte. En este contexto, el Cambio Climático Global para Costa Rica, reportado por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), representa un riesgo para nuestra sociedad, especialmente de cara a los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos que han venido ocurriendo con gran intensidad, a partir de lo que se lleva del siglo XXI, y que incrementan la vulnerabilidad a la degradación de tierras. Con este panorama de riesgo activado, Costa Rica ha venido desde el año 2012 actuando desde diferentes frentes: • Comisión Asesora Sobre Degradación de Tierras (CADETI. Se han .impulsado
proyectos participativos con las comunidades de las cuencas hidrográficas piloto de los ríos Jesús María (37.000 ha) y Barranca (60.000 ha), en la búsqueda de una reversión de los procesos degradativos de las tierras. Además, desde el 2013, se trabaja en la implementación de más de 100 proyectos en manejo sostenible de tierras con financiamiento Global Enviromental Facility, por $3,4 millones, para incrementar la cobertura vegetal, el control de la escorrentía superficial, protección de fuentes de agua y reforestación. • Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo (ACCS). Ha desarrollado esfuerzos muy notables en la divulgación de la fragilidad del recurso suelo y de la urgencia de atender la problemática de su degradación. También, CADETI, en conjunto con la ACCS está trabajando arduamente en la consolidación de lo que será la Alianza Costarricense por el Suelo y las Tierras, en el convencimiento que es el momento propicio de aunar esfuerzos y producir sinergias que conduzcan a acciones y políticas concretas, que nos aseguren la neutralidad en la degradación de las tierras y por lo tanto, la conservación del suelo, de manera apropiada, para las futuras generaciones. Esperamos que la neutralidad en la degradación de tierras sea posible en los próximos meses y se convierta en una forma de vida para nuestra población y las instituciones públicas y privadas.
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