a las TIC, y sus efectos

En la actualidad el buen gobierno requiere legalidad, transparencia, buenas prácticas, centrarse en el ciudadano, transparencia, rendición de cuentas, y tecnología. Esta última debe estar enmarcada en una estrategia digital nacional integral en la que simplifica, agiliza y vuelve transparentes las operaciones, y genera registros que permiten a los ciudadanos vigilar al gobierno y presionarlo para ser cada vez mejor. Paz y buen gobierno son, también, parte de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (SDG) de la ONU, específicamente el no. 16 (United Nations, n.d.-b) “Paz, justicia e instituciones fuertes”; los SDG son un conjunto de objetivos acordados en la ONU para que cada uno de los países realice acciones que lleven a alcanzarlos en 2030. La tecnología y el derecho a saber contribuyen a este objetivo de manera decisiva. El derecho a saber es una piedra de toque para el ejercicio del derecho al buen gobierno. Sólo mediante la vigilancia constante de ciudadanos muy diversos es posible prevenir y corregir fallas y desviaciones de los gobiernos. Con base en datos, además, organizaciones y empresas pueden proponer mejoras y reemplazos a procesos ineficientes y opacos, y evaluar el impacto de aquellas propuestas que sean implementadas.

3.6. Derechos a Internet: acceso, banda ancha, derecho a las TIC, y sus efectos

Durante las décadas recientes, la expansión de Internet y sus beneficios ha dado lugar a preguntar si Internet misma debe ser parte de un nuevo derecho reconocido a nivel global. El consenso imperante concluye que, cuando menos, el acceso a Internet es ya condicionante del ejercicio de otros derechos, como la educación y la salud. Con el giro a Internet, el acceso a la información pública se sumó a esta “canasta básica”: si la información pública se difunde en Internet, si las solicitudes de acceso se hacen a través de sitios Web y portales, si el debate público alrededor de la información pública se lleva a cabo, en parte, a través de redes sociales y publicaciones en

T24

línea, y si la construcción de políticas públicas y proyectos privados mejora con información provista por el Estado, Internet se vuelve indispensable y carecer de acceso y las habilidades para utilizar esos servicios se convierte en un factor de exclusión. Algunos países, como México, han consagrado ya en sus instrumentos normativos alguna variante de este derecho, como por ejemplo en nuestro caso el derecho al acceso a telecomunicaciones de banda ancha. Este constructo es demasiado estrecho ante la amplitud y riqueza de los servicios y capacidades disponibles en Internet, pero, por otro lado, es suficientemente concreto (suponiendo que se defina “banda ancha” adecuadamente) para legislar y para construir políticas públicas. Aquí queda contenida una de las razones por las que no se ha extendido un “derecho a Internet”: ¿a qué se tiene derecho, más allá de la conectividad? En 2011 estaba muy clara la limitación de las expresiones oficiales globales de la ONU a este respecto: el acceso a Internet se concibe como un “facilitador”, un enabler (en inglés), para todos los demás derechos (Borg Psalia, 2011). Por ello, restringir el acceso a Internet restringe el acceso a los demás derechos, como lo señaló, también en 2011, el entonces Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión, Frank La Rue. En 2016 un cuerpo especializado de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, emitió una resolución no vinculante, la A/HRC/32/L.20 (United Nations, n.d.-a) que parte de la coordenada opuesta: ante la dificultad de definir un “derecho a Internet”, aborda el impacto sobre los derechos humanos que deriva de impedir o dificultar el acceso a Internet. El Consejo afirma que en línea valen los mismos derechos que fuera de Internet, por lo cual violarlos en línea constituye una violación de derechos humanos, con énfasis en la libertad de expresión. Reconoce el carácter abierto de Internet como una fuerza motriz en el desarrollo sustentable; y condena inequívocamente toda violencia en respuesta al ejercicio de derechos a través de Internet. Con otros de sus párrafos, esta resolución redondea una vehemente defensa de los derechos humanos en Internet y llama a

25 I