5.4. Colisión con la protección de datos personales

arbitrariedad, la discrecionalidad, el dispendio y las oportunidades de la corrupción. Más aún, una ciudadanía informada y consciente, con experiencia en el trabajo, la planeación y la administración, desea un cierto tipo de operación gubernamental y está dispuesta a proveerla si no puede imponerla. Exigirá en voz alta la rendición de cuentas y la transparencia. No se trata pues ya nada más de la adopción de una tecnología acá y otra acullá, sino de cambios sistémicos, de sistemas sociotécnicos complejos. El pensador y activo transformador de la realidad Nagy Hanna (Hanna, 2016) da cuenta de esta visión en sus textos. Todos los componentes de la transformación digital de la sociedad deben actuar en concordancia. No basta con el gobierno y en éste, no basta con el Poder Ejecutivo. Es importante considerar que la demanda de información gubernamental, así como de rendición de cuentas forma parte integral de la transformación.

5.4. Colisión con la protección de datos personales

En paralelo a las crecientes capacidades de las computadoras para procesar información de las personas, surgió una preocupación legítima sobre su posible mal uso. En Alemania, especialmente, el avance de los sistemas de información despertó ecos del abuso de la era Nazi, la persecución –en muchos casos hasta la muerte– de personas por su origen étnico, religión, ideología, discapacidad, creencias y otros factores de supuesta “inferioridad”, que obraban en documentos y expedientes y facilitaban identificar, con “pruebas” así como localizar, apresar y eventualmente asesinar a las víctimas de este abominable episodio de la historia. La respuesta fue la legislación que protege los datos personales contra abusos de las autoridades y de actores privados. A lo largo de pocas décadas se han reconocido y formalizado derechos a la vida privada, a la intimidad, y en particular a los datos personales, 96Tbajo doctrinas como la “autodeterminación informacional” y la preci sión de los derechos ARCO. -

Si bien numerosas entidades privadas capturan, almacenan y procesan información, el Estado tiene responsabilidades especiales con los datos que obtiene y que quedan a su cargo, ya que los ciudadanos tienen obligación de proporcionárselos o incluso es el propio Estado quien los genera al otorgar una licencia o un pasaporte, al hacer un registro de empresas o propiedades, hacer una adquisición o contratar a un funcionario. De ahí que las prácticas de protección de datos hayan empezado con reglas de baja jerarquía en el gobierno y en cambio el proceso para producir legislación sobre los datos en posesión de particulares haya tenido que seguir un camino más tortuoso hasta su actual, relativa, convergencia. La protección de datos personales planta algunas barreras a la información pública y genera debates importantes alrededor del derecho a saber, y su contradicción o coexistencia con los derechos de la privacidad. ¿Hasta dónde llega el interés de los usuarios cuando se trata de la información sobre los sueldos de los funcionarios públicos? ¿Hasta dónde, respecto a su patrimonio y su vida personal? ¿Qué balance existe entre la privacidad y el interés público de conocer la identidad y relaciones familiares entre los receptores de subsidios públicos a través de programas para el desarrollo individual y social y para el avance de la economía? Dirimir estas cuestiones ha sido una pugna constante y evolutiva. La acompañan por un lado capacidades y tecnología para anonimizar información y para tratarla en agregados estadísticos que siguen siendo significativos para vigilar la acción del gobierno, y por otro, técnicas estadísticas y computacionales para des anonimizar información así tratada. En casos específicos periodistas y otros investigadores han podido revelar la identidad de funcionarios públicos sometidos a ciertos tratamientos médicos y de allí han deducido condiciones de salud que dichos funcionarios no habían publicado. El balance de riesgos en esta materia también es dinámico. Recientemente ha surgido otro interesante ángulo de análisis, que problematiza la relación entre derecho a saber y privacidad. Las le97 Iyes y políticas públicas de Acción Afirmativa, como las que conducen a la equidad de género en la representación política, o al acceso de