6. Tecnologías y modelos de la información

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En este capítulo vamos a correlacionar las tecnologías de información con las formas en que facilitan el acceso a la información y el cumplimiento del derecho a saber. Para ello, convergen las líneas narrativas de los anteriores: derechos, tecnologías, e interacciones con la sociedad. En este nudo o nexo está concentrado el impacto deseado del presente texto. Seguimos de nuevo un orden aproximado de evolución histórica, no tanto por interés en la historia misma sino porque representa la evolución de las capacidades tanto de las instituciones como de la ciudadanía. De nuevo enfatizamos que el enfoque está más centrado en la herramienta de análisis, en la información que sirve para evaluar y proponer, que en la simple consignación de hechos y datos. Uno de los ejes de análisis de este capítulo es el grado de centralización o descentralización de los acervos de información, de los demandantes de acceso a ella, y de las herramientas de análisis. En este punto es imprescindible preguntarnos quién es el sujeto del derecho a saber y sobre todo, cómo actúa para ejercerlo. Desde luego la respuesta inmediata es “ciudadanos y ciudadanas” o “ciudadanía”, y quizás más allá, todos los seres humanos si incluimos a la niñez y juventud que no están legalmente en condiciones plenas de ciudadanía pero son sujetos de derechos. Además de esta respuesta inocente, el acceso a la información se exige y ejerce a través de varios medios: las búsquedas de

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información, las solicitudes de información, la academia, las consultorías, las organizaciones de la sociedad civil , los think tanks, los sindicatos, los partidos políticos, y, de manera especialmente destacada, la prensa. Este listado tiene un impacto práctico en el diseño de sistemas de acceso a la información pública: en primer lugar debe considerar las necesidades de cada uno de estos tipos de usuarios y la orientación y propósito de sus solicitudes; en segundo, es importante estudiar cuidadosamente los casos de uso y requerimientos de cada uno para diseñar la arquitectura de la información, las interfaces, el dimensionamiento de los sistemas; en tercer lugar, se necesita identificar, evaluar y administrar los riesgos correspondientes; y en cuarto, se debe recurrir a todos ellos para valorar y retroalimentar la evolución continua de los sistemas. Algunas evaluaciones son facilitadas por la misma tecnología, bien sea por encuestas en los mismos sitios al terminar las consultas, bien por las métricas analíticas que los mismos servicios pueden proveer, como contabilizar las páginas más visitadas, los trámites más frecuentes, las consultas más usuales, y en todos ellos también las fallas, interrupciones y quejas más comunes. La relevancia creciente del derecho a saber y su ejercicio a través de esta multiplicidad de actores debería llevar también a que el diseño de los sistemas de información gubernamental considere al acceso como una variable fundamental, tanto como puede serlo la integridad de la información, la eficiencia operativa o la seguridad. Éste es uno de los impulsos para los datos abiertos y gobierno abierto que describiremos dentro de unas cuantas páginas. Entre las hipótesis de diseño, entonces, deberán estar también las condiciones en que se encuentran estos distintos tipos de usuarios y su modo de acceder a la información. Si por un lado tenemos una prensa, una academia, y algunas organizaciones civiles bien equipadas en cómputo, conectividad y competencias, en otro extremo del espectro tenemos usuarios necesitados de información 104T vital, pero equipados con teléfonos móviles de baja capacidad, acceso a las redes intermitente en el mejor de los casos e inestable