en el soporte y para el ciudadano

y deficiente, y nulo entrenamiento informático, legal y estadístico. La brecha digital –la diferencia de recursos de cómputo y redes entre la población mejor equipada y la más marginada– se traduce en una profunda división en el ejercicio del derecho a saber. Una estrategia o agenda digital integral a nivel nacional o subnacional debe apuntar a solventar este punto. Algo hemos apuntado ya en la sección sobre Transformación Digital.

6.1. Back office y front-end, o Tecnologías de Información en el soporte y para el ciudadano

Hay diferencias importantes entre las tecnologías de información que los gobiernos utilizan para obtener, almacenar y procesar la información pública, y los muy diversos esquemas y productos tecnológicos que quedan en manos de los ciudadanos para, a su vez, acceder a la información, construir sentido a partir de ella, y exigir las consecuencias de la rendición de cuentas y de prosperidad que la información pública permite. El gobierno en general maneja grandes sistemas de información, con exigencias de integridad, permanencia prolongada, volumen de almacenamiento y de transacciones, seguridad, disponibilidad, trazabilidad, y en lo posible una buena experiencia de usuario. Distinguimos entre requerimientos llamados “funcionales”, como las operaciones que deben realizar, el tamaño de los archivos y el número de transacciones por unidad de tiempo a los que pueden responder, y “no funcionales” como la seguridad o la experiencia de usuario. Se distingue también entre los sistemas en que reside y se procesa la información, a veces denominados back office (oficina trasera, parte no accesible al público en las oficinas), y los que proveen interacción con la información ya sea para usuarios del propio ente gubernamental que los opera o para los usuarios externos (front end o parte frontal). Daremos más detalles en las siguientes secciones. 105 IDel lado de la ciudadanía observamos computadoras personales y portátiles, tablets y teléfonos móviles, las apps, los “cubos”, la

Inteligencia Artificial, los scrapers y muchas otras tecnologías que permiten a los ciudadanos extraer, validar (o refutar) y procesar la información pública (y que también describiremos más adelante). Por otra parte son clave las tecnologías y modos de usarlas que se encargan de archivar, rastrear, validar, y hacer localizable la información; son indispensables para que las primeras funcionen. En el corazón del acceso a la información pública está la información misma, aunque parezca una perogrullada; no hay acceso a la información si no hay información y la calidad de ésta determinará la calidad de los resultados de su uso. En el corazón del uso de la información pública está la posibilidad de acceder a ella. No sirve a la ciudadanía si está bajo llave, si sólo algunos usuarios dentro del propio gobierno pueden conocerla. En el corazón de la posibilidad de acceder a la información pública, entonces, está aquello que permita rastrearla, es decir, las tecnologías orientadas a la “trazabilidad” o posibilidad de rastrear la información, los documentos que le dan soporte, y la historia de los orígenes de los datos y las ediciones y modificaciones de la información. Para las solicitudes de información pública de los ciudadanos es indispensable poder saber qué información existe, para que las instancias gubernamentales no puedan negar su existencia o aducir que la desconocen y es importante también que esta información sea fácil de encontrar, de manera directa y exhaustiva, para que no puedan aducir que no les ha sido posible encontrarla, dos de los argumentos o pretextos más comunes para negar o retrasar el acceso a la información pública. Es fundamental, entonces, la gestión documental. Aunque es una tecnología –o conjunto de tecnologías y prácticas, para mayor precisión– invisible para el ciudadano que consulta información pública, es la columna vertebral de los sistemas. Las mejores implementaciones deben contribuir eficazmente a la “trazabilidad” o posibilidad de rastreo de todo lo que puede afectar a un documento: origen desde los borradores, cambios y ediciones, “redacciones”

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para ocultar datos por motivos como políticas de confidencialidad o protección de datos personales, y fechas y horas precisas de todas las operaciones para poder establecer una línea de tiempo confiable en una investigación. De aquí también surge una necesidad de que los sistemas de gobierno tengan referencias de tiempo normalizadas, confiables e interoperables, y la aplicación de normas técnicas y legales para la preservación y autenticación de documentos y transacciones. Llegado el momento estos componentes se vuelven esenciales en la resolución de reclamaciones y litigios. En lo que hace al derecho a saber, es hora de reiterar que no se trata solamente de “saber lo que el gobierno hace” (o tiene, recauda, o gasta), sino de “saber lo mismo que el gobierno sabe”, se refiera o no al propio gobierno; ése era el mandato de los emperadores chinos, el motivo de la publicación del boletín del Estado: que los ciudadanos pudieran tener la misma información que tenía el gobierno acerca de cualquier tema, con las aceptadas restricciones para preservar los secretos de Estado. Los usos de la información no pueden ser conocidos, previstos ni prescritos únicamente por el gobierno. Son los ciudadanos, los académicos, las organizaciones así como las empresas, y desde luego la prensa, quienes pueden saber y descubrir nuevas preguntas, nuevos ángulos de análisis, nuevas formas de apropiación y explotación del conocimiento, diferentes niveles de agregación –de grano más fino o de trazo más grueso– de tendencias espaciales, temporales o a lo largo de cualquier otra coordenada. Mientras el uso que se haga de la información sea legal no toca al Estado ni a los órganos autónomos que forman parte de éste ninguna otra obligación que la de proveerla. Las empresas y el complejo ecosistema que las rodea utilizan la información disponible públicamente para conocer mejor su entorno y proyectar sus acciones a futuro. Un análisis de competencia para ingresar a nuevos mercados, la due diligence (“diligencia debida”,

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