6.16.El poder judicial y la justicia abierta

6.16. El poder judicial y la justicia abierta

El acceso a la justicia es una función fundamental de todo gobierno; sin embargo, el Poder Judicial no suele ser una consideración de primera línea en los trabajos sobre derecho a saber, en cierta medida debido a que la interacción ciudadana con el Poder Ejecutivo es más constante y atrae mayor atención. En gran parte de América Latina, al menos, la independencia del Poder Judicial ha sido limitada, estando sometido a los designios del Ejecutivo. Sólo en décadas recientes ha ganado un nuevo protagonismo. Entre otros factores, es la propia exigencia de la sociedad de que el Ejecutivo rinda cuentas lo que ha fortalecido al Judicial, ya que con cada vez mayor frecuencia se litiga contra el gobierno o contra funcionarios, es decir, se judicializa también la acción de la sociedad civil en pos de un mejor gobierno. Como referencia general para esta sección puede consultarse el informe “Observatorio de Justicia Abierta 2019” (Cortez Salinas & Saavedra Herrera, 2020). La aplicación del derecho a saber en el poder judicial tiene algunas limitaciones naturales importantes en un país civilizado: la presunción de inocencia y el debido proceso impone necesariamente exigencias singulares. Faltar a estos principios pueden conducir a violaciones de derechos humanos, a daños irreversibles para las personas, y a viciar los procesos en detrimento de alguna de las partes. La persecución y efectiva penalización de delitos puede requerir sigilo judicial, guardar el secreto de las investigaciones para no alertar inoportunamente a quienes han cometido delitos y dar lugar así a que escapen de la acción de la justicia. Aun con esas restricciones, es posible elevar el nivel de transparencia en la información y acción, y la rendición de cuentas efectiva de los integrantes del poder judicial, pues, por otra parte, la sociedad necesita la certeza de que sean impecables en sus decisiones. La sociedad necesita vigilar al poder judicial contra los incentivos perversos que podrían conducir a la corrupción de jueces y otros actores de la 149 Ijusticia; el riesgo humano de errores y decisiones mal informadas, o basadas en criterios obsoletos en un mundo en rápida transformación

tecnológica y social; la posibilidad de la discriminación y el prejuicio, no forzosamente conscientes; la arbitrariedad y discrecionalidad; la aplicación selectiva de la justicia; y los efectos, inevitablemente humanos, de factores como la enfermedad y la fatiga. El uso de tecnologías de información permite a las sociedades modernas avanzar en todos estos frentes aun sin intervenir directamente en forma indebida sobre el proceso mismo de estudio y deliberación de los jueces. Los retos son aún mayores en tanto que la apertura hacia una creciente transparencia es concurrente, en México, con cambios fundamentales en la filosofía y las leyes aplicables a los juicios orales, y la gradual penetración del profundo cambio filosófico que significa la anteposición de los derechos humanos a todo otro precepto legal. Se multiplican así las necesidades de vigilancia de la sociedad. El impacto de la tecnología en la transparencia judicial sigue, como en el caso del ejecutivo, la trayectoria de la modernización e incorporación de tecnología en el propio sistema. A partir de las primeras experiencias en el ejecutivo, además, se sabía ya que la tecnología puede –si se diseñan adecuadamente las intervenciones– contribuir no sólo a la eficiencia de los procesos sino a disminuir la arbitrariedad y la opacidad que pudiera existir en ellos. Cuando un proceso se realiza sin intervención directa de un ser humano, se reducen las posibilidades de exacción. En los procesos de modernización judicial, por ejemplo, se debe tomar en cuenta la gestión del cambio en toda la organización, con especial atención en los actores más vulnerables a la corrupción y otras posibles distorsiones de la justicia. La eficiencia en la procuración de justicia no sólo es importante como un fin en sí misma, sino como un medio para que la justicia sea mejor en tanto que pronta, expedita, confiable, predecible, transparente y certera. Un patrón recurrente en procesos de modernización apunta a los notificadores (actuarios de los juzgados, por ejemplo) y las posibilida150Tdes que éstos tienen de manipular horarios e informes en la entrega