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El pueblo quiere una nueva Constitución

Una jornada histórica vivió Chile el 25 de octubre. Sin detenerse por la pandemia global que vivimos, el electorado otorgó una contundente preferencia del 78% a la opción “apruebo”, con lo que decidió terminar con la Constitución establecida en los tiempos del régimen militar de Augusto Pinochet

Lejos quedó el supuesto clima de polarización que los medios de comunicación presentaron en los últimos meses, a través de algunos liderazgos políticos y representantes de grupos empresariales. Desde temprano y antes de que se cerraran las votaciones, miles de personas se dieron cita en Plaza Italia, ahora renacida como “Plaza de la Dignidad”, donde tradicionalmente el pueblo chileno se concentra para celebrar triunfos deportivos o manifestarse contra medidas impopulares. Una vez escrutadas el 25 % de las mesas, el presidente Sebastián Piñera junto a su equipo ministerial reconoció el triunfo del conglomerado opositor y se dirigió al país desde el Palacio de la Moneda comentando: “Hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, pacífica y participativa. Es un triunfo para los que amamos la democracia, la unidad y la paz, que nos debe llenar de esperanza”. Además, expresó que el plebiscito fue el resultado de un acuerdo promovido en conjunto con todas las fuerzas políticas tras las protestas violentas registradas desde octubre del año pasado.

Si analizamos con mayor precisión los resultados de la votación, vemos que la opción “apruebo” se impuso en todo el país, salvo en cinco de las 346 comunas donde se votó. Tres de estas cinco se encuentran en la región metropolitana de Santiago y son las comunas con el ingreso más alto de todo el país. Estos datos nos muestran temas asociados a la segregación y concentración territorial de las élites económicas.

Ese domingo electoral, miles de personas se congregaron a lo largo de todo Chile festejando esta histórica votación. Humberto Pavez, kinesiólogo, expresó emocionado: “Anoche no dormí nada pensando en lo que se jugaba. Me levanté temprano para ver los resultados del voto en el extranjero y ya llegaban buenas noticias. Me emocioné al votar, por todo lo que significa este proceso”.

Por su parte, a pesar de que su opción no fue la ganadora, el historiador Isaías Rivera aceptó los resultados y agregó que le sorprendió el categórico triunfo del “apruebo: “Ahora se vendrán las votaciones de los constituyentes y es de esperar que se elijan las personas adecuadas para poder lograr la anhelada paz social que merece este país”. Alejandra Vásquez y Pablo César Herrera Navarro (desde Chile)*

*Colaboraron en el artículo miembros del equipo de Ciudad nueva en Chile .

Chile entró en la fase constituyente

La Carta Magna actual en el contexto en que fue redactada y aprobada y cómo sigue el proceso de redacción de la nueva en este aporte del corresponsal de Ciudad nueva en Chile

La opción de reescribir la ley fundamental que rige el país fue apoyada por la gran mayoría de la población, como lo indicaban desde hacía tiempo las encuestas. En cambio, debía establecerse qué opción se afirmaría: si una Asamblea Constituyente elegida al 100 % por voto popular o la opción mixta (50 % miembros del Congreso, 50 % electos para ese fin).

Intuitivamente, el desprestigio del que gozaba el Parlamento permitió prever lo que sucedió, aunque no con una brecha tan amplia. La Constituyente hará historia porque será la primera paritaria a nivel mundial. Es decir: de los 155 miembros, la mitad más o menos uno serán mujeres y el resto, hombres.

La pandemia del Covid-19 no facilitó el acceso a los locales de votación, pero tampoco impidió la participación de los votantes: se estima que poco más de la mitad de los 14 millones de habilitados fueron a sufragar.

Con este paso adelante, los chilenos comenzaron a poner fin a una Constitución que nació con un vicio irremediable de legitimidad: el de haber sido impuesta en 1980 en pleno régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Cabe recordar que, según las estimaciones del Dossier Retting, las víctimas del terrorismo de Estado en esa época fueron más de 31.600, de las cuales más de 28.000 fueron torturadas, 3.227 personas fueron asesinadas (1.102 de ellas continúan desaparecidas), unas 200.000 prefirieron -o se vieron obligadas a- tomar el camino del exilio, y un número indeterminado pasó por los centros clandestinos de detención, entre ellas, la dos veces presidente de la República, Michelle Bachelet, su madre y su padre, éste último asesinado. La Constitución de Pinochet tenía un doble propósito: garantizar, gracias a un peculiar sistema electoral, una representación parlamentaria desproporcionada de los sectores políticos cercanos a él, y establecer un tipo de orden social y económico difícil -si no imposible- de modificar sin el voto de la derecha, mediante un “candado” de cuórums especiales. En ese texto, si bien se señala el bien común como un deber del Estado, se incluye el valor de la persona humana y el derecho a la igualdad de oportunidades y se deduce la presencia del principio de subsidiariedad. De hecho estos principios se enmarcaron de manera reductiva, de modo que, por ejemplo, el derecho de propiedad se entendía de manera absoluta y no en función del destino social de los bienes. De los documentos de la comisión que redactó el texto constitucional, de hecho, se desprende un uso sutil de este reduccionismo, que tenía como objetivo obtener el consenso del área católica centrista. La Constitución vigente fue, por tanto, el pilar sobre el que se construyó un modelo económico que incrementó las desigualdades de forma tan injusta e inhumana que en última instancia terminó provocando, en octubre del año pasado, una fuerte protesta social, que desde entonces nunca disminuyó. Los arquitectos de este modelo, lamentablemente, fueron economistas de la Universidad Católica de Santiago, dedicados a las teorías neoliberales. Hasta la fecha, ninguno de ellos (y varios fueron ministros de Pinochet) se ha distanciado de esa experiencia.

No es casualidad, por tanto, que, luego de un mes de protestas, las voces que pedían una nueva ley fundamental del Estado tomaran forma y, de abajo hacia arriba, se impusieran efectivamente al poder político, provocando grietas incluso en las derechas, porque un sector importante de estos partidos comprendió la necesidad de un nuevo pacto social. Una situación embarazosa para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, al principio contrario a la idea, luego dispuesto a realizar una reforma a cargo del Parlamento y que, finalmente, admitió la solicitud de un referéndum popular.

La Asamblea Constituyente, entonces, se conformará por votación popular y permanecerá en el cargo durante nueve meses prorrogables a otros tres. Tendrá el único mandato de redactar el nuevo texto constitucional a partir, como se dice, de una hoja en blanco. Un segundo referéndum tendrá que avalar o rechazar más adelante el texto propuesto. En el improbable caso de que sea rechazado, permanecerá en vigencia la Constitución actual (sin perjuicio de las reformas que pueda incorporar el Congreso Nacional como lo ha hecho hasta ahora).

Será un debate largo, durará hasta el 2022. Pero también será una fuerte experiencia de democracia en acción, alimentada por la esperanza de alcanzar un pacto constitucional más justo, diseñado para el beneficio de todos y no solo de algunos. Alberto Barlocci