Un futuro par a l as víctimas del conflicto armado en Colombia
de 2021 se redujo en un 56,2 %, al pasar de $ 1,6 millones/víctima en 2012 a apenas $ 0,7 millones/víctima en 2021, excluyendo los recursos del SGP, o en un 41,4 % si se incluyen estos recursos, al pasar de $ 2,9 millones/ víctima en el 2012 a solo $ 1,7 millones por víctima en el 2021. ▶ Los recursos financieros, descontando los del SGP, se han distribuido
entre los rubros de asistencia y reparación, comoquiera que a ellos se canalizaron $ 23,0 billones y $ 23,2 billones, respectivamente. Resalta sí la alta participación de los costos institucionales que ascendieron a $ 9,9 billones y representaron el 16,9 % de los totales, cifra que a juicio de esta Comisión puede indicar la presencia de una exagerada burocracia y una baja eficiencia en el manejo de los recursos. Raras veces los costos administrativos de cualquier programa superan el 10,0 % de su costo total. A este respecto, el análisis de la eficiencia y la eficacia en el manejo de los recursos sobre las medidas de retornos y reubicaciones, ayuda humanitaria, reparación colectiva, restitución de tierras, vivienda, indemnización administrativa, generación de ingresos y empleo de la política pública de víctimas adelantado por la Contraloría General de la República (CGR, 2021) concluyó que, entre 2012 y 2020, $ 1,1 billones de pesos fueron asignados y no ejecutados y que los recursos no obligados que impidieron el acceso de bienes y servicios a los beneficiarios durante las vigencias correspondientes alcanzaron la suma de $ 3,8 billones. Dichas deficiencias se presentaron principalmente en las vigencias de los años 2018, 2019 y 2020. Esta última representa el 51 % de los recursos no comprometidos de todo el periodo examinado (nueve años) y las de los tres en conjunto corresponden al 76 % de los recursos no obligados. Además, la actuación especial de fiscalización adelantada por la CGR a la UARIV en el 2021 sobre el periodo 2012-2020 detectó un conjunto de irregularidades en los pagos de indemnización y ayuda humanitaria. Específicamente, encontró ocho hallazgos administrativos, de los cuales cuatro (4) tienen connotación fiscal por $ 665.536.446,52, seis (6) por presunta incidencia disciplinaria, cinco (5) por presunta incidencia penal, uno (1) con solicitud de apertura de indagación preliminar y uno (1) con solicitud de proceso administrativo sancionatorio fiscal, que serán trasladados a las autoridades competentes.
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