Un futuro par a l as víctimas del conflicto armado en Colombia
el retorno de los campesinos a los predios abandonados forzosamente sin acompañamiento estatal ni formalización de la propiedad, los problemas de inseguridad en varios territorios del país que han impedido su microfocalización, la reducida utilización de la facultad que le otorgó la Ley 1448 de 2011 a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para iniciar de oficio los procesos de restitución de tierras, y las amenazas y homicidios que ocurren sobre los reclamantes de tierras. ▶ Resulta preocupante que casi dos tercios (64,9 %) de las solicitudes
de restitución tramitadas en la fase administrativa hayan sido negadas. Son muy inquietantes los resultados de una investigación realizada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) sobre las solicitudes negadas, en la cual se encontró, con base en una muestra representativa, que entre 2011 y 2020 el 52 % de las decisiones se emitieron sin acometer el estudio individual de cada solicitud para la inclusión del predio en el RTDAF. Además, según una muestra representativa conformada por 894 solicitudes negadas en el año 2019, se procedió a revisar los actos administrativos y resultó que solo en 178 casos (el 29 %) la decisión adoptada se ajusta a la normatividad existente. Los errores más recurrentes detectados son: 1) pruebas trascendentales que no fueron decretadas o practicadas, 2) hechos trascendentales que fueron omitidos, 3) pruebas trascendentales que no fueron valoradas, 4) fundamento jurídico no aplicable al caso concreto y 5) pruebas trascendentales que fueron tergiversadas. En los casos en los que la URT reportó la causal, sobresale que el 89 % se concentran en seis causales, en su orden: 1) nexo causal, 2) calidad jurídica, 3) nexo causal entre el negocio jurídico y hechos victimizantes, 4) pérdida del vínculo con el predio, 5) temporalidad y 6) calidad de víctima del conf licto armado. A este problema se suma también el alto porcentaje de desistimientos, que ascendieron a 1.490 durante la vigencia del año 2020, los cuales representan cerca del 17 % de las solicitudes decididas. ▶ Si bien los mayores niveles de decisión de las solicitudes en fase
administrativa se presentaron en 2015 (15 %) y 2017 (14 %), se observa – 42 –
