Un futuro par a l as víctimas del conflicto armado en Colombia
▶ La actuación especial de fiscalización llevada a cabo por la CGR a la UARIV,
relativa a la concesión de las medidas de indemnización y atención humanitaria adelantada en el 2021 para el periodo comprendido entre los años de 2012 y 2020, dio como resultado la determinación de ocho hallazgos administrativos, de los cuales cuatro (4) tienen connotación fiscal por $ 665.536.446,52, seis (6) por presunta incidencia disciplinaria, cinco (5) por presunta incidencia penal, uno (1) con solicitud de apertura de indagación preliminar y uno (1) con solicitud de proceso administrativo sancionatorio fiscal, que serán trasladados a las autoridades competentes. ▶ El tiempo de respuesta de más del 50 % de las solicitudes de indemnización
supera el estipulado para tal fin en la Resolución 1049 de 2019 y en algunos casos llega a duplicarlo. ▶ El plan de financiación de esta medida de reparación contemplado
en el documento Conpes 4031 de 2021, que establece como meta la indemnización de 2.148.415 víctimas, de las cuales el 73,7 % corresponden a víctimas del delito de desplazamiento forzado, se queda muy corto, puesto que al finalizar la vigencia de la prórroga de la Ley 1448 de 2011 quedarían pendientes por indemnizar el 55,3 % de las víctimas que tienen derecho a esta medida. ▶ El desfase en el presupuesto de indemnización, según la CGR, asciende
a $ 53,5 billones. ▶ De dedicarse efectivamente los recursos presupuestados por el Conpes
4031 para esta medida y mantenerse constante el número de víctimas con derecho a indemnización existentes a junio de 2021, se requerirían 35 años para indemnizar la totalidad de las víctimas.
Recomendaciones ▶ Incrementar la meta planeada de víctimas a indemnizar para la vigencia
de la prórroga de la Ley 1448 en el documento Conpes 4031 de 2021 y comprometer los recursos necesarios para su cumplimiento, incluso haciendo uso de vigencias futuras. – 55 –
