Un futuro par a l as víctimas del conflicto armado en Colombia
en la ley (PGN, 2021, p. 225). Este cambio en los requisitos, además de ser regresivo para los SRC, conduce a inequidad en la valoración de solicitudes presentadas antes y después de la expedición de la norma. ▶ Hay dificultades con la contratación de operadores para el desarrollo
de las distintas etapas de la ruta de reparación colectiva (CODHES, 2020). ▶ Subsiste la debilidad en la articulación interinstitucional y de
coordinación Nación- territorio. Esto se ref leja, entre otras cosas, en la falta de apropiación presupuestal para el cumplimiento de las medidas y en la falta de articulación con otros planes territoriales, incluyendo los surgidos del Acuerdo de Paz. ▶ La diferenciación establecida entre el “cierre administrativo” —conclusión
de todas las medidas a cargo de la UARIV— y el “cierre total” —conclusión de las medidas a cargo de todo el SNARIV— debilita el rol coordinador de la UARIV y desconoce un enfoque de integralidad (PGN, 2021, p. 93). ▶ Tanto la PGN (2021, p. 94) como la CSMLV (2019, citada por PGN, 2021, p.
94) han alertado sobre los riesgos del “ajuste de las medidas de los planes” —autorizadas en ejercicio del seguimiento y mejoramiento de los PIRC— “pues estas fueron el resultado de un proceso de concertación con las comunidades y su inviabilidad debió advertirse desde el principio y no después de demoras e incumplimientos”.
Recomendaciones ▶ Revisar las metas del Conpes 4031 de 2021 y de los presupuestos
asociados a ellas, pues se corre el riesgo de postergar indefinidamente la reparación colectiva de los sujetos étnicos, en la medida en que, con las metas previstas, solo un 27,6 % habría concluido el proceso en 2031, y se requerirían al mismo ritmo cerca de tres décadas para concluir el proceso. Así, estos sujetos serían reparados solo 40 años después de ser reconocidos como sujetos de reparación.
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