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Justicia
SOCIEDAD DE LEY Y ORDEN
VISIÓN
Gobernador Luis G. Fortuño, Juramentación nuevos fiscales, 9 septiembre de 2011
Puerto Rico tiene que ser una jurisdicción de ley y orden, fundamentada en valores, para juntos poder tener verdadera calidad de vida. Nuestro sistema de justicia continuará siendo accesible a todos, justo, confiable y operará eficientemente para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos.
ESTRATEGIAS
Compromiso con la seguridad de nuestro pueblo
Cumplir cabalmente con los deberes principales del Departamento de Justicia en el procesamiento criminal de los que cometen delitos y en la coordinación efectiva con agencias del orden público federal para atacar de frente al crimen organizado y el trasiego ilegal de armas y drogas.
Confianza en nuestro sistema de justicia
Enaltecer, con nuestras acciones, la confianza de nuestra ciudadanía en el ministerio público en cada una de las regiones judiciales de Puerto Rico.
Apoderamiento de fiscales
Continuar apoyando y reconociendo los poderes de los fiscales de distrito, bajo las normas que emite el Secretario de Justicia por conducto del jefe de los fiscales, de forma en que se atiendan los problemas de la región en la que están destacados, para aprovechar así el contacto de día a día que éstos tienen con todos los componentes integrales del sistema de justicia.
Prevención y detente a la violencia
Continuar las iniciativas comunitarias del Departamento de Justicia, como Valora tu Vida, en contra de la violencia como medida de prevención y promoción de sana convivencia social.
RESULTADOS
Participación en grupos de trabajo con autoridades federales
Destacamos a ocho fiscales y 21 agentes del Negociado de Investigaciones en los “task forces” federales, incluyendo a cinco fiscales en el “Illegal Firearms and Violent Crime Strike Force”, colaborando para sacar de nuestras calles a 314 personas acusadas de crímenes violentos.
Enmiendas al Código Penal y Reglas de Procedimiento Criminal
Aprobamos un nuevo Código Penal para eliminar lagunas jurídicas en el Código del 2004 e imponer penas más altas en delitos violentos que afectan a nuestro pueblo. Aumentamos las penas en los delitos de asesinato, homicidio, homicidio negligente a causa de un conductor en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias controladas, agresión grave, secuestro, robo, escalamiento, agresión sexual, actos lascivos y delitos relacionados con la producción y distribución de pornografía infantil.
Tipificamos como delito disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor.
Aumentamos las penas para aquellos que ponen armas de fuego en manos de menores para que sean los menores los que cometan los crímenes.
Enmendamos las Reglas de Procedimiento Criminal para eliminar los retrasos abusivos en procedimientos judiciales; para poder revocar la fianza a acusados de delitos violentos tales como asesinatos, violaciones, robos domiciliarios o Ley 54 cuando estos violenten algunas de las condiciones impuestas por el tribunal o cometan nuevos delitos estando en libertad bajo fianza; y para que los jueces tengan que imponer grilletes a los acusados de asesinato, narcotráfico, venta de armas, y violencia doméstica, permitiendono una mejor supervisión del acusado y más tranquilidad para sus víctimas.
Creamos un registro obligatorio para combatir el uso de teléfonos pre-pagados por parte de delincuentes, que utilizaban estos teléfonos de manera impune para cometer delitos y extorsionar a ciudadanos.
Atemperamos nuestras Reglas de Procedimiento Criminal para poder hacer uso más efectivo de la evidencia biológica que encontramos en el ADN de los criminales al momento de presentar evidencia en una corte.
Apoderamiento de fiscales de distrito al servicio directo de la ciudadanía
Atendimos inmediatamente la desmoralización del personal del Departamento de Justicia, en especial entre los fiscales de distrito, a causa de la incertidumbre y falta de confianza causada por el menosprecio, marginación y falta de apoyo que caracterizó la Secretaría del Departamento durante las administraciones pasadas. Apoderamos a los fiscales de distrito con el poder de decidir estrategias y procesamiento criminal según las realidades de su región.
Establecimos unas nuevas normas de procedimiento emitidas por el Secretario de Justicia con unas guías claras que permiten a los fiscales de distrito ejercer su discreción profesional dentro
de las normas.
Establecimos, mediante Orden Administrativa 2010-01, procedimientos para maximizar los recursos de cada fiscalía para el esclarecimiento y procesamiento vertical efectivo de ciertos delitos como asesinato, homicidio negligente, grave daño corporal en casos de conductores ebrios y agresión sexual, entre otros.
Establecimos, mediante Orden Administrativa 2010-06, un procedimiento uniforme para atender diligentemente los casos en que se alegue violación de derechos civiles a ciudadanos por agentes del orden público del Gobierno de Puerto Rico.
Justicia como agente de prevención y orientación a la comunidad
Fortalecimos el programa Justicia va a la Comunidad, impactando toda la Isla mediante charlas ofrecidas por procuradores de Asuntos de Menores y de Familia, orientando a la comunidad sobre las leyes relacionadas con los menores y la familia, los procedimientos judiciales y los servicios que provee el Departamento.
Establecimos la campaña Valora tu Vida, cuyo propósito principal es prevenir la delincuencia juvenil, orientando a la comunidad con un mensaje de rechazo a la violencia y respeto a la vida. Visitamos escuelas públicas y privadas, centros comunitarios e instituciones juveniles para ofrecer orientaciones y dinámicas interactivas con el mensaje de prevención, no sólo sobre el aspecto social, psicológico y emocional que entraña el valor a la vida propia y la ajena, sino también las consecuencias legales de violentar este principio. Incluimos, como parte de la campaña, participación regular en medios a través de un programa matutino de noticias para llevar este mensaje a una audiencia más amplia.
Produjimos las Viñetas de Prevención, que presentan estampas recreadas por actores sobre la violencia intrafamiliar que trastoca los principios básicos de la convivencia humana y el instinto de protección natural que debe existir entre los miembros de una familia. Presentamos, como parte de cada producción, un panel compuesto por un fiscal, un Procurador de familia, un psicólogo y un técnico de asistencia a víctimas, atendiendo los temas tratados en la obra e integrando al público en la discusión.
Negociado de Investigaciones Especiales (NIE)
Incluimos la participación del NIE en los “task forces” con las autoridades federales, destacando a sobre 20 agentes especiales a varias iniciativas conjuntas contra organizaciones criminales y el trasiego ilegal de armas y drogas. Realizamos operativos del NIE en varios municipios de Puerto Rico para desarticular grupos criminales dedicados a la distribución de drogas y trasiego de armas ilegales, incluyendo el operativo Impacto a la Montaña en Bayamón, Toa Alta, Orocovis y Corozal y Negocios Verdes en Carolina y San Juan donde se desarticularon grupos dedicados al trasiego ilegal, resultando además en la ocupación de armas, pistolas y ametralladoras que fueron sometidas a análisis forense para la investigación y esclarecimiento de delitos previos.
Coordinamos los operativos del NIE con otras agencias del Estado incluyendo el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Energía Eléctrica, permitiendo su intervención administrativa para la imposición de multas y cierres de negocios ilegales por hurto de luz, venta de bebidas alcohólicas sin licencia y operación ilegal de máquinas de juego, por ejemplo.
Adiestramos a agentes sobre técnicas modernas de análisis e inteligencia, así como en investigaciones de violación de derechos civiles, ética gubernamental, delitos de corrupción y registros y allanamientos.
Establecimos nuevos sistemas de tecnología en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para el esclarecimiento de crímenes. Establecimos un nuevo sistema de información “My Lims” (“Laboratory Information Management System”) y un nuevo sistema electrónico de ADN que le permite a los fiscales y policías acceso inmediato al estado de sus peticiones ante el ICF, los resultados de los análisis científicos de evidencia de los técnicos y peritos forenses, así como los protocolos de autopsia, agilizando el esclarecimiento de casos.
Firmamos un acuerdo de entendimiento y colaboración entre el ICF, el Departamento de Justicia y la Policía para integrar en un mismo servicio de investigación de escenas a los agentes de servicios técnicos de la Policía y a los investigadores forenses del ICF junto con los fiscales de turno.
Obtuvimos la certificación del “National Association of Medical Examiners” para el ICF, con la cual se certificó su cumplimiento con más de 300 rigurosos criterios de calidad e integridad en el área de laboratorio de investigación médico-legal, acreditación que solo ha adquirido el 30 por ciento de los laboratorios forenses en los Estados Unidos. Gracias a esta certificación, logramos establecer, por primera vez en Puerto Rico, una residencia en patología acreditada para el adiestramiento de nuevo talento en esta profesión.
Obtuvimos además la certificación del “American Society of Crime Laboratory Directors/ Laboratory Accreditation Board” (ASCLD/LAB), la entidad más antigua y reconocida de acreditación de laboratorios forenses y de investigación criminal, que valida todos los protocolos y reglamentos de controles de calidad en los procesos científicos de las secciones del Laboratorio de Criminalística de la ICF (balística, evidencia digital, documentos dudosos, ADN, química forense, sustancias controladas, entre otras), garantizando así evidencia más certera a ser presentada en los tribunales.
Obtuvimos la acreditación del “Forensic Quality Services” para nuestros investigadores forenses, convirtiéndose Puerto Rico en la primera jurisdicción en América en obtener tal distinción.
Salas especializadas de violencia doméstica
Creamos, mediante la Ley Número 30 de 2011, las salas especializadas para atender casos de violencia doméstica en cada región judicial, siguiendo el modelo que estableció el Tribunal Supremo en el Centro Judicial de San Juan.
Extendimos las salas especializadas de rehabilitación para adultos a 10 regiones judiciales y establecimos un programa piloto para los menores en el Centro Judicial de San Juan.
Creamos la Academia del Ministerio Público, con un curso inicial de seis semanas para nuevos miembros del ministerio público con énfasis en trabajo de campo, experiencias en salas judiciales, y adiestramiento en coordinación con la Policía y el Instituto de Ciencias Forenses.
Coordinamos, a través del Instituto de Capacitación y Desarrollo del Pensamiento Jurídico, la educación contínua para los fiscales, procuradores y abogados del Departamento.
Coordinamos los cursos de educación contínua del Ministerio Público con el Instituto de Ciencias Forenses, el Colegio Universitario de Justicia Criminal y la Academia Judicial Puertorriqueña de la Rama Judicial para fomentar la consistencia entre los distintos componentes de la seguridad pública.
Reorganizamos el Departamento de Justicia, eliminando estructuras paralelas costosas e ineficientes, brindando mayor autonomía a los distritos, eliminando los puestos de fiscal general y fiscales generales especiales, creando el cargo de jefe de fiscales, y creando 18 nuevos puestos de Fiscal Auxiliar IV para supervisar y dirigir divisiones y unidades especializadas en el área criminal.
Justicia salarial
Hicimos justicia salarial a los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales y personal de apoyo, revisando, por primera vez en una década, su plan de clasificación y retribución.
Nueva sede del Departamento de Justicia
Adquirimos el edificio Westernbank Plaza en Hato Rey como nueva sede del Departamento, con fácil acceso por Tren Urbano y autobuses de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y amplios estacionamientos cercanos.
IDEAS Y SOLUCIONES
Coordinación efectiva con agencias federales
Continuaremos promoviendo una coordinación efectiva con agencias federales del orden público, compartiendo información y datos sobre actividad criminal en Puerto Rico y colaborando con recursos humanos de altas destrezas en los “task forces”. Aumentaremos el número de fiscales que se designarán a procesar casos que resulten de este trabajo en conjunto, tanto en el tribunal federal como en el estatal.
Justicia con la comunidad y como agente de prevención
Continuaremos las campañas y programas destinados a estrechar las relaciones con la comunidad, orientar sobre los servicios que ofrece el Departamento en procesamiento criminal y protección de víctimas y testigos del crimen, enfatizar la prevención de la delincuencia juvenil y promover el rechazo a la violencia y el valor de la vida.
Ampliación del programa de “Drug Courts”
Expandiremos el programa de Salas Especializadas de Drogas (“Drug Courts”) para adultos a tres regiones judiciales adicionales, para así cubrir todas las regiones judiciales de Puerto Rico. Ampliaremos este programa al sistema de justicia criminal de menores en más regiones judiciales.
Negociado de Investigaciones Especiales al servicio del orden público
Continuaremos investigando delitos de corrupción pública, crimen organizado y violación de derechos civiles por agentes del orden público, así como procurando más operativos coordinados con otras agencias del orden público para combatir el crimen organizado en el trasiego de drogas.
Coordinaremos operativos con el Departamento de Hacienda y corporaciones públicas de servicios como la Autoridad de Energía Eléctrica, con el fin de multar o cerrar negocios ilegales en Puerto Rico.
Ofreceremos, desde el NIE, nuevos adiestramientos en investigación, análisis e intervención.
Mantendremos al NIE como oficina local de la INTERPOL para la coordinación global efectiva de esfuerzos contra la delincuencia mundial.
