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ENTREVISTA
María Luisa Segoviano
ENTREVISTA MARÍA LUISA SEGOVIANO
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La pandemia ha generado en solo seis meses dos reales decretos, 15 reales decretos leyes y el texto refundido de la ley concursal, señala la magistrada
Por Piluca Burgos y Marta Juste, periodistas
Aunque en la carrera judicial el 54 % son mujeres y cuentan con una media de 18 años de experiencia, ha habido que esperar más de dos siglos para que una jueza llegase a presidir una sala del Tribunal Supremo. La vallisoletana y colegiada no ejerciente del ICAVA María Luisa Segoviano asegura que ahora existe preocupación por que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva, y que “en otra época” su designación “no hubiese sido factible”. Esta jueza vocacional asegura que dictar sentencia es como armar un puzle “con piezas buenas y peores”, pero que hacerlo en el Tribunal Supremo supone
la culminación profesional de la carrera judicial. En su caso le llegó la oportunidad en “el momento idóneo”, porque ya había adquirido “ciertos conocimientos y cierta seguridad”.
Disfruta dirigiendo la Sala de lo Social y declara que, “de momento”, no aspira a presidir la institución. “En el ámbito laboral, o te gusta estudiar leyes nuevas o dedícate a otra cosa”, confiesa, a tenor de la múltiple normativa que ha visto la luz con la pandemia, y advierte de que parte de ella entrará por la puerta de urgencias en el Supremo. “Hay resoluciones que pacificarán muchos temas pendientes”, aclara.
Famosa por alguna de las sentencias dictadas en la Sala que preside —como la que ha determinado que los riders son falsos autónomos—, asegura que los tribunales no ‘hacen la vista gorda’ ante los casos similares que se dan en otras profesiones, sino que el Alto Tribunal “no puede resolver lo que no se le ha planteado”.
Entre las asignaturas pendientes de la justicia está la de utilizar un lenguaje cercano a la ciudadanía, mientras que a la abogacía le anima a invertir en formación, ya que “la legislación es cambiante para adecuarse a la realidad social”.
Pregunta.— Procede de una familia de juristas, incluyendo no solo a sus padres, sino también a hermanos y a primos. ¿La carrera judicial ha sido vocacional o el entorno tiene su peso? Respuesta.— Yo creo que cuando lo ves, lo vives y lo disfrutas realmente, te acaba apeteciendo. A mí siempre me gustó, me apeteció y fue verdaderamente vocacional. ¿Que quizá en la vocación influya el entorno? Casi seguro que sí… P.— ¿La profesión está siendo como se la imaginaba? R.— En conjunto ha sido muy positiva. Es una profesión muy satisfactoria, que te permite no solo conocer muy bien el derecho, sino también conocer argumentos de una y otra parte. Siempre digo que cuando vas a poner una sentencia es como un puzle; tienes muchas piezas, unas son buenas, otras son peores, pero hay que lograr encajarlas para hacer el cuadro final.
P.— Antes de llegar al Tribunal Supremo pasó por el Juzgado de Primera Instancia de Bilbao y por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. ¿Le ha ayudado esta experiencia en juzgados más pequeños para su trabajo actual? R.— Totalmente, es interesantísimo conocer cómo funciona todo desde abajo. Y no solo la labor del juez, sino también la de los abogados, el procurador, el graduado social, los letrados de la Administración de Justicia y todos los funcionarios. Todo eso lo conoces muy bien en los sitios pequeños.
P.— ¿Estaba más cómoda jugando en casa? R.— En Madrid lo que echo de menos es la proximidad que hay en Valladolid.
P.— ¿El sueño de todo juez es llegar al Supremo? R.— En cualquier trabajo hay una carrera profesional y la gente valora cuando elije una profesión qué proyección de futuro puede obtener. Para los jueces llegar al Supremo es la culminación de su carrera profesional, aunque siempre hay a quien no le interesa y prefiere seguir en su ciudad natal. En los últimos años se está aplicando en la jurisdicción social la perspectiva de género a la hora de dictar sentencias. “El enjuiciar teniendo en cuenta que la LO 3/2007 no solo impone la igualdad de trato, sino también la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, explica la magistrada, quien recuerda el caso en el que se logró que el periodo de servicio social de la época franquista se asimilara a periodo cotizado a la Seguridad Social, para lucrar el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación anticipada.
“Parece que las leyes no entienden de sexos, pero sí entienden y contienen sus discriminaciones”, asevera. En este caso, la Ley General de la Seguridad Social establecía que si alguien P.— ¿A usted le ha llegado la oportunidad en buen momento? R.— Sí, por eso lo pedí, entendía que estaba preparada, porque ya tenía ciertos conocimientos y cierta seguridad. Después de muchos años en la jurisdicción social, era el momento idóneo.
P.— Primera mujer en presidir una sala del Tribunal Supremo... R.— Es que estamos en una época en la que se está cuidando mucho la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres…
P.— Pero es la primera mujer, en cualquier época hubiera sido noticia… R.— Sí, pero quizá en otra época no hubiera sido factible y hoy en día sí, porque hay un cuidado especial en que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva.
P.— ¿Cree que llegará a presidenta del Tribunal Supremo? R.— Le tienen que nombrar ahora.
P.— Y la podrían nombrar… R.— Si quieren, sí, pero no es mi aspiración de momento. Estoy muy contenta como presidenta de la Sala de lo Social, y estoy tratando de asumir todas las obligaciones que conlleva.
P.— ¿La pandemia les ha cargado de trabajo? R.— La litigiosidad se ha incrementado exponencialmente y los asuntos van a ser muy diferentes. Al hilo de la COVID-19 han surgido cerca de 17 normas nuevas que regulan aspectos laborales y de seguridad
social. se quería jubilar anticipadamente antes de los 65 años y le faltaba tiempo de cotización, le contaría el servicio militar como cotización a la seguridad social, pero el servicio social no computaba. A una trabajadora que se quiso jubilar anticipadamente le faltaban solo 20 días para cumplir el periodo de cotización que se le exigía, y alegó que había hecho el servicio social y que, al igual que a los hombres, se le computase. Entonces se aplicó la perspectiva de género y se llegó a la conclusión de que se estaba produciendo una discriminación, porque “las mujeres no hacen ni podían hacer el servicio militar; y tan obligatorio como el servicio militar para los hombres era para las mujeres el servicio social”.
P.— Nunca se deja de estudiar en derecho… R.— En el ámbito laboral, o te gusta estudiar leyes nuevas o dedícate a otra cosa. Yo creo que esta legislación, junto con la fiscal, es la más cambiante y la que más va adaptándose a la realidad social, porque es una demanda social la que impone que haya modificaciones.
P.— En cuanto a la sentencia de los riders, los falsos autónomos existen desde siempre en muchas profesiones, entre ellas la abogacía… R.— Hasta ahora no se había planteado específicamente un tema tan peculiar como el de los riders. Ha habido otros que podían parecerse, como el que se planteó con los repartidores de pizzas, que eran dueños de la moto de muy poco valor, y por eso se decía que eran autónomos, porque tenían medio de transporte. El Supremo se puso serio y dijo que había que ver cuál es el valor del medio de transporte y si tenían alguna estructura, alguna organización. Habitualmente eran gente muy joven y se llegó a la conclusión de que eran trabajadores por cuenta ajena. La situación de los riders es más compleja, porque no hay un empresario que se pueda localizar tan fácilmente, sino que es una plataforma digital que hace los encargos por medio de unos algoritmos; los riders, en teoría, son libres de no aceptarlos, pero si los rechazan el algoritmo ya les excluye de la selección. Es todo mucho más sofisticado.
P.— Los ciudadanos podemos pensar que la justicia hace la vista gorda con los falsos autónomos… R.— Los tribunales no hacemos la vista gorda, sino que resolvemos los asuntos que nos plantean. Hasta ahora no se había planteado el tema de los riders; en el momento en el que se ha planteado, se ha resuelto.
P.— A raíz de esta sentencia se tomarán otras en igual sentido. ¿El hecho de sentar cátedra obliga a pensarlo aún más? R.— Te hace ser muy riguroso a la hora de resolver. Se le dedica mucho tiempo, a veces más del que la gente se piensa.
P.— ¿Es la rigurosidad la causa de la lentitud de la justicia? R.— Nosotros ahora tenemos unas normas de reparto que creo que son bastante idóneas. Aparte de seguir el turno de los asuntos por rigurosa antigüedad, hay excepciones: si llegan asuntos de especial trascendencia social, como fueron los riders, o en los que hay que aplicar normas nuevas, de nueva interpretación y nueva aplicación, sin sentencias sobre las mismas, hay que atenderlos, porque su resolución pacificará muchos temas pendientes como los ERE, los ERTE, el permiso retribuido recuperable, la nueva ley concursal... P.— ¿Los casos urgentes digamos que entran por la puerta de urgencias? R.— Claro, ahora estamos mirando temas de prevención de riesgos laborales en relación con la COVID, si se adoptaron o no se adoptaron medidas con aquellos profesionales que tuvieron contacto con enfermos de COVID.
P.— ¿Qué se tienen que ir estudiando los abogados? R.— De momento tienen toda la normativa COVID, de marzo a finales de septiembre: los dos reales decretos, 15 reales decretos leyes, el texto refundido de la ley concursal…
P.— En Valladolid arrancaron los primeros juicios telemáticos, algo impensable hace tiempo… R.— Han facilitado muchísimo la comunicación, y más en la época en que no hemos podido ir a los centros laborales. La parte mala es que no es lo mismo. Yo los califico de sucedáneo (risas). Creo que la relación interpersonal es insustituible, porque puedes ver las caras, cómo reaccionan… P.— Ahora solo queda que el ciudadano entienda el proceso. ¿La justicia está muy alejada de la gente de a pie? R.— Es fundamental que se nos entienda. Somos algo lejano, incomprensible y, en ocasiones, absurdo. Debemos tratar de ponernos a la altura de las personas a las que van dirigidas las resoluciones y utilizar un lenguaje comprensible, pero sin perder rigor.
P.— ¿Los ciudadanos creen en la justicia? R.— Más que en otras instituciones. La prueba es que los ciudadanos no utilizan los sistemas alternativos como puede ser la mediación, el arbitraje o llegar a una conciliación. No quieren que sea un árbitro el que dé la solución, sino un juez.
P.— Las transferencias no terminan de llegar a Castilla y León… R.— Lo deseable y lo que está previsto en el mapa del Estado es que las autonomías asuman su competencia en materia de justicia, pero por diversas circunstancias no se ha asumido.
P.— ¿Qué asignaturas pendientes tiene la abogacía? R.— La formación es importantísima. En esto tenemos que ser todos muy humildes y asumir que siempre tenemos algo que aprender.
P.— ¿Qué podría hacer el ICAVA por mejorar las relaciones con la Administración de Justicia? R.— Ambos colectivos han intentado tener una buena convivencia y se ha conseguido a través de la relación personal y de los actos institucionales a los que asistimos unos y otros. El mutuo respeto me parece esencial.
P.— La docencia también ha estado presente en su vida. ¿Le gusta? R.— Lo que más, la docencia me encanta. He estado 20 años dando clases de Derecho Procesal y la docencia siempre me ha parecido apasionante. La trasmisión del saber es de las cosas más bonitas y más enriquecedoras que hay.
P.— Es presidenta de la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación de Valladolid desde 2016. ¿Qué le aporta? R.— Hemos conseguido que salga adelante una Real Academia, que pocas ciudades tienen. Y ha sido gracias a la voluntad de los académicos y de profesionales que han colaborado gratuitamente, como abogados, procuradores o profesores de la universidad… Una pieza clave en el funcionamiento es el ICAVA que, generosamente y desde siempre, nos ha brindado sus instalaciones, lo que ha permitido que la Academia se dedique a lo que tiene que dedicarse: al estudio y difusión del derecho.
