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AGRUPACIONES
En los últimos tiempos venimos observando con estupor que la cuestión de la igualdad de género se está ridiculizando y desvirtuando por ciertos sectores que se esfuerzan, de manera desmedida, en limitar el debate únicamente a la cuestión semántica, perdiéndose de esta manera el enorme esfuerzo y los avances que se han producido en los últimos tiempos para garantizar un derecho fundamental que está recogido, no lo olvidemos, en el artículo 14 de nuestra Carta Magna.
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Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, afirmó en marzo de 2020, respecto a la Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020-2025, que “La igualdad de género es un principio fundamental de la Unión Europea, pero todavía no es una realidad. En los negocios, la política y la sociedad en su conjunto, solo podemos aprovechar todo nuestro potencial si utilizamos nuestro talento y diversidad. Utilizar solo la mitad de la población, la mitad de las ideas o la mitad de la energía no es suficiente”. Efectivamente, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal, reconocido en diversos tratados internacionales, y un principio fundamental de la UE que debe integrarse en todas sus políticas y acciones y, consecuentemente, en todos sus países miembros desde que entró en vigor el Tratado de Ámsterdam el 1 de mayo de 1999. En España fue la importantísima Ley Orgánica 3/2007, de 2 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la que incorporó a nuestro ordenamiento jurídico dos directivas comunitarias, la 2002/73/ CE y la 2004/113/CE, siendo su objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
Tras casi quince años desde que entró en vigor la LO 3/2007, y pese a todo lo andado, han empezado recientemente a rezumar efluvios de rancios tiempos anteriores que reivindican la normalización de aquellas situaciones discriminatorias contra las que las ciudadanas y ciudadanos europeos llevamos luchando de manera constante y concienzuda, paso a paso. No podemos tolerar que a nuestras hijas e hijos se les muestre como algo normal la discriminación salarial, la discriminación en pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, los problemas de conciliación laboral y familiar, la escasa presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, y, por supuesto, la violencia de género.
Para seguir avanzando es necesario, como ha venido haciéndose desde la UE y en cada país miembro, aprobar leyes y aplicarlas para conseguir erradicar todos esos problemas, esa lacra. Pero también es absolutamente necesario que la sociedad se conciencie de todos los importantes pasos dados, de lo que ha supuesto este avance en derechos, y seguir luchando para deshacernos de ese hedor, a través de la educación, pieza angular para llegar a una igualdad real y efectiva y conseguir, en definitiva y como reza la propia Ley, “alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria”.
La Agrupación de Mujeres Abogadas de Valladolid quiere agradecer de nuevo, a través de esta revista colegial, al Consejo General de la Abogacía Española y a la Junta de Gobierno del Colegio de Valladolid por proponernos, el I Premio Igualdad de la Abogacía que nos ha concedido el pasado mes de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. El reconocimiento que con este premio se ha hecho a la labor de defensa de los derechos de las mujeres, que esta agrupación viene haciendo desde que se constituyera hace veintiocho años, es para todas y cada una de las abogadas que han estado, están y estarán formando parte desde esta agrupación. Es de todas y para todas. Desde nuestro ámbito de actuación, tenemos que continuar trabajando, codo con codo, realizando las propuestas necesarias a los poderes del Estado para que la igualdad sea real y efectiva, teniendo siempre presente la perspectiva de género.