Memorias Congreso Nacional para la Paz by congresodelospueblos6

DOCUMENTO MARCO

“MEMORIAS DEL CONGRESO NACIONAL PARA LA PAZ”

19 AL 22 DE ABRIL DEL 2013 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA BOGOTÁ, COLOMBIA

ÍNDICE

PRESENTACIÓN AGENDA SOCIAL DE PAÍS PARA LA PAZ PREÁMBULO. NUESTRO HORIZONTE: LA CULTURA DE LA VIDA 1. TIERRAS, TERRITORIOS Y SOBERANÍAS 2. ECONOMÍA PARA LA VIDA DIGNA 3. POLÍTICA PARA LA VIDA DIGNA 4. CAMINOS DE JUSTICIA VIDA, Y PAZ 5. DERECHOS DE LOS PUEBLOS 6. CULTURA, DIVERSIDAD Y ÉTICA DE LO COMÚN 7. INTERNACIONAL: INTEGRACIÓN SOLIDARIA DE LOS PUEBLOS EJES DE ACCIÓN POLÍTICA 1. SOLUCIÓN A LA CRISIS HUMANITARIA 2. PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y POPULAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 3. MOVIMIENTO SOCIAL POR LA PAZ PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DECLARACIONES 1. MANDATOS DEL CONGRESO DE NIÑOS Y NIÑAS PARA LA PAZ 2. DECLARACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO NACIONAL PARA LA PAZ 3. CARTA A COLOMBIA: LLAMADO A CONSTRUIR LA PAZ

PRESENTACIÓN

Las luchas populares en Colombia se encuentran hoy día en un gran momento, que se ve reflejado en la permanente y creciente movilización social de diversas expresiones del pueblo colombiano, como las movilizaciones de los trabajadores de la salud, docentes, estudiantes, campesinos, afrodescendientes, indígenas y mineros. Esto se desarrolla en un período en el que se consolidan articulaciones sociales y se cristalizan expresiones organizativas producto de la acumulación de años de esfuerzos populares en proyección unitaria; es decir, vivimos un momento en el que la construcción del Poder Popular se manifiesta en diversos escenarios con un potencial contrahegemónico de un alcance que no se veía en años. Todos estos movimientos adelantan luchas que confrontan los proyectos desarrollados en el marco de una Colombia en la que se profundiza la economía capitalista vía acumulación por desposesión, el neoliberalismo y un modelo de supuesto crecimiento económico sustentado en el extractivismo, la globalización y la reprimarización de nuestra economía. Asistimos también, a un período en el que la paz vuelve a ponerse al centro del debate político del país, y en el que la posibilidad de una solución política al conflicto social y armado retoma caminos de materialización. La paz, tal como lo ha manifestado el movimiento popular colombiano, es una aspiración urgente para un país que lleva más de medio siglo en guerra y que no soporta más derramamiento de sangre, de opresión, de injusticia… En el contexto de una guerra impuesta; diversos procesos, organizaciones sociales y políticas, a partir de la necesidad de una solución política al conflicto armado, han decidido articularse en torno a la construcción de una paz que vaya más allá de la terminación de la guerra. Una paz con justicia social cuya construcción esté guiada por los pueblos y sus formas organizativas. Una paz que signifique respeto y garantías a los derechos humanos, económicos, laborales y ambientales con principios sociales basados en la justicia social y la equidad. Bajo estas premisas se convocó al Congreso para la Paz, como escenario de encuentro para todos y todas quienes propendemos por una propuesta de paz integral y de vida digna; entendiendo la paz como: i) un proceso colectivo y democrático; ii) construida desde las dinámicas locales, regionales y desde los pueblos de Colombia en coordinación y solidaridad internacionalista con los pueblos del Mundo; y iii) una Paz más allá del cese al fuego, que implique la superación de las causas estructurales que dieron origen a los conflictos. Para este propósito convocamos el Congreso para la Paz como una propuesta de Paz Integral, para superar por la vía de la movilización y organización política y de los argumentos, los problemas esenciales que generaron los conflictos y proyectar caminos de organización y dignidad para nuestros pueblos, ya que construir rutas para la paz en Colombia, requiere de un diálogo democrático entre las comunidades, las organizaciones políticas y sociales, las

insurgencias, el Estado, los poderes económicos, las iglesias, la comunidad internacional y los pueblos del mundo interesados en el tema. Nos convocamos a este Congreso Nacional para la Paz para continuar desarrollando escenarios de legislación popular y construcción de mandatos, en la perspectiva de posicionar desde el campo popular una propuesta colectiva de paz y de país desde la articulación de visiones, apuestas e iniciativas sociales locales, regionales y nacionales que aporten en la construcción de Paz Integral, que se traduzca en agenda, en mandatos, en propuestas para la acción en el corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de aunar esfuerzos en el llamado a una solución política que no pase sólo por el diálogo a puerta cerrada entre los armados, sino también por el llamado a consolidar un movimiento social por la paz que dispute y confronte al régimen mediante la premisa de que un verdadero proceso de paz en Colombia pasa por la participación amplia, directa y protagónica del pueblo colombiano. En el camino hacia el Congreso Nacional para la Paz se habilitaron diversos escenarios a partir de las distintas iniciativas de organizaciones y movimientos que asumieron la propuesta como parte de su quehacer político. Se llevaron a cabo distintos espacios de trabajo local que desembocaron en 6 Congresos Regionales: Caribe, Nororiente, Eje Cafetero-Antioquia-Chocó, Magdalena Medio, Centro y Suroccidente, donde se compartieron apuestas de construcción y articulación regional y se formularon propuestas de alcance nacional, para ser discutidas en el Congreso Nacional. De igual forma se realizaron espacios temáticos y sectoriales como: el Encuentro Nacional de Educación para la Paz y la Vida Digna, el Seminario de Tierras, Territorios y Soberanías, el Plantón por la libertad de los Presos Políticos y el Seminario Internacional por la Paz, de todos estos espacios también se construyeron insumos que fortalecieron el desarrollo de la construcción colectiva en el Congreso Nacional para la Paz, en el cual participaron alrededor de 20000 personas provenientes de todos los rincones del país. El Congreso Nacional para la Paz se desarrolló durante 4 días (19 al 22 de abril) en 4 momentos: En el primero se instaló el espacio con saludos de distintas organizaciones y movimientos, personalidades (nacionales e internacionales), instituciones, congresos regionales, etc, parte del grueso de los procesos convocantes, este momento también estuvo acompañado de místicas y apuestas culturales. El segundo momento se desarrollaron los debates en términos de la construcción de una agenda social de país para la paz, para lo cual se trabajó en 7 temáticas con alrededor de 8 mesas en promedio por cada una, e igualmente se trabajaron 3 ejes de acción política en 11 mesas en promedio por cada uno de los ejes, este momento avanzó mediante una construcción colectiva y en perspectiva de la apuesta de legislación popular y construcción de mandatos en clave de acción política a corto, mediano y largo plazo, produciéndose en estas mesas el grueso de la propuesta política para avanzar en la lucha por un país en paz.

Un tercer momento denominado: Gran Diálogo Nacional, en el que se abrió el espacio para iniciar un proceso de diálogo multilateral en búsqueda de caminos para la paz con justicia social y en vida digna, en este espacio se presentaron saludos y ponencias de: las insurgencias (EPL, FARC-EP y ELN), la comunidad internacional en voz de Todd Howland representante en Colombia de las Naciones Unidas y las conclusiones preliminares del Congreso para la Paz, el gobierno nacional y el congreso de la república como ramas del poder público no se hicieron presentes en el escenario ni hicieron llegar algún documento. El cuarto momento tuvo como prioridad la movilización y la generación de opinión pública, este contó con la realización de una marcha desde la Universidad Nacional hasta la Plaza de Bolívar en la cual hubo un concierto y se le dio lectura a la declaración política del congreso nacional para la paz, la declaración del congreso de niñ@s y la carta abierta a la sociedad colombiana por la construcción de la paz. El presente documento es el esfuerzo de la comisión metodológica por sistematizar el proceso de discusión y construcción durante los 4 días, y se presenta como “Memorias del Congreso Nacional para la Paz”, el cual va acompañado de otros dos documentos en los que se encuentran consignadas las declaraciones de los Congresos Regionales y Encuentros Temáticos y las ponencias y/o saludos presentados en el Gran Diálogo Nacional. Este material debe servir al movimiento social y popular y principalmente a aquellos que se han comprometido en este proceso como una herramienta para continuar caminando y luchando desde cada uno de los territorios, comunidades, sectores y espacios de incidencia de las organizaciones, así como ruta común para el desarrollo de un plan de acción nacional que permita avanzar en la conquista de un país con Justicia Social y en Vida Digna. La reproducción y socialización de este documento o de sus principales consensos por otros medios es una necesidad urgente para continuar ganando apoyo en este profundo anhelo del pueblo colombiano por vivir en una Colombia en Paz.

Movimientos, organizaciones, colectivos y personalidades convocantes: Congreso De Los Pueblos, COMOSOC, Red De Iniciativas De Paz Desde La Base, Ruta Pacifica De Mujeres, Coordinador Nacional Agrario, Minga De Resistencia Social y Comunitaria, Iglesia Presbiteriana, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC-UR, Coordinación De Autoridades Tradicionales Indígenas De Colombia – Cauca, Mujeres Por La Paz, Colombianos Y Colombianas Por La Paz, Proceso de Comunidades Negras, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Partido Comunista Colombiano, MOVICE, CENSAT Agua Viva, Movimiento Ríos Vivos, Movimiento Vamos Por Los Derechos, Red De Hermandad Y Solidaridad Con Colombia, Poder Y Unidad Popular, Tejido Juvenil Transformando la Sociedad TEJUNTAS, Proceso Nacional Identidad

Estudiantil, Confluencia de Mujeres Para da Acción Pública, Tierra Libre, Red Proyecto Sur, Minga Juvenil Nacional, Asociación Nomadesc, Coordinador Nacional Petrolero, Organizaciones Sociales de Centro Oriente, Rebeldía Estudiantil Organizada, Fuerza Común, CETS, Red de Universidades por la Paz, Proceso Nacional Magisterial, CED-INS, Asociación MINGA, PSC, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Planeta Paz, Campaña Prohibido Olvidar, Sintraunicol Valle, IAPES, OFP, CECUCOL, Comité De Mujeres Corteras De La Caña, Zona Publica, Asentamientos Brisas De Comuneros, PROVIDAS, Consejo Comunitario de la Toma, Grupo De Mujeres De Triana, Resguardo Indígena la Delfina, Cabildo Mayor Del Cañón del Rio Pepitas, Corteros de la Caña, ASOAGROS - CNA, Cabildo Indígena De Alto Napoles-Cali, Cabildo Indígena, Universitario - Universidad Del Valle, Amauta, Resguardo Indígena De Honduras, Cabildo Indígena De Cerro Tijeras, Universidad Sin Fronteras, Parlamentario Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Senadora Gloria Inés Ramírez, Senador Alexander López. Siguen firmas...

AGENDA SOCIAL DE PAÍS PARA LA PAZ

PREÁMBULO

NUESTRO HORIZONTE: LA CULTURA DE LA VIDA ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el mundo sea gobernado por la codicia y la arrogancia? ¿Hasta cuándo seguiremos adoctrinados en la religión del mercado y en que su dios el capital salvará a la humanidad de inevitables desastres? La vida no puede estar en manos de los calculadores de la ganancia. Se requiere con urgencia otra ética, otras formas de sobrevivir y de convivir; necesitamos liberar la imaginación para re-crear las sociedades. No es necesario hacer un estudio minucioso sobre la crisis que vive el mundo; los desastres ecológicos, el empobrecimiento material y espiritual, las hambrunas y las guerras lo dicen todo: es la vida la que está en peligro. La esencia de los conflictos la constituye el desequilibrio social y natural que el sistema de privilegios ha producido. Por tal razón, nuestro marco para pensar la superación de estos conflictos no es parcial ni coyuntural, parte del carácter de la vida misma y de la dimensión de sus relaciones sociales, ambientales y culturales. Hemos aceptado ese llamado urgente de la madre tierra y de la humanidad y por eso desde hace años nos hemos convocado en Congreso de los Pueblos a partir de las siguientes visiones: - La larga y profunda crisis mundial que vivimos, pone en cuestión la racionalidad que ha estructurado nuestros críticos sistemas sociales actuales y demuestra por sí sola la inviabilidad del capitalismo como modelo de vida. Un nuevo pensamiento y un nuevo ordenamiento que restablezca el equilibrio social y natural del planeta es necesario, urgente y posible. - Desde las vivencias ancestrales y desde las históricas luchas de resistencias de los pueblos, recuperamos el paradigma de lo comunitario como visión-acción de un nuevo proyecto social: el Buen Vivir, donde la dignidad humana y los derechos de la naturaleza, imperen en todos los ámbitos de nuestros tejidos sociales, sin discriminaciones, sin autoritarismos y sin la instrumentalización de todas las relaciones vitales. La vida no se desecha, ni se jerarquiza, ni se negocia. - Los poderes hegemónicos asentados históricamente en Colombia, se han negado sistemática y violentamente a atender la necesidad de replantear el orden impuesto. No podemos seguir esperando a que los gobiernos de las empresas nos garanticen vivir con dignidad. Vamos a hacer el país con nuestras propias visiones y con nuestras propias manos, por eso hablamos de legislación popular, de construcción de mandatos. El sentido de la acción social en este momento histórico es pasar de la exigencia de los derechos a la realización de los derechos negados.

Es imprescindible que avancemos hacia un país con vida digna, fortaleciendo nuestras concepciones y prácticas comunitarias. El desarrollismo y el consumismo en su dinámica imperial han quebrantado en diferentes tiempos y de diferentes maneras nuestra integración como pueblos y como nación. Se trata ahora de recuperar el sentido de comunidad y de territorialidad en una nueva concepción de ser nación, sustentada en la diversidad cultural; una nación en donde por fin estén presentes nuestras mitologías, las maneras de sentir y vivir el mundo. Han tratado de imponernos la idea de una sola manera de vivir, de un sólo dios, de un solo lenguaje, de una sola cultura, de un solo género, es decir, de un solo Estado, en contraposición a nuestras realidades históricas. Nuestra independencia fue apropiada por otros y entregada luego al nuevo imperio del Norte. Han buscado que con ese Estado monocultural aceptemos la dominación, la dependencia, la marginalidad y la humillación. Sin embargo, se han estrellado con lo que somos y queremos ser; la resistencia y la construcción alternativa han frustrado sus intenciones una y otra vez. Hoy necesitamos un Estado que refleje en sus institucionalidades la diversidad de territorios y culturas que somos: una nación plural; un Estado donde los derechos y la justicia sean ejercidos de manera colectiva, y que la naturaleza sea un sujeto de derechos y no una mercancía; un Estado que armonice lo regional con lo nacional y con lo internacional, como ámbitos de complementariedad y solidaridad; un Estado que equilibre las distintas formas de agrupar sentimientos y conciencias, tanto en lo social como en lo político, en un sistema integral de participación y decisiones de futuro; una democracia que integre sabiamente el reconocimiento de las minorías en el consenso de las mayorías; en el país que estamos haciendo, nadie es perseguido o perseguida por lo que piensa. A través de la historia la economía de la acumulación ha sido presentada como modelo de vida, con los títulos de progreso, modernidad, desarrollo o prosperidad; pese a ello, está probada la exclusión y degradación del ser humano y de la naturaleza, que ese sistema produce. Una sociedad que tiene como principio de sobrevivencia el usufructo del trabajo de otros, es imposible que tenga una ética de vida. Todas sus relaciones están determinadas por la corrupción, el engaño y la violencia. Cambiar estas lógicas, implica pasar de una economía de la acumulación a una economía de la distribución y la igualdad: a una sociedad comunitaria. En el modelo de país que nos imponen nunca ha habido la intención de buscar el bienestar para toda la población. En este continente, Colombia es el país que tiene los más altos niveles de concentración de la riqueza, lo que quiere decir de inequidad; lo que ha ido de la mano también de una alta concentración de las decisiones. De hecho, hemos soportado uno de los regímenes políticos más autoritarios y violentos, especialmente en los últimos 65 años desde aquel renombrado día del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.

Hemos soportado el poder de unas élites supremamente ambiciosas, quienes para sostener su avaricia han restringido de manera permanente y por la fuerza nuestras libertades. A través de los años, los acuerdos que hemos hecho con los gobiernos han sido incumplidos, traicionados, tergiversados, rotos e irrespetados. Han faltado a la palabra, y para evadir sus responsabilidades han acudido a la represión. Como un ejercicio de memoria que fortalezca y fundamente nuestras luchas, tenemos que dar cuenta de esa historia y de la manera como se han desconocido nuestros intereses. En medio de tal panorama, los pueblos hemos generado diversas experiencias de Paz, a través de la lucha, la resistencia y la confrontación, armonizando territorios, construyendo región, democracia directa y deliberativa, convivencia, justicia comunitaria, soberanía alimentaria, educación propia, salud espiritual y corporal, economía distributiva: hablamos de los Planes de vida, en donde integramos todos estos procesos comunitarios para el Buen Vivir en nuestros territorios, cuidando la tierra y construyendo poder en las comunidades urbanas y rurales. Estas experiencias tienen trazos y huellas de hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, nacidos en medio de las realidades territoriales del país y con el color de los múltiples pensamientos emancipadores. Por ello hoy planteamos con decisión: ¡Estamos resueltos a convertirnos en parte activa y permanente de la construcción de paz! En este momento de agudización de la guerra, la paz constituye una de las más urgentes aspiraciones democráticas de diversos sectores sociales en Colombia. Discutir, construir y luchar por la paz en Colombia implica un diálogo democrático a muchas voces: las comunidades, las organizaciones políticas y sociales, las insurgencias, el Estado, los poderes económicos, las iglesias, la comunidad internacional, los pueblos del mundo y todos aquellos con real voluntad en el tema. Hoy estamos aquí en este momento crucial, convocados por las acciones de paz que hemos construido históricamente, animados por la realización de nuestros planes de vida, armonía y dignidad, y acompañados por la fuerza ancestral y milenaria de los hombres y mujeres de nuestra tierra, para avanzar en la construcción de una propuesta de Paz incluyente, participativa, diversa, integral, profunda y transformadora. Estamos aquí jalonando la participación protagónica de los sectores sociales y populares en su conjunto, en el entendido de que la paz es un derecho de los pueblos; que la paz se hace desde los imaginarios de superación de los conflictos, desde las regiones, con perspectiva de país. La construcción de la paz, requiere que se asuman las propuestas que históricamente hemos venido planteando las comunidades en innumerables proyectos de vida, siempre desconocidos y criminalizados por el poder hegemónico. La paz implica hacer realidad esos cambios que exigimos hace años en miles de asambleas, demandas y movilizaciones.

Esta iniciativa de Congreso para la Paz es una acción política unitaria que se nutre de diversos procesos de articulación social y popular, donde se fortalecen nuestras capacidades de realización de nuestros sueños de país. Es un momento para provocar, tramar, y propiciar reflexiones, acuerdos, compromisos y acciones conjuntas desde lo regional y lo nacional, desde lo rural y lo urbano, entre todas y todos.

1. TIERRAS, TERRITORIOS Y SOBERANÍAS Las y los participantes del Congreso para la Paz nos mantenemos en la defensa de una concepción alternativa al desarrollo capitalista. Nuestra concepción está centrada en la liberación de la Madre Tierra y la constitución de territorios fundados en el fortalecimiento de la identidad campesina, afrocolombiana, indígena y urbano-popular. Defendemos un ordenamiento territorial desde los pueblos cuya base sean los Mandatos de Tierras, Territorios y Soberanías y los diversos Planes de Vida de las comunidades. Construimos Buen Vivir para la convivencia y la construcción popular del territorio. Defendemos lo multiétnico y pluricultural, propendiendo por la vida digna de los pueblos en convivencia y armonía con la naturaleza. Partimos del reconocimiento político, económico y cultural del campesinado como sujeto de derechos. Reafirmamos la vigencia de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y afrocolombianos. Consideramos fundamental el reconocimiento de la mujer rural como pilar de la soberanía alimentaria, la producción agrícola y la defensa del territorio. Reivindicamos el derecho a la ciudad para los pobladores urbanos y la necesidad de construir el sujeto urbano como dinamizador de los cambios necesarios en las ciudades. Consideramos que el ordenamiento territorial popular o alternativo no es solo un ejercicio de oposición a las propuestas del estado sino es la práctica y reconocimiento de los diferentes ordenamientos de los pueblos y comunidades en pro de su bienestar y Buen Vivir. 1. Territorio: Tierra y propiedad colectiva Reafirmamos la necesidad de una reforma agraria que ataque la concentración de la tierra y la desigualdad en la distribución de la propiedad rural. Dicha reforma debe ser integral contemplando también las garantías sociales, económicas y políticas para desarrollar los planes de vida construidos por los habitantes rurales. Es tarea principal luchar por una figura jurídica y política de territorio y territorialidad para el campesinado como base para avanzar en la construcción de una genuina política de reforma agraria integral y la materialización de los Mandatos populares. Es inaplazable una reforma tributaria que grave con impuestos altos a los grandes propietarios de la tierra. Esos territorios deberán apoyarse en los siguientes criterios: 1) Permanencia en el territorio con garantías para la vida, la producción, las expresiones culturales y la vida en comunidad. 2) Reconocimiento del campesinado como sujeto político, social, económico y cultural. 3) Defensa y protección de las comunidades. 4) Defensa de la Soberanía Alimentaria de la nación y las comunidades. 5) Ir más allá de la propiedad individual para generar regulaciones colectivas del territorio. 6) Apropiación colectiva de los territorios campesinos con reconocimiento de los derechos adquiridos de propiedad privada de pequeños

y medianos propietarios campesinos. 7) Un modelo de Buen Vivir propio con base en planes de vida. 8) Autoridades y gobierno propio. Las Zonas de Reserva Campesina son una ganancia del movimiento campesino colombiano, consideramos fundamental defenderlas como instrumento de la lucha de las comunidades rurales. No obstante, esta figura tiene limitaciones para solucionar los problemas del campo al no abarcar todo el territorio nacional y no atacar a la gran propiedad terrateniente. No compartimos la sustracción de Zonas de Reserva Forestal para instaurar Zonas de Reserva Campesina. Ratificamos la vigencia y pertinencia de las figuras jurídicas y políticas que reconocen y protegen los territorios colectivos indígenas y afrocolombianos, como los Resguardos, Cabildos y Consejos Comunitarios. Estas figuras siguen siendo una base para continuar avanzando en la materialización de los Planes de Vida y los mandatos. Es necesario seguir buscando el reconocimiento, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas y territorios colectivos afro. Concebimos un ordenamiento territorial social y ambiental en el país que permita promover a los diferentes sectores como el pesquero y demás sectores agrarios. Consideramos que la política actual de restitución de tierras es insuficiente, precaria y que en muchos casos beneficia más a los empresarios agroindustriales que a las víctimas. Seguiremos exigiendo la restitución de tierras y la reparación integral como una base para generar justicia en el campo y lograr condiciones para la reconciliación. La restitución de tierras debe garantizar la autonomía productiva de las víctimas a reparar. 2. ¿Y la vida en las ciudades? Consideramos que el país necesita un proceso de Reforma Urbana para el Buen Vivir en el marco de un ordenamiento territorial democrático y alternativo a la concepción dominante, aquella que considera la ciudad como espacio de realización de la producción capitalista, lo cual ha ocasionado diversos problemas sociales como: la concentración y tenencia de la tierra, los planes de vivienda y urbanización contra los intereses populares, el abuso de las inmobiliarias y arrendadores, la ausencia o privatización de los servicios públicos, la cantidad de impuestos que se le exige a la gente como el impuesto predial, problemas que se profundizan con la implementación de la locomotora de vivienda. Por lo tanto defendemos una visión de la ciudad basada en el derecho a habitar el espacio y construir lo común, con la realización de propuestas locales, regionales y nacionales por la solución a las problemáticas de los territorios urbanos. Para esto es necesario levantar lecturas de las problemáticas territoriales urbanas, construir una política urbana que involucre una reforma laboral para el trabajo digno, la movilidad, servicios públicos, vivienda digna, desarrollo económico propio, derechos de trabajadores y escenarios de empoderamiento de la ciudad,

entre otros. Es importante diagnosticar, proponer y fortalecer métodos de trabajo, con personas organizadas y no organizadas, para construir identidad desde los barrios y propuestas de planes de vida que muestren nuestra capacidad de ordenar el territorio y su desarrollo. En cuanto al ordenamiento territorial debemos pensar una reestructuración del catastro nacional, el cual debe servir para evaluar las condiciones de vida de las poblaciones no para la valorización sino para la garantía, promoción y protección de los derechos. Se debe construir una “Ley de vivienda digna” que contemple las garantías para el acceso y la permanencia en el lugar de residencia. Las ciudades como receptoras de la población desplazada deben tener un plan de atención y contingencia adecuado y debe ofrecer, a partir de un proceso concertado con las comunidades, las condiciones necesarias para el bienestar de dicha población, que debe incluir, entre otros, planes de vivienda digna. 3. El territorio es Nuestro y decidimos sobre él Seguiremos luchando por la suspensión de las concesiones de territorios a empresas transnacionales y en la expulsión a esas compañías de nuestras regiones. Nos oponemos a toda forma de extranjerización de la tierra y cesión de baldíos de la nación a grandes inversionistas. Buscaremos derogar las normas que legalizan el despojo y que amenazan la vida y la permanencia en los territorios. La minería a cielo abierto debe ser erradicada en su totalidad. Rechazamos la posible aprobación del derecho de superficie, el vuelo forestal y demás formas de privatización soterrada de la tierra y el territorio. Es necesario reformar el régimen de licencias ambientales con el fin de generar mecanismos jurídicos efectivos que protejan los ecosistemas. Las comunidades delimitaremos Zonas de Biodiversidad para proteger los territorios. Proponemos una ley marco de hidrocarburos que reivindique elementos de soberanía nacional y redistribución de la renta petrolea y gasífera. Buscaremos que Ecopetrol vuelva a ser una empresa completamente pública y buscaremos instituir una empresa nacional minera pública. De igual manera defendemos el carácter público de los demás bienes comunes de carácter estratégico para la nación. Es necesario generar una política de pago de la deuda ambiental generada por la extracción de recursos. Para el desarrollo minero alternativo se proponen los siguientes principios: 1. Consulta con consentimiento, 2. El principio de precaución: si no se conoce las consecuencias y no hay estudios profesionales es mejor desarrollar ninguna actividad 3. Solo se gestionara la minería necesaria. 4. El principio de beneficio comunitario. Exigimos el rediseño de la figura de la consulta previa para darle un carácter que incluya al campesinado, que tenga carácter decisorio desde las comunidades y que permita que las

comunidades rurales sean quienes toman las decisiones sobre la definición de políticas públicas y los proyectos económicos en sus territorios. Proponemos entonces la suspensión o moratoria de las actuales concesiones mineras y demás mega proyectos hasta que las comunidades sean consultadas. 4. Somos un solo continente La defensa y el cuidado de los territorios se debe hacer con una visión integradora y latinoamericana, para ello proponemos visibilizar el congreso de los pueblos en el campo latinoamericano con el fin de generar redes de hermanamiento con los otros pueblos y avanzar en la Propuesta de un “Polo de Integración Binacional” entre Colombia y Venezuela, basado en la búsqueda de soluciones a la dinámica fronteriza de desplazamiento, economía, la seguridad y salud. Ésta propuesta busca la articulación de los pueblos entorno a la soberanía popular. Es de gran importancia impulsar espacios de coordinación con países latinoamericanos con propuestas de generación de mesas de trabajo para solucionar problemáticas, en especial, sobre la gran minería en la cordillera andina. 5. Cuidamos la tierra como cuidamos a nuestra Familia Seguiremos demandando la protección de todas las fuentes de agua y de los bosques como elementos vitales del territorio, rechazamos todas las formas de privatización y mercantilización de los bienes de la naturaleza. Demandamos la recuperación del uso público y comunitario de las sabanas comunales y los playones que hoy están en manos de terratenientes y grandes empresarios. Rechazamos la construcción de nuevas hidroeléctricas. Exigimos que cesen inmediatamente las fumigaciones con aspersión aérea. Debe desarrollarse una planeación participativa con la comunidad acerca del manejo de la diversidad biológica y genética, que permita una protección de nuestros recursos naturales. Reconocemos que la búsqueda de solución a los problemas relacionados con el agua, su uso y su manejo recogió a distintos sectores y expresiones de la sociedad y permitió conectar distintas regiones con la misma problemática; por eso decimos que la defensa del agua conecta las luchas y articula los sectores urbanos y rurales. Rechazamos rotundamente los planes departamentales de agua. 6. Avancemos en la Unidad Popular Una agenda de paz con justicia social pasa por solucionar los conflictos territoriales entre las comunidades, pueblos, organizaciones y sectores sociales; conflictos que en buena medida han sido instigados por el Estado. Buscaremos una solución autónoma a los conflictos interétnicos e interculturales sobre la tierra y los territorios. Por lo anterior, buscaremos la institución de territorios interétnicos con gobierno compartido, generando confianza entre las diferentes etnias y pueblos para construir propuestas concretas y unitarias.

Como pasos mínimos proponemos la realización de una cartografía para identificar el territorio rural y urbano, recoger la experiencia de trabajo e iniciativas, señalar cual es el déficit en términos de recursos y tierras de cada grupo social, buscar una estrategia de recuperación de lo nuestro que no afecte a otros sectores y luego ponerse de acuerdo para ver, según la necesidad, historia y ubicación geográfica, cómo se podría manejar y recuperar colectiva y solidariamente, entre sectores, los territorios despojados. 7. Nuestra cosecha, nuestro trabajo, nuestra Vida Es prioritaria la recuperación de la producción agraria y alimentaria para el fortalecimiento de la economía campesina y la soberanía alimentaria de las comunidades, los pueblos y la nación. Es crucial defender y promover la agricultura orgánica. Seguiremos defendiendo las semillas nativas y lucharemos por la prohibición de todo tipo de privatización o patente sobre la vida. Los sistemas de producción agrícolas no deben limitarse a la producción orgánica como un simple método de sustitución de insumos sino que debe ser abordado como un proceso integral de producción visto desde la agroecología, que debe ser integral, dinámico y acorde con cada territorio y comunidad. Se debe fortalecer el desarrollo de la educación popular, fortaleciendo la formación técnica desde los colegios agropecuarios. Las apuestas en este sentido se deben recoger y sintetizar dando como resultado un “Ley de producción agropecuaria” que satisfaga las necesidades reales de las comunidades y de la soberanía alimentaria. Sobre el tema del narcotráfico y sustitución de cultivos reconocemos su relación con el Estado y una economía mafiosa que se ha construido sobre el despojo de los territorios, el acaparamiento de tierra, el recrudecimiento de la guerra y la eliminación sistemática de los pobladores del campo y de los luchadores del pueblo. Generar propuestas frente a este tema implica necesariamente la construcción de paz y la paz no puede lograrse sin darle salida a este problema; también tiene que ver con la construcción de soberanía popular, puesto que es pauta para enfrentar las políticas de injerencia extranjera que se escudan en las políticas antidrogas. Se propone rescatar el sentido ancestral, medicinal y nutricional de la coca generando espacios culturales de reivindicación de la hoja, intercambios de experiencias y proyecto productivos que muestren los diferentes usos prácticos de la misma. Se requiere construir propuestas de soberanía alimentaria desde la diversificación de los cultivos contrarrestando el monocultivo de cualquier tipo de producto, que genere daños a mediano y largo plazo de las tierras, rescatando el uso de semillas nativas, el uso de cultivos limpios y el intercambio de saberes ancestrales.

Proponemos que la política pública en temas agropecuarios y de producción tenga en cuenta e impulse la construcción y desarrollo de Planes de Vida Digna de las comunidades cocaleras, en la construcción de soberanía popular y territorialidad campesina. Debemos avanzar hacia la construcción, dinamización y fortalecimiento de sistemas propios de intercambio comercial y solidario, esto implica rechazar los acuerdos y tratados de libre comercio e inversiones firmados por Colombia y las políticas de apertura económica defendidas durante las últimas décadas. La garantía de la soberanía alimentaria depende de la economía campesina, por esa razón es fundamental defender la pequeña producción y darle garantías económicas para su desarrollo. 8. Para vivir mejor: educación, alternativas y comunicación Es imprescindible contar con sistemas educativos propios desde las costumbres y culturas campesinas, indígenas y afro para permanecer en los territorios y proteger las culturas de los pueblos. Frente a la educación campesina es necesario generar un currículo propio de acuerdo con las realidades diversas de las regiones. Hay que tener en cuenta a los y las jóvenes rurales, y su alta posibilidad y ganas de migrar a los centros poblados y ciudades ya que no ven alternativas para su permanencia en el campo. Situación sobre la cual es necesario hacer un fuerte trabajo. La gente en muchos lugares está desinformada o mal informada sobre muchos aspectos de la vida nacional por lo que proponemos construir nuestro propio medio de comunicación. 9. Gobierno propio y soberanía popular Defendemos una concepción de la soberanía popular en territorios con gobernabilidad propia y autónoma, a través del ejercicio de autoridad comunitaria. Defendemos una institucionalidad popular para la recuperación y defensa de lo público. Los Planes de Vida son el proyecto de vida de las comunidades y la base para la autodeterminación de los pueblos, proponemos que mínimamente estos deben incluir los siguientes ejes: i) Territorio y autoridad ii) Lo familiar y comunitario para una nueva sociedad, iii) Lo político-organizativo, iv) Medio ambiente: aguas y bosques como elementos vivos del territorio que no podrán ser mercantilizados o privatizados, v) Producción orgánica, vi) Transformación y comercialización de la producción propia, vii) Identidad y cultura, viii) Educación, ix) Salud, x) Vivienda e infraestructura. Crearemos autoridades propias político administrativas de los territorios campesinos. Se constituiremos de Guardias Campesinas para la protección de los territorios y la regulación de la convivencia de la comunidad. Para el bienestar y tranquilidad de la gente en sus territorios es necesaria la desmilitarización de los territorios, además exigimos a la fuerza pública un desminado humanitario, es hora de pasar

de la identificación e información al desminado real. De igual manera exigimos suspender operaciones militares que generan bombardeos en reservas naturales y que en muchas ocasiones afectan la actividad agrícola de las comunidades. En vista de que el ecoturismo pone en disputa los territorios, proponemos que los cuerpos líquidos, como ciénagas ríos y mares, sean concebidos de manera integral y construir una noción desde las comunidades, por otra parte agenciar los planes de ordenamiento territorial costeros o ribereños, y que en los entes de control exista participación popular. Exigimos al gobierno y puntualmente al INCODER que se aplique de manera inmediata, con participación de las comunidades, lo planteado en el decreto 1477 del 2006 sobre los usos de las sabanas comunales y lo playones. Trabajaremos en su recuperación porque hoy están en manos de terratenientes y grandes empresarios, para esto el campesinado deberá tener un diseño alternativo y una estrategia de movilización que nos conduzca a nuestra meta. Con esta consideración sobre la tierra y el territorio y teniendo en cuenta nuestras apuestas políticas proponemos: - La realización de un GRAN PARO NACIONAL MINERO-ENERGÉTICO Y AGRARIO. Frente a esto se especifica: Se exigirá la derogación de todas las legislaciones del despojo (ejemplo ley Carranza). Se debe exigir que el gobierno incluya el subsuelo como propiedad de los colombianos y que todos los sectores sociales deben participar como protectores del territorio. Los mineros participaran en el paro en nacional. Las formas de negociación deben ser públicas, deben ser avaladas por la comunidad. Se debe Tumbar la declaratoria de la minería como interés social. Dentro de la bandera de la paz debemos poner no solo la justicia social sino también la justicia ambiental. Con esa bandera posicionaremos que es imperante detener el avance de la minería. - La realización de un Gran Encuentro Nacional Urbano, para hacer una caracterización de la problemática urbana y avanzar hacia la construcción de una propuesta de coordinación nacional urbana. Este se desarrollara el segundo semestre 2013. - Realizar un Juicio ético y político a las transnacionales, un tribunal que tenga fuerza social y política y que haga un ejercicio de penalización. Buscara una articulación y gestión desde UNASUR. - Establecer una campaña que se denomina la alianza por el 50%. Campaña que se propone con el objetivo de reducir los precios de los combustibles a la mitad. - Realizar una Jornada nacional prolongada de liberación de la madre tierra de manera articulada entre campesinos, indígenas y afros. 1.

Plan de Acción Jornada nacional contra las transnacionales: bloqueo a la operación económica de las transnacionales.

Paro nacional agrario y minero- energético de confrontación al estado y sus leyes del despojo.

Juicio ético y político a las transnacionales.

Encuentro Nacional Minero- energético (16 y 17 de mayo)

Encuentro Nacional Urbano: Caracterización de la problemática y avanzar hacia coordinación nacional urbana. Segundo semestre 2013.

Encuentro interétnico e intercultural para abordar los conflictos y buscar acuerdos entre comunidades, organizaciones y procesos. Construir instrumentos propios para la resolución de los conflictos.

Diseño de una estrategia de retorno y restitución de tierras y territorios.

Encuentro de economía propia y soberanía alimentaria.

Encuentro de cultivadores de coca de Suroccidente (4 y 5 de junio en Popayán).

10. Encuentro Nacional de cultivadores de coca. San José de Guaviare. 11. Definir un equipo nacional para estudiar figuras jurídicas de territorios campesinos y que avance en una propuesta que incluya: forma de propiedad, administración y autoridades, usos del suelo, recursos, mercadeo. 12. Realizar un censo urbano para determinar las condiciones de vida reales y confrontarlas con los datos oficiales: subempleo, delincuencia, trabajo informal, analfabetismo, militarización, neoparamilitarismo, desplazamiento, derechos. 13. Movilización contra la privatización del territorio urbano.

2. ECONOMÍA PARA LA VIDA DIGNA Asistimos a nivel mundial a una crisis del sistema capitalista, que se ha traducido en la profundización del modelo neoliberal, lo que ha implicado una reconfiguración del papel del Estado encaminada a garantizar las ganancias para las transnacionales y el sistema financiero mundial. Es una crisis que demanda recursos naturales especialmente minero-energéticos, en miras a mantener la dinámica de acumulación y la expansión del aparato especulativo a nivel global. El conjunto de políticas oficiales que le sirven a estos intereses neoliberales perpetúan el despojo rural y urbano, restringen el acceso a los bienes ambientales, modifican el uso y la tenencia de la tierra, atentan contra nuestra soberanía alimentaria y energética, colocan en riesgo la existencia de comunidades indígenas, afros, campesinas, de pescadores y urbanas, persiguen a la minería tradicional y en general a toda la economía de sobrevivencia, recortan la participación en las decisiones sobre el territorio y le dan continuidad al conflicto armado que afecta directamente a las poblaciones en las regiones. Desde la instalación del Congreso de los Pueblos, y en particular desde el Congreso Nacional de Tierras Territorios y Soberanías y los últimos congresos regionales llevados a cabo en todo el país, hemos avanzado en la consolidación del mandato de hacer un modelo económico que tenga como objetivo construir un Buen Vivir para la gente, en convivencia con la naturaleza. Mandatamos desmontar el modelo neoliberal. Hoy necesitamos un modelo que revierta los ejes de aplicación de la globalización neoliberal que tanto daño le causan al país: la dependencia, la privatización, la mercantilización, la financiarización, el despojo y el autoritarismo. Un modelo económico que centre sus potencialidades en el autoabastecimiento interno y no en el mercado internacional, en la producción agraria e industrial y no en el extractivismo, que integre solidariamente las distintas formas de economía tradicional y comunitaria y que tenga como principio la redistribución, para garantizar el bienestar de la población que habita los territorios, bajo la afirmación de la diversidad social, cultural y ambiental y el respeto a la naturaleza. Mandatamos: ¡Economía para la vida digna, por un país para el Buen Vivir! 1.

Avanzar en la construcción de Planes de Vida territoriales acordes a nuestras visiones e intereses. Debemos recuperar las prácticas colectivas para que la economía sea viable.

Haremos realidad una “Reforma Agraria Integral. Prohibiremos todas las formas de transnacionalización de la tierra y el territorio.

Los servicios públicos son garantía de soberanía y de equidad, por lo que deben ser nacionalizados; no pueden hacer parte de la lógica de la ganancia privada. Deben

promoverse y protegerse los servicios de carácter comunitario. Para nosotros el agua es un derecho y debe ser propiedad pública y de libre acceso. La recuperación de los ríos en aras de hacer un acueducto comunitario es hacernos soberanos en nuestros territorios. 4.

Adoptaremos todas las condiciones necesarias para dignificar el trabajo y las distintas actividades productivas de hombres y mujeres. Se debe tener en cuenta el trabajo que hacen las mujeres. Somos tejedoras de vida y en cada tejido decimos que queremos.

Vamos a recuperar y promover la cultura campesina, fortaleciendo las capacidades productivas, rescatando las costumbres originales, garantizando el mercadeo de los productos y posicionando al campesinado como uno de los actores fundamentales de la vida económica, política y social del país. Afirmaremos el derecho de consulta y consentimiento de la población campesina para intervenir en sus territorios.

Es necesario ejercer la soberanía en el sistema alimentario, por cuanto constituye la base fundamental de la dignidad de los pueblos.

Asumir la sustitución autónoma de cultivos de uso ilícito por cultivos alimentarios. Resignificar la producción de la coca, y rechazar la criminalización de los cultivadores.

Recuperar el carácter público de la salud y de la educación. Haremos una reforma a la salud con base en los principios de gratuidad, progresividad y universalidad. Haremos una reforma a la educación con base en el enfoque de las cuatro aes: Asequibilidad, Acceso, Adaptabilidad y Aceptabilidad.

Rechazamos la minería a gran escala y los megaproyectos hidroenergéticos. Impulsaremos la Ley Marco de Hidrocarburos en la perspectiva de la soberanía energética.

10. Nacionalizaremos los bienes de la naturaleza y los grandes enclaves agroindustriales. Planteamos un aprovechamiento racional de los bienes de la naturaleza con base en las necesidades nacionales en concertación con las comunidades de su influencia, y con reales parámetros de protección a los ecosistemas y las culturas. 11. No pueden haber acuerdos económicos que estén en contra de la economía nacional y de los pequeños y medianos productores del país, y que genere pobreza entre la población colombiana. 12. Será necesario construir relaciones económicas, en lo nacional y lo internacional que sean justas y solidarias. Impulsaremos la consulta pública sobre todos los tratados económicos internacionales. 13. Nos oponemos a la acumulación creciente de riqueza en manos del sector financiero, industrial y comercial. Es necesario retomar la banca en manos del Estado y desarrollar una plataforma de ahorro y de crédito que esté al servicio de la economía local.

14. En lo urbano, trabajaremos por una real apropiación del territorio de la ciudad por parte de los pobladores, rescatando el sentido de vecindad y potenciando relaciones de solidaridad que dignifiquen la vida de los habitantes. Generar conciencia sobre el consumo, fortalecer la conciencia en la ciudad de la proveniencia del alimento, no se debe subestimar el papel de los sectores campesinos 15. Desarrollaremos una política de reforma urbana que ordene el territorio y reduzca el déficit de vivienda, con criterios de comunidad y de hábitat. Revitalizar y tejer puentes entre la ciudad y el campo, alrededor del agua, lo alimentario, la tecnología y las comunicaciones. 16. Es necesario instaurar un nuevo régimen tributario basado en impuestos progresivos y en el aumento de la capacidad de recaudo del Estado. Paga más quienes tienen más ingresos y propiedades. Las empresas transnacionales no pueden tener exenciones de ningún tipo. Las empresas deben pagar la deuda ambiental y social a las comunidades afectadas por sus intervenciones. 17. Redefinición del presupuesto público: aumento del gasto público social y recorte al gasto militar. Se establecerán mecanismos participativos de definición del presupuesto de los planes de desarrollo social y de inversión, en lo nacional y en lo local. 18. Retomamos el principio de la función social de la propiedad, planteando la expropiación sin indemnización previa por razones de utilidad pública, exceptuando las propiedades de los sectores medios y bajos de la población. 19. La administración de los recursos públicos garantizará los derechos económicos y sociales, y reconocerá los planes de vida que las comunidades hemos ido construyendo, potenciando y fortaleciendo las economías populares, en lo comunitario, lo económico, lo técnico y lo jurídico. 20. Haremos una economía nacional que tenga como base las economías territoriales y que defina nuevos circuitos económicos en el marco de los principios comunitarios de solidaridad y complementación. Habrá la infraestructura que conecte nuestras economías desde la diversidad. 21. Fortalecer nuestras economías desde las regiones. Redes de articulación económica. Activar nuevos tipos de mercados, de circulación, en los cuales las infraestructuras no sean para el capital, para el transporte del saqueo de nuestros recursos, que conecten nuestras economías desde la diversidad. Para eso también es necesario pensarse el país. 22. Democratización del Banco de la República. El Banco de la República controlará las transacciones financieras. Desarrollaremos la banca pública de fomento y de crédito. Se promoverán entidades financieras solidarias de iniciativa popular. 23. Necesitamos construir una cultura con unos imperativos éticos que enfrenten el

consumismo derrochador, y promover otras formas de consumo sustentado en las necesidades reales para tener una vida digna en convivencia con la naturaleza. Las redes de consumo recobran el sentido de autonomĂa y autodeterminaciĂłn.

3. POLÍTICA PARA LA VIDA DIGNA Reconocemos que la paz implica la generación de cambios estructurales, la transformación del régimen político que se articula bajo los intereses de las clases en el poder, de las élites, de los terratenientes y de las empresas transnacionales; que se soporta en la desigualdad y la dominación y que ha implementado la guerra y el terror contra el pueblo. Comprendemos que en el origen del conflicto social, se encuentra la desigualdad, la inequidad en la distribución de la tierra y la riqueza, la ausencia de garantías para la participación y la organización social en un régimen antidemocrático, por ello afirmamos que la paz se expresa en la democratización del régimen político y la construcción de un país para la vida digna. Por lo tanto desde el Congreso nacional para la Paz, mandatamos: Construir política desde los territorios para construir un nuevo Estado y una nueva forma de gobernar, y para lograrlo consideramos que es necesario reinventar la política, plantear nuevas formas de gobernabilidad y de defensa de lo público, para concebir un nuevo modelo de sociedad y de Estado. Para la reinvención de la política, nos afirmamos en la diversidad y la heterogeneidad de nuestros pueblos, no en la ciudadanía ni para ser integrados a una propuesta de Estado, sino para desplegar nuestra potencialidad en la creación de políticas para construir territorio, soberanía, independencia y autonomía. Para avanzar en la concreción de nuestras aspiraciones, desde el Congreso nacional para la Paz nos hacemos un llamado reconocer que ya somos un actor político, que está creando nuevas formas de gobierno y que requiere generar con más fuerza acciones para alcanzar nuestro mandato. En este sentido, es de gran importancia que nos reconozcamos como personas, organizaciones, procesos, territorios, iniciativas y en general, como un movimiento que construye poder popular desde las bases y que desde allí se fortalece política y organizativamente. Buscamos la paz en el anhelo de un país con vida digna, en la lucha por la transformación del modelo político y del Estado capitalista y para ello nuestras propuestas son: 1. Un nuevo gobierno soberano, independiente y popular: Que defienda un proyecto de nación incluyente basado en los intereses populares y en la democracia, que propenda por la vida digna y que en el campo de la economía detenga el neoliberalismo, revierta la desigualdad en la distribución de la propiedad, combinando diferentes formas como la comunitaria, la estatal y la colectiva y le apunte a la satisfacción de las necesidades de la población.

Un nuevo gobierno que propugna por el derecho a los territorios, la defensa de los bienes comunes de los pueblos y la nacionalización de los bienes públicos, en correspondencia con la soberanía nacional y popular y la independencia. Que se comprometa con la revisión de todos los tratados internacionales suscritos por Colombia, buscando renegociar todas las condiciones que vulneran el interés o la soberanía nacional, denunciando los tratados, planteando reservas o enmiendas para dejar sin vigor tales acuerdos, y en el que las relaciones internacionales se basen en los principios de integración, la cooperación pacífica, la solidaridad entre los pueblos y el internacionalismo. Que prohíba cualquier tipo de injerencia de gobiernos extranjeros o de empresas nacionales o extranjeras en la toma de decisiones gubernamentales o en la ejecución de políticas públicas. El nuevo gobierno no permitirá la instalación de bases militares extranjeras en el país. Consideramos que es necesario gestar un nuevo Estado que satisfaga los intereses populares, propiciando a la vez formas de autogobierno y poder popular, basado en la participación de los sectores populares, generando mecanismos de democracia directa, participación política efectiva y que reconozca el carácter vinculante de los mandatos. En el que se defienda una nueva concepción de lo público que combine: 1) La pertinencia de lo público no-estatal, con formas de gobierno comunitarias y autónomas, y 2) La defensa de lo público-estatal como un ámbito de defensa de los intereses populares y desarrolle políticas públicas acordes con los derechos de los individuos y comunidades, y de los intereses populares en general. Un nuevo gobierno que garantice la igualdad en el disfrute de los derechos y en el trato para todos los individuos, con principios antipatriarcales, antisexistas, antirracistas, donde se erradique toda forma de homofobia y se sancione de manera ejemplar, toda actitud discriminatoria por razones de etnia, género, nacionalidad, edad, u orientación sexual. La garantía de los derechos humanos se debe materializar en la generación de políticas públicas para la vida digna, para los individuos y las comunidades y en correspondencia con los intereses populares. En una política de vida digna debemos apropiarnos del Buen Vivir para volver a reconocer al ser humano y construir un sujeto político que tenga en cuenta los derechos de la Madre Tierra. 2. Formas comunitarias y territoriales de poder popular: Planes de vida. Propugnamos por un nuevo modelo político enfocado en la construcción de poder popular, legitimo, garante de bienestar y de territorialidad comunitaria y gestión colectiva de los bienes públicos y los bienes comunes. Defendemos una nueva concepción de la política que parte de la búsqueda de una nueva gobernabilidad. La nueva concepción de la gobernabilidad parte de dos imperativos: 1) Defender formas comunitarias de autogobierno y autogestión, desde los resguardos, cabildos,

consejos comunitarios, juntas de acción comunal, consejos campesinos, sectores urbanos populares y demás figuras de poder popular. En los pueblos indígenas y afros, organizados a partir de las autoridades tradicionales, es imperioso reafirmar la estructura tradicional y legitimar su rol dentro de los espacios donde se encuentran. Los cabildos, consejos comunitarios y demás formas de gobierno propio deben legislar desde y con las comunidades. En el caso del campesinado deben instituirse los mecanismos adecuados para garantizar el autogobierno, seguir desarrollando las experiencias exitosas y legitimarse como sujeto político. Impulsaremos la construcción de Planes de Vida en y desde las comunidades como formas propias de organización y ejercicio del poder, en la que se tome como base la construcción de territorialidad y los pueblos como sujetos de derechos. Los planes de vida deben ser la carta de navegación de los proyectos comunitarios y populares, así como la ruta para proteger los territorios y en ello, debe primar la materialización de los mandatos y la legislación popular y participativa. 3. Ordenamiento territorial popular: Construiremos un nuevo ordenamiento territorial a nivel nacional para que las comunidades puedan mandatar sobre sus bienes comunes, bienes públicos y recursos estratégicos, para fundar una nueva forma de relacionarnos con la Madre Tierra, y para generar una auténtica reforma agraria que redistribuya la propiedad de la tierra. El ordenamiento territorial también buscará definir un nuevo modelo de regionalización acorde con las culturas y los procesos de poblamiento. Un nuevo orden regional que no se construya con base en las haciendas y el poder político tradicional, sino en el habitar de los pueblos y las características del territorio. Consideramos estratégico construir mandatos territoriales para orientar el nuevo gobierno a través de la construcción de territorios autónomos con sistemas propios: educativo, de salud, económico, entre otros y en donde prime la autodeterminación para legislar desde las comunidades. Por ello se vuelve fundamental la construcción, fortalecimiento y posicionamiento de los planes de vida acordes a la realidad existente en cada una de las comunidades. Las reivindicaciones concretas de las comunidades en los territorios, harán parte de los planes de vida para fortalecer las plataformas políticas, que son la que sustentan nuestra acción política. Estamos por la democracia popular, la soberanía, la vida digna, la paz con justicia social y la lucha contra el capital.

4. Plan de acción: - Fortalecer el trabajo de base y los espacios se construcción local, territorial y nacional para la construcción de un nuevo Estado y un nuevo tipo de gobierno. - Gestar poder político desde los espacios locales y regionales a partir de la organización y la movilización. - Fortalecer la participación política a través de la comunicación, la educación y organización social. - Generar un diálogo nacional por la paz donde se articulen todos los sectores del Movimiento Social y Político a nivel nacional, regional y local. Debemos convocar y extender un llamado a las organizaciones políticas a construir la unidad para proyectar un bloque unitario de izquierda social. - Visibilizar la propuesta de legislación popular y los mandatos a través de escuela popular política de carácter plural y local. - Crear un escenario desde el Congreso de los Pueblos donde se pueda debatir el escenario electoral, ya que aparece como coyuntura y fuerte punto de debate (mecanismos y estrategias de construcción de poder popular y de gobierno). - Fortalecer las acciones locales y regionales que defienden el territorio y por lo tanto la soberanía del país, exigiendo la consulta previa a las comunidades sin distinción étnica. 5. Promover la constitución de formas organizativas de poder y acción popular propias de cada comunidad, a nivel regional y nacional. Lo cual debe tener en cuenta: a) Sistematización y desarrollo de propuestas de cogobierno y gobierno autónomo en los diversos sectores. b) Construcción o consolidación de procesos político-organizativos que tengan como objetivo de defensa de la salud, la educación pública y gratuita y la vivienda. c) Generación de estrategias de reconstrucción de lazos comunales y vecinales. d) Articulación entre distintas formas de construcción de poder, incluyendo la vía parlamentaria, movilización, construcción e incidencia en políticas públicas. e) Promoción de una acción nacional sostenida para reconstruir la organización de los trabajadores y trabajadoras, el movimiento sindical y las organizaciones de trabajadoras y trabajadores en situación de precarización. f) Desarrollo de ejercicios de veeduría social, que fortalezcan el derecho a la oposición y la creación de mecanismos de garantía para ejercer este derecho.

4. CAMINOS DE JUSTICIA, VIDA Y PAZ Entendemos que el modelo de justicia en que vivimos hace parte de un proyecto de país que atraviesa los diferentes ámbitos de la vida en comunidad, que no está aislado de los planes de desarrollo político-económicos y por tanto, que requiere una transformación estructural de las lógicas inequitativas que se han impuesto al pueblo Colombiano. Necesitamos una justicia que supere la lógica del castigo y lo punitivo, que parta de la defensa de la vida en función de fortalecer el tejido social de las comunidades y su relación con el territorio y la naturaleza. Rechazamos el modelo de justicia hegemónico, represor y elitista, y mandatamos la construcción de un nuevo modelo de justicia que tenga como objetivo central la garantía integral de los derechos de los pueblos y la dignificación de la vida, partiendo de los mecanismos y necesidades comunitarias y populares, una justicia verdaderamente democrática, sustancialmente participativa y fruto de refrendar y fortalecer el pacto social, en el que los sectores sociales y populares sean protagonistas en su construcción. Es fundamental Ser Gobierno en tanto son los pueblos quienes tienen la capacidad de generar leyes más justas, autónomas y desde la visión propia, fortaleciendo las propuestas ya existentes de justicia comunitaria en comunidades indígenas y campesinas principalmente. Para lo cual exigimos el respeto a la autonomía de los pueblos y la generación de espacios amplios y decisorios. Debemos reconocer las especificidades en los crímenes a razón de discriminaciones de género que nos permita priorizar e incorporar rutas concretas de solución al respecto. Un ejemplo claro de ello es la violencia hacia las mujeres, que en el marco del conflicto social, político y armado se expresan, por ejemplo, en el uso de los cuerpos como botín de guerra, es clave incorporar conceptos como el feminicidio en el marco legal y jurídico que nos permitan dar cuenta de lo que realmente significan estos crímenes. Nuestra propuesta de justicia contempla darle voz a las víctimas y romper con el silencio mediático que respalda la impunidad, dando privilegios a los sectores dominantes y a intereses externos o extranjeros que mantienen el orden social que nos quiere condenar al olvido. Exigimos una reparación integral que parta del reconocimiento por parte de Estado de su responsabilidad en los crímenes y pase por un perdón público hacia las víctimas por parte de todos los actores armados. Además del reconocimiento de la crisis humanitaria y carcelaria nacional que no está aislada de la doctrina de seguridad hasta ahora manejada: Hacinamiento, ausencia de cobertura en salud y de garantías vitales, carencia de derechos civiles y políticos, son la realidad del conjunto de las personas detenidas en nuestro país.

En ese sentido, en nuestra propuesta de justicia rechazamos: I.

II.

III.

la guerra abierta al pueblo colombiano, organizado y no organizado, a través de la represión, la segregación socioeconómica, la persecución, el reclutamiento forzado, el encarcelamiento arbitrario y la producción legislativa orientada tanto a simplificar trámites para facilitar la represión como la creación permanente de delitos y el aumento de sus penas. la condición elitista y burguesa de la justicia actual, que le impide al grueso de las comunidades el acceso a decisiones judiciales, ya sea por la vía de la negligencia o la incapacidad administrativa, como por la permisividad de privilegios a agentes de las clases dominantes, estatales y paraestatales; es el caso de las últimas condenas respecto a corrupción, parapolítica y facilidades a las empresas multinacionales para entrar a usufructuar nuestro territorio sin mayor regulación. la ausencia de diagnósticos y soluciones respecto a la violación de derechos humanos y del territorio, en vía del mantenimiento de un sistema totalmente impune que calla, silencia e instaura el miedo como pilar de una sociedad de control, que excluye y condena a la marginalidad, legitimando las desigualdades e injusticias sociales.

En este orden de ideas, trazamos un camino para dar el vuelco que necesitamos hacia una sociedad con justicia social, en el marco del respeto a la construcción de planes de vida con las garantías de cumplimiento de los derechos fundamentales. Para ello contemplamos diferentes exigencias que como pueblos de Colombia consideramos urgentes e imprescindibles para pensar la justicia y la vida digna en la construcción de paz. Por un lado, levantamos la consigna: “Para la vida y la justicia: verdad toda verdad todos/as, reparación integral a las víctimas”. Consideramos que no es posible que la reparación se contemple en una sola dirección, hay que reconocer la multiplicidad de actores y la diferencia de connotación que tienen: no son equivalentes los delitos cometidos por las insurgencias que los crímenes de Estado, pues éste último debería ser garante de los derechos y no el protagonista de sus violaciones. Tenemos derecho a la verdad, a saber qué pasó con los/as desaparecidos/as, a que los/as criminales sean juzgados, una reparación que vaya más allá de una remuneración económica y tenga en cuenta la restitución de los territorios expropiados a sus legítimos/as habitantes. No se puede hablar de un país en paz hasta que no se neutralicen estos crímenes de Estado, hasta que el pueblo que se manifiesta ante la injusticia deje de ser considerado el enemigo. Ni perdón, ni olvido, memoria e historia digna para la paz. Se propone entonces, la creación de lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha nombrado “comisión de la verdad”: “Se deberá crear una comisión de la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra

cometidos en Colombia desde 1945 hasta la fecha de la conclusión y entrada en vigor del acuerdo de paz, con especial énfasis en los crímenes cometidos por agentes estatales y grupos paramilitares”. Dicha comisión va en consonancia con la responsabilidad del Estado de hacer conocer la verdad y aportar posibilidades de investigación, y puede contribuir a “Esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades por las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluidos el exilio y las persecuciones políticas contra partidos y movimientos políticos de oposición, organizaciones sociales, campesinas y sindicales, comunidades étnicas, defensores de derechos humanos, cometidos en Colombia desde 1945 hasta la fecha de la conclusión y entrada en vigor del acuerdo de paz, con especial énfasis en los crímenes cometidos por agentes estatales y grupos paramilitares.” Sin embargo, es de aclarar que esto no completa la obligación del Estado de establecer la verdad, ni sustituye o tiene el mismo carácter que un juicio penal, más bien, contribuye en la recolección de pruebas que posibiliten realizar de manera transparente los diferentes procesos de esclarecimiento y reparación integral. Esta comisión debe ser apoyada por un acompañamiento integral y psicosocial a mujeres, niños, niñas y demás víctimas, el respeto y garantía a la autonomía de los pueblos, un reconocimiento sincero de los crímenes y los agentes e instituciones involucradas; debemos entonces, repensar el sistema penitenciario y carcelario, reconociéndonos como parte de él, en tanto desborda los muros y las rejas de los penales para pasar a hacer parte de nuestras vidas, en este sentido, el conjunto del pueblo Colombiano ha sido víctima del terrorismo de Estado en el marco de una estructura social clasista y profundamente inequitativa. Es un sistema cíclico, en donde los/as detenidos/as salen de los centros de reclusión para volver a contextos de injusticia social y falta de oportunidades, lo que lleva nuevamente a tomar la opción de la infracción. Los programas sociales al interior de los centros de reclusión no son integrales, sino apaciguadores, el proyecto de resocialización en que se fundamentan ha fracasado y las reformas planteadas de ampliación de la cobertura y construcción de nuevos centros de reclusión siguen alimentando un círculo sin salida. En este sentido exigimos la “Declaratoria de la crisis humanitaria y carcelaria, junto con la amnistía a las presas y presos políticos” por parte del Ministerio de Justicia y de la sociedad en general. Rechazamos rotundamente la extradición de detenidos/as, que le resta soberanía al modelo de justicia y lo vuelve nada más que un peón de la justicia imperialista. Hablar hoy de la solución política al conflicto requiere dimensionar la lucha por la libertad de quienes hoy son privados/as de ella por delitos políticos. Es esencial la presencia de sus voces en el gran Diálogo Nacional y en las mesas de conversación entre las insurgencias y el gobierno. Como medida de justicia transicional, levantemos la consigna ¡perdón o amnistía a los prisioneros y prisioneras políticas!, medida que solo puede ser tomada constitucionalmente por la cabeza del poder ejecutivo.

Se propone iniciar una campaña permanente de reconocimiento y solidaridad con los/as presos/as políticos/as, la cual debe posicionar el día 17 de abril en la agenda de movilización nacional, y posibilitar realizar actividades simultáneas, basadas en un diagnóstico y balance de la situación carcelaria en el país. Durante años hemos soportado el conflicto social, político y armado que vivimos a razón de una Doctrina de Seguridad Nacional orientada por el gobierno de EEUU. Como pueblos que hemos luchado por un país distinto, nos indigna que la manera de entender el bienestar de los mismos por parte del Estado, sea con una política de aumento exponencial a los entes represores del pueblo. Consideramos que las fuerzas armadas y la policía deben estar en consonancia con el respeto de los DDHH, el DIH, para ello, exigimos la desmilitarización de los campos y ciudades, además de la reducción del aparato militar, sus miembros, su infraestructura y su presupuesto, reinvirtiéndolo y direccionándose al bienestar de los pueblos. Que la policía cambie su carácter militar y vuelva a ser civil, que dependa del ministerio de justicia. Desmontar el aparato represivo del ESMAD y el paramilitarismo pues hemos visto constantemente, como están en función de la criminalización de la sociedad civil, de la protesta social, y del control territorial militar. Reconocer y fomentar las formas de guardia civil que comunidades implementan en sus localidades o regiones, rechazando los planes de cuadrantes de seguridad en distintas ciudades del país. Mandatamos la abolición del servicio militar obligatorio, y su reemplazo por un servicio militar voluntario y el respeto a la objeción de conciencia. Por último, rechazamos rotundamente el Fuero Penal Militar pues permite la impunidad de una parte de los agentes involucrados en los crímenes, como los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, legitimándolos por medio de figuras como los llamados “blancos legítimos”. Los pueblos de Colombia reunidos en el Congreso Nacional para la Paz, mandatamos un modelo de justicia propia, partiendo de la prevención y disminución de los delitos desde su raíz, la cual encontramos en la situación de pobreza e inequidad ya mencionada. Nuestros mecanismos de justicia deben privilegiar la defensa de la vida en sus diferentes ámbitos, tanto de las comunidades como de los territorios; debe permitirnos resignificar la vida desde el sentido de lo colectivo y no desde lo privado; el marco legal debe ser pactado, acordado y refrendado desde las bases del pueblo, para lo cual proponemos crear una asamblea judicial que cumpla el papel de consejo comunitario y nos permita realizar los acuerdos necesarios según los principios ético políticos de vida que construimos colectivamente, apoyados/as en una propuesta formativa pedagógica que dialogue entre las comunidades, regiones y la sociedad en general. ¡Mandatamos vida digna! ¡Mandatamos justicia social!

5. DERECHOS DE LOS PUEBLOS

Los derechos de los colombianos y colombianas han estado asaltados por el mercado y tratado como medios de producción y acumulación de capital al servicio de grupos económicos y multinacionales: informalidad laboral y ausencia de prestaciones sociales, baja calidad y poca cobertura en la educación, para tener mano de obra barata y sin conexión con los proyectos de país que tienen los pueblos; la salud en manos de grupos financieros que especulan con las mensualidades que pagan los contribuyentes en el inestable mercado internacional, obligando al pueblo pobre a elegir entre muerte lenta o deuda permanente. Estos son los ejemplos sobre los derechos que tienen los habitantes de nuestro territorio colombiano, pero el trabajo, la educación y la salud no son los únicos derechos que se deben exigir. Por esto es que los derechos de los pueblos es una cuestión de pensamiento y debate colectivo, donde salen otras exigencias que se han dejado de lado y no son reconocidas por el estado o por los gobiernos como derechos de las poblaciones, como derechos de los pueblos. Temas como la autodeterminación, la permanencia en la tierra, la sexualidad, el respeto a la vida, la juventud, la objeción de conciencia, el medio ambiente y más que salen de las luchas que los pueblos han por el atropello que se nos ha hecho de manera sistemática. Estos son derechos de los pueblos que son construidos desde los mismos. No negamos las luchas por mejorar y cambiar el trabajo, la salud y la educación a espacios más incluyentes, pero sentimos que faltan derechos por ser visibilizados y puestos en un nivel tan importante como estos tres que han sido protagonistas. Desde el Congreso Nacional de Paz mandatamos que los derechos no son únicamente los que son reconocidos como DESCA o derechos de segunda generación en el estado colombiano, ya que la lucha por el respeto a la vida y la lucha por un mejor trabajo son derechos de los pueblos que merecen ser tratados de manera integral. Seguimos alzando las banderas en contra de la Ley 100, en contra de la Ley 30, en contra de la securitización, en contra de la militarización de la vida, en contra de la estigmatización de la juventud, en contra de la discriminación sexual, en contra de la exclusión a personas con discapacidad. También mandatamos que la lucha por los derechos van en dos vías 1) la permanente observación del cumplimiento de los derechos que el estado tiene que cumplirle a toda la población de Colombia como algo transitorio y 2) generar trabajo de base para fomentar la formación, discusión y debates frente a lo que se entiende como derechos desde las particularidades de los pueblos, para avanzar en la superación de esa conceptualización institucional-estatal de ¿qué es un derecho? La primera en término de exigencia de

cumplimiento a lo que el Estado está obligado a cumplir y la segunda en cuestión de cambio del sentido que se le ha impuesto a los pueblos por las deliberaciones de unos pocos. Con este segundo paso, que no es algo que se tenga que hacer después del primero, sino es algo de manera permanente, se resalta la necesidad de difundir y socializar la metodología de trabajo de base y de discusión en las regiones para garantizar la construcción de base en el congreso. -

1) Derecho a la salud Derecho a la salud en las llamadas “zonas rojas” por medio de la exigencia de puestos de salud gratuitos para la población. Derecho a la salud en la socialización de las propuestas que están surgiendo para reformar el sistema de salud, el cual no será mejor que el ya existente. Derecho a la salud con el reconocimiento y des estigmatización de los métodos médicos ancestrales de las comunidades indígenas, campesinas y afro-descendientes. Esto exige recoger las diferentes formas de medicina ancestral por parte del sector académico para avanzar y no tener las cosas en la volátil palabra. 2) Derecho al trabajo Derecho al trabajo con la solución de la crisis laboral que está latente con el disparo de la tercerización, precarización e informalidad laboral con procesos de negociación honesta del gobierno con los sindicatos y los trabajadores. Derecho al trabajo con la creación colectiva de procesos productivos sin intervención violencia por aparatos represivos del estado, ni aparatos legales de limitación para los pueblos. Derecho al trabajo con procesos de autogestión en los barrios que tengan una articulación con los medios de circulación (tiendas, famas, mini-mercados de barrio) que integren a la comunidad y den oportunidades laborales colectivas. Derecho al trabajo con la no distinción entre los hombres y las mujeres en el trabajo, no división de los sexos en lo laboral con campañas por medio de los sindicatos en distintas empresas y en universidades. 3) Derecho a la educación Derecho a la educación con encuentros de educación popular y propia en las regiones. Derecho a la educación con el fortalecimiento de poder crear una propuesta real en el Congreso Educativo generando, en parte, propuestas de descentralización de la educación pública Derecho a la educación con el apoyo a la propuesta de educación de la MANE y creación o fortalecimiento del movimiento secundarista Derecho de las mujeres con la transformación de la figura de los delitos de violencia sexual a que sean reconocidos y tratados en la actual legislación como “delitos de lesa humanidad”.

Derecho la educación con programas de alfabetización por parte de la propuesta de congreso educativo a zonas rurales. Derecho a la educación a las presas y presos políticos con los procesos de acompañamiento que ya existen. Derecho a la educación con propuestas reales de educación incluyente y no diferenciada. Siendo que esta segunda profundiza en las divisiones de género y de formas de aprendizaje por algún tipo de discapacidad. 4) Derecho a la tierra y a la ciudad Derecho a la permanencia en la tierra, la tierra es de quien la trabaja y la vive. Derecho a la tierra con la discusión del concepto de Zonas de Reserva Campesina, Zonas de Reserva Forestal y Zonas de Reserva Natural. Derecho a la tierra con la denuncia de la transnacionalización local de las tierras, mostrando la concesión que se les ha dado a las multinacionales para operar, el apoyo por parte de las fuerzas policiales, militares y paramilitares para que la multinacional haga su trabajo de despojo. Derecho a la tierra y al ambiente sano, expulsando a las multinacionales de los territorios, liberando a la madre tierra. Claro está que esto se puede hacer por medio de la planificación, organización y movilización de los pueblos. Derecho a la ciudad con el rechazo a los cuadrantes de seguridad de la Policía Nacional. Derecho a la ciudad por medio de propuestas de ordenamiento propio con encuentros por localidades (divisiones “políticas” de cada ciudad del país) para discutir sobre los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), posibles críticas a esos planes y la implantación de los planes de ordenamiento que surjan desde los pobladores y pobladoras de los territorios de las ciudades. 5) Derecho a la sexualidad Derecho a la sexualidad con campañas de confrontación en las universidades, en colegios, en cabildos indígenas, sindicatos en contra de la ideología y práctica patriarcal. Derecho a la sexualidad con campañas de educación sexual real y prevención de embarazos a temprana edad y enfermedades de transmisión sexual, sin que se satanice este tipo de educación por creencias religiosas. Derecho al reconocimiento en la sociedad y en el desarrollo cognoscitivo y colectivo sin importar el tipo de preferencia sexual. 6) Derecho a la objeción de conciencia real Derecho a objetar con la socialización del marco jurídico de la objeción de conciencia (OC) al servicio militar obligatorio (SMO), recopilando las sentencias de la corte constitucional que han apoyado a la OC. Generando un proceso legal para que se le reconozca el no prestar SMO a miembros afro-descendientes, así como pasa con miembros de comunidades indígenas.

Derecho a objetar con equipos de seguimientos y denuncia a las batidas militares (que son ilegales), en los barrios y comunidades afectadas y en colegios con estudiantes desde 5°hasta 11° grado. Derecho a la vida con la abolición del SMO y la desmilitarización de la vida, iniciando con la eliminación de la exigencia de la libreta militar para trabajar y para graduarse de las universidades con presión legal ante la corte constitucional y la movilización social. Derecho a la vida con la transformación de la figura legal del SMO a un servicio social que no tenga relación directa, ni indirecta con las Fuerzas Armadas, ni la Policía. 7) Derecho a la juventud Derecho a la juventud con campañas de des estigmatización de la juventud como el problema de la delincuencia y la inseguridad en las barriadas y en las ciudades. Derecho a la realización de la juventud con la eliminación de las redes de micro-tráfico por parte de las comunidades locales y regionales en clave de empoderamiento del territorio. Derecho a la juventud con el fortalecimiento y creación de redes en las barriadas, localidades y regiones para fomentar el trabajo comunitario y colectivo (con la juventud como eje fundamental) hacia una economía propia, iniciando con procesos de huertas comunitarias que vayan dirigiendo al autoabastecimiento de algunos alimentos en pequeñas colectividades y comunidades. 8) Derecho al respeto a la vida Derecho al respeto a la vida con la exigencia al respeto del Derecho Internacional Humanitario (DIH) por medio de redes de seguimiento de DDHH por todo el país, especificando lo que pasa por regiones y generando informes que permitan vislumbrar la crisis humanitaria en la que nos encontramos a nivel nacional. 9) Derecho al medio ambiente Derecho a un ambiente sano con la realización de encuentros de propuestas en el CDP y con otras fuerzas políticas sobre el medio ambiente y lo que pasa con nuestra madre tierra. Esto es pro de la superación del concepto de “recursos naturales” a algo con vida y que no responda al mercado. Derecho a un ambiente sano recogiendo la experiencia ecuatoriana donde se reconoce al territorio como sujeto de derechos. 10) Derecho a la autodeterminación Derecho la autonomía a rechazar la canasta familiar (tipo de alimentación) que se ha impuesto por la facilitación de la circulación de la mercancía que favorece al Banco Mundial. Derecho la autonomía al expresarse el pueblo frente a los malestares que siente, sin que se dé una violencia directa por un ente de seguridad.

Derecho a determinar cuáles son los territorios que le pertenecen al pueblo, sin tener que esperar a que sea reconocido por un papel que expresa propiedad. La tierra es de quien la vive y la trabaja. 11) Derecho a los derechos Generar un plan de trabajo para crear una declaración universal de los derechos de los pueblos. Las políticas públicas tienen que salir del seno del Congreso de los Pueblos y los debates que se han dado desde el 2010.

¡Derechos dignos y sin distinción de género, economía que parta de lo regional, socialización de la riqueza y de los medios que permiten la producción, economía propia y soberanía, una educación amplia, gratuita y de calidad. El reconocimiento de la diversidad de pueblos que habitamos este territorio que pasa por reconocer la autonomía y dar la posibilidad de existencia a pueblos que han sido condenados al exterminio!

6. CULTURA, DIVERSIDAD Y ÉTICA DE LO COMÚN Hoy asistimos a un modelo cultural mediado por los intereses económicos neoliberales en el que todas las prácticas y apuestas culturales han sido instrumentalizadas y puestas al servicio de un modelo enajenador y fragmentado, direccionado únicamente a fomentar el consumo. Desde el congreso nacional para la paz queremos consolidar una propuesta cultural contrahegemónica, antimilitarista y anti guerrista, que genere la lucha contra todo tipo de violencia empezando con la intrafamiliar como bandera; con identidad de pueblo, que le hable de frente al país, en la que se posibilite un escenario de construcción real incluyente con la participación de hombres y mujeres, LGBTI, estudiantes, artistas, campesinos, trabajadores, indígenas, afros; donde estemos los bastantes, recogiendo las diversas prácticas gestadas y desarrolladas en las comunidades, quienes en sus procesos le apuestan reconstruir el tejido social para encontrarse con el/la otro y construir vida digna desde el núcleo familiar cualquiera que sea este que pase por la comunidad y se extienda al grueso de la sociedad. En una propuesta de paz y de país, la cultura ocupa un lugar central en la apuesta por transformar los modelos y esquemas de pensamiento con las que hemos sido educados, formados y proyectados en la sociedad. Por esta razón debe ser una propuesta de paz y país de arte y expresión local cultural comprometida con la transformación social. En tal sentido se debe velar por Expresiones diversas, interculturales de distintas territorialidades que nos den la pauta para construir una propuesta de país que tenga en cuenta cada una de las expresiones que hoy se manifestaban en el congreso de los pueblos. En ese gran propósito, será necesario consolidar un movimiento cultural que involucre el conjunto de acciones que promuevan la cultura de la vida, desde la educación, las comunicaciones, el arte, el deporte y la recreación; y que las expresiones artísticas y culturales, y sus actores asuman este compromiso desde diferentes formas de organización y expresión. LOS GESTORES DE UNA CULTURA DE PAZ Cuando hablamos de Cultura nos referimos esencialmente al valor universal a la multitud de prácticas que desde diferentes pueblos nos conforma y se convierte a su vez en la vía más legítima para depurar y enaltecer las aspiraciones creativas del ser humano. Por tanto, la visión contemporánea de nuestra razón de ser como nación, con una proyección amplia que nos identifique cada vez más con lo que nos es propio, con nuestra identidad. Esto se constituye en una prioridad, dentro de la propuesta del congreso de los pueblos. Los acumulados históricos y sociales en el que la sociedad encuentra un sentido al que hacer colectivo, resguarda la memoria histórica de sus pueblos en todas sus formas y sentidos, Cuestión que permite a los pueblos proyectar su devenir y que hacer en el futuro. El modelo

cultural que proponemos está ligado a los principios humanistas, a la esencia de las regiones y pueblos en pro de estar en diálogo permanente con la visión latinoamericana y universal modelo en pro de la integración y unidad continental de nuestros pueblos. En las condiciones históricas en que vivimos, donde predomina la dominación hegemónica sobre los medios de comunicación y se imponen modelos culturales alienantes; la propuesta político-cultural del congreso de los pueblos está orientada, por una parte, a propiciar la participación de nuestro pueblo en los procesos culturales y su acceso a lo mejor del arte Colombiano, latinoamericano y universal. Estamos convencid@s de que el arte y la cultura es una apuesta política en la medida que:  Forja y fortalece las identidades como proceso histórico y como movimiento social, rescatando nuestras sensibilidades y subjetividades como pueblo, a partir de la reafirmación y desarrollo de la identidad nacional y la vocación universal profundamente latinoamericana y caribeña de la cultura nacional.  Promueve valores distintos a los dominantes, como la solidaridad, la justicia, la equidad.  Genera reflexión y problematización de la realidad a través de los sentidos y otros lenguajes.  Genera alternativas de encuentro colectivo dónde nos pensamos movilización y soluciones a problemáticas concretas  Genera rupturas y alternativas frente a la idea de que el arte sólo sirve para entretener, promovido desde la sociedad de consumo.  Enfrenta distintos modelos de dominación (política económica, cultural, etc.) concretando espacios y procesos de resistencia con el fin de reconocer el papel de la cultura en el impulso y orientación de los procesos socioeconómicos.  Promueve la construcción de memoria histórica de los sectores populares, que se resiste al olvido generalizado, desde la conservación de la memoria histórica de nuestros pueblos como esencia y elemento integrador del devenir del pueblo colombiano.  Permite realzar las prácticas y vivencias cotidianas de los pueblos, bajo el respeto y apoyo al protagonismo y creatividad de las comunidades en la conducción de sus procesos socioculturales.  Crea la nueva historia de los pueblos, real y heterogénea desde el reconocimiento a la diversidad cultural. En materia de arte y cultura como apuesta política que recoge los principios y propósitos de las y los comprometidos con la transformación social mandatamos:

La consolidación de sistemas propios y otras formas de gobierno que permitan el relacionamiento equilibrado y armónico con la madre tierra y los diferentes espacios vitales en nuestros territorios, hacia la construcción de nación desde los distintos sectores populares y los pueblos.

La defensa de la diversidad cultural, la vivencia de la interculturalidad, rompiendo con las distintas estrategias que utiliza el modelo capitalista generador de desarraigo de los saberes, las identidades y las culturas.

La consolidación de un sistema educativo popular, intercultural propio y con recursos que permita la autonomía y la defensa de la vida y el territorio, desde la articulación de la educación formal con los procesos comunitarios de las organizaciones de base y el fortalecimiento y de las experiencias de organización y resistencia comunitaria.

La promoción y formulación de Planes de vida a nivel local y regional (articulados en lo nacional), de acuerdo con las condiciones territoriales y políticas de cada comunidad o pueblo, nacidos de la diversidad cultural.

La promoción del diálogo intergeneracional, así como entre culturas y civilizaciones existentes en Colombia y otros países.

La exigencia de la adopción de políticas sociales que respeten las características culturales de los pueblos indígenas, grupos étnicos y sectores sociales.

La adopción, de manera preeminente y perentoria de una política de equidad de género, de respeto y protección de los derechos sexuales, reproductivos y por una vida libre de violencia contra las mujeres y de lucha en contra de la violencia intrafamiliar.

El Fomento a la creación de empresas, tiendas comunales y centros de acopio organizados, desde las bases con el fin de establecer una conciencia agraria revolucionaria, en búsqueda de la autonomía de los sectores populares, con el apoyo de profesionales comprometidos con la transformación social.

Especial atención deberá darse a la relación entre cultura y sistemas médicos desde el reconocimiento de: sistemas de salud asociativa que respete la cultura de los pueblos y socialización de las estrategias interculturales de atención a la salud adelantada de los pueblos indígenas.

10. El fortalecimiento y constitución de un sistema de comunicación popular que comprenda: a) la creación de un canal de televisión y/o radio de carácter popular con cobertura masiva, que lleguen en especial a sectores campesinos e indígenas. b) la construcción de medios de comunicación alternativos (radio comunitaria, televisión, internet, prensa) c) El fortalecimiento de las movilizaciones y herramientas de lucha cultural y medios populares. e) la articulación con medios alternativos internacionales. (Plan de acción)

11. Recuperar el amor a la tierra, la comida sana y orgánica, sin agroquímicos. PROPUESTAS DE ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ:  Implantar la práctica de las bibliotecas vivientes consistentes en generar el lazo intergeneracional entre abuelos y niños por medio de la palabra y la enseñanza.  Desarrollar una intensa campaña para transformar valores de muerte y reemplazarlos por valores de vida, democracia, justicia.  Tomas culturales en los barrios y espacios comunales que han sido tomados por la violencia.  Elaborar una agenda conjunta para el fortalecimiento de los procesos culturales que contemple. a) La celebración y fortalecimiento de las ferias regionales campesinas. b) La reactivación de los festivales regionales. c) La reactivación los trabajos culturales en las comunidades y organizaciones. d) La toma de los espacios públicos de una manera cultural fomentando la crítica y la denuncia de las distintas problemáticas. h) La creación de espacios de lucha desde el arte y la cultura (música, teatro, danza,) que dinamicen las costumbres populares.

7. INTERNACIONAL: INTEGRACIÓN SOLIDARIA DE LOS PUEBLOS 1. Enfoque general del mandato del Congreso para la Paz. La construcción de la paz es un proceso de largo aliento, que va más allá de los iniciales espacios de negociación y solución al conflicto armando, requiere de acciones permanentes por parte del movimiento popular para la consolidación de propuestas transformadoras del modelo hegemónico, que precisa de la generación de espacios de articulación local, regional, nacional e internacional, y debe tener en cuenta de manera prioritaria la situación de las víctimas; en particular las luchas y reclamaciones de las mujeres, presos políticos, desplazados, refugiados y exiliados. Verdad, justicia, garantías de no repetición y reparación integral, se constituyen como exigencias estratégicas no negociables. La amnistía y la impunidad deben ser elementos consensuados con el movimiento popular. De igual forma, el reconocimiento y la exigencia de reconocer como crímenes de guerra los delitos de violencia sexual cometidos hacia las mujeres. Se considera estratégico para la construcción de una paz integral, transformadora, participativa, diversa e incluyente en Colombia la conformación de lazos de hermandad y solidaridad entre los pueblos, que nos permitirá establecer condiciones para el ejercicio del debate y la acción política en clave de avanzar en la construcción de una paz para la vida digna. En este sentido es de vital importancia propiciar transformaciones estructurales encaminadas a la construcción de nuevos modelos convivenciales de buen vivir, en contra del actual sistema hegemónico en lo político, social, económico y cultural. Apostamos por la Articulación de los Movimientos sociales como propuesta de integración continental antiimperialista, anti neoliberal y anti patriarcal, impulsada por movimientos de base social organizada y no organizada con capacidad de movilización popular que luchen por la igualdad, la libertad y una auténtica emancipación de la región. ¡Mandatamos para la Vida Digna! 2. Agenda en clave Mandatos Asumimos el reto de crear un movimiento popular por la paz que recoja los acumulados de Congreso de los Pueblos y sea capaz de liderar y jugar un papel determinante en el proceso de construcción de paz, acompañado por la Comisión Internacional y los movimientos sociales internacionales en lo local, regional y nacional, generando mecanismos políticos, económicos y sociales de presión y exigibilidad para el cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado. -

Mandatamos explorar los diferentes escenarios de participación e incidencia internacional en clave de unidad para establecer alianzas que permitan posicionar el proceso de construcción de paz colombiano y nuestra “Agenda de País en Paz”.

Mandatamos articularnos colectivamente para conformar un espacio amplio y deliberativo del movimiento popular acompañado por la Comisión Internacional y los movimientos sociales internacionales. Mandatamos participar en los diferentes escenarios y articulaciones de los movimientos sociales latinoamericanos para construir agendas comunes. Mandatamos establecer mecanismos deliberativos transparentes de coordinación locales, regionales y nacionales para fortalecer los lazos con las diferentes expresiones internacionales.

Asumimos el reto de lograr que el proceso de paz no sirva como plataforma para el fortalecimiento del capital y de las oligarquías colombianas que plantean un nuevo consenso social encaminado a profundizar el modelo social, político y económico de explotación y acumulación: -

Mandatamos tener voz y voto en los diferentes escenarios de diálogo y construcción de paz que se desarrollen. Mandatamos propiciar nuevos escenarios de negociación nacionales y regionales donde la voz del Congreso de los Pueblos sea vinculante. Mandatamos examinar el papel de la IED y las corporaciones transnacionales para detener su impunidad y juzgar su responsabilidad en las violaciones a los DDHH; así como detener la aplicación de los TLC en ejecución y en fase de negociación o ratificación para que sean sometidos a consulta popular. Exigimos el desmantelamiento de las bases militares estadounidenses en territorio latinoamericano, y de las políticas intervencionistas ejecutadas a través de figuras como el Plan Colombia, el Plan patriota, el Plan Puebla-Panamá, el Plan Mérida y otras fórmulas, que hoy se reflejan en las acciones de Consolidación Territorial en nuestro país; como garantía para el proceso de construcción de paz. Mandatamos construir propuestas concretas de paz; trabajos conjuntos entre las organizaciones para el hermanamiento entre los pueblos. Especialmente con nuestros vecinos bolivarianos, panameños, ecuatorianos y brasileños, clave de diplomacia popular.

Asumimos el reto de mantener viva la llama de la movilización por una paz para la vida digna; movilización que no debe terminar en un posible escenario de postconflicto armado, pues la construcción de paz requiere transformaciones reales del modelo hegemónico. -

Mandatamos articularnos con procesos de América Latina y el mundo en clave movilizadora para una paz con vida digna. Mandatamos solidarizarnos y acompañar procesos de transformación social con otros pueblos del mundo.

3. Acciones concretas en clave de desarrollo de mandatos. -

Establecer lazos concretos con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC- Vía Campesina), Frente Darío Santillán, Coordinadora de Movimientos Populares de América (COMPA), Movimiento de los Sin Tierra, y otras plataformas.

Establecer mecanismos de relacionamiento directo de Congreso de los Pueblos con Naciones Unidas y CIDH en relación a DDHH.

Detectar los garantes y acompañantes claves (UNASUR, MERCOSUR, CELAC Y ALBA) para el proceso de paz y establecer relaciones tipo lobby para posicionar el caso colombiano y la Agenda de País en Paz construida, manteniendo un diálogo directo y permanente.

Reanimar el Foro Social Mundial, Consejo hemisférico de las Américas, y la Marcha Mundial De Mujeres para propiciar el acercamiento de los movimientos sociales latinoamericanos y mundiales al proceso de construcción de paz colombiano.

Establecer mecanismos directos de relación con las Plataformas de asociaciones y ONG internacionales de AL para ganar espacios en organismos internacionales clave.

Apostar por el ALBA de los movimientos sociales como plataforma clave donde posicionar nuestra Agenda de País en Paz.

Fortalecer la interlocución con Iglesias y organismos ecuménicos por ser espacios fundamentales de socialización en América Latina y constituirse como importantes plataformas de incidencia a nivel nacional e internacional.

Asumir mecanismos para trabajar coordinadamente con la diáspora colombiana, exiliados, compañeros y compañeras luchadoras por la paz.

Fortalecer lazos interuniversitarios internacionales para el desarrollo de estudios, investigaciones, encuentros, seminarios, congresos y cátedras sobre la paz vinculados a las regiones y procesos latinoamericanos y colombianos..

Construir una Escuela popular latinoamericana con hermanamientos internacionales para una paz integral, transformadora, participativa, diversa e incluyente que contemple estrategias de formación política, investigación participativa y observación de procesos.

Planificar una gran movilización internacional en clave de construcción de paz para la vida digna.

Establecer una ruta donde el movimiento popular tenga capacidad real de deliberación y decisión, para que los acuerdos emanados de los múltiples espacios de negociación puedan ser tramitados como Leyes de Estado, siendo garantes de su cumplimiento el movimiento popular acompañado por una Comisión Internacional independiente de los centros de poder hegemónicos.

Participar activamente en el acompaĂąamiento de nuestros hermanos latinoamericanos y otros procesos de lucha internacionales.

Proyectar Congreso de los Pueblos en los diferentes paĂses mediante la instalaciĂłn de congresos internacionales, visitas, comunicados.

EJES DE ACCIÓN POLÍTICA

1. SOLUCIÓN A LA CRISIS HUMANITARIA A manera de introducción Colombia vive hoy una crisis humanitaria producto de un modelo de Estado basado en una economía capitalista que ha permitido la explotación, extracción de los recursos naturales y la concentración de la tierra en pocas manos; la privación de los más fundamentales derechos del pueblo colombiano; salud, la educación, la alimentación, la vivienda digna; la limitación del acceso a la justicia de miles y miles de víctimas del conflicto, la privación del mínimo vital gratuito, entre otros. Esta crisis tiene sus raíces en causas profundas que hoy se mantienen y han sido caldo de cultivo para un conflicto social, político y armado prolongado durante más de seis décadas de existencia. La solución de esta crisis humanitaria no se resuelve con unos diálogos a puerta cerrada entre las partes, en este caso entre las FARC y el gobierno nacional e implica un proceso de real participación del pueblo colombiano que fomente un Gran Diálogo Nacional tendiente a la democracia, la soberanía nacional y una paz con justicia social. En fin, la solución a la crisis humanitaria cruza por la transformación de un modelo de Estado excluyente, a uno donde los sectores sociales y populares sean los protagonistas de su destino, un modelo de país que dé primacía a la vida digna de los pueblos, que impida el saqueo de nuestros recursos naturales y permita el goce pleno de los derechos humanos. El Congreso para la Paz deliberó, legisló y mandató, con la presencia miles de personas provenientes de las bases populares y regionales, propuestas de un país para la paz. Allí se puso el acento en la necesidad de ir a las causas estructurales, prestando énfasis en los costos humanos y económicos producto de la guerra existente durante décadas. Así se manifiesta la crisis humanitaria en Colombia El Congreso para la Paz declara que la crisis humanitaria que vivimos en nuestros territorios es consecuencia de las lógicas extractivistas, represivas y excluyentes del actual régimen, agudizada por la existencia del conflicto armado. Esta crisis humanitaria se manifiesta hoy en: •

Conflicto armado: El conflicto armado causa degradación en el curso de su desarrollo. Entre sus afectaciones más visibles están las secuelas que deja en niñas y niños, jóvenes, mujeres, campesinos (as), indígenas, afro colombianos, organizaciones sociales y populares, y a su vez tienen relación con la vulneración de los derechos fundamentales, Derecho Internacional Humanitario, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, derechos colectivos y de los pueblos, generación de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Preocupación especial nos merece el recrudecimiento de la violencia en los últimos meses, en las principales ciudades del país, así como en las ciudades intermedias, lo que está

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generando una crisis humanitaria en la población urbana de impredecibles proporciones. Esta explosión de violencia se debe, no sólo al incremento y control del micro tráfico (como dicen algunos analistas), sino también a la reconfiguración del paramilitarismo urbano y control territorial y social de bandas relacionadas con poderes políticos locales. Militarización: Colombia parece estar inmersa en una República Militar que defiende el saqueo de los intereses privados y ataca al pueblo y su soberanía. La respuesta ha sido entonces incrementar el pie de fuerza: más de 160 mil efectivos lo demuestran. En este últimos años se han reclutado miles de jóvenes en todos los rincones de nuestros territorios, aplicando las detenciones arbitrarias llamadas “batidas”;se viene incrementando la presencia de batallones, fuerzas de tarea conjunta, bases de control militar, grupos especializados, entre otros, en los territorios de las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y en los sectores urbanos y universitarios. Las zonas de consolidación y rehabilitación, la implementación del Plan Colombia en las cárceles de Colombia con los llamados Grupos de Reacción Inmediata, GRI y los CORES, los beneficios especiales a los efectivos de la fuerza pública por medio de legislaciones como el Fuero Penal militar, las concesiones para el espionaje sin límite, caso PUMA, no son la excepción sino la regla. Los diálogos de paz en medio de la continuidad de la confrontación, sólo permiten ver que la crisis humanitaria se agudiza. Tal militarización incide en los diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional, pues sin el cese bilateral de fuegos, sin la voluntad expresa de acabar con las raíces que dieron paso a la confrontación, la paz se reduce a derrota militar, desmovilización y rendición. Despojo de los territorios: Dimensionar la crisis humanitaria en nuestro país pasa por reconocer la política de despojo promovida por el avance de los proyectos mineroenergéticos, hidroeléctricos y petroleros; la permanencia en el territorio de la empresas multinacionales, que generan desplazamiento forzado de comunidades; más de cinco millones de hectáreas de tierra despojadas a los campesinos, indígenas y afro descendientes, promoviendo un modelo de tierra sin campesinos y generando graves afectaciones al medio ambiente. Paramilitarismo: Este se ha venido reestructurando y fortaleciendo a lo largo de la geografía nacional. Aproximadamente 10 mil hombres en armas se encuentran en más de 406 municipios de Colombia. El país viene viviendo una reingeniería paramilitar, la cual quiere ser invisibilizada, tras la desmovilización de las AUC y la demagogia de las “bacrim”. Según este último planteamiento en Colombia ya no hay paramilitarismo sino bandas criminales. Nada más falso. Muchas de las nuevas estructuras paramilitares son herederas de las AUC, así como la AUC fueron muchas de ellas promovidas por las Convivir. Con esta última habilidosa manera de plantear un discurso de posconflicto que no existe en nuestro contexto, se pretende alejar la responsabilidad estatal, la relación entre estas estructuras y el Estado. Lo que en el fondo ha existido es una connivencia entre el Estado colombiano, las

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empresas extractivitas de los recursos naturales y el proyecto paramilitar aplicado desde todas las lógicas del terror y control político y social sobre los territorios. Esta reingeniería no es más que la expresión de la articulación entre fuerzas militares, la clase política y gamonal de tinte regional, la cual tiene expresión en gobernaciones, alcaldías, y otros cargo públicos. Así las cosas, las comunidades se ven obligadas, ante el copamiento territorial, a convivir con estas estructuras criminales, las cuales generan rompimiento del tejido social y socavamiento de la organización de las comunidades y sectores populares. La negación de los derechos fundamentales: La crisis humanitaria en nuestro país es la expresión de los derechos negados a la población. La historia reciente de nuestro país lo pone en evidencia. Al Estado colombiano parece no interesarle el bienestar las mayorías populares empobrecidas y excluidas. El Congreso ratifica que los derechos a la salud, agua, trabajo, educación alimentación, vivienda, entre otros, no son mercancías y son fundamento de la vida, en su dimensión tanto humana, como de la naturaleza. La impunidad: no se puede hablar de crisis humanitaria sin hablar de impunidad. Si Vivimos en un conflicto político, social y armado, que continúa generando crímenes estatales y graves violaciones a los derechos humanos. El gran Talón de Aquiles que encuentran las víctimas es el acceso a una justicia imparcial tendiente al esclarecimiento de lo sucedido, situación que permite avizorar que estamos lejos de cualquier tentativa transicional. Por ello resulta vital expresar que sin superación de la impunidad no hay paz posible. La crisis humanitaria pasa por evidenciar que el actual contexto promueve leyes de punto final, impopulares pues promueven dinámicas de perdón y olvido. Marcos normativos como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448), resaltan tal constatación. Por citar sólo lo sucedido en los recientes años, durante la fase de implementación de la Ley de Víctimas, durante el 2012 fueron asesinados 37 defensores de los derechos humanos, en su mayoría activistas y líderes rurales, así como 50 líderes y lideresas, reclamantes de tierras. Para el congreso nacional de paz pensar en la crisis humanitaria es también entender la permanente negación de las responsabilidades que los militares implicados en graves violaciones a los derechos humanos, intentando ocultar bajo el argumento conocido como de responsabilidad individual, que promueve la idea de que los crímenes contra los sectores populares estuvieron inconexos de las estructuras de mando y, por tanto, son “manzanas podridas”. Que tomaron la decisión de asesinar, torturar y desaparecer a miles de víctimas. Este argumento ha dado pie a que el Estado niegue la sistematicidad de los crímenes de Lesa Humanidad, e intente hacerlos pasar como si éstos no se hubieran planeado. Los crímenes estatales son pues, tal y como lo ve el Congreso para la Paz, políticas de Estado tendientes al exterminio y asesinato de proyectos políticos y sociales de transformación del país, que cobraron un genocidio político de las dimensiones que tuvo el aniquilamiento de la Unión patriótica, A Luchar y Frente Popular.

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Por otro lado la crisis humanitaria ha tenido como trasfondo el ocultamiento de la verdad, mínimo ético esencial para llegar a una paz sin impunidad, el otorgamiento de garantías jurídicas a las fuerzas militares, como se evidencia en relación al Fuero Penal Militar aprobado. Violencia sexual: la crisis humanitaria continúa y lo evidencia la sistemática violencia sexual ejercida contra las mujeres y niñas, hombres y niños. Esta violencia no sólo genera daños en el ser humano y su dignidad, sino que además produce daños colectivos que afectan la conciencia social y degradan la dignidad humana en su conjunto. Menores en la guerra: la solución de la crisis humanitaria pasa por reconocer que más de 11.000 menores de edad están involucrados en la guerra; 9.532 personas han sido mutiladas por minas antipersona, de ellas el 38% han sido civiles y el 10% menores; cientos de mujeres han sido victimizadas por violencia sexual, asesinadas y tomadas como botín de guerra. Reclutamiento forzoso y servicio militar obligatorio. Prácticas de confinamiento como las que se generan tras las detenciones arbitrarias por medio de las llamadas como “Batidas”, la obligatoriedad del servicio militar y el todavía precario derecho a la Objeción de Conciencia como derecho fundamental, dan cuenta de que la crisis humanitaria continúa por la continuación de la guerra. Situación de precariedad de la población carcelaria. En especial de los y las detenidas políticas que por su estado de confinamiento se ven excluidos de todos sus derechos.Hoy en Colombia hay en promedio 115.780 personas privadas de la libertad; 107.056 hombres y 8.724 mujeres, recluidos(as) en 142 establecimientos penitenciarios a nivel nacional. De ellos, 35.338 se encuentran aún sindicados, 1684 de ellos han permanecido en vilo y sin que se resuelva su situación por más de 36 meses. El índice de hacinamiento, de acuerdo con las cifras oficiales, alcanza a más del 50%; la mayoría de los presos pertenecen a sectores pobres de la sociedad criminalizados por atentar contra la propiedad privada. Distribución del PIB: Hablar de la crisis humanitaria implica comprender cuál es la prioridad de la inversión de los recursos. El Estado colombiano destina grandes cantidades a la guerra y no garantizar los derechos básicos. Se invierte más en la guerra (3,7% del PIB) que en salud (2,9% del PIB) y en educación (2,9% del PIB). Desaparición forzada: Colombia cuenta con la alarmante cifra de 60.000 personas desaparecidas de manera forzada, superando contexto socio-políticos como los sucedidos en las dictaduras del cono sur y Centroamérica. La desaparición forzada en Colombia es una práctica de violencia política que no cesa, en los últimos años esta modalidad de crímenes de lesa humanidad mostro que sigue siendo una práctica sistemática como se evidencio en los mal llamados falsos positivos.

La solución de la crisis humanitaria tiene lugar en la participación popular Desde el congreso nacional para la paz, las y los congresistas populares proponemos al país la participación activa desde nuestras regiones, organización, comunidades desde todos los escenarios en donde el conflicto armado acrecienta la crisis humanitaria, para ello proponemos: 1.

Configurar espacios regionales y locales de dialogo (insurgencia, Gobierno, comunidades) para la solución de la crisis humanitaria: Esto implica un análisis regional y local de la situación que enfrentan las comunidades, organizaciones y demás sectores de la sociedad civil, para promover un escenario de discusión sobre los planes de vida. Se trata de espacios promovidos por los sectores populares acompañados por veedurías éticas nacionales e internacionales, con acuerdos firmados y refrendados públicamente, dados a conocer desde todos los medios de comunicaciones regionales y locales esto con el fin de que de trascender los compromisos del gobierno y la insurgencia a la realidad de los habitantes del territorio.

Fortalecimiento y replica los espacios humanitarios que vienen adelantando las comunidades negras, indígenas y campesinas que exigen la desmilitarización de los territorios: se trata de promover las prácticas que vienen impulsando diferentes comunidades en el país, quienes cobijados en el derecho internacional humanitario, exigen la desmilitarización de su territorio, el respeto por su cultura y practicas ancestrales. Desde encuentros nacionales que inviten a la presentación de experiencias de organización de las comunidades para ser replicadas en otra territorios.

Construcción de Territorios de convivencia, refugios, humanitarios: Estos territorios son espacios temporales que brindan las condiciones para salvaguardar la vida de las comunidades en contextos de violencia y agudización del conflicto armado, estos refugios serán respetados sin acepción alguna por la insurgencia y el Estado, en consecuencia serán constituidos bajo el acompañamiento de la comunidad internacional y los órganos de control de derechos humanos, tales como defensoría del pueblo, naciones unidas, gobiernos amigos entre otros.

Inclusión de la población civil y los movimientos populares en los diálogos de paz nacionales y regionales. La solución de conflicto armado es un asunto de los pueblos es por eso este Congreso para la Paz considera que sin pueblos no hay paz, y la paz es asunto de los pueblos, se trata de exigencia de los movimientos sociales y populares en la participación de los diálogos nacionales y regionales de paz, no como veedores, sino como ciudadanos que ejercen sus derechos de manera activa.

Juicio ético a las trasnacionales para garantizar la indemnización de las comunidades en sus territorios. Desde el Congreso para la Paz impulsaremos un juicio ético a las trasnacionales para juzgarlos por su responsabilidad en la violaciones de derechos

humanos, el deterioro de los recursos naturales y el empobrecimiento de las comunidades, se trata de un escenario articulado con las organizaciones, personalidades y gobiernos de los países de origen de estas empresas, para sancionar pública y moralmente sus actuaciones en nuestro país. 6.

Creación de una comisión internacional nacional de seguimiento a las violaciones de DDHH, y al respeto al DIH. Se trata un espacio que agrupe gobiernos, organizaciones y personalidades referentes en el tema de derechos humanos para que establezcan acciones de veeduría y seguimiento a las violaciones de los derechos humanos, garantizando el respeto al DIH, también las garantías de las víctimas en las investigaciones cuando esté implicada la fuerza pública. Los y las integrantes de esta comisión deben contar con capacidad de lobby e incidencia ante diferentes estamentos, para posicional la verdadera situación de los derechos humanos en Colombia.

Creación de una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes los beneficiarios y los autores intelectuales de la crisis humanitaria: que investigue los hechos, recoja toda la información posible para su esclarecimiento y recomiende las acciones judiciales y las reformas institucionales necesarias para asegurar nuestros derechos. Ante esta comisión, el Estado y los grupos armados de oposición; partes en un acuerdo de paz, deben hacer un reconocimiento público de los hechos de su responsabilidad y pedir perdón a las víctimas, sus familiares y a la sociedad colombiana.

Hacer seguimiento a la situación DDHH e infracciones al DIH a nivel nacional (desplazamiento, despojo) para visibilizar la crisis humanitaria que vivimos.

Avanzar en una campaña de educación en DDHH en las comunidades: desde el congreso de los pueblos impulsar un programa especializado de confrontación en DDHH para que las comunidades fortalezcan sus herramientas de defensa de sus derechos.

10. Es necesario avanzar en legislación popular sobre el tema de crisis humanitaria en las cárceles: el congreso nacional para la paz exige libertad inmediata para los y las luchadores y luchadoras populares detenidos y detenidas arbitrariamente, reconocimiento del delito político en el marco del conflicto, veedurías para la revisión y clasificación de los procesos de presos y presas políticos que hayan sido condenados sin las garantías procesales y el respeto al debido proceso, veeduría y regulación del INPEC, promover escuelas de derechos humanos en las cárceles. Exigencias de congreso nacional para la paz  Exigimos al Estado la negación de licencias mineras y la detención de la explotación del territorio del pueblo colombiano.

 Exigimos al Estado colombiano la derogatoria inmediata de la ley de seguridad ciudadana pues está es una clara iniciativa que limita la expresión y organización del movimiento popular.  Exigimos la inmediata derogatoria de la ley que establece el fuero penal militar pues es una afrenta a los derechos de las víctimas y atenta contra los convenios, tratados internacionales y el derecho internacional humanitario.  Exigimos el desmonte real del paramilitarismo tanto en su estructura armada como política, la creación de una unidad especial de investigación de la Fiscalía general de la nación para la investigación de los beneficiarios del proyecto paramilitar en Colombia.  Exigimos el respeto a la consulta previa de las comunidades indígenas y negras y reconocimiento de este derecho a las comunidades campesinas.  Exigimos a las naciones acompañantes y veedoras del proceso de paz que renuncien a cualquier tipo de cooperación financiera para las fuerzas militares.  Exigimos la depuración y reducción de las fuerzas militares y la suspensión del servicio militar obligatorio y reclutamiento forzado, además del reconocimiento del derecho de objeción de conciencia.  Exigimos la desmilitarización de los territorios y reducción de gasto militar en el presupuesto nacional.  Exigimos el desmonte de los puestos de contra militares en áreas urbanas y rurales y la salida de las bases militares del territorio colombiano. Frente a esta crisis mandatamos: 1.

3. 4. 5. 6.

Ejercer el derecho que tienen los sectores populares a participar activamente en la solución del conflicto político social y armado, abriendo la participación de la población civil y los movimientos populares en los diálogos de paz nacionales y regionales desde la configuración de escenarios regionales y locales de dialogo (insurgencia, Gobierno, comunidades) para la solución de la crisis humanitaria. Construir territorios humanitarios, zonas de convivencia y refugios humanitarios, amparados en el principio internacional de distinción de los sectores populares y las partes enfrentadas. Realizar en este semestre el Juicio ético a las trasnacionales para garantizar la indemnización de las comunidades en sus territorios. Crear una comisión internacional nacional que haga seguimiento a las violaciones de DDHH y al respeto al DIH. Establecer una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes los beneficiarios y los autores intelectuales de la crisis humanitaria. Impulsar una legislación popular sobre el tema de crisis humanitaria en las cárceles que incluya: La libertad inmediata para los y las luchadoras y luchadores detenidos y detenidas arbitrariamente, el reconocimiento del delito político en el marco del conflicto, veedurías

para la revisión y clasificación de los procesos de presos y presas políticos y políticas que hayan sido condenados sin las garantías procesales y el respeto al debido proceso, veeduría y regulación del INPEC, y escuelas de derechos humanos en las cárceles. Así mismo impulsar un paro cívico nacional por el cese al fuego bilateral y por la paz con justicia social, y la libertad de Los y las presos y presas políticos y políticas. Declarar octubre como mes de movilización por la paz con justicia social: mediante tomas de territorios, marchas regionales, foros minero energéticos y ambientales, así mismo retomaremos la semana de a indignación e información sobre la crisis humanitaria. Desmontar de inmediato la estrategia paramilitar, independientemente de la calificación que las autoridades le den a los grupos que la desarrollan en todo el territorio nacional, y proscripción constitucional de estas prácticas.

2. PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y POPULAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ La búsqueda de la participación de los pueblos en la construcción de paz, no es una apuesta reciente o forzada por las conversaciones de paz que se adelantan hoy en la Habana entre el gobierno nacional y la insurgencia de las FARC EP, por el contrario, la paz es un derecho de los pueblos consagrado en la Carta de Argel y en la Constitución colombiana, e implica una apuesta de país constate y latente en cada uno de los mandatos emanados por los pueblos; ya en la instalación del Congreso de los Pueblos en 2010 se plantearía con claridad la necesidad de “Consolidar unas rutas propias de las organizaciones de base, populares, para encontrar una solución política del conflicto, y unas rutas de movilización que nos permitan abrir los caminos de la justicia y la paz. Mientras llegan estos momentos, rechazamos la guerra del capital, y demandamos redistribuir el presupuesto destinado para la guerra, de modo que éste se invierta en suplir las múltiples necesidades que agobian a los siempre excluidos y negados”. Una vez más reafirmamos que la paz va más allá del silenciamiento de los fusiles porque para nosotros es un proceso de construcción, de carácter transformador de las condiciones de desigualdad, inequidad, despojo e injusticia; por ello va más allá de un dialogo de negociación. Si la paz demanda cambios es necesario luchar y organizarse por ella, ya que nuestra concepción busca transformaciones estructurales de la sociedad en torno a la democracia y la participación. La participación política y popular debe ser de todos los colombianos y en todos los escenarios, realizando un mayor número de esfuerzos por unificar las luchas de las distintas organizaciones, comunidades y pueblos. Reconocemos entonces que la UNIDAD es el baluarte para la construcción de paz con una mirada transformadora que camina a un país para la vida digna. La paz pasa por saber resolver nuestros conflictos cotidianos, por la construcción de comunidad y de familia, por la educación en la escuela, en la casa y con el reconocimiento de la equidad de género en el día a día. Se expresa en la forma en que nos relacionamos con los otros y estamos seguros que la paz también pasa por la construcción y desarrollo de la memoria histórica. La paz para la vida digna debe estar sustentada en una política de paz permanente y debe ser construida por toda la sociedad en el marco de los escenarios de construcción de paz. Esa política debe tener como sustento el disfrute pleno de todos los derechos humanos, tanto los civiles y políticos, como los económicos, sociales, culturales y ambientales. Partimos de comprender que la paz se construye desde múltiples escenarios. Uno de los escenarios fundamentales es el de los sectores populares que se sustenta en el fortalecimiento de las diversas dinámicas organizativas y de lucha desde lo local, regional y nacional. Es por ello que necesitamos fortalecer el congreso de los pueblos, como un espacio de organización propio, con la ejecución y concreción de los mandatos y la agenda de país en los territorios.

Reconocemos que no somos los únicos construyendo paz, en consecuencia, seguiremos articulándonos con otros que caminan con el mismo horizonte de paz integral con justicia social. Estamos de acuerdo en que la mesa de diálogo es un espacio importante, pero reconocemos que la necesidad y la importancia de la participación del movimiento social y popular en ella, además se requiere del diálogo con todas las insurgencias. Reafirmamos que el movimiento popular es un sujeto real y sus opiniones tienen que hacer parte de las salidas al conflicto social, político y armado, y de un acuerdo nacional, por ello mandatamos la construcción de un espacio multilateral de dialogo, que permita la participación amplia, directa y decisoria de los sectores populares, sociales y democráticos en un diálogo con los demás actores del conflicto (gobierno e insurgencias), con el fin de avanzar en la formulación de propuestas de paz a partir de la discusión del origen social, político y económico de carácter estructural que ha soportado el conflicto que vivimos actualmente y que avance hacia la construcción de una agenda económica, social y política para la paz. En dicho diálogo los mandatos juegan un papel importante como acción y/o propósito en la dinamización y consolidación del proceso de lucha por la paz. Esto requiere afianzar la relación e interlocución con todos aquellos que tienen el mismo objetivo como lo son los excluidos, los sin voz. Comprendemos la necesidad y la importancia de seguir avanzando en la construcción de paz desde los territorios, por eso proponemos desarrollar escenarios autónomos de solución a los conflictos entre los pueblos –los cuales están siendo agenciados desde el Estado con el propósito de evitar la unidad popular–. Para ello se requiere el desarrollo de encuentros regionales interétnicos e intersectoriales donde se definan los mecanismos de resolución autónoma de dichos conflictos. Vemos a la Ruta Social Común para la Paz, como un espacio que permitirá llamar a otras organizaciones sociales y políticas que le apuestan hoy a la Paz. Es necesario que la tomemos como propia y definamos más claramente la participación de todas las regiones en ella. Debemos agenciar desde allí la construcción de una agenda de paz conjunta para el país y construir las acciones necesarias para luchar por la paz con justicia social. Mandatamos la construcción del movimiento social por la paz, persiguiendo una gran confluencia democrática y popular por la paz y los cambios. En este propósito no partimos de cero, ya tenemos acumulados en cuanto a movilización y encuentro con otros, requerimos que se escuchen muchas más voces. Debemos retomar las experiencias que diversas comunidades han venido construyendo en la conformación de territorios de paz, que serían escenarios para desarrollar la propuesta de diálogos regionales como apuesta para dar salida a la crisis humanitaria.

Las diversas iniciativas de paz se logran desde diversas formas de movilización, por ello es fundamental la definición de una agenda social común de movilización para la PAZ que surge desde los mandatos y que debe ser articulada con otros. Dentro de estas iniciativas se recoge una posición común hacia el paro nacional, definido como “Paro Nacional hacia la Vida Digna”. PROPUESTAS PLAN DE ACCIÓN DESARROLLAR, fortalecer los MOVILIZACIÓN.

ESPACIOS LOCALES, REGIONALES en vía de PREPARAR LA

FORTALECER los escenarios de articulación y UNIDAD local y nacional que se vienen desarrollando como movimiento social y popular, impulsando el relacionamiento con otros sectores que a un no llegan. DESARROLLAR un Encuentro Nacional o FORO nacional minero-energético y agrario que denuncie los impactos del modelo económico y político. DESARROLLAR EL JUICIO ÉTICO Y POLÍTICO A LAS MULTINACIONALES ARTICULACIÓN con las diferentes luchas que se vienen dando en los diferentes territorios y de diferentes sectores por los derechos de los pueblos como la lucha estudiantil convocada por la MANE en defensa de la educación pública. AVANZAR En Fortalecer los espacios territoriales, regionales y nacionales QUE CONSOLIDEN LAS PROPUESTAS Y LOS HECHOS FRENTE A LA PAZ. Desde todos los ámbitos, culturales, políticos, pedagógico, educativo, comunicativo. Con el objetivo de concientizar y movilizar a partir de los derechos en clave de construcción de paz. Por lo tanto proponemos: a.

Procesos de formación que sirvan para la construcción de liderazgos colectivos, encuentros de saberes, fortalecimiento en la construcción de trabajo de base, sobre derechos humanos y derechos de los pueblos integrando con lo cultural y la equidad de género. b. Elaborar y dar a conocer los diagnósticos o mapeos de los desarrollos de las diferentes iniciativas de PAZ, como los Consejos de Paz, mandatos del Congreso para la Paz, entre otros. Que nos permita tejer mayores lazos en la construcción del movimiento social nacional por la Paz. c. Desarrollar un lenguaje comunicativo que permita visibilizar y confrontar desde nuestra visión de PAZ, acompañado de jornadas de información, tomas culturales que generen enamoramiento a todos aquellos que a un no llegan a la construcción y movilización de la PAZ para la vida digna. d. Desarrollar una propuesta comunicativa que EXIJA la intervención en los medios masivos de comunicación como la elaboración de programas o entrevistas a partir del proceso de construcción de Paz del movimiento social.

GARANTÍAS Para caminar hacia la construcción de Paz para la vida digna requerimos, necesitamos y exigimos garantías para la participación popular, expresadas en: -

La NO criminalización y señalamiento de los movimientos y organizaciones sociales y populares que participan, promueven y dinamizan la lucha por la paz con justicia social. El cese bilateral al fuego como garantía de desarrollo del espacio multilateral del dialogo en la construcción integral de paz. El cumplimiento del derecho internacional humanitario a todos los actores armados del conflicto interno. El respeto y la protección de los diálogos humanitarios realizados por iglesias, comunidades y organizaciones sociales.

3. MOVIMIENTO SOCIAL POR LA PAZ La búsqueda de la paz en Colombia ha sido un esfuerzo histórico de muchas personas, sectores, regiones y organizaciones. Ha sido un clamor que pide el fin del conflicto armado, de sus consecuencias, implicaciones, dolores y sufrimientos entendiendo que este sólo se resuelve efectivamente con la solución a las problemáticas sociales que vivimos. En los últimos 30 años han sido diversos los escenarios de negociación y diálogo que se han entablado, con distintas metodologías y objetivos, en su mayoría los espacios han sido limitados en la participación popular. Sin embargo, los procesos de movilización popular en procura de la paz han sido permanentes, no se han restringido estrictamente a las coyunturas y se han gestado desde escenarios y experiencias sectoriales, locales, regionales y nacionales. 1. LA PAZ ES BANDERA DEL MOVIMIENTO POPULAR La historia oficial ha tratado de desconocer al movimiento popular como constructor de paz y es por ello que cuando se habla de procesos de solución política solo suelen reconocerse al gobierno y las insurgencias como los actores válidos del diálogo. Los gobiernos se han negado a dialogar con el movimiento popular en sus diversas expresiones porque esto le significaría abrir la posibilidad de generar caminos de cambio social en el país. Pero hay que dejarlo claro, el principal agente de paz en Colombia ha sido el movimiento popular, en ejercicio de su inalienable derecho a vivir en paz, desde una visión integral y duradera de la misma. La discusión actual sobre la construcción de la paz representa una oportunidad para posicionar propuestas y actores que han sido históricamente marginados de los escenarios de decisión sobre los asuntos de país. Propuestas sobre qué significa la paz, cómo se entiende, cómo se construye, qué tiene que ver con la vida cotidiana de las personas en barrios, veredas, fincas y ciudades. 2. ACUMULADOS DE LUCHA POR LA PAZ Durante los últimos años se ha venido planteando que es necesario avanzar en acciones concretas que permitan construir un camino hacia la solución política y negociada al conflicto social y armado. Por otra parte, a partir de los distintos espacios sectoriales, en lo local, regional y nacional de encuentro, de debate, de deliberación y construcción de mandatos populares se ha comprendido que la aspiración de paz se traduce en una agenda de país jalonada por un amplio movimiento social y popular. En esa búsqueda por construir caminos más claros hacia la paz se han venido desarrollando varias movilizaciones y encuentros en los últimos años, de los cuales podríamos mencionar algunos como: Minga para la Defensa de la Vida y el Territorio; Seminario Político por la

Construcción de una Ruta Social Común para la Paz; Foro Social Común para la Paz con Justicia Social; Encuentro Internacional “Pueblos Construyendo Paz”; Movilización por la Paz, la Democracia y la Defensa de lo Público; a lo cual se suma el Congreso Nacional para la Paz. En todos estos espacios se ha reivindicado el derecho a la protesta y se ha hecho expreso el rechazo a la judicialización y exterminio del movimiento popular y social, ejecutado de forma sistemática por el Estado en acción conjunta con el Paramilitarismo. Es por ello que se insiste en que no habrá construcción de paz integral si no se fomentan escenarios de diálogo y solución política amplios, participativos y decisorios, para transitar hacia posibles cambios estructurales de carácter social, económico, cultural y político en el país. 3. PUNTOS DE ENCUENTRO Y OBJETIVOS Producto del debate y la construcción colectiva se ubican los siguientes puntos de encuentro en la construcción de movimiento social por la paz: Entendemos la paz como Vida Digna, y es por ello que para alcanzarla nuestro país debe transitar por cambios sociales y políticos que impliquen transformaciones estructurales. Por lo mismo, afirmamos que la construcción de paz está íntimamente ligada a la lucha por una Colombia en Justicia Social, y esto significa, que más que una coyuntura (de diálogos o negociaciones), la Paz es un proceso que tiene que ser agenciado protagónicamente por el pueblo en ejercicio de su derecho a vivir dignamente. Igualmente, encontramos tres puntos fundamentales: 1) La guerra debe terminarse por medio del diálogo político, lo cual significa que rechazamos y creemos inviable la vía militar como fórmula para lograr el fin de la guerra; 2) Terminar la guerra no es imponer la rendición, sino avanzar en cambios significativos políticos y económicos, es decir, no se trata de llevar a pactos políticos para la desmovilización de la insurgencia ya que reconocemos la raíz estructural (social política y económica) de su existencia en el país; y 3) Construir la paz requiere condiciones y garantías democráticas para que la sociedad exija y conquiste reformas estructurales, ya que de no ser así es muy posible que el conflicto colombiano tenga una continuación sea mediante otras formas, grupos, etc, y no se posibilitaría la emergencia de un nuevo escenario de país. Una paz que significa cambios se arraiga en la solución a las necesidades de los diversos sectores de la población colombiana y es en la unidad de estos, desde las bases, que podemos avanzar en la constitución de un movimiento por la paz. Partimos del respeto a la autonomía y diversidad de los procesos que nos articulemos, en la búsqueda de potenciar las luchas y reivindicaciones de los pueblos, haciendo de la movilización social el eje fundamental en la lucha por la paz, no asumida como un discurso coyuntural ni una bandera electoral, ya que la paz ha sido una bandera histórica de los pueblos y somos nosotros quienes hemos venido caminando y luchando por esta, y no las clases dominantes y los gobiernos de turno. La paz es la

superación de la histórica crisis social en campos y ciudades, por lo cual la conquista de una paz con cambios es una tarea urgente del movimiento popular colombiano. Creemos que en la Colombia de hoy el movimiento social por la paz es un llamado a la unidad y una apuesta por la articulación de procesos democráticos, populares y progresistas que reclaman un país en paz. Proceso que permite aunar esfuerzos en la lucha contra el neoliberalismo y el modelo de desarrollo, y que a la vez potencie la construcción de un bloque popular que nos permita avanzar en el cambio de la correlación de fuerzas en el escenario nacional, tanto en confrontación con sectores que dicen apostarle a la paz pero que no aceptan cambios, y también contra aquellos sectores guerreristas que no dan paso atrás en el exterminio de los sectores populares y sus luchas. El movimiento social por la paz debe ser autónomo, amplio, integral y popular, y debe convocar y generar conciencia en la población colombiana, acercando a otros procesos organizativos así como a la población no organizada. Este movimiento podrá desarrollarse mediante exigencias al Estado, pero debe asentarse, principalmente, en el fortalecimiento de los planes de vida de las comunidades. Por último, se reafirma la imposibilidad de construir paz sin la voz de las víctimas, de las personas detenidas por asuntos políticos, y sin el reconocimiento y castigo de la violencia sexual como delito de guerra, entre otros aspectos fundamentales. A partir de estos puntos se definen los siguientes objetivos: El principal objetivo del movimiento social por la paz es potenciar la unidad de sectores populares, democráticos y progresistas, esto será posible en la medida que este movimiento se arraigue en su principal abono: las luchas, mandatos, reivindicaciones, apuestas, etc, de todos los procesos, es decir, a partir de la conformación de una agenda social para la paz que no sea estática sino que permita agenciar un permanente proceso de movilización social y popular por una Colombia en Justicia Social y para la Vida Digna. La agenda social para la paz se encuentra desarrollada en los productos de las mesas temáticas, que expresan las reivindicaciones sectoriales frente derechos que han venido siendo arrebatados en las últimas décadas o derechos que se busca conquistar. La gran mayoría de los elementos que la componen están relacionados con la confrontación al neoliberalismo y las loco-motoras del “desarrollo”. La lucha por la soberanía nacional y la defensa de los recursos naturales es un punto nodal, en el entendido de que estos representan elementos estratégicos del conflicto, por lo cual se hace necesario evidenciar como durante esta misma coyuntura se desarrollan acciones que profundizan el conflicto y se llevan a cabo acciones de estigmatización y criminalización de los movimientos sociales que resisten al despojo efectuado por el Estado, gran parte del capital nacional y las multinacionales.

El movimiento debe entonces posibilitar el avance de las luchas de masas en el país y tiene el objetivo de prepararnos como pueblos para avanzar en la constitución de gobiernos desde abajo, siguiendo las orientaciones de planes de vida locales y regionales, así como de mandatos populares de agenda de país. El movimiento por la paz tiene la tarea de promover en el grueso de la sociedad colombiana la comprensión de la paz como un proceso integral que implica el protagonismo del pueblo colombiano, partiendo del reconocimiento de las raíces estructurales del conflicto armado. Se debe llamar a la solución política del conflicto social, político y armado mediante el diálogo con todas las expresiones organizadas de la insurgencia (FARC, ELN, EPL), y exigirse la participación directa de los sectores populares en verdaderos procesos de paz, llevando estas discusiones a las comunidades y presionando por el cumplimiento de acuerdos, siempre y cuando no vayan en detrimento de los sectores populares. De igual forma, el movimiento tendrá que presionar a los actores armados para que puedan desarrollarse escenarios de diálogo que permitan dar soluciones a la crisis humanitaria. Finalmente, este movimiento debe ser promotor del desarrollo de escenarios multilaterales de diálogo con el Estado, la Insurgencia y sectores populares en la búsqueda de gestar caminos de Paz agenciados autónomamente por el pueblo colombiano y como expresión del llamado a un Gran Diálogo Nacional. 4. RUTA DE ACCIÓN POLÍTICA La construcción del movimiento social por la paz debe partir de las comunidades y sus luchas, por lo cual los mandatos son el abono sobre el cual debe erigirse, además que debe ser un ejercicio a ampliarse, profundizarse y principalmente materializarse en acciones concretas a corto, mediano y largo plazo. El proceso de construcción debe ser desde abajo, desde lo local y regional hacia el fortalecimiento de un proceso nacional. Para este ejercicio es fundamental la articulación de las agendas que las organizaciones y procesos han venido jalonando en su caminar desde sus particularidades, pero haciendo énfasis en los elementos que logran cohesionar al conjunto del movimiento, reconociendo, apoyando y acompañando las diversas luchas. Este proceso debe conllevar la construcción de confianzas y la posibilidad de edificar propuestas conjuntas de país en paz, es decir en justicia social y vida digna, así como algunos mínimos que como movimiento podamos exigir al Estado y que permitan confrontar a los actores que nos oprimen. Avanzar en este proyecto implica reconocer la necesidad de tejer estrategias de formación, comunicación y movilización –de forma alternativa– que visibilicen el proceso y permitan acercar, en un ejercicio unitario, cada vez a más personas, comunidades, territorios, sectores, etnias y otros procesos que luchan por la paz.

Es indispensable forjar caminos de acción conjunta que apunten a confrontar el modelo, las reformas, las locomotoras del “desarrollo” y a generar crisis de gobernabilidad, todo esto producto de un movimiento que ponga a jugar la agenda social común y que recoja las distintas perspectivas y ejes de lucha de los procesos que allí confluyan. Un elemento prioritario en esta ruta de acción debe ser la promoción de diálogos regionales para darle solución a la crisis humanitaria que viven diversos territorios del país. La realización de acciones de protesta y movilizaciones en confrontación a las medidas que profundizan el conflicto social, político y armado es fundamental, así como un ejercicio que permita reconocer la importancia de los territorios en donde el conflicto toma mayores proporciones y por lo tanto urge la necesidad de realizar mingas territoriales (urbanas y rurales) por la paz. Para materializar toda esta apuesta es indispensable forjar mayores lazos de unidad entre los diversos sectores organizados del pueblo, pasando por procesos sociales y políticos de alcance nacional, así como de las organizaciones que tienen presencia primordialmente en lo local y regional; para esto es preciso afianzar y continuar incentivando el trabajo mancomunado en espacios como COMOSOCOL y la Ruta Social Común para la Paz, escenarios que pueden ser catalizadoras y cumplir el objetivo de coordinar acciones que logren desembocar en movilizaciones con mayor convocatoria y contundencia política. Es necesario que estos escenarios logren desarrollar expresiones a nivel local y regional para que la coordinación sea más efectiva y tenga mayor alcance. Algunas de las acciones nacionales proyectadas en consonancia con la constitución y desarrollo del movimiento social por la paz son: el 2do Encuentro Nacional de Unidad Popular, el Juicio ético-político a las Multinacionales y contra el Despojo, el desarrollo de una nueva Semana de la Indignación en octubre, la realización de Congresos Urbanos y la puesta en marcha de un Paro Nacional Agrario y Minero-Energético con la Defensa del Agua y la Vida como bandera. Finalmente, es importante reiterar que esta ruta de acción y construcción no busca prepararnos para una paz ajena a nuestra participación o que se basa en la desmovilización de la insurgencia, por el contrario pretende posibilitar el desarrollo de un accionar que nos conduzca hacia un Gran Diálogo Nacional que nos permita avanzar desde el campo popular y democrático en la conquista de un país en justicia y dignidad. 5. ESCENARIOS DE CONSTRUCCIÓN Los principales escenarios de construcción del movimiento son todos los espacios propios de las comunidades, todos los territorios donde de una u otra forma las organizaciones y procesos sociales tienen incidencia. Los escenarios pueden ser de carácter territorial (local, regional, nacional) y temáticos o sectoriales. En estos su papel debe ser en dos vías: intensificar la lucha

política y la unidad del pueblo de forma autónoma, y la reivindicación, defensa y exigibilidad de derechos que confronten el régimen. Con el fin de que estos escenarios apunten a la construcción de movimiento es de vital importancia que se comprenda la necesidad de ahondar en la articulación y de hacer el llamado a más procesos, para forjar alianzas, profundizar en propuesta de carácter sectorial y en banderas de lucha unitarias. De igual forma se requiere de escenarios interculturales e interétnicos que permitan darle solución a conflictos territoriales entre las comunidades y de estas con los grupos armados. Todos estos escenarios han de permitir una mayor coordinación y dinamización de procesos sociales y políticos en búsqueda de la paz y deben tener como horizonte la gestación de escenarios multilaterales de diálogo por la paz, con el Estado, la Insurgencia, organizaciones internacionales, organizaciones sociales y populares, en el cometido de forjar caminos para la paz. Finalmente, todos estos esfuerzos deben confluir en la convocatoria a una Asamblea Nacional para la Paz como propuesta de convergencia programática y para la acción con otros procesos sociales y políticos, donde mandatemos y legislemos desde el campo popular y de forma unitaria.

PLAN DE ACCIÃ&#x201C;N NACIONAL

Los avances del Congreso Nacional para la Paz son significativos, el proyecto de país que soñamos es un proyecto que requiere de múltiples miradas. Desde la memoria, desde lo que somos y desde lo que esperamos ser, desde lo congresos regionales, temáticos, desde diferentes iniciativas que hoy se plasman en este plan de acción nacional, que es un insumo al movimiento social como uno de los resultados del Congreso Nacional para la Paz: Desde nuestro compromiso, emanado de la reflexión y la práctica por un país en paz con justicia social MANDATAMOS LA CONSTRUCCIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL POR LA PAZ. 1.

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ INTEGRAL: • Construir un espacio multilateral de dialogo, donde se encuentren las Insurgencias, el Estado y diversos sectores del Movimiento Social y Político. A este escenario es que hemos denominado GRAN DIÁLOGO NACIONAL. • Realizar encuentros regionales de carácter humanitario y encuentros interétnicos e intersectoriales para solucionar conflictos entre pueblos.

ACCIONES DE MOVILIZACIÓN: A. Realizar paros de carácter nacional: • GRAN PARO NACIONAL MINERO-ENERGETICO Y AGRARIO. • PARO CIVICO NACIONAL por el cese al fuego bilateral y por la paz con justicia social, y la libertad de los y las presos y presas políticos y políticas. • PARO NACIONAL “Paro Nacional Hacia la vida digna”. B. Realizar jornadas nacionales como: • Semana de la Indignación e información sobre la crisis humanitaria. • Jornada nacional prolongada de liberación de la madre tierra de manera articulada entre campesinos, indígenas y afros.

REALIZAR ENCUENTROS NACIONALES: • Encuentro Nacional Urbano. • Congreso Nacional de Arte y Cultura. • Encuentro Nacional o FORO nacional minero-energético y agrario. • Encuentro teórico practico sobre economía propia y economía solidaria. • Encuentro sobre el Medio Ambiente.

HERRAMIENTAS Y ACCIONES: • Realizar un Juicio ético y político a las transnacionales, y un juicio ético y político al

negocio de la salud. • Declaratoria de la crisis humanitaria y carcelaria, junto con la amnistía a las presas y presos políticos por parte del Ministerio de Justicia y de la sociedad en general. • Constituir la comisión de la verdad. • Desarrollar una asamblea judicial que cumpla el papel de consejo comunitario y nos permita realizar los acuerdos necesarios según los principios ético-políticos de vida que construimos colectivamente. • Construir una ley de semillas que permita que impida la negociación de semillas. • Generar un plan de trabajo para crear una declaración universal de los derechos de los pueblos. • Establecer un medio de comunicación del congreso nacional para la paz (canal de TV y un periódico nacional). REALIZAR CAMPAÑAS. • Se propone iniciar una campaña permanente de reconocimiento y solidaridad con los/as presos/as políticos/as • Por la objeción de conciencia al servicio militar. • La alianza por el 50% (por la reducción del precio de los combustibles). • Campaña de solidaridad con los territorios donde se encuentran ubicadas las extracciones mineras. • Denuncia a las inmobiliarias pues son actores de violencia en terrenos que son actos para la construcción.

DECLARACIONES

MANDATOS DEL CONGRESO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PARA LA PAZ En el marco del Congreso Nacional para la Paz realizado en la Universidad Nacional de Colombia, los días 19, 20, 21 y 22 de abril de 2013, los niños y niñas provenientes de diferentes regiones del país, se reunieron y realizaron su congreso de paz. Como resultado de este ejercicio, los niños y niñas de Colombia dan a conocer a la opinión pública Nacional e Internacional el siguiente mandato. Las niñas y los niños de Colombia estamos cansados de pensar que alguien nos va a matar. Cuando necesitamos a la policía nunca están y no hay justicia, los casos que se denuncian no tienen respuesta y, los niños y las niñas exigimos y esperamos nos respondan, queremos profesores para salir adelante en nuestros proyectos. Sin salud y educación no sabemos cómo mantenernos. En cada pueblo se vive las cosas diferentes, pero al final es lo mismo. Vivimos sin Paz. Hay pandillas, barristas, el Ejército, los Paramilitares y la Guerrilla nos ponen en riesgo y el Estado no nos cumple, todos vulneran nuestros derechos a la educación y a la vida. Usan las escuelas y a nosotros y nosotras como escudos y trincheras, los niños y las niñas vivimos asustados y con miedo. A nosotros y nosotras nos ha tocado aprender a proteger nuestras vidas y a luchar por nuestros derechos. El territorio se defiende, se protege, se cuida y todo aquel que empuñe un arma, no es digno de entrar a nuestro territorio. El Ejército y la Guerrilla no respetan nuestros sitios sagrados y las noticias dicen mentiras, no muestran la realidad de lo que pasa en la comunidad. El Ejército y la Guerrilla nos quieren convencer para ir a la guerra y con ellos, empuñar armas y matar gente. Y POR ESTO EXIGIMOS: -

Que las pandillas dejen sus supuestos territorios, porque no lo están protegiendo, están matándose entre vecinos y dejan a muchas familias con gran dolor; si los quieren defender, hagan el favor de entregar las armas.

Que el gobierno entienda y nos manden profesores y nos pongan computadores, queremos escuelas dignas, buenas y seguras, que respeten y no las usen como trincheras.

Que dejen trabajar a la gente, las multinacionales no nos dejan trabajar y ocupan nuestros territorios.

Que desactiven las minas anti personas y las saquen de nuestros territorios, porque

queremos jugar y nosotros no tenemos la culpa de nada. La culpa la tiene la Guerrilla y el Ejército. -

Que los barristas dejen la bobada de estar peleando por un equipo de futbol.

Que los señores de las armas nos dejen vivir bien en nuestra comunidad.

Que la Guerrilla, el Ejército y los Paramilitares respeten nuestro territorio y que salgan de él para que tengamos una vida en equilibrio y armonía.

Que la Guerrilla, el Ejército y los paramilitares no nos utilicen para la guerra.

Exigimos que no maten más gente, que no violen a nuestras madres, hermanas y a nuestras mujeres.

Bogotá, 22 de abril de 2013

CONGRESO NACIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS PARA LA PAZ PAZ CON VIDA DIGNA “LA LLAVE DE LA PAZ LA TIENE EL PUEBLO….”

DECLARACIÓN FINAL DEL CONGRESO PARA LA PAZ Considerando que la búsqueda de la paz con justicia social es un asunto que le concierne al conjunto de la sociedad colombiana, nos encontramos cerca de 20.000 personas en el Congreso para la Paz para mandatar en torno a una agenda, y el movimiento social, que requiere el país para encontrar una solución definitiva al conflicto social, político y armado que nos aqueja hace casi medio siglo. Seguimos sosteniendo que la paz no consiste únicamente en el silenciamiento de los fusiles. A nuestro juicio, no podrá consolidarse una sociedad en paz sin los cambios necesarios que ataquen de manera decidida las raíces del conflicto y sin revertir las acciones del Estado que vulneran los derechos de los pueblos. Las graves problemáticas que vive la mayoría del pueblo colombiano son factores que profundizan el conflicto, por esa razón avanzamos en delinear una agenda social de paz planteada en perspectiva de superar las condiciones de pobreza, desigualdad, marginalidad, impunidad y exclusión política que han caracterizado al régimen político imperante, a través de la lucha organizada. Esa agenda social de paz es expresión de los anhelos de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales que buscan una sociedad con una paz genuina basada en la plena garantía de los derechos humanos y la construcción de un país más equitativo. Consideramos que no podrá construirse la paz sin el concurso de los sectores sociales populares que hemos padecido la guerra. Insistimos en que la salida al conflicto armado no le compete solamente al gobierno nacional y las insurgencias, pues los sectores populares también tenemos mucho que aportar en la construcción de paz. Si el cese del conflicto armado requiere de consolidar una sociedad democrática, es necesario empezar por democratizar la búsqueda de la paz. Saludamos la mesa de diálogo entre el gobierno y las FARC-EP, es un espacio importante en el avance hacia la paz, sabemos que ésta es restringida porque no hay partición desde el movimiento popular, la agenda es limitada y no están todas las insurgencias. El movimiento popular es un sujeto real y sus opiniones tienen que hacer parte de las salidas al conflicto y de un acuerdo nacional. La paz no es una prerrogativa exclusiva de los armados, debe ser un propósito nacional que vincule a diversos sectores de la sociedad colombiana. Hacemos un llamado para que se instituyan caminos similares con el ELN y EPL para que avancen en nuevos escenarios de diálogo. Para nosotros y nosotras la paz tiene que ver con cambios estructurales, por ello nuestra agenda contiene un programa que persigue el fin del conflicto, la construcción de políticas que generen justicia social, la defensa de los territorios, las salidas a la crisis humanitaria, la democratización del régimen político, la lucha contra la impunidad y la plena garantía de los derechos humanos.

En ese orden, nuestra apuesta de paz pasa por: Un nuevo modelo económico que redistribuya los ingresos y la riqueza, cuyo principal objetivo no sea la acumulación de capital sino el bien-estar de la población. Un modelo que no agreda los territorios y los ecosistemas, sino que parta de su protección, el respeto a la naturaleza y la afirmación de la diversidad social, cultural y ambiental. En suma, una nueva concepción de la economía que desmonte el neoliberalismo, la dependencia, la privatización, la mercantilización, la financiarización, el despojo y el autoritarismo. La reinvención de la política, plantear nuevas formas de gobernabilidad, así como nuevas maneras de defensa de lo público, para concebir un nuevo modelo de sociedad y de Estado. Por lo tanto, mandatamos construir política desde los territorios para construir un nuevo Estado y una nueva forma de gobernar. Es necesaria una transformación estructural del modelo de justicia imperante en nuestro país, caracterizado por legitimar un conjunto de medidas que le apuntan a garantizar el orden social y político impuesto. Como rechazo a este modelo de justicia hegemónico, represor y elitista, los pueblos que mandatamos paz para la vida digna concebimos urgente la construcción de un nuevo modelo de justicia que tenga como objetivo central la garantía integral de los derechos de los pueblos, partiendo de los mecanismos comunitarios y populares que existen y han existido, y proyectándose hacia las grandes decisiones judiciales que se toman en el país, un nuevo modelo de justicia que fortalezca el tejido social de las comunidades y responda a las necesidades concretas del pueblo Colombiano, expresadas en la agenda legislativa de país que proponemos como alternativa de vida digna y justicia social, así si podemos hablar de paz. Seguiremos luchando por salud y educación públicas, universales, gratuitas, sin discriminaciones de ningún tipo, a partir de un enfoque de derechos que reemplace la mercantilización de la vida. La ley 100 de 1993 y las propuestas de reforma a la educación son factores de guerra contra la sociedad, especialmente contra los sectores populares. ¡Trabajo digno y sin distinción de género, economía que parta de lo regional, socialización de la riqueza y de los medios que permiten la producción, economía propia y soberanía, una educación amplia, gratuita y de calidad. El reconocimiento de la diversidad de pueblos que habitamos este territorio que pasa por reconocer la autonomía y dar la posibilidad de existencia a pueblos que han sido condenados al exterminio! Consideramos que para llegar al fin del conflicto es necesario solucionar el problema histórico de la tierra y el territorio. Es inaplazable la formulación de figura jurídica y política que garantice el territorio y la territorialidad para el campesinado como base para una genuina política de reforma agraria integral. Es crucial una reforma tributaria que grave con impuestos altos a los grandes propietarios de la tierra. Consideramos que las Zonas de Reserva Campesina son una ganancia del movimiento campesino colombiano, consideramos fundamental defenderlas como

instrumento de la lucha de las comunidades rurales. También creemos que es necesario generar otras figuras que solucionen los problemas del campo abarcando todo el territorio nacional y atacando la gran propiedad terrateniente para buscar una genuina redistribución de la tierra y la pervivencia en el territorio. Por lo anterior, no compartimos la sustracción de Zonas de Reserva Forestal para instaurar Zonas de Reserva Campesina. Es necesario seguir buscando el reconocimiento, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas y territorios colectivos afro. Seguiremos luchando por la suspensión de las concesiones de territorios a empresas transnacionales. Seguiremos expulsando a esas compañías de nuestras regiones. Buscaremos derogar las normas que legalizan el despojo y que amenazan la vida y la permanencia en los territorios. La minería a cielo abierto debe ser erradicada en su totalidad. Nos oponemos a toda forma de extranjerización de la tierra y cesión de baldíos de la nación a grandes inversionistas. Rechazamos la posible aprobación del derecho de superficie, el vuelo forestal y demás formas de privatización soterrada de la tierra y el territorio. Es necesario reformar el régimen de licencias ambientales con el fin de generar mecanismos jurídicos efectivos que protejan los ecosistemas. Las comunidades delimitaremos Zonas de Biodiversidad para proteger los territorios. Proponemos una ley marco de hidrocarburos que reivindique elementos de soberanía nacional y redistribución de la renta petrolea y gasífera. Buscaremos que Ecopetrol vuelva a ser una empresa completamente pública y buscaremos instituir una empresa nacional minera pública. De igual manera defendemos el carácter público de los demás bienes comunes de carácter estratégico para la nación. Es necesario generar una política de pago de la deuda ambiental generada por la extracción de recursos. Buscamos una cultura de la vida que propague una nueva ética de sobrevivencia y de convivencia, y que libere la recreación de la sociedad. En ese gran propósito, será necesario consolidar un movimiento cultural que involucre el conjunto de acciones que promuevan la cultura de la vida, desde la educación, las comunicaciones, el arte, el deporte y la recreación. Asumimos el compromiso de establecer y fortalecer los lazos con los pueblos hermanos de Nuestra América y especialmente con movimientos sociales y populares que encaminan sus luchas por la autodeterminación, la soberanía y la construcción de la patria grande. Hablamos de CLOC-Vía Campesina, Frente Darío Santillán, Coordinadora de Movimientos Populares de América (COMPA), Movimiento de los Sin Tierra y otros. Buscaremos interlocución ante UNASUR, MERCOSUR, CELAC Y ALBA en camino de lograr acompañamiento efectivo para el proceso de paz en Colombia y para presentar nuestra agenda de país para la vida digna. Finalmente, como Congreso para la paz planteamos que vivimos hoy una crisis humanitaria en nuestros territorios, como consecuencia de las lógicas extractivitas, represivas y excluyentes que el actual régimen ha establecido durante décadas, y que se agudiza por la existencia del conflicto

armado. Esta crisis se manifiesta, entre otras, en la militarización de los territorios indígenas, campesinos, afrodescendientes, y urbanos; en la sistemática violación a los derechos humanos y las infracciones al DIH; en la precariedad de la población carcelaria y en especial de los y las detenidas políticas que por su estado de sujeción se ven excluidos de todos sus derechos; en la criminalización de los sectores rurales; en la sistemática violencia sexual ejercida contra las mujeres y niñas, hombres y niños que genera no solo afecciones individuales sino afecciones colectivas que generan rupturas del tejido social y familiar. En consecuencia, la construcción de esta agenda social el Congreso para la paz ratifica y propone como escenarios para la acción política: 1. Configurar espacios regionales y locales de diálogo (insurgencia, Gobierno, comunidades) para solucionar la crisis. 2. Promover y establecer una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes, los beneficiarios y los autores intelectuales de la crisis humanitaria al tiempo que avanzamos en la exigencia de la libertad inmediata para lxs luchadores detenidxs (presas y presos políticos) arbitrariamente y le exigimos tanto al Estado como a las insurgencias el cese bilateral al fuego. 3. La Ruta Social Común para la Paz, en la que seguiremos participando de manera más activa y aunaremos esfuerzos para vincular otras organizaciones sociales y políticas que le apuestan hoy a la Paz. Es necesario que la tomemos como propia y definamos más claramente la participación de todas las regiones en ella. Además de ello debemos jalonar desde allí la construcción de una agenda de paz conjunta para el país, que contemple iniciativas como las constituyentes por la paz. 4. La construcción de un espacio multilateral de dialogo, donde juegue nuestra visión de paz, permita la participación directa y decisoria de sectores populares, sociales y democráticos. Lo nuevo de este escenario es que participaran los excluidos, los sin voz. 5. La construcción del movimiento social por la paz persiguiendo una gran confluencia democrática y popular por la paz y los cambios. En este propósito no partimos de cero, ya tenemos unos acumulados en cuanto a movilización y encuentro con otros, requerimos que se escuchen muchas más voces. Debemos retomar las experiencias que diversas comunidades han venido construyendo en la conformación de territorios de paz. Estos serían escenarios idóneos para desarrollar propuestas de diálogos regionales. Dicho movimiento debe reunir a los diversos sectores sociales y políticos que coincidan en la necesidad de impulsar la movilización por una agenda social de paz y la pertinencia de la participación de los sectores populares en los procesos de paz. La unidad debe entenderse como principio permanente de ampliación de la agenda política del movimiento social por la paz y como la acción conjunta de diversas expresiones políticas y sociales. Este debe ser ante todo un agente de impulso de una agenda política por la superación del conflicto social y armado y por la

erradicación de las condiciones que lo hacen posible. Por esa razón el movimiento por la paz cristaliza sus propósitos en la acción política y la movilización por una sociedad con justicia social y vida digna.

Bogotá, 22 de abril de 2013

CONGRESO PARA LA PAZ PUEBLOS CONSTRUYENDO PAZ PARA LA VIDA DIGNA

CARTA A COLOMBIA: LLAMADO A CONSTRUIR LA PAZ Colombianas, colombianos: “Cinco siglos igual”. Ninguna de nosotras ha conocido siquiera el contorno de la paz. Las abuelas tampoco. Los abuelos de los abuelos fueron bautizados junto a una espada amenazante. Nuestros hijos e hijas crecen detrás de rejas de seguridad, escondidos de la violencia política. Por ello es tan difícil para los colombianos y colombianas pensar siquiera la vida sin guerra. Hay incluso quienes le temen a la paz: no sabrían qué hacer sin el estruendo de las armas. Pero algo ha cambiado. Cientos de comunidades, pueblos y organizaciones han impulsado los últimos años una acción sostenida para que la guerra termine; todas ellas diariamente están empeñadas en la construcción de la paz. Tras diez años de esfuerzos hemos logrado que se abra de nuevo la puerta del diálogo político: el gobierno y las FARC dialogan en La Habana, y es imperativo e inminente que las conversaciones con el ELN se concreten. Los grupos dirigentes del país, beneficiarios de la violencia permanente, calculan si la paz resultará un mejor negocio que la guerra. Las guerrillas temen que el final del conflicto se selle con una nueva matanza de ex combatientes. La sociedad entera sospecha que la firma de los acuerdos sirva de telón que oculte la continuidad de la más feroz agresión legislativa y económica contra los más desprotegidos y contra la naturaleza. Aún así, persistimos en imponer la paz. El Congreso para la Paz, celebrado en Bogotá entre el 18 y el 22 de abril de 2013, ha reunido a 20.000 colombianos y colombianas comprometidas con la terminación de la guerra y la construcción de paz. Gente de pueblos y veredas, de barrios y universidades, gente trabajadora, creyentes de diversas confesiones. Hemos querido que nadie faltara. El Congreso fue convocado con un acuerdo fundamental: hay que terminar la guerra, con dignidad y justicia para todos los colombianos y colombianas. Y hemos ratificado que la paz es un derecho fundamental que vamos a lograr por nuestros propios medios; porque la otra conclusión central es que solo la movilización social, ciudadana, popular, comunitaria, democrática, abrirá el camino de la paz en Colombia. De nuevo lo decimos: No queremos una 'paz neoliberal'. Ni una paz para facilitar el camino a la minería, las transnacionales y la locomotora minera. Ni una paz sin cambios en el sistema político, sin modificar nada de la estructura socio-económica más desigual de todo el continente. Nosotros y nosotras queremos otra paz. Queremos una paz: incluyente, participativa, diversa, integral, profunda y transformadora. No porque pretendamos resolver en una mesa de diálogo todos los problemas del país. Sino porque la única opción realista es que el

fin del conflicto armado incluya las transformaciones políticas que desaten la movilización social que necesitamos para hacer la paz. Una paz con democracia -la única paz realista- es posible. Si la construimos todas las colombianas y colombianos. Desde nuestro compromiso y esfuerzo llamamos a todos y a todas –a las iglesias, a los ex militares y ex policías demócratas y respetuosos de los derechos humanos, a cada una de las experiencias de resistencia y autonomía territorial, a los trabajadores y trabajadoras, a los que tienen dudas entendibles sobre el momento que vivimos, a las personas que no están organizadas, a los pueblos indígenas y afros, a las organizaciones campesinas, a los movimientos de mujeres y de víctimas, al Comosoc, a todas las organizaciones que convergen en el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica–, en fin, llamamos a todos quienes queremos terminar la guerra mediante el diálogo político, a constituir un inmenso Movimiento Social por la Paz, que ya aflora en múltiples manifestaciones y acciones del pueblo colombiano. Allí cada colombiana tiene un lugar. Proponemos como tarea principal de este Movimiento para la Paz la realización de un Diálogo Social por la Paz. En cada ciudad, en cada región, proponemos realizar diálogos de los sujetos sociales, políticos y gubernamentales para discutir los asuntos más relevantes a la construcción de paz. Tal Diálogo Nacional deberá tener la contundencia para imponer la obligación al gobierno y las insurgencias de no levantarse de la mesa hasta no llegar a acuerdos, el cese bilateral de fuegos mientras no se terminen las conversaciones y la imperiosa necesidad de que el fin de la guerra se acompañe de las transformaciones socio-económicas y políticas. La fuerza de una sociedad que piensa la paz, que dialoga, es una garantía para aislar a quienes persisten en condenar a Colombia a una guerra eterna. Es imprescindible que en el Movimiento por la Paz logremos que el ELN y el gobierno abran un espacio de negociación política, que potencie los diálogos que ya avanzan en La Habana con las FARC. Nos comprometemos a fortalecer esos escenarios, con la certeza de que es la sociedad movilizada la que construye la paz. El Congreso para la Paz demanda del gobierno nacional suspender de inmediato los proyectos agroindustriales, minero-energéticos y de infraestructura que atentan contra los proyectos de vida y vulneran los derechos fundamentales, y a decretar una tregua legislativa que permita a la sociedad creer en sus pretensiones de paz. A los medios de comunicación los instamos una vez más a adoptar una política informativa responsable con el momento que vive el país. Colombia no acepta, los colombianos y las colombianas no aceptamos que la guerra sea nuestro destino. Hemos realizado el Congreso para la Paz, con miles de delegados y delegadas. Pero el verdadero Congreso de la Paz será el de los millones de colombianos y colombianas en las calles, celebrando el fin de la guerra y la apertura de una nueva época histórica: la de la más grande movilización popular y ciudadana construyendo el país de la justicia social.

Todos los colombianos y colombianas tenemos un sitio en la construcciรณn de la paz.

Bogotรก, 22 de abril de 2013

CONGRESO PARA LA PAZ PUEBLOS CONSTRUYENDO PAZ PARA LA VIDA DIGNA