CONTRAPODER EDICIÓN 2822

D O X A

Chiapas abandonado a su suerte

¿Quién es el responsable del desorden en Chiapas?

El Estado es el responsable de construir el orden público y de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes. Esto no viene sucediendo en Chiapas, en donde distintos grupos, con perspectivas y finalidades diferentes PAG. 2

El nuevo gobierno aún no se constituye pero todo está repartido.

Hay varios fiscales en turno, varios presidentes del tribunal y varios secretarios de despacho.

Pero también ya se repartió la obra pública y los contratos de servicio.

A punto tal que hay prisa en oficinas para dar de alta la creación de nuevas empresas.

CONTRA PODER

VIOLENCIA

Civiles armados se enfrentan con la Guardia Nacional en Chiapas y bloquean los accesos a Comitán

El enfrentamiento se originó luego de que habitantes de la localidad, supuestamente adheridos a organizaciones campesinas, decidieran bloquear las instalaciones de la Guardia Nacional, situadas en la salida que lleva hacia el municipio de Teopisca

Oposición considera la demanda de Pío López Obrador en contra de Loret de Mola como una burla y un abuso de poder

Buscadoras de desaparecidos denuncian ante la CIDH que el Estado mexicano no les brinda protección

INFORME

Informalidad laboral en Chiapas sin decrecer

EVENTO

Presentarán exposición de bordado en Tul en Chiapa de Corzo

HOY ESCRIBEN

GANADEROS

SE

PARA

EDITORIAL

¿Quién es el responsable del desorden en Chiapas?

El Estado es el responsable de construir el orden público y de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes. Esto no viene sucediendo en Chiapas, en donde distintos grupos, con perspectivas y finalidades diferentes, –grupo paramilitar, de autodefensa y delincuencia organizada- imponen su propia ley y condiciones en gran parte del territorio chiapaneco, ya sea en los Altos de Chiapas, ya sea en Pantelhó o Altamirano, o en San Cristóbal y toda la franja fronteriza de la Sierra, en donde estos grupos armados no sólo retan al Estado sino que actúan en total impunidad y sobre la base de los hechos lo sustituyen, son un nuevo tipo de Estado..

Todo esto sucede por la inacción de un gobierno que se caracteriza por la indiferencia a la protesta social y que considera que es irrelevante gobernar, además de que mal ejerce un presupuesto de más de 100 mil millones de pesos anuales, sin que haya los resultados que se debieran esperar con este ejercicio, en donde se han destinado más de 500 mil millones de pesos en estos cinco años de administración, sin que se note la transformación de Chiapas que tan-

to vienen pregonando, en el que a los problemas de pobreza y desigualdad social se le agregan los problemas de gobernabilidad y de inseguridad.

La situación social de Chiapas se encuentra en iguales o peores condiciones de violencia que se viven en otras entidades del país. La diferencia sustancial de la violencia en Chiapas en relación con la violencia en las otras entidades, que entraña peor peligro, es que aquí la protesta social está contaminada con la delincuencia organizada, en el que existe una gran complejidad para identificar la legitimidad de una lucha social, con el papel que juega la delincuencia organizada. Y esto es lo que ha descuidado la administración de Rutilio Escandón, al permitir y tolerar que los cuerpos de seguridad, algunas presidencias municipales y servidores públicos estén al servicio de la delincuencia organizada.

Para colmo de males, el gobernador Rutilio Escandón, en lugar de construir la gobernabilidad democrática que se requiere y combatir la delincuencia, se involucró de lleno en el proceso interno de las elecciones, primero promoviendo candidatos a la gubernatura del Estado y luego manoseando el proceso

interno para imponer candidatos al senado, a las diputaciones federales, a las presidencias municipales y a las diputaciones locales, con puro personaje –hombres y mujeres impresentables-, cuyas cfandidaturas se pueden resumir en una sola palabra: escoria.

Rutilio Escandón deja como herencia al nuevo gobierno un territorio de Chiapas todo minado. Las tareas del próximo gobierno son reconstruir Chiapas; tarea nada fácil, porque todo es prioritario, la seguridad, la gobernabilidad democrática, el combate a la pobreza, la reactivación del campo, el respeto a los derechos humanos, la mejora de la educación, la garantía de los servicios de salud, todo esto en condiciones de malestar social, en el que se requiere de la participación de los mejores hombre y mujeres de Chiapas para poder dar respuestas a toda la problemática que se le viene al próximo gobierno, en condiciones sociales en el que a corto plazo resulta más viable que las cosas se descompongan a que se controle el desorden dejado por un gobierno fatuo, sin inteligencia ni sensibilidad, que convirtió en oropel las decisiones políticas importantes.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya

DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel

Civiles armados se enfrentan con la Guardia Nacional en Chiapas y bloquean los accesos a Comitán

Eduardo Torres/Corresponsal Comitán, Chis. (Tribuna)

Elementos de la Guardia Nacional y civiles armados se enfrentaron a balazos la noche de este martes en Comitán, en la región Meseta Comiteca Tojolabal de Chiapas, informaron fuentes de seguridad.

El enfrentamiento se originó luego de que habitantes de la localidad, supuestamente adheridos a organizaciones campesinas, decidieran bloquear las instalaciones de la Guardia Nacional, situadas en la salida que lleva hacia el municipio de Teopisca.

Los más de 100 civiles denunciaron que uno de sus compañeros fue agredido por un miembro de la corporación militar y, en respuesta, decidieron tomar dicho cuartel.

Sin embargo, reportes preliminares indican que los desconocidos fueron los que agredieron primero a las fuerzas de seguridad.

En el punto del conflicto, una confrontación con detonaciones de armas de fuego se suscitó y una persona, presuntamente identificada por las organizaciones campesinas, resultó herida que tuvo ser trasladada al hospital María Ignacia Gandulfo de la localidad.

En redes sociales, usuarios han advertido a la población no circular por entradas y salidas de la mancha urbana de Comitán, debido a que los inconformes han extendido los

Omar Ruiz

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Gabriel Orantes Villatoro, aspirante de Morena por la candidatura a la presidencia municipal de San Fernando, Chipas, sufrió un atentado cuando circulaba a bordo de su camioneta en la ruta que conecta a Tuxtla Gutiérrez con esta localidad.

El hecho se registró a altas horas de la noche de este martes, en el cual el mismo político y empresario narró lo sucedido a través de sus redes sociales, lamentando el clima de inseguridad que se vive.

Refirió que viajaba junto con sus colaboradores a bordo de una camioneta cuando en el tramo que comprende la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el restaurante Rica Villa cuando fue atacado a balazos por un grupo de sujetos.

El enfrentamiento se originó luego de que habitantes de la localidad, supuestamente adheridos a organizaciones campesinas, decidieran bloquear las instalaciones de la Guardia Nacional, situadas en la salida que lleva hacia el municipio de Teopisca

bloqueos a otros puntos e impiden el paso de vehículos.

Un video publicado en la red social Facebook se observa a los gendarmes confrontarse con los civiles.

También han reportado que en varios puntos de la ciudad los manifestantes se han movilizado, exi -

giendo justicia por la agresión a su compañero.

Los inconformes retuvieron un tractocamión de color azul para bloquear la carretera.

Hasta la noche de este martes, autoridades estatales no se habían pronunciado en torno a la situación

que ha marcado tensión en la localidad. Tampoco han confirmado si hay más personas o elementos militares heridos.

Al lugar han arribado elementos del Ejército mexicano para reforzar a la Guardia Nacional.Con información de Latinus.

Sufre atentado el aspirante de Morena para alcalde de San Fernando, Chiapas

Orantes Villatoro Indicó que por fortuna ningún proyectil dio en el blanco, por lo que posteriormente lograron detenerse en una zona segura y allí pudieron ver los impactos de bala que tenía la camioneta.

Ante esta situación, el aspirante morenista acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar su denuncia formal, en espera de que se le garantice la seguridad y se logre dar con los responsables del ataque.

Hace unos días, Willy Ochoa, aspirante chiapaneco al Senado por el PRI, también sufrió un atentado. Con información de El Heraldo de Chiapas

Realiza IEPC el Foro: Garantía de los derechos políticoelectorales de personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas en el Proceso Electoral 2024

· Con este foro, el IEPC ofreció un espacio de reflexión en torno a la participación y representación política de los pueblos y comunidades indígenas en el presente proceso electivo.

En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, llevó a cabo el Foro: Garantía de los derechos políticos-electorales de personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas en el Proceso Electoral 2024, organizado por la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas (CPAI) de este organismo electoral, con el objetivo de generar un espacio de reflexión en torno a la participación y representación política de los pueblos y comunidades indígenas rumbo al proceso electivo que tendrá su jornada electoral el próximo 2 de junio.

La bienvenida corrió a cargo de Miguel Ángel de los Santos Cruz, Director de la Facultad de Derecho Campus-III de la Universidad Autónoma de Chiapas, sede de este conversatorio, quien comentó que se espera que los pueblos y comunidades originarias cuenten con la información necesaria en sus propias lenguas para poder tomar decisiones al momento de ejercer su voto, y se garantice su derecho a participar en los espacios y posiciones políticas que les son destinados, evitando cualquier intento de simulación.

Por su parte, la consejera presidenta provisional del IEPC, María Magdalena Vila Domínguez, resaltó la importancia de este Foro, al considerar que conversar sobre estos temas nunca será suficiente, toda vez que existe

Óscar Gómez/Corresponsal San Cristóbal de Las Casas.

El Centro Cultural de Santo Domingo en la Ciudad de Chiapa de Corzo se prepara para recibir una destacada exposición este 29 de febrero a las 11:00 horas. En colaboración con el Centro de Textiles del Mundo Maya A.C., la exhibición presentará los resultados del “Taller de Bordado en tul con la técnica de la mantilla granadina”.

En un comunicado, detallan que con el apoyo de Fomento Social Citibanamex A.C., los talleres de capacitación en tejido en telar de cintura y bordado en tul han sido un éxito.

“Los artesanos de San Juan Chamula y Chiapa de Corzo han participado activamente, rescatando técnicas ancestrales y fortaleciendo la identidad cultural de la región”.

Asimismo, citan que la iniciativa de

una deuda histórica con los pueblos indígenas y más aún con las mujeres indígenas. “Desde el Instituto electoral estamos impulsando acciones afirmativas de manera transversal para darle la tutela de garantías a sus derechos político-electorales”.

Durante su ponencia, Carlos Humberto Durand Alcántara, Investigador nivel III del CONAHCYT y profesor-investigador del Posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, experto en materia indígena, comenzó cuestionando ¿qué tan viable se puede concebir la posibilidad de continuar bajo un régimen que sustenta la idea de la democracia, y en qué medida su cumplimiento y trascendencia estaría vigente?

El académico afirmó que un problema fundamental para el avance de la democracia y de los procesos electorales, es que todos los sectores de la sociedad mexicana reflexionen sobre su debido cumplimiento. Explicó que lo anterior ha incidido de forma nodal en la representación política de los pueblos y comunidades indígenas.

Al compartir la experiencia del estado de Hidalgo en este tema, Ariadna González Morales, Consejera Electoral del Instituto Estatal Electoral de dicho

estado (IEEH), comentó que será todo un reto para las instituciones electorales el poder generar mecanismos para evitar fraudes que intenten simulaciones, y además tener una perspectiva intercultural transversal, por lo que habría que implementar estrategias durante todo el proceso electoral.

“Una de las herramientas utilizadas en las elecciones en Hidalgo, fue implementar una acción afirmativa que fuera obligatoria para que al menos una parte de las campañas de los partidos fuera traducida a las principales lenguas originarias. El objetivo es que los pueblos y comunidades indígenas estén realmente informados por quién votan y cómo votan”, aseveró la consejera hidalguense.

Al presentar las conclusiones de este evento, la consejera Sofía Martínez De Castro León, integrante de la CPAI, resaltó la valía y pertinencia de las reflexiones vertidas dado el momento político-social que se vive. Recordó que desde el IEPC, se ha implementado desde el proceso electoral pasado, la verificación del vínculo comunitario y la autoadscripción calificada, con lo cual se ha podido avanzar en atajar casos de evidente usurpación en candidaturas que corresponden a la población indígena; agregó que este trabajo de

la autoridad electoral en Chiapas ha significado un avance en la garantía de los derechos políticos y electorales de pueblos y comunidades indígenas, que además ha contado con el acompañamiento de los partidos políticos.

Para el cierre del Foro, la consejera Helena Margarita Jiménez Martínez, presidenta de la CPAI, dijo que el IEPC ha realizado actividades que han dado progresividad a los derechos humanos y no son excluyentes de los derechos político electorales de los pueblos y comunidades indígenas que buscan garantizar que se ejerzan de manera efectiva. “Para llevar a cabo un proceso de esta naturaleza, además del trabajo de la autoridad electoral, se requiere de los partidos políticos y del compromiso ciudadano”.

Jiménez Martínez mencionó que con la creación de la Unidad Técnica de Asuntos Indígenas se ha logrado contar con un catálogo de autoridades en las diferentes comunidades de la entidad, que sirve como referente para saber qué autoridades pueden validar el vínculo comunitario de las personas que van a postularse a alguna candidatura en alguno de los 52 municipios o 10 distritos listados como indígenas, previendo simulaciones.

Este foro contó con la presencia de la consejera Gloria Esther Mendoza Ledesma; de la Delegada del INE en Chiapas, Claudia Sánchez Rodríguez; de autoridades de los Ayuntamientos de municipios indígenas; representaciones de los partidos políticos, instituciones académicas, organizaciones, así como estudiantes y ciudadanía en general. Las participaciones y reflexiones de este evento pueden verse nuevamente a través de la dirección electrónica https://www.youtube.com/ watch?v=ajWKOl2pJR4

Presentarán exposición de bordado en Tul en Chiapa de Corzo

Fomento Cultural Citibanamex A.C. ha permitido que más de ochenta artesanos, mayoritariamente mujeres, se capaciten en técnicas tradicionales. Además, se espera que la exhibición itinerante impulse el interés y la apreciación del arte textil tradicional en la comunidad.

“La exposición revela la historia y la evolución del bordado en Chiapas, desde la adopción de la moda española hasta la creación de diseños propios. La colaboración con la Gran Maestra del Arte Popular Encarnita Berrio López ha enriquecido este proceso de aprendizaje y preservación cultural”.

Por último, los organizadores in-

vitaron al público en general a visitar la exposición, que estará abierta al público de manera gratuita en el Centro Cultural de Santo Domingo.

“La muestra promete deleitar a los visitantes con la belleza y la maestría del bordado en tul con la técnica de la mantilla granadina”.

Oposición considera la demanda de Pío

López Obrador en contra de Loret de Mola como una burla y un abuso de poder

José Gerardo Mejía Ciudad de México, (Tribuna)

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Triana, afirmó este miércoles que el juicio que promovió Pío López Obrador en contra del periodista Carlos Loret de Mola, luego de difundir un video donde recibe un millón de pesos en sobres amarillos, son los “gansos tirándole a las escopetas”.

En entrevista con Latinus, acusó que “no puede ser que un periodista que hace un señalamiento con fuentes anónimas, sea investigado como en este caso”.

“La constitución protege que las fuentes sean anónimas, los derechos humanos a nivel internacional lo protegen y ahora tiene que rendir cuentas de por qué hizo su trabajo, en lugar de que se castigue y se investigue al hermano del presidente que es a quien vimos metiéndose a las bolsas sobres amarillos con dinero, se está investigando al mensajero, al periodista”, aseguró el diputado.

Triana enfatizó: “Toda nuestra solidaridad con Carlos Loret de Mola“.

Acusó que se trata de un abuso de poder y pidió que no se normalice porque “abre la puerta a este tipo de situaciones”.

“Es un abuso de autoridad, de poder. Qué periodista se va a atrever en lo sucesivo a llevar a cabo un trabajo de investigación serio, si ya sabe que, de antemano, hay la amenaza velada de que vendrá una represalia de parte del poder, de parte del Estado.

Esto tiene que terminar y es completamente inadmisible”, abundó.

Por separado, Elizabeth Pérez Valdez, vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), enfatizó que en la llamada Cuarta Transformación “cambiaron las ligas, por los sobres”, en alusión a René Bejarano Martínez, quien fue grabado cuando recibía dinero del empresario Carlos Ahumada.

“Es un modus operandi que ya tienen muy establecido, lo que plantea Pío López Obrador hasta puede resultar una barbaridad, cuando en los careos dice que tiene hasta más de nueve años de no haber visto a su hermano” el presidente.

Pérez Valdez recordó que hay evidencia de cuando tomó protesta el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, su hermano estuvo presente: “Hay una foto en Twitter de Pío López Obrador donde demuestra que está en la Cámara de Diputados”.

“Eso de que no lo ha visto en más de nueve años es una burla, y lo demás es que parece un robo en despoblado

utilizar al Poder Judicial en contra de un comunicador, que además, ha sido muy puntual en sus reportajes desde su espacio noticioso que ha molestado al propio presidente”, indicó.

La diputada del PRD consideró que pareciera “como una revancha y podemos destacar lo que dice el periodista Loret de Mola que no lo van a callar y tampoco van a terminar el trabajo que él ha iniciado con esta demanda.”

“Primero tenemos que cuidar a este tipo de personas que se dedican a hacer este periodismo de investigación que le ayuda a entender lo que está sucediendo en esas esferas del ejecutivo”, abundó.

Braulio López Ochoa Mijares, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), consideró que la presión del hermano del presidente hacia un periodista, “es algo preocupante porque México es un país con un alto número de periodistas asesinados, es un país en el que ha habido acoso desde el púlpito de la Presidencia de la República”.

“Hay un esquema en el cual se están sentando en tribunales a perio-

distas que resultan incómodos a los gobiernos, en este caso al gobierno federal, pero también a los gobiernos locales. Yo espero que esto se detenga, la verdad es que están haciendo su trabajo, están haciendo una investigación periodística”, indicó.

AMLO le dice a Pío que mejor no denuncie a Loret

Con el pretexto de que las denuncias no sirven porque el Poder Judicial apoya a los corruptos, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a su hermano Pío López Obrador que mejor no siga con el proceso en contra de Carlos Loret de Mola.

“Si le puedo hacer alguna recomendación a mi hermano y a cualquiera es que no sirven de nada las denuncias, porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un Poder Judicial mafioso”, dijo.

En repetidas ocasiones AMLO se ha mostrado contrario a llevar los casos que le molestan ante un tribunal, aunque hace meses dijo que lo haría para acusar de difamación al abogado de Genaro García Luna, pero desistió.

Este miércoles, el mandatario se pronunció respecto a la audiencia que hubo ayer en donde su hermano Pío se careó con Loret, a quien demandó por daño moral y le exigió una indemnización de 200 millones de pesos por haber revelado los videos en donde se le ve recibiendo dinero en efectivo a nombre de AMLO. Con información de Latinus y Revista Etcétera.

Informalidad laboral en Chiapas sin decrecer

Ainer Marroquín

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

La —reactivación— económica de las y los chiapanecos sigue siendo mayoritariamente informal.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este lunes los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondientes al trimestre octubre-diciembre de 2023, en el que indica que hasta ese periodo la población económicamente activa (PEA) del país era de 61 millones de personas; 898 mil más que en el mismo trimestre de 2022.

De tal forma, el organismo refiere que la PEA del país representó 60.5 por ciento de la población de 15 años y más, y de este número de 59.4 millones de personas se encontraban ocupadas; 4.6 millones de personas

subocupadas; 1.6 millones de personas desocupadas; y 32.5 millones de personas en la informalidad.

Dentro de la informalidad laboral, los datos del Inegi reflejan que hasta el cuarto trimestre de 2023, la suma de las personas, en todas las modalidades de empleo informal, fue de 32.5 millones, lo que representó un 54.8 por ciento de la población ocupada, así como un incremento de 376 mil personas del 2022 al 2023.

Por lo anterior, la dependencia señala que los niveles más altos de informalidad laboral se presentaron en Oaxaca, con 81.1 por ciento; Chiapas, con 73.2 por ciento; Hidalgo, con 71.8 por ciento; Tlaxcala, con 71.4 por ciento; Puebla, con 69.9 por ciento; Veracruz de Ignacio de la Llave, con 68.1 por ciento; Michoacán de Ocampo, con 66.8 por ciento; y Morelos, con 66.3 por ciento.

Aunado a esta información, el Inegi refiere que Chiapas tuvo la tasa más alta de condiciones críticas de ocupación con 48.5 por ciento, seguido de Tlaxcala con 40.8 por ciento, Puebla con 39.7 por ciento, Veracruz de Ignacio de la Llave con 37 por ciento, Estado de México con 35.6 por ciento, Campeche con 34.7 por ciento, Tamaulipas con 33.7 por ciento, Guanajuato con 32.7

por ciento, Tabasco con 32.3 por ciento, y Oaxaca con 32 por ciento.

En el caso de Chiapas, el Instituto detalla que hasta diciembre de 2023, habían 2 millones 204 mil 223 personas económicamente activas, de estas 45.3 por ciento tenían un trabajo asalariado, 73.2 por ciento un trabajo informal, 10.1 por ciento un trabajo subocupado.

Se bajan 7 precandidatos de Michoacán por violencia electoral

Ernesto Jiménez

Ciudad de México, (Tribuna)

El asesinato de dos precandidatos a la presidencia municipal de Maravatío, Michoacán, provocó estragos en otros aspirantes a cargos públicos que decidieron bajarse de la contienda electoral ante el temor de ser víctimas de ataques orquestados por parte de grupos criminales que se disputan el control territorial de la región.

“Hay mucho temor”, indicó el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio Campos, quien informó que al menos tres aspirantes del Sol Azteca -no especificó sus nombres ni los municipios a los que pertenecen- decidieron declinar de sus aspiraciones políticas.

Por su parte, el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, informó que cuatro precandidatos no participarán en el proceso electoral y dos más recibieron amenazas de parte del crimen organizado, por lo que están pensando en abandonar la contienda.

Y es que además de los asesinatos de los precandidatos a la presidencia municipal de Maravatío, Miguel Ángel Zavala Reyes (Morena) y Armando Pérez Luna (PAN), se suma el secuestro y homicidio de Dagoberto García Rivera, representante y fundador de Morena en la localidad cuyo cuerpo fue hallado el pasado 3 de noviembre en el municipio de Zinapécuaro.

“Narcoterrorismo” en la contienda electoral de Michoacán

A pesar de la violencia electoral

Gloria Reza M.

Guadalajara, Jal. (apro)

Personal de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía de Jalisco acusa que su titular Teresa Ikal Téllez Aguirre permite que su presunta pareja sentimental, José Trinidad Valdez, quien no labora en la dependencia, integre expedientes y tenga acceso a datos sensibles.

Los denunciantes también señalan que la funcionaria incumple con el horario y no registra sus entradas ni sus salidas de la dependencia.

Agregan que el año pasado estuvo tres meses incapacitada, pero no puso a un suplente, cuando el Reglamento Interno de la Fiscalía establece que, cuando exista una ausencia temporal de los titulares hasta por 30 días, se deberá nombrar a otro servidor para desempeñar el cargo

“Hay mucho temor”, indicó el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio Campos, quien informó que al menos tres aspirantes del Sol Azteca -no especificó sus nombres ni los municipios a los que pertenecen- decidieron declinar de sus aspiraciones políticas

que le ha costado la vida a cuando menos 36 actores políticos en el actual proceso, la mayoría de los partidos políticos se mantienen en la postura de seguir postulando aspirantes a cargos públicos pero modificando sus estatutos para garantizar su seguridad.

En este sentido, el líder del PRI en Michoacán adelantó que cambiarán el formato de elección de sus precandidatos para que se efectúe en secreto; además agregó que las amenazas e intimidación de los actores políticos parecen ya “actos de grupos de narcoterroristas” que lo que buscan es desestabilizar la paz social e infundir miedo entre los precandidatos y en el electorado.

“En muchas regiones del estado hay mujeres y hombres que tienen aspiraciones políticas, pero tienen

temor de hacer campaña o incluso de hacer pública la intención de convertirse en candidatos”.

De acuerdo con datos recogidos por la organización Data Cívica en su informe “Votar entre balas”, desde 2018 a la fecha se tienen documentados mil 666 ataques contra candidatos, excandidatos o precandidatos y sus familiares en los procesos electorales; de esas agresiones, Michoacán concentra 56 eventos; mientras que los estados más afectados son Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca, donde se contabilizaron 38.4 por ciento de los ataques.

Precandidatos de Maravatío “no pidieron permiso” En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el coordinador

de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que -de acuerdo a la información en su poder- los dos aspirantes a la presidencia municipal de Maravatío fueron asesinados por el crimen organizado por “no pedir permiso para hacer campaña en el área”.

El diputado aventuró que el mensaje del crimen organizado es que “no haya elecciones” y que gobernará el Ayuntamiento “el candidato que ellos quieren” para satisfacer sus necesidades como grupos delincuenciales.

En respuesta a las críticas por la violencia en el marco de la contienda electoral, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que garantizarán seguridad a cada uno de los actores que decidan permanecer en proceso; empero les hizo un llamado para no caer en extorsiones e intimidaciones de parte de grupos criminales.

Según las declaraciones del mandatario estatal, hasta el momento son 11 los aspirantes que cuentan con acompañamiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno y que cuentan con 18 mil elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que serán desplegados durante los comicios para garantizar que se ejerzan con libertad y orden. Con información de Infobae.

Denuncian irregularidades en la Unidad de Transparencia de la Fiscalía de Jalisco

durante ese lapso.

Para no detener las respuestas de transparencia, a la funcionaria le llevaron los documentos a su casa para que los firmara, desde la primera quincena de septiembre y hasta el final de diciembre.

Los inconformes aseveran que Teresa Téllez permite que su amiga Delia Mariana Casillas no realice ninguna actividad, mientras que otra funcionaria, identificada como Astrid Mildred Mariana Ramos, se presenta en la dependencia “cuando quiere, y cuando acude se la pasa maquillándose o tomándose ‘selfies’”.

Una queja más por parte del personal de Transparencia es que su jefa

se comporta de manera altanera y déspota, por lo que le exigen respeto.

Servando Burciaga Fresnillo, Zac. (Tribuna)

Habitantes del municipio de Fresnillo, Zacatecas y autoridades locales se preparan para dar la bienvenida a la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez; reconocen que los tomó por sorpresa la decisión de arrancar su campaña en esa ciudad que es gobernada por Morena.

Diana Isela Valdez, ama de casa, comentó que no se esperaba que Fresnillo fuera elegido como la sede de un evento político de tal naturaleza, pues, aunque ha figurado como un lugar violento en los medios de comunicación, opina que la violencia es un problema de todo México.

“La inseguridad es un tema que lo tenemos en todos lados, es un tema nacional que a todos nos afecta, por supuesto que en Fresnillo nos ha afectado bastante, pero creo que estamos igual en todo el país”.

Sin embargo, agregó que todos los ciudadanos de Fresnillo tienen el derecho de escuchar las propuestas que lleven todos los candidatos y “por supuesto que Xóchitl es bienvenida aquí a Fresnillo”.

Diana Isela reconoce sentirse insegura, pues incluso ha cambiado sus actividades habituales desde que hace algunos años aumentaron los índices del delito, aun cuando no ha sido víctima directa de algún crimen.

Al igual que Diana, el 96.4% de los fresnillenses consideran que es peligroso vivir en su ciudad según las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La encuesta en la que se sustenta este resultado, fue hecha en diciembre, antes de los asesinatos de dos parientes de la familia Monreal Ávila que acapararon los titulares de medios nacionales.

Cabe señalar que, en los últimos 20 años, Fresnillo ha sido gobernado por tres integrantes de dicha familia, cuyas administraciones suman cerca

J. Jesús Esquivel Washington (apro)

Pese a comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador de molestia con Estados Unidos, su secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena y el secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, aseguraron que la relación bilateral entre los dos países se encuentra más fuerte que nunca.

“Tengo que decirles lo mucho que aprecio la cooperación y colaboración que iniciamos con el gobierno de López Obrador”, dijo Blinken durante el encuentro trilateral en el Departamento de Estado con Bárcena y Carlos Martínez, ministro de relaciones exteriores de Guatemala.

“Desde mi perspectiva, la colaboración y trabajo entre los gobiernos de México y Estados Unidos está más fuerte que nunca y nunca más grande”,

Arranque de campaña de Xóchitl Gálvez genera expectativa en Zacatecas

“Si hablan de seguridad que primero se vean de dónde viene la inseguridad, quién la generó, si es un asunto responsabilidad de este gobierno o es un asunto que se viene derivado de un proceso de largo tiempo”

de 12 años:

Rodolfo, en funciones de presidente municipal del 2004 al 2007, David, quien encabezó el ayuntamiento del 2007 al 2010

Saúl, electo en el 2018 y reelecto en 2021.

“No somos el primer lugar”

En enero, con cinco homicidios, Fresnillo se ubicó en el lugar 45 de los 50 municipios prioritarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lo que respecta a incidencia de asesinatos. Con ese saldo, Fresnillo se ubicó muy por debajo de otras ciudades prioritarias como Tijuana que registró 136 víctimas, Juárez, que tuvo 103 y León, que terminó el mes con 57.

“Decir que la señora Xóchitl Gálvez, viene a la ciudad más insegura del país, significa que no ha leído lo último que hay, porque no somos el

primer lugar y a lo que viene es con la mala intención de decir que los gobiernos de Morena están fracasando”, opinó Juan Antonio Luna Santos, profesor de telesecundaria.

“Si hablan de seguridad que primero se vean de dónde viene la inseguridad, quién la generó, si es un asunto responsabilidad de este gobierno o es un asunto que se viene derivado de un proceso de largo tiempo”.

El profesor aseguró que a él no le ha afectado “gran cosa” la inseguridad de Fresnillo: “He tenido la suerte de no tener una situación adversa en mi vida, yo sigo mi vida normal, como cualquier ciudadano”.

“Fresnillo no es el municipio más violento del país”

La presidenta municipal interina, Rita Rocío Quiñones de Luna quien sustituye desde hace tres meses a Saúl Monreal –hoy candidato

al Senado por Morena- insistió en que “Fresnillo no es el municipio más violento del país”.

Al respecto, la militante de Morena agregó: “Quisiera saber de qué manera objetiva se basan que Fresnillo sea el municipio más violento del país. Sabemos que hay una encuesta, que no me voy a pelear porque es una realidad que hay mucho trabajo por hacer, pero también es importante mencionar que las encuestas no evalúan a cada uno de los estados y a cada uno de los municipios del país”.

Apenas este martes, Rita Rocío Quiñones dijo haber recibido el oficio con la petición de que el Ayuntamiento brinde las facilidades para la realización del evento encabezado por Xóchitl Gálvez, el cual tendrá por escenario la explanada de la expresidencia municipal, en el centro histórico de Fresnillo, lugar en el que se llevan a cabo eventos artísticos y cívicos como el del grito de independencia.

“Es decisión de la candidata el que quiera venir y sus motivos tendrá, para hacer el arranque de campaña aquí en Fresnillo y aquí como en cualquier otro lugar, tienen los espacios abiertos, tiene esa libertad y sobre todo el derecho (…) el gobierno municipal debe ser neutral ante este proceso”. Con información de El Sol de Zacatecas

Pese a molestia de AMLO con EU, Bliken dice que la cooperación con México es “más fuerte que nunca”

acotó Blinken.

El encuentro trilateral en Washington fue para que abordar los temas de migración de personas que buscan llegar a los Estados Unidos, procedentes no solamente de Centroamérica, sino también de Sudamérica y el Caribe.

Blinken, Bárcena y Martínez, también hablaron de la cooperación e intercambio de información de inteligencia entre los gobiernos de los tres países para afrontar otros retos regionales, en particular el trasiego internacional de drogas, especialmente las elaboradas con fentanilo.

“En el marco de respecto a la soberanía, México reitera su interés en fortalecer sus relaciones con Guatemala y con Estados Unidos”, señaló por su

parte la canciller mexicana al inicio de la reunión trilateral en la que no se le permitió formular preguntas a los reporteros.

En paralelo, durante una teleconferencia de prensa con funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden, se les cuestionó sobre la molestia de Ló-

pez Obrador con los Estados Unidos.

“Seguimos comprometidos a fortalecernos como socios en diversos frentes, incluyendo al marco del Acuerdo Bicentenario donde confrontamos el tráfico ilícito de fentanilo y armas al desmantelar a las redes criminales”, respondió el funcionario del gobierno de Biden.

Ante la CIDH, consejeros denuncian las deficiencias del Mecanismo de protección a periodistas y defensores

Gloria Leticia Díaz

Ciudad de México (apro)

Integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas alertaron sobre las deficiencias institucionales para hacer frente a la estigmatización y hostigamiento contra esos gremios dirigidos desde la tribuna presidencial, convirtiendo a México en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y la defensa de derechos humanos.

En audiencia pública en el marco del 189 Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los consejeros ciudadanos Silvia Chica, Maurilio Santiago Reyes, Lucía Lagunes, Sara Méndez y Víctor Hugo López denunciaron las deficiencias del Mecanismo rebasado ante un número creciente de agresiones por parte de actores gubernamentales.

Silvia Chica, quien preside el Consejo Consultivo, resaltó que, de acuerdo a cifras proporcionadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al 31 de enero de este año, había mil 986 beneficiarios del Mecanismo, de los cuales 33% eran periodistas y el resto defensores, concentrándose la mayor parte de los inscritos en Ciudad de México, Oaxaca, Jalisco, Chiapas y Guerrero.

Ante comisionados de la CIDH, presididos en la mesa por Carlos Bernal Pulido, la consejera destacó que, pese a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presume de un incremento en el presupuesto dirigido al Mecanismo, “responde a que también se ha triplicado el número de agresiones y solicitudes de ingreso al Mecanismo”.

Subrayó que en una situación de violencia generalizada en el país, la que ejercen servidores públicos contra

estos dos sectores de la población es preocupante, pues entre los defensores han identificado en 41% de los casos inscritos en el Mecanismo a servidores públicos, mientras que entre los periodistas la proporción es de 69%.

Lucía Lagunes, directora del Centro de Información para la Mujer (CIMAC), señaló que durante la administración del presidente López Obrador la estigmatización de periodistas y defensores lanzada desde la tribuna presidencial durante las conferencias matutinas, se contrapone con las campañas de reconocimiento de la labor de esos sectores.

“Como consejeros no hemos podido tener un diálogo con el área de Comunicación Social de la Presidencia para que se entienda que no es posible tal contradicción, y lo que se responde es que es un tema de respeto a la libertad de expresión del presidente”, acotó la consejera.

Al recordar que como parte de la estigmatización por parte del presidente, el 22 de febrero dio a conocer el número del teléfono celular de la periodista del New York Times, Natalie Kitroeff, Lagunes Huerta reconoció que si bien “no se puede relacionar las expresiones en la mañanera con los ataques a periodistas y defensores, sí se crean condiciones propiciadoras de los ataques letales, como ocurrió en el caso del defensor del medio ambiente Samir Flores, quien fue calificado por

el presidente como ‘conservador’ cuatro días antes de ser asesinado”.

Maurilio Santiago Reyes reprochó que frente a los “reclamos por la defensa de sus territorios”, los pueblos indígenas que se organizan son blanco de ataques de empresas extractivistas transnacionales y de la delincuencia organizada.

Los defensores de las comunidades indígenas “sufren detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados internos, homicidios, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas”, sin que exista una cifra exacta al ser invisibilizados porque “no son reconocidos como defensores”, señaló Santiago, quien acusó que el Mecanismo de Protección no tiene una estrategia para el riesgo colectivo.

Los datos

El representante adjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jesús Peña Palacios, informó que desde 2019 su oficina ha documentado 103 ataques a defensores de derechos humanos, 41 a periodistas y siete a medios de comunicación. En total se contabilizaron 189 víctimas.

Del total de personas defensoras y periodistas atacadas, 13 permanecen en calidad de desaparecidas; del total de víctimas, dos terceras partes habían denunciado previamente amenazas; 30% interpusieron denuncias;

35 personas contaban con medidas de protección de las cuales en 20 casos correspondían al Mecanismo.

Peña Palacios recordó que en 2019 “a solicitud de la Secretaría de Gobernación”, la ONU-DH elaboró un diagnóstico del Mecanismo del que se derivaron 104 recomendaciones, de las cuales 51 fueron identificadas como “prioritarias”, mismas de las que en 27 se identifican avances.

Respuesta del Estado mexicano

La posición del Estado mexicano fue leído por la coordinadora para la Atención de casos en organismos internacionales, de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Nancy Desiderio Noyola, quien se limitó a hacer un recuento de las funciones del Mecanismo de Protección y a resaltar la inversión de esta administración, por más de 2 mil 300 millones de pesos en medidas de protección, que se distribuyen en más de 2 mil personas, entre periodistas, defensores y sus familias, así como la incorporación de mil 616 periodistas independientes al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los comisionados Bernal, Andrea Pochak, Gloria De Mess y el relator especial para Libertad de Expresión, no encontraron respuesta en la representante del Estado de por qué habrían recurrido los integrantes del Consejo Consultivo a la CIDH si el panorama leído por Desiderio era más que perfecto.

Los consejeros no pudieron conseguir que la funcionaria de la Segob, fijara una posición clara a sus cuestionamientos sobre la estigmatización a periodistas y defensores por parte del presidente López Obrador, ni mucho menos el reconocimiento de que esa situación es contraria a una política de respeto irrestricto a los derechos humanos.

El ministro Pardo Rebolledo queda fuera del caso Mario Aburto

Diana Lastiri

Ciudad de México (apro)

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo no podrá analizar y presentar un proyecto de resolución sobre el amparo concedido a Mario Aburto Martínez con el que podría quedar libre el próximo 23 de marzo.

Por unanimidad, los integrantes de la Sala concluyeron que Pardo Rebolledo está impedido para conocer del asunto porque cuando fue juez federal en el Estado de Mé -

xico resolvió uno de los procesos penales en el que se profundizó en investigaciones relacionadas con el homicidio del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, ocurrido en 1994.

En 1996, Pardo absolvió a Othón Cortés Vázquez, señalado por el fiscal Pablo Chapa Bezanilla como el segundo tirador contra Colosio en Lomas Taurinas, hipótesis que actualmente la Fiscalía General de la República (FGR) busca revivir, pero contra un exagente del Cisen.

En su sentencia, Pardo también absolvió a Fernando de la Sota y a

Alejandro García Hinojosa, exintegrantes del equipo de seguridad de Colosio, quienes fueron acusados por falsedad de declaraciones.

En consecuencia, el amparo de Aburto será enviado a otro ministro de la Sala para que elabore el proyecto de sentencia y lo presente en las próximas semanas.

La Corte deberá analizar con esa resolución si fue correcto determinar que Aburto debió ser condenado con base en el Código Penal de Baja California, que establece una pena de 30 años por el delito de homicidio, lo que le permitiría salir de prisión el

23 de marzo próximo o una vez que el Máximo Tribunal dicte su sentencia. O bien, si debe prevalecer la condena original, que se dictó con base en el Código Penal Federal que establece 45 años para este delito.

Buscadoras de desaparecidos denuncian ante la CIDH que el Estado mexicano no les brinda protección

Gloria Leticia Díaz

Ciudad de México (apro)

La audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos “México: Protección de Mujeres Buscadoras” concluyó sin respuesta a las exigencias de protección y esclarecimiento de 22 asesinatos de personas buscadoras, 15 casos ocurridos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como sobre los efectos del censo a cargo de la Secretaría de Bienestar, que redujo un universo de más de 115 mil personas desaparecidas a poco más de 12 mil víctimas “confirmadas”.

La audiencia se desarrolló con la ausencia de funcionarios de primer nivel del Estado Mexicano y en ella familiares de personas desaparecidas dedicadas a la búsqueda de los suyos y de más víctimas, narraron historias de compañeros y compañeras que han sido asesinados en represalia a su labor de búsqueda y al amparo de la impunidad en que se mantienen los casos.

Las denuncias

Alejandra Martínez, hermana de Ismael Martínez Carrizales, desaparecido en 2020, presentó ante los comisionados, presididos por Andrea Pochak, el caso de Rosario Lilian Rodríguez, madre de Fernando Ramírez, desaparecido en 2019, quien fue privada de la libertad en 2022, apareciendo su cuerpo en vía pública, asesinada a golpes, arrollada por un vehículo y envuelta

De la Redacción

Ciudad de México (Tribuna)

La organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión, registró cinco asesinatos de periodistas y 561 agresiones contra el gremio en México en 2023, un promedio de un ataque cada 16 horas a un comunicador o medio de comunicación en el marco del ejercicio de su labor.

En el reporte ‘Violencia contra la prensa en México en 2023: ¿cambio o continuidad?’, la organización civil indicó este miércoles que esa cifra incluye la desaparición de Juan Carlos Hinojosa Viveros en Nanchital, Veracruz, cuyo paradero se desconoce hasta ahora.

Además, recordó los asesinatos de cinco periodistas con un posible vínculo a su labor: Marco Aurelio Ramírez Hernández (Puebla), Luis Martín Sánchez Íñiguez (Nayarit), Nelson Matus Peña (Guerrero), Jesús Gutiérrez Vergara (Sonora) e Ismael Villagómez Tapia (Chihuahua).

Según la documentación de organizaciones internacionales, fuera de Israel y los territorios ocupados de Palestina, “México se seguiría colocando como uno de los países más letales para ejercer el periodismo en el año 2023”.

En cuanto al número de casos, las agresiones documentadas por la agrupación “presentaron una reducción

en una manta con la ficha de búsqueda de su hijo.

A Javier Barajas le tocó hablar del asesinato de su hijo Javier en mayo de 2021, quien se había convertido en buscador para localizar a su hermana Guadalupe, desaparecida en 2020 y ubicada por su hermano tres meses antes de que fuera ejecutado. El padre de ambos denunció cómo ambas muertes permanecen en la impunidad, por lo que tuvo que desplazarse de su municipio, Salvatierra, Guanajuato.

Bibiana Mendoza, hermana de Manuel Ojeda Negrete, desaparecido en 2018, denunció la negación de protección al desconocerle su calidad de defensora de derechos humanos, a pesar de los riesgos que corre al buscar a personas desaparecidas en territorios controlados por el crimen organizado, a donde muchas veces acuden sin la compañía de agentes de seguridad o de investigación.

Tras señalar que cuando cuentan con medidas de protección, les son retiradas sin fundamento, Viviana Men-

doza dijo que la respuesta del Estado a sus exigencias de brindar medidas de seguridad ha consistido en “impartir talleres de autoprotección, haciendo que nuestra supervivencia sea nuestra propia responsabilidad”.

Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, alertó de los riesgos a que se enfrentan las personas buscadoras y la indiferencia del Estado, que “de ninguna manea pueden ser disociados de los temas de la crisis de desaparición en México y la respuesta estatal”.

Añadió que “hoy nos enfrentamos a un censo, una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que pareciera sólo buscar minimizar la dimensión de la crisis al considerar como ‘confirmadas’ 12 mil 377 denuncias de las casi 115 mil reconocidas en el Registro”.

Desmantelamiento desde el gobierno

Luego de señalar que, pese a la existencia de instituciones y leyes, “el fun-

cionamiento es nulo e ineficaz”, Sandoval agregó que el escenario descrito forma parte del “desmantelamiento de los esfuerzos por construir institucionalidad federal para la búsqueda, y de mecanismos extraordinarios para la identificación forense”, en los que tuvo participación la CIDH.

Los familiares de desaparecidos e integrantes de organizaciones acompañantes, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Artículo 19 y la Fundación para el Debido Proceso y la Democracia, urgieron a la CIDH a realizar una visita a México para constatar el riesgo que corren las personas buscadoras.

Asimismo, alertaron que la ausencia de funcionarios de alto nivel del gobierno federal y de la Fiscalía General de la República muestra la falta de interés de la actual administración en atender la crisis de desapariciones.

La audiencia contó también con la participación del representante adjunto de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) Jesús Peña Palacios, quien reconoció que “la adopción del paradigma de carácter militar” no ha significado disminución en la violencia ni en la tendencia de personas desaparecidas”.

Tras sostener que hay un incremento de la violencia desde 2019, Peña Palacios señaló que la ONU-DH tiene registrados nueve asesinatos de mujeres vinculados con acciones de búsqueda.

México, letal para periodistas: 5 asesinatos y 561 agresiones, denuncia Artículo 19

del 19.4 por ciento con respecto al año 2022”, que se mantiene como el año más violento para la prensa en México en registros de la organización.

La organización dijo que una reducción de este porcentaje no se había documentado desde el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012), cuando en 2010 se documentaron sólo 162 casos.

Tipos de ataques contra la prensa en México

En cuanto a la tipología de violencia, la asociación identificó “los mismos patrones que se han reportado en los últimos años”.

Las tres categorías de agresiones más documentadas fueron intimidaciones y hostigamientos; el uso ilegítimo del poder público, principalmente mediante la estigmatización y el acoso judicial, así como las amenazas en la esfera física y digital.

“Las cifras de estas tres categorías de agresiones representan el 58.82 por ciento del total de hechos violentos que fueron registrados este año”, apuntó el reporte.

Siguiendo la tendencia desde 2019,

la intimidación y el hostigamiento se posicionó como la agresión más común, con 124 casos documentados, el 22.1 por ciento del total.

Mientras que el uso ilegítimo del poder público se ubicó como la segunda agresión más frecuente, con 106 casos documentados (18.89 por ciento).

“Esta tipología de agresión representa una tendencia al alza que Artículo 19 ha registrado desde el primer semestre de 2022 y existen principalmente dos procesos de preocupación para la organización: la estigmatización desde la tribuna pública y los procesos de acoso judicial”, explicó.

Mientras que en tercer lugar, la categoría de amenazas acumuló 100 casos (17.83 por ciento), con 38 casos en línea y la mayoría de forma directa en las coberturas o en los domicilios de los periodistas.

El Estado, el principal agresor

La oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 explicó que, ante las elecciones mexicanas del próximo 2 junio, adelantó ahora una versión resumida de la violencia que vivió la prensa durante 2023 y mostrará un informe

completo en julio sobre la violencia contra la prensa durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Desafortunadamente, dijo, en 2023 no hay un cambio sustancial en tendencias, pues el Estado mexicano sigue siendo el principal agresor de la prensa, con 287 casos de violencia documentada (51.16 por ciento del total).

Le siguen particulares con 95 casos (16.93 por ciento), y después grupos de delincuencia organizada, con 57 casos (10.16 por ciento), finalizando con 25 agresiones provocadas por partidos políticos (4.46 por ciento).

A su vez, en 97 ocasiones (17.29 por ciento) Artículo 19 “pudo identificar una agresión pero no contaba con elementos suficientes para categorizar al agresor”. Con información de El Sol de México.

Los medios “zopilotean” los temas relacionados con la violencia: AMLO

Dalila Escobar

Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los medios “zopilotean” temas relacionados con la violencia, como el asesinato de dos candidatos –del PAN y Morena– a la presidencia municipal de Maravatío, Michoacán; también, basado en una publicación falsa sobre la periodista Anabel Hernández afirmó que no le desea mal a nadie. Sugirió que “nos cuidemos todos”, por si existe algún plan que busque desestabilizar el ambiente.

El mandatario no ha presentado un informe sobre el asesinato de ambos candidatos: Miguel Ángel Zavala, de Morena, y Armado Pérez Luna, del PAN, pero afirmó que “ahora está la campaña del ambiente de violencia (…) ya tiene algún tiempo, pero van a seguir enrareciendo el ambiente o a buscar enrarecer el ambiente con lo de la violencia”.

Acusó: “Estaba yo viendo a Ciro ya ´zopiloteando´, diciendo: ‘Pues se está, sin duda, enrareciendo el ambiente de violencia’. El único caso así que se tiene que aclarar, y hay instrucciones para eso, donde fue muy lamentable lo que sucedió: cuando le dispararon a él. Y se ha hecho toda la investigación. Es el único caso, que afortunadamente además por tener carro blindado, se salvó”.

El presidente expuso que no le desea mal a nadie y que sus princi -

De la Redacción

Ciudad de México (apro)

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que las llamadas Conferencias de la Verdad, realizadas por Xóchitl Gálvez, no son actos anticipados de campaña.

En sesión ordinaria de la Sala Superior, los magistrados aprobaron, por mayoría de cuatro votos, el proyecto formulado por Felipe de la Mata Pizaña que valida el desechamiento dictado por el Instituto Nacional Electoral (INE) de quejas presentadas contra las conferencias de los días 29, 30 y 31 de enero pasados.

El Tribunal sostuvo que estos ejercicios trataron temas de interés público, sin que se realicen actos de proselitismo que vulneren el proceso electoral.

“El contenido denunciado fue difundido en el contexto de una rueda de prensa convocada por Xóchitl Gálvez, en la que se trataron temas de interés nacional, sin que se advirtiera preliminarmente que tuviera como propósito

El mandatario no ha presentado un informe sobre el asesinato de ambos candidatos: Miguel Ángel Zavala, de Morena, y Armado Pérez Luna, del PAN, pero afirmó que “ahora está la campaña del ambiente de violencia (…) ya tiene algún tiempo, pero van a seguir enrareciendo el ambiente o a buscar enrarecer el ambiente con lo de la violencia”

pios e ideales no les permiten actuar como represores, además de que no son autoritarios y vienen de la lucha desde abajo, con el pueblo.

“Les diría a las autoridades locales, presidentes municipales, gobernadores, que todos ayudemos a cuidar a los candidatos, y que nos cuidemos todos por si existe algún plan, pensando que eso va a desestabilizar y eso nos va a afectar a nosotros, puede darse”, dijo.

El mandatario federal ve una situación distinta porque le ha tocado enfrentar campañas sucias

como en 2006, que consideró fue un ambiente “tremendo, terrible, era una atmósfera muy cargada en esos tiempos, que se podía cortar con un cuchillo. Ahora no”.

Abordó también una información que horas antes desmintió la propia Anabel Hernández comunicándolo al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“Ayer estaba yo viendo, no sé si fue cierto, de un atentado a una periodista que denuncia –ponla–, la periodista Anabel Hernández,

que hace denuncias contra narco, incluso en contra de nosotros, sin pruebas, ayer apareció que fue víctima de un atentado. Ya no alcancé a saber bien porque fue tarde cuando me enteré”, señaló.

De nuevo afirmó que no le desea mal a nadie y no tiene enemigos, solo adversarios, además de que tiene la conciencia tranquila.

“Hay gente que se enoja conmigo, está en contra de nosotros y ni me conoce, nada más de oídas. Desde luego son las ideas, las que no les gustan nuestras ideas a algunos; y tienen derecho a que no tengan por qué aceptar nuestras ideas, porque no puede haber un pensamiento único. En la democracia tenemos que pensar distinto, hasta en la familia se piensa diferente y tiene que haber pluralidad”, afirmó.

Hasta ese momento el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, le informó que el tema del atentado a Hernández es falso. “De hecho, ya hasta hay unos tuits de legisladores que los tuvieron que bajar porque era falso”, le comentó pese a que fue la periodista la que dio vista del hecho al mecanismo de la Secretaría de Gobernación, en específico que no tiene cuenta en X, plataforma desde donde salió la noticia falsa sobre una supuesta agresión.

Las Conferencias de la Verdad de Xóchitl Gálvez no son actos anticipados de campaña: TEPJF

o finalidad presentar una plataforma electoral ni promover a una persona para la obtención de una candidatura o solicitar el voto a favor ni contra de candidatura alguna”, consideró el proyecto aprobado.

La abanderada por la coalición Fuerza y Corazón por México fue denunciada el pasado 7 de febrero por supuestamente llevar a cabo actos anticipados de campaña, por la realización de aquellas reuniones con la prensa.

El denunciante solicitó la adopción de medidas para suspender la difusión de dicho material y se inhibiera su emisión.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE desechó el asunto con el argumento de que “no se advierte el propósito de presentar una plataforma electoral ni promover la obtención de una candidatura o el

voto de la ciudadanía; además de que la participación de la denunciada se encuentra amparada en la libertad de expresión, así como en el derecho a la libertad periodística de los medios de comunicación”.

La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez inició a finales de

enero estas conferencias de prensa, similares a las que lleva a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañanas, sin embargo, estas se realizan tres veces por semana, a las 10 de la mañana y solamente en el periodo de intercampaña, que está a días de terminar.

Trata de mujeres, corrupción de menores y extorsión, delitos a la alza en México

Olga Laura Ochoa

Ciudad de México. (Cimacnoticias)

Trata de personas, corrupción de menores, extorsión y tráfico de menores cometidos en contra de mujeres, adolescentes y niñas fueron delitos en ascenso en este país, esto contradice información de las autoridades quienes han afirmado que la violencia de género disminuye en México.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “México es el segundo país en el mundo donde se comenten el mayor número de agravios en contra de niñas, niños y adolescentes”.

Con motivo del cierre del 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizó sus datos sobre la incidencia delictiva en México, es decir, las carpetas de investigación que iniciaron las autoridades del ministerio público, entre ellos por presuntos delitos de trata de personas, corrupción de menores y extorsión, cometidos en México.

En el caso del delito de tráfico de menores, las cifras son casi nulas, por lo que respecta a la autoridad, sin embargo, la larga lista de madres y familiares que buscan a sus familiares desaparecidos en el país es lo que ha ido subiendo en los últimos años.

Hay que aclarar que las cifras mencionadas a continuación engloban únicamente las investigaciones que fueron iniciadas por presuntos delitos de trata de personas, corrupción de menores, extorsión y tráfico de menores, no incluye sentencias.

Las cifras de presuntos delitos reportadas ante la autoridad, a todo lo largo y ancho del país, es importante para obtener un mapeo de los datos que tiene el estado mexicano. Sin embargo, sería importante considerar que existe una cifra negra de casos que no se denuncian, debido a la escasa tasa de resolución de los mismos.

Mujeres, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas

Hay que aclarar que las cifras mencionadas a continuación engloban únicamente las investigaciones que fueron iniciadas por presuntas víctimas de trata de mujeres, no incluye sentencias.

En las cifras que presenta el SESNSP en el documento Información sobre violencia contra las mujeres, se detalla que es el estado de México la entidad con mayores índices de este delito, con 146 casos, seguido de la ciudad de México con 111 casos y Quintana Roo con 90, mientras que Baja California, tiene 49 de este tipo, y el estado de Puebla, con 38, Hidalgo cuenta con 28, en el estado de Chihuahua son 24 y Nuevo León tiene 20 incidentes de esta naturaleza. De un universo total de 592 casos presentados, 8 estados superan la media nacional de 18.5.

Según cifras del Secretariado Ejecu-

tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cifra de mujeres víctimas de trata de personas se habría incrementado año con año. En 2018 a nivel nacional se registraron 369 casos de mujeres víctimas de trata de personas, en 2019 la cifra se incrementó a 406; para 2020 ascendió a un total de 458 casos. En 2021 el registró marcó 509 casos, mientras que en 2022 la cifra creció a 589.

Dicho delito tiene una estrecha relación con el de desaparición; sin embargo, en la región de América Latina y el Caribe no se cuenta con datos estadísticos integrados y contextualizados sobre ambos delitos lo que ha provocado que el desarrollo de políticas públicas para atender dichas problemáticas no sean una prioridad, destaca el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).

En su Diagnóstico regional sobre datos de desapariciones y trata de mujeres. Recomendaciones de política pública, el Mecanismo destaca que existen pocos datos estadísticos disponibles sobre estos delitos. Dicha información no integra los fenómenos y les otorga un tratamiento de delitos autónomos, aún cuando existe entre ellos una conexión y un contexto.

¿Qué es la trata de personas?

“La trata de personas es un delito de lesa humanidad, catalogado como la esclavitud del siglo XXI. En él, personas de todas las edades son comercializadas, sin dignidad, ni derechos. A través de la amenaza, el engaño y la tortura, sus captores pueden obligarles a desempeñar distintas funciones como el trabajo sin paga, la mendicidad forzada, o la explotación sexual que va desde la prostitución hasta la generación de contenido pornográfico”, destaca la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

“La trata de personas es un fenómeno multifactorial que se sirve del individualismo, el capitalismo voraz, el patriarcado y la corrupción. Al ser el segundo “negocio” ilícito con más ganancias en el mundo, después del narcotráfico, las cantidades de dinero generadas sirven muchas veces para comprar a las autoridades y volverlas cómplices. Los gobiernos al verse envueltos en el crimen deciden no actuar y callar ante el problema, aunque tengan conocimiento e incluso la ubicación y modus operandi de las redes delincuenciales”, subraya la máxima casa de estudios.

En palabras de Amelia Tiganus, sobreviviente de trata de personas con fines de explotación sexual y activista por los Derechos Humanos, las personas explotadas sexualmente no son solo víctimas de los proxenetas, sino de todas y todos que, como sociedad, preferimos “mirar hacia otro lado”.

En el mundo, el 98 por ciento de víctimas de trata son mujeres, niños y niñas, envueltos en las redes de la trata de personas. En reconocimiento de este problema, desde 1999 se instauró el 23 de septiembre como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños como un llamado urgente de la organización de las naciones unidas (ONU) a los gobiernos y la sociedad para poner fin a un delito que devasta vidas, familias y poblaciones enteras.

Tlaxcala invisible

Organizaciones de la sociedad civil se han mantenido en pie de lucha, a lo largo de los años, para lograr que las autoridades desarrollen políticas públicas y ejecuten acciones contundentes que permitan atacar de fondo la violencia contra las mujeres en el estado de Tlaxcala, el cual se ha colocado en la mira internacional como una zona central de cooptación y movilidad de mujeres para fines de explotación sexual comercial, el llamado “corredor de trata”.

Durante agosto del 2022, organizaciones civiles de Tlaxcala presentaron ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) la segunda petición para activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres para toda la entidad, pues únicamente de 2016 a agosto de 2017 se contabilizaron 35 casos.

Tlaxcala se ha colocado en la mira internacional como una zona central de cooptación y movilidad de mujeres para fines de explotación sexual comercial, el llamado “corredor de trata”. Es por ello que en agosto de 2016 la organización Todos para Todos solicitó la primer AVG para 13 municipios de la entidad, donde han localizado organizaciones dedicadas a este delito.

Sin embargo, a través de la Conavim, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) negó el 4 agosto del 2022 activar el mecanismo, la autoridad argumentó que no había “elementos suficientes” para mantener al estado en alerta.

El Colectivo Mujer y Utopía, Justicia Pro Personas, la Red Retoño y 40 orga-

nizaciones suscritas a la segunda solicitud de la AVG, buscaron nuevamente en el 2022 por medio de este mecanismo, que el Estado en sus tres niveles reconociera y ataque esta problemática que tiene un impacto mundial.

La solicitud, fue focalizada en la desaparición de niñas y adolescentes porque se encuentra estrechamente ligada con la trata de personas y otros delitos como la violencia sexual y el feminicidio.

A partir de una investigación hemerográfica que hicieron las organizaciones peticionaras de esta segunda AVG, argumentan en la solicitud que identificaron un perfil determinado en los 35 casos de desaparición documentados; se trata de niñas entre los 14 y 16 años de edad quienes continúan siendo las principales víctimas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también habría identificado las zonas donde las mujeres son cooptadas y las rutas de movilización.

En su “Diagnóstico sobre la situación de trata de personas en México” precisó las rutas de estas redes: Tlaxcala-Puebla, Veracruz-TlaxcalaPuebla, Guanajuato-Tlaxcala-Puebla, Morelos-Tlaxcala-Puebla, Ciudad de México-Puebla, Puebla-Tlaxcala-Arizona-Nueva York.

Con estos elementos, exigieron a Conavim en el documento que en caso de que aceptara la solicitud, el Grupo de Trabajo que se conforme para investigar el contexto de violencia contra las mujeres en Tlaxcala, sean especialistas en desapariciones de mujeres y haga el análisis desde una perspectiva del interés superior de la niñez y de género.

Asimismo, solicitaron en la petición de la AVG, que el Comité Nacional del Programa Alerta Amber en México y la Fiscalía Especial para los Delitos Vinculados contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), realice una exhaustiva revisión y evaluación de la actuación de las autoridades de Tlaxcala al activar y dar seguimiento a los protocolos de búsqueda de mujeres, y emitan un informe público al respecto.

La directora del Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, señaló que en los casos que acompañan las organizaciones han detectado que tanto el Protocolo Alba (especializado para la localización de mujeres) y la Alerta Amber no se activan de manera inmediata, si no después de 72 horas, tiempo vital para poder rescatar a la víctima, indicó.

En el documento también exigieron a Conavim que la Procuraduría General de Justicia local transparente el número de denuncias por la desaparición de mujeres que tenga en investigación, desagregue por edad y localidad, además del número de Alertas Amber que ha activado, ya que no existen datos oficiales certeros de cuántas mujeres han desaparecido en Tlaxcala, indicó la defensora Méndez Ahuactzin.

ESTIGMATIZACIÓN EJERCIDA POR AMLO PROPICIA ATAQUES A PERIODISTAS, ADVIERTEN ACTIVISTAS

Activistas del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, aseguraron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que las estigmatizaciones que ha ejercido el presidente Andrés Manuel López Obrador, dirigidas hacia periodistas y defensoras de derechos humanos son propiciadoras de «ataques letales» contra estos sectores.

Así lo declaró la integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas de México, Lucía Lagunes Huerta, durante una audiencia virtual organizada por la CIDH a petición del Consejo Consultivo, donde también expresó que desde la llegada del actual gobierno federal, desde 2018, ha sido una constante la estigmatización a periodistas y personas defensoras que han manifestado una posición crítica ante el Ejecutivo federal o alguna de sus acciones.

Palabras impunes: Estigmatización y violencia contra mujeres periodistas en México 2019-2022 investigación publicada por CIMAC, se adentra en el análisis de tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha establecido una política de estigmatización contra las y los periodistas que no coinciden con su pensar.

Del 1 de enero de 2013 al 31 de julio de 2016, primer trienio de Enrique Peña Nieto, CIMAC registró 248 agresiones en contra de las periodistas, en tanto que del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, primer trienio de López Obrador, hubo 767 casos. Lo anterior representa un incremento de 519 casos, es decir, un 209.27 por ciento.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) informó que desde el año 2020 al 2023, 33 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en México fueron víctimas de feminicidio y 23 tentativas de asesinatos y de acuerdo al Registro Nacional de la Red de México, señala que mil 547 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos de este país han sufrido hasta 6 mil 870 agresiones diversas.

La periodistas Lagunes Huerta, también criticó la mirada sexista de las autoridades que impide un verdadero acceso a la justicia, pues los aleja de su labor y esta investigación se sustituye, por supuestos actos personales o de venganza pasional, lo cual incrementa la desconfianza hacia los organismos impartidores de justicia e inciden en la revictimización.

Citó como ejemplo lo ocurrió el pasado 22 de febrero, cuando el Eje-

Rita Magaña Torres

cutivo federal dio a conocer el número celular de la corresponsal en México del diario New York Times, Natalie Kitroeff, tras un reportaje publicado en el diario estadounidense, donde se denunció presuntos vínculos entre el mandatario federal y el narcotráfico.

“Si bien no se puede relacionar de manera directa que estos ataques desde la tribuna de la (conferencia) Mañanera son responsabilidad de los asesinatos de periodistas y personas defensoras, lo cierto es que estas estigmatizaciones son propiciadoras de los ataques letales, como en el caso del defensor y comunicador Samir Flores, quien fue calificado por el Ejecutivo federal como conservador cuatro días antes de su asesinato”, subrayó la directora general de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).

La periodista Lucía Lagunes opinó que la situación se recrudece contra las periodistas y las defensoras, quienes de por sí enfrentan condiciones de desigualdad y discriminación por ser mujeres y esto se ve agravado al ejercer la labor política, con perfiles altos de reconocimiento que, en ocasiones, se ha convertido en focos de ataque de los más altos niveles de gobierno.

“En el caso de las y los periodistas asesinados en el país, es común que su labor no sea una línea de investigación para las autoridades y para las periodistas y las defensoras, la mirada sexista de las autoridades les impide un verdadero acceso a la justicia, pues los aleja de su labor y esta investigación se sustituye, por supuesto actos personales o de venganza pasional. Lo anterior incrementa la desconfianza obviamente hacia los organismos impartidores de justicia e inciden en la revictimización”, reprochó.

Al respecto, el representante adjunto y oficial de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), Jesús Peña, aportó cifras que señalan el 55 por ciento de los presuntos perpetradores identificados de ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos es personal de la administración.

En su oportunidad, la representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), Nancy Desiderio, evitó hacer un comentario sobre las críticas hechas, en cambio, puso sobre la mesa el valor de la «ética humanista transversal” en el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Andrés Manuel

López Obrador y expuso que desde el gobierno de México se reconoce la importancia fundamental de salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de todas las personas en situación de riesgo, derivada de la defensa de los derechos humanos.

Calificó como positivo que se involucre la administración federal en el Mecanismo de Protección, el cual fue creado en 2012; además, valoró que ha tenido un aumento significativo de su presupuesto durante el actual sexenio, lo que demuestra el compromiso para fortalecer la protección de activistas de derechos humanos, así como de periodistas.

Ante la exposición de activistas y representantes del gobierno federal, el comisionado presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Carlos Bernal Pulido, exhortó al Estado mexicano a tomar en serio los datos y las deficiencias del trabajo burocrático de coordinación entre el nivel federal y los diversos estados, con relación a las lagunas, así como los déficits de este mecanismo de protección, a fin de mejorarlo.

El comisionado de la CIDH explicó que se debe mejorar el mecanismo de protección, porque los datos siguen hablando y “no es imposible tapar el sol con las manos”; en ese sentido, les pidió que tengan total libertad de enviar sus informes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para seguir monitoreando este punto.

Además, reconoció la labor de las personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas, así como también que el Estado sea consciente del deber que tiene de protegerlos y del compromiso en ese sentido.

Lucía Lagunes Huerta también reclamó las deficiencias de las instancias creadas a lo largo y ancho del territorio mexicano, las cuales están lejos de convertirse en una base sobre la cual pueda descansar una política de Estado que vaya hacia una protección integral de periodistas.

“La consecuencia de esta fragilidad institucional es un mecanismo de protección federal sobrecargado, rebasado ante las condiciones estructurales de violencia que enfrenta el país y cuyo fortalecimiento, debilitamiento radica en la voluntad de quien lo dirige y no en el estado. Desde quienes integramos el Consejo Consultivo vemos con enorme preocupación que la anterior administración del

mecanismo haya sido obstaculizar el ingreso de personas defensoras y periodistas en riesgo y canalizarlas a las instancias estatales de protección, incluso contra la voluntad de las personas violentadas”, detalló.

La periodista citó el caso de que no se cuenta con personal suficiente ni capacitado en temas de libertad de expresión o defensa de periodistas, en algunas otras las instancias se encontraban acéfalas con personal que colabora de manera honoraria, sin la representación autónoma de la sociedad civil, sin una verdadera coordinación con el mecanismo de protección federal y de ello dan cuenta investigaciones periodísticas de Oaxaca San Luis Potosí y Michoacán en estas condiciones.

Mencionó que si se considera la debilidad de estas instancias estatales, la acción se convierte en una verdadera desprotección y el abandono del deber del Estado para garantizar la vida y la integridad de las personas defensoras y periodistas. Multiplicar los mecanismos estatales sin recursos y sin capacidades operativas es difuminar la responsabilidad del Estado y no brindar mayor protección.

Lucía Lagunes dijo que pese a los distintos llamados a las instancias nacionales e internacionales para dar fin a la impunidad contra agresiones hacia personas defensoras y periodistas, la autoridad sigue teniendo una deuda pendiente. Esta impunidad no solo es la puerta abierta a la repetición, sino vía para escalar el asesinato o la desaparición, como los cascos de las defensoras desaparecidas Irma Galindo y Claudia Uruchurtu, ambas originarias de Oaxaca, hasta ahora, seguimos sin mayor información sobre su paradero.

En su oportunidad, Sara Méndez Morales, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, planteó como reto del mecanismo, como única política pública para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras y periodistas en México, el impulso de mesas de trabajo entre estas medidas, pues involucran en diversas instancias y niveles de gobierno para la atención de casos específicos.

Dijo que la coordinación interinstitucional con los estados de la federación y mecanismos estatales cuentan entre sus grandes retos la impunidad y la falta de resultados en las investigaciones de agresiones a casos de personas defensoras y periodistas, lo cual es un pendiente, el mecanismo cuenta con un catálogo de medidas que de acuerdo con la ley es enunciativo y no limitativo. En este sentido, se requiere flexibilidad de las instituciones cuando se prevén otro tipo de medidas.

PARA DEFENDERNOS DE INICIATIVAS

INCONSTITUCIONALES

Luis Miguel Cano

Que el presidente de la República exprese que su encomendada autoridad está por encima de la ley es aberrante, como igual lo es que postule que su libertad no tiene límites. Pero a mí me preocupa más que su ejemplo se propague y se prolongue. Y más me angustia que en sede judicial se permitan sus atropellos a la Constitución.

Me aterra que este comportamiento nos sea indiferente y que se piense que nada podemos hacer para enfrentarlo. Estoy convencido de que el juicio de amparo sirve para cuestionar y combatir sus frontales ataques a los pilares de la democracia. Por ello llamo la atención sobre el control judicial de su derecho a formular iniciativas.

Ciertamente, en el artículo 71 de nuestra Constitución general se faculta al titular del Ejecutivo federal a presentar iniciativas, lo cual incluye las de reformas constitucionales. Lastimosamente se le nombra a esa facultad como un derecho, lo cual posibilita que una persona sin interés por el derecho se confunda o aproveche.

Iniciar leyes es un derecho para colectivas ciudadanas. Para el presidente, para quienes integran al Congreso de la Unión y para las legislaturas locales, es una competencia, una atribución o una facultad, más no un derecho, al ser autoridades. Pero incluso si se tratare de un derecho, de ninguna

manera debe ser uno absoluto.

Entiendo que una mente autoritaria busque en los hechos imponer su voluntad a todo el mundo. Lo que me rebasa es que no actuemos para detener sus embestidas. Porque comulgo con la idea de que no hacer nada ante la injusticia y la opresión mancha de complicidad, me decidí a hacer lo que hago, iniciar un juicio de amparo.

De entre todas las iniciativas de reformas constitucionales presentadas el 5 de febrero último, mi interés legítimo me daba para reclamar la iniciativa en materia de reforma del Poder Judicial, así que busqué los precedentes adecuados e ingresé una demanda de amparo. Debió ser admitida y hasta permitía obtener suspensión.

Para mi sorpresa el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se tomó cuatro días para inventarle una causal de notoria improcedencia al amparo. Le llegaron tarde esas palabras de que la independencia judicial no es un privilegio del Poder, sino un derecho de las personas justiciables.

Como sea, todavía hay tiempo para otras acciones. Los órganos constitucionales autónomos pueden promover controversias constitucionales para llevar ante la Suprema Corte la iniciativa de reforma constitucional que el presidente presentó para desaparecerles. Es su responsabilidad a fin de

defender nuestra democracia.

Si se considera que una iniciativa de normas generales comparte esa naturaleza, entonces tampoco se ha agotado el plazo para que asociaciones judiciales o colegios de mi gremio, por ejemplo, se amparen contra la iniciativa presidencial que, so pretexto de reformar al Poder Judicial, busca entrometerse en él y subordinarlo.

Así que de verdad espero no estar loco por creer que en los próximos días se habrán presentado otras demandas de amparo y alguna que otra controversia para plantear en sede jurisdiccional la defensa del derecho a una justicia independiente, la división de poderes y la permanencia de los organismos garantes de nuestros derechos.

Si nada de eso sucede, mi última preocupación será haber llegado al momento en el que nuestro derecho se “transforme”, y no para bien, por supuesto. Ahí donde la sociedad acepta que las normas que la rigen no obligan, sino que lo que impera es lo que en los hechos prevalece, no le queda espacio a quien se dedica al derecho.

Pero eso sería lo de menos. Si el derecho a presentar iniciativas de reformas constitucionales se avala como absoluto, o en la vida práctica, no sujeto a controles judiciales, ¿cuánto tiempo pasará para que veamos más iniciativas que restrinjan derechos y mecanismos de garantía que entorpezcan a gobernantes sin límites?

EN LA MIRA

Oxchuc al borde de un nuevo estallido violento

Acasi tres años de un conflicto postelectoral que no termina de resolverse en las instancias judiciales, la disputa en Oxchuc, Chiapas, entre el denominado Frente Comunitario y el Concejo Municipal, podría llegar pronto a un nuevo punto de quiebre que amenaza con desatar una violencia a mayor escala.

El conflicto reventó el 15 de diciembre de 2021 luego de que, en un intento por definir el proceso electoral de ese año, la elección por usos y costumbres (a mano alzada) para definir al nuevo ayuntamiento terminó en un grave episodio de violencia.

La elección, realizada en la plaza central de dicho municipio, entró en caos cuando Hugo Gómez Sántiz se declaró ganador de las elecciones, desafiando el veredicto del Órgano Electoral Comunitario (OEC) que había declarado a Enrique Gómez López como el ganador legítimo. Esta situación provocó una serie de enfrentamientos que incluyeron detonaciones armas de fuego.

El desenlace trágico de los enfrentamientos dejó como saldo la muerte de una persona, de nombre Pedro Sántiz López, originario de la comunidad de Tzuniljá, en circunstancias no aclaradas. Sin que hasta el momento se haya producido algún arres -

to por dicho asesinato… Así el municipio permaneció 15 días sin autoridades municipales.

Fue hasta el 31 de diciembre de 2021 cuando el Congreso del Estado se decidió por el nombramiento de un Concejo Municipal, presidido por Roberto Sántiz Gómez. Sin embargo, los miembros del concejo no pudieron asumir sus funciones debido a la falta de garantías para llegar a la cabecera municipal, por lo que la designación fue finalmente anulada.

Finalmente, un segundo Concejo Municipal fue nombrado el 28 de febrero de 2022, encabezado por Luis Sántiz Gómez, que se ha mantenido hasta el momento. Con el paso del tiempo los opositores se fueron configurando en nuevo ente organizado autodenominado “Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación de Oxchuc”.

Bajo esa nueva organización han emprendido acciones de resistencia y sabotaje para exigir la destitución de las actuales autoridades y realizar otra vez el proceso de votación a mano alzada, que paradójicamente ellos mismos desconocieron cuando los resultados no fueron los que esperaban. Desde entonces han mantenido a la cabecera municipal y varias comunidades bajo el secuestro de los constantes bloqueos carreteros y las

amenazas.

Y es que, aunque durante varios meses se había mantenido una tensa paz mediante acuerdos relacionados con la distribución de recursos públicos, fue durante lo últimos días cuando el Frente Comunitario decidió romper los pactos de civilidad instalando nuevamente los bloqueos sobre la carretera a Ocosingo y Palenque. Así lo denunciaron esta semana habitantes de las 130 comunidades y 25 barrios del municipio de Oxchuc, mediante una misiva.

En la denuncia pública no sólo advierten el inminente estallido de enfrentamientos a mayor escala, sino también la presunta participación de funcionarios como Jaime Ramírez Maza y Martha Decker, a quienes señalaron de encubrir las actividades del Frente Comunitario para desestabilizar a Oxchuc. Y los señalamientos son para tomarse a la ligera.

Hoy son las comunidades y barrios de Oxchuc quienes han lazando la advertencia directa. Están dispuestos, dicen, a replegar por mano propia a los integrantes del Frente Comunitario, que mantienen bajo secuestro al municipio, por lo que los enfrentamientos ahí lucen inminentes y se calientan ya como otra bomba de tiempo que pronto podría estallar en otro convulso punto de Chiapas… así las cosas.

Héctor Estrada

GANADEROS Y PRODUCTORES SE QUEJAN DE LA CORRUPCIÓN EN SINIIGA

Raymundo Díaz S.

• Exigen la destitucion inmediata de Erisel Pereyra Ozuna a quién acusan de fraude, corrupción y abuso de autoridad.

• Se quejan del abandono total de las instancias federales como SADER.

El caso, uno de los muchísimos en dónde la corrupción es ABIERTA, DESCARADA y casi OFICIAL, que PERFIL FRONTERIZO hizo público el año pasado (https://fb.watch/ qvkC5kggrQ/?mibextid=6aamW6), sigue en su apogeo, causando grandes daños a los productores y ganaderos de la Región Fronteriza, sin que el gobierno federal o el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) ponga atención a ello.

Ganaderos de la citada Región, así como pequeños y medianos productores de quejan de los ABUSOS, FRAUDES y ACTOS por demás CORRUPTOS que viene cometiendo Erisel Pereyra Ozuna, responsable de la oficina del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) en La Trinitaria y a quién CORRIERON del municipio de Villaflores por las mismas acusaciones de CORRUPCIÓN, FRAUDE y ABUSO DE AUTORIDAD al estar contrabandeando, “coyoteando” y comercializando los aretes del ganado a elevados costos sólo con personas de su interés.

Por ello, cientos de ganaderos y productores, piden o exigen lo siguiente:

1.- Cambio inmediato del encargado de la ventanilla autorizada de SINIIGA o se de Erisel Pereyra Ozuna, por constantes quejas de corrupción, pésima atención POR a los productores, por la venta de

aretes de contrabando, por obstaculizar el proceso de registro al padrón ganadero nacional, aparte de contar con malos antecedentes de mal comportamiento y abuso de autoridad en su natal Villacorzo por lo cual fue removido y comisionado en la ventanilla de La Trinitaria. Se pide y exige a su jefe inmediato (Robertony) lo remueva de inmediato y nombre a un nuevo responsable de la ventanilla de La Trinitaria.

2.-Control de la movilización en la región de ganado sin arete, sin guía y fuera del horario establecido por la Ley Federal y Estatal de Ganadería (de 6 AM a 6 PM) por parte de la policía estatal, Guardia Nacional, FGR, FGE y policías Municipales en los siguientes tramos: Comitán-La Trinitaria. La Trinitaria-Los Lagos-Maravilla Tenejapa. La Trinitaria-Chamic. Comitán-Pujiltic-Carranza, Comitán-Las Rosas-Pujiltic. Las Rosas-El Carmelito-Teopisca-Rancho Nuevo. Comitán-Altamirano (crucero Chanal). Y Comitán-Las Margaritas-Ejido Chiapa.

3.-Obligar a los introductores de los rastros a qué sacrifiquen animales con arete y con guía reemo dirigida al rastro municipal correspondiente; rastro Comitán, rastro Teopisca, rastro de Venustiano Carranza, Galeras Sanitarias de La Trinitaria, de Villa de Las Rosas y de Tzimol.

4.- Observar a los centros de acopio de la región (prestadores de servicios ganaderos) a sólo recibir

ganado aretado y con guía reemo dirigido a la PSG correspondiente.

5.- Controlar a los técnicos identificadores autorizados (TIA’S) no vender aretes SINIIGA de contrabando.

6.- Exigir al jefe de la ventanilla estatal de SINIIGA, el señor Robertony Chacón, a impartir constantemente cursos de PIÁS (productor identificador autorizado) y en los municipios de la región para que sea más ágil la identificación del ganado.

7.- Exigir al jefe de ventanilla estatal de SINIIGA (Robertony Chacón) la instalación de más ventanillas autorizadas SINIIGA, y/o Servicios Integrales así como garantizar el abasto continuo de aretes SINIIGA a los productores ganaderos de la región.

8.- Controlar la movilización de ganado sin arete SINIIGA y guía reemo a los indígenas comerciantes de bovinos provenientes de los altos de Chiapas (Teopisca, Oxchuc, Larraizar, Tenejapa, Chanal, etc, etc) por la cuestión de “usos y costumbres”.

Estas ocho exigencias, pero sobre todo y lo más prioritario, la remoción inmediata de Erisel Pereyra Ozuna, son urgentes para los ganaderos de la Región Fronteriza quiénes piden y exigen a gritos se les voltee a ver por parte del gobierno federal.

Sobre la inmensa e incontrolable corrupción en SINIIGA y sus responsables, ya abundaremos, y mucho, muchísimo. He dicho.

INSEGURIDAD

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VIOLENCIA

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EVENTO

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