De la Urbe 96

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Capítulo Antioquia

ISSN 16572556 Número 96 | Septiembre de 2019

Fotografía de portada: Santiago Mesa, El Colombiano

No. 96 Medellín, septiembre de 2019

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#HablemosdeMedellín E

l escritor italiano Umberto Eco relata una curiosa anécdota en su ensayo “Construir al enemigo”: a mediados de los años 2000 abordó un taxi manejado por un paquistaní en Nueva York; en medio de la conversación, el taxista le preguntó cuál era el enemigo de los italianos, a lo que él respondió, confundido, que ninguno.

Luego, en el ensayo, el escritor afirma que lo pensó mejor y que, por supuesto, los italianos sí tienen un enemigo. Que sin duda cualquier pueblo tiene un enemigo, real o construido.

Eco cuenta la historia sobre cómo la unidad italiana se consolidó alrededor del enemigo austriaco y alemán. Y cómo Estados Unidos, después de que el enemigo comunista y soviético se desvaneciera con el fin de la Guerra Fría, encontró en la persecución a Bin Laden y Al Qaeda una fórmula para unificar a sus ciudadanos. “Un enemigo es importante no solo para definir nuestra identidad, sino también para procurarnos un obstáculo con respecto al cual medir nuestro sistema de valores y mostrar, al encararlo, nuestro valor”, plantea.

Si hoy el escritor italiano pudiera montarse en un taxi en Medellín y le hiciera al conductor la pregunta que entonces le formularon a él, se daría cuenta de que también nosotros tenemos un enemigo y que, quizá, la descripción que haría el taxista podría resumirse en todo aquello que se ubica por fuera de los márgenes de “la gente de bien”.

Esos enemigos, según esa lógica del bien y el mal, han cambiado de nombres y de formas. Cada momento y cada conflicto los modifica, aunque persistan rasgos comunes que superan las motivaciones y las ideologías. Camajanes, sicarios, narcos, milicianos, paramilitares, pillos, fleteros…

Cada uno más o menos malo según la óptica de quien lo juzgue, pero en todo caso sometido a una falsa dicotomía en la que “nosotros”, los buenos, representamos los valores que, “ellos”, los malos, desdibujan con su violencia.

no resulta costoso en términos políticos. A fin de cuentas, la mayoría de los que se matan son “ellos”: los hombres, jóvenes, pobres que cumplen con el estereotipo del enemigo. *** En la mañana del 15 de agosto, un día antes de finalizar #HablemosdeMedellín, el colectivo No Matarás, la corporación Región, el programa Bajo la Piel de Medellín y la plataforma El Derecho a No Obedecer instalaron en la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra un camposanto construido con 1752 lápices que representaban a cada una de las personas asesinadas en la ciudad entre 2016 y 2018. Muy pronto, varios agentes de policía se acercaron y les pidieron retirar sus materiales. Aseguraron que seguían órdenes de funcionarios de alto nivel de la Alcaldía de Medellín y dieron a los activistas una hora para que salieran del lugar antes de que comenzara la jornada laboral.

Esa misma tarde y muy cerca de La Alpujarra, en el centro de convenciones Plaza Mayor, el alcalde Federico Gutiérrez presentó a los empresarios que se reunían en la celebración del aniversario 75 de la ANDI una gráfica con la evolución histórica del homicidio en la ciudad.

En lugar de ofrecer los datos que exponen el incremento continuado tanto en la tasa como en el número total de homicidios año a año, la Alcaldía ha presentado ese dato con un comparativo del promedio de la tasa de homicidios administración por administración. Con esa fórmula ha ofrecido la idea engañosa de que Medellín tiene la tasa de homicidios más baja de los últimos 30 años. Así, omite que esta administración recibió la ciudad con 495 homicidios en 2015, pasó a 544 en 2016, 582 en 2017 y 634 en 2018.

Durante cerca de dos meses buscamos la posición de la administración sobre el tema. Insistimos en la necesidad de una entrevista presencial que nos permitiera entablar un diálogo y exponer los diversos puntos de vista que encontramos en la investigación. A cada solicitud, la Alcaldía de Medellín y en particular la Secretaría de Seguridad respondió con evasivas. Finalmente, sus respuestas las obtuvimos con un derecho de petición cuyos aspectos más destacados acompañan la versión del reportaje que se publica en esta edición.

Una de las preguntas que remitimos indagaba sobre los éxitos y los fracasos de la política de seguridad implementada en los últimos tres años y medio. En cinco páginas que se tomó para esa respuesta, la Alcaldía solo se refiere a sus logros. No hay un solo aspecto sobre el que admita, por lo menos, que algo pudo haberse hecho mejor.

Nos preguntamos, ¿si año tras año aumenta el número y la tasa de homicidios no será necesario hacer autocrítica y convocar a un debate ciudadano sobre lo que está pasando en Medellín?

Esa inquietud la planteamos en este editorial porque la decisión de la Alcaldía de no aceptar una entrevista presencial —como se ha hecho constante desde hace cerca de un año en buena parte de las solicitudes sobre diversos temas que desde De la Urbe le dirigimos a esta administración— limita las alternativas para contrapreguntar. Creemos que este tema, como cualquier otro, requiere más que un monólogo de sus actores clave.

Al día siguiente de la protesta simbólica en La Alpujarra y de la intervención del alcalde frente a los empresarios finalizó #HablemosdeMedellín. Eran poco más de las 4:30 de la tarde cuando comenzó a circular con fuerza la noticia del hallazgo del cuerpo de Marlon Andrés Cuesta, un niño de seis años cuya desaparición había sido denunciada por su familia casi dos semanas atrás. Estaba amarrado y envuelto en un costal en la parte alta de su barrio, Esfuerzos de Paz, en la Comuna 8. El alcalde confirmó la noticia unos minutos después, y se desplazó hasta ese barrio. Allá dijo que toda Medellín lloraba la muerte de Marlon y que toda Medellín lloraba la muerte de Sindy. Ella, de 12 años, fue asesinada y encontrada dos días antes con señales de violencia sexual en una vereda de San Cristóbal.

Nosotros creemos que sí, que Medellín debe llorar a Marlon y a Sindy. Que sus casos exponen por qué el discurso del “seguramente algo debía” para explicar el homicidio no puede seguir multiplicándose. Medellín debe llorar a todos sus muertos para que ningún asesinato se haga paisaje, pero estamos convencidos de que esta ciudad tiene repertorios de resistencia que van más allá del llanto.

En cinco páginas que se tomó para esa respuesta, la Alcaldía solo se refiere a sus logros. No hay un solo aspecto sobre el que admita, por lo menos, que algo pudo haberse hecho mejor.

*** A mediados de agosto, De la Urbe participó en #HablemosdeMedellín, iniciativa de Mutante, un proyecto periodístico que promueve conversaciones digitales sobre problemas de actualidad. Con el apoyo de La Liga Contra el Silencio, una alianza de periodistas y medios de comunicación que combate la censura en Colombia; el objetivo fue investigar y sumar elementos a la discusión sobre la violencia homicida en la ciudad. El punto de partida y nuestro aporte fue un reportaje que publicamos en varios medios aliados y que hace parte de esta edición en su versión completa.

En el proceso, tanto del reportaje como de la conversación, esa idea de la construcción de un enemigo fue quizá tan constante como aquella que se convirtió en la tesis central: que en Medellín hay vidas que valen más que otras, que eso se manifiesta en los discursos y en las decisiones institucionales y que, a partir de esa premisa, ciudadanos y gobernantes hemos naturalizado los asesinatos de aquellas personas cuyas vidas parecen tener menos valor.

Ambas ideas, la del enemigo y la de la estratificación de las muertes, parecen distantes, paralelas en el mejor de los casos, pero no lo son; se entrecruzan y nos explican como ciudad: las estadísticas oficiales muestran que en la Medellín de hoy la mayoría de las víctimas de homicidio mueren a tiros, son hombres y son jóvenes. Y aunque los registros no contemplan una categoría específica sobre la situación socioeconómica de las víctimas, sus niveles de escolaridad y sus lugares de residencia indican un rasgo más: la mayoría son pobres.

Esas coincidencias, lejos de ser casualidades, son tal vez la explicación de por qué el homicidio no es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en Medellín.

De acuerdo con una encuesta de percepción desarrollada en 2018 por la administración municipal, los tres factores que más les generan sensación de inseguridad a los medellinenses son los atracos, el consumo de drogas y los grupos delincuenciales. El homicidio aparece apenas en el séptimo lugar, pese a que el balance de los últimos tres años muestra aumentos continuados en el número de asesinatos.

Salvo por las manifestaciones de unos cuantos grupos ciudadanos que se han dado a la tarea de llamar la atención sobre ese delito, de construir protocolos de atención para las víctimas y de interpelar a las autoridades sobre su forma de atender el problema, parece que el incremento de los homicidios, mientras los discursos institucionales lamentan unos y desatienden —o incluso parecen celebrar— otros,

UN MANIFIESTO CIUDADANO POR LA VIDA Como parte de #HablemosdeMedellín, organizaciones ciudadanas y centros de investigación construyeron un MANIFIESTO POR LA VIDA que invita a los candidatos a la Alcaldía de Medellín para el periodo 2020 - 2023 a que asuman una serie de compromisos para garantizar una política de seguridad integral. ● Destinar en una política de seguridad integral por lo menos la misma cantidad de recursos aprobados por el Concejo Municipal para el año 2019, cerca del 6% del presupuesto total municipal, priorizando las acciones que protejan la vida y prevengan el homicidio. ● Adoptar el protocolo de “Nada Justifica el Homicidio” para la protección de la vida en casos de amenaza y peligro. ● Fortalecer los distintos segmentos de la institucionalidad que propendan por condiciones de vida dignas en los territorios, con el fin de abordar el fenómeno creciente de homicidios de manera integral y lograr su reducción. ● Identificar y promover la continuidad de acciones que en administraciones pasadas hayan sido efectivas en la reducción de factores que conducen a la violencia, desde un enfoque de seguridad integral y humana. ● Garantizar la independencia técnica del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (SISC) para un monitoreo diario, transparente y riguroso de los homicidios, cuyos datos sirvan de insumo para la construcción de la política de seguridad. ● Monitorear y vigilar las acciones de la Fuerza Pública para evitar el abuso de fuerza y poder por parte de estos entes de control y la vinculación de algunos de sus miembros con estructuras del crimen organizado. ● Articular a la Fuerza Pública, la institucionalidad y los colectivos que hacen presencia en la ciudad, en un frente de aliados para resistir a las mafias y bandas criminales y recuperar el control del territorio. ● Diseñar e implementar un protocolo de acompañamiento integral a las familias de las víctimas de homicidio. ● Tener apertura y disposición para la veeduría y vigilancia continua de la ciudadanía en la implementación y aplicación de políticas de seguridad.

Los siguientes candidatos fueron invitados a firmar este manifiesto: Alfredo Ramos / Beatriz Rave / César Hernández / Daniel Quintero / Juan David Valderrama / Jairo Herrán / Santiago Gómez / Víctor Correa Y estos fueron los candidatos que aceptaron la propuesta:

Beatriz Rave Alianza Verde

Jairo Herrán Colombia Humana – UP

César Hernández Medellín Evoluciona

Juan David Valderrama Todos Juntos

Daniel Quintero Independientes

Víctor Correa Polo Democrático

Estas organizaciones se unieron en esta acción ciudadana:

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

4 Relato

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Bruma, libros

y orquídeas: las fotos perdidas de

Ilustración: Laura Ospina

un fin de semana con Pablo Escobar

No. 96 Medellín, septiembre de 2019

Juan José Hoyos, autor de novelas como Tuyo es mi corazón (1984) y El cielo que perdimos (1990), y hoy columnista de El Colombiano, fue uno de los pocos periodistas que pudo recorrer y fotografiar la Hacienda Nápoles en sus años de bonanza. Esta historia indaga sobre el paradero de ese registro.

Alejandro González Ochoa alejandro.gonzalezo@udea.edu.co

E

n algún lugar, entre sus pertenencias, están unas fotografías que se convirtieron en un hito de la historia reciente del periodismo en Colombia. Tal vez se encuentran traspapeladas entre las páginas de alguno de sus libros u olvidadas en las estanterías de su biblioteca. Pero esa es una circunstancia en la que no piensa mucho su autor, el periodista y escritor Juan José Hoyos, a pesar del valor documental que ese registro representa para entender la antigua relación entre políticos y narcotraficantes.

Se trata de las fotos que tomó hace más de treinta y cinco años durante un fin de semana en la Hacienda Nápoles, una de las propiedades del narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria.

Corría enero de 1983. Hoyos se encontraba en una finca auxiliar a la Hacienda Nápoles, a orillas del Río Claro, en el Magdalena Medio antioqueño. La propiedad también era del capo y fue uno de los lugares que visitó como parte de un tour que Escobar organizó para sus invitados. El periodista estaba allí con su cámara Pentax SPII en la mano, en medio de los preparativos para un asado. Fiel a su afición por la fotografía retrató varias escenas que después le servirían para ilustrar un reportaje que le encargaron en el periódico El Tiempo, en el que trabajaba como corresponsal en Medellín.

De repente, Escobar lo llamó y le pidió que le tomara unas fotos cuando estaba en una aerolancha junto a varios de sus invitados. Hoyos accedió, pero antes de que pudiera disparar la cámara varias personas se tiraron del bote. Casi al tiempo entendió el porqué: eran reconocidos políticos de la época que no querían ser relacionados con Escobar.

Para el momento en que fueron tomadas esas fotos, Escobar era representante suplente a la Cámara de Representantes por el Movimiento de Renovación Liberal. A su lado, ensayando la aerolancha, quedaron retratados tres congresistas: Ernesto Lucena Quevedo, Jairo Ortega Ramírez y Alberto Santofimio Botero. En las elecciones de 1982, Ortega había sido elegido como representante principal y su fórmula como suplente fue Escobar.

Pero más políticos, y hasta integrantes de la fuerza pública, estuvieron con Escobar en ese fin de semana. Según Hoyos, unos veinte aviones pequeños aterrizaron en la hacienda con los invitados. Aparte de los retratados, el único nombre que Juan José dice recordar es el del político chocoano Jorge Tadeo Lozano Osorio, luego condenado en el Proceso 8000 por recibir dinero del Cartel de Cali, y uno de los que se tiró de la lancha antes de que fueran tomadas las fotografías.

Juan José estaba en esa finca por invitación del propio Escobar. Debía escribir todos los detalles sobre la intimidad de la Hacienda Nápoles, tal vez la propiedad más famosa del jefe del Cartel de Medellín, además del edificio Mónaco, en el barrio El Poblado, en Foto: Juan José Hoyos Medellín. En ese 1983, quien se convertiría en el hombre más buscado de Colombia, todavía no era perseguido por las autoridades ni debía estar en la clandestinidad. Es más, para ese tiempo, su fama era la de un excéntrico millonario que estaba invirtiendo su dinero en obras comunitarias como reforestar, iluminar canchas de fútbol o construir viviendas de interés social.

En la calle, la gente contaba historias fantásticas sobre Nápoles y el dinero de Escobar. Muchos hablaban de su zoológico, de una colección de carros deportivos, o del automóvil en el que murieron baleados Bonnie y Clyde en 1930 y que, supuestamente, el capo compró para su colección. Lo cierto es que a comienzos de los ochenta pocas personas podían decir que conocían bien a Pablo Escobar Gaviria o que hubieran visitado Nápoles.

Para que Hoyos estuviera allí y recorriera el resto de propiedades de la zona, necesitó de varios intermediarios.

Ellos ayudaron a que Escobar le mandara una carta firmada y a que enviara algunos de sus escoltas para que lo recogieran. Uno de los intermediarios fue Alfonso Gómez Barrios, reconocido en ese entonces por ser lector de noticias

en la emisora Todelar y locutor del programa más famoso de ese circuito radial colombiano: La ley contra el hampa.

Cuando Juan José volvió a Medellín para escribir el artículo, la revista Semana publicó un perfil sobre Pablo Escobar y sus obras benéficas titulado Un Robin Hood paisa. En El Tiempo editorializaron en contra de ese artículo y fue esa la razón por la cual el reportaje de Hoyos terminó cancelado y la reportería engavetada. Así, la posible tensión de quienes sí quedaron en las fotos se desvaneció por mucho tiempo. *** Pasaron 20 años de ese viaje de reportería a Nápoles.

Ya Escobar había muerto baleado en un tejado de una casa de Medellín. Corría marzo de 2003. Juan José, que ya no trabajaba para El Tiempo, publicó el reportaje en la revista El Malpensante con el título “Un fin de semana con Pablo Escobar”. Casi de inmediato, el fiscal que llevaba la investigación del asesinato, en 1989, de Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato a la Presidencia de Colombia, lo contactó para pedirle las fotos y los negativos como material probatorio en el proceso judicial.

Ante la solicitud, Hoyos le contestó que no sabía en dónde estaban, que se había cambiado de domicilio recientemente y todavía no desempacaba todas sus pertenencias.

El fiscal envió a un investigador que durante una semana le puso patas arriba la casa a Juan José hasta que encontró los negativos. De paso, el fiscal también le entregó su número personal para que lo llamara por si recordaba algo. Incluso le dejó una precaución: “Tenga cuidado porque cualquier cosa le puede pasar y no dude en avisarme si ve algo raro”.

Unos meses después de la publicación, Juan José notó que una volqueta, cuya carga estaba tapada con lonas, llevaba mucho tiempo estacionada al frente de su casa, ubicada en el barrio Calasanz, en Medellín. Como todavía estaba intimidado por la recomendación del fiscal y, ante la sospecha de que podría tratarse de una bomba, alertó a las autoridades para que registraran el vehículo. La policía no tardó en llegar y constató que se trataba de una falsa alarma.

Pero el susto no era para menos. En la Medellín de esos días todavía se sentían los ecos de las bombas de 2001 en el centro comercial El Tesoro y en el parque Lleras, y de varios petardos detonados en diferentes casas de apuestas de

la ciudad. Además, “Un fin de semana con Pablo Escobar” fue replicado en los medios nacionales y las fotografías se convirtieron en pruebas para demostrar la relación de Alberto Santofimio con el jefe del Cartel de Medellín.

Hoy, Ernesto Lucena y Jairo Ortega llevan vidas de bajo perfil, alejados de asuntos políticos y sin ningún proceso judicial a cuestas. Pero Alberto Santofimio no corrió con esa suerte y desde 2007 paga una condena de 24 años de cárcel, pues la justicia estableció su participación en el magnicidio de Luis Carlos Galán.

En la sentencia que lo condenó, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cundinamarca resumió la intervención de Santofimio, en la que se declaró inocente en el proceso por el asesinato. Según ese documento, el político dijo “que las fotos a través de las cuales se pretende mostrar la relación existente entre él y Pablo Escobar se tomaron cuando este aún no era buscado, pero que con posterioridad a que se conocieron sus vínculos con el narcotráfico, él lo expulsó de su movimiento como igualmente lo hizo el Dr. Galán, el cual desautorizó a Jairo Ortega de la lista que avalaba Escobar”.

Ya Juan José no se siente intimidado, las fotos que publicó con el reportaje siguen traspapeladas entre sus pertenencias y, durante un viaje familiar que hizo tiempo después, unos supuestos milicianos le robaron la cámara. Sin embargo, dos hechos lo hicieron noticia hace poco. El primero ocurrió en junio de 2018 cuando de su casa robaron su computador y otras pertenencias. Juan José lo denunció en una cadena de correos a varios periodistas, dijo que se trataba de un robo selectivo y expresó su preocupación por que, quizá, las intenciones eran distintas a simplemente llevarse objetos de valor. El segundo ocurrió en Barranquilla, en abril de este año, a las afueras de la Universidad del Norte, a donde asistió como profesor invitado. Allí tuvo un quebranto de salud por el que terminó hospitalizado.

Hizo varias publicaciones en sus redes sociales en las que acusaba a integrantes de la policía de agredirlo con un gas paralizante. En las redes y en algunos medios se reprodujo esa versión. Sin embargo, el ataque fue desmentido por algunas de sus personas más cercanas que pidieron respeto por su intimidad y por su estado de salud, y luego por un comunicado de dicha universidad. *** Para reconstruir la historia detrás de las fotografías, visitamos a Juan José en la casa de campo en la que ahora vive en las afueras del municipio de Cisneros, en el Nordeste de Antioquia. En este lugar, el periodista pasa sus días en medio de una rutina que se compone de lectura y escritura.

Vive entre las orquídeas que cultiva su esposa Martha Vélez y rodeado de montañas en las que se posa una espesa bruma, la misma que de alguna manera cubre en la memoria del periodista la ubicación de las fotografías originales que fueron usadas en su reportaje sobre Escobar.

La periodista Daniela Sánchez fue quien lo contactó.

Sus indicaciones para encontrarnos en Cisneros le llegaron con precisión poética en un correo electrónico: “Es muy fácil que vengan en automóvil. La carretera es bastante buena en sus primeras dos terceras partes. Después, se sufre un poco por las curvas muy pronunciadas y el exceso de tractomulas. En automóvil se demoran dos horas. La carretera es pavimentada hasta mi casa. Yo puedo esperarlos en el pueblo, en el parque principal, junto a la locomotora 45 del Ferrocarril de Antioquia. Me queda más fácil atenderlos el martes por ahí a las 10:30 u 11:00 de la mañana. ¿Les parece bien?, Juan José”.

Llegamos con tiempo de sobra. Eran las 9:39 de la mañana, nos informó la radio local. “¡Feliz mañana!”, nos deseó el locutor, y puso a sonar “Camionero”, de Roberto Carlos. Podría parecer un detalle anodino, pero se convierte en casualidad si se relaciona con la manera en la que fue escrito “Un fin de semana con Pablo Escobar”.

Mientras Juan José estuvo en Nápoles no tomó notas ni usó grabadora de periodista. Quería seguir el método del periodista Gay Talese, quien muchas veces ha explicado que ambas herramientas generan barreras para que exista una comunicación fluida y natural entre el reportero y sus fuentes. Además, por varias razones fue con su esposa Martha y su hijo Sebastián.

Una de ellas, y tal vez la más importante, para que el jefe del Cartel de Medellín supiera que podía sentirse en confianza de conversar. Por eso le pidió a su esposa que se “grabara” en la memoria todo lo que pudiera, que observara atentamente cada detalle. Fue ella quien le contó que cuando en el traganíquel de Nápoles sonó “Cama y mesa”, de Roberto Carlos, María Victoria Henao, la esposa de Escobar, dijo que esa era la canción que él le dedicaba desde que eran novios.

Ese detalle no podía conocerlo Juan José porque en la hacienda, durante el día, las mujeres no estaban en los mismos espacios de los hombres. Era como una especie de costumbre, entre otras, que el periodista narró en el reportaje. Aunque no todos los pormenores fueron contados.

La primera de las noches, Escobar, Hoyos y un escolta terminaron tomando aguardiente en un pueblo cercano. Allí, entre las copas, el capo fue generoso en detalles sobre su proceder de narco. En el artículo de El Malpensante el periodista escribió: “En la medida en que Pablo Escobar veía que no estábamos tomando notas, se sentía cada vez más tranquilo. Por eso contó muchas cosas más que todavía no se pueden publicar en ningún periódico”.

—¿Se pueden contar hoy, a más de treinta años de lo sucedido? —le pregunté a Juan José durante la visita.

—Ni hoy podría contarlas. Sería muy peligroso. Además, hay que probarlas judicialmente —respondió.

Esa respuesta nos dejó sin fondo. La razón de nuestra visita era obtener material alrededor de ese famoso fin de semana en Nápoles. Queríamos contar, específicamente, la historia detrás las fotos y recoger otros detalles de sus negativos.

—¿No le angustia que estén perdidas? —le pregunté enseguida.

—No —contestó Juan José con ese tono sosegado que lo caracteriza, aunque muy seguro—. Aquí deben estar y así es que las he podido conservar todo este tiempo.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

6 Informe

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Haití

la democracia esclavizada

Así quedó el Palacio Nacional de Haití, en Puerto Príncipe, destruido por el terremoto del 12 de enero de 2010. Aunque en 2012 fue demolido para construir una nueva sede de gobierno, el edificio no ha sido reconstruido pese a constantes anuncios sobre el inicio de las obras.

Foto: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Damaris Cuervo damariscuervo95@gmail.com

A

mbientada por pancartas, cantos, bailes y piedras de un lado, y por gases lacrimógenos y acciones represivas desde el otro, el 9 de junio fue la novena manifestación de una serie de protestas que, desde el año pasado, ocupa calles, agendas y medios informativos en Haití.

Las movilizaciones han congelado todas las actividades: la circulación vehicular, el comercio, las escuelas, los negocios y las estaciones de servicios. La ausencia de normalidad ha sido sustituida por voces de protesta en contra de la corrupción que en buena medida es responsable de las condiciones de marginación de Haití. Movilizaciones que responden a la necesidad que tiene el país de volver a aprender a caminar.

Las manifestaciones han tenido varios picos. El pasado 7 de febrero, cuando el presidente Jovenel Moïse ajustaba dos años de gobierno, miles de haitianos salieron a las calles a exigir su dimisión. Moïse, un empresario del sector bananero sin experiencia política, es señalado por beneficiarse del caso de corrupción de Petrocaribe, junto a su antecesor y promotor político Michel Martelly y por lo menos quince funcionarios y exfuncionarios más.

Petrocaribe fue un acuerdo entre el gobierno venezolano y 18 países de la región caribeña. La alianza, sellada el 29 de junio de 2005, consistía en que Venezuela proveía a sus aliados petróleo a precios favorables a cambio de que esos países preservaran el legado de Bolívar. Además, el convenio les permitía revender parte del combustible a valores superiores para financiar obras de infraestructura, proyectos sociales y educativos.

Haití hizo parte de este acuerdo desde 2008. La intención era utilizar una parte del petróleo y vender la parte restante con el fin de restaurar construcciones afectadas por los distintos desastres naturales que ha padecido el país. Sin embargo, en octubre de 2018 una auditoría realizada por el Tribunal Superior de Cuentas reveló una malversación de por lo menos 2000 millones de dólares de estos fondos entre 2008 y 2016. Este dinero estaba siendo destinado a proyectos inconclusos, sin planeación, o a consignaciones injustificadas. En el centro de ese caso de corrupción está la empresa Agritrans, propiedad del presidente Moïse, que habría recibido dinero a cambio de obras que nunca ejecutó.

El pueblo haitiano, además, fue golpeado en julio del año pasado por una medida impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que obligó al gobierno a aumentar un 38 % el valor de la gasolina y un 51 % el del querosene, combustibles que, junto al carbón, son los más utilizados

No. 96 Medellín, septiembre de 2019

para el transporte, la cocción e iluminación en el país caribeño. Todas estas situaciones provocaron las manifestaciones en las que, en palabras del director del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, Brian Concannon, “la gente sale a las calles en rechazo a una democracia quebrantada en su autonomía encabezada por un gobierno incapaz de resolver las necesidades y derechos más básicos de la ciudadanía”.

La respuesta del gobierno a estas protestas ha sido la represión militar. Moïse justificó en un discurso que dio en un canal estatal después de las intensas manifestaciones en febrero: “No dejaré el país en manos de bandas armadas y narcotraficantes”. Aunque no tiene el respaldo de las mayorías en Haití, el presidente se sostiene por el apoyo que recibe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de Estados Unidos. Para Concannon, “uno de los problemas del país es que muchos de sus líderes han tomado malas decisiones y esos líderes han sido apoyados por la comunidad internacional”.

Según el FMI, Haití es el país más pobre de América y uno de los de menor renta per cápita en el mundo. Por su parte, las cifras del Programa Mundial de Alimentos muestran que un 45.8 % de la población haitiana está subalimentada, dos de cada tres personas viven con menos de dos dólares diarios, la tasa de desempleo está en un 70 % y quienes logran conseguir un trabajo reciben un salario inferior a cinco dólares diarios. Mientras tanto, un 10 % de los haitianos posee el 70 % del ingreso total del país.

Para Camille Chalmers, dirigente de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití (PAPDA), la situación actual del país suele ser justificada desde Europa aludiendo a que un “pueblo de negros y pobres no sabe gobernarse”, de ahí que las explicaciones se reduzcan a cifras y datos que exponen la pobreza, pero pocas veces profundicen en las condiciones que han generado que el país permanezca en esta crisis. Asimismo, Concannon expone que para entender lo que está sucediendo en Haití es importante observar la situación desde una perspectiva que considere su historia de esclavitud, dictaduras, injerencias extranjeras, desastres naturales y corrupción.

Factura de cobro por la independencia

Durante casi tres siglos Haití estuvo en manos europeas: primero españolas y luego francesas. La primera invasión se encargó de exterminar a los indígenas y la segunda de esclavizar a los negros. Para el siglo XVIII, la isla era el

país productor de azúcar más importarte del mundo y la colonia que más riquezas generaba a Francia. Incluso, explica el filósofo político Peter Hallward en su texto “Opción cero en Haití”, en 1780 Haití generaba ingresos superiores a los que recibía Gran Bretaña de sus 13 colonias de Norteamérica juntas. Aun así, la violencia de los blancos fue derrocada por una insurrección que se extendió entre 1790 y 1804 y por la cual Haití fue el primer país de América Latina y el Caribe en independizarse de sus colonizadores.

Cuando los negros lograron la independencia de los franceses, crearon la primera Constitución Imperial de Haití en junio de 1805, que otorgaba libertad general, declaraba negra a toda la población haitiana independiente de su color de piel y prohibía la propiedad de la tierra en manos blancas. En este documento, además, quedó consignado el cambio de nombre de Santo Domingo francés por Haití, que significa tierra de las altas montañas, como llamaban a su territorio los taínos, primeros habitantes indígenas del país.

Esta sublevación, sin embargo, fue una declaración de guerra para las metrópolis. Haití generó miedo en las demás colonias, cuyos conquistadores temieron que sus esclavos siguieran el mismo ejemplo. Desde entonces, explica Chalmers, “Haití ha sido presentado como un mal ejemplo para ciertos intereses y se ha hecho lo posible para que el país como proyecto independentista sea un fracaso”.

La historia de Haití ha sido más de resistencias que de independencia. De hecho, desde los primeros años como país libre ha vivido en crisis económica. En el libro Haití: una historia breve, la doctora en Estudios Latinoamericanos Johanna von Grafenstein, expone que la revolución fue una sorpresa para los franceses, y que se expandió en medio de incendios a grandes propiedades y plantaciones, lo cual generó un colapso financiero. Aunque en cabeza de Jean-Jacques Dessalines, el primer emperador de Haití, esta crisis logró revertirse con el mejoramiento de los cultivos.

Pero el reto no estaba en el interior, sino en el exterior del país debido a las presiones foráneas que comenzaron a padecer años más tarde.

Después de que Haití se declaró independiente ninguna nación quiso darle reconocimiento diplomático. Eso hasta 1825, cuando su segundo presidente, Jean Pierre Boyer (de descendencia francesa), aceptó que se pagaran 150 millones de francos que Francia le impuso a Haití como indemnización, además de una reducción del 50 % de

aranceles a las importaciones francesas. Fue esa la cuenta de cobro que impusieron los colonizadores por plantaciones, tierras y esclavos perdidos.

El valor de la multa equivalía al total de los ingresos anuales del gobierno haitiano multiplicado por diez, por lo que el gobierno tuvo que hacer préstamos tras préstamos en Estados Unidos, Alemania y Francia para pagar las deudas que se vio obligado a asumir y que tardó 122 años en pagar pese a un descuento que redujo la cifra a un 50 %.

En caso de que Haití se negara a pagar, seguiría aislado y sin reconocimiento en el contexto internacional. Pero más grave que eso, sería bloqueado por una flota de buques de guerra franceses que navegaba en el mar Caribe. Toda una estrategia para que la riqueza del país siguiera pasando a manos de los colonizadores.

Una democracia de rodillas

No solo la deuda por la independencia ha frenado cualquier posibilidad de prosperidad económica en Haití, la violencia está en el centro de su historia reciente por cuenta de las dictaduras de Papa Doc (François Duvalier) y su hijo Baby Doc (Jean-Claude Duvalier), quienes, además de vaciar las arcas del Estado, crearon los Tontons Macoutes, una fuerza paramilitar que aterrorizaba y asesinaba a los detractores del régimen.

La dictadura familiar duró 29 años, entre 1957 y 1986, y se mantuvo con al apoyo del gobierno estadounidense.

En su artículo “La Dictadura de Duvalier en Haití y la Política de Contención al Comunismo en las repúblicas insulares del Caribe (1957-1963)” el politólogo colombiano Carlos Murgueitio explica que detener el comunismo para Estados Unidos implicaba “recurrir al desarrollo de estrategias de cuestionable moral política para un país que se denominaba a sí mismo como ‘el arsenal de la democracia’”. Por eso, ofreció apoyo económico y militar a estas dictaduras y “adoptó políticas blandas frente a sus excesos”. Se calcula que a manos de ese régimen fueron asesinados entre cuarenta mil y sesenta mil haitianos.

Tuvieron que pasar cerca de doscientos años de violencias y resistencias para que en 1990 se dieran las primeras elecciones democráticas, en las que salió victorioso el político y sacerdote Jean-Bertrand Aristide, quien proclamaba la Teología de la Liberación y buscaba hacer un cambio gradual en varios frentes, entre ellos el de la educación. Aristide, según Charlie Hinton, periodista e integrante del colectivo Haiti Action Committee, estaba a favor de las mayorías en la isla y no de los blancos ni de la comunidad internacional.

Pero si la independencia le costó 150 millones de francos y 200 años de lucha a Haití, la democracia no le ha costado menos. A los ocho meses de asumir la presidencia, Aristide fue derrocado por un golpe militar encabezado

por el militar Raoul Cédras, quien además de tener el apoyo económico de Estados Unidos, contaba con el de los paramilitares, que se fortalecieron desde las dictaduras de Papa Doc y Baby Doc. En 1994, Aristide se presentó de nuevo a elecciones, de nuevo ganó y de nuevo se vio obligado a dimitir. No obstante, afirma Hallward, Aristide era una amenaza para los Estados Unidos y la élite haitiana, por lo que pronto empezó una campaña de descrédito de la imagen de su gobierno, que fue proyectado como violento, ilegítimo y corrupto. Sumado a esto, después de que en 1995 Aristide disolviera el ejército haitiano asegurando que este protegía los intereses de las élites, esta fuerza armada se integró al paramilitarismo que intensificó su accionar en 2004 para presionar la dimisión del presidente.

En ese contexto, Estados Unidos cortó la ayuda económica a Haití e intervino para que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo también lo hicieran.

La intención, explica Concannon, era generar un colapso económico y social y poner de rodillas al gobierno de Haití: “Fue un embargo al desarrollo. Estados Unidos utilizó de manera inadmisible su poder para evitar ilegalmente que estas organizaciones cumplieran sus funciones contractuales”.

En medio del déficit financiero, la violencia interna y las presiones foráneas, a la medianoche del 29 de febrero de 2004 llegaron varios hombres del ejército estadounidense a su casa y le pusieron una pistola en la cabeza. “Si no sube al avión, vamos a abrir las puertas del infierno”, le dijeron los agentes estadounidenses, según detalló un ayudante de Aristide en un medio de comunicación haitiano. El presidente fue obligado a subir a un avión y trasladado a la República Centroafricana.

Pocas horas después, comandos del ejército de Estados Unidos llegaron a la isla y el entonces presidente George

Bush declaró: “He ordenado el despliegue de marines como el elemento principal de una fuerza internacional provisional para ayudar a traer el orden y la estabilidad a Haití […] lo he hecho con ayuda de la comunidad internacional”. Tres días después, la ONU autorizó la entrada de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), una operación militar internacional conformada por 39 naciones, entre ellas Colombia, cuya presencia, aseguraron, se mantendría durante seis meses mientras se recuperaba el orden.

Esta medida provisional persiste después de quince años, el mismo tiempo en que se han prolongado las condiciones de crisis social en el país. Desde el día en que entró la Minustah la violencia en lugar de reducirse ha venido en aumento. “Hubo detenciones arbitrarias, intimidaciones, ejecuciones sumarias, secuestros. Las instituciones del Estado fueron organizadas para que permitieran estos hechos”, declara Hinton.

Asimismo, Chalmers afirma que “la Minustah es una fuerza totalmente ilegal, que no respeta el espíritu de la carta de las Naciones Unidas que establece que la fuerza de establecimiento de la paz solo puede ser desplegada en caso de genocidio, crímenes de lesa humanidad o guerra civil. Tres cosas que no estaban ocurriendo en Haití”. Por su parte, Hallward responsabiliza a la Minustah de que la democracia popular no vuelva a Haití. De hecho, han intervenido en las elecciones a favor de los intereses estadounidenses.

La lectura de los opositores es que las injerencias extranjeras, más que protección, han buscado control territorial porque Haití sigue siendo una amenaza como proyecto progresista, y en especial por la cercanía de algunos de sus sectores políticos con Venezuela y Cuba. Además, en la división mundial del trabajo, a Haití le correspondió ser un país que aporta mano de obra barata. Para tener control sobre estas situaciones se requiere que sea un país débil en sus instituciones y, para ello, “durante los últimos 25 años se ha pensado en cómo mantener la desigualdad y el desequilibrio en Haití”, dice Hallward.

En los últimos 30 años, Haití ha tenido más de quince presidentes y veintidós primeros ministros, pero la crisis no encuentra su fin. Este año, las protestas dejan por lo menos una decena de muertos, aunque el gobierno no ha reconocido una cifra oficial de víctimas. En las calles miles de personas están marchando en contra de la corrupción y de políticas arbitrarias, pero en el fondo se manifiestan en contra de la historia. “Es interesante en la medida en que la gente se está preocupando por la situación política, eso indica que hay más compromiso, personas y organizaciones que están realizando trabajo con las comunidades”, dice Concannon. Estas protestas, concluye, son el primer paso para cambios fundamentales.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

8 Trabajo de grado

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Lo que a su paso dejaron Las

*** Entonces, haría la investigación en salud mental porque me tocaba a la puerta y era la oportunidad para entender el porqué de las barreras en la atención. Mas no sobre mi mamá, porque mis compañeros me hablaban de lo tortuosa que era la tesis y yo no quería convertir su historia en algo más difícil de lo que había sido.

La primera búsqueda arrojó una contradicción entre el concepto y la práctica: aunque las políticas públicas de la ciudad y el país tienen en cuenta aspectos del entorno y consideran la salud mental como “un completo bienestar físico, psicológico y social” que va más allá de la ausencia de enfermedad, es común que se concentren en la clasificación de enfermedades mentales, su prevalencia y, en menor medida, prevención.

No hay una verdadera promoción de la salud.

Los medios, como representación de la sociedad, o al menos como traductores de la información científica y normativa, extraen datos sobre los trastornos más graves que sufre la población y sus consecuencias, como el suicidio. Recalcan el estigma y desvían la mirada. “Me sorprende, pero no me afecta”, parece ser la lógica.

Teniendo en cuenta esos y otros hallazgos que dan cuenta de una separación entre enfermos y sanos, locos y cuerdos, como si quien padece una afectación mental perdiera de manera espontánea su condición saludable, pensé que lo más adecuado para el documental era consultar a las autoridades en salud pública, personal médico, académicos y a un usuario del sistema, para que hicieran un diagnóstico de Medellín más allá de lo que decían los documentos.

Se lo planteé a mi asesor, Adrian Franco, a quien convoqué por su trayectoria en cine documental y la recomendación de un amigo en común. Le envié el proyecto de 23 páginas antes del primer encuentro.

Sabiendo el largo camino que lo esperaba, con un proyecto bien escrito, pero sin asomo de lenguaje audiovisual, recuerdo que Adrian me preguntó como en un consultorio terapéutico por qué estaba ahí, quién era, qué pretendía. Me pareció extraño, pero respondí…

Tenía la historia, mas no me daba cuenta, y ni siquiera era la de mi mamá, sino la mía.

Gaviotas Algunos amigos lo abandonaron, cediendo al miedo primitivo que nos causa la locura.

Piedad Bonnett. Lo que no tiene nombre

Fotografía: Stíver Peña

***

Mariana White Londoño mariana.white@udea.edu.co

T

ras un año en un proyecto audiovisual sobre salud mental en que mi madre y yo somos protagonistas, este texto recoge algunos aprendizajes del proceso más que del producto final, pues, en el documental, como en la enfermedad mental, se busca un resultado o un alivio, pero se aprende más en el camino.

Este es el flashback escrito de Las Gaviotas mucho antes de concebirse así, algunas anotaciones sobre el concepto de salud mental, el estigma que existe alrededor y otras barreras para acceder a la atención médica y psicológica en Medellín; la estela de un trabajo de grado que al principio estaba perdido en la prevención de tocar un tema personal.

Intuición

Todo comenzó por el fin, como el documental de Luis Ospina. Durante la producción, Ospina se enfermó gravemente, pero siguió rodando porque, al final, de eso se trata un documental: de sobrevivir en el intento. Y aquí todo comenzó por el fin porque habían pasado cinco años desde que el trastorno afectivo bipolar de mi madre irrumpió en nuestras vidas. Sentía que ya podía nombrarlo.

No. 96 Medellín, septiembre de 2019

Creía que su historia era diciente, porque no podía ser la única a la que le habían negado una remisión a un especialista cuando estaba deprimida porque no estaba lo suficientemente loca: “Yo era afiliada a X* y fui donde la doctora general en una desesperación diciéndole que estaba mal, que no me sentía capaz de seguir trabajando. Le dije: ‘Doctora, mándeme a Y*, que es la clínica psiquiátrica que ustedes tienen, y me han dicho que es muy buena’. ¿Sabe qué me dijo? ‘Ay, María Teresa, ojalá, pero de la única forma que yo la mandaría allá sería que usted estuviera loca, y yo no la veo así’. ¿Loca?, ¿seguro, doctora? ‘Sí. ¿Por qué no hacemos una cosa? Pongamos aquí en la historia clínica que usted ha pensado en suicidarse, entonces así me dan el visto bueno para mandarla a Y*’. Y yo: ‘bueno, hágale [...] Ni siquiera así me llamaron’”, recuerda Tere, como le dicen a mi madre, de los meses previos a verse forzada a renunciar a su trabajo como mercaderista en almacenes de cadena.

“Me llamó el jefe y me dijo: ‘María Teresa, ¿usted lo que está esperando es que la indemnicen? Se va a quedar ahí, porque no la vamos a indemnizar, usted verá’. Me empezaron a dar más rutas, a llamar la atención para que me aburriera, y, con la presión que ejercieron, les dije: ‘¡Renuncio! Paso la carta’. ‘Ah, okay, espere su liquidación’. Mire, uno tiene derecho a seguro tres meses más [al dejar de cotizar]. Pasaron los meses y no me dieron ningún tratamiento ni me llamaron de Y*. Me metí a Savia Salud [EPS subsidiada] y, ¿sabe qué? Me llamaron como al año: ‘Vea, la llamamos de aquí de Y*, ya le aceptamos lo del tratamiento. ¿Usted trató de suicidarse?’. Y yo: ‘Sí. Sí, hijueputa, yo traté de suicidarme, pero ya pa’ qué me dan cita si yo ya me retiré de la compañía, y ya estoy aliviada. ¡GRACIAS! Y tiré el teléfono’”.

Mamá seguía tomando unos antidepresivos que le había recetado un médico general. Se sentía bien con su nuevo negocio de suplementos naturales, independiente, productiva. “Llegaban cajas y cajas de Bogotá, yo llenaba ese negocio y tenía tres mensajeros”, recuerda. Pero comenzó a sobresaltarse, a fumar y a tomar más café que antes. Dejó de dormir, ya no por depresión, sino por falta de sueño, por sus ganas y capacidad de hacer varias actividades a la vez. Peleábamos mucho, era terca e impaciente —tal vez sus allegados también lo éramos.

Tiempo después, un psiquiatra nos dijo en un análisis que era posible que las pastillas no adecuadas para el estado de depresión de mi mamá le hayan despertado el trastorno afectivo bipolar, al cual estaba predispuesta genética y contextualmente, pero que pudo haber seguido dormido durante toda su vida.

Decidí pedir ayuda. La psicóloga particular que vimos consideró necesario remitirla a psiquiatría. El medicamento que le formularon en el Hospital Carisma, entidad pública de salud mental con énfasis en farmacodependencia y conductas adictivas y la única a la que teníamos acceso, no le funcionó ni esperando por meses.

Al tiempo, por medio de una conocida, conseguimos una cita en el Hospital Mental de Antioquia (HOMO). En cada cita con diferentes especialistas yo pedía que nos explicaran, sobre todo que nos escucharan; deseaba que no se basaran solo en la historia clínica tras un computador que les da un diagnóstico inamovible.

Una vez y ante los fuertes síntomas de depresión, pedí adelantar la cita que tenía asignada para contarle a alguien del HOMO las nuevas señales. Cuando llegamos, la médica no le preguntó cómo se sentía, sino dónde estaban los exámenes; al no tenerlos dijo que no nos podía atender. Le pedí que al menos nos diera unas recomendaciones mientras mamá se sacaba los exámenes, pero se negó a dar cualquier consejo. Otro médico, amable y receptivo, le envió un medicamento diferente y, sin prever su posible intolerancia, le asignó una cita de control seis meses después. El medicamento la puso lenta y torpe, temblaba, se tropezaba y a veces se caía.

Recuerdo un día en que íbamos a tomar el Metroplús y al ver que había llegado el bus le pedí que corriéramos para alcanzarlo. Avancé, y al mirar para atrás, pude verla descompuesta, haciendo su mayor esfuerzo, como si el mundo siguiera su rumbo, pero ella no fuera capaz con su ritmo.

El alrededor se me hizo borroso y tan solo la enfocaba a ella en cámara lenta. Escuchaba su voz ralentizada. No olvido esa imagen, menos la sensación de que mi madre, la de siempre, la activa, la alegre, la ágil, la fuerte, la caminante, la saludable, la trabajadora incansable no estaba, y nadie sabía a dónde había ido ni si regresaría.

No puedo decir que ningún profesional fue empático, varios tuvieron la intención auténtica de aliviarla, pero no siempre depende de ellos. Hubo un grupo académico al que fuimos en busca de ayuda más humana, y así fue. Pero cada cita contaba con al menos seis personas observándola para que los estudiantes de pregrado y especialización se enfrentaran a una consulta psiquiátrica real. A mi mamá la estaba afectando sentirse observada y mi presión constante para que asistiéramos.

Después de varias estadías en urgencias, más por síntomas físicos, como la gastritis que le causó otra pastilla, que por los mentales, le recetaron por fin el medicamento adecuado: el mismo compuesto, pero que por ser recubierto caía mejor en su organismo. Me pregunto por qué no le formularon esas pastillas antes —quizá porque son más costosas— y cuántas personas estarán soportando algo similar. *** Comencé a buscar a los expertos para mi trabajo de grado. La primera, Sandra Alvarán, doctora en Cooperación para el Desarrollo y docente de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, me aconsejó hacer un trabajo más narrativo, sin dar un diagnóstico de la ciudad, pues me lo podían “tumbar” si solo analizaba un caso.

También era un camino para que otras personas pudieran sentirse identificadas con lo que ella llama la ruta del destierro, que es cuando alguien accede a atención primaria en salud mental, pero, al no encontrar un conocimiento adecuado, emprende una ruta por diferentes diagnósticos y tratamientos o se le dificulta la remisión a especialistas.

Intención

Le había contado a mi madre de la tesis, y era como si quisiera expresarse. Sus opiniones eran las de una mujer, madre soltera, obrera, que no había alcanzado un título profesional y que renunció a su trabajo por presión y con la esperanza de jubilarse en 2014 a sus 55 años. Desilusionada con la noticia de que no había alcanzado “la transición”, debía esperar otros dos años para pensionarse. Me llamaba si en la televisión comentaban algo al respecto, me mostraba artículos y me recomendaba hablar con tal y pascual.

Yo buscaba otra persona que me contara su propia experiencia, y podía ser cualquiera porque, aunque nunca hubiera accedido a servicios de prevención, promoción o atención en salud mental, como mínimo habría accedido a atención en salud física. Y eso nos hablaría sobre la importancia de una u otra, así como de las razones de no haber recibido esa atención, que pueden ir desde el miedo a “estar loco” hasta la desidia o el sentir que no es necesario.

Entre tanto, ahí estaba la historia de mi mamá y su búsqueda de atención. Una búsqueda que me afectó a mí, pues la demora de su alivio me daba impotencia. Sentí lo que nunca había sentido: una crisis de ansiedad que dio paso a una depresión. Repetía el discurso para mis adentros: el sinsentido de la vida, una combinación entre deseo y miedo a la muerte, pérdida de apetito, de interés por las tareas cotidianas, desesperanza. Ella lo veía como la nada, yo como un laberinto. Fue una alarma que por su ejemplo pude apagar rápidamente. *** Dice Michael Rabiger, en su ponencia “Cómo preparar un proyecto documental”, que “no es suficiente con ‘suministrar hechos’ o ‘mostrar la realidad’. Debe haber un punto de vista humano crítico e integrado, o la película será solo otra película desde el otro lado de la barrera, que pretende pasar por documental, ya que un verdadero documental hace que nos comprometamos emocionalmente, toma posición e implica una crítica social”.

Era poco el tiempo que tenía para lograr ese involucramiento con la historia de otra persona. Entretanto, mamá estaba en casa con algo que decir y yo, aunque me rehusaba, también tenía algo adentro. No era María Teresa, sino yo. Tomé por fin la decisión de que fuera nuestra historia.

Compresión

Fueron muchas las decisiones sobre la marcha. Al analizar una entrevista a mi madre, me di cuenta de que, por haber leído y registrado la información relacionada con salud mental durante meses, creía que lo sabía todo. A veces buscamos “el testimonio” que diga lo que ya tenemos en mente. Más que escuchar, grabamos o registramos. La decisión fue parar de preguntar, y pasar a escuchar y observar.

En posproducción, supe que había sido catártico enfrentar el dolor. ¿Que a las fuentes hay que tratarlas con distancia? En temas como este se necesita empatía, prever las consecuencias de lo que hacemos. Si fuera nuestro ser querido, ¿le haríamos daño con lo que publicamos? La decisión fue prescindir de escenas que, sin el debido contexto, nos exponían al señalamiento y a más dolor.

Fue la posibilidad de profundizar. ¿Mientras más fuentes mejor? Solemos pensar que así se logra equilibrio, universalidad y demás valores del periodismo, pero muchas veces resultamos extrayendo una mínima parte de cada entrevista. Hablar con la cantidad de personas que planeé al principio hubiera sido valioso; no obstante, en la emisión saldrían apenas segundos de cada una sin que pudiéramos ver el trasfondo, la vida cotidiana. ¿Cuánto más descubrimos cuando vamos al lugar desde donde se declara y observamos la realidad desde el sentir de sus protagonistas? La gran fuente puede estar a la vuelta de la esquina... o en casa. Y no se trata de presentar vulnerables a quienes pueden ser más fuertes. Descuidamos así el potencial de las personas que, por ejemplo, hemos padecido o padecen un trastorno mental.

“La vulnerabilidad es una situación que nos puede afectar a todos. Todos somos vulnerables por la simple condición de ser humanos, ante la muerte, ante la enfermedad, ante un desastre natural... La vulnerabilidad, por el contrario, permite el surgimiento de capacidades y hay una perspectiva desde la psicología social que dice que la salud mental es cuando la persona tiene la capacidad de transformar su entorno”, expresa María Isabel Ramírez, psicóloga, magíster en Salud Mental y docente de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.

Así, el problema puede estar en el significado que le damos a la salud mental, pero también en la falta de políticas públicas que enaltezcan el papel de los ciudadanos. Estas, aunque resaltan el carácter de derecho fundamental e integral de la salud mental, que tiene que ver con lo social y lo político, se concentran en la distribución de enfermedades mentales y “recomiendan” el fortalecimiento de la atención, mas no proponen acciones concretas.

La Política Nacional de Salud Mental de 2018 trasciende la clasificación enfermológica de sus predecesoras hacia estrategias generales para el fortalecimiento de los servicios de promoción, prevención, atención, rehabilitación integral e inclusión social, y la gestión entre sectores. Fue recibida con entusiasmo, sin embargo, no hay fecha aproximada para el Documento Conpes de Salud Mental (2018-2022), que será el plan de acción de esa norma.

“Durante el primer semestre del año se ha venido avanzando en la elaboración del documento y actualmente se están realizando reuniones de concertación de las acciones con todas las entidades del Gobierno nacional involucradas”, contestan desde el Departamento de Planeación Nacional a mi pregunta sobre los avances.

Por último, al preguntar en la Alcaldía de Medellín por la política pública local en salud mental, prometida en el Plan Municipal de Salud “Para vivir más y mejor 2016-2019”, lo único que responden es que ya “se encuentra construido el documento y está en revisión por parte del Concejo”. *** Y al fin, ¿de qué va la película? De la salud mental de una madre, también de ser hija. De otras formas de alivio a la nada, como ir al mar o hacerse un tatuaje. Y de mi propia búsqueda periodística, con más preguntas que respuestas, pero de este lado de la barrera. *Nombres de instituciones cambiados para preservar la identidad de personas que intentaron ayudar a mi madre teniendo que recurrir, incluso, a mentir.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

10 #HablemosdeMedellín

11 de la violencia de Medellín. Sin embargo, en una conversación en un café cerca de la Universidad de Antioquia, reconstruyó su visión sobre los enemigos que ha creado la ciudad. Nos dijo que en la década del cincuenta el “malo” se asociaba con el robo, luego con el narcotráfico, después con las milicias o con los paramilitares. “Como supuestamente hemos superado esos estigmas, ahora los malos son los chicos de los barrios. El discurso del enemigo cambia según el momento histórico”.

Esos chicos son los mismos que menciona Luz María Tobón y los mismos que son asesinados por decenas, semana a semana, sin que la institucionalidad invierta en homenajes. “En Medellín somos elitistas en la recordación de ciertos muertos —dice Montoya—. Mira por ejemplo el caso de Héctor Abad Gómez, un humanista del estrato seis, padre de un famoso escritor del estrato seis. Estas condiciones lo han convertido en el gran crimen de la ciudad, mientras la otra cantidad de asesinados y desaparecidos está borrada”.

Rodrigo Morales es el director de Q’hubo Medellín. El periódico que dirige es el de mayor circulación en la ciudad, pero al mismo tiempo es, quizá, el medio de comunicación más criticado. A fin de cuentas, ofrece una radiografía de Medellín que atrae tanto como duele. Esas víctimas, las olvidadas y las recordadas, suelen tener un lugar en sus páginas, aunque no quepan todas.

En su oficina, en el edificio del periódico El Colombiano, en Envigado, nos planteó una comparación: “Te voy a poner un ejemplo: si yo soy estrato seis y mi hijo muere ahogado en una piscina, y llega alguien del Q’hubo a pedirme una foto de mi hijo, le voy a decir al periodista que es un hijueputa, que cómo se atreve a venir e irrespetar mi dolor”, explica Morales. “Pero si pasa exactamente lo mismo en un barrio popular, te reciben, te dan la foto, te invitan a tomar jugo. Yo recibí una vez una llamada de una señora de Bello que me dijo: ‘Es que a mi hijo lo mataron en un mirador, ¿por qué no salió en Q’hubo?’”.

hay muertos que duelen

Juan David Ortiz Franco Elisa Castrillón Palacio Santiago Rodríguez Álvarez delaurbe@udea.edu.co

Este contenido fue desarrollado en el marco de #HablemosdeMedellín, una conversación digital promovida por Mutante con el apoyo de La Liga contra el Silencio* sobre la violencia homicida en la ciudad.

E

l mismo día en que el cantante Fabio Andrés LegarLas otras dos personas asesinadas ese 7 de febrero quemitidos entre el 7 y el 10 de febrero. En su sitio web le deda murió por una bala perdida, otras cuatro personas daron registradas sin nombre en los informes oficiales que dicó una transmisión de 2 horas y 43 minutos al homenaje fueron asesinadas a tiros en las calles de Medellín. a diario expide la Alcaldía de Medellín. Uno de ellos era un en La Macarena.

Ese jueves 7 de febrero de 2019, en esa esquina del hombre de entre 35 y 40 años. Su cuerpo, con una herida Entre tanto, la Secretaría de Seguridad, a través de un barrio El Poblado no hubo fuego cruzado. Fueron en total de bala en el tórax, apareció en la vereda Media Luna del contrato interadministrativo con Metroparques, entidad seis disparos. Todos de la pistola nueve milímetros, legal, corregimiento de Santa Elena. Al otro hombre, de entre 20 adscrita a la Alcaldía de Medellín y encargada de la admicon salvoconducto, que portaba Jesús Alberto Alarcón, un y 25 años, lo mataron en el Morro Corazón en el correginistración de varios centros recreativos municipales, susescolta que esperaba el cambio de un semáforo. Dos hommiento de Altavista. cribió el 8 de febrero de 2019 una orden de compra por 374 bres en moto se acercaron a la ventana de su carro para Los casos de las cinco personas asesinadas ese día en millones de pesos con la empresa organizadora de eventos robarle y Alarcón reaccionó a tiros.

Medellín tienen muchas cosas en común: murieron todas el D’Groupe. En respuesta a un derecho de petición que raCuatro de los seis disparos alcanzaron a uno de los atracamismo día, todas por heridas de bala, todas de sexo masdicamos para este reportaje, Metroparques aseguró que el dores, Jorge Hernán Ardila Valencia, de 27 años. Herido, coculino. Hacen parte de la lista de 414 personas asesinadas destino de esos recursos fue la vinculación al evento en horrió unos metros y se desplomó. Murió en la mitad de la misma en Medellín hasta el 11 de agosto, según el Sistema de Inmenaje a Legarda bajo el lema “Más sueños, menos balas”. calle cuando ya se formaba un grupo de curiosos atraído por formación para la Seguridad y la Convivencia (SISC). De Luz María Tobón es la directora del periódico El Munel tiroteo. Otro de los disparos hirió a Juan Sebastián Ramos ellas, 237 eran menores de 30 años, 387 eran hombres y 27 do. Desde hace varios meses, la periodista dedica un espaDuque, de 21 años, conductor de la moto, el otro atracador. mujeres, y 290 murieron por disparos de armas de fuego. cio diario en sus redes sociales a hacer un recuento de las Trató de escapar, pero fue capturado por la policía.

Estas coincidencias refuerzan la idea de que en la ciudad personas asesinadas en la ciudad. A veces utiliza un “nos” La bala restante impactó en la cabeza a Legarda, quien se mata más a tiros, se matan más los hombres y se matan que resume su postura: “12 de julio, este día nos mataron a iba como pasajero en un carro que también esperaba el más los jóvenes. dos hombres. Este año la violencia nos ha arrebatado a 363 cambio del semáforo. El cantante de 29 años murió a las Pero también hay diferencias: solo Legarda, el único conciudadanos”.

5:15 de la tarde. La Clínica León XIII lo anunció en un cofamoso entre las víctimas, mereció las condolencias del alConversamos con ella en la sala de reuniones de El municado a las 5:40. Una hora después, el alcalde de Medecalde de Medellín, el despliegue de recursos de la adminisMundo. Nos dijo que le preocupa que en la ciudad se esté llín, Federico Gutiérrez, publicó en sus redes sociales una tración municipal y un masivo duelo con la utilización de construyendo la idea de que existen buenos y malos, y que fotografía del artista y dijo sentir “dolor profundo”. recursos públicos. los malos sean catalogados así por ser jóvenes, por andar Casi a las siete de la noche de ese mismo jueves, Saloen moto o por fumar marihuana. “En seguridad, este es un món Tobón Pimienta, de 19 años, se reunió con algunos “¿Por qué no salió en Q’hubo?” gobierno de los setenta, no del 2020, y entonces fabrica un de sus amigos en el Parque del Amor: una pequeña franja Fabio Legarda subió a la tarima, tomó el micrófono y enemigo”. Dice ella que esa idea implica que “hay gente que arborizada convertida en parque infantil a un costado del durante varios minutos les agradeció a las personas que llees mejor muerta que viva. El papel de la cultura es seducir a viaducto del metro, muy cerca de la estación Floresta, en el naron el Centro de Espectáculos La Macarena para despetodos los seres humanos para la vida, el papel de la civilizaoccidente de Medellín. dir a su hijo. Fue el domingo 10 de febrero. En tan solo un ción es convocarnos a todos a reducir la barbarie”.

La voz de Mateo Esk-lones Pimienta, su primo, repar de días, familiares y amigos del cantante convocaron En Medellín, hablar de barbarie remite a una cifra que construye el asesinato desde el otro lado del teléfono. “Los un homenaje al que asistieron cerca de quince mil personas. se ha hecho lugar común, pero que resulta necesaria para amigos cuentan que se le acercó un man y le dijo: ‘Hoy alEl dolor de los allegados y de los miles de seguidores explicar la trayectoria de la violencia homicida en Medellín. guien se va a morir’. Mi primo volteó y le respondió: ‘Uy, del cantante tuvo un gran despliegue en los medios. TeleLa ciudad de hoy, la que hasta el 26 de agosto sumaba 435 no diga eso, pito’. El man se fue y luego volvió en una moto, medellín, el canal institucional de la Alcaldía, emitió por homicidios en lo corrido del año —3.6 % más que en el empezó a caminar como si no fuera para donde ellos, pero lo menos ocho notas sobre el caso en sus noticieros transmismo periodo de 2018— es diferente a la de 1991, cuandespués se le arrimó, le disparó y ahí lo dejó tirado”. Ese día Salomón había tenido un altercado con un hombre que lo amenazó por haber salido la noche anterior con su hija. En medio de la discusión llegaron varios agentes de policía y, según la versión de su primo, le tomaron fotos antes de dejarlo ir. “A la familia le parece mucha casualidad”, dice.

Mateo, o MC Teo, tiene 22 años y es del barrio La Pradera, en la Comuna 13. El Esklones que separa su nombre de su apellido se lo debe a la agrupación de hip-hop a la que pertenece desde que era un niño. La creó su hermano, Marcelo, conocido como MC Chelo, a quien el 5 de agosto de 2010 mataron a tiros como a Salomón, también en el Parque del Amor.

Chelo tenía 23 años y su muerte hizo parte de una seguidilla de asesinatos cuyas víctimas fueron raperos de la Comuna 13. En ese momento, los colectivos de hip-hop de esa comuna promovieron una consigna para aclarar las dimensiones del problema: “No están matando raperos, están matando jóvenes”.

Salomón también estaba metido en la música, le gustaba el freestyle y las batallas de rap.

Dos días antes de su asesinato le envió a su primo por celular un último mensaje. “Me mandó una canción que yo le hice a mi hermano y una nota de voz. Me dijo que se acordaba mucho de Chelo”. Para Salomón no hubo canciones ni homenajes. “Mi tía dijo que no hiciéramos nada, que eso era morbo. Nos dijo que iba a dejar el cajón abierto solo cinco minutos para los que quisiéramos verlo por última vez”.

Fabio Andrés Legarda, 29 años. Asesinado en Medellín. Febrero de 2019. Foto: Santiago Mesa, El Colombiano

No. 96 Medellín, septiembre de 2019

El “hijueputa” que mata y las guerras de la mafia

do, según los registros de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Medellín, 6349 personas fueron asesinadas. En septiembre, el mes con el menor número de asesinatos en ese año, la cifra llegó a 498, 151 más que los contabilizados durante todo el primer semestre de 2019. ¿Pero menos homicidios significa menos barbarie?

Ocasionalmente, las autoridades de la ciudad han dejado entrever esa narrativa de buenos y malos. El 19 de junio de 2016 el secretario privado de la Alcaldía de Medellín, Manuel Villa Mejía, compartió en su cuenta de Facebook una nota de Minuto 30 que informaba sobre la muerte de un supuesto atracador. “Para que sepan que cuando salen a trabajar ya no es seguro que vuelvan a casa: Dado de baja por policía cuando robaba”, escribió.

En una entrevista publicada el 7 de agosto de 2017 en el periódico El Colombiano, el entonces comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Óscar Gómez Heredia, dijo: “Aquí a la gente de bien no la asesinan. A los que están matando son aquellos que tienen problemas judiciales”. Y el 30 de abril de 2018, en referencia a una ofensiva policial en el occidente de la ciudad, el alcalde Gutiérrez afirmó ante los micrófonos de varios medios: “A estos criminales los vamos atendiendo uno a uno y también van cayendo”.

Pablo Montoya Campuzano es escritor y profesor de literatura de la Universidad de Antioquia. En su hoja de vida hay un doctorado en Francia, un premio Rómulo Gallegos y un premio Casa de las Américas, pero la suya no es una voz que sea citada con frecuencia en los medios para hablar

Conversamos con Alejandro* en una cafetería de un centro comercial, muy cerca del Comando de Policía de Antioquia. Llegamos a él después de preguntarle a una fuente del Inpec por una persona condenada por homicidio que ya estuviera en libertad. Pensábamos en un sicario, en esa figura cinematográfica del asesino a sueldo: un personaje que va de parrillero en una moto noventera y que se ha especializado en matar a cambio de dinero. En realidad, su historia nos describió otra faceta de la violencia homicida en Medellín: que la vida de una persona puede valer un casete.

Fue el 17 de marzo de 1998.

En una esquina del barrio Doce de Octubre, Alejandro mató a cuchilladas a un vecino que no quiso devolverle un casete de baladas americanas. Cuando fue a reclamarlo, recibió a cambio un “gonorrea hijueputa” y fue sobre todo esa palabra, “hijueputa”, ese insulto que en Medellín parece capaz de sacar hasta la violencia más reprimida, la que desató la pelea. Del hombre que se convirtió en su víctima sabía muy poco: que recién había salido de la cárcel, que recién había llegado al barrio y que, como a él, le gustaban los clásicos del rock.

Alejandro tenía 18 años y se llenó de lo que, según sus palabras, fue la “arrogancia de matar”. Cuando terminó la riña, limpió la navaja y, sin preocuparse por la mirada de sus vecinos convertidos en testigos, se la entregó al vendedor de mangos que se la había prestado. Caminó hasta su casa y luego vino el miedo de saberse perseguido.

Se escondió varios meses, dejó su barrio, consiguió un empleo, tuvo una hija. Siguió su vida convencido de que había logrado hacerle el quite a la cárcel. Y bajó la guardia.

Habían pasado 15 años, vivía en el barrio Santa Lucía y salió en su moto una mañana de un viernes de febrero de 2012. Un policía le hizo una señal de pare, le pidió su cédula y verificó sus antecedentes. Había sido condenado en ausencia y esa fue su primera noche en la cárcel Bellavista donde estuvo hasta octubre de 2017.

Al salir de la cárcel con libertad condicional volvió a vivir al Doce de Octubre y ahora maneja un taxi que paga con su propio trabajo. Habla de la paciencia que afinó mien-

tras estuvo preso y del “reconocimiento” que, dice, es el factor que motiva a los delincuentes que conoció durante su condena y de los que trata de desmarcarse porque se siente diferente a ellos. Alejandro dice que no es un sicario, que no cualquiera que mata en Medellín lo es.

En los registros oficiales el sicariato se cuantifica por la forma y no por las motivaciones. Es así como cualquier homicidio en que el atacante llega en un vehículo, usa un arma de fuego y escapa del lugar es identificado como un caso de sicariato.

Los datos del SISC indican que, con corte al 11 de agosto, de los homicidios de este año, sobre los cuales hay hipótesis preliminares, 35 tuvieron origen en disputas de convivencia —como el caso de Alejandro—, 16 en hurtos, siete en casos de violencia de género, tres en violencia intrafamiliar y uno —el de Legarda— fue caracterizado como homicidio culposo. Pero el grueso, 178 casos, está relacionado con el crimen organizado.

En síntesis, más de la mitad de los homicidios que se cometen en Medellín —entre el 55 % y el 60 %, de acuerdo con cálculos del SISC— tienen que ver con las estructuras criminales. No obstante, eso no significa que en todos los casos las víctimas sean integrantes de combos. Una persona que muere por una bala perdida en un enfrentamiento o la víctima de una extorsión que es asesinada por negarse a pagar estaría incluida en esa cifra. Tampoco significa que esos asesinatos obedezcan a la dinámica de sicariato que hizo a Medellín famosa durante la década de los noventa.

Los análisis de dos funcionarios de la Secretaría de Seguridad, con quienes conversamos con el compromiso de no revelar sus identidades, coinciden en que el homicidio ya no es una renta importante para las organizaciones armadas de la ciudad. La traducción de esa idea es simple: a diferencia de las oficinas de sicarios que se especializaban y cometían homicidios como un servicio que vendían, por ejemplo, a estructuras paramilitares, en la actualidad los asesinatos relacionados con el crimen organizado ocurren mayoritariamente en el contexto de disputas por sus negocios. Buena parte de los homicidios se ordenan para obtener o preservar fuentes de ingresos como el narcotráfico y la extorsión, pero no constituyen un ingreso en sí mismos.

Los combos matan por control territorial, porque estar al mando de una cuadra, de una manzana o de un barrio significa obtener los beneficios económicos que se producen en ese lugar. “Realmente los controles territoriales son una disputa por rentas criminales: las rutas de buses —a las que extorsionan—, los puntos de expendio de drogas y la extorsión al comercio. Por ejemplo, un combo quiere controlar una ruta de buses, que controla el otro, empieza a amenazar, a hacer atentados, a lesionar, hace hurtos y ahí va dejando mensajes”, dice uno de los funcionarios.

“Si el niño es como lo están revelando, no es rehabilitable”

M. se paró en una esquina del barrio Santa Lucía y por unos segundos siguió con la mirada los movimientos de Darío Alexis Atehortúa, de 43 años, comerciante. Su cuerpo escuálido se veía minúsculo al lado de su víctima. Las miradas apenas se cruzaron hasta que M. sacó un revólver y disparó. Seis tiros, dos muertos. El segundo, Mateo Cuesta Prieto, de 20 años, mensajero.

En la noche del 27 de marzo el video se regó por grupos de WhatsApp y llegó a los medios. M. corrió hasta donde pudo. Los vecinos lo acorralaron en un callejón, pero antes de que lo lincharan llegó la policía. Pronto se supo que tenía 14 años. Después, la Fiscalía aseguró que había cometido por lo menos otros 10 asesinatos y que era integrante de la banda de La Torre, pero en la zona donde ocurrió el crimen se debaten entre dos organizaciones distintas para atribuir la responsabilidad de ese doble homicidio: las bandas de El Coco y La Agonía que se disputan los límites entre las comunas 12 y 13.

La noticia del “niño sicario” —bautizado así por algún medio— se multiplicó en cuestión de horas y el linchamiento que la policía impidió en la calle continuó en las redes sociales. El periódico El Tiempo publicó varias notas de seguimiento. En una de ellas, su Unidad Investigativa consultó a dos fuentes que analizaron el video. Carlos Francisco Fernández, asesor médico de ese periódico, resaltó la “mirada fría” de M., “descontextualizada del efecto de sus acciones”. Y añadió: “Sus héroes son los delincuentes que lo metieron en el mundo de las armas y beneficios materiales.

No existen referentes familiares o filiales. Mata por unas zapatillas, un teléfono de alta gama. Cosas imposibles de tener en el ambiente de carencia y pobreza en el que nació”.

El otro análisis citado en la nota fue de Olga Albornoz, psiquiatra infantil: “Si el niño es como lo están revelando, no es rehabilitable y debería ser juzgado con todo el rigor de la ley […], ha mostrado que es supremamente peligroso”.

Juan Esteban Patiño es psicólogo y hasta noviembre de 2016 trabajó en el Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo, conocido como La Pola. Era uno de los encargados del proceso pedagógico y terapéutico de los menores de edad, principalmente de Antioquia y Chocó, que son sancionados con medidas de detención por su responsabilidad en diferentes delitos. Es el lugar donde M. se encuentra recluido.

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Hablamos con Juan Esteban en la sede de una fundación en el municipio de Copacabana donde atiende consultas particulares los fines de semana. Se ríe cuando comentamos los conceptos de los expertos consultados por El Tiempo. Asegura que es imposible generalizar sobre las posibilidades de rehabilitación y cuestiona que esos profesionales asuman el lugar de jueces; que sean capaces, con la secuencia de un video, de concluir que una persona “no tiene referentes familiares o filiales”.

En su experiencia con los jóvenes de La Pola encontró que es cierto que en la mayoría de los casos se trata de personas con carencias económicas, pero que de fondo existen condiciones estructurales que facilitan el ejercicio de la violencia. Y en Medellín, dice, poco se ha hecho por atacar esos factores.

Sin embargo, esa idea está muy lejos de esa expresión de la cultura popular, quizá reforzada por la literatura y el cine sobre la Medellín de pillos y sicarios, que atribuye a los jóvenes de la ciudad la condición de “violentos por naturaleza”. “Si vos crecés en un medio hostil, sea en Medellín o en cualquier otro lugar del mundo, la hostilidad se te vuelve un recurso permanente”, dice Juan Esteban.

La palabra “reconocimiento”, la misma que mencionó Alejandro al referirse a sus compañeros de reclusión, aparece de nuevo. “Por más que se diga públicamente que no, ser el pillo de la cuadra es legítimo. Los adolescentes están buscando reconocimiento. Por eso en La Pola era común que dijeran: ‘A mí ya me miran con respeto, yo pasé de hacer los mandados a que la gente me dijera señor’”.

El homicidio es un factor para construir legitimidad.

Ser capaz de matar implica escalar posiciones. Por eso, Juan Esteban cuestiona el discurso frecuente de que se trata de jóvenes confundidos, sin referentes o sin expectativas.

“Para algunos el propósito es ser el duro del parche: llegar a unas condiciones concretas tanto económicas, como sociales, como de posicionamiento. Ese es un proyecto de vida y en algunos casos es un proyecto muy estructurado”.

“La gente dice que algo debían”

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Gonzalo Montoya, 21 años. Asesinado en Envigado. Noviembre de 2018. Foto: Santiago Mesa, El Colombiano

Gaviria— la ciudad pasó a 544 en 2016, 582 en 2017 y 634 en 2018. El 25 de octubre de 2018 Andrés Tobón, el secretario de Seguridad de Gutiérrez, le dijo a W Radio que ese incremento es consecuencia de confrontar de manera directa a las estructuras criminales y de remover y perseguir a sus mandos.

Con esa interpretación coincide la fiscal Adriana Villegas Arango. El 4 de julio, cuando conversamos con ella en el búnker de la Fiscalía, estaba encargada de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín. Villegas nos dijo que “las capturas llevan a una reorganización de los combos.

Cuando se captura un cabecilla y la estructura se debilita, otra estructura que está más fuerte busca ganarle territorio”.

Lo cierto es que, frente a la problemática de los homicidios, la política de seguridad de la administración de Federico Gutiérrez fracasó. En 2016 la administración recibió la ciudad con una tasa de 20.1 homicidios por cada 100.000 habitantes y el Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos” se trazó la meta de reducir la cifra a 15 al finalizar su periodo de gobierno, es decir, en diciembre de este año.

Hasta el 27 de agosto, las proyecciones del SISC indicaban que 2019 terminará con una tasa de 26.17.

A esto se suma lo que significó la captura y posterior condena de quien fuera su primer secretario de Seguridad, Gustavo Villegas Restrepo. A tan solo un año de iniciada esta administración Villegas fue capturado y acusado de concierto para delinquir por sus supuestos nexos con integrantes de una facción de la Oficina de Envigado. Finalmente logró un polémico acuerdo con la justicia, cuestio-

nado incluso por la Fiscalía, y fue condenado a 33 meses de cárcel por los delitos de abuso de función pública y omisión de denuncia.

En cuanto a la percepción de seguridad, esta administración también se encuentra muy lejos de las metas. Para el momento en que Gutiérrez asumió, el 57 % de los ciudadanos se sentía seguro o relativamente seguro de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad. El propósito del Plan de Desarrollo era más que ambicioso: llevar esa cifra al 100 %. Sin embargo, para 2018 apenas llegaba al 50 %, de acuerdo con la misma encuesta de percepción.

Daniel Yepes es politólogo y fue, hasta junio, el director del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Alcaldía de Medellín. Renunció a su cargo para hacer parte de la campaña a la Alcaldía de un exfuncionario de la administración de Gutiérrez y, quizá por ello, dijo no tener problema con aparecer citado en este artículo.

Tiene una visión opuesta a la del oficial retirado en relación con el impacto político del homicidio. Nos dijo que ese es el delito por el que se mide la gestión en seguridad de cualquier administración municipal en Medellín. “Usted puede estar bajando todos los indicadores de seguridad, y la percepción de seguridad puede ser mayor porque está bajando el hurto, que es el delito que más

afecta a la gente, pero si los ciudadanos ven que los indicadores de homicidio van subiendo, evalúan mal a una administración”.

Desde su punto de vista, la estrategia de capturas promovida por Gutiérrez se quedó corta por la falta de condenas efectivas por homicidio. “Así volvemos mucho más caro ese delito. Si no hacemos las dos cosas, capturas y condenas, nos pasa lo de ahora, que las capturas suben como suben los homicidios”.

Yepes es crítico con la administración de la que hizo parte. Primero, porque esta se atribuye funciones que no le corresponden: “Pudo haber pasado que quienes asesoraban al alcalde desconocían cómo comunicar cuáles son las competencias de cada institución o las conocían y el alcalde no les paró bolas”.

Segundo, por la forma como se definieron los objetivos en materia de seguridad y las metas del Plan de Desarrollo: “Es que la cagamos. El SISC recomendó una tasa de homicidios cercana a 19, bajar un punto frente a lo que encontramos y ni Planeación ni el alcalde lo tuvieron en cuenta”.

Tercero, por la postura frente al homicidio. Yepes recuerda que a principios de 2019 recibió del secretario de Seguridad, Andrés Tobón, que a su vez seguía una directriz del alcalde Gutiérrez, la orden de dejar de contabilizar como homicidios los casos de personas muertas por procedimientos de la fuerza pública.

Esa determinación, afirma —y su versión coincide con la de uno de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad

consultado bajo reserva—, fue el resultado de la presión que durante los tres años anteriores ejerció la Policía. La decisión finalmente fue reversada por el alcalde después de que varias organizaciones sociales y grupos de activistas en contra del homicidio se manifestaran.

En marzo de 2018, luego de que un hombre arrolló con su camioneta a dos atracadores que acababan de robarle, Gutiérrez publicó un trino en el que afirmó que quienes debían ir a la cárcel eran los victimarios y no las víctimas, en referencia a la posibilidad de que el conductor fuera judicializado. El colectivo No Copio envió al alcalde una carta en la que le pidió rectificar y no legitimar la justicia por mano propia y, en su respuesta, Gutiérrez escribió: “Lo he dicho en diferentes escenarios y lo repetiré las veces que sea necesario: nada justifica el homicidio”.

La contradicción entre esas posturas la explica uno de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad: “La Alcaldía tiene declaraciones, pero no tiene un discurso orientador que guíe sus acciones. Entonces un día decimos que ‘toda vida es sagrada’ y al otro día decimos ‘que van a caer uno a uno’. Mientras tanto, estamos pensando en el enfrentamiento directo con las estructuras y en la captura de cabecillas. ¿Qué más les estamos ofreciendo a los jóvenes además de ‘entréguense o los cogemos’?”

Ilustraciones: Elizabeth Builes

“La doble moral de nosotros los policías es salir a los medios y decir que la gente no puede tomar la justicia en sus propias manos. Pero nos bajan los micrófonos y decimos: ¿cómo es que no mataron a estos hijueputas?”. Esas palabras salen con un acento marcado. Las pronuncia un oficial retirado que hasta hace poco estaba en los niveles más altos del organigrama de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Conversamos con él en un café frente a la puerta de un almacén de cadena con la condición de no revelar su nombre. “Es que ustedes los jóvenes no entienden”, dice varias veces. No entendemos qué es ver morir a un compañero, no entendemos lo que era este país, insiste. Entonces nos explica y habla de su trayectoria en la Policía, de por qué en esa institución “es mejor tener amigos que plata” y hasta de las preferencias sexuales de algunos de sus antiguos jefes.

Hasta que llegamos a los homicidios en Medellín. Nos dice que esa “es una cuestión de imagen” y que, por eso, en los escenarios de decisión a veces se invierten las prioridades. “El homicidio es el delito que más preocupa, pero tiene más impacto si se roban un celular. Si matan a tres manes la gente dice que algo debían, entonces no es tan grave”.

Esa idea, que antepone el robo de un celular a un homicidio, también tiene que ver con las prioridades de los ciudadanos. En 2018, la Secretaría de Seguridad de Medellín llevó a cabo la “Encuesta de percepción sobre victimización, seguridad y convivencia”, que consultó a 4000 personas en las 16 comunas y cinco corregimientos de la ciudad. Al preguntarles a los encuestados por las problemáticas que hacen que se sientan inseguros, en los tres primeros lugares figuran los atracos, el consumo de drogas y la existencia de grupos delincuenciales. El homicidio se ubicó en el séptimo lugar. En síntesis, un atraco o que alguien consuma drogas genera mayor sensación de inseguridad que un asesinato.

El oficial retirado, que participó en muchas ocasiones del Consejo de Seguridad de Medellín, la instancia que reúne al alcalde, los comandantes de la Policía Metropolitana y de la Cuarta Brigada del Ejército, a la Fiscalía y a representantes de otras entidades del Estado, asegura que ahí “se toman las decisiones importantes”, pero que también hay asuntos que superan esos escenarios formales. “La pregunta que nos hacíamos era: ¿qué podemos controlar y qué no podemos dejar que se desborde?”.

Esa idea conecta con una lectura que se ha hecho constante: uno de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad consultados asegura que hay un margen de maniobra limitado para las instituciones locales y que, por tanto, a veces es preferible no intervenir y dejar que se equilibren por su cuenta las tensiones entre organizaciones ilegales.

Pero según esa interpretación, en ocasiones las autoridades no solo han dejado la gestión de la seguridad a merced de esa versión local de la mano invisible del mercado, sino que han promovido acuerdos de no agresión entre las bandas para recoger los réditos políticos que deja un menor nivel de confrontación y, en consecuencia, de homicidios.

No obstante, las estadísticas plantean un escenario distinto en la administración actual. De los 496 homicidios con que cerró 2015 —el último año de la alcaldía de Aníbal

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Testimonio

“Un montón de personas dormidas, hipnotizadas”

A Henry Arteaga le dicen el JKE. Es fundador, la cara más visible y una de las voces detrás de Crew Peligrosos y de la academia 4 Elementos Skuela. Ahora, convertido en uno de los raperos más reconocidos del país, nos recibió en una casa que funciona como estudio de grabación en el barrio Aranjuez, en la zona nororiental de Medellín.

Hablamos de la violencia de la ciudad y de lo que significa resistirse a ella, de su postura frente a la idea de seguridad basada en la vigilancia, la presencia de policía, las cámaras y la tecnología para enfrentar el crimen. También de frases como esa de que “seguramente algo debía”, una expresión de la cultura popular que ha servido para explicar uno, dos o cientos de asesinatos.

“Existe un prototipo del buen muerto. Mucha gente dirá: ‘¿Por qué no habrá parado?’ Algo llevaría”. El JKE se refiere a un episodio de hace ya más de ocho meses en Envigado, sur del Valle de Aburrá. El 11 de noviembre de 2018, Gonzalo Montoya, de 21 años, iba en una moto, no atendió una señal de pare y un patrullero de la Policía le disparó.

La noticia de la muerte de un “fletero” se multiplicó en internet hasta que un video de alguien que se acercó al sitio donde murió el joven dejó ver su morral con libros y la presión de varias personas para que la policía no manipulara la escena.

Y ahí está el papel de la ciudadanía que reclama el JKE. Dice que Medellín “es como un montón de personas dormidas, hipnotizadas” por los discursos de seguridad que simplifican el problema a una guerra de buenos y malos. “Lo que han hecho los políticos es generar miedo para dar seguridad.

Se muestran en sus redes sociales venciendo la delincuencia y muchos se tragan eso”, dice. Su hija, de unos tres años, aparece en la sala cubierta de grafitis donde conversamos. Él interrumpe, dice que ella es su proyecto frente a esos discursos. Que cuando cumpla 15 años entenderá si su postura sobre el cuidado de la vida sirvió para algo.

El día que conversamos con Pablo Montoya, estaba con Andrés Arredondo, antropólogo, investigador del Instituto Popular de Capacitación e integrante del Comité de Memoria de la Comuna 13. Pablo nos preguntó si Andrés podía quedarse, nos dijo que, quizá, su postura también podría ser importante para esta historia. Y cuando fue su turno, las palabras de Andrés dibujaron un mapa de ciudad que se divide entre quienes protagonizan la criminalidad y el Estado que lucha contra ese flagelo con la legitimidad que le entrega una ciudadanía que se suma a ese enfrentamiento. “Eso quiere decir que hay unos criminales focalizados. Nos dan la sensación de que el mal está ‘allá’, y casualmente son pobres y de sectores populares. Pero no me toquen a Legarda. Lo que hay es una construcción ideológica que le viene muy bien al poder”.

Sus palabras nos recuerdan las de Ángela Chaverra, profesora de Teatro de la Universidad de Antioquia, doctora en Artes y directora del grupo de investigación El Cuerpo Habla, que se enfoca en las relaciones entre el cuerpo, la ciudad y el arte. Hablamos con ella en su casa una mañana a finales de junio, cuando apenas comenzaba esta investigación.

Se expresa con un tono que reivindica las resistencias, pero que se mezcla con la indignación de que esa postura de oponerse a la violencia a veces sea tan solitaria. “Al grueso de la sociedad no le importa la vida. Al grueso de la sociedad colombiana, y muy especialmente a esta ciudad, no le interesa que maten. Yo ayer estaba en la marcha contra los líderes y lideresas asesinados y uno siente que somos los mismos con los mismos”.

Y habla de las tradiciones antioqueñas y nos lleva a pensar en que la reiteración de consignas regionales, como esa de que “un paisa nunca se vara”, se ha convertido en una exigencia social. A veces, para no vararse, es necesario pasar por encima de la solidaridad y de la empatía, y eso ha logrado, dice Ángela, que la vida del otro no sea una prioridad.

La imagen del sicario de Medellín, el de la moto, el de las películas, en todo caso es una imagen basada en los estereotipos. Remite a ese mapa imaginario de la ciudad de “allá” y de “acá” que construyen las palabras de Andrés. “Los sicarios son de esta manera —dice Ángela—, escuchan esta música, se ponen esta ropa, se dejan el pelo así, tienen estas novias. Uno mismo va multiplicando ese estereotipo y uno mismo lo va oralizando. Entonces, claro, cuando los matan: ‘Mírelo, mírele la pinta’. Seguramente fue por algo”. *Nota: esta es la versión completa del reportaje publicado el 12 de agosto por varios medios durante #HablemosdeMedellín. Algunos datos fueron actualizados para esta edición.

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Los

otros testigos fotógrafos

Karen Parrado Beltrán piedemosca@gmail.com Laura García Giraldo lauraa.garcia@udea.edu.co

de un país en guerra

E

Raúl Montoya. Asesinado en Medellín. Agosto de 2018. Foto: Santiago Mesa, El Colombiano

La postura de la Alcaldía de Medellín Durante casi dos meses buscamos infructuosamente que el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón Villada, aceptara una entrevista presencial para este reportaje. Ante las evasivas, radicamos un derecho de petición de 11 puntos cuyo plazo de respuesta finalizó el 6 de agosto. Ese día, funcionarios de esa dependencia remitieron a De la Urbe una comunicación solicitando un plazo adicional e informaron que responderían en los 10 días hábiles posteriores, es decir, el 22 de agosto.

El 27 de ese mes, día del cierre de esta edición, recibimos la respuesta de Tobón en un documento de 26 páginas. Destacamos algunos aspectos de sus respuestas. El documento completo se puede consultar escaneando el código QR que acompaña esta sección.

Sobre el aumento en las cifras de homicidios: La Secretaría de Seguridad reconoce el aumento continuado en los homicidios de 2016 a 2018 y agrega que ese fenómeno está relacionado con las acciones de los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO). “Los enfrentamientos que dan como resultado estos casos tienen la característica que no involucran a toda la ciudad como en otros tiempos, sino que son focalizados en varios sectores específicos y en muchas ocasiones son confrontaciones (…) al interior de estas GDO”, dice el documento.

Sobre el no cumplimiento de las metas de reducción de homicidios establecidas en el Plan de Desarrollo: La administración afirma que el aumento en la tasa de homicidios durante los últimos tres años es consecuencia “de confrontaciones entre organizaciones criminales producto de rompimientos de pactos entre estas. De esta manera para el año 2017 se tenían en la ciudad 9 confrontaciones activas, para el 2018 15 y para el 2019 tenemos tres”. Agrega que la captura de cabecillas y que la afectación a sus rentas criminales dio lugar “a un vacío de poder que llevó al entrenamiento por el control de éstas y a los ataques por organizaciones rivales”.

Ante la pregunta de si fue un error establecer esas metas, Tobón responde que “las administraciones se deben proyectar sobre el escenario deseado con independencia de si esto va a generar daño o no a su imagen”. Y destaca que “la capacidad instalada en materia de tecnología, logística e infraestructura para el servicio de inteligencia, análisis criminal, investigación criminal, y persecución penal era sumamente deficiente en la ciudad”. Esos elementos, dice, “son las principales herramientas dentro de la política criminal para reducir la capacidad delincuencial del crimen organizado, y por lo tanto, para proteger de manera efectiva y sostenida a los habitantes de Medellín”.

A la pregunta sobre si algunas declaraciones de funcionarios y autoridades deterioran el valor de la vida en Medellín: En su respuesta, Tobón hace un recuento de las funciones de la Secretaría de Seguridad y finaliza diciendo “que no es competencia de esta Secretaría referirse a declaraciones particulares de funcionarios y directivos de otras instituciones y organismos”.

Sobre los éxitos y fracasos de la política de seguridad implementada en la presente administración: El secretario destina cinco páginas a este aspecto y en ellas destaca aspectos como el fortalecimiento de las capacidades de análisis criminal e investigación de los organismos de seguridad y justicia, la creación de un inventario único de organizaciones criminales; la articulación entre autoridades y la estrategia “Parceros”, enfocada en el acompañamiento a niños y jóvenes entre los 10 y 28 años con riesgo de ser vinculados a estructuras delincuenciales. Sin embargo, en toda su respuesta no reconoce ningún fracaso o algún aspecto por mejorar en relación con la política de seguridad.

Sobre las posturas que señalan a la administración de “engavetar” de la Política Pública de Seguridad y Convivencia aprobada en 2015, con una proyección a 15 años, para la atención integral de la seguridad: Tobón asegura que la dependencia a su cargo ha sido la encargada de implementar esa política y, contrario a las críticas de sectores sociales y académicos, afirma que ha llevado a cabo “diversos mecanismos para su materialización y efectivo cumplimiento”. Entre ellos destaca acciones como las caravanas y escuelas de convivencia, y ejercicios de apropiación del espacio público. Agrega que esa Secretaría “ha desarrollado cada uno de los escenarios que al acuerdo municipal en mención ha establecido” y como ejemplo señala la realización de 26 consejos de seguridad.

Sobre la destinación de 370 millones de pesos para el homenaje a Legarda y la forma como se prioriza la atención a los familiares de las víctimas de homicidio en la ciudad: Tobón asegura que la Secretaría de Seguridad se coordina con otras dependencias de la Alcaldía de Medellín para la atención a “todas” las víctimas de homicidio en la ciudad. Sobre el caso concreto de Legarda, dice que se desplegaron “las acciones correspondientes” según el protocolo de prevención y atención a esos casos implementado en 2018 y que contempla aspectos como el acompañamiento psicosocial y en la elaboración del duelo. Nunca responde a la pregunta concreta incluida en el derecho de petición sobre “cómo se define la destinación de recursos públicos para homenajear a unas víctimas de homicidio y no a otras”.

stamos acostumbrados a acudir a las imágenes para encontrar en ellas recuerdos, la evidencia del paso del tiempo, a veces refugio, también una idea sobre lo que hemos sido. El relato de la fotografía es, especialmente, testimonio, más aún si se trata de hechos violentos que han marcado a un país entero; es ahí cuando adquiere mayor sentido lo que muestra e, incluso, lo que deja de mostrar.

Las imágenes de la guerra en Colombia hace tiempo dejaron de ser las fotos tomadas por encargo en algún paraje conflictivo, o en algún pueblo sitiado por un grupo armado, y han dado paso, paulatinamente, al registro de fotoperiodistas interesados en construir un relato propio sobre esta guerra. La fotografía se disputa su espacio como un testimonio significativo de lo que la guerra les ha hecho a las personas, a los pueblos y a la vida en general.

Recientemente, la exposición y el documental El testigo, sobre el trabajo del fotoperiodista antioqueño Jesús Abad Colorado, fueron noticia. Más de quinientas fotografías, en blanco y negro o a color, algunas de ellas inéditas, capturadas entre 1992 y 2018, aparecieron para mostrar y recordar la violencia y las víctimas del conflicto armado colombiano. Tanto impacto tuvieron estas imágenes en la opinión pública que resulta inevitable preguntarse por qué buena parte del país no había notado la guerra que para muchos ha sido cotidianidad.

En un país donde casi nadie quiere conservar las imágenes de la guerra, el trabajo de los fotoperiodistas ha sido muchas veces marginado por quienes lo entienden como un aditivo de las redacciones.

Sin embargo, son sus fotografías las que han permitido dimensionar los matices de una sociedad en conflicto y su diversidad de testimonios y testigos.

Para este especial recogemos cuatro miradas reconocidas por su trabajo sobre el conflicto y la violencia; algunas veces desde los combates de guerrilla, ejército o paramilitares; otras en medio del dolor de las víctimas, en los campamentos de las FARC o desde las calles de Medellín.

Foto: Federico Ríos Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

16 Testimonio

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J

Ilustración: Ka ren Par

rado Beltrá n

ueves, 16 de enero de 2003. Natalia la vio tendida en una cama, era una muerta con suerte. Su familia la había recogido junto con su otro hermano a quien también asesinaron. Se llamaba Cecilia y tenía alrededor de 17 años. En San Carlos, Oriente antioqueño, era conocida por ser una joven dedicada al liderazgo comunitario, pero las FARC le arrebataron la vida, al igual que a 17 personas más de diferentes veredas del pueblo.

El recuerdo de esa misión sigue siendo difícil para Natalia. Estaba acompañada por los fotógrafos Jesús Abad Colorado y Donaldo Zuluaga. Ella recuerda que estaban cansados. “San Carlos es caliente, había muchas tensiones juntas, alrededor se escuchaban disparos, entonces eran bastantes situaciones adversas. Cuando llegamos al último lugar, que es la casa de la familia de Cecilia, ellos la estaban velando y también a su hermano”.

V

iernes, 30 de julio de 1999. Era mediodía y los jefes de Donaldo Zuluaga en El Colombiano le informaron que debía salir lo más pronto posible a cubrir una toma armada de los frentes 9 y 47 de las FARC en Nariño, Antioquia. La misión estaba conformada, además, por el periodista Juan Diego Restrepo y por un conductor del periódico.

Partieron desde Medellín y pasaron la noche en Sonsón. A la madrugada siguiente intentaron entrar a Nariño, pero un retén de la guerrilla impedía su paso. “Miren yo soy médico, déjenme entrar, hay demasiados heridos”, dijo un hombre que se encontraba esperando el paso en el retén, en ese momento, a Donaldo y a quienes viajaban con él se les ocurrió apoyarlo y pedirle a la guerrilla que les permitiera seguir su camino y llevar al médico hasta el pueblo.

Se dirigieron al hospital donde estaba ubicado el puesto de control de la guerrilla y donde abundaban los heridos.

Allí les dijeron que si querían ver de cerca los enfrentamientos del parque principal debían hacerlo bajo su responsabilidad. Ellos aceptaron y se acercaron mostrando una camisa blanca y diciendo: “Prensa, no disparen. Somos periodistas”, pero al poco tiempo comenzó el fuego cruzado.

Donaldo, Juan Diego y la gente del pueblo que estaban alrededor del parque se tiraron al suelo, cada uno por su lado. Mientras las balas silbaban ellos gateaban. Dos horas después los periodistas se reencontraron y regresaron al hospital. Los bombardeos continuaron el resto de la noche y a eso de las cinco de la mañana la guerrilla tomó el carro del periódico y en él se llevaron secuestrados a varios policías.

“Nosotros salimos a las seis al parque a ver lo que quedaba. Era una cosa dantesca. Caía una brisita que lo hacía ver todo todavía más dramático. Entre la Fuerza Aérea y la guerrilla de las FARC acabaron con ese pueblo”, recuerda Donaldo. En 36 horas de toma guerrillera 16 personas murieron, otras 16 quedaron heridas y ocho policías fueron secuestrados.

Del cronista soñado al fotógrafo realizado Donaldo cursaba cuarto semestre de Comunicación Social-Periodismo en la Universidad de Antioquia cuando uno de sus profesores lo recomendó para ser el practicante de fotografía del periódico El Mundo. Era 1988 y Donaldo aceptó aunque su verdadero sueño era ser cronista.

“Me fui enamorando tanto de la imagen que vi en ella la posibilidad de ser sintético a la hora de mostrar algo, y entonces las palabras se me fueron diluyendo. Todo ese sueño que tenía de ser cronista se me fue desvaneciendo ante la posibilidad de impactar con una fotografía. Yo puedo informar con una foto tanto como lo está haciendo mi compañero escribiendo”, cuenta.

Con el tiempo fue creando un nombre y en 1993 llegó al periódico El Colombiano donde trabajó hasta 2017, año en que se jubiló. Gran parte de su material fotográfico de esos años está relacionado con el conflicto armado y la violencia urbana. En 2009, obtuvo el primer puesto al

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mejor trabajo de fotoperiodismo entregado por el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia con la fotografía Machuca, la llama sigue viva. En esa imagen aparece una mujer con las manos quemadas sosteniendo unas flores durante la conmemoración de los 10 años de la voladura de un oleoducto por parte del ELN en Machuca, corregimiento de Segovia, que causó la muerte de más de ochenta personas el 18 de octubre de 1998.

Para Donaldo, los reporteros gráficos deben ser pieza clave en el periodismo colombiano por el papel de testigos que adquieren. Entre otras cosas, tiene claro que se avecina una generación de fotoperiodistas formada en diferentes condiciones: “Yo creo que será una generación más virtual, serán ciberfotógrafos y tendrán otro lenguaje. Se van a expresar muy distinto, van a tener otras herramientas. Pero siguen siendo necesarios porque detrás de una cámara, así haya sido disparada hace unos años o en el contexto moderno, tendrá que haber alguien que le imprima talento a la fotografía”.

Yo puedo informar con una foto tanto como lo está haciendo mi compañero escribiendo

Foto: Donaldo Zuluaga

El triunfo de la guerra Botero se define como una fotógrafa clásica y estética, de tomas precisas y mirada serena. Agradece haber aprendido a tomar fotos en el mundo analógico porque eso la endureció en actitudes como la paciencia. Considera que la mirada del fotoperiodismo de hoy dista mucho a la de su generación. “Hace 20 años la mirada tenía menos vicios, era un poco más natural ante lo que pasaba, la forma de trabajar era directa. En la mirada actual hay una técnica y estética especial para lo digital, es otra forma de ver y que aporta a la narrativa del país”.

La verdad y la memoria de un país se construye a través de diversas miradas. No hay una sola verdad.

Por eso el fotógrafo juega un papel primordial

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Empezó a disparar su cámara hasta que su cuerpo no le dio para más. Se desmayó. Cecilia era para Natalia el reflejo de la dignidad de las víctimas en Colombia. La familia, a pesar de su dolor, no dejó los cuerpos tirados, sino que los recogió y organizó de la manera más pulcra posible, a diferencia de muchas de las otras personas masacradas. “Cuando volví sobre mí, me repuse y tomé un poco de agua. Ese desmayo fue como una reacción a qué estamos haciendo desde el periodismo y cuál es nuestra responsabilidad”.

Con este trabajo Natalia ganó el premio de fotografía en el concurso Colombia: Foto: Natalia Botero Imágenes y Realidades, entregado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y después se marchó del país. Su plan era quedarse viviendo en Estados Unidos hasta que un fuego interno, un golpe de intuición, le susurró que su lugar estaba en Colombia. Para 2005 la intensidad del conflicto se redujo con la ya iniciada dejación de armas de los Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y “ahí hubo un tránsito y reflexión sobre cómo iba a hacer el periodismo.

Decidí que era muy importante contar y narrar a los muertos, pero a partir de los vivos”.

Atestiguar es el verbo que Natalia usa para definir el valor del fotoperiodista en un país como Colombia. “Es vital la mirada de los fotógrafos en un país en conflicto, en tránsito a la paz y a la guerra nuevamente. La verdad y la

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memoria de un país se construye a través de diversas miradas. No hay una sola verdad. Por eso el fotógrafo juega un papel primordial”.

Natalia cree que la violencia actual en Colombia es muy diferente a la que vivió de joven. “La violencia de ahora no tiene nombre porque no se sabe quién es el enemigo: el enemigo es el Estado, son los grupos armados, son los vecinos, un familiar. El máximo triunfo de la guerra fue la desconfianza que generó entre nosotros los ciudadanos. Nunca la violencia es justificada, pero ahora siento que es más difícil tener una idea clara de lo que significa esa palabra, porque es contra todos, contra todo y a todo nivel”.

La guerra, como diría Natalia, no ha sido la excepción, sino la norma. En cambio, la paz sí ha sido la excepción en Colombia. Ella opina que la esperanza está en las iniciativas de los colectivos sociales, en los jóvenes, las mujeres y el campesinado, pero unidos. “Eso es lo que marca diferencia con otros países que también han sufrido la guerra, como Alemania, acá tenemos que aprender a trabajar en colectivo”.

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Imagínese lo que le hace a la cabeza de uno ver todos los días homicidios y hablar con las familias y sentir su dolor

Ilustración: K

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Ilustración: Karen Parrado Beltrán

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de Colombia: “Una fotografía que está proponiendo, no solo haciendo un domicilio” por encargo de algún medio de comunicación.

“El fotógrafo no solo es testigo, es autor. Ahí es donde yo siento que hay que ponerse esa ruana”, dice sobre su obstinación por convertirse en el creador de un relato visual incómodo para el discurso público. “Desde siempre mi trabajo ha sido atacado, cuestionado y yo creo que eso le pasa con frecuencia a los autores”, comenta. El amplio trabajo fotoperiodístico de Ríos se ha convertido en un conjunto documental sobre las FARC. En muchos casos descubrió facetas reveladoras de la vida más íntima de este grupo armado. Además, como autor, su obra expone otra óptica sobre lo que el país imaginaba como un enemigo de una sola cara.

“Lo jodido es que nos pintaron a las FARC como los asesinos y secuestradores. Yo no tenía un preconcepto de

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las FARC y sabía que no podía llegar con él. Lo que me encontré fue una cosa muy diversa, unos tipos que luchaban por unos ideales, que ayudaban a la comunidad de algunas maneras y que también usaban los métodos armados: minas antipersonales, ataques sorpresa, guerra de guerrillas, pero eso es un entramado de una complejidad absurda. ¿Qué hice? Pues documentarlos”.

En la relación de confianza con las FARC, Ríos siempre fue enfático sobre el lugar de su trabajo. Es periodista, no publicista. “Son un grupo armado al margen de la ley, no son las hermanitas de la caridad”, dice. Acopló su mirada a verlos como seres humanos en dinámica de conflicto, recorriendo con ellos los escondites de una democracia violenta, a la que él con su cámara quiso fotografiar como parte de un manojo de evidencias sobre uno de los bandos violentos, el que menos caras tenía fotografiadas.

ueves, 4 de noviembre de 2010. Esteban Vanegas salió de la redacción a cubrir un homicidio en el barrio El Limonar, de San Antonio de Prado, y se encontró un enfrentamiento entre los dos combos dominantes de la zona. Llegó justo cuando un niño corría para salvar su vida en medio de la balacera. “Es el único niño que he visto cómo lo asesinan; normalmente, yo llegaba cuando las personas ya estaban muertas”, recuerda.

Esteban era el fotógrafo del periódico Q’hubo de Medellín, famoso por ser uno de los primeros medios en llegar a los escenarios violentos de la ciudad. Hizo ráfagas de fotos mientras sonaban los tiros en esa calle. “Nos quedamos resguardados en el carro, pero yo haciendo fotos, y en una de esas vi que un niño de 13 años, después me enteré de que esa era su edad, salió corriendo a esconderse en una tienda que estaba cerrada y dos tipos que iban detrás lo alcanzaron y le dieron seis disparos en la cabeza”.

Llevaba tres años capturando y archivando en la retina las imágenes diarias del crimen en la ciudad. Al día siguiente, Violento jueves fue el titular de la primera página del Q’hubo con la foto del niño asesinado. En la portada se veía la mano del niño y a su lado el casquillo de una de las balas que lo mataron; un delgado hilo de sangre se deslizaba en el pavimento. “Era ver cómo se estaba perdiendo toda una generación destruida en una guerra absurda por el control de plazas de vicio y por las rentas ilegales en general”, dice Vanegas.

Pronto, cada esquina de Medellín le empezó a recordar algún homicidio que había fotografiado.

La ciudad se le convirtió en una herida. “Me puse a hacer cuentas y pasé de los cuatro mil quinientos muertos que vi en tres años y medio”, recuerda.

En 2013 abandonó su plaza en el Q’hubo y trabajó en la transformación del área de fotografía de El Colombiano. “Imagínese lo que le hace a la cabeza de uno ver todos los días homicidios y hablar con las familias y sentir su dolor”, comenta.

Agúzate que te están mirando Durante sus años de trabajo en Q’hubo, Esteban estuvo retenido por unas horas en una tanqueta del Esmad en medio de una marcha del Día del Trabajo, secuestrado en una tienda por el combo de un barrio y atribulado por un sueño que le visitaba todas las noches en el que su mamá era asesinada. La cabeza le disparaba las imágenes que él le arrancaba a la ciudad.

Uno de los trabajos que más recuerda es el que hizo con el Grupo Élite de la Policía, en 2012, a quienes acompañó en sus patrullajes durante seis meses. Allí logró establecer una relación de confianza para observar y retratar lo que sucedía en medio del trabajo policial, especialmente lo que pasaba en

los enfrentamientos contra el grupo armado La Agonía de la Comuna 13. 20 días después de publicar una serie fotos sobre esos patrullajes, Esteban tuvo que tomar las fotos del sepelio de tres oficiales asesinados en esa comuna.

“Esas fotos impactaron un montón porque eran fotos de policías uniformados llorando de una forma impresionante encima del ataúd de sus compañeros”, recuerda. La foto, titulada Impotencia, llanto y dolor, ganó el Premio de Periodismo Semana 2013 a mejor fotografía publicada en prensa escrita o internet.

Después de darse un respiro en otros proyectos, siempre relacionados con la imagen, Esteban volvió a El Colombiano donde ahora es editor de fotografía, una figura sui

generis en Colombia porque es poco comprendida en su quehacer y casi inexistente en los otros medios nacionales. Si bien la imagen ha estado presente en periódicos, noticieros y documentales siempre ha sido vista como la evidencia de la realidad de un país contado por cronistas y reporteros de guerra y pocas veces es comprendida como un relato autónomo. Ver era necesario para creer aquello que de otra manera no habría sido posible dimensionar.

Para Vanegas, comunicador social-periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, más que tomar fotos como un “operario de cámara” el fotógrafo debe formar una mirada propia de su sensibilidad, especialmente si le interesa abordar el conflicto. “Creo que en esta ciudad es muy necesaria la fotografía de tinta roja y muy necesaria la fotografía del instante de esta escuela clásica que documentó esto. Es clave rescatarla, aunque no digo que la sigamos haciendo exactamente igual”.

Foto: Esteban Vanegas, El Colombiano

Un testigo de mirada obstinada Hace 10 años Federico Ríos empezó a fotografiar la vida al interior de las FARC. Hizo fotos de este grupo armado cuando era la guerrilla más longeva del continente, pero también cuando se convirtieron en el partido político más nuevo de Colombia y había muchas dudas sobre la implementación del acuerdo de paz. En 2018, fotografió a un grupo de milicianos disidentes en el Nudo del Paramillo para un reportaje del NYT. “Cuando publicamos ese artículo pisamos muchos callos porque las FARC no querían reconocer que había disidencias, el gobierno saliente tampoco quería reconocer que esa era una situación que los confrontaba, y el gobierno entrante no quería reconocer todo lo que estaba pasando. Hubo mucha gente incómoda”, señala Ríos.

Después de lograr ingresar por primera vez a un campamento de las FARC, en 2010, Ríos visitó varios de ellos en las montañas más profundas del territorio nacional. Su trabajo reúne lo que él denomina un “ejercicio notarial” o un registro visual dispuesto a capturar la diversidad de un fragmento de la historia

El fotógrafo no solo es testigo, es autor. Ahí es donde yo siento que hay que ponerse esa ruana

Foto: Federico Ríos

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ábado, 18 de mayo de 2019. Un almuerzo familiar con fríjoles fue interrumpido por la llamada del jefe de Federico Ríos desde Nueva York. La voz en el teléfono le avisaba que aparecía en una fotografía tuiteada por la congresista María Fernanda Cabal. En la imagen Ríos está montado en una moto conducida por un integrante de las FARC, también aparecía un primer plano de Nicholas Casey, el jefe de The New York Times (NYT) para los Andes.

La congresista publicó esa composición digital para “demostrar” que Casey había estado “de gira con las FARC en la selva”. Cabal, al parecer, no sabía que el hombre de la moto era Ríos y no el periodista estadounidense. Horas antes, el NYT había publicado “Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”, un artículo escrito por Casey, en el cual denunciaba la posible reinvención de los “falsos positivos” por una directriz del Ejército.

La fotografía había sido tomada tres años antes, en 2016, cuando Ríos hacía un reportaje con Casey en un campamento de las FARC, e incluso estaba publicada en sus propias redes sociales. “Una persona que no conoce no se hace ese scroll hasta allá buscando esa foto en mi Instagram para cogerla y confundirla aleatoriamente con Nicholas Casey”, dice Ríos.

El impacto mediático de esa imagen hizo que el fotoperiodista saliera del país una temporada de acuerdo a la recomendación del NYT, el medio que ha proyectado su trabajo por latitudes donde el conflicto colombiano era poco más que un cuento salvaje. “¿Qué voy a hacer? Pues cuidarme el pellejo, pero no es una tipa a la cual voy a enfrentar legal ni públicamente”, dice casi un mes después del incidente, de vuelta en Colombia y sentado en el estudio de su casa en Medellín.

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Ilustración: Karen Parrado Beltrán

Nacimiento … de una crisis Mariana White Londoño mariana.white@udea.edu.co

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ací el 20 de abril de 1995 en la Clínica León XIII de Medellín. Mi madre cuenta que ese día los médicos estaban en paro y, como justo cuando ella iba a darme a luz se encontraban en un mitin, una enfermera tuvo que llamar a un practicante y fue él quien nos atendió. Que era digna de fotografía la escena en la que una fila de camillas con mujeres embarazadas esperaba por atención en un corredor. Y que “no hay mal que por bien no venga”, dice ella, porque ese muchacho se dio cuenta de que yo había tragado líquido amniótico, y me dejó ocho días en la clínica para chequeos e intervenciones.

Para mi madre esa imagen es una anécdota, pero para el sector de la salud fue el nacimiento de la crisis. El 18 de abril de 1995, Jaime Botero (presidente), Germán Garzón (vicepresidente) y Carlos Enrique Restrepo, miembros de la Asociación Antioqueña de Obstetricia y Ginecología, opinaban en el periódico El Colombiano que el nuevo modelo de atención, que empezaba a andar con la implementación de la Ley 100 de 1993, anteponía cantidad para garantizar mayores coberturas, pero descuidaba “la calidad de los servicios, la dignidad y el respeto de la profesión médica en general”.

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El día en que nací fue la asamblea nacional de delegados de las unidades de salud del país, en el coliseo del Colegio San Carlos, en Medellín. En esa reunión se discutió la expedición del Decreto 439 del 8 de marzo de 1995 que, amparado en la Ley 100, establecía “el régimen salarial especial y el programa gradual de nivelación de salarios para empleados públicos de la salud del orden territorial”. En el caso específico de Antioquia, decían algunos voceros de la asamblea, les congelaba los salarios por cuatro años, ya que proponía incrementos escalonados muy bajos, como se cuenta en el artículo “Anormalidad hospitalaria en Antioquia” de la edición de ese 20 de abril de 1995 del periódico El Mundo.

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral colombiano que rige hasta ahora. Antes existía el Sistema Nacional de Salud y, entre otros actores no articulados, estaba el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, creado en 1946 y conocido como el Seguro Social. Este se encargaba de la atención en salud y de la cotización de pensión principalmente de los trabajadores colombianos y

sus cónyuges en estado de embarazo. El cambio de sistema tenía la intención de proteger el derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de 1991, pero desde su implementación fue criticado por permitir la “mercantilización” de la salud.

Los ginecólogos de la noticia de El Colombiano expresaban que la Ley 100 se había hecho a espaldas del gremio médico porque su profesión no tenía representantes en la política que intercedieran por sus intereses. Agregaban que era muy difícil realizar bien su trabajo cuando, por ejemplo, el nuevo modelo obligaba “al médico a atender en cuestión de minutos a un paciente que normalmente puede tardar hasta una hora, dependiendo de la gravedad”.

Hasta ese entonces, la relación del médico con el paciente era más personal, y en muchos casos una cita con un especialista se lograba solo por la vía del pago particular, por lo cual muchas personas no podían acceder a la atención. Aunque los propósitos de la nueva ley —brindar atención primaria, prevención de enfermedades y promoción

¿El Estado le vendió el alma al diablo?

Luego de las deliberaciones en la asamblea de ese 20 de abril, 130 especialistas presentaron su renuncia ante el gobernador de Antioquia de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez. Además, hubo dos días de anormalidad en todas las instituciones de salud del departamento, donde solo se prestaron servicios de urgencias y hospitalización. Las protestas de los médicos de la Clínica León XIII y de casi todas las unidades del Seguro Social en Medellín habían comenzado antes con la decisión de no atender consulta externa.

El personal de salud en paro no solo pretendía una actualización salarial, también una renovación de infraestructura para hospitales y clínicas como la León XIII que antes se financiaban con recursos del municipio y la nación, pero que con la Ley 100 tendrían que sobrevivir —como en la actualidad— con la venta de sus servicios y con los contratos que pudieran suscribir con actores como las EPS. “Se pasó del subsidio a la oferta al esquema del subsidio a la demanda”, explica Jaime León Gañán, abogado especialista en derecho de trabajo y seguridad social, y autor del libro Los muertos de Ley 100. En otras palabras, los subsidios que se asignaban por medio de empresas públicas como hospitales, universidades y el sistema público de pensiones, pasaron a entregarse a las empresas privadas que se encargarían de convertirlos en servicios a la población.

La historia de la León XIII, donde nacimos tantos antioqueños, es un ejemplo de lo que sigue pasando con la salud en todo el país. En el año 2007, cuando el Seguro Social dejó de existir, su operación logística fue entregada a la IPS Universitaria por decisión del Gobierno nacional y comenzó una recuperación física, técnico-científica, administrativa y financiera. Desde entonces “los servicios fueron enfocados a la población de adultos mayores y a la atención de patologías de alta complejidad”, responde la oficina de comunicaciones de la IPS Universitaria.

Hoy, la realidad que se previó hace más de 24 años es evidente por la situación financiera de muchas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Algunos expertos, como Gañán, demandan un diálogo interdisciplinar que tenga en cuenta a todos los actores del sector para una transformación profunda del modelo o del Sistema General de Seguridad Social en Salud con el fin de “materializar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud en Colombia”.

Los servicios de maternidad de la Clínica León XIII cerraron temporalmente en 2011 por supuestas adecuaciones estructurales, pero la clausura resultó siendo definitiva. “Muchas instituciones han dejado de prestar los servicios de maternidad por tratarse de un segmento que clínicas como la del Rosario tienen consolidado y especializado”, aclara la oficina de comunicaciones, aunque agrega que la IPS Universitaria no renuncia a la posibilidad de volver a prestar estos servicios para atender las prácticas de los estudiantes de las áreas de la salud de la Universidad de Antioquia.

Ahora, la clínica donde nací casi en paralelo con la crisis del sistema de salud ofrece consulta general y especializada, ayudas diagnósticas, urgencias, hospitalización y procedimientos de alta complejidad, aparte de la investigación que desarrolla junto a los profesores y estudiantes de la UdeA. De ayudar a nacer pasó a ayudar a no morir o a morir dignamente.

La crisis no se quedó en 1995. A finales de 2018, la clínica tuvo que cerrar buena parte de sus servicios por el embargo de sus cuentas como consecuencia de una deuda de más de 6000 millones de pesos con el Sindicato Antioqueño de Anestesiología. La situación empezó a normalizarse apenas en marzo de este año. “La mayoría de las instituciones de salud sufren los coletazos de la crisis del sector motivada por el incumplimiento en los pagos de las EPS. Esto ha generado atraso en los compromisos financieros de las IPS por la falta de flujo de caja”, expresan desde la oficina de comunicaciones de la IPS Universitaria.

A finales de julio, el presidente Iván Duque anunció la inyección de 250.000 millones de pesos al sistema de salud para el pago de deudas por parte de los hospitales y clínicas. De esos recursos, la IPS Universitaria recibió cerca de 7000 millones que, sin embargo, están lejos de resolver la deuda de la institución con sus empleados y proveedores que supera los 280.000 millones. Entre tanto, las deudas que tienen a su vez las EPS con la IPS Universitaria ya alcanza los 380.000 millones.

Ilustración: Karen Parrado Beltrán

de la salud a toda la población— se veían con buenos ojos en principio, en 1995 los médicos ya avizoraban una crisis; y el tiempo les dio la razón.

“El paciente no solo llega enfermo del cuerpo sino del alma, concepto que están desconociendo las empresas privadas de medicina prepagada y ahora las Empresas Promotoras de Salud (EPS), que incluso se están interponiendo en esta relación para cuestionar diagnósticos, exámenes y discutir procedimientos”, sintetizaba la Asociación Antioqueña de Obstetricia y Ginecología en el 95.

Sangre de tu sangre Karen Parrado Beltrán piedemosca@gmail.com

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a sangre es un río que circula incesantemente por nuestro cuerpo oxigenando nuestras células y conectándonos, al tiempo, con nuestra historia. La sangre es ante todo eso, historia, porque en ella habitan las improntas de nuestros vínculos familiares y sexuales, así como de nuestras enfermedades y herencias genéticas.

La sangre es, también, futuro porque se trata de un líquido compuesto por elementos biológicos transferibles a otros seres humanos para prolongar sus vidas.

En el cuerpo de un adulto humano hay entre 4.5 y 6 litros de sangre, lo equivalente a unas cinco cajas de leche tetrapack de supermercado. De esa cantidad, una donación de sangre estándar captura el 10 %, es decir, 450 centímetros cúbicos, algo así como dos pocillos de leche, para seleccionar tres hemocomponentes esenciales: glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Después de un proceso que los separa de la muestra total cada uno de estos componentes es almacenado en una cadena de frío. El plasma es el de mayor resistencia porque puede durar hasta un año guardado a -25 grados centígrados, a diferencia de las plaquetas que solo pueden ser almacenadas por cinco días.

“Al donante se le sacan 450 centímetros cúbicos de sangre en una sola bolsa, pero este sistema permite que otras bolsas estén conectadas a esa bolsa principal. A las bolsas satélites se transfiere lo que se ha separado de hemocomponentes: en una bolsa pueden quedar los glóbulos rojos, en otra las plaquetas, en otra el plasma”, dice el doctor Carlos Vallejo, quien es el director del Banco de Sangre del Hospital Universitario San Vicente Fundación hace 25 años. Explica el funcionamiento de ese lugar en una oficina

pulcra, amarillosa y con aires de consultorio ochentero.

En 2019 el Banco de Sangre celebra 70 años de haber sido fundado y a la entrada hay una pancarta que hace promoción de esa trayectoria.

Los bancos de sangre colombianos son entidades reguladas por el Ministerio de Salud y Protección Social y coordinados por la Red Nacional de Bancos de Sangre.

En la actualidad, hay 81 en el país, 13 de ellos en Antioquia. Hasta finales del siglo XX, estos bancos compraban y vendían la sangre como en un mercado regulado por la oferta y la demanda, incluso pagaban a los donantes. Fue en agosto de 1993, cuando el Ministerio de Salud emitió el Decreto 1571 que reguló todas las actividades relacionadas con “la extracción, procesamiento, conservación y transporte de sangre total o de sus hemoderivados”.

Desde entonces, la donación de sangre en Colombia es voluntaria y altruista.

“Los bancos de sangre lo que hacen ahora es cobrar los insumos, los costos de procesamiento, los análisis de las pruebas infecciosas, pero ahí no hay negocio; la sangre ni se compra ni se vende”, dice Vallejo. Entre los mitos que rondan la donación de sangre está el de que los bancos se lucran con la sangre que recolectan en sus jornadas. “Lo que se cobra cuando se transfunde una unidad de glóbulos rojos es el procesamiento de la unidad y los análisis que se hicieron para que la sangre sea compatible. Ese dinero permite que se puedan comprar los insumos y pagarle al personal”, aclara el médico, y agrega que las EPS son las encargadas de asumir los costos de un proceso de transfusión.

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El silencio que rodea al aborto

El funcionamiento del Banco de Sangre del Hospital San Vicente Fundación es sencillo, aunque riguroso. Participan 19 personas, entre personal médico y administrativo, la mayoría profesionales en Bacteriología. Catalina Gómez, una de ellas, explica que en el banco se hacen los procesos de captación, procesamiento y certificación de la sangre. “Es un trabajo de mucha concentración y de aptitudes específicas”, dice Catalina. “Hay que tener los cinco sentidos puestos porque un error en un banco de sangre es fatal”, añade.

Avanzamos entre muebles de madera y máquinas grises que tienen la anatomía de lavadoras extravagantes. Catalina lleva puesto un uniforme verde aguamarina confeccionado una tela antifluidos que Entre los mitos enhace parte del protocolo de seguridad; una seque rondan la donación gunda piel que separa de sangre está el de que su universo biológico del de las bolsas de los bancos se lucran con la sangre de los donantes, sangre que recolectan en que están marcadas por un código de barras. sus jornadas.

Su trabajo consiste en aplicar pruebas biológicas y protocolos a la sangre donada, asistida por equipos automatizados. De esta manera, se puede determinar a qué grupo sanguíneo pertenece cada muestra (hemoclasificación), e identificar si alguno de los siete marcadores (posibles infecciones) está presente en la sangre donada: Hepatitis B, Sífilis, enfermedad de Chagas, Virus Linfotrópico Humano (HTLV I-II) y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

La reglamentación colombiana exige a los bancos de sangre que hagan este tipo de pruebas para liberar el sello de calidad de cada uno de los componentes y que cada bolsa de sangre donada quede certificada para una futura transfusión. En los tres primeros meses de 2019, Antioquia registró 1468 captaciones de sangre donada. De estas, 57 fueron desechadas por reactividad, es decir, por haber dado positivo en alguno de los siete marcadores de las pruebas biológicas.

Estos datos de la Red Nacional de Bancos de Sangre también señalan que la mayoría de donantes de esta zona del país están entre los 33 y 42 años de edad, y que mujeres y hombres donan en igual porcentaje.

La sangre es un líquido extremadamente vital, transferible, aunque no replicable todavía, y descartable. Al final del proceso en el Banco de Sangre del Hospital Universitario San Vicente Fundación quedan bolsas plásticas llenas de líquidos densos rojos y amarillos guardados en neveras de acero. Otras tantas bolsas llenas con desechos biológicos y plásticos son enviadas a incineración y reciclaje. Mientras tanto, la vida en la ciudad transcurre y se mueve en todas direcciones, a veces como un río violento. Con algo de suerte y voluntad lugares como el Banco de Sangre podrán alimentar el caudal de ese río cuando lo necesite.

Elisa Castrillón Palacio elisa.castrillon@udea.edu.co

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en Medellín

Luisa María Valencia Álvarez luisa.valenciaa@udea.edu.co si yo eligiera. Si no, nada. Siempre he creído que la muerte me encontrará sola y no alcanzará para el protocolo. Salí.

En el camino me encontré con otras nueve marmolerías, dos floristerías y una tiendita fea. Artes y Mármoles, donde trabaja Gina, es la primera de esa cuadra de marmolerías que se transita justo antes de llegar al Cementerio Museo San Pedro a un par de pasos de la estación Hospital del metro. Crucé la calle que me acercó al camposanto y, al ver la cantidad de flores que rodeaba ese lugar, pensé en que mientras más cerca se está del cementerio más vida hay para ofrecerles a quienes ya no están. Qué paradoja.

Me quedé a observar algunas flores y a las personas que transitaban por allí. Vi a los personajes elegantes de las funerarias que esperaban por un nuevo ataúd —o por un viejo ataúd con un nuevo muerto— y me disgusté porque no comprendo la necesidad de aquel cortejo. En ese momento decidí cruzar la calle que da justo al frente del cementerio para conversar, siquiera, con alguna de las personas que organizaban las flores para la venta del fin de semana.

Beatriz atendía el negocio de su hermano y me dijo que no le preguntara por el cementerio porque apenas llevaba seis meses ahí.

—Ah, ¿cómo así? ¿Entonces no le ha tocado un Día de la Madre trabajando aquí?

—Ah, sí, claro. Yo los Días de la Madre he trabajado porque esos días hay mucho por hacer.

—¿Sí?

—Sí, mija. Es que ese día uno no se hace ni el doble, ni el triple, sino ¡jum! El dobletriple.

Me contó sobre ese día que algunos vendedores pasan derecho desde el viernes hasta el domingo y que las rosas son las flores preferidas, aunque no solo para estas fechas; que el fin de semana no hay por dónde pasar y el domingo le piden, también, ramos para madres vivas.

“El sábado es el día para la madre muerta, pero la gente viene sábado o domingo”, aclara.

“La realidad exige que también se diga: la vida sigue”, dice uno de los poemas de Wislawa Szymborska, pero los católicos o los latinos o los humanos —¡no sé!— no entendemos cómo seguir la vida tras la realidad de la muerte. Por eso la decoramos y le ponemos una cintica o una foto, varias flores o escogemos una buena ubicación… Y nos gastamos lo que tenemos para preservar en la memoria lo que ya no se puede escuchar, ni ver, ni sentir. ¿Qué recordarán, realmente, de esa persona a la que le llevan flores? ¿Resonarán aún con precisión las palabras entonadas a su manera? ¿El olor —el verdadero olor— será buscado en algún espacio en el que transitaba o permanecía? ¿Será que esa frase de la lápida le habría gustado? ¿Será que hay algo de culpa en la memoria? Yo no sé… Pero eso, todo eso, es lo que nos queda.

n 2007 la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín, conformada para la interlocución de la sociedad civil con la administración municipal, propuso a quienes aspiraban a la Alcaldía para el periodo 2008–2011 la creación de la Clínica de la Mujer. La institución atendería problemas de salud como el cáncer de mama y de cuello uterino asociados específicamente con esta población.

Además, ofrecería asesoría en métodos anticonceptivos, entre otros aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Un año antes la Corte Constitucional había despenalizado parcialmente el aborto en la Sentencia C-355 de 2006.

Esta lo permite en tres circunstancias: cuando

el embarazo ponga en riesgo la salud o vida de la madre, cuando exista una malformación del feto que haga inviable su vida, o cuando el embarazo sea producto de abuso sexual, incesto, inseminación o transferencia de óvulo fecundado no consentida. La Clínica de la Mujer también se ocuparía de garantizar ese derecho.

La idea fue adoptada por Alonso Salazar, quien resultó elegido como alcalde, e incluyó el proyecto en su Plan de Desarrollo. Pero a pesar de la sentencia y de que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sería solo uno de los servicios que ofrecería la institución, varios sectores conservadores de la ciudad acuñaron la expresión “clínica de la muerte” y pusieron en entredicho el proyecto. La Iglesia católica y la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Alejandro Ordóñez, se opusieron abiertamente a la iniciativa. En 2009, además, el periódico El Colombiano publicó el editorial “Griten por quienes no pueden gritar”, en el que también cuestionó el proyecto: “Quizás esta clínica de salud sea legal. Pero no todo lo legal es éticamente aceptable. Así muchos se peguen de la legalidad para dar vía libre a comportamientos, alegatos jurídicos y actos de gobierno carentes de ética”.

Ese mismo año, Ordóñez encargó la creación de un grupo de trabajo para “ejercer control preventivo” al proyecto de la Clínica de la Mujer y, en ese contexto de las presiones que recibió la administración de Salazar, Rocío Pineda García y Luz María Agudelo, secretarias de las Mujeres y Salud respectivamente, presentaron sus renuncias.

Judith Botero es antropóloga y vocera de La Colectiva, Alianza Colombiana por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Ha seguido el desarrollo de la Clínica de la Mujer desde 2007 y, según ella, “que una clínica de la mujer se haya vuelto la ‘clínica de la muerte’, es porque nos reducen a úteros y no más”.

El proyecto quedó suspendido durante la administración de Salazar hasta que en 2012 Aníbal Gaviria lo incluyó en su Plan de Desarrollo, pero modificó su nombre y retiró la IVE de los servicios ofertados. La construcción del edificio comenzó en 2013 y finalmente, en 2018, ya en la administración de Federico Gutiérrez, se inauguró el Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia (CISAMF). Ubicado en el barrio Sevilla, este centro cuenta con solo dos pisos de los ocho que inicialmente contemplaba el proyecto y solo presta servicios ambulatorios. La IVE no se practica en ese lugar y el personal que allí trabaja asegura que cuando las mujeres consultan sobre ese procedimiento, se les remite a otras instituciones.

Aunque el CISAMF comenzó a operar en la presente administración, Botero afirma que durante los últimos años en Medellín poco o nada se ha hecho en relación con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “Yo pienso que Fico no está con los derechos sexuales y reproductivos para todo el mundo. Yo no estoy hablando de si a él le da la gana o no de estar de acuerdo con la IVE, pero la Alcaldía tiene que cumplir con la ley. Porque la sentencia no se refiere solo a hacer la IVE, la sentencia se refiere también a educar sobre ese derecho”, dice.

Natalia López Delgado es la subsecretaria de Salud Pública de la Alcaldía de Medellín y asegura que uno de los proyectos con mayores resultados de la administración en relación con derechos sexuales y reproductivos, es el Modelo de Atención Integral en Salud. Este, que comenzó a

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En De la Urbe revisamos nuestro archivo y seleccionamos las problemáticas de ciudad que, en estos 20 años, han sido más frecuentes en nuestras páginas.

En nuestras ediciones impresas de 2019 haremos seguimiento a esos temas con una mirada de actualidad.

Segunda entrega: derechos sexuales y reproductivos.

Ilustración: Luis Bonza Ramírez

Ilustración: Karen Parrado Beltrán

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Lo que nos queda Las obras de arte solo se entienden cuando sus artistas ya no están”, escribió Gina mientras le repetían al teléfono otras palabras que no me atreví a leer de sus apuntes. Ella no quería atenderme porque el trabajo era mucho y yo era una simple muchachita con dudas sobre su oficio. Ella me recibió, creo, porque la criaron para servir.

Su papá la metió en el negocio del mármol desde hace 36 años y allí, en Artes y Mármoles, lleva 18 trabajando. Le pregunté por las lápidas y me dijo que los precios iban desde 190.000 hasta 700.000 pesos, según el diseño; que primero hacen la plantilla en un computador para luego pegarla en el mármol; que eso se demora dos horas, pero les dicen a los clientes que de tres a cuatro días; que antes, cuando no había computadores, el mismo diseño podría llevarles un día entero.

Gina me contó que las personas acuden a menudo para repetir los diseños que se han resquebrajado en el cementerio. “La gente cuida mucho ese aspecto”, dijo, y me quedé pensando en que la vanidad trasciende incluso la muerte. Seguro, asumo, la próxima vez que vea una lápida quebrada voy a pensar en que no hubo plata, interés o dolientes para reparar ese fino pedazo de roca.

No permanecí mucho tiempo allí porque los monosílabos dejaron de informarme y los mármoles me estaban espantando: el nombre enorme en la posición superior, la imagen de Jesús crucificado, María con el niño en brazos o un angelito cualquiera, la fecha de nacimiento y la de muerte, la frase de despedida... ¿Qué diría mi lápida? Algo de Fernando González o Nietzsche,

años

operar en las comunas 1, 2, 3 y 4, pretende educar en sexualidad responsable e identificar las situaciones individuales que requieran atención. Con el programa, dice la funcionaria, cerca de cuarenta mil estudiantes han recibido información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, y dos mil jóvenes han recibido el implante subdérmico como método anticonceptivo.

Por su parte, Rita Elena Almanza, líder del programa de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, agrega que con previa coordinación con las IPS se realizan actividades de asesoría y asistencia técnica en lo relacionado con la IVE para el personal de salud de esas instituciones en el municipio. Explica Almanza que “se realizan en modalidad de taller teórico-práctico con simulación en la técnica de la aspiración manual endouterina”, un procedimiento para interrumpir embarazos de entre una y doce semanas. Sin embargo, otros factores impiden una atención en salud integral en relación con la sexualidad y el embarazo. Aunque la administración ofrezca capacitación al personal de salud de las IPS existen vacíos en la formación de los estudiantes de las áreas de salud.

Kerlin Barrios es médico de la Corporación Universitaria Remington y actualmente trabaja en la Clínica Soma y en Profamilia. Esta última es una institución privada enfocada en temas de salud sexual y reproductiva.

Aunque Profamilia ha sido una de las entidades que se ha encargado de garantizar y practicar la IVE en Medellín, de acuerdo con lo contemplado en la sentencia de 2006, cuando Barrios llegó a trabajar allí no sabía cómo practicar el procedimiento.

Explica que en la Clínica Soma él mismo se ha convertido en uno de los únicos médicos que sabe cómo atender a una mujer que consulta con la intención de interrumpir su embarazo, y que la mayoría del personal médico no solo no está capacitado, sino que desconoce la ruta de atención que debe proponerle a las pacientes para garantizarles su derecho. Esa realidad contrasta con lo expresado por las funcionarias de la Secretaría de Salud. Según Almanza, “como resultado de los proyectos se percibe el mejoramiento de la oferta institucional para realizar la IVE, con una cobertura de rutas en el 100 % de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios”, que son las entidades que deben aliarse con las IPS para prestar los servicios de salud.

Sumada a esa desinformación, existe un contexto cultural que pone en entredicho la libertad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos y sus propios proyectos de vida. Según datos de la “Encuesta de percepción sobre la interrupción voluntaria del embarazo”, realizada por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en el año 2017, solo el 47 % de la población colombiana está de acuerdo con que la interrupción voluntaria del embarazo es una decisión libre de la mujer.

Para Botero, lo que hace falta es una ciudad que ofrezca oportunidades para pensar distinto: “Es una reflexión de todos los días, desde que nacemos. Nos embutieron esa cultura patriarcal, pero necesitamos que nos den la cultura como beneficio, no como imposición. Eso es de todos los días y en todas partes. Y la responsabilidad no es de la familia, porque si la familia no es capaz lo tienen que hacer los funcionarios”.

DLU 46 - abril/2010

Daniela Margarita Ramírez Ozuna Egresada de Periodismo en 2013.

En abril de 2010 publicó el texto “Ahí vamos, mujer” en coautoría con Cristina Arévalo, Carolina Valle y Santiago Casafús. El artículo hace un recuento de las luchas del movimiento feminista en Medellín y enuncia la problemática de la Clínica de la Mujer. En la actualidad, Daniela trabaja en la división de Talento Humano de la Universidad de Antioquia.

Recuerdo que trabajamos el tema por un interés personal de cada una de nosotras. En mi caso, por ser mujer y porque me sigue moviendo mucho lo que pasa no solo en la ciudad, sino en el país respecto a las luchas que tenemos que seguir dando las mujeres para poder seguir adquiriendo cada vez más derechos. En ese momento estaba muy en boga el asunto del feminicidio, entonces nos permitía explorar unos casos puntuales.

Es muy triste que tengamos que seguir hablando todo el tiempo del mismo tema porque hay muchas cosas que no han cambiado. El tema es importante hoy porque seguimos hablando de lo mismo, porque tenemos un contexto político donde todavía nos toca seguir peleando por conquistar derechos, porque vivimos en una sociedad muy desigual, porque a las mujeres todavía nos toca ganarnos espacios a los que no podemos acceder en igualdad de condiciones que los hombres. Hoy en este país con el gobierno que tenemos es importante seguir hablando una y otra vez del tema.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

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s o d o t : a z n a h c a a n e u s d a id in t s e d n la "En Medellíne laoccurre, pero hay demasiado puddoor, saben lo qu desvergüenza, demasiado peca vergüenza oa hablar de ello". o delito par

Presentación del libro conmemorativo De la Urbe // 20 años

Jueves 12 de septiembre de 2019

6:00 de la tarde

Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín Hall del Edificio de Extensión de la Universidad de Antioquia

No. 96 Medellín, septiembre de 2019