Densidades n°15 by Revista Densidades

ISSN 1851-832X ISSN 1851-832X (VERSIÓN (VERSIÓN ELECTRÓNICA) ELECTRÓNICA)

densidades

aldo ferrer rogério santos da costa maría verónica la roca carmen rosa schaposnik eugenia candelaria pardo silvia quintanar marina cifuentes julio césar ielpi boyero maría florencia socoloff gabriela dalla-corte caballero

15 mayo 2014

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ISSN 1851-832X (VERSIÓN ELECTRÓNICA)

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Director Osvaldo Andrés García Comité Editorial Juan Guevara Luciana Litterio Juan Carlos Moraga Colaboradores Marcelo Bancalari Solá Nancy Caggiano Marina Cifuentes Luciano Tosco

contacto@densidades.org

15 mayo 2014

Editor Responsable

Osvaldo Andrés García Tel: (54-11) 4361-5130 Cel: 15-6815-7961 Calle Perú 1031 Ciudad Autónoma de Buenos Aires C1068AAK. República Argentina osvaldoagarcia@densidades.org

densidades número 15 - mayo de 2014

Sumario 9 13

A modo de presentación “El sentido profundo de la integración es que sea un instrumento de las políticas nacionales de transformación” Entrevista a Aldo Ferrer Osvaldo Andrés García y Luciana Litterio Estratégias da Política Externa Brasileira para integração regional: comparações institucionais a partir do Governo Lula

Rogério Santos da Costa

La evolución de la Propiedad Industrial en el MERCOSUR: aspectos normativos y comparación con la CAN

María Verónica La Roca

ALBA-TCP y AP: visiones divergentes sobre la integración y el comercio

Carmen Rosa Schaposnik y Eugenia Candelaria Pardo

De Cancún a Bali: Argentina y Brasil en las negociaciones de Doha sobre agricultura y acceso a mercados no agrícolas

Silvia Quintanar y Marina Cifuentes

La Alianza del Pacífico como nuevo actor regional. Evolución y perspectivas.

Julio César Ielpi Boyero

103

Las centrales sindicales argentinas frente al proceso de integración regional: entre el MERCOSUR y el ALCA

María Florencia Socoloff

119

CULTURAS Celebraciones, centenarios y fronteras simbólicas: el debate argentino ante la lengua española durante la primera mitad del siglo XX

Gabriela Dalla-Corte Caballero

143

LECTURAS UNASUR y sus Discursos. Integración regional / Amenaza externa / Malvinas, de Elvira Narvaja de Arnoux, Juan Eduardo Bonnin, Julia de Diego y Florencia Magnanego Juan Carlos Moraga

149

ACADEMIAS Maestría y Especialización en Cultura Guaraní Jesuítica Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones, Sede Oberá, Provincia de Misiones, Argentina

151

DOCUMENTOS Declaración de La Habana. II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) La Habana, 29 de enero de 2014

165

DOCUMENTOS Conclusiones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR Galápagos, 22 y 23 de mayo de 2014

Los contenidos de esta publicación expresan exclusivamente la opinión de sus respectivos autores.

densidades a modo de presentación Estimados Lectores: Hace exactamente seis años, en mayo de 2008, editábamos nuestro primer número de densidades. Aquellas páginas comenzaban con un texto que Aldo Ferrer generosamente nos remitió para su publicación. Era otro contexto el de aquel 2008. La región parecía haber construido, por fin, un inusual consenso acerca de los mecanismos de integración regional, autónomos e independientes, que debían establecerse y fortalecerse. Pero también, y más importante aún para el futuro de la integración de esta región, en muchos de sus Estados nacionales se consolidaban con fuerza y gran apoyo popular, proyectos políticos trasnformadores y democratizadores que impulsaban el desarrollo nacional con inclusión social, la recuperación de la soberanía productiva y el relacionamiento no subordinado en su política exterior. Como bien señala Aldo Ferrer en la entrevista que publicamos en el presente número, no hay proyecto de integración regional sustentable aislado de las políticas nacionales de desarrollo que lo vuelvan necesario. La integración regional debe ser un instrumento para el fortalecimiento de estas políticas. La construcción de la densidad regional es sólo posible cuando se ha avanzado en la construcción de la densidad nacional, que implica no sólo mejorar la siempre pobre infraestructura en nuestra región, sino llevar a cabo políticas de industrialización efectivas que eviten profundizar la primarización de nuestras economías, empujadas por los altos precios de las commodities que exportamos; políticas de desarrollo científico y tecnológico para alcanzar mayor autonomía en nuestro desarrollo productivo; políticas sociales de inclusión, redistributivas que busquen la construcción de sociedades más justas, menos violentas y más densidades nº 15 - mayo 2014

democráticas; políticas de relacionamiento externo que busquen en la coordinación con los demás países alcanzar mayores niveles de autonomía para la región en su conjunto, dejando atrás aquel triste elogio de la insignificancia que pregona el relacionamiento privilegiado con los grandes centros de poder financiero como única estrategia de supervivencia nacional; combatir las asimetrías estructurales y productivas al interior de cada uno de nuestros países y de la región para no reproducir en el espacio ampliado relaciones centro-periferia. Sin estas políticas nacionales, poco es lo que se puede esperar de la integración regional, poco es lo que podemos exigir de sus instituciones. La región parece estar asistiendo a una ofensiva reaccionaria a aquel consenso alcanzado en la década pasada. Un ALCA aggiornado se vuelve a instalar como opción posible, no sólo en aquellos países gobernados por proyectos políticos que adhieren en lo económico a alguna variante del neoliberalismo, sino incluso en aquellos que han tenido a la integración regional como bandera política. Será la profundidad del proceso democratizador vivido en la última década en cada país la que determine si esos proyectos podrán alcanzar el poder en los ámbitos nacionales y logren minar desde dentro las instituciones de la integración que tanto costaron construir. Hoy, como ayer, como siempre, el peligro mayor para nuestro desarrollo y para nuestra autonomía está en los proyectos de nuestras propias élites políticas y económicas. Parafraseando una vieja consigna, “sólo los pueblos de la región pueden salvar a la integración”. Osvaldo Andrés García 25 de mayo de 2014

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entrevista

“El sentido profundo de la integración es que sea un instrumento de las políticas nacionales de transformación” Entrevista a Aldo

Ferrer

densidades: Hace ya seis años comenzábamos el proyecto de nuestra revista densidades con un artículo suyo, en un contexto donde parecía haberse alcanzado un consenso sobre la necesidad de contar con instituciones de la integración fuertes y autónomas. Hoy seis años después aquel consenso parecería haberse debilitado ¿Cómo ve usted el contexto actual de la integración regional en América Latina?

Aldo Ferrer: Creo que se ha avanzado mucho en la dimensión política y se ha confirmado la vocación integracionista de Brasil, de Argentina, el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia. Lo que sucede es que los países están enfrentados con problemas internos complicados como es nuestro caso, como es también el caso del Brasil y su política interna, entonces esa dimensión nacional absorbe mucho la atención de

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA, 1953). Profesor Emérito UBA. Ministro de Economía y Hacienda (Provincia de Buenos Aires, 1958-60), de Obras y Servicios Públicos (1970) y de Economía y Trabajo de la Nación (1970-71). Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires (1983-87) y de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Dirigió la Comisión Organizadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y fue su primer Secretario Ejecutivo (1967-70). Miembro de la Academia Nacional de Economía. Cofundador del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y del Grupo Fénix. Embajador de la República Argentina en la República de Francia (2011-2013). Autor de numerosos libros, entre ellos: La economía Argentina (cuatro ediciones, primera edición 1963); Tecnología y política económica en América latina (1974); Economía internacional contemporánea: texto para latinoamericanos (1976); Nacionalismo y orden constitucional: respuesta a la crisis económica de la Argentina contemporánea (1981); La posguerra. Programa para la reconstrucción y el desarrollo argentino (1982); El país nuestro de cada día. Argentina y el sistema internacional (1985); Historia de la globalización. Orígenes del orden económico mundial (1996); Hechos y ficciones de la globalización. Argentina y el MERCOSUR en el sistema internacional (1997); De Cristóbal Colón a Internet: América Latina y la globalización (1999); Historia de la globalización II. La Revolución Industrial y el Segundo Orden Mundial (2000); Vivir con lo nuestro. Nosotros y la globalización (2003) y El futuro de nuestro pasado. La economía argentina en su segundo centenario (2010).

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la dirigencia política y esto le quita prioridad a lo que es la integración. Creo que esa es la realidad. Que en el aspecto político el avance es notable con la creación de la UNASUR, la CELAC, todo lo que se ha logrado en materia de capacidad de tratar los problemas políticos de la región entre nosotros mismos, la resolución de conflictos como hubo en Bolivia, en Ecuador, sin interferencias externas, incluso el tema de la crisis colombovenezolana donde la intervención de UNASUR a través de su Secretario General Néstor Kirchner fue muy importante. Creo que se ha avanzado mucho en interiorizar los problemas políticos y resolverlos nosotros mismos. Y también el diálogo político, hay un diálogo muy frecuente. Esto es un hecho relativamente nuevo, también se han eliminado viejas hipótesis de conflicto como en el caso de Argentina y Brasil a partir de los acuerdos de Alfonsín y Sarney sobre energía nuclear y otras cuestiones. Entonces yo creo, les vuelvo a decir, desde el punto de vista político estamos en la mejor situación que ha habido en la historia, porque nunca ha habido tanto intercambio, tanta existencia de instrumentos de cooperación política; pero en materia de integración estamos muy atrapados con los problemas internos y esto creo que a veces le quita prioridad al proceso de integración. Ha habido también un cambio, sobre todo en el MERCOSUR, el planteo

libremercadista que se instaló en los gobiernos de Collor y Menem, de alguna manera ha sido substituido por políticas nacionales más influidas por el Estado. Entonces esto ha dado lugar a estos conflictos que han surgido en materia comercial, pero que creo que se han tratado con un buen espíritu de cooperación en virtud de este acercamiento político. Yo diría que el déficit que subsiste en un escenario internacional en el cual la presencia de China incluso empieza a plantear algunos problemas en términos de modelos de desarrollo, es si vamos a quedar respecto de ese nuevo centro económico como exportador de materias primas o vamos a tener una relación distinta y eso va a influir en la región. Todo esto que se está debatiendo, acerca de la reprimarización, en definitiva, en la medida en que el desarrollo industrial y tecnológico se debilita relativamente, el potencial de la integración disminuye. Esto creo que ha dado lugar a la ausencia de iniciativas realmente audaces como las que existieron en los acuerdos de Alfonsín y Sarney -los acuerdos bilaterales entre Brasil y Argentina-, donde estaba prevista la coordinación de la política industrial, acuerdos sobre bienes de capital, etc. Subsisten de aquellos acuerdos cosas importantes, por ejemplo en materia nuclear hay acuerdos muy importantes recientes entre Argentina y Brasil. Pero yo diría, si usted me pide un resumen, que estamos en un escenario internacional distinto

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Entrevista a Aldo Ferrer

donde cada uno de los países enfrenta desafíos particulares respecto de su inserción internacional, en donde la empatía política en torno de ideas nacionales y sociales ha ampliado el espacio con un grupo de países, la convergencia de objetivos de esa naturaleza. Y al mismo tiempo está el hecho que la realidad interna atrapa la atención de los liderazgos políticos y no nos queda mucho tiempo para tratar de construir en la diversidad ciertos ejes de integración en materia de infraestructura, de ciencia y tecnología, de desarrollo industrial, lo cual en definitiva es probablemente una conclusión de que en la diversidad existente, la pretensión de imponer normas comunitarias y transferir soberanía a la esfera comunitaria como han hecho en Europa no se adecúa a la realidad de América del Sur. De hecho, la experiencia europea demuestra cuáles son las consecuencias de tener normas comunitarias muy fuertes, con traslado de soberanía a la esfera comunitaria, incluso con una moneda común. Porque en ese tipo de integración, como lo estamos viendo en Europa, los países más vulnerables están sometidos al endeudamiento, están sometidos a estas políticas neoliberales que prevalecen en Europa con procesos de ajustes salvajes. Así que en eso también creo que hemos aprendido bastante, porque en una época se pretendía que el modelo europeo fuera un modelo aceptable para la realidad sudamericana. La realidad es que no lo es por la diversidad de los países de la región y porque en Europa densidades nº 15 - mayo 2014

mismo estos acuerdos, en los cuales no hay suficiente solidaridad entre los países, están en discusión, porque si no se constituye un espacio político federal, se sigue con procesos de integración conducidos por los Estados nacionales y los intereses privados que actúan en la región, donde por cierto siguen prevaleciendo en gran medida los intereses de las filiales de empresas extranjeras. Entonces, yo diría que la realidad se impone sobre los proyectos de integración en virtud de esta diversidad de situaciones. Vuelvo a insistir en la importancia que tiene la dimensión política y creo que en esa diversidad hay que tratar de avanzar en algunos ejes fundamentales: en inversiones, infraestructura, ciencia y tecnología, políticas industriales Está es mi apreciación general de la situación. densidades: ¿En esta coyuntura cuál sería el MERCOSUR posible, ya no el deseable? Aldo Ferrer: El MERCOSUR posible es el que es, el MERCOSUR posible es el de países con problemas internos muy importantes en donde lo fundamental de los problemas se da en cada espacio nacional, cada país busca su camino y está en cierto sentido también integrado al escenario internacional en virtud de su propia historia, con la aparición de este protagonismo nuevo de China. Todo eso configura nuevos desafíos al proyecto regional, yo creo que se ha avanzado mucho en el aspecto político

“El sentido profundo de la integración es que sea un instrumento de las políticas nacionales de transformación”

pero no en el aspecto económico: Entonces hay que aceptar esa diversidad. Creo que el mejor MERCOSUR es el MERCOSUR posible que es: en la diversidad construir espacios de convergencia en sectores prioritarios y trabajar en esa línea. Creo que la idea de un espacio comunitario con transferencia de soberanía al espacio regional al estilo europeo acá no funciona y como estamos viendo funciona de manera muy particular en Europa. Así que el resumen es ese: yo creo que el MERCOSUR posible es el que hay. densidades: En este contexto, ¿Cómo juegan proyectos como la Alianza del Pacífico, que reflotan esta idea del relacionamiento privilegiado con los grandes mercados, como estrategia de inserción en el escenario global? Aldo Ferrer: Bueno, yo diría que eso depende de cómo cada país ubica ese acercamiento a la Cuenca del Pacífico en relación a su propia política económica. En los países en los que hay una visión neoliberal, que tiene mucha influencia en muchas partes, la idea esta de la apertura, de la integración a espacios mayores trasnacionales es sugestiva y provoca estas iniciativas. Por el contrario, cuando se tiene una visión más nacional del desarrollo -que yo creo que es la correcta-, donde lo fundamental es la estrategia, el papel del Estado nacional, el apoyo a la ciencia y la tecnología, el apoyo a las empresas nacionales, el apoyo a la industrialización, es decir cuando se concibe el desarrollo no como un fenómeno

derivado de la vinculación con el resto del mundo sino un desarrollo que depende esencialmente de la voluntad política de cada país y de su Estado nacional, esto configura el tipo de relación con el exterior. Entonces en los países, vuelvo a insistir, en que hay este enfoque neoliberal se mira en ese sentido y esto le puede quitar también atractivo a mirar así el espacio sudamericano. Yo creo que la postura está muy marcada políticamente. Está muy claro, por ejemplo en Brasil y también acá en Argentina, quiénes tienen esta visión nacional del desarrollo, en pro de la soberanía, el mercado regional y la asociación regional como un espacio de fortalecimiento de la soberanía. Cuando por el contrario prevalecen visiones distintas respecto del desarrollo y de la inserción en el mundo, se enfatizan las relaciones con los centros de poder y demás. densidades: ¿Usted no ve un peligro de un regreso triunfal del regionalismo abierto? Aldo Ferrer: Bueno, ese fue el planteo neoliberal de la integración, ¿no? Yo creo que de alguna manera las políticas que se han seguido acá tienen otra inspiración, pero también es cierto que no hemos dado pasos suficientes como para acercarnos más en materia industrial, en materia tecnológica, este es un poco el cuadro. Siempre rechacé la visión pesimista del MERCOSUR en el sentido de cuán lejos estábamos de la integración ideal, del MERCOSUR ideal, y siempre dije que esta realidad de densidades nº 15 - mayo 2014

Entrevista a Aldo Ferrer

la región se impone, que el tema es integrar la diversidad, y en la diversidad fortalecer algunos ejes estratégicos que nos quedan por resolver en política industrial, en política de infraestructura, consolidar el avance en el entendimiento político: que les vuelvo a insistir me parece un paso que no debe subvalorizarse, sino más bien apreciarlo en toda su importancia, como una expresión de amistad entre los países que tienen una visión nacional, soberana del desarrollo social, acercarnos para ponernos de acuerdo en cuestiones como por ejemplo las relaciones entre el MERCOSUR y la Unión Europea, o en acontecimientos internacionales de diversa naturaleza. Esta es mi apreciación. densidades: Parecería que el MERCOSUR está cerca de cerrar una oferta a la Unión Europea y así avanzar en una negociación que lleva muchos años. ¿Usted cómo ve esa posibilidad de cerrar un acuerdo? ¿Qué sectores se verían más afectados? Aldo Ferrer: Creo que en las relaciones que nosotros tenemos con el resto del mundo, tenemos que evitar dos riesgos: reproducir la vieja relación centro-periferia y ceder instrumentos de políticas nacionales que son indispensables para la industrialización, el cambio técnico y la afirmación de la soberanía. Entonces si nosotros tomamos compromisos en materia de políticas de compras públicas, de liberalizarla, de desgravación de importación de manufacturas y demás, densidades nº 15 - mayo 2014

incluso aunque del otro lado nos abran los mercados de productos primarios, aunque eso pasara -que no sucede porque la Unión Europea sigue teniendo una política agrícola común muy fuerte- podría reproducir una relación de tipo centro-periferia, que es el riesgo que corremos con China. Que en virtud del dinamismo del mercado chino en la demanda de soja, minerales y otra cantidad de cosas, y con el poder financiero que tiene China para penetrar los mercados nacionales, lleguemos a configurar una relación de reprimarización de nuestras economías. Nuestro problema es el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento del empresariado nacional y orientar la inversión extranjera en el sentido de la transformación, en el marco de políticas que mantienen la soberanía, que consolidan los equilibrios macroeconómicos, que permiten hacer políticas nacionales y que permiten hacer políticas regionales. Porque la verdad que cuando la situación de las políticas nacionales es vulnerable, es decir, si hay dificultad de hacer políticas nacionales fuertes ¿qué políticas regionales podemos hacer? Una condición importante de la integración regional es la consolidación de las situaciones nacionales, y eso deja mucho que desear y eso se refleja en los problemas de la integración. Así que es, en ese escenario complejo, que tenemos que imaginar cosas que podamos hacer. Hay una serie de iniciativas muy interesantes, como por

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ejemplo un proyecto de Argentina y Brasil en materia tecnológica de un reactor nuclear de investigación, hay programas en la región de cooperación en lo social, ese tipo de cosas. densidades: Hay muchos puntos de la agenda política de la región que se están trabajando tanto en marcos institucionales de MERCOSUR ampliado como de UNASUR, participando en ambos espacios los mismos países. ¿Cuál es su visión respecto a la convergencia entre los dos procesos para evitar que se negocien los mismos temas en distintos ámbitos? Aldo Ferrer: Debería haber una convergencia entre los dos procesos y evitar la superposición de agendas, porque creo que es un contrasentido tratar de hacer las mismas cosas bajo dos paraguas institucionales. Allí tiene que haber una coordinación y probablemente la va a haber, esa es mi apreciación sobre ese punto. densidades: Una de las características de la última década fue el alto precio de los commodities que exporta la región. ¿Qué se debe hacer para que esto no atente contra los propios proyectos de desarrollo nacional? Aldo Ferrer: Política industrial. En el caso nuestro, por ejemplo nuestro subdesarrollo industrial se refleja en los sectores de más tecnología, todo el déficit en el comercio de manufacturas de origen industrial está concentrado en autopartes, en productos electrónicos, en maquinaria y equipos, en algunos

productos químicos. Es decir, somos países subindustriales y, cuando un país es subindustrial tiende a tener una relación con el resto del mundo de carácter periférico, subordinada. Nosotros eso no lo hemos superado, nuestro comercio sigue siendo básicamente un comercio exportador de productos de menor valor agregado e importamos productos de alto valor agregado, resultado de nuestro subdesarrollo. Entonces la resolución de eso es la industrialización, avanzar en la integración de las cadenas de valor nacionales, apoyar a las empresas nacionales, orientar a las filiales, no solamente a producir para el mercado interno sino a exportar, a traer tecnología. En este sentido es muy interesante la comparación de lo que hacemos nosotros y lo que hacen los países asiáticos. Si nosotros contrastamos las políticas de desarrollo de esos países emergentes de Asia con las nuestras las diferencias son abismales. Allí hay Estados muy fuertes. Por ejemplo la OECD en París tiene un estudio comparativo de los regímenes de inversión extranjera, analiza qué grado de apertura y cuáles son las condiciones de radicación de la inversión extranjera. Los dos países más restrictivos son China y Corea del Sur, y son de los que reciben más inversión extranjera, porque para invertir allí, hay que invertir en lo que quieren los chinos y en lo que quieren los coreanos, traer tecnología y exportar. Todas las filiales son en conjunto superavitarias en materia de

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Entrevista a Aldo Ferrer

comercio internacional. Acá ¿qué política hemos seguido?: la apertura incondicional, “toda inversión es buena”, y vienen y ocupan el mercado interno y terminan generando un déficit fenomenal porque importan insumos, mandan plata afuera y no exportan. Entonces tenemos este déficit fenomenal en el comercio de manufacturas intraindustrial, dentro del cual la operatoria de las filiales es parte principal del problema. Entonces el tema es la política nacional. Por eso le digo, cuando hablamos de integración, tenemos que preguntarnos qué tipo de política nacional estamos siguiendo. Si seguimos una política en que estamos sometido a la inercia del mercado la integración no puede ser mucho más que lo que tenemos hoy. El sentido profundo de la integración es que sea un instrumento de las políticas nacionales de transformación. Por ejemplo, en el tema de las autopartes, tenemos un déficit que es cada vez mayor porque las terminales son todas filiales y las filiales importan los elementos de mayor complejidad que cambian todo el tiempo desde los lugares que más le convienen, entonces vamos a tener ese déficit que tenemos en materia de autopartes, y eso le pasa a los brasileños y nos pasa a nosotros. Ahora, si nosotros dijéramos: bueno vamos a acabar con esta historia, vamos a tener empresas nacionales de automóviles que integren la cadena de valor y que, por ejemplo en el sector de autopartes,

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incorporen valor, incorporen tecnología. Es lo que han hecho los países asiáticos, este caso es emblemático, porque entraron a la industria automotriz después que nosotros, pero entraron con empresas nacionales. Si nosotros nos proponemos hacer una política nacional en ese sentido y nos ponemos de acuerdo con los brasileños podemos armar un complejo automotriz mercosureño formidable. Ahora, si no tenemos capacidad de hacer esas políticas a nivel nacional, no tenemos ninguna posibilidad de hacerla a nivel regional. Entonces la limitación es esa, nuestro problema es la incapacidad de nuestros países, histórica, de realizar las transformaciones necesarias para romper la estructura subindustrial, de insertarnos en el mundo, no principalmente como proveedores de productos primarios, sino como proveedores de todo tipo de bienes, incluso en el sector de bienes de alta tecnología tener una fuerte capacidad exportadora que nos permita importar todo lo que hace falta sin entrar en déficit en el comercio internacional. Así que en definitiva yo creo que, volviendo al tema, la integración es el reflejo de lo que son las políticas nacionales y los problemas nacionales. Teniendo dificultades en hacer las políticas internas de transformación, tenemos limitaciones en utilizar ese instrumento regional en todo el potencial que tiene y uno de cuyos ejemplos notables es este. Si tuviéramos políticas nacionales en materia de

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automóviles como esta que estoy diciendo, y los brasileños también, y nos ponemos de acuerdo, los dos mercados juntos sería uno de los mercados más importantes del comercio mundial de automóviles. Pero no es así, el comercio está en manos de las filiales y la integración en esa materia es integración entre filiales de multinacionales. densidades: ¿Por qué piensa usted piensa que no se puede avanzar en una decisión política en ese sentido? Aldo Ferrer: Ese es nuestro problema histórico, cuáles son las causas de nuestro subdesarrollo, son razones complejas. densidades: Prensábamos en la industria aeronáutica, quizás en los años ‘80 la industria aeronáutica argentina y brasilera tenían potencialidades similares. Aldo Ferrer: Ese es un ejemplo muy interesante, porque allí los brasileños, a diferencia nuestra, hicieron una política de desarrollo nacional en materia aeronáutica y construyeron Embraer que es la tercera empresa constructora de aviones del mundo. Y nosotros que hace cuarenta años estábamos mucho más avanzados que ellos, que en la época del primer gobierno del general Perón, Argentina fue uno de los primeros países del mundo en fabricar un avión a reacción y tuvimos la fabrica de aviones de Córdoba, con la apertura de 1976 tiramos todo eso por la borda. Entonces ahora no tenemos industria aeronáuti-

ca, lo que tenemos es incipiente. Si nosotros hubiéramos mantenido aquello y nos poníamos de acuerdo con los brasileños, hubiéramos podido hacer un complejo Embraer-Argentina de gran porte, pero ellos se cortaron solos, lo hicieron bien y nosotros quedamos donde estamos. Es interesante, esa es una de las asimetrías entre Argentina y Brasil. Nosotros en el neoliberalismo rifamos todo y los brasileños algunas cosas no las rifaron, no rifaron la banca de desarrollo, tienen ese banco formidable que es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), no rifaron el sector de la aeronáutica, y no rifaron el protagonismo de las grandes empresas de la construcción en las grandes obras públicas donde tenés complejos de grandes empresas brasileñas en la construcción e ingeniería. Eso lo tiramos por la borda, entonces claro, qué integración vamos a tener o podríamos tener con Brasil cuando la Argentina se empeñó en desindustrializarse y endeudarse. Esa es mi apreciación, yo creo que la integración se da en el plano de la evolución de las políticas nacionales, en la medida en que trabajemos en cada país en construir proyectos industriales, de integración social, vamos a ampliar las fronteras de la integración. Si no lo hacemos, el MERCOSUR será lo que será, un espacio de convergencia en algunas cosas y en otras insignificante. densidades: ¿Por qué cree usted que densidades nº 15 - mayo 2014

Entrevista a Aldo Ferrer

sigue imperando en el sentido común mediático e incluso académico, los discursos económicos que provocaron tanto daño a nuestras economías? Aldo Ferrer: Es que estamos infectados de neoliberalismo, a pesar de que hay un gran rechazo ahora en Brasil y Argentina y hay un pensamiento crítico. Hace un rato estuvimos aquí reunidos con los amigos del grupo Fénix, ahí nosotros hicimos toda una serie de planteos teóricos, de políticas, una propuesta sólida de desarrollo industrial nacional y demás. Pero acá hay un concepto predominante: si usted habla acerca de que hacen falta inversiones, la respuesta generalizada no sólo desde el campo neoliberales hay que atraer inversiones, ¿qué significa atraer inversiones? Son inversiones que vienen de afuera y esto ignora el hecho fundamental que la inversión es esencialmente la inversión nacional, y que si no se moviliza el ahorro interno y no se construyen empresas nacionales importantes, entonces terminamos en situaciones de extrema extranjerización como la de la Argentina, donde de las quinientas mayores empresas, más de dos tercios son filiales y generan el ochenta por ciento del valor agregado. Entonces qué empresariado nacional vamos a tener cuando la mayor parte del sistema está en manos de filiales; y si está en manos de filiales, qué cooperación vamos a tener para hacer una política industrial con Brasil, fuera del acuerdo entre las filiales. Entonces esta es un poco la

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realidad. En resumen, tenemos el mejor de los MERCOSUR posibles y dadas las circunstancias. Ahora dentro de esas circunstancias, a pesar de todo, porque no tenemos que decir “bueno mirá, no podemos hacer nada hasta que Argentina y Brasil no sean países industriales”, el tema es cómo aprovechamos la integración para -si es eso lo que queremos hacer- tener países industriales, en qué nos sirve la cooperación para alcanzar ese objetivo, y eso todavía está pendiente. Eso fue lo que se propusieron Alfonsín y Sarney, la estrategia de integración de los acuerdos bilaterales estaba basada en la integración sectorial. La idea era crear mercado común en los sectores claves y empezaron nada menos que por bienes de capital, un planteo intraindustrial con bienes de capital y tuvo un resultado importante en el corto plazo. Después vino la ola neoliberal con Collor y Menem y se pasó a acelerar los procesos de desgravación, es decir la integración la iba a hacer el mercado y el Estado salió. Así no se hace la integración, en todo caso se hace la integración neoliberal de economías subdesarrolladas y periféricas. densidades: Ese consenso neoliberal sigue fuerte en muchos ámbitos y en momentos de debilidad política de las opciones que más lo enfrentraon parecería recobrar fuerza. ¿Cómo dejarlo atrás definitivamente? Aldo Ferrer: Bueno, mire lo que les está pasando a los europeos. Uno se

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pregunta cómo después de esta crisis financiera mundial, donde se demostró lo que es la hegemonía del poder financiero que llevó a una crisis fenomenal, ¿cuál fue la respuesta de los países del Atlántico Norte?, salvar a los bancos y en el caso de Europa, ajustar. Es decir, hacer todas las cosas que los financistas esperan para poder llevar la plata de un lado a otro, ellos lo que esperan es el ajuste fiscal, la liberación de las corrientes financieras. Entonces, acá hay un proceso de hegemonía financiera que ha contagiado en parte América Latina. Después están nuestros problemas históricos, porque al fin y al cabo, estos son nuestros temas de siempre, el planteo que Prebisch hizo muchos años atrás, o que hacían acá otros pensadores como Arturo Jauretche con toda su idea sobre lo nacional, Scalibrini Ortiz, y en toda América Latina, el planteo centroperiferia -vuelvo a insistir, que tiene ya sesenta o setenta años- era el reflejo de estas sociedades con sus particularidades, con dificultad de construir consensos sociales y políticos para la transformación. Y en ese escenario siguen teniendo mucha gravitación las fuerzas vinculadas a la vieja estructura, y cuando vienen los gobiernos transformadores se encuentran con ese obstáculo y muchas veces no tienen la capacidad de ejecutar las políticas con suficiente eficacia para superar los obstáculos y crecer. Entonces terminamos a veces en estas situaciones híbridas donde avanzamos mucho en

algunos aspectos y en otros nos quedamos atados a la vieja estructura, ¿no? Lo que yo creo en esto, vuelo a insistir, es que nos hace falta realismo y la fuerza de la voluntad, es decir, lo que no podemos hacer es construir modelos ideales y después frustrarnos y deprimirnos porque esos modelos no se alcanzan. Yo creo que tenemos que tener una apreciación realista de temas como estos que estamos hablando y al mismo tiempo en ese escenario seguir pensando qué es lo que podemos hacer. Por ejemplo, cuando yo fui presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica quise fundar una empresa binacional nucleoeléctrica argentinabrasileña. Con dos centrales cada uno, con proyectos en marcha, armábamos un complejo fenomenal, pero no fue posible. Había una experiencia anterior, una agencia importante que se creó en tiempos de Alfonsín y Sarney, que era la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, eso era para conocer en qué estado estaba cada uno y que resolvió el tema de la confianza en materia nuclear que es un ejemplo único en el mundo. Nuestro objetivo era -en tiempos de Celso Lafer como canciller brasileño y Rodríguez Giavarini en la cancillería argentina- generar un espacio de discusión que después eventualmente llevara por ejemplo a ese objetivo de tener una empresa nucleoeléctrica regional. Eso se dejó de lado, pero se siguió conversando fuera de ese

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Entrevista a Aldo Ferrer

proyecto que no prosperó en la cooperación nuclear. Ahora hay iniciativas, creo que la más importante es este trabajo para hacer conjuntamente un reactor nuclear de investigación, ha habido algún avance interesante en ese sentido. Si pudiéramos avanzar en estos proyectos, ponernos de acuerdo por ejemplo, en hacer una empresa automotriz de capitales nacionales y regionales, cambiamos la historia del sector automotriz. Pero para eso hace falta una decisión política para la cual todavía no hemos generado las condiciones necesarias, pero hay que seguir proponiéndolo y avanzar en lo que se pueda. Igualmente no quiero darles una imagen pesimista. densidades: Nosotros percibimos a esta última década -quizás desde el 2005 con la Cumbre de las Américas en Mar del Plata como bisagra histórica- como una oportunidad importante para la construcción de un nuevo consenso en la región sobre la necesidad de la integración como camino para el desarrollo autónomo, ahora parecería que estamos asistiendo a una ofensiva reaccionaria a este consenso, vuelve a plantearse está lógica del relacionamiento privilegiado con los grandes mercados como estrategia de inserción en la economía global, vuelve en lo político esta idea de elogio de la insignificancia que implica el realismo periférico. Aldo Ferrer: Sí, claro que sí viene, y al interior de los países también. Estamos densidades nº 15 - mayo 2014

ahí, nunca hemos salido en realidad, pero ahora estamos en el viejo conflicto de proyectos y, como usted sugiere, creo que en virtud de las dificultades que están teniendo los proyectos nacionales y populares, hay una recidiva de los viejos planteos y eso es un gran riesgo. Pero hay que ver cómo se procesa. densidades: ¿Usted en ese sentido es optimista con que se pueda procesar bien? Aldo Ferrer: (Risas) No estoy en estado de ánimo para contestarle positivamente esa pregunta. Lo que sí digo es que no hay que bajar las banderas, los proyectos, y todo lo que contribuye a esclarecer el escenario creo que es útil. Por eso me parece muy útil lo que ustedes hacen, es un instrumento, hay que usarlo, para decir cómo son las condiciones, qué podemos hacer. Hay que seguir trabajando por las buenas ideas, y esta revista es un buen instrumento, y tratar de permear en la sociedad, porque hay mucha receptividad. A mí me pasa todo el tiempo. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -el INTAorganiza seminarios para su propio personal, y ayer me invitaron a hablar ahí en una reunión donde había unos cuarenta o cincuenta funcionarios del Instituto en General Rodríguez. Yo hablo permanentemente de estos temas nacionales, y yo encuentro un eco muy grande. Yo creo que hay en la atmósfera, en mucha gente como nosotros, ideas coincidentes sobre cosas fundamenta-

“El sentido profundo de la integración es que sea un instrumento de las políticas nacionales de transformación”

les: lo nacional, manejar nuestro propio destino, no dejarnos llevar de las narices, la transformación, la inclusión social, todo este planteo. En mi caso se concretó en aquel viejo planteo de Vivir con lo nuestro, esa idea de la soberanía. Yo encuentro que hay mucho eco, hay mucha simpatía, lo que pasa es que no se logran generar las condiciones políticas como para que estas ideas que de alguna manera están difusas en la sociedad se articulen en proyectos políticos concretos. Si usted analiza por ejemplo, toda la oferta política en Argentina para las elecciones presidenciales del año que viene, bueno, el gobierno de alguna manera plantea algunas cosas muy interesantes en el buen sentido, pero le quedan muchos temas por resolver como la ausencia de una política de transformación industrial; y en el campo de la oposición, a dónde va a ir la economía en el caso de que triunfe alguno de los candidatos posibles, y la verdad que la cosa está muy indefinida y corremos el riesgo de seguir atrapados en ese ir y venir. Pero bueno, yo creo que nuestra responsabilidad es seguir opinando y tratar de construir caminos. Releer a los viejos maestros del pensamiento nacional. Últimamente lo estuve releyendo a Don Arturo Jauretche, y fíjese que interesante, él ha tenido un reconocimiento póstumo excepcional, hoy tenemos una Universidad Nacional Arturo Jauretche, pronto se inaugurará un monumento. En la memoria colectiva lo nacional tiene una impronta muy grande, muy

fuerte, que ratifica lo que le estoy diciendo. densidades: Un proyecto nacional enmarcado en un proyecto de región. Aldo Ferrer: Claro, la Patria Grande, lo nacional enmarcado en el proyecto regional de una Patria Grande latinoamericana.

Osvaldo Andrés García y Luciana Litterio Buenos Aires, 20 de mayo de 2014

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artĂculos

Estratégias da Política Externa Brasileira para integração regional: comparações institucionais a partir do Governo Lula Rogério Santos da Costa *

Introdução O objetivo deste artigo é discutir a Política Externa Brasileira (PEB) para a integração regional a partir do governo Lula, tendo como principal dimensão de análise as instituições desta integração e como principal dimensão comparativa a trajetória da Política Externa brasileira nesta temática a partir de meados da década de oitenta. Vislumbra-se apresentar elementos de mudança e continuidade, culminando no debate sobre os últimos anos de integração que, aparentemente, trazem um novo processo na região da América do Sul. Parte-se de dois grandes pressupostos. O primeiro é de que a forma institucional do processo de integração condiciona algumas possibilidades de aprofundamento. Trata-se de uma

perspectiva que direciona a integração regional avançando e se aprofundando nas etapas clássicas da literatura, ou seja, uma União Aduaneira, Mercado Comum, União Monetária e Total. Nesta direção, as instituições devem fazer o papel de coordenação política, técnica e jurídica entre os Estados membros, e as experiências históricas resultam mais exitosas quando da criação de instituições Comunitárias, não necessariamente supranacionais. O segundopressuposto é de que o Brasil é ator chave na integração da América do Sul, e da sua atuação deriva possibilidades de aprofundamento e limitações neste processo, sendo fundamental a analise da Política Externa brasileira para o entendimento dos caminhos trilhados regionalmente.

Doutor em Ciência Política, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor Programa de Pós-Graduação, Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul/SC). Parte desta pesquisa contou com apoio financeiro e institucional do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do Governo Federal brasileiro de 2011 a 2013.

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Estratégias da Política Externa Brasileira para integração regional: comparações institucionais a partir do Governo Lula

O trabalho possui base bibliográfica, documental e entrevistas. Na base bibliográfica utilizou-se algumas publicações acadêmicas, mas, principalmente, publicações assinadas pelos principais formuladores e tomadores de decisão em Política Externa brasileira do período, como Ministros de Relações Exteriores e Secretários Gerais do Itamaraty. Além disto, em 2009 foi feita uma visita e coleta de documentos diretamente no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, bem como entrevistas não estruturadas e não gravadas com alguns funcionários públicos deste órgão e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão brasileiro. Procurou-se recortar os principais caminhos e princípios adotados em cada época dos períodos históricos da Política Externa brasileira, para que fosse possível fazer uma comparação com o Governo Lula, base e objeto deste artigo. Desta comparação procurou-se, objetivamente, verificar as continuidades, os padrões e as mudanças em Política Externa do Brasil, bem como as possibilidades de aprofundamento da integração sulamericana, tendo como principal dimensão de analise as instituições. A estruturação do artigo se consolida em quatro partes, além da introdução e das considerações finais. Nas três primeiras partes faz-se um apanhado da Política Externa brasileira para a integração regional em três grandes períodos históricos de presidentes do país: um primeiro de José Sarney a Itamar Franco, com ênfase na aproximação com a

Argentina, e na criação e sucesso comercial do MERCOSUL; um segundo na era de Fernando Henrique Cardoso, com enfoque na crise do MERCOSUL, no desenvolvimento das negociações da Área de Livre Comercio das Américas (ALCA), na Cúpula de chefes de Estado da América do Sul e na criação da Iniciativa de Integração de Infraestrutura Regional da América do Sul (IIRSA); e num terceiro do período de Luiz Inácio Lula da Silva, com foco no desenvolvimento da IIRSA, nas transformações e ampliações do MERCOSUL, na criação da Comunidade Sulamericana de Nações (CASA) e sua transformação na União Sulamericana de Nações (UNASUL), incluindo seus diversos Conselhos. A última parte do trabalho aborda os principais elementos de mudança e de continuidade para que se possa discutir o que há de novo na integração dos últimos anos e até que ponto percebe-se maior aprofundamento e densidade do processo ainda não verificados historicamente. De Sarney a Itamar: flexibilidade institucional desde a origem A relação entre Brasil e Argentina é um dos grandes definidores dos limites, possibilidades, tentativas, erros e acertos em processos de integração na América do Sul, e deverá, por sua perspectiva histórica, continuar a definir as suas linhas gerais e sua institucionalidade. As interações entre estes dois países e as suas conexões com as grandes potências estabeleceram as bases da formação e

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desenvolvimento nacional e regional. Segundo perspectiva de Moniz Bandeira (2003), até a Segunda Guerra Mundial, a Argentina esteve com todos os atributos de liderança regional e dispunha de relações virtuosas com a Grã-Bretanha. Após o conflito mundial, a Argentina perde este espaço de liderança para o Brasil, refletindo uma mudança da respectiva liderança na hegemonia mundial, que passa da GrãBretanha para os Estados Unidos da América. Este cenário se desenvolve mais ou menos nesta linha até a década de setenta, quando os dois países passam de uma situação de rivalidade destruidora para uma tentativa de convivência mútua com a busca de cooperação e interesses comuns. O final do período desenvolvimentista na década de setenta para Brasil e Argentina é também um período de transição de seus regimes políticos autoritários para a democracia, prenúncio de uma década marcada por crises de dívidas, guerras desastrosas, dificuldades macroeconômicas e de desenvolvimento social. Porém, é neste cenário turbulento que vão ganhando força e forma as tratativas que irão aproximar os dois países até a formação do Mercado Comum do Sul, o MERCOSUL. Em 1979, Argentina e Brasil (juntamente com Paraguai) assinam Acordo para a regulação do uso do Rio Paraná, e em 1980 um Acordo na área nuclear. Em 1985 é celebrada a Ata de Iguaçu, que visou estreitar a cooperação, e culminou no ano seguinte com a criação do Programa Conjunto de densidades nº 15 - mayo 2014

Integração e Cooperação Econômica (PICAB), envolvendo diversas áreas. Já em 1988 é assinado o Tratado Bilateral de Integração, Cooperação e Desenvolvimento com o objetivo de criação de uma área de livre comércio entre os dois países no prazo de dez anos, portanto, deveria estar concluso em 1998. Esta aproximação entre os dois países foi regida por princípios de gradualidade, flexibilidade, simetria e equilíbrio, e que viriam a se consolidar no próprio MERCOSUL, com repercussões na sua estrutura institucional. No início dos anos 90, os presidentes Collor do Brasil e Menem da Argentina assinam a Ata de Buenos Aires, objetivando a criação de um Mercado Comum, não mais uma Zona de Livre Comércio (ZLC), para 1995, ou seja, uma ambição maior e 3 (três) anos antes do prazo inicial para a criação de uma ZLC. Em 1991 é assinado o Tratado de Assunção criando o MERCOSUL em 1995, incluindo Uruguai e Paraguai. Do ponto de vista institucional, a aproximação entre Brasil e Argentina se constituía de Normas Internacionais, mais exatamente de Protocolos assinados entre os dois países, sem nenhuma vinculação orgânica específica para eles, ou seja, todos os efeitos práticos em termos de tomada de decisão eram operacionalizados pelas respectivas estruturas próprias dos dois Estados. Isto até 1990, quando a Ata de Buenos Aires criou o Grupo Mercado Comum e lhe deu a incumbência de criar um projeto para a criação de um Mercado Comum. No Tratado de Assunção foi

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criada uma estrutura institucional provisória, partindo de um Conselho Mercado Comum (CMC), de um Grupo Mercado Comum (GMC) e de uma Secretaria Administrativa. A estrutura institucional definitiva veio a se consolidar com o Protocolo de Ouro Preto, assinado em 1994 e que entrou em vigor em dezembro de 1995. Nesta houve a confirmação da estrutura provisória e uma pequena ampliação. O momento do MERCOSUL até o fim do Governo Itamar é de euforia internacional com instituições internacionais, especialmente com relação à integração europeia, e de uma dinâmica comercial muito positiva. Neste cenário, a posição da Política Externa brasileira foi de continuidade das perspectivas iniciais na região, com uma integração com baixa institucionalidade e alto nível de flexibilidade. Esta postura é condizente com os objetivos de área de livre comércio desenhados por Collor e Menem, bem como com a proposição de controle soberano por parte da Diplomacia brasileira, apesar de ser diferente dos objetivos gerais do Tratado de Assunção, e igualmente dos trilhos que a Europa estava construindo, esta que é sem duvida um motivador para a criação do MERCOSUL e seus objetivos de médio e longo prazos. FHC e uma América do Sul para o Continente Após um período curto de agressivas políticas de liberalização comercial, Collor sai do governo e assume em seu lugar Itamar Franco, num mandato

tampão com baixa capacidade de articulação governamental e legitimidade, em função do reagrupamento das principais forças políticas naquela ocasião. Assume então, o Itamaraty, Celso Amorim, que viria a se tornar também o Ministro de Relações Exteriores nos dois mandatos de Lula. Amorim (1994) expõe sua posição sobre a Política Externa do Brasil, que deve ser universalista, sobre a América do Sul, primeira prioridade, e sobre a aproximação com os países Amazônicos, que também fazem parte da CAN, formando um espaço integrado no subcontinente. A eleição de Fernando Henrique Cardoso (FHC) em 1994 e sua proposta neoliberal a partir de 1995 colocam panos quentes na perspectiva de Amorim, a qual seria retomada na era Lula. Com o novo governo, entra na formulação e implementação da PEB a parcela da Diplomacia brasileira que, àquela época, falava em autonomia pela participação em uma globalização inevitável, e num ambiente de polaridades indefinidas (Lafer; Fonseca Jr., 1994) onde a integração serviria de plataforma para a inserção internacional num mundo de comércio livre. Neste governo, a América do Sul como região figurou como alternativa de gaveta, pois o foco ficou por conta de uma inserção privilegiada no centro do sistema em função de ações liberalizantes e privatizan-es no âmbito interno. Tendo exercido cargos importantes durante o primeiro (Embaixador do Brasil em Londres) e segundo (Embaixador do Brasil em Washington) densidades nº 15 - mayo 2014

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mandatos do governo FHC, Rubens Antônio Barbosa (Barbosa; César, 1994) exprimiu à mesma época de Lafer e Fonseca Jr. suas opiniões sobre a integração sul-americana. Assim, fica evidente a característica livre-cambista da proposta de América do Sul advinda neste momento, incluindo a formação de uma área de livre comércio, proposta já induzida com Amorim, uma aproximação com os países da Comunidade Andina de Nações (CAN) e acordos no âmbito do Tratado de Cooperação Amazônica. Com uma Área de Livre Comércio da América do Sul, os passos seguintes seriam a aproximação com o México e com a Área de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), processo que ficou conhecido como Iniciativa das Américas, para a conformação de uma Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA. O prazo para a concretização desta proposta sulamericana se circunscreveria em cerca de dez anos, o que alcançaria os dois mandatos do governo FHC. O Secretário Geral do Itamaraty no primeiro mandato de FHC foi Sebastião do Rego Barros. No seu primeiro ano, em 1995, participa de Seminário denominado “Eixos de Integração SulAmericana – Corredores de Exportação” (Barros, 1999), onde procura evidenciar que a integração da América do Sul é parte da estratégia brasileira de círculos concêntricos, na sequência da consolidação do MERCOSUL, depois a concretização de uma área de livre comércio no hemisfério e em seguida a negociação com a União Europeia. A

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ideia da integração é com viés de regionalismo aberto, com enfoque comercial. Ressalta-se que estava sendo gestada e fica explícita neste pronunciamento de Barros, a ideia de corredores de exportação, um dos norteadores da formação da IIRSA e alvo de crítica do governo Lula, em função de não integrar a região, mas continuar e fortalecer os vínculos para fora típicos da formação colonialista e neocolonialista. O então Ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, seguia na mesma direção em torno da ideia de América do Sul. Em 1996, publica um artigo (Lampreia, 1996) contemplando aspectos da inserção internacional do Brasil na virada de século, não cita a expressão América do Sul e enfoca o MERCOSUL como uma importante plataforma de inserção do país no sistema internacional liberal e globalizado, e como importante instrumento para facilitar a concretização da ALCA. Na mesma publicação, Lafer (1996), que seria o sucessor de Lampreia no final do segundo mandato de FHC, igualmente sem citar o termo América do Sul, ressalta em artigo de sua autoria certa dicotomia entre o aprofundamento em processos de integração, como o MERCOSUL, vis-à-vis o alargamento de aberturas comerciais, como os que estavam sendo negociados na Organização Mundial do Comércio (OMC), especificamente em Cingapura ao final daquele ano. Na oportunidade, Lafer situa ênfase no entorno da OMC e de uma espécie de inevitabilidade da liberalização comercial internacional,

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direção para onde o Brasil deveria seguir, sob pena de ficar isolado no sistema internacional. No ano seguinte, nova publicação de Lampreia (1997) com a tratativa sobre a temática da regionalização, onde o Ministro aborda certo consenso em torno de uma proposta de negociação para a ALCA. Esta estaria acordada entre os países do MERCOSUL e deveria significar a manutenção e não a sobreposição deste e de outros esquemas de integração sub-regionais, bem como uma reciprocidade realista e comum para a busca de uma grande área de livre comércio. Nesta nova publicação, Lampreia igualmente não cita América do Sul, o que, para nosso entendimento, significa uma ênfase na ALCA e no neoliberalismo, bem como uma marginalização das proposições sul-americanas que apareceram anteriormente. Já o assessor especial de FHC e Coordenador Geral do Grupo de Análises e Pesquisas (GAP) da Presidência da República, Luciano Martins (Martins, 1997), demonstra cautela quando o assunto é ALCA, enfatizando que o MERCOSUL teria condições de atrair os vizinhos sul-americanos na concretização da ideia lançada em Amorim anos antes, da ALCSA. Esta postura já estaria demonstrando alguns descontentamentos de empresários brasileiros sobre as repercussões da ALCA no país. A opção neoliberal dos governos Menem e FHC resultou em quebradeira econômico-social nacional ao final da década de noventa, culminando com a

mais grave crise do MERCOSUL em sua recente história. A partir de então, quando o governo e a Diplomacia brasileiros começam a perceber os claros limites da “ajuda” do centro do sistema na recuperação do país, fica clara a opção de ampliação dos laços regionais. Assim, a América do Sul, ao final da década de noventa, era tratada pela Diplomacia especializada como região de agregação de cooperação em assuntos estratégicos, tendo como exemplos a integração do MERCOSUL e a cooperação amazônica (Costa, 1999). No discurso de posse do Embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa como Secretário-Geral das Relações Exteriores, o Ministro Lampreia já enfatizava uma América do Sul para além do livre comércio, citando a integração física que seria o embrião deste novo movimento integracionista. A primeira reunião de presidentes de países da América do Sul ocorre em 31 de agosto e 1º de setembro de 2000, em Brasília, sob convite do governo brasileiro, num movimento dúbio que ora é enfatizado como de fortalecimento do bloco regional mercosulino, e por óbvias razões econômicas, geográficas e estratégicas (Danese, 2001; Lamazière, 2001), ora como instrumento para melhorar a negociação na ALCA (Barbosa, 2001). De qualquer forma, a perspectiva de América do Sul estava se reforçando cada vez mais, e os ataques aos Estados Unidos da América (EUA) em 11 de setembro de 2001 só vieram a confirmar esta tendência. Quando Lula entra no governo, em 2003, já há um densidades nº 15 - mayo 2014

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trilho sulamericano diferente dos traçados anteriormente sendo construído, e o novo governo vem com um discurso de aprofundá-lo, sob sua própria perspectiva, como segue. Lula e a América do Sul num mundo Multipolar em Blocos As linhas estratégicas gerais da integração da América do Sul no Governo Lula incluem 3 vertentes: uma de infraestrutura, uma econômicocomercial e uma política;o objetivo maior foi de potencializar a região e o país para uma capacitação autônoma de inserção num mundo cada vez mais multipolar em blocos. Em comunhão com esta estratégia, a política externa foi se orientando para contribuir na configuração desta ordem multipolar em blocos, atuando separadamente em foros internacionais, formando cooperações e Cúpulas com os países do Sul, bem como esgotando as possibilidades de efetivação de arranjos que não eram lhe favoráveis, como a ALCA e a rodada Doha da OMC. (Amorim, 2004; Amorim, 2009). Agindo desta forma, uma frente integrava a América do Sul e potencializava a outra frente de formação do mundo multipolar em blocos que tende a realimentar a necessidade do fortalecimento regional. Há uma contínua redefinição da relação com os EUA, evitando o confronto direto, mas buscando anular a capacidadedeste país em interferir nas questões relevantes da região. A estratégia de integração do governo Lula é solidária com objetivos

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de médio e longo prazo, não intervencionista sem ser indiferente, objetivando o fortalecimento de sua posição regional e daí internacionalmente. As instituições prioritárias da integração regional incluem na vertente de infraestrutura a IIRSA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), na vertente econômicocomercial a ampliação do MERCOSUL e seus acordos com a Comunidade Andina, e na vertente política a formação da Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA), e sua transformação em UNASUL (Costa, 2010). A IIRSA foi uma iniciativa que nasceu antes do início do governo Lula numa conjuntura de mudança parcial da política externa no governo FHC, trazendo, com ela, uma linha funcionalista, neoliberal, com influência das agências de financiamento Comunidade Andina de Financiamento (CAF) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e sem qualquer institucionalização, avaliação detectada pelo autor nos documentos e discursos do Itamaraty do inicio do período Lula. A política externa deste governo, diante deste diagnóstico, agiu no sentido de retomar o controle da integração física, aliada às negociações energéticas, tirando a IIRSA do controle do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) do Brasil, e das agências de financiamento, terminando por colocá-la na institucionalização política forjada com a UNASUL. Neste movimento de retirada de poder

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das agências multilaterais aparece o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em outros campos de atuação, bem como é criado o Banco do Sul, o que possibilita uma iniciativa financeira regional e de maior controle por parte da política externa brasileira no financiamento de projetos de infraestrutura. A OTCA é uma típica organização internacional intergovernamental, e, assim como a questão Amazônica, é sempre tratada de forma muito cuidadosa e enfática pela diplomacia no governo Lula. A ênfase se verifica na sua efetiva institucionalização e na implantação de sua Secretaria Geral em Brasília, com grande apoio do Itamaraty, demonstrando que este é um tema sensível e caro na agenda. A diplomacia brasileira mantém um controle muito rígido sobre a organização, com o claro objetivo de evitar que, por meio dela, se possa abrir espaço para a influência de Organizações Não-Governamentais ou outros Estados de fora da região. Para a integração, a OTCA se reveste de suma importância por conta da conexão norte da América do Sul, além do tratamento de temas sensíveis como o plano Colômbia. Porém, ainda não se trata de uma instituição estratégica ativa numa ação de integração brasileira no subcontinente, pois não estabelece compromissos mais densos com os demais Estados-membros. O MERCOSUL foi construído como elemento fundacional da parceria estratégica do Brasil com a Argentina, aliança que foi enfatizada durante todo o

governo Lula e, principalmente em momentos de crise, como na instalação de bases militares dos EUA na Colômbia, em 2009. Desta forma, o MERCOSUL ampliado passa pela continuidade daquele projeto estratégico da década de oitenta, dando contornos para a integração na área econômico-comercial. Dois movimentos ocorrem nesta direção e trazem uma interessante dualidade: um é o de fortalecimento do MERCOSUL, da tentativa de ativar a União Aduaneira, da formação do Fundo de Convergência Estrutural e Desenvolvimento Institucional do MERCOSUL (FOCEM) como um mecanismo de controle dos desequilíbrios regionais, e outro é o da formação de uma grande área de livre comércio da América do Sul pelos acordos do MERCOSUL com os países da CAN, o Chile, a Guiana e o Suriname. Um interessante processo da ampliação de aproximação do MERCOSUL à CAN foram os estudos de convergência, que resultaram num amplo diagnóstico feito pelas secretarias gerais destas instituições, mais as da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e OTCA. Cabe recordar que esta ampliação do MERCOSUL, associada à regra de unanimidade para o processo decisório desta organização internacional de integração, significa uma tendência para a dificuldade de eficácia ou da própria decisão, mas uma maior legitimidade e possibilidade de efetivação destas decisões. Por fim, UNASUL, que sucede à densidades nº 15 - mayo 2014

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CASA, compondo o conjunto de instituições que fazem parte da integração sul-americana no governo Lula. Esta é uma instituição eixo do processo de integração, na medida em que vai abrigar as cúpulas da América do Sul, portanto sua vertente política e de polo de poder no sistema internacional, além de estar incorporando a IIRSA e demais temáticas da aproximação dos países da região sul-americana. Ficam ainda com institucionalidade própria a OTCA e o MERCOSUL e sua convergência com a CAN, Chile, Guiana e Suriname, justamente nos temas sensíveis para os interesses brasileiros, além da justificativa diplomática de serem temas mais complexos e que exigirão maior criatividade e negociações para avançar. A UNASUL abriga uma gama enorme de temas que vão desde o posicionamento político em geral, passando pelas questões de segurança e defesa, narcotráfico, até saúde, cultura e tecnologia, e a existência de uma secretaria geral dá o caráter de permanência à instituição. No movimento da UNASUL, apesar de muito incipiente e cujo Tratado entrou em vigor apenas em 2011, é possível vislumbrar ensaios efetivos de cumprimento de um dos objetivos estratégicos do Brasil com ela, qual seja, tratar dos problemas da América do Sul com a busca da negociação, o consenso e o comprometimento político, evitando a interferência de fora, principalmente dos Estados Unidos. Nesta linha estão as resoluções dos conflitos envolvendo a Bolívia e Evo

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Morales, as bases estadunidenses na Colômbia, e a partir deste processo a concretização do Conselho de Defesa e do Banco do Sul. De caráter intergovernamental, a UNASUL se consolida como braço político regional capaz de tratar de temas dos mais variados para os Estadosmembros, criando uma institucionalização própria cujo movimento é semelhante ao ocorrido com os Subgrupos de trabalho do MERCOSUL, fundamentais para qualquer pretensão de consolidação dos objetivos maiores que a fizeram surgir. Porém, foi possível perceber que, na formação da UNASUL, houve uma grande discórdia em relação à característica de sua institucionalização, tendo, de um lado, a posição brasileira por uma instituição menos densa, flexível, de caráter consensual, enquanto de outro, Estados como o Equador procurando uma maior densidade institucional e poder, falando, inclusive, em supranacionalidade. Continuidades e inovações da PEB para integração sul-americana Procuraremos agora elencar alguns movimentos de continuidade e de inovações no tocante à PEB do Governo Lula em relação aos anteriores e suas diretrizes para a integração da América do Sul, com ênfase nas instituições. Obviamente que uma analise deste tipo fica limitada pelos diferentes condicionantes internacionais, regionais e nacionais que não foram aqui contempladas, bem como pelo caráter de aprendizagem que as experiências

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encadeiam umas nas outras, dando muitas vezes condição para uma postura de PEB, de determinado governo ou período, na direção da continuidade ou inovação que a sua predecessora não tinha tão claro como opção. Pelo lado de continuidade é possível delimitar a Argentina como eixo central da integração regional. Esta postura ficou evidente quando a crise com a Colômbia e as bases dos EUA neste país provocaram uma divisão muito forte dentro da UNASUL. Lula então fez uma visita à Argentina dias antes do encontro de cúpula sulamericano para juntos marcarem posição contrário à instalação das bases. A integração pelo viés econômicocomercial ainda esteve muito presente nos discursos da Política Externa Brasileira, mais em Celso Amorim, menos em Samuel Pinheiros Guimarães e Marco Aurélio Garcia. Atrelado a este elemento houve a efetivação do Acordo de Livre Comércio da América do Sul, uma estratégia contida na PEB em Itamar Franco e FHC. O gradualismo e a flexibilidade na integração formam um padrão comum na PEB de Lula e seus antecessores, dando ares neonacionalista para o processo regional sulamericano. Neste sentido, igualmente é uma continuidade o não aprofundamento institucional, colocando a região integrada como uma forte necessidade de plataforma para os principais interesses brasileiros de inserção internacional. Junta-se aqui o elemento de autonomia já abordado na literatura de estudos da PEB como

componente da dualidade de posicionamento regional-internacional (Pinheiro, 1999). Podemos agora falar de algumas condições de inovação da PEB em Lula em relação a seus antecessores. Principalmente no trato com os EUA, há um claro posicionamento equidistante, não necessariamente uma ruptura, e que é reforçado pela posição do Brasil no fortalecimento da estratégia de coalizão Sul-Sul. Nesta linha, a integração regional tinha um forte componente de manter sob domínio regional as resoluções de conflitos dos interesses regionais, evitando que assuntos como as crises da Venezuela, de Equador e Colômbia, bem como da Bolívia, pudessem ser tratados no âmbito da Organização dos Estados Americanos. Assim é que foi de fundamental importância a estrutura política da UNASUL e o Conselho de Defesa da América do Sul, que buscaram canalizar os conflitos e suas resoluções. O próprio conceito de polo de poder no sistema internacional e de capacidades do país em se inserir autonomamente tem influência nesta postura, diferentemente da visão de capacidades limitadas de inserção internacional do período anterior ao de Lula. A integração continua a ser uma plataforma para inserção internacional, mas imbuída de uma condição mais autônoma do que em fases anteriores. Uma importante inovação a ser destacada é o próprio conceito regional, deixando de ser América Latina para efetivamente dar lugar um conceito com densidades nº 15 - mayo 2014

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significado espacial mais prático, com a consolidação do conceito de América do Sul como espaço privilegiado de atuação. Neste sentido é que o Itamaraty passa por mudança organizacional com a criação da Subsecretaria Geral da América do Sul, refletindo a ênfase que o governo Lula daria na integração regional e que não foi dada em períodos anteriores, apesar do continuo discurso de integração. Outra significativa e fundamental inovação do governo Lula em relação à integração diz respeito ao tratamento das assimetrias, as implicações institucionais e espaciais desta distinção, bem como a afirmação da postura de país pagador (paymaster) adotada pelo Brasil. Do ponto de vista das assimetrias e para além de mero discurso, ressalta-se a oferta de infraestrutura via IIRSA, crédito via BNDES, e o FOCEM no âmbito do MERCOSUL. A Política Externa Brasileira em Lula redefiniu os objetivos de integração da IIRSA, marginalizando os vestígios neoliberais que a carregavam, e redirecionando a ligação física “para fora” numa vertente de conexão em transporte e energias “para dentro” do próprio subcontinente sulamericano. O caso da Petrobrás com a Bolívia evidencia uma postura que privilegia o médio e longo prazos da integração, em detrimento de “interesses nacionais” imediatos. Retrata, além disto, uma postura de país pagador por parte do Governo Lula, obviamente alicerçado em boas condições da economia nacional. Apesar de revelar ainda baixa densidades nº 15 - mayo 2014

capacidade de manter este posicionamento na integração, vis à vis o caso da Alemanha na integração europeia, é a atitude de país pagador que nos remete a pensar no novo em termos de integração regional na Política Externa do Governo Lula, cujo discurso era de uma integração solidaria, mas não altruísta, pois que buscando objetivos de médio e longo prazo. A própria a ampliação do modelo e dos acordos do MERCOSUL para a integração da América do Sul diminui o impacto das assimetrias, podendo gerar instituições mais densas, equilibrar o jogo de forças entre os Estadosmembros, e, principalmente, gerar o mesmo ambiente de crescimento do comércio e euforia característico dos primórdios mercosulinos, numa vertente institucional, como já apontado acima. No entanto, a experiência institucional deste pode evitar que as dificuldades nele ocorridas se repitam com a mesma intensidade na UNASUL, mas que não podemos verificar de forma enfática no Governo Lula. A ampliação do MERCOSUL no governo Lula buscou evitar o caráter neoliberal que o acompanhou durante toda a década de noventa até a crise, com o cuidado de fazer uma integração econômica tendo o Brasil como sócio pagador. Considerações finais Buscamos apontar e discutir os padrões de continuidade e inovação da Política Externa do Governo Lula em relação aos seus predecessores, desde Sarney à FHC, dando ênfase aos

Estratégias da Política Externa Brasileira para integração regional: comparações institucionais a partir do Governo Lula

aspectos institucionais da integração sulamericana, mas não exclusivamente. Agora, a guisa de finalização do artigo, procuraremos apontar o “vir a ser” dentro destas perspectivas de analise, centrando nas possibilidades de aprofundamento da integração regional sulamericana. Do ponto de vista institucional, as instituições citadas não remetem à conclusão de que se esteja diante de um profundo movimento de intensificação da integração. Não se trata de fazer comparações lineares com o exemplo europeu, pois acreditamos ser este um caminho de difícil resolução, hajam vistas as especificidades de um e outro processo. Mas, do ponto de vista de suas generalizações e da perspectiva da condução da Política Externa sob um governo mais solidário e responsável com as questões regionais, a possibilidade de que, em médio prazo, se tenha uma necessidade e um caminho de aprofundamento da integração é muito mais favorável do que foi de Sarney a FHC. Este caminho passaria, de acordo com as perspectivas teóricas e históricas, pela construção de uma União Aduaneira, o que não foi um consenso dentro da política externa brasileira do governo Lula. Certo é que o aprofundamento com ou sem União Aduaneira é o caminho que parece possível de consolidação da região como um polo de poder num mundo multipolar em blocos. Isto passa, desta forma, pela constante agregação de ganhos aos membros da integração e de liderança pelo Brasil, sem fluir a

perspectiva de ação subimperialista. O Brasil precisa cada vez mais da região para sua melhor inserção internacional, dos mercados para a consolidação econômica e sua entrada completa na terceira revolução técnico-científica. Para o caminho do aprofundamento é preciso, no entanto, que se mantenham nesta mesma linha as tendências nacionais, regionais e internacionais. O Brasil, sob influência de outros governos mais ao centro ou à direita, pode encontrar a parte da Diplomacia brasileira que prefere manter uma agenda mais atreladora dos destinos do país aos destinos de países centrais, como os membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Neste caminho, não teríamos, a priori, a manutenção desta rota integracionista com aprofundamento, mas, sim, até o ponto em que os limites próprios de uma área de livre comércio condicionam como o ocorrido com o MERCOSUL. Por isto, a complementaridade econômica, física e institucional pode dar maior rigidez ao processo de integração e dificultar sua redefinição ao sabor de governos mais voltados ao atrelamento ao centro. Na perspectiva regional, igualmente importante são as tendências dos governos da América do Sul e a manutenção, ou não, de seus projetos nacionais. Assim como no Brasil, para a integração ganhar força e se aprofundar, é importante que a integração regional faça parte dos projetos e das estratégias nacionais de cada país. Mesmo assim, é fundamental que esses países sintam do densidades nº 15 - mayo 2014

Rogério Santos da Costa

país maior, o Brasil, a intenção de consolidar uma integração solidária, em outras palavras, uma integração na qual se verifique a diminuição ou eliminação dos graves problemas socioeconômicos e o amortecimento das assimetrias entre os países da América do Sul. Mais uma vez a integração ficaria dependente do Brasil no caso em que este país possa e assuma a posição de líder e país pagador da integração. Os frutos desta política deverão ser sentidos em médio e longo prazo, para um país integrado e líder com repercussões em termos de sua inserção e poder no Sistema Internacional. À sociedade civil organizada e à diplomacia subnacional compete a importante tarefa da busca incessante e sempre difícil de abrir os canais de participação e decisão no processo integracionista. É preciso cumprir o papel de mostrar sempre aos formuladores de Política Externa, notadamente os do Brasil, que, para um Sistema Internacional com diversos atores e processos e problemas complexos, fazse necessário um bom nível de cooperação. Neste cenário, cabem instituições representativas não só de si mesmas e de canais de decisão nacionais, como, mormente dos diferentes atores envolvidos nos processos decisórios.

Bibliografia Amorim, Celso. “A integração sulamericana”. In: MRE-FUNAG. densidades nº 15 - mayo 2014

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Estratégias da Política Externa Brasileira para integração regional: comparações institucionais a partir do Governo Lula

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La evolución de la Propiedad Industrial en el MERCOSUR: aspectos normativos y comparación con la CAN María Verónica La Roca I. Introducción Los derechos de propiedad intelectual son los que se otorgan por creaciones de la mente humana. Es decir, se le otorgan al creador derechos exclusivos para utilizar su obra durante un determinado plazo. A su vez, estos derechos se dividen en Derechos de Autor y Propiedad Industrial. El Derecho de autor incluye obras literarias, tales como novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras musicales, obras artísticas, tales como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor incluyen los

derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas y los de los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión. En cambio, la propiedad industrial incluye las patentes de invenciones, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas1. Por otra parte, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay suscribieron el Tratado para la constitución de un Mercado Común2 en Asunción (TA) el

Abogada egresada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestranda en Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho (UBA). Ayudante de Segunda de la materia “Derecho de la Integración” en la Facultad de Derecho (UBA). Becaria de investigación UBACyT de Maestría en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico, Facultad de Derecho (UBA). 1. Ver: http://www.wipo.int 2. A través de un Mercado Común se libera la circulación de los factores de la producción, aplicándose las “cuatro libertades”: 1) libre intercambio de bienes; 2) libre comercio de servicios; 3) libre circulación de personas, y 4) libertad

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26 de marzo de 1991, es decir, dieron origen al Mercado Común del Sur (MERCOSUR)3. En su artículo 1 se plasmaron los siguientes objetivos: “La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente; El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e internacionales; La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes; El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración”. Ahora bien, dentro del objetivo referido al compromiso de los Estados de armonizar sus

legislaciones en las áreas pertinentes se puede ubicar al Derecho de la Propiedad Industrial como unas de dichas áreas pertinentes. Si bien se ha logrado cierta armonización legislativa sobre la materia a nivel internacional que ha sido fomentada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el ámbito MERCOSUR limitados son los avances en este sentido. Por otro lado, en virtud del objetivo plasmado en el TA relativo a la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, la propiedad industrial es considerada por destacados juristas un obstáculo al comercio intrazona. En otros términos, dado que el derecho de propiedad industrial es territorial4, se puede llegar a inferir que implica un obstáculo al libre comercio. Por todo ello, es que parece conveniente “aprovechar” las facultades que posee este proceso de integración para alcanzar una mayor articulación de aspectos entre sus países en relación a la materia en cuestión. En otros términos, el MERCOSUR deviene un escenario propicio a los fines de articular las políticas de sus Estados en este sentido. Por otro lado, ya desde sus inicios se puede observar que la Comunidad

para la circulación de capitales y su radicación en los países participantes (Czar de Zalduendo, Susana, “Integración: nociones generales. Integración económica e integración regional”. En Negro, Sandra (Directora): Derecho de la Integración, manual, Segunda edición revisada, ampliada y actualizada, Buenos Aires, B de F, 2013, p. 10). 3. Cabe recordar que no sólo estos cuatro países mencionados forman parte del MERCOSUR, pues Venezuela es parte del proceso de integración desde el año 2012. 4. La protección de estos derechos se limita únicamente al territorio del Estado que los concede o reconoce. Por lo tanto, no existe un único derecho de propiedad industrial de alcance universal (Fernández Masiá, Enrique y Hargain, Daniel, “Protección Internacional de la Propiedad Industrial e Intelectual”. En Espluges Mota, Carlos y Hargain, Daniel (Coordinadores): Derecho del Comercio Internacional. MERCOSUR-Unión Europea, Buenos Aires, Editorial B de F, 2005, p. 174).

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Andina de Naciones (CAN) plasmó su compromiso con la propiedad industrial. A través del artículo 55 del Acuerdo de Cartagena5 los países de este proceso de integración demostraron su interés al obligarse a contar -en el marco de la armonización de políticas económicas y coordinación de los planes de desarrollo- con un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías. Resulta interesante comparar el tratamiento que se le da a este tema en otro proceso de integración también suramericano pero con elementos tan diferentes al MERCOSUR como lo es la CAN que cuenta con una vasta normativa en materia de propiedad industrial. En virtud de todo lo expuesto, a través del presente trabajo se pretende analizar la evolución y el estado actual de la regulación de la propiedad industrial en los Estados parte del MERCOSUR -realizando énfasis en las patentes de invención- tanto a nivel internacional como regional, y haciendo especial hincapié en el tratamiento que se le otorga a la materia en cuestión dentro del ámbito de este proceso de integración y destacando la importancia de avanzar hacia una política industrial común. Asimismo, se realizará un breve análisis comparativo con las características de la propiedad industrial en la CAN. II. Regulación internacional de la

propiedad industrial En este punto se analizará el régimen internacional existente en los Estados parte del MERCOSUR relativo al Derecho de la Propiedad Industrial. Para ello se recurrirá a los siguientes Tratados Internacionales por considerarlos de relevancia en la temática para los países del proceso de integración en estudio: Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París), Convenio que establece la OMPI y Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), todos ratificados por los cinco Estados miembros del MERCOSUR. Además, se hará una breve referencia al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP), puesto que Brasil es Estado parte del mismo. Dentro de la normativa internacional de protección, según Fernández Masiá es preciso distinguir entre los denominados Convenios “unificadores” y los calificables de Convenios “procedimentales”. En el primer grupo afirma que se encuentra el Convenio de París como texto internacional más importante y en el segundo, hace mención al TCP, entre otros, y lo denomina “procedimental” debido a que no contiene una regulación material mínima para aplicar por los distintos Estados contratantes, sino que su objetivo es facilitar la posibilidad de registrar un derecho en varios países de forma simultánea mediante una única

5. Tratado fundacional del proceso andino de integración, firmado el 26 de mayo de 1969.

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solicitud6. a) El Convenio de París El Convenio de París7 del 20 de marzo de 1883 8 fue el primer Tratado Internacional que reguló toda la materia de la propiedad industrial porque se aplica a esta materia en su acepción más amplia, es decir, no incluye sólo a las patentes, sino también a las marcas, a los dibujos y modelos industriales, a los modelos de utilidad, a los nombres comerciales, a las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal. Las disposiciones principales del Convenio pueden dividirse en tres categorías: 1) trato nacional, en lo referente a la protección de la propiedad industrial cada Estado contratante tendrá que conceder a los nacionales de los demás Estados contratantes la misma protección que a sus propios nacionales; 2) derecho de prioridad, sobre la base de una primera solicitud de patente de invención o de un registro de una marca regularmente presentada en uno de los Estados contratantes, el solicitante podrá, durante un cierto período de tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad; seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas), solicitar la protección en

cualquiera de los demás Estados contratantes; esas solicitudes posteriores serán consideradas como presentadas el mismo día de la primera solicitud; y 3) normas comunes9. b) La OMPI Respecto a los antecedentes de la OMPI10, es dable remontarse a 1883, año en el que se firmó la Convención creadora de la “Unión para la protección de la propiedad industrial” –conocida por “Unión de París”– y a 1886, año en el que se creó la “Unión para la protección de las obras literarias y artísticas”. Ambas Uniones tienen su Organización, que se manifiestan a través de sus oficinas y fueron colocadas bajo una misma dirección a partir de 1893 y conocidas por las siglas B.I.R.P.I. Asimismo, ante la necesidad de perfeccionamiento y coordinación de ambas Uniones, se creó un Comité consultivo de las mismas. Este Comité propuso la creación de un grupo de trabajo para realizar los trabajos preparatorios de una conferencia que finalmente se realizó en Estocolmo, cuya finalidad inicial fue la de revisar la Unión de Berna, pero que llevó a la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

6. Fernández Masiá, Enrique y Hargain, Daniel, “Protección Internacional de la Propiedad Industrial e Intelectual”. En Espluges Mota, Carlos y Hargain, Daniel (Coordinadores): Derecho del Comercio Internacional. MERCOSURUnión Europea, Buenos Aires, Editorial B de F, 2005, pp. 177-180. 7. Constituyó la Unión de París y está abierto a todos los Estados. 8. Ha sido revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958, en Estocolmo en 1967 y enmendado en 1979. 9. Ver: http://www.wipo.int 10. La OMPI adquirió el status de organismo especializado de las Naciones Unidas en 1974 por medio de acuerdo de vinculación.

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mediante el Convenio de 14 de julio de 1967, organización que inició sus actividades en 1970 y tiene su sede en Ginebra. Por otra parte, la OMPI tiene como fines de carácter general –conforme el artículo 3 del Convenio de Estocolmo–: “i) fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional, y ii) asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones.” Ahora bien, estos fines se concretan a través de las funciones que se le asignan a la Organización en el Art. 4 del Convenio que establece la OMPI11. Dentro de las funciones aludidas es dable destacar a los fines del presente trabajo, la que consiste en “armonizar las legislaciones nacionales sobre esta materia”. c) El Acuerdo sobre los ADPIC Hacia la década de los ochenta, los resultados que obtuvo la OMPI sobre expansión universal de la protección de la propiedad intelectual, no satisficieron a los países desarrollados. Por ese motivo es que surgió la idea de desplazar

el debate de la propiedad intelectual de la OMPI al GATT. Ahora bien, la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC fue asimétrica, tanto por el mayor peso específico de los países industrializados, como por la inferioridad técnica de los negociadores de los países menos desarrollados. Así fue que la primera y directa consecuencia de la firma del Acuerdo sobre los ADPIC fue la limitación de la capacidad de regulación de los países subdesarrollados en materia de políticas públicas destinadas a preservar la salud, la educación y el desarrollo económico por medio de la transferencia y difusión de la tecnología. No obstante, los países subdesarrollados lograron incorporar al Acuerdo sobre los ADPIC, importantes flexibilidades en orden a establecer regulaciones sobre la necesaria vinculación de los derechos de la propiedad intelectual con la transferencia de tecnología y el resguardo de valores sociales importantes como la salud pública y ciertas herramientas para limitar el ejercicio abusivo de los derechos intelectuales13. Los países del MERCOSUR, por su parte, sufrieron cambios en su legisla-

11. Diez de Velazco, Manuel, Las organizaciones internacionales, 14ª ed., Tecnos, Madrid, 2006, pp. 365 y 366. 12. Carlos Correa explica que el Acuerdo sobre los ADPIC ha avanzado significativamente en la universalización de estándares de protección que, con ciertos matices, reflejan en gran medida el punto de consenso existente entre los países industrializados (el Acuerdo sobre los ADPIC expresa un consenso respecto de la búsqueda de una protección equilibrada de productores y usuarios de conocimientos y tecnologías). Los países en desarrollo, si bien resistieron la discusión de niveles de protección específicos, finalmente se vieron forzados a aceptar el GATT como foro para la elaboración de normas no sólo sobre los niveles de protección de la propiedad intelectual, sino también sobre las medidas para su observancia. Correa, Carlos, Acuerdo TRIPs, régimen internacional de la propiedad intelectual, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998, pp. 13-31. 13. Vidaurreta, Guillermo, “La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”. En Negro, Sandra (Coordinadora), Pasado y presente de las Organizaciones Internacionales OACI, OMPI, OMS y OEA, La Ley, Buenos Aires, 2011, pp. 85-88.

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ción como consecuencia del Acuerdo sobre los ADPIC. “Los principales cambios introducidos incluyen el reconocimiento de patentes de productos farmacéuticos, no concedidos hasta hace poco en los países del Mercado Común; la extensión del término de la protección; la previsión de diversas modalidades de licencias obligatorias y el reforzamiento de las medidas relativas a la observancia (enforcement) de los derechos”14. Sin perjuicio de ello, Venezuela15 no reconoce el patentamiento de medicamentos. En cuanto a la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, los tribunales de los distintos países del MERCOSUR tuvieron oportunidad de pronunciarse sobre la aplicación del mismo tan pronto éste fue aprobado por los respectivos países. Argentina aprobó el acta final de la Ronda Uruguay y sus anexos, en diciembre de 1994, y menos de un año después, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal hizo lugar a una medida cautelar ordenando mantener en vigencia una patente en un juicio que tenía por fin obtener la prolongación del término de vigencia de una patente concedida bajo la antigua ley local por un plazo de quince años, al máximo de veinte

previsto en el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC (“E.I. du Pont de Nemours & Co. c/ Estado Nacional”, LL, 1996-A, 319)16. d) El TCP Por otro lado, a nivel internacional es dable mencionar al TCP17 –abierto a los Estados parte en el Convenio de París– dado que si bien Argentina no es parte18, si lo es otro Estado del MERCOSUR: Brasil. Por medio del TCP –el cual es administrado por la OMPI y está abierto a los Estados parte en el Convenio de París–, sus Estados parte crearon “…una Unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de protección de las invenciones, y para la prestación de servicios técnicos especiales...”19. El TCP sería lo que Fernández Masiá califica de Convenio “procedimental” -debido a que no contiene una regulación material mínima para aplicar por los distintos Estados contratantes, sino que su objetivo es facilitar la posibilidad de registrar un derecho en varios países de forma simultánea mediante una única solicitud-. Es decir, lo que permite el TCP es solicitar protección por patente para una invención simultáneamente en un gran número de países a través de la

14. Correa, Carlos, “Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual en el MERCOSUR”. En Gómez Masía, María Cecilia y Czar de Zalduendo, Susana, Derecho Económico Internacional, 1ª ed., Buenos Aires, La Ley, 2006, p. 6. 15. Hay que recordar que Venezuela, si bien no es parte del MERCOSUR desde sus inicios, lo es desde el 2012. 16. Fernández Arroyo, Diego (Coordinador), Derecho Internacional Privado de los Estados del MERCOSUR, Editorial Zavalia, Buenos Aires, 2003, p. 943. 17. Elaborado en Washington en 1970, enmendado en 1979, modificado en 1984 y en 2001. Finalmente, entró en vigor el 1º de abril de 2002. 18. Argentina firmó pero no presentó el instrumento de ratificación correspondiente. 19. Art. 1 TCP.

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presentación de una solicitud de patente “internacional”. La solicitud puede ser presentada por un nacional o residente de un Estado Contratante y se somete a lo que se llama una “búsqueda internacional”. Esa búsqueda da lugar a un “informe de búsqueda internacional” –es una enumeración de citas de los documentos publicados que pueden afectar a la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud internacional–, llevada a cabo por una de las principales oficinas de patentes designada como encargada de la búsqueda que, además, emite una opinión por escrito sobre la patentabilidad. La oficina comunica el informe y la opinión al solicitante y éste puede decidir el retiro de su solicitud pero si no la retira, la oficina la publica junto con el informe20. Si bien en el TCP se estableció un sistema para la presentación de solicitudes internacionales de patentes que produce el mismo efecto que la presentación de solicitudes nacionales en cada uno de los Estados contratantes del TCP designados en la solicitud internacional donde figuran varios principios del Derecho sustantivo de patentes aplicables a la fase internacional prevista en el TCP, cabe observar que este Tratado, además, permite a un Estado contratante aplicar todos los requisitos sustantivos de patentabilidad que desee durante la fase nacional21. Es importante destacar en este punto que

este Tratado no armoniza el derecho sustantivo de patentes de los Estados parte. Ahora bien, el TCP no parece representar una ventaja para cualquier país. Verbigracia, existen sólidos argumentos en Argentina que ilustran esta postura. Más aún, en el caso “Société Conseils de Recherches et D´Applications SCRAS c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ varios propiedad industrial e intelectual”, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (Sala I) el 15 de marzo de 2012 confirmó la denegatoria de la patente de invención por carencia de novedad, dado que la invención había sido divulgada a través del procedimiento previsto en el TCP. En otras palabras, no consideró inocua dicha publicación en los términos del artículo 5 de la ley 24.481. Por lo tanto, se pueden advertir desventajas de adherirse a este tratado. III. Regulación regional de la Propiedad Industrial En este acápite se analizará la regulación regional tomando para ello al Tratado de Montevideo sobre patentes de invención de 1889 (Tratado de Montevideo) y, fundamentalmente, a la normativa MERCOSUR. a) Tratado de Montevideo En 1889 se suscribió el Tratado de

20. Ver: http://www.wipo.int 21. OMPI, Comité permanente sobre derecho de patentes, Cuarta sesión, Ginebra, 6 al 10 de noviembre de 2000, disponible en http://www.wipo.int

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Montevideo22 y de los Estados del MERCOSUR sólo Argentina, Paraguay y Uruguay forman parte del mismo. Brasil no ha depositado su instrumento de ratificación y Venezuela no es Estado signatario y tampoco se ha adherido. Este Tratado continúa en vigencia, a pesar de que en su aplicación ha sido superado por Tratados internacionales posteriores, como, por ejemplo, el Convenio de París. El Tratado de Montevideo faculta a quienes han obtenido una patente o privilegio de inventor en uno de los países signatarios disfrutar en los demás similares derechos, siempre que se presente una solicitud en cada uno de éstos dentro del término de un año desde el momento en que se origine el derecho concedido bajo ese Tratado. “Pese a incluir una definición de invención –necesaria para fijar el contenido de los derechos reconocidos en ese Tratado– no establece normas destinadas a armonizar los Derechos de los países firmantes.”23 El Convenio de París limitó cualquier interpretación favorable del Tratado de Montevideo de 1889 a la consagración de sistemas de revalidación o de reconocimiento “automático”, de modo tal que el “reconocimiento” a practicar por los

Estados signatarios debía ahora ajustarse a un compromiso mayor como el de la Unión de París y su sistema de prioridad24. b) Normativa MERCOSUR - Protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual en el MERCOSUR, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen La única normativa creada hasta el momento sobre propiedad industrial en el ámbito MERCOSUR es el “Protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual en el MERCOSUR, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen” (Decisión 8/95 del Consejo del Mercado Común del 5 de agosto de 1995), en vigor solamente entre Paraguay y Uruguay desde el 6 de agosto de 2000. Si bien este Protocolo no posee disposiciones que hablen sobre la armonización de normas sobre patentes, en su artículo 24 establece que los Estados Parte se comprometen a realizar esfuerzos en el sentido de concluir, a la mayor brevedad, acuerdos adicionales sobre patentes de invención, entre otras materias relativas a la propiedad intelec-

22. Su artículo 1 establece que: “Toda persona que obtenga patente o privilegio de invención en alguno de los Estados signatarios, disfrutará en los demás, de los derechos de inventor, si en el término máximo de un año hiciese registrar su patente en la forma determinada por las leyes del país en que pidiese su reconocimiento” y su artículo 2 prevé que “El número de años del privilegio será el que fijen las leyes del país en que se pretenda hacerlo efectivo. Este plazo podrá ser limitado al señalado por las leyes del Estado en que primitivamente se acordó la patente, si fuese menor.” 23. Cabanellas, Guillermo, Derecho de Patentes de Invención, Tomo I, Buenos Aires, Heliasta, 2001, p. 458. 24. Núñez, J. F., “Las patentes de reválida: estado de situación jurisprudencial ante el fallo ‘Unilever’”. En Actualidad en Jurisprudencia Industrial, JA 2002-II, fascículo n. 3, Buenos Aires, abril 17 de 2002.

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tual. Asimismo, se puede destacar el artículo 23 que dispone que los países miembros cooperarán para examinar y dirimir dificultades respecto a la circulación de bienes y servicios en el espacio integrado resultantes de cuestiones relacionadas a la propiedad intelectual. De esta forma, a través de este último artículo se vislumbra un esfuerzo para “intentar resolver” el problema de que los derechos de propiedad industrial devengan en obstáculos al comercio intrazona. Por otro lado, este Protocolo constituye un instrumento que responde a la misma técnica legislativa utilizada en el Convenio de París, también utilizada en el Acuerdo sobre los ADPIC –la influencia de esos dos Tratados, fue también reconocida de forma expresa en el artículo 2 del Protocolo, imponiéndose a los Estados parte la obligación de observar las normas y principios consagrados por ellos-. Así, se cierran las puertas a posteriores divergencias en relación con las corrientes mundiales en la materia, e incluso se adoptan sus disposiciones como criterio interpretativo para la aplicación de las normas del instrumento. La preocupación fundamental del legislador del MERCOSUR fue regular los temas que podían erigirse como obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios, respetando al mismo tiempo las particularidades de las legislaciones internas. Es decir, no se intentó crear un registro centralizado de

marcas, ni uniformar las soluciones nacionales relativas al tema, sino armonizarlas, estableciendo el nivel mínimo de protección que debe brindarse25. - Protocolo sobre Principios Básicos y Reglas Generales en Materia de Propiedad Intelectual En el año 2008 por medio del Anexo V del Acta Nro. 1/08 se adoptó el texto borrador del Protocolo sobre Principios Básicos y Reglas Generales en Materia de Propiedad Intelectual. La vigencia de este Protocolo vendría a profundizar la articulación de elementos relativos a la materia en cuestión a nivel MERCOSUR. Además, cabe resaltar que en sus artículos 1 y 13 el Protocolo dispone que cada Estado Parte asegurará que las medidas destinadas a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo. De esta forma, se pueden observar los esfuerzos plasmados a fin de evitar que los derechos mencionados devengan un obstáculo al comercio intrazona, medida que también fue adoptada en el Protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual en el MERCOSUR, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, expuesto precedentemente. IV. Aspectos de la propiedad

25. Fernández Masía, Enrique y Hargain, Daniel, op. cit., pp. 191 y 192.

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industrial en el MERCOSUR a) Las patentes como obstáculos al comercio intrazona Conforme a los objetivos del art. 1 TA, se espera la libre circulación de bienes y servicios en el ámbito mercosureño. Empero, ¿qué sucede con los derechos de propiedad industrial? Dado que los mismos son territoriales, se puede llegar a inferir que implican un obstáculo al libre comercio (conforme ya ha sido analizado en párrafos precedentes) dificultando el avance del proceso de integración en este sentido. La Propiedad Industrial como obstáculo al comercio ha sido planteada por muchos autores. En la Unión Europea (UE) el tema ha sido tratado de la siguiente manera: el capítulo 3 del actual Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Prohibición de las restricciones cuantitativas entre los Estados miembros), dispone en sus artículos 34 y 35 que están prohibidas entre Estados miembros las restricciones cuantitativas, así como todas las medidas de efecto equivalente, tanto a la importación como a la exportación. No obstante, en el artículo 36 aclara que las disposiciones de los artículos mencionados no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas razones de protección de propiedad industrial, entre otras. Pero

aclara ese mismo artículo que tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros. De esta manera se observa que en la UE se especifican excepciones al libre comercio basadas en propiedad industrial. En este sentido, afirma Alberto Dalla Via que hubiera sido conveniente que el TA formule la excepción al libre comercio basada en la propiedad industrial tal como lo hizo la UE26. Sin perjuicio de lo expuesto, se advierten esfuerzos en el ámbito mercosureño relativos a palear los posibles efectos negativos que la propiedad industrial puede llegar a producir en el espacio integrado, esto es, los referidos a que la misma implique un obstáculo al comercio intrazona. b)Armonización legislativa El compromiso de los países del MERCOSUR de armonizar sus legislaciones internas implica un paso adelante en el camino de alcanzar reglas de juego uniforme en todos los países parte del proceso de integración, como una forma de que el mercado integrado funcione de manera similar en cualquiera de sus ámbitos. Si bien el proceso de armonización ha avanzado en muchas áreas, no ha completado su ciclo27. Verbigracia, la mentada armonización

26. Dalla Via, Alberto, “El MERCOSUR y los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual”. En Ghersi, Carlos (Director), MERCOSUR. Perspectivas desde el Derecho Privado. Parte Segunda, Buenos Aires, Editorial Universidad, 1996, pp. 85 Y 86. 27. Granillo Ocampo, Raúl, Derecho Público de la integración, Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,

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no avanzó en materia de propiedad industrial. Ahora bien, sin dejar de reconocer las asimetrías existentes entre los países que forman parte del MERCOSUR y tomando los recaudos necesarios, sería interesante analizar la viabilidad y necesidad de avanzar hacia una mayor armonización legislativa en materia de propiedad industrial. O bien considerar la posibilidad de adoptar políticas comunes respecto a ciertos elementos de la propiedad industrial que necesiten estar armonizados en pos del bienestar de los titulares de esos derechos y de todas personas que habitan en este proceso de integración. Es necesario destacar la labor del Subgrupo de Trabajo Nº 7 (SGT Nº 7) “Industria” que fue creado para tratar los temas relacionados a las políticas industriales de los países integrantes del bloque con el objetivo de contribuir a la integración productiva y avanzar hacia una política industrial común28. A través de la resolución del Grupo Mercado Común Nº 5/93 se creó la Comisión de Propiedad Intelectual, entre otras, en el ámbito del SGT Nº 7. V. Breve análisis comparativo con la CAN Por medio de este acápite se pretende realizar un breve análisis comparativo con las características de la propiedad 29 industrial en la CAN . Resulta

interesan-te comparar el tratamiento que se le da a este tema en otro proceso de integración también suramericano pero con elementos tan diferentes al MERCOSUR como lo es la CAN que, además, cuenta con una vasta normativa en materia de propiedad industrial. El compromiso sobre la propiedad industrial fue resaltada por la CAN desde su origen. A través del artículo 55 del Acuerdo de Cartagena los países de este proceso de integración demostraron su interés al obligarse a contar -en el marco de la armonización de políticas económicas y coordinación de los planes de desarrollo- con un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías. En este aspecto se puede vislumbrar que la CAN ha sido más específica que el MERCOSUR, pues este último proceso de integración se comprometió desde sus inicios a armonizar las legislaciones de sus países en las áreas pertinentes (TA), sin hacer referencia especial a los derechos de la propiedad industrial. La CAN cuenta con un Régimen Común de Propiedad Industrial, actualmente adoptado por medio de la 30 Decisión 486 , la cual entró en vigencia el 1 de diciembre de 2000 y aborda aspectos precisos en materia de patentes de invención, diseños industriales, marcas, denominación de origen y

2007, p. 555. 28. Ver: http://www.mercosur.int. 29. Integrada actualmente por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 30. Esta Decisión sustituyó a la Decisión 344.

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competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, entre otros aspectos. Con su aprobación, los andinos dieron “una buena señal” a los inversionistas nacionales y extranjeros al establecer una mejor protección a los derechos de propiedad intelectual y “procedimientos más ágiles y transparentes para los registros de marcas y el otorgamiento de patentes”. Asimismo, el nuevo régimen se instauró con el fin de armonizar las legislaciones nacionales de los Estados parte e incorporar aspectos sustantivos del Acuerdo sobre los ADPIC como el trato nacional, el trato de la nación más favorecida, el esquema de trazado de circuitos integrados -referidos al tratamiento de los “microchips”- y la observancia de las medidas en la frontera, redundando en un mayor control de la piratería31. La CAN ha desarrollado el tema de la Propiedad Intelectual a lo largo de varias decisiones hasta llegar a la 486. El sistema se caracteriza por un progresivo incremento en la protección a los derechos de propiedad intelectual. Respecto a patentes, se incrementó el plazo de protección hasta igualarlo a los estándares requeridos por el Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo el derecho a patentar fármacos. Sin embargo, a mediados de agosto de 2008, la CAN aprobó la Decisión 689, que modifica la 486 y autoriza a los países miembros a desarrollar y profundizar

determinados derechos de propiedad industrial a través de su legislación interna. De esta manera se rompió el Régimen Común de la Decisión 486 convirtiendo la excepción del “complemento indispensable” en la regla general, degradando la supremacía del derecho comunitario convirtiéndolo en excepción32. Por medio de sus considerandos la Decisión 689 determinó que, con el fin de garantizar la aplicación del régimen común sobre propiedad industrial y preservar el ordenamiento jurídico entre las relaciones de los Países Miembros de la CAN, es necesario que la Comisión permita realizar adecuaciones a la Decisión 486, de manera tal que los Países Miembros puedan desarrollar y profundizar determinados derechos de propiedad industrial a través de su legislación interna; que, dichas adecuaciones resultan necesarias teniendo en consideración los sistemas jurídicos nacionales, las políticas de gobierno y la protección de los derechos de propiedad industrial que algunos Países Miembros vienen aplicando y desarrollando; y que, sin embargo, debe buscarse el equilibrio adecuado entre las asimetrías socioeconómicas y las condiciones particulares de todos los Países Miembros en la aplicación y desarrollo interno de ciertas disposiciones comunitarias, considerando un margen de flexibilidad para que los

31. Ver: http://www.comunidadandina.org. 32. Vigil Toledo, Ricardo, La estructura jurídica y el futuro de la Comunidad Andina, Thomson Reuters, 2011, pp. 192-193.

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Países Miembros estén en condiciones de complementar la protección de derechos de propiedad industrial de acuerdo a las exigencias y estándares multilaterales. De esta manera, se puede entrever que a pesar de la completa regulación existente en este proceso de integración -a través de la Decisión 486en lo que a materia de propiedad industrial se refiere, a diferencia de la incipiente regulación que se encuentra en el ámbito del MERCOSUR, en la CAN también se observa una limitada armonización legislativa en la materia, dado las facultades otorgadas por la Decisión 689 analizada. Tal como precisó Vigil Toledo, a través de esta Decisión se ha degradado la supremacía del derecho comunitario 33 . Dicha supremacía sobre el derecho interno de los países miembros, principio ausente en el MERCOSUR, no se aplica o se aplica en forma limitada en materia de propiedad industrial en la CAN en la actualidad. El largo proceso de modificación de la Decisión 486 inició el 29 de enero de 2008, fecha en que Perú presentó formalmente la solicitud para poder profundizar y desarrollar la protección en materia de propiedad industrial y cumplir con sus compromisos dentro del Acuerdo de Promoción Comercial

que suscribió con los EE.UU. Luego de ello se realizaron una serie de reuniones y votaciones en el seno de la CAN contrarias a la voluntad peruana, hasta que el día 14 de agosto de 2008 se aprobó la modificación con la oposición de Bolivia34. La Decisión 689, que no había sido aprobada en una primera instancia, se aprobó por mayoría –con el voto contrario de Bolivia- en una segunda votación. Esta situación generó desacuerdos entre dicho país y Perú. Por un lado, Bolivia considera que esta decisión viola el Acuerdo de Cartagena, puesto que no todas las materias sometidas a la Comisión pueden ser objeto de Decisión por mayoría absoluta; en algunos casos el voto en contra siempre impide su adopción. Si fueran desaprobadas, podrían someterse nuevamente a consideración de la Comisión, pero solamente podrían ser aprobadas si existe voto en mayoría absoluta y no voto en contra. Bajo esta perspectiva, éste es el caso de los puntos tratados por la Decisión 689. Por otro lado, Perú sostiene que no se ha violado el Acuerdo de Cartagena, argumentando que todas las materias sometidas a la Comisión pueden ser objeto de Decisión por mayoría absoluta, aun con voto en contra, ya sea en primera o en

33. El derecho de la CAN prima sobre el derecho interno de los Estados parte del Acuerdo de Cartagena, lo cual fue establecido en numerosas sentencias e interpretaciones prejudiciales dictadas por el Tribunal Andino de Justicia. Por ello, si un país miembro incumple con lo acordado en el Tratado constitutivo o en otro instrumento jurídico andino, cabe la aplicación de lo normado respecto de la acción de incumplimiento (Mollard, Martín, “La Comunidad Andina de Naciones”. En Negro, Sandra (Directora), Derecho de la Integración, manual, Segunda edición revisada, ampliada y actualizada, Buenos Aires, B de F, 2013, p. 168). 34. Ver: http://www.ictsd.org

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segunda vuelta de votación. El conflicto suscitado por este hecho adquirió una nueva dimensión institucional cuando la Cancillería de Bolivia solicitó a la Presidencia Pro Témpore de la CAN la destitución del Secretario General del bloque. Esta situación generó respuestas de apoyo al funcionario de la Comunidad desde distintos ámbitos de la subregión. Por su parte, la Presidencia del Parlamento Andino instó al Gobierno boliviano a reflexionar sobre esta situación, para preservar la integridad del bloque integrado por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Cabe destacar que la Secretaría General emitió un Informe sobre el Quórum Decisorio y los Procedimientos de Adopción de Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina, donde analizó las líneas de entendimiento de la problemática por parte de ambos países. Consideró que ambas posturas tienen validez y dispuso que “en cada caso concreto, corresponderá a la Comisión, en desarrollo de prácticas ulteriores a la celebración del Acuerdo de Cartagena y al Protocolo de Trujillo, evaluar y elegir las perspectivas acerca del fortalecimiento del proceso de integración andino que se han enunciado, entre otras posibles, para la ponderación de una línea de entendimiento sobre otra. Ello, en caso de que no exista consenso en la propia Comisión acerca de las reglas de quórum de votación para la adopción de sus Decisiones y de los procedimientos que establece el Acuerdo de Cartagena y complementa el

Reglamento de la Comisión”35. Finalmente, otra característica de la mencionada Decisión 689 es que también ha previsto a través de sus considerandos que el régimen común sobre propiedad industrial busca propiciar el equilibrio y beneficio recíproco de los productores y usuarios de conocimientos, de manera tal que se estimule e incentive el desarrollo de la innovación y la tecnología, sin que ello se convierta en un obstáculo al comercio. Así, se puede advertir que la CAN también se ha preocupado por el riesgo de que la propiedad industrial se convierta en un obstáculo al comercio intrazona. VI. Reflexiones finales Los derechos de propiedad industrial, contemplados en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son indudablemente relevantes no sólo para los titulares de los mismos, sino también para la población mundial por los diversos efectos que éstos producen. Un ejemplo claro de ello son las patentes farmacéuticas, pues inevitablemente las mismas ejercen un impacto sobre la salud pública. Por consiguiente, éstos importantes derechos de propiedad industrial merecen ser tratados en los procesos de integración regional, analizando la viabilidad de una armonización legislativa en la materia, adoptando políticas comunes sobre el tema y/o examinando los riesgos sobre considerar a dichos

35. Ver: http://www.iadb.org.

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derechos como obstáculos al comercio intrazona. Se ha observado a lo largo del trabajo que si bien existe una vasta regulación a nivel internacional, poco es lo que se ha avanzado en el ámbito MERCOSUR respecto a la materia en cuestión. Por lo tanto, se vislumbra una necesidad de seguir trabajando sobre este tema dentro del proceso de integración. La entrada en vigencia del Protocolo sobre Principios Básicos y Reglas Generales en Materia de Propiedad Intelectual significaría un gran progreso en ese sentido. Asimismo, se puede advertir respecto a la CAN, que si bien en ese proceso de integración se halla una vasta regulación del tema, la Decisión 689 ha significado un retroceso en el camino hacia una armonización legislativa sobre propiedad industrial a nivel regional y un fuerte golpe al derecho originario de ese proceso de integración. Más allá del fuerte conflicto que se generó entre dos de sus países miembros por este tema. Por último, en cuanto al riesgo de que la propiedad industrial signifique un obstáculo al comercio intrazona, se puede reparar en ambos procesos de integración vistos una voluntad de sus países enfocada a palear este problema que se puede suscitar.

VII. Bibliografía Cabanellas, Guillermo, Derecho de Patentes de Invención, Tomo I, Buenos Aires, Heliasta, 2001. densidades nº 15 - mayo 2014

Correa, Carlos, Acuerdo TRIPs, régimen internacional de la propiedad intelectual, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998. Correa, Carlos, “Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual en el MERCOSUR”. En Gómez Masía, María Cecilia y Czar de Zalduendo, Susana, Derecho Económico Internacional, 1ª ed., Buenos Aires, La Ley, 2006. Czar de Zalduendo, Susana, “Integración: nociones generales. Integración económica e integración regional”. En Negro, Sandra (Directora), Derecho de la Integración, manual, Segunda edición revisada, ampliada y actualizada, Buenos Aires, B de F, 2013. Dalla Via, Alberto, “El MERCOSUR y los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual”. En Ghersi, Carlos (Director), .MERCOSUR. Perspectivas desde el Derecho Privado. Parte Segunda, Buenos Aires, Editorial Universidad, 1996. Diez de Velasco, Manuel, Las organizaciones internacionales, 14ª ed., Tecnos, Madrid, 2006. Fernández Arroyo, Diego (Coordinador), Derecho Internacional Privado de los Estados del MERCOSUR, Editorial Zavalia, Buenos Aires, 2003. Fernández Masiá, Enrique y Hargain, Daniel, “Protección Internacional de la Propiedad Industrial e Intelectual”. En Espluges Mota, Carlos y Hargain, Daniel (Coordinadores), Derecho del Comercio Internacional. MERCOSUR-Unión Europea, Buenos Aires, Editorial B de F, 2005. Granillo Ocampo, Raúl, Derecho Público de la integración, Buenos Aires,

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Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 2007. Mollard, Martín, “La Comunidad Andina de Naciones”. En Negro, Sandra (Directora), Derecho de la Integración, manual, Segunda edición revisada, ampliada y actualizada, Buenos Aires, B de F, 2013. Núñez, J. F., “Las patentes de reválida: estado de situación jurisprudencial ante el fallo ‘Unilever’”. En Actualidad en Jurisprudencia Industrial, JA 2002-II, fascículo n. 3, Buenos Aires, abril 17 de 2002. Vidaurreta, Guillermo, “La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”.En Negro, Sandra (Coordinadora), Pasado y presente de las Organizaciones Internacionales OACI, OMPI, OMS y OEA, La Ley, Buenos Aires, 2011. Vigil Toledo, Ricardo, La estructura jurídica y el futuro de la Comunidad Andina, Thomson Reuters, 2011.

Páginas Web www.mercosur.int www.wipo.int www.comunidadandina.org www.ictsd.org www.iadb.org

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ALBA-TCP y AP: visiones divergentes sobre la integración y el comercio Carmen Rosa Schaposnik y Eugenia Candelaria Pardo La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio con los Pueblos (ALBATCP) y la Alianza del Pacífico (AP) son dos iniciativas de integración surgidas en el siglo XXI entre países de América Latina y el Caribe. Aunque en su denominación coinciden en emplear la palabra “alianza”, asociada a la idea de un acuerdo para el logro de objetivos compartidos, lo cierto es que los fines de una y otra son divergentes en varios sentidos, entre ellos el tipo de comercio que promueven. Se desarrollan en un contexto de complejidad regional e internacional, en el que se observa un proceso de reconfiguración en torno a una

fragmentación del hemisferio, con modelos económicos distintos para el proyecto regional. Según Briceño Ruiz (2010) son tres los ejes que se evidencian: por un lado, el del “regionalismo abierto-TLC” ampliado a América Central, parte del Caribe y Sudamérica, centrado exclusivamente en el comercio -en el que podría incluirse la AP-; por otro, dos que son críticos a este último: el “eje revisionista” cuya expresión la constituye la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el “eje anti-sistémico” representado por la iniciativa del ALBA-TCP. También se visualiza la coexistencia de gobiernos progresistas que han cuestionado el consenso liberal y dan cuenta de

Carmen Rosa Schaposnik: Especialista en Políticas de Integración, profesora de Economía Política en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales e integrante del equipo de investigación del Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Contacto: rosasnik@yahoo.com.ar Eugenia Candelaria Pardo: Auxiliar Docente de Economía Política en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Maestrando en Integración Latinoamericana e investigadora en formación del Instituto de Integración Latinoamericana de la UNLP. Contacto: eugeniacpardo@yahoo.com.ar.

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una renovación en los estilos de intervención sobre la sociedad, llevando a cabo una política económica heterodoxa -Bolivia, Ecuador, Venezuela, entre otros- y los que continúan profundizando una orientación económica conservadora en el marco del neoliberalismo -entre ellos México, Colombia, Perú(Svampa, 2012). Si bien este artículo centra su análisis en el comercio a partir de las diferencias entre los Tratados de Comercio con los Pueblos –TCP- y los Tratados de Libre Comercio -TLC-, no se soslayan otros aspectos de los procesos de integración que los amparan o promueven –ALBA y AP respectivamente-. Para ello, se tendrán en cuenta investigaciones que las autoras han realizado en el Instituto de Integración Latinoamericana de la UNLP, acuerdos y convenios constitutivos, así como estudios publicados por organismos especializados y por intelectuales interesados en las distintas aristas que presenta la temática. Dos visiones sobre la integración y el desarrollo: ALBA-TCP y AP El ALBA-TCP y la AP son propuestas de integración que emergieron en este siglo en América Latina y el Caribe. Ambas buscan estrechar los vínculos comerciales pero a partir de concepciones diferentes respecto al desarrollo y la integración regional. Así, la AP continúa

inspirándose en el regionalismo abierto que fuera propugnado por la CEPAL en la década del noventa, impulsor de cambios profundos en los procesos de integración, sus mecanismos e instrumentos1. En tanto el ALBA-TCP, en virtud de escuchar y revalorizar el conocimiento de los pueblos, decididamente se aparta de encasillamientos teóricos clásicos, dando lugar a que estas racionalidades se vean superadas y otras nuevas demanden -además de la interpretación- un trabajo conjunto del científico con las comunidades, a partir del reconocimiento de una realidad conflictiva, abierta y condicionada por el territorio. Para avalar lo expuesto, se muestran a continuación sus orígenes, relaciones y principales contenidos. - Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Al momento de ser escritas estas reflexiones -marzo de 2014- la integran Cuba y Venezuela (socios fundadores en 2004), Bolivia (2006), Nicaragua (2007), Mancomunidad de Dominica (2008), Ecuador (2009), San Vicente y Las Granadinas (2009), Antigua y Barbuda (2009) y Santa Lucía (2013). Representa una población de más de 70 millones de habitantes y registra un PBI que supera los 460 mil millones de dólares2. Se sitúa su origen en el proyecto

1. Se entiende por regionalismo abierto al “proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración como por otras políticas en un contexto de apertura y desreglamentación, con el objeto de aumentar la competitividad de los países de la región y de constituir en lo posible un cimiento para una economía internacional más abierta y transparente” (CEPAL, 1994: 8, 97/98). 2. Información disponible en http://www.alba-tcp.org (consulta 15/3/2014). No incluye a Santa Lucía, incorporada a

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político del “Socialismo del Siglo XXI” presentado por el presidente de Venezuela -Hugo Chavez Frías- en febrero de 1999, inspirado en los ideales movilizadores de las luchas por la independencia de finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX. Efectivamente, ya en ese entonces “comenzaba a gestarse la creación de un bloque regional, en el cual la dimensión económica se vería sometida desde sus inicios a la dimensión política, que fue tomando forma cuando en la IIIª Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) se propuso un ALBA en contraposición al ALCA” (Schaposnik y Pardo, 2013:45). De manera formal arranca en diciembre de 2004, cuando los presidentes de Venezuela y de Cuba suscriben en la Habana una Declaración Conjunta en la Iª Cumbre sustentada en el desarrollo de la cooperación e integración en las áreas económica, comercial y productiva, con fuerte acento en la dimensión social. Respecto a las relaciones internacionales, los estados asociados participan de otros procesos subregionales y regionales de integración, que estarían sugiriendo en principio contradicciones con su pertenencia al ALBA-TCP. Sin embargo, también pueden ser vistas como alternativas en competencia que, pese a la contradicción de hoy, podrían resultar beneficiosas en el mediano y largo plazo, sobre todo a partir de los cambios culturales y educativos impulsados en

este bloque regional. En ese sentido, por ejemplo, Venezuela integra el MERCOSUR; Bolivia y Ecuador, la Comunidad Andina (CAN); Nicaragua el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el Tratado de libre Comercio CAFTARD; y Dominica, San Vicente y Granadinas, Antigua y Barbuda, forman parte de la Comunidad del Caribe (CARICOM). Adicionalmente algunos tienen estrechas relaciones económicas y comerciales con los Estados Unidos3 e incluso con la Unión Europea (UE). Más allá de estos relacionamientos, la estrategia adoptada, según Benzi (2010) se ha articulado en cuatro grandes ejes: el energético, el social, el económico y el financiero, que se instrumentan con una estructura institucional que comenzó a delinearse en la Vª Cumbre presidencial celebrada en 2007 y se ha ido completando con la creación de Consejos, Comisiones, Comités y Grupos de trabajo. Una muestra de su carácter innovador es la creación de un Consejo de Movimientos Sociales ese mismo año, para facilitar la participación social directa y la articulación entre los movimientos en la región. Las sucesivas Cumbres, con la incorporación paulatina de nuevos miembros, fueron ratificando los objetivos y principios guías. En el campo de la cooperación energética, se estructura a través de PETRO-

este espacio en 2013. 3. EEUU es el principal socio comercial de Venezuela y los países centroamericanos (SELA, 2013b). Además, el dólar estadounidense es la moneda de curso legal en Ecuador.

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CARIBE, con el propósito de facilitar el acceso a los recursos energéticos mediante un intercambio favorable, equitativo y justo entre los países de la región caribeña y con el principal objetivo de “coordinar las políticas públicas en materia de energía de los países miembros”. Engloba a dieciocho estados centroamericanos y caribeños, a saber: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, además de Venezuela. Adicionalmente, dicho acuerdo contempló principios en sintonía con los del ALBA-TCP, esto es: Unión, Solidaridad, Cooperación, Complementariedad, Seguridad energética, Desarrollo socioeconómico, Empleo soberano de los recursos energéticos, Visión Conservacionista y Mirada hacia el Sur. Por ello, el SELA (2013: 3c) entiende que se basa en dos pilares: “primero, la solidaridad de un país superavitario en energía, como es el caso de Venezuela, con países de escasas fuentes y recursos energéticos; y, segundo, el reconocimiento de las asimetrías entre países de mediano desarrollo económico relativo, como es el caso de Venezuela, y países de menor tamaño y desarrollo relativo, como lo son los países centroamericanos y caribeños beneficiarios de ese Acuerdo”. Respecto al eje financiero, se destacan

dos iniciativas: el Banco del Alba, creado en la VIª Cumbre de 2008 con el fin de “coadyuvar al desarrollo económico y social sostenible, reducir la pobreza y las asimetrías, fortalecer la integración, promover un intercambio económico justo, dinámico, armónico y equitativo entre los miembros del ALBA, inspirado en los principios de solidaridad, complementariedad, cooperación y respeto a la soberanía de los pueblos”; y el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE), un mecanismo de pagos regional basado en la utilización de una moneda electrónica para las operaciones comerciales entre los países, que incluye la intermediación financiera y la generación de créditos orientados al desarrollo de la producción exportable, abriendo las posibilidades de inserción comercial a los pequeños y medianos productores y empresas de la economía social. En conjunto, con el Banco del Sur y el Fondo de Reservas del Sur, anhelan conformar una nueva arquitectura financiera regional, distinta a la existente, que a nivel macro busca desprenderse de restricciones externas que estructuralmente condenaron a la región (Schaposnik y Pardo, 2011; 2013 a y b). En el eje económico se destacan, por un lado, los proyectos y las empresas grannacionales -PGN y EGN-, destinados a promover la integración productiva regional, y la creación del Espacio Económico del ALBA (ECOALBA)4, cuyo objeto, según el preámbulo del

4. El acuerdo para su creación se firmó en la XIª Cumbre del ALBA-TCP de febrero de 2012. En abril de 2013, en la

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acuerdo de creación es: “el ordenamiento y dinamización de las relaciones económicas entre los Países Signatarios, potenciando el encadenamiento productivo y comercial complementario” de modo tal que “permita el desarrollo pleno de las potencialidades y capacidades productivas en sectores prioritarios, a los fines de satisfacer las necesidades de los pueblos, atendiendo la demanda intrarregional y propiciando el escalamiento productivo”, a través de “la desgravación arancelaria, el énfasis en el intercambio de materias primas, bienes de capital e intermedios y de consumo final, y la aplicación de un conjunto de medidas que las incentiven, en función de los Planes de Desarrollo formulados por cada uno de los Países Signatarios” (SELA, 2013b: 17). Por otro lado, esto se articula con los TCP, iniciativas surgidas en franca oposición a los TLC, por estar basados en la complementariedad, la solidaridad y la cooperación en el comercio, buscando ser parte de un desarrollo alternativo. Fueron anexados a la propuesta inicial del ALBA en oportunidad de la incorporación de Bolivia en la IIIª Cumbre Ordinaria (2006); más tarde, en la VIIª Cumbre se establecieron los Principios que los rigen, afirmando que es fundamental impulsar el desarrollo integral socioproductivo, respetando los Derechos de la Madre Tierra, y contribuir

decididamente a dar solución a la desigualdad y a la pobreza de nuestros pueblos. - Alianza del Pacífico La AP es un mecanismo de cooperación e integración que surge a partir de la Declaración Presidencial de los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú en abril de 2011, y queda formalmente constituida a través del Acuerdo Marco de junio de 2012. Está abierta a la adhesión de otros países, entre los que se cuentan Panamá, Costa Rica, Canadá y Guatemala, y a la presencia de observadores, tales como Australia, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Honduras, Japón, Nueva Zelanda, Paraguay, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Constituye la agrupación comercial de mayor tamaño de la región, con más de un tercio de la población supera los 200 millones-. En materia de desempeño económico, en 2011 los cuatro países originarios de la AP generaron un PBI cercano a los 2 billones de dólares5. En contraposición al ALBA-TCP, se planteó el objetivo de conformar un área de “integración profunda” mediante la “búsqueda progresiva de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas” (art. 3 del Acuerdo Marco), con especial énfasis en el Asia Pacífico6,

VIIIª Reunión del Consejo de Complementación Económica del ALBA–TCP, se acordó su texto definitivo por parte de Bolivia, Cuba, Ecuador Nicaragua y Venezuela, el cual entró en vigencia en mayo de 2013. Su proyecto de complementación económica se inscribe en el marco normativo de la ALADI. 5. Información del Ministerio de Comercio de Colombia, disponible en http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php? id=7179 (Consulta 15/3/2014) 6. La asunción de un nuevo gobierno constitucional en Chile genera interrogantes sobre las posiciones que este país

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sustentado en políticas aperturistas acordes a la perspectiva del regionalismo abierto –compartidas por los gobiernos de esta iniciativa-. En ese camino en la VIIIª Cumbre del grupo realizada en Cartagena en febrero de 2014, se firmó un protocolo que prevé la exoneración arancelaria del 92% de los productos -dejando fuera muchas partidas del agro y estableciendo un plazo de hasta 17 años para terminar con los aranceles de productos agrícolas denominados “sensibles”, como el banano, el café y los frijoles-. Aunque para entrar en vigor, el acuerdo debe ser ratificado por cada país. En su organización institucional se destaca una instancia política -Reunión de Presidentes-, el Consejo de Ministros y el Grupo de Alto Nivel, apoyados por grupos de trabajo sobre diversos temas, tales como: Comercio e Integración; Compras Públicas; Servicios y Capitales; Propiedad Intelectual; Movimiento de Personas de Negocios y Facilitación para el Tránsito Migratorio; Estrategia Comunicacional, PYMES, Comité de expertos que analizan las propuestas del

CEAP; Transparencia Fiscal Internacional; Turismo; Relacionamiento Externo; Asuntos Institucionales y Mejora Regulatoria. Todos ellos en sintonía con las temáticas que involucran los TLC, acuerdos que desprecian las cuestiones sociales y no las incluyen entre sus prioridades, como si sus soluciones pudieran devenir naturalmente a partir de la liberalización del comercio entre economías desiguales. Además del modelo de desarrollo, los estados asociados comparten obligaciones en organismos multilaterales y acuerdos de integración y se hallan vinculados al proceso de negociación del Acuerdo Transpacífico de Asociación -TPP-, que registra el 37% del PIB mundial y participa en el 15% de las exportaciones y el 19% de las importaciones globales. Tiene por objeto la creación de una plataforma para la integración económica y comercial a la región del Asia-Pacífico, fundamento a su vez para un futuro Acuerdo de Libre Comercio del AsiaPacífico (FTAAP)7. Para Malamud (2013) el TPP puede ser

adoptará respecto a los procesos de integración regional. El actual Canciller, Heraldo Muñoz, en sus primeras declaraciones afirmó: “Vamos a empezar a trabajar desde el primer minuto, como ya lo hemos estado haciendo, para retornar a América Latina con mucha fuerza. Vamos a tener unas relaciones internacionales que no sean solamente económicas, que son muy importantes, pero también las políticas, culturales y sociales y apuntar hacia una mayor integración de la región, a una convergencia en la diversidad, porque somos diversos en la región, pero tenemos que ser capaces de más convergencia, de más unidad” (Disponible en: http://www.minrel.gob.cl, 11/03/2014). 7. El proceso de negociación del TPP es una iniciativa desarrollada por los países miembros que actualmente forman parte del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, a saber: Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelandia y Singapur. Este tratado, también conocido como P4, fue suscrito en el año 2005 y está en vigencia desde el 2006. A partir de allí, EEUU manifestó su interés por participar y colaborar para la ampliación de miembros. Fue así que se incorporaron paulatinamente a las negociaciones Australia, Perú y Vietnam en 2008, Canadá Japón y México en 2011 y Costa Rica en 2012. En el TPP participan tres de los miembros de la AP. Por su parte, el Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP) es la propuesta de un acuerdo a gran escala sobre la base de un área de libre comercio de Asia-Pacífico.

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uno de los potenciales de la Alianza; pero a la vez el TAFTA (Trans-Atlantic Free Trade Area)8 podría erigirse en uno de los acuerdos comerciales influyentes en ella y sus países miembros, por sus efectos directos e indirectos. En particular, porque el TPP se propone conformar una gran área de libre comercio que englobe tanto a su vertiente asiática como americana a la que se sumará Japón y desea ingresar próximamente Colombia. Pero también porque el TAFTA es uno “de los grandes objetivos de EEUU”, ya que con las negociaciones pretende “incidir de manera decisiva en la fijación de estándares de producción de bienes y servicios, de manera de forzar a China, el día de mañana, a negociar en torno a estas cuestiones”. En relación a las características del comercio, el estudio de la CEPAL (2013:57) sobre las economías de Asia y el Pacífico y la AP, revela que las primeras tienden a exportar a la Alianza productos con alto valor agregado; en tanto, la oferta exportadora de ésta se compone esencialmente de productos primarios, aunque se destaquen también las exportaciones en el sector de las TICs y el incipiente comercio intraindustrial. Sin embargo, advierte que “México presenta un déficit comercial significativo con Asia y el Pacífico, debido al gran volumen de las importaciones que realiza desde la región y, especialmente desde China”, lo cual estaría mostrando una

relación comercial desfavorable tal como la que le plantea el NAFTA con EEUU9. Dicho estudio concluye también que, a pesar de las asimetrías en materia económica y comercial, “la relación entre Asia y el Pacífico y América Latina presenta oportunidades de complementariedad a nivel industrial y un gran potencial para desarrollar intercambios en innovación y valor agregado por medio de un mayor intercambio comercial entre los países”. No obstante, señala que “las relaciones entre ambas regiones todavía enfrentan importantes retos, principalmente en la manera cómo la dotación de factores configura las ventajas comparativas en las dos regiones y por las marcadas diferencias en cuanto al tamaño de las economías, la dimensión de los mercados y la estructura productiva, entre otros indicadores”. Por su parte Moreno (2011) -presidente del BID-, expresó que “la integración entre economías de tamaño medio que compartan objetivos económico-políticos, es imprescindible para crear espacios económicos similares”. Señala que entre los beneficios “se podrían superar las desventajas asociadas a la falta de economías de escala, ofreciendo a las empresas un mercado interno ampliado y el desarrollo de cadenas productivas más integradas a nivel global”, incluso les permitiría aprovechar el dinamismo de los países del Asia

8. Es la negociación iniciada entre EEUU y la UE para conformar una gran área de libre comercio atlántica a la que podrían sumarse de inmediato Canadá y México. 9. El NAFTA -North American Free Trade Agreement- (1994) es el TLC suscripto entre México, EEUU y Canadá.

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emergente. En perspectiva, entiende que “un espacio económico más integrado podría funcionar como una plataforma para exportar nuevos bienes que incorporen valor agregado de varios países a través de cadenas de valor regionales. Adicionalmente, (…) será también más atractiva para la inversión extranjera de Asia que busque satisfacer demandas en América Latina, EEUU y Europa”.

Lo cierto es que la puesta en marcha de la AP, fue allanada por haber acordado TLC previos a su puesta en marcha. Indudablemente, fue una cuestión relevante a la hora de su conformación; a tal punto que se incluyó como requisito esencial para la adhesión de cualquier Estado el tener un tratado de libre comercio con cada una de las partes (artículo 11) –ver cuadro 1-:

Cuadro 1: Tratados de libre comercio de los países de la AP País

Colombia

Chile

México

Perú

TLC 2009

TLC 1994

Acuerdos CAN

TLC 1999

TLC 2009

Chile

TLC 2009

México

TCL 1994

TLC 1999

Perú

Acuerdos CAN

TLC 2009

TLC 2012 TLC 2012

Fuente: en base a SELA (2013c:18).

Inclusive en 2012, los cuatro países ya tenían TLC -firmados o en curso de negociación- con Canadá, EEUU, la UE y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). También con las naciones que integran el Acuerdo Transpacífico, y con países asiáticos o de otras regiones. A propósito, resalta Malamud (2013:2) que “Chile tiene firmados TLC y acuerdos de complementación económica con 51 países, Colombia 15 TLC que implican una cincuentena de países, México 12 TLC con 44 países y Perú 17 TLC.” TCP y TLC: ¿visiones divergentes del comercio? Un informe elaborado por el SELA (2013b) destaca las normas, principios y disposiciones operativas de los TCP que

proponen y entrañan un contenido con incidencias diferentes a los TLC, entre ellos: comercio con complementariedad, solidaridad y cooperación, para alcanzar juntos una vida digna y el vivir bien; comercio soberano, sin condicionamientos ni intromisión en asuntos internos, protegiendo a los servicios básicos como derechos humanos; protección de la producción de interés nacional, para el desarrollo integral de todos los pueblos y naciones; Trato solidario para las economías más débiles y comercio con políticas arancelarias ajustadas a los requerimientos de los países en desarrollo; reconocimiento del papel de los Estados en el desarrollo socio-económico y en la regulación de la economía; promoción

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de un crecimiento económico en armonía con la naturaleza, respetando los Derechos de la Madre Tierra; contribución del comercio y las inversiones al fortalecimiento de la identidad cultural e histórica de los pueblos; preferencia a las comunidades, comunas, cooperativas, empresas de producción social, pequeñas y medianas empresas; desarrollo de la soberanía y seguridad alimentaria de los países miembros en función de asegurar una alimentación con cantidad y calidad social e integral para los pueblos; ejecución de inversiones conjuntas en materia comercial que puedan adoptar la forma de empresas “grannacionales”; anteposición del derecho al desarrollo y a la salud respecto a la propiedad intelectual e industrial; adopción de mecanismos que conduzcan a la independencia monetaria y financiera; protección de los derechos de los trabajadores y los derechos de los pueblos indígenas; publicidad de las negociaciones comerciales, con el fin de que el pueblo pueda ejercer su papel protagónico y participativo en el comercio; libre movilidad de las personas como un derecho humano. Otro documento del mismo organismo señala respecto a los TLC firmados por los países de la AP, que poseen elementos comunes -más allá de diferencias producto de sensibilidades bilaterales- y que pretenden sentar las bases de reglas de juego a largo plazo. Entre ellos menciona, por ejemplo, que el agropecuario fue un sector sensible en la negociación del TLC entre Colombia y México al igual que el sector automo-

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tor –que incluye disposiciones especiales en materia de acceso a mercados-. También se tratan en un capítulo aparte el comercio transfronterizo, el transporte aéreo (Chile y México), las Telecomunicaciones (Chile–México y Colombia-México), Servicios financieros (ColombiaMéxico y México-Perú) y el Reconocimiento de Títulos y Estudios (MéxicoPerú), además de otras sensibilidades en materia de comercio electrónico, defensa de la competencia o propiedad intelectual. En general se cubren “los grandes temas abocados hasta ahora para la conformación de la Alianza del Pacífico (…) como Comercio de Bienes, Inversiones, Compras del Estado, Propiedad Intelectual, Movimiento de Personas, Transporte Aéreo, Comercio Electrónico, Promoción Comercial, Cooperación y Solución de Diferencias” (SELA, 2013a: 14). Es evidente, entonces, que los TCP proponen un contenido diferente, sobre todo en relación a sus fines, el rol del Estado, a quienes benefician y a su contenido. En este sentido, el ex embajador ante Naciones Unidas de Bolivia -Pablo Solón-, en una entrevista resumió cuatro diferencias esenciales que los distinguen de los TLC -esquematizadas en el cuadro 2-:

ALBA-TCP y AP: visiones divergentes sobre la integración y el comercio Cuadro 2. Diferencias entre los TLC y los TCP Diferencias

TLC

TCP

1. Fines

-Buscan disminuir o eliminar aranceles, pero ningún país elimina los aranceles para todos los productos.

-De acuerdo al artículo 1: los gobiernos eliminan los aranceles y cualquier tipo de barrera comercial. Además, incluyen compromisos de compra agrícola e industrial.

2. Articulación productiva

-Fomentan la competencia entre productores diametralmente distintos en relación a su capacidad productiva. -No existe la articulación productiva, sólo allanan la competencia entre empresas.

-Fomentan la complementariedad productiva según las necesidades de los países. Se buscan crear proyectos, operaciones y/o empresas binacionales.

3. Rol del Estado

-Persiguen una participación cada vez menor del Estado en el comercio.

-Promueven la participación activa del Estado. El TCP señala la importancia de la intermediación, el acopio y la comercialización.

4. Contenido

-Tratan sobre cuestiones comerciales que en teoría pueden ser aprovechadas por todos, pero sólo benefician a las grandes empresas y las trasnacionales.

-Es reducido en extensión y omite los tópicos del TLC: propiedad intelectual, servicios etc., ya que deja a los Estados la potestad sobre esos temas. -Las normas buscan beneficiar a sectores productivos pequeños. -Son acuerdos económicos asimétricos: el más grande concede privilegios a los más chicos (trato diferenciado).

Fuente: elaboración propia en base a Solón (2006).

De manera que, los TLC por un lado y los TCP por el otro, plantean incidencias distintas para los pueblos de la región en respuesta a las visiones diferentes de los procesos que los promueven. Expectativas sobre la integración regional Ahora bien, una vez señaladas las principales diferencias entre ALBA-

TCP y AP, cabe preguntarse si la creación de esta última y el objetivo de contribuir a la inserción comercial hacia la región Asia-Pacífico, está debilitando la integración sudamericana y latinoamericana que propone UNASUR por un lado y la CELAC por el otro. Es así que, frente al entusiasmo o

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encantamiento ideológico y geopolítico que inspira la AP, Zibechi (2013) advierte sobre los riesgos de esta alianza en base a los objetivos que persigue. Así menciona, primero, “sujetar a los países del Pacífico como exportadores de bienes naturales, consolidarlos como países sin industria y enormes desigualdades y, por lo tanto, con crecientes dosis de militarización interna”; segundo, “impedir la consolidación de la integración regional y aislar a Brasil, pero también a Argentina y Venezuela”; y tercero, “formar la pata americana” del TPP, “que Estados Unidos pretende convertir en el brazo económico de su megaproyecto militar para contener a China”. Por su parte, Theothonio Dos Santos (2013) considera que los países que entran en tal asociación no hacen acuerdos entre ellos, hacen acuerdos de cada uno de ellos con Estados Unidos. En su opinión “se trata de una aventura” y “los países que se embarquen van en un sentido anti-integración”. Reflexiones estas y de otros autores, animan a pensar en el por qué, el para qué y el para quién de estas iniciativas, más allá de los análisis comerciales de costobeneficio a corto plazo. Lo cual apela a un nuevo rol del intelectual comprometido con la acción, esto es, una nueva “actitud personal del científico ante las realidades en que se encuentra, lo que implica en su mente, la convergencia de dos planos: el de la conciencia de los problemas que observa y el del conocimiento de la teoría y conceptos aplicables a esos problemas” (Naidorf et.al, 2010:4). densidades nº 15 - mayo 2014

Atento a ello, lo primero que observamos es que las distintas visiones políticas y los diferentes modelos de desarrollo e integración en América Latina dieron lugar a un abanico de procesos con incidencias dispares. A propósito de la AP y del ALBA-TCP, si bien buscan estrechar los lazos comerciales, la primera tiene en los TLC su razón primordial. Mientras tanto, el ALBA a través de los TCP incorpora objetivos y destinatarios ausentes o invisibilizados en los TLC, como las comunidades indígenas o los pequeños productores. Otra cuestión, que resulta novedosa, es que los TCP no pueden comprenderse a partir de las teorías existentes -que incluyen los instrumentos más sutiles y eficaces de colonización a través de la racionalización de las interpretaciones científicas de la realidad-. De hecho, como valoran los conocimientos de las comunidades, ellos no pueden ser sistematizados ni orientados por la teoría; sino a la inversa: son las comunidades las que la orientan o desorientan. De modo tal, que la temática del comercio desafía a ir más allá del señalamiento de resultados económicos y comerciales “racionales” sustentados en el presunto beneficio de las alternativas, y del desdén por discutir el sentido y el contenido de las propuestas. Implica alejarse de la subordinación de lo público a lo privado y de lo político al “campo científico”. Por ello, la opción “TLC” vs “TCP”, requiere un retorno a lo político que incluya un diálogo más amplio para recuperar sujetos críticos. Sólo así podemos esperar que los procesos de

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integración regional -así como sus Estados Miembros- dispongan de mayor autonomía en el ámbito global y derroten los diagnósticos que definieron a este y otros continentes como “subdesarrollados”, e incapaces de construir colectivamente alternativas a medida de los pueblos en el espacio nacional, regional y multilateral.

Bibliografía citada en el artículo Benzi, D. (2010). “¿En la hora de las definiciones? Una aproximación al ALBA al atardecer del neoliberalismo”. En: Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, Nº 10, juliodiciembre, México, pp. 69-99. Briceño Ruiz, J. (2010). “La iniciativa del Arco del Pacífico Latinoamericano”. En: Nueva Sociedad, N° 228, pp. 45-59 CEPAL (1994), El regionalismo abierto en América Latina y El Caribe. Disponible en: http://www.eclac.org/publicaciones/ xml/7/4377/lcg1801e.htm C E PA L ( 2 0 1 3 ) . “ C o m e r c i o intraindustrial entre las economías de Asia y el Pacífico y la Alianza del Pacífico, 20072011”. Preparado por Roldán Pérez (coord.), Castro Lara y Eusse Giraldo, Publicación de Naciones Unidas, ISSN 1680-869X. Disponible en: http://www. eclac.org/publicaciones/xml/8/50628/C omerciointraindustrial.pdf Dos Santos T. (2013). “La Alianza del Pacífico sólo ofrece comercio con EEUU”, entrevista realizada por Osvaldo León. Disponible en: http://www.lahaine.

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Economía Crítica. Economía Política y Política Económica. Schaposnik, C. R. y Pardo E. C. (2013b). “ALBA-TCP y educación: dos aliados estratégicos en la construcción de Nuestra América”. En: densidades, Nº 12, pp. 4558. SELA (2013a). “La Alianza del Pacífico en la Integración Latinoamericana y Caribeña”. En: Secretaría Permanente, Caracas, SP/CL/XXXIX. O/Di Nº 1-13 SELA (2013b). “El ALBA-TCP como mecanismo de cooperación de alcance regional”. En: Secretaría Permanente, Caracas, Julio, SP/Di N° 3-13 S E L A ( 2 0 1 3 c ) . “A c u e r d o d e Cooperación Energética. PETROCARIBE”. En: Secretaría Permanente, Caracas, SP/Di N° 3-13 Solón, P. (2006). “TLC vs TCP”. Disponible en: http://www.aporrea.org/ tecno/n77161.html Svampa, M. (2012). “Pensar el desarrollo desde América Latina”. En: Gabriela Massuh (edición): Renunciar a bien común. Extractivismo y (pos)desarrollo en América Latina, Ed. Mardulce, Argentina, pp.17-58. Zibecchi, R. (2013). “El desproporcionado encanto de la Alianza del Pacífico”. Disponible en: http://www.jornada. unam.mx/2013/06/14/opinion/017a2pol Sitios web Portal de la AP http://alianzapacifico.net Portal de ALBA-TCP http://www.alianzabolivariana.org

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De Cancún a Bali: Argentina y Brasil en las negociaciones de Doha sobre agricultura y acceso a mercados no agrícolas Silvia Quintanar y Marina Cifuentes Introducción El trabajo analiza en forma comparada las posiciones de Argentina y Brasil en las negociaciones multilaterales de comercio de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC), al mismo tiempo que señala cuáles han sido y son las estrategias negociadoras en pos de la consecución de las metas de estos dos países. Dada la complejidad de la agenda negociadora se centra en dos temas: las discusiones relacionadas con la agricultura y el acceso a mercados no agrícolas conocido como NAMA por las iniciales en inglés de Non Agricultural Market Access.

Los momentos centrales de atención son el desempeño de los dos países en las Conferencias Ministeriales, órgano decisorio supremo de la OMC que se reúne por regla general cada dos años. El período de análisis coincide con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, por lo que se analiza el proceso desde los tiempos previos a la Quinta Reunión Ministerial de Cancún en septiembre de 2003 hasta la Novena Conferencia Ministerial realizada en Bali en diciembre de 2013. La Ronda de Doha La Ronda de Doha, fue lanzada en

Silvia Quintanar. Magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina (UNICEN). Profesora Titular del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN. Coordinadora y docente de la Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Economía Política de las Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN e integrante del Grupo de Investigación MERCOSUR y Relaciones Internacionales (SECAT-UNICEN). Marina Cifuentes. Licenciada en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN. Maestranda de la Maestría en Procesos de Integración Regional con énfasis en el MERCOSUR de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

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De Cancún a Bali: Argentina y Brasil en las negociaciones de Doha sobre agricultura y acceso a mercados no agrícolas

noviembre de 2001 en la Reunión Ministerial realizada en Qatar con el nombre de Ronda del Desarrollo. En dicha oportunidad se dio una clara retórica a favor de los menos desarrollados, incluyéndose por primera vez en las negociaciones temas claves para los países en desarrollo como la agricultura y el principio de que un trato especial y diferenciado para los países en desarrollo sería parte integrante de todos los elementos de las negociaciones (OMC, 2001). Un hecho importante al momento del lanzamiento de la Ronda fue la incorporación de China a la OMC con peso simbólico para los países en desarrollo. El gobierno de Lula, en su apuesta al multilateralismo, decidió que la participación de Brasil en la Ronda sería proactiva, aumentando la capacidad de negociación del MERCOSUR con un liderazgo más amplio que cubriera gran parte de los países en desarrollo. Para ello y sobre la base del G3 o Foro de Diálogo IBSA (India, Brasil y Sudáfrica), Lula y su Ministro de Relaciones Exteriores Celso Amorím constituyeron el G-2O, agrupación de países en desarrollo específicamente enfocado en el tema de la agricultura. El núcleo de la coalición está compuesto por Brasil, India y China, considerados los grandes líderes del mismo, y por Argentina, Sudáfrica y Pakistán, en una segunda línea de importancia. En total reúne a una veintena de países en desarrollo interesados en los avances de

la negociación agrícola. El G-20 está específicamente enfocado en el tema de la agricultura, y no se expide en otras cuestiones, en algunas de las cuales las diferencias entre estas naciones es evidente. El G-20 es una nueva coalición de países que busca incrementar su fuerza política frente al eje Estados UnidosUnión Europea. Fue así como varios de los países en desarrollo de América Latina y Asia, miembros del Grupo CAIRNS de exportadores agropecuarios eficientes –actor tradicional en las negociaciones de los temas agropecuarios que quedó claramente en segundo plano-, bajo el liderazgo de Brasil, se unieron a la India, China y Pakistán. Con ello se daba pie a una alianza insólita entre los grandes exportadores de alimentos, como el Brasil y la Argentina, y países proteccionistas en el terreno agrícola pero cuyo peso en el comercio mundial, y por lo tanto en las negociaciones multilaterales, era cada vez más significativo: este era el caso de la India y China. De hecho, la situación que hizo posible esta nueva coalición de los países del Sur fue el carácter de los enunciados de la Ronda de Doha, que afianzaban objetivos diferenciados y no claramente recíprocos entre los países desarrollados y aquellos en desarrollo. En respuesta a la propuesta conjunta, la nueva agrupación formal formuló su propio proyecto en el que exigía al Norte mayores compromisos de liberalización, a la vez que reconocía para el Sur el derecho de mantener un sesgo más protector, en función de las necesidades densidades nº 15 - mayo 2014

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de seguridad alimentaria y desarrollo rural (Fritscher y Marañon, 2006:13-14). La Quinta Reunión Ministerial de Cancún en septiembre de 2003 El provocador marco sobre Reforma a su Política Agrícola que Estados Unidos y la Unión Europea presentaron conjuntamente en vísperas de Cancún –sobre la base de tómalo o déjaloconsolidó a la alianza del Grupo de los 20 que con otras agrupaciones de países en desarrollo la rechazaron firmemente en Cancún (México) en septiembre de 2003. El G-20 mantuvo una postura dura y enfrentó a Estados Unidos y Europa por los subsidios agrícolas, no aceptando el inicio de las negociaciones sobre otros temas. El clima previo a la reunión estuvo enrarecido por denuncias y acusaciones. Existieron presiones de Estados Unidos y de la Unión Europea sobre los países aliados de Brasil en el G-20 y también sobre Brasil para que abandonaran sus exigencias de una rápida disminución de los subsidios agrícolas. Lula advirtió al presidente norteamericano Bush, que sin avances significativos en la negociación agrícola en la reunión de Cancún, no sería posible avanzar en los demás temas. La información fue divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Di Biase, 2004:12). Durante las reuniones de la OMC el ministro de Relaciones Exteriores brasileño Celso Amorím cumplió una función de coordinador, por lo que se convirtió en la cara visible del G-20. La Argentina fue vista por los analistas densidades nº 15 - mayo 2014

de la cumbre en un segundo escalón, escoltando a Brasil en el liderazgo del nuevo y poderoso grupo, con un profesionalismo y una firmeza mayores que en otras cumbres, pero con más flexibilidad que Brasil a la hora de buscar consensos, era de los que decían “es necesario ver, es necesario negociar”. El mundo en desarrollo apareció en Cancún con otra división que posteriormente complicaría el escenario de negociación, la Alianza por Productos Especiales y Mecanismos Especiales de Salvaguardia, representada por el G-33, en el que India tendría un peso relevante. El G-33 dio a conocer en Cancún una posición adicional a las conocidas sobre agricultura centrándose en la defensa de los pequeños agricultores y de la agricultura familiar. Defendiendo a los pequeños agricultores en la OMC, fue el título de la declaración de prensa, en la cual la alianza de 32 países en desarrollo (de la que participan Venezuela y Cuba) llama a la OMC “a reflejar las preocupaciones de los agricultores en pequeña escala de los países en desarrollo”. En esta declaración demanda que la OMC construya “colchones” para el desarrollo económico y social, además de que se exige una pausa en la liberalización comercial sobre productos específicos. El comunicado asegura también que si se permite a los países pobres “la excepción de ciertos sectores agrícolas claves, la OMC puede salvar los medios de supervivencia de millones de personas y reintegrar el desarrollo en centro de esta ronda” (Villamar Calderón, 2003).

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Acuerdo Marco del Consejo de la OMC de julio de 2004 Cabe recordar que en Doha los ministros decidieron adoptar nuevamente no solo el principio del “todo único” (single undertaking) sino además los principios de “un miembro-un voto” y la votación bajo “consenso”. Aquello ha servido, tal vez de justificación, para que en los meses siguientes a Cancún, el Consejo General de la OMC comenzara a suplantar “de facto” a las Conferencias Ministeriales como máxima instancia de decisión dentro de la organización. En efecto el “paquete de julio” de 2004 constituye, en la práctica una Declaración Ministerial (que define la agenda de negociación) sin que haya tenido lugar una Conferencia Ministerial (Mindreau Moreno, 2005:392). Adicionalmente, se fue produciendo una verdadera multiplicación de “miniministeriales” y un uso cada vez mayor de las llamadas “salas verdes” que son objeto de creciente controversia. Luego del fracaso de Cancún, en su intento por reanudar las conversaciones, Estados Unidos y la Unión Europea no tuvieron más remedio que reconocer que sin hablar directamente con Brasil y con la India (por el Grupo de los 20) las conversaciones en la OMC no avanzarían. La tradicional “cuadrilateral” de partes interesadas constituida por EEUU, UE, Australia y Japón, pasó a ser un grupo de seis con la inclusión de Brasil e India. La ganancia de Brasil liderando el G20, resultó en la afirmación de su nueva

función de jugador global, dispensador de poder dentro de la OMC. Su delegación comenzó a participar de la mesa chica de un proceso negociador en círculos concéntricos que es cuestionado por la mayoría de los países como poco transparente y excluyente. Pero a la vez muy influente que en la jerga de la OMC se denomina el “efecto del cuarto verde”, así llamado por el color de la oficina del Director General, La VI Conferencia Ministerial de Hong Kong de diciembre de 2005 Para la VI Conferencia Ministerial de OMC celebrada en Hong Kong en diciembre de 2005, en el contexto del G6, Brasil e India ya debieron jugar “como actores globales responsables” utilizando su influencia para garantizar que el mundo en desarrollo no bloqueara un acuerdo que hiciera posible la continuación de la Ronda de Doha. Los resultados que se obtuvieron pusieron en pie a la organización, sus fueron modestos aunque no insignificantes como diría Lula. Sin embargo, persistieron las importantes diferencias entre los países desarrollados y la mayoría de los países en desarrollo. Esas diferencias, aún hoy, se vinculan con el nivel de ambición a que se aspira en las negociaciones sobre agricultura, productos no agrícolas, servicios y propiedad intelectual. Mientras el primer grupo de países presiona por una fuerte liberalización en las últimas tres áreas, gran parte de los integrantes del segundo pretende que se modifiquen las tradicionales políticas de

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protección y distorsión del comercio y producción agrícolas que aplican los países desarrollados, a la vez que desea preservar cierta flexibilidad en el manejo de las políticas industriales y de servicios, de forma de favorecer la expansión de esos sectores, su competitividad y, consiguientemente, un mayor protagonismo de los países en desarrollo en el comercio internacional (Tussie y Stancanelli, 2006). De hecho de cara a Hong Kong se conforma un nuevo grupo de presión el NAMA 11 en el que Argentina tendría un rol importante. El grupo NAMA 11 es una agrupación de 11 países en desarrollo entre ellos Argentina, Brasil, Venezuela, India y Sudáfrica (en el que no está China, exportador eficiente de manufacturas) que comparten intereses comunes en la negociación de acceso a mercado en productos no agrícolas. Fue creado con la idea de defender el cumplimiento de los conceptos “reciprocidad menos que plena” y “trato especial y diferenciado” para los países en desarrollo. La Declaración de Hong Kong, incorporó a instancias de la Argentina, acompañado por el G 20 el párrafo 24, el cual dispone el equilibrio entre la agricultura y el NAMA. Los miembros a través de dicho párrafo manifiestan que “es importante adelantar los objetivos de desarrollo, de esta forma, mediante un mayor acceso a los mercados para los países en desarrollo tanto en agricultura como en el NAMA. Este nivel de ambición ha de alcanzarse de una manera equilibrada y proporcionada, compatible densidades nº 15 - mayo 2014

con el principio de “trato especial y diferenciado”. Esta fórmula se convirtió en un logro importante para los negociadores argentinos, que continuaron realizando un seguimiento de esa posición (Zelicovich, 2012:12). Más allá del NAMA 11, durante las negociaciones en Hong Kong el G-20 siguió teniendo un papel decisivo en las negociaciones y Argentina se alineó con él. La reunión mini-ministerial informal de julio de 2008 en Ginebra Para la reunión mini-ministerial de Ginebra de 2008, China se incorporó por primera vez al selecto club de potencias negociadores del primer círculo. Los negociadores brasileños buscaron desde el primer momento viabilizar un acuerdo para el “paquete de Pascal Lamy”, Director General de la OMC. En varias ocasiones sostenían que un acuerdo mínimo, incluso si no representaba beneficios para ninguno, sería de todos modos importante para preservar el sistema multilateral de comercio. Al explicitar claramente su posición desde el inicio, los negociadores brasileños terminaron apareciendo como asesores calificados (por la representación nacional) del Director General de la OMC, el francés Pascal Lamy. O sea, en la práctica dejaron de tener protagonismo como actores en la negociación y pasaron a jugar todo el tiempo a buscar un acuerdo (Mineiro, 2008:13). Aparentemente, los negociadores

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brasileños parecían satisfechos con los beneficios potenciales y confiaron en la enorme capacidad de expansión de la agricultura y los agronegocios de Brasil. Su delegación aceptó que deberían recortarse sensiblemente las tarifas a la importación de bienes industriales y el mantenimiento de una cantidad limitada de productos sensibles. Lo sorprendente de Brasil en Ginebra fue que pasó a aceptar de lleno las propuestas de los países desarrollados. Según la analista Diana Tussie, desde mayo de 2008 Brasil había dado señales claras de que acompañaría a los países desarrollados y no a sus aliados del G-20. Un pujante sector brasileño quiso dejar atrás dichas alianzas para apoyar una conclusión de las negociaciones que pudiera abrirles la puerta a los mercados externos. Con todo, el diario Folha de San Pablo calificó el amague como “una cuchillada en la espalda para Argentina” (Tussie, 2008). En nuestra opinión la alineación de Brasil con Estados Unidos en la OMC casi tiene una fecha de inicio: el 9 de marzo de 2007 cuando se firmó en San Pablo el Memorandum de Entendimiento por los Biocombustibles entre los gobiernos de Estados Unidos y Brasil durante la gira de Bush por algunos países de América Latina. Dicho documento se ató visiblemente al compromiso mutuo de terminar con la Ronda de Doha. Brasil espera imponer el etanol en los mercados globales a partir del éxito de la Ronda de Doha en la reducción de los aranceles de importación (Quintanar y Cifuentes, 2010:69).

Dicho documento se ató visiblemente al compromiso mutuo de terminar con la Ronda de Doha trabajando juntos. Esta posición brasileña afectó la consistencia del G20. Los negociadores brasileños apuntaron a expresar sus intereses ofensivos en agricultura, dejando a la India el papel de defender los intereses de protección de la agricultura familiar y campesina. Los socios de Brasil estuvieron a la altura y elaboraron una estrategia propia llevando adelante una articulada defensa de sus intereses. La India, se convirtió en el “villano” de la reunión, ganó relevancia en las negociaciones, ya que no sólo defendió sus intereses (y los del G33) en temas como productos especiales y mecanismos especiales de salvaguardia, sino también articuló una posición importante con China para dificultar la nueva propuesta en discusión de superliberalización de algunos sectores industriales específicos que en primera instancia aparecían como voluntarios. Las negociaciones de la reunión “miniministerial” de la Ronda de Doha fracasaron estrepitosamente el 29 de julio de 2008. La chispa fue un asunto caro a los países en desarrollo, defendido por India y China, el establecimiento de un mecanismo de salvaguardias especiales que elevaría los derechos de aduana cuando las importaciones de productos agrícolas superaran cierto nivel y causaran perjuicio a los pequeños agricultores y campesinos. Estados

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Unidos se opuso por considerar que el mecanismo podía dar lugar a abusos. En NAMA, los textos borradores fijaban los coeficientes aplicados en un nivel que implica una amplia apertura para los países en desarrollo y que no afecta demasiado los aranceles de los países desarrollados ya de por sí bajos en los productos industriales. Acompañada por los restantes miembros del NAMA 11 la Argentina había presentado un documento que en su punto medular planteaba que la rebaja de aranceles a la importación de bienes industriales en las naciones en vías de desarrollo sería inferior del que las partes estaban considerando. Entre las repercusiones del colapso de la mini-ministerial se destaca el hecho de que NAMA 11 quedó debilitado al aceptar Brasil la propuesta de Lamy. India continuó apoyando el NAMA 11, en particular Argentina, Sudáfrica y Venezuela. Argentina tomó la posición más firme, sostuvo que la propuesta de reducción de aranceles en manufacturas en 56% era inaceptable. Dicha reducción no solamente implicaba bajar la protección a su propia industria sino además reducir el margen de preferencia que gozan sus exportaciones en el mercado regional. Lo que Brasil intentó negociar en Ginebra complicaba la columna vertebral del bloque MERCOSUR: su relación con Argentina. Lula justificó la decisión de su canciller Celso Amorim de avanzar sin el consenso de su socio privilegiado. Según

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el presidente brasileño, en las negociaciones internacionales que se avecinan para ampliar el horizonte comercial del MERCOSUR “tenemos que construir los consensos en el límite de los posible para andar juntos en el mundo defendiendo la misma bandera pero sin renunciar a la soberanía de cada país. Ésta es intocable. Argentina tiene sus intereses y Brasil los suyos” (Blest, 2008). Séptima Conferencia Ministerial, Ginebra, 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2009 En palabras oficiales del propio Director General, Pascal Lamy la VII ministerial realizada en Ginebra en 2009 se planteó como una ministerial “de mantenimiento” de la organización, examinó temas de menor importancia pero no tuvo avances con respecto a las negociaciones de Doha. De hecho se estaba más lejos del acuerdo ya que la nueva Administración Obama consideraba que la Ronda no era equilibrada y que había que mejorarla por lo que EEUU pretendía revisar los borradores de los acuerdos alcanzados en la negociación en diciembre de 2008 y comenzó una importante avanzada por un mayor acceso al mercado sobre los países emergentes China, India y Brasil. El rasgo saliente de la 7ma. Conferencia fue la ofensiva uniforme lanzada en dos frentes por los países en desarrollo en defensa de sus intereses comerciales amenazados por las naciones ricas. En un movimiento coordinado del Grupo Informal de Países en Desarrollo que congrega a los distintos bloques de

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países del Sur, unas 110 naciones salieron unidos a reclamar una conclusión acelerada de la Ronda de Doha con el requisito de garantizar que el desarrollo sea el eje central de los resultados de Doha. En otra frente y en tono provocador, aprovechando el encuentro una veintena de países en desarrollo, en el que está MERCOSUR negociando como uno, India (pero no China) concertó una ampliación del acuerdo de intercambios Sur-Sur que lleva el nombre de Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC), que había entrado en vigor en 1989 en el marco de la UNCTAD. El año 2009 termina con el consentimiento, por parte de la OMC, de la adopción de medidas proteccionistas para mitigar los efectos de la crisis internacional, y aunque recomendó que lo hicieran de forma cautelosa, su aplicación aumentó la ola proteccionista y redujo el comercio internacional. Otra consecuencia de la crisis fue la proliferación de la búsqueda de acuerdos bilaterales por muchos países como Brasil En parte debido a la frustración en relación a Doha, en el mismo mes, noviembre de 2009 a instancias de Brasil y forzando en cierta medida a su socio Argentina, fueron retomadas las negociaciones de un acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Octava Conferencia Ministerial, Ginebra, 15 al 17 de diciembre de 2011 En la Octava reunión ministerial de la

OMC realizada en diciembre de 2011 en Ginebra, se sabía de antemano que no se decidiría nada importante. En su análisis del 21 de abril, Lamy llegó a la conclusión de que las diferencias entre países desarrollados y grandes países en desarrollo (China, India y Brasil) eran insalvables. En su informe a la conferencia señaló Para algunos, las economías emergentes han alcanzado un nivel de competitividad y eficiencia en sectores clave que justifica tratar a la reciprocidad como paridad de obligaciones. Algunas estadísticas reafirman esta argumentación. En efecto, si el volumen del comercio mundial se triplicó entre 1990 y 2008, las economías en desarrollo lo hicieron 4,5 veces, el doble que la tasa de los países desarrollados (WTO, 2010:6). Este auge comercial llevó a que la participación de las primeras en el comercio mundial alcanzara en 2008 cotas sin precedentes: las exportaciones representaron el 38% del total mundial (desde 31% en 2000) y las importaciones el 34% (desde 28% en 2000) (OMC, 2009). Adicionalmente, los crecientes vínculos comerciales desarrollados por Asia con África y América Latina, agregados al intercambio comercial entre los mismos países, han creado un fuerte flujo de comercio Sur-Sur que creció a una razón de una media mensual de 13% en el período 1990-2008. Por su parte en cuanto a agrupaciones de los PED, sobresale la presencia exportadora de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China), que

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a mediados de la década de los noventa representaba el 7% del total mundial de exportaciones de bienes y el 3% de servicios, aumentó en 2006 al 13% y el 8%, respectivamente. Adicionalmente, más del 40% de la expansión de la economía mundial en el ciclo 2003-2007 obedeció al crecimiento de los BRIC, siendo responsables de la mayor bonanza de inversión en la historia. (Rosales, 2009) Por su parte los gobiernos de las economías emergentes recalcan que siguen haciendo frente a enormes problemas de desarrollo en muchos sectores de sus economías y están muy lejos todavía de tener los niveles de ingreso por habitante y el nivel de vida de las economías industrializadas. Se argumenta que en este caso no es procedente tratar la reciprocidad como igualdad de obligaciones. El problema concreto consiste en que Estados Unidos, en particular, exige que China, India y Brasil reduzcan sus aranceles a cero en tres sectores: productos químicos, electrónica y maquinaria industrial. Se supone que la super-liberalización de estas “iniciativas sectoriales es voluntaria, pero Estados Unidos pretende que sea obligatorio para los grandes países en desarrollo”. El nuevo Representante Permanente de Estados Unidos ante la OMC, Michael Punke, sugirió que el éxito o el fracaso de la Ronda de Doha depende de si las economías en desarrollo adelantadas, como las tres mencionadas, están

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dispuestas a aceptar la responsabilidad y el liderazgo que acompaña a su nueva posición en la economía mundial. Bajo la aparente calma de la última conferencia ministerial salían a la superficie profundas divergencias tanto sobre el punto muerto en el que se encontraban las negociaciones de la Ronda de Doha, como sobre la manera de avanzar. Pese a la oposición de EEUU y China, los ministros del gobierno brasileño de Dilma Rousseff, Antonio Patriota (Relaciones Exteriores) y Fernando Pimentel (de Desarrollo) llevaron la bandera de la “guerra del tipo de cambio” a Ginebra. El proteccionismo cambiario, estimulado por los desbalances cambiarios y las política de “relajamiento cuantitativo”, impulsado por la Reserva Federal de Estados Unidos, ha obligado a los países en desarrollo a tomar diversas medidas para resistir la apreciación de sus monedas (regulación de los flujos de capitales, por ejemplo). La acción estadounidense no es ni más ni menos que una devaluación competitiva, es decir, una disminución programada de la cotización del dólar para favorecerlas ventas de sus productos en el exterior. Esto ha invitado a una respuesta de las economías competidoras, dando lugar a la llamada “guerra de divisas que se encuentra en pleno desarrollo. (Silva Flores, 2012:105) El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño llegó a proponer que el texto final de la reunión ministerial se ocupara

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de la cuestión, pero fue bloqueado por Washington y Beijing. Para muchos los cuatro años de crisis internacional fueron los culpables del fracaso de Doha y hicieron que en la reunión ministerial de 2011 se lograra solamente un acuerdo plurilateral sobre compras gubernamentales ya que el escenario internacional no favorecía un acuerdo multilateral de liberalización del comercio al estar los países preocupados en disminuir los efectos provocados por ella (Correia da Cruz Silva, 2012:54). Novena Conferencia Ministerial, Bali, 3 al 7 de diciembre de 2013 En Indonesia chocaron dos temas: seguridad alimentaria (posición sostenida y liderada por India, país que había hecho fracasar el Paquete de Lamy en 2008) y facilitación del comercio, interés de los países desarrollados y de algunos países emergentes como Brasil. A punto de fracasar en los días previstos para el encuentro, la prolongación de la negociación en un día más permitió llegar al consenso para que los Ministros adoptaron el llamado “Paquete de Bali” (o Doha ligth), una serie de decisiones pensadas para facilitar el comercio, dar a los países en desarrollo más opciones para garantizar la seguridad alimentaria e impulsar el comercio de los países menos adelantados. El acuerdo sobre “Facilitación del Comercio” es el primero jurídicamente vinculante a nivel multilateral en el marco de la OMCy para su aprobación, se hizo necesario convencer a Cuba que lo había vetado porque en el texto no se

condenaba el embargo impuesto por Estados Unidos a la isla. Se reconoce que el rol del brasileño Roberto Azavedo, elegido en mayo de 2013 con el aval de Argentina, como nuevo Director General de la OMC, fue importante en cuanto a liderar las negociaciones. La fijación y difusión de la idea de un resultado exitoso en las negociaciones de Bali fue la primera movida estratégica, de gran éxito para los promotores del acuerdo. El mensaje fue claramente transmitido por las autoridades de la OMC y rápidamente difundido por los medios de prensa a escala global. La dura batalla que tuvo que dar el G33 respecto a la seguridad alimentaria para conseguir sólo una solución transitoria, contrasta fuertemente con la resolución alcanzada en materia de subsidios a las exportaciones agrícolas. Pese a su importancia en las directrices del Programa de Doha para el desarrollo, y al compromiso acordado en la VI Conferencia Ministerial de Hong Kong del año 2005 sobre la eliminación de todas las formas de subsidios a las exportaciones y otras medidas de efecto equivalente para fines de 2013, el “éxito” de Bali no presenta resultados en esa dirección (Barreto Menini, 2014:5). Los avances de Bali fueron mínimos (un 10% de todo lo que está en juego en la Ronda de Doha) con respecto a los temas de mayor importancia que están aún pendientes de resolver. Fueron también desbalanceados en detrimento de los países en desarrollo, pero la Conferencia fue considerada un éxito, densidades nº 15 - mayo 2014

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para restablecer la credibilidad de la institución de cara al futuro. Durante la Conferencia Argentina insistió que no había un correlato entre los compromisos solicitados a los países en desarrollo en facilitar el comercio, con una disposición equivalente de los países desarrollados a asumir compromisos en los temas de agricultura y desarrollo (Telam, 2013). Argentina apoyaba dicho acuerdo con la premisa de que el paquete de Bali incluyese medidas sustanciales en el ámbito del reclamo histórico de reformas a la agricultura (subsidios y medidas arancelarias y para arancelarias), reclamo que no fue atendido. En un comunicado de prensa, postBali el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país, destacó que la Argentina, con fuerte apoyo del Grupo de los Veinte, logró incluir entre las decisiones de Bali el compromiso político de todos los miembros de la OMC de ejercitar la autorrestricción con respecto a subsidios a la exportación en materia agrícola. Por su parte el canciller Héctor Timmerman anticipó que “los compromisos asumidos en Bali en materia de facilitación del comercio, serán implementados en nuestro país una vez que los elementos incluidos en la declaración sobre subsidios a la exportación se transforme en instrumento legal de carácter obligatorio para los países desarrollados que distorsionan el comercio y afectan nuestras ventas al exterior”.

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En Brasil la respuesta fue afirmativa y contundente, Itamaraty destacó que en Balli se retomó el camino para la actualización del fortalecimiento del sistema multilateral del comercio, mientras que la Conferencia Nacional de la Industria (CNI) sostuvo que el sector fabril brasileño gana con el acuerdo de facilitación del comercio ya que reducirá la burocracia, se agilizarán los empaques y disminuirán los costos aduane-ros (Informe Industrial, 2013). Antes de la reunión de Indonesia, el gobierno argentino había sostenido que iba a bloquear el acuerdo general si no había avances específico referidos a los subsidios de Estados Unidos y Europa a sus exportaciones agrícolas. Una posición que en principio adhirió el gobierno de Dilma Rousseff, pero cambió el rumbo al intuir que un fracaso de la conferencia de Bali enterraría definitivamente a la OMC. Esa urgencia indujo a Azevedo a presentar una propuesta limitada pero practicable, la que finalmente se logró por consenso, en base a tornar la “facilitación del comercio” en una de las banderas principales. Los países se comprometieron a eliminar las barreras técnicas en las aduanas que impiden el comercio. Esto es, precisamente, la base de la estrategia seguida por Argentina desde 2010 para contener, entre otras cosas, la caída de las reservas internacionales. En Bali la agenda NAMA fue dejada fuera de la discusión. Mientras tanto, en aquellos asuntos

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directamente vinculados a la agenda del desarrollo (eliminación de los subsidios a las exportaciones, mantenimiento de programas de seguridad alimentaria y tratamiento hacia países menos desarrollados, los resultados se limitaron a una nueva dilación de compromisos ya asumidos (Barreto Menini, 2014:8). Conclusiones Irónicamente pese a que la Ronda de Doha se inició como un “programa para el desarrollo” con la promesa de que los intereses de los países en desarrollo serían centrales, casi no queda ningún contenido de desarrollo en sus elementos. La negociación de Doha ha dejado en claro que las reivindicaciones de liberalización y apertura en materia agrícola se colocan como moneda de cambio para avances mayores en materia de bienes no agrícolas (NAMA) El impacto diferenciado que presenta este binomio en las capacidades de desarrollo de los miembros es un indicio para comprender que la “ros que plena” en beneficio de los países en desarrollo y de los países más atrasados es de muy difícil concreción. La crisis financiera internacional que ha llevado a gran parte del mundo a la recesión no parece ser el marco más adecuado para avanzar en la agenda de liberalización de la OMC porque más allá de las bellas frases a favor del libre comercio los países han vuelto en menor o mayor grado a prácticas proteccionistas. El nuevo frente de la OMC países

desarrollados versus países emergentes pone de relieve que la Ronda de Doha ha ido reflejando, los cambios que se han ido sucediendo en las relaciones de poder del sistema internacional a lo largo de la década, especialmente a partir del debilitamiento de la hegemonía norteamericana y la irrupción de los países emergentes (Brasil, India y China, principalmente). Argentina y Brasil mantienen importantes semejanzas en su posición negociadora y al mismo tiempo ciertas diferencias sobre los asuntos que se negocian en la OMC. Tanto Brasil como Argentina condena el proteccionismo agrícola de los países desarrollados y su política de subsidios y defienden un margen de maniobra para delinear sus distintas políticas públicas, por lo que han mantenido firmes su reticencia por negociar en ella temas no estrictamente comerciales (como inversiones y compras gubernamentales). Es en el terreno de las concesiones que deben hacerse en otros sectores donde más se diferencian las posiciones de Brasil y Argentina, teniendo la Argentina un tono más proteccionista que incomoda a Brasil. Por su parte Brasil ha justificado la defensa de una mayor apertura como una concesión para alcanzar el cierre de la Ronda. El Brasil de hoy es un país con mucha confianza en sí mismo. Sus intereses comerciales ofensivos en los mercados mundiales se articulan en torno a los temas de agricultura y acceso a mercados para sus bienes industriales.

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Para el caso de Argentina, la suma de los elementos específicos propios, la del sector agrícola competitivo y la industria doméstica que requiere medidas defensivas ha conducido a que las negociaciones se orienten hacia la constitución de una posición negociadora basada en el esquema de convivencia y tensión entre la posición aperturista en agricultura y proteccionista en industria. En cuanto a las estrategias de negociación han primado en general las coincidencias y sintonías entre los dos países que participan en coaliciones comunes para fortalecer sus demandas. Sin embargo cuando la negociación ha apretado como en el caso de la miniministerial del 2008, Brasil se acercó peligrosamente a la posición de los países industriales, debilitando al G20 y al propio MERCOSUR al negociar concesiones en el sector industrial sin tener en cuenta los intereses defensivos de su socio estratégico Argentina. Según el presidente brasileño Lula Da Silva, en las negociaciones internacionales que se avecinan para ampliar el horizonte comercial del MERCOSUR “tenemos que construir los consensos en el límite de lo posible para andar juntos en el mundo defendiendo la misma bandera pero sin renunciar a la soberanía de cada país. Ésta es intocable. Argentina tiene sus intereses y Brasil los suyos” (Blest, 2008). Esta afirmación reflejaba (y aún existe) la presión por parte del sector empresarial para que Brasil actuara de forma más independiente en relación al MERCOSUR.

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Las diferencias en las estrategias de negociación se derivan de la realidad incontrastable de que Brasil participa de la mesa chica de negociación de la OMC (inclusive hoy en día cuenta con el Director de la organización: Roberto Azavedo) y la Argentina no. La Argentina tiene la particularidad que ubicándose en un estrato medio del conjunto de Estados que conforman la OMC, y sin ser un protagonista central de las negociaciones ha sabido desarrollar una posición activa en la Ronda de Doha, amparada en la “ventaja de la irrelevancia” de la que ya no gozan las potencias emergentes a las que se les reclama un liderazgo responsable acorde a su lugar en la economía global. Argentina siempre estuvo ubicada en la segunda línea del G 20 y nunca se desalineó de él. La Conferencia informal del 2008 fue el momento de mayor fastidio para Argentina que fue obligada a hacer sus propias coaliciones y tomar las riendas de la defensa del NAMA 11. Para Brasil la conclusión de la Ronda Doha fue una prioridad mayúscula para su política comercial durante los años anteriores al estallido de la crisis de finales de 2008. Desde mediados de 2009 Brasil redujo sus esfuerzos directos en dirección a la Ronda de Doha, en parte por la preocupación del gobierno de que la discusión de Doha –y sobre todo las concesiones a las cuales accedió en el “paquete de Lamy”– afectara el debate electoral de 2010. La gota que colmó el vaso fue su

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frustración ante las exigencias adicionales para los países emergentes de la Administración Obama puestas en evidencia por el Representante Comercial de Estados Unidos Ron Kirk, en su informe sobre la Agenda Comercial 2009. Por último uno de los objetivos que había guiado su desempeño en la Ronda de Doha que era participar en la definición de la agenda de economía y política internacionales se suplía con el nuevo protagonismo del otro G 20 que se elevó a condición de foro privilegiado para participar en la gobernanza global (Da Motta Vega y Ríos, 2012:8-9). El gobierno de Dilma Rousseff llevó el tema de la manipulación del tipo de cambios a Doha. A pesar de que los efectos de la política monetaria china estaban presionando negativamente la competitividad de los productos brasileños, el gobierno brasileño, así como lo había hecho el de Lula, optó por señalar a los EEUU como el principal responsable de los desequilibrios macroeconómicos globales, evitando así incomodar al gobierno chino para que aprecie el yuan. Para el caso de Argentina cabe señalar que hacia el año 2005 se desarrollaron una serie de cambios en la posición negociadora, cuyo principal rasgo fue el cambio de prioridad de las negociaciones agrícolas a las negociaciones de acceso a mercados no agrícolas y los reclamos del NAMA 11. Estos cambios tienen su origen en los cambios en la composición y destino de

las exportaciones, el alza de los precios de los alimentos, así como el fortalecimiento de los lobbies industriales y el posterior conflicto del gobierno con los productores rurales a comienzos del 2008. Con fuertes demandas en agricultura, y con poco que ceder en los otros ámbitos de las negociaciones, la Argentina se ha caracterizado por tener un set de “conjuntos ganadores” limitados de cara al establecimiento de la Ronda Doha. Frente a ello las estrategias implementadas han sido, por un lado, el mantenimiento de una retórica del “desarrollo” amparándose en el principio de “reciprocidad menos que plena” que habilita la demanda de concesiones sin contrapartidas asimilables, y por otro, la participación en coaliciones que fortalece su capacidad negociadora brindando una mayor credibilidad a sus demandas. Aunque por pura coincidencia, una de los conflictos comerciales entre Argentina y Brasil y -sin pronunciar nuestro nombre- fue objeto de discusiones a nivel multilateral. El resultado del acuerdo de facilitación del comercio favorece a Brasil en la discusión bilateral. Sin embargo en declaraciones de máximo nivel, las trabas burocráticas y demoras en Aduana, a los productos importados, que también se aplican a los originarios de Brasil (por ejemplo las licencias no automáticas), seguirán aplicándose en Argentina, a pesar de lo acordado en Bali.

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La Alianza del Pacífico como nuevo actor regional Evolución y perspectivas Julio César Ielpi Boyero Introducción La Alianza del Pacífico, formalmente constituida el 6 de junio de 2012 mediante la suscripción de su Acuerdo Marco, se encuentra conformada por Chile, Colombia, México y Perú. Estos estados suman una población que asciende a 209 millones de habitantes, lo que representa el 35% de la población de América Latina y el Caribe, ubicándose como la quinta subregión más poblada del mundo. En 2012, el PBI de los países del bloque fue cercano a los USD 2 billones, lo que le permitió posicionarse como la octava economía del mundo. En ese año creció en promedio 5.5%, mientras que el mundo lo hizo al 2.2%. Actualmente la tasa de desempleo de sus miembros asciende a 1 un 7.6% aproximadamente .

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un raconto de los hitos más importantes del naciente esquema de integración. Se partirá desde los antecedentes que desembocaron en la conformación del bloque, hasta la celebración de la VIII Cumbre que se desarrolló en febrero último, oportunidad en la cual se suscribió un Protocolo Adicional al Acuerdo Marco que vuelve a poner sobre la mesa regional el valor que sendos estados del continente le otorgan a los acuerdos de libre comercio de carácter profundo. Se hará un análisis de las instituciones políticas y comerciales de la Alianza, destacando la importancia de las mismas para movilizar el proceso en pos del logro de los objetivos establecidos. Finalmente, se pretenderá demostrar el

Abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestrando en Relaciones Internacionales (Facultad de Derecho de la UBA). Docente de Derecho de la Integración (Facultad de Derecho de la UBA). Contacto: julioielpi@yahoo.com.ar 1. Datos extraídos de: www.tlc.gov.co

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importante peso que el bloque detenta como motor regional, como así también, el preponderante rol que el futuro le depara como principal actor comercial de la región Asia Pacífico. Antecedentes La vocación integracionista y de unidad entre estos estados la encontramos ya en 1960, momento en el cual se constituye, mediante el Tratado de Montevideo, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC)2. Tras el fracaso de este intento integracionista, los estados que fueron parte de él suscribieron en 1980, el Tratado de Montevideo, mediante el cual se constituyó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Este esquema “sustituye la aspiración de constituir una zona de libre comercio por la de crear una zona de preferencia económica. Además, transforma el espíritu multilateralista del tratado de 1960 por el bilateralismo o plurilateralismo como estrategia de 3 construcción de la integración regional” . En virtud de este nuevo esquema, los estados que actualmente conforman la Alianza del Pacífico han celebrado diversos acuerdos bilaterales de naturaleza comercial. El primero en ser analizado

será el Acuerdo de Alcance ParcialComplementación Económica (en adelante ACE) Nº 17 suscrito entre México y Chile en 1991. Este acuerdo estableció un cronograma general de desgravación a cinco años que finalizó en 1996 y que abarcó a la mayoría de los productos (94% de Chile y 91.5% de México). Asimismo, en 1998 ambos estados suscribieron el ACE Nº41, sustituyendo de esta manera al anterior, por un Tratado de Libre Comercio (en 4 adelante TLC) . En virtud de ello, se incorporaron nuevos capítulos, como Inversiones, Comercio de Servicios y Propiedad Intelectual. El 26 de enero de 2006, se firmó el Acuerdo de Asociación Estratégica entre ambos estados; y es en este marco que se ha puesto en marcha el Fondo Conjunto de Cooperación, con un aporte anual de un millón de dólares por cada país, lo que permitió profundizar la cooperación en las áreas en las que se venían trabajando y ampliar las mismas hacia otros ámbitos de interés mutuo. Por otra parte, Chile y Colombia suscribieron el 6 de diciembre de 1993 el ACE Nº 24, acuerdo que entró en vigor el 27 de abril de 1994. Para el año 2006, momento en que ambos estados

2. Fueron firmantes del tratado constitutivo: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. En 1961 adhirieron Colombia y Ecuador, mientras que Venezuela lo hizo en 1966. 3. Álvarez, Gonzalo: “La Asociación Latinoamérica de Libre Comercio y la Asociación Latinoamericana de Integración”. En Sandra Negro (Directora): Manual de Derecho de la Integración, Parte II América-África. Ed. BdeF, 2012. 4. A quince años de la entrada en vigor del TLC, el comercio bilateral entre ambos países ha convertido a México en uno de los socios más importantes de Chile a nivel mundial: en el 2012, las exportaciones sumaron USD 1136 millones dólares y las importaciones fueron por un monto de USD 2249. De los USD 1338 millones que tenían como intercambio comercial cuando se inició el TLC en 1999, se pasó a USD 3816 en el año 2012, con un crecimiento promedio anual de un 9%, donde las exportaciones crecieron un 6.2% y las importaciones un 12%. Fuente: www.direcon.gob.cl

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suscribieron un TLC negociado bajo el amparo del acuerdo mencionado6 el 97.1% de los productos se encontraban liberalizados. El TLC firmado fue de gran importancia, incorporando capítulos relativos a Servicios, Inversiones y 7 Compras Públicas . Mediante el ACE Nº 388, Chile y Perú acordaron eliminar los aranceles y las medidas no arancelarias que afectaban el comercio bilateral de bienes. Actualmente, el 99.6% del universo arancelario se encuentra libre de arancel. Con miras a avanzar en la integración comercial, los presidentes de ambos estados ampliaron el ACE Nº 38 mediante la suscripción de un TLC firmado el 22 de agosto de 20069. El TLC mejoró y amplió las disciplinas comerciales, incorporando temas de inversiones y de comercio transfronterizo de servicios10. En marzo de 1987 Perú y México suscribieron el ACE Nº 8, el cual entró en vigencia ese mismo año. Dicho acuerdo contemplaba un ámbito muy

limitado y un universo parcial de mercaderías desgravadas, sumado a que el mismo no contenía disposiciones en materia de servicios e inversiones. En 2006 comenzaron sendas negociaciones para lograr la ampliación de este acuerdo que, por motivos de política interna e internacional, recién lograron concretarse el 6 de abril de 2011 mediante la firma del Acuerdo de Integración Comercial, protocolizado en ALADI mediante ACE Nº 6711. El nuevo acuerdo incorporó temáticas referidas a acceso a los mercados, reglas de origen, salvaguardias, prácticas desleales de comercio, normas sanitarias y fitosani12 tarias, inversión, servicios, entre otras . Finalmente, con fecha 13 junio de 1994 Colombia, México y Venezuela13 firmaron un TLC, que entró en vigor el 1 de enero de 1995 y fue protocolizado en 14 ALADI a través del ACE Nº 33 . El TLC incluyó una importante apertura de mercados para los bienes y servicios y estableció reglas claras y transparentes

5. Suscrito el 27 de noviembre de 2006 y vigente desde el 8 de mayo de 2009. 6. Noveno protocolo adicional. 7. Durante el año 2012, las exportaciones chilenas a Colombia representaron USD 915 millones, mientras que las 8. importaciones fueron por USD 2038. Fuente: www.prochile.gob.cl 8. Suscrito en junio de 1998 y en vigor desde julio de aquel año. 9. Vigente desde el 1 de marzo de 2009. 10. Durante el año 2012, las exportaciones chilenas a Perú representaron USD 1813 millones, mientras que las importaciones fueron por USD 2072. Fuente: www.sice.oas.org 11. En vigor desde el 1 de febrero de 2012. 12. Durante el año 2012, el intercambio comercial entre ambos estados sumó USD 2017 millones. El flujo comercial ha sido históricamente negativo para el Perú debido a las compras de productos tecnológicos, tractores, vehículos y productos de consumo masivo. Por lo tanto, en el periodo analizado, las exportaciones peruanas a México representaron USD 415 millones, mientras que las importaciones fueron por un monto de USD 1602. Fuente: www.siicex.gob.pe 13. Con fecha 25/05/2006, Venezuela denunció el acuerdo. La denuncia surtió efectos a partir del 19/11/2006, cumpliéndose los plazos establecidos en el ACE. 14. Originalmente su nombre fue TLC-G3. Suscrito el octavo protocolo adicional, el mismo pasó a denominarse “Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia”.

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en materia de comercio e inversión. Actualmente el 97% del universo arancelario se encuentra con 0% de arancel. Luego de más de un año de intensas negociaciones, el 11 de junio de 2010 Colombia y México suscribieron el Octavo Protocolo Adicional al ACE Nº33 con la finalidad de realizar ciertas modificaciones, teniendo en cuenta la denuncia de Venezuela, entre ellas: en materia de reglas de origen, aceleración de la desgravación arancelaria, incorpo15 ración de bienes al mismo, entre otras . Los antecedentes inmediatos en materia de aproximación comercial entre los integrantes de la Alianza los encontramos a partir de 2007 mediante la constitución del “Foro del Arco del Pacifico Latinoamericano”, iniciativa nacida de una propuesta peruana del año anterior16. Son miembros integrantes de este mecanismo Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú. El objetivo principal del Foro ha sido el de propender a la “facilitación y promoción del comercio, la promoción de

inversiones, el aprovechamiento de los mercados y el mejoramiento de la competitividad, buscando elevar la calidad de vida de sus poblaciones; todo ello mediante acciones conjuntas que permitan una cooperación más dinámica de los países de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano entre sí y conducentes a mayores acercamientos con el Asia Pacífico”17. Como se desprende de lo enunciado, el Foro se ha caracterizado por su marcado sesgo comercial y por la reivindicación de los postulados del nuevo regionalismo18. Es por ello que “el Foro tendría una triple función. En primer lugar, actuaría como un bastión para defender las políticas económicas neoliberales aplicadas desde fines de los 80. En segundo lugar, sería una respuesta al eje ALBA y sus propuestas de crear un eje antisistémico, no capitalista y antiimperialista. Finalmente, constituiría una instancia para tratar de institucionalizar un espacio regional a partir del cual negociar con los países del Asia Pacífico, en particular China”19. Para el año 2009, los 11 países del Arco representaban el 3.8%

15. Durante el año 2012, las exportaciones de Colombia hacia México representaron un monto de USD 835 millones, mientras que las importaciones fueron por un monto de USD 6150. Fuente: www.cancilleria.gov.co 16. Se estableció como un foro de concertación y coordinación regional, en la ciudad de Cali, los días 29 y 30 de enero de 2007. 17. Declaración del I Foro sobre la iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano, Santiago de Cali, Colombia, 29 y 30 de enero de 2007. 18. “El regionalismo abierto implica asumir compromisos sobre: 1) lograr la estabilización macroeconómica interna; 2) reducir gradualmente la discriminación; 3) armonizar normas comerciales (estándares técnicos, normas sanitarias, comercio desleal, etc.); 4) establecer mecanismos adecuados de pago, y 5) realizar acciones de facilitación del comercio a nivel de las aduanas. Un objetivo complementario de este enfoque es buscar que la integración sirva para favorecer una economía internacional más abierta, lo cual se logra si entre los miembros de un acuerdo regional se eliminan todas las barreras –es decir, se llegan a consolidar zonas de libre comercio- y se facilita la adhesión de más países”. Czar de Zalduendo, Susana: “Finales del Siglo XX: Nuevo regionalismo. Siglo XXI: Síntomas de cambio en la integración regional”. En Sandra Negro (Directora): Manual de Derecho de la Integración, Parte II América-África”. Ed. BdeF, 2012. 19. Briceño Ruiz, José: “La iniciativa del Arco del Pacifico Latinoamericano. Un nuevo actor en el escenario de la integración regional”. En Revista Nueva Sociedad Nº 228, julio-agosto de 2010, ISSN: 0251-3552.

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de la población, el 2.7% del PBI y el 3% de la exportaciones mundiales20. Con especial atención a estos datos, a sabiendas Chile, Colombia, México y Perú que representaban las economías de mayor tamaño del Arco y teniendo en cuenta que los resultados comerciales obtenidos no se condecían con los esperados, en el año 2010 el Presidente del Perú, Alan García, en el marco de la XX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Mar del Plata, los días 3 y 4 de diciembre, se reúne con sus pares de Chile, Colombia y México con la finalidad de constituir en un futuro inmediato un área de integración profunda que asegurase la plena libertad para la circulación de bienes, servicios, capitales y personas. De la Declaración de Lima al Acuerdo Marco El 28 de abril de 2011, se reunieron en Lima, Perú, los presidentes de Chile, Colombia, México y del país anfitrión con la finalidad de constituir la Alianza del Pacífico, hecho que se materializó mediante la firma de la Declaración de Lima. En este marco, los cuatro estados ratificaron su compromiso de privilegiar la integración como un instrumento efectivo para mejorar el desarrollo económico y social de los pueblos y pusieron énfasis en buscar los mecanismos para lograr la constitución de un espacio amplio que resulte atractivo para

las inversiones y el comercio de bienes y servicios, de manera que proyecte a los signatarios con mayor competitividad, especialmente hacia la región del Asia Pacífico. El esquema de integración en estudio ha sido conformado en el marco del Arco del Pacífico Latinoamericano, siendo su objetivo principal alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. A través de esta declaración, se instruyó a los Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior a elaborar un proyecto de Acuerdo Marco sobre la base de la homologación de los acuerdos de libre comercio existentes. Asimismo, se estableció un Grupo de Alto Nivel (en adelante GAN), compuesto por los Viceministros y Viceministras de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior con la finalidad de monitorear el trabajo de los diversos grupos técnicos a crearse y de establecer relaciones con otros organismos o grupos regionales, en especial del Asia Pacífico. Panamá adhirió a la Declaración en calidad de Estado Observador, aunque con miras a lograr la adhesión plena en un futuro cercano. La II Cumbre de la Alianza se llevó a cabo el 4 de diciembre de 2011 en Mérida, Yucatán, México. Lo más saliente de ella fue la formulación de los requisitos necesarios para ser estado miembro, siendo estos “la vigencia del estado de derecho y de los respectivos órdenes

20. “El Arco del Pacífico Latinoamericano: construyendo caminos de complementación e integración con Asia”; Sexta Reunión Ministerial del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano; Cusco; 15 de octubre de 2010. Accesible en: http://www.eclac.cl/comercio/publicaciones/xml/3/41283/Arco_Pacifico_Latinoamericano_Complemen tacion_Integracion.pdf

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constitucionales, la separación de los poderes del Estado y la protección y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Asimismo, los Presidentes remarcaron el compromiso de unidad sobre la base del diálogo y la concertación política, de los valores democráticos, del respeto irrestricto a los derechos humanos y de los principios de solidaridad, cooperación y complementariedad. Otros temas tratados en esta cumbre fueron: el establecimiento de un sistema de certificación de origen de carácter electrónico, la implementación de mecanismos en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias que faciliten el comercio entre los participantes, el establecimiento de una visa de la Alianza del Pacifico21, el inicio de negociaciones para el logro de una plataforma de movilidad estudiantil, entre otros. El 5 de marzo de 2012 se celebró la III Cumbre Presidencial. La misma fue de carácter “virtual”, ya que se realizó mediante videoconferencia. En ella se sentaron las bases para la creación de una plataforma de cooperación en temas de medio ambiente, cambio climático,

innovación y desarrollo de pequeñas empresas. Se produjo, también, el ingreso de Costa Rica como Estado Observador. El 6 de junio de 2012, en Antofagasta, Chile, tuvo lugar la IV Cumbre de la Alianza. En la misma se destacó el importante trabajo realizado hasta ese momento orientado a promover la presencia de bienes y servicios de los estados miembros en los mercados internacionales, la promoción de las inversiones extranjeras, el aumento del intercambio comercial entre los miembros del bloque y la instalación de representaciones de promoción conjunta para llegar a nuevos mercados. Se estableció un programa de actividades conjuntas en el ámbito cultural con la finalidad de afianzar la presencia de la Alianza en la región Asia Pacífico22. Asimismo, se puso de manifiesto el interés y la necesidad de lograr la participación plena del Grupo Bolsa Mexicana de Valores en el Mercado 23 Integrado Latinoamericano (MILA) , con la finalidad de lograr la integración de las bolsas de valores de los cuatro países integrantes del esquema. En el

21. A partir del 9 de noviembre de 2012, México suprimió el requisito de presentar visa a los nacionales de Colombia y Perú para ingresar al país como visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas y permanecer por un tiempo no mayor a 180 días. Tras la entrada en vigor de esta disposición, quedaron eliminados los requisitos de visado entre los nacionales de la Alianza que visiten cualquiera de los cuatro países que la integran. 22. En referencia a ello, entre los días 14 de febrero y 23 de marzo del 2014, se llevó a cabo en El Salvador el primer festival de cine de la Alianza del Pacífico. A través de esta iniciativa se buscó dar a conocer la calidad del cine latinoamericano, específicamente de los países miembros, y fortalecer los lazos culturales entre ellos y el resto de la región. 23. El Mercado Integrado Latinoamericano es el resultado del acuerdo firmado entre la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima, las cuales, desde 2009, iniciaron el proceso de creación de un mercado regional para la negociación de títulos de renta variable de los tres países. Tras varios meses de trabajo conjunto, el 30 de mayo de 2011 el MILA entró en operación para abrir un mundo de oportunidades a inversionistas e intermediarios de Chile, Colombia y Perú, quienes desde entonces pueden comprar y vender las acciones de las tres plazas bursátiles, simplemente a través de un intermediario local.

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marco de esta cumbre ha tenido lugar la suscripción del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, siendo este el hecho más destacado de la misma. Mediante este instrumento jurídico los firmantes se comprometieron a fortalecer los diferentes esquemas de integración existentes en América Latina, como espacios de concertación y convergencia, orientados a fomentar el regionalismo abierto; asimismo, destacaron que este nuevo esquema tendrá como base los acuerdos económicos, comerciales y de integración vigentes entre las Partes a nivel bilateral, regional y multilateral. Los estados signatarios han puesto de manifiesto su profundo compromiso en ofrecer a los agentes económicos un marco jurídico previsible para el desarrollo del comercio de bienes y servicios, y de la inversión, con la finalidad de propiciar su participación activa en las relaciones económicas y comerciales entre las partes. Como se podrá vislumbrar, la finalidad del Acuerdo fue la de condensar en un solo texto, que desde su suscripción paso a constituir la piedra angular del bloque, los trabajos que se vinieron realizando desde la Declaración de Lima. Los puntos más salientes de este instrumento jurídico son los que a continuación serán destacados: 1) Objetivos de la Alianza. Construir de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas; impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitivi-

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dad de las economías de las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes; convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial, y de proyección al mundo, con especial énfasis al Asia Pacífico. Para el logro de los mismos, los estados signatarios han establecido la necesidad de realizar las siguientes acciones: liberalizar el intercambio comercial de bienes y servicios, con miras a consolidar una zona de libre comercio; avanzar hacia la libre circulación de capitales y la promoción de las inversiones entre las Partes; desarrollar acciones de facilitación del comercio y asuntos aduaneros; promover la cooperación entre las autoridades migratorias y consulares y facilitar el movimiento de personas y el transito migratorio en el territorio de los estados partes. 2) Requisitos necesarios para poder ser Estado parte. Todo Estado que desee formar parte de este esquema de integración, debe respetar una serie de requisitos que han sido estipulados por los signatarios en el artículo segundo del Acuerdo, siendo ellos: a) La vigencia del Estado de Derecho, la democracia y de los respectivos ordenes constitucionales; b) La separación de los Poderes del Estado; c) La protección, la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales. No se puede dejar de mencionar que los recientemente enumerados no son los únicos requisitos que el Acuerdo

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preceptúa, por lo que tenemos que adicionar también, lo establecido en el artículo 11, sumando de esta manera una exigencia más que deben cumplir los futuros estados que deseen incorporarse al esquema, siendo esta la de tener vigente un acuerdo de libre comercio con cada una de las Partes. Una vez reunidos todos los requisitos, la aceptación de la adhesión estará sujeta a la aprobación por unanimidad del Consejo de Ministros, entrando en vigor el Acuerdo Marco para el estado adherente sesenta días contados a partir de la fecha del depósito 24 del instrumento de adhesión . 3) Estructura orgánica. El Acuerdo Marco solo ha instituido dos órganos: El Consejo de Ministros y la Presidencia Pro Tempore. Sin embargo, en la práctica nos encontramos con las Cumbres de Presidentes, el GAN (instituido en la Declaración de Lima, como ya fuera mencionado), el Consejo Empresarial de la Alianza y Grupos Técnicos. Cumbres: Las Cumbres presidenciales representan la instancia máxima del proceso, siendo su función principal la de marcar los lineamientos generales del mismo. Se reúnen, en la práctica, dos veces al año. Presidencia Pro Témpore: Será ejercida sucesivamente por cada una de las Partes, en orden alfabético, por períodos anuales iniciados en enero. Sus principales funciones son: organizar y ser sede de la reunión de presidentes; coordinar las reuniones del Consejo de Ministros y del

GAN; mantener el registro de las actas de las reuniones y de los demás documentos; presentar a consideración del Consejo de Ministros los programas de actividades de la Alianza, con fechas, sedes y agenda de las reuniones; representar al bloque en los asuntos y actos de interés común, por encargo de las Partes. Consejo de Ministros: Se encuentra integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y los Ministros responsables de Comercio Exterior, o por quienes estos designen. Se reúne en forma ordinaria una vez al año y en forma extraordinaria cuando la situación así lo amerite, siempre a instancia de alguna de las Partes. Sus principales funciones son: adoptar decisiones que desarrollen los objetivos y acciones específicas previstas en el Acuerdo, así como, las estipuladas en las declaraciones presidenciales de la Alianza; velar por el cumplimiento y la correcta aplicación de sus decisiones; aprobar los programas de actividades del bloque, con fechas, sedes y agenda de las reuniones; definir los lineamientos políticos de la Alianza en su relación con terceros Estados o esquemas de integración; convocar al GAN cuando lo considere necesario; establecer los grupos de trabajo que considere adecuados para la consecución de los objetivos y la realización de las acciones del esquema. Consejo Empresarial de la Alianza del Pacifico (CEAP): Fue constituido el 29

24. El Gobierno de Colombia actúa como depositario del Acuerdo (art. 14).

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de agosto de 2012. Se encuentra integrado por empresarios de alto nivel de los cuatro países y sus reuniones se llevan a cabo por lo menos dos veces al año. Tiene a su cargo la tarea de presentar recomendaciones a las asociaciones empresariales de los cuatro países, relacionadas con las áreas de cooperación. También, le corresponde promover la Alianza del Pacífico en la comunidad empresarial mundial, elevar a los gobiernos recomendaciones y sugerencias para la mejor marcha del proceso de integración y cooperación económicocomercial entre las Partes e impulsar y sugerir visiones y acciones conjuntas hacia terceros mercados. Alguno de los temas sobre los cuales se encuentra trabajando este órgano son: homologación de normas tributarias, compras públicas, competitividad logística e integración financiera, entre otros. Grupo de Alto Nivel: Como ya ha sido mencionado previamente, se encuentra conformado por los Viceministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores. Se encarga de supervisar la labor de los grupos técnicos, evaluar las áreas en las cuales se pueda avanzar con la integración y preparar propuestas para la proyección y acercamiento externo con otros organismos o grupos regionales, en especial de la región Asia Pacífico. Grupos técnicos: Se encuentran compuestos por funcionarios públicos, especialistas de cada rama de las disciplinas que son abarcadas por la Alianza. Actualmente son 13 los grupos técnicos que se encuentran constituidos, a saber: asuntos institucionales,

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coherencia regulatoria, comercio e integración, comité de expertos del CEAP, compras públicas, cooperación, estrategia comunicacional, movimiento de personas de negocios y facilitación para el transito migratorio, propiedad intelectual, PYMES, relacionamiento externo, servicios y capitales y transparencia fiscal. 4) Normativa Jurídica. Del Acuerdo Marco se vislumbra un escaso tratamiento referido a este punto. El derecho originario se encuentra constituido por el presente Acuerdo, el Protocolo Adicional al mismo y por otros que en el ámbito de la Alianza se adopten en el futuro. Mientras que al derecho derivado lo constituyen las Decisiones que emanan del Consejo de Ministros. Tanto para la adopción de futuros acuerdos como para emitir Decisiones, se utiliza la regla del consenso. 5) Solución de controversias. Regulado de forma laxa en el artículo 12, ya que no establece un mecanismo claro y univoco para la solución de futuros diferendos entre las Partes. El mencionado artículo se divide en dos: por un lado la solución de diferencias sobre la interpretación o aplicación del Acuerdo, que deberán ser resueltas por consulta u otros medios (no especificando cuales); mientras que respecto a las decisiones del Consejo y otro acuerdos, las Partes se comprometieron en comenzar a negociar luego de los seis meses de aprobado el Acuerdo, un sistema de solución de controversias para este tipo de normativas. Es dable destacar que a la fecha aún no ha sido establecido este

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régimen. 6) Estados observadores. El Estado que desee ser observador, deberá compartir los principios y objetivos establecidos en el Acuerdo Marco y tener suscrito un acuerdo de libre comercio con al menos la mitad de los Estados Parte. La solicitud deberá ser dirigida por escrito a la Presidencia Pro Témpore, quien la comunicará a los Estados Parte para su consideración por el Consejo de Ministros. El Consejo se expresará al respecto por unanimidad, siendo la decisión comunicada al estado interesado a través de la Presidencia Pro Témpore. En caso de rechazo de la solicitud, el Estado candidato tiene la facultad de volver a presentarla una vez cumplimentados los requisitos faltantes. El Estado Observador podrá participar con derecho a voz en las reuniones de la Alianza a las que sea invitado y tendrá la obligación de guardar estricta reserva de la información a la que accedan o se intercambie en virtud de estas. Cumplido el año desde la aceptación de la solicitud, el Estado Observador se encontrará en condiciones para iniciar su proceso de adhesión como miembro pleno, previo el cumplimiento de los requisitos que le sean fijados por los Estados Parte. Actualmente, son países observadores: Reino Unido, Francia, España, Portugal, Finlandia, Países Bajos, Alemania, Suiza, Italia, Turquía, Israel, India, República Popular China, Singapur, República de Corea, Japón, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana,

Costa Rica, Panamá, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Panamá y Costa Rica son los únicos Estados que se encuentran en proceso de adhesión. Es de especial importancia destacar que el Acuerdo Marco presenta algunas deficiencias en su regulación relativa a ciertos temas: no ha sistematizado en su letra la totalidad de los órganos existentes; llamativamente, no le ha dado calidad de tal a la Cumbre. Presenta un sistema de solución de controversias inconcluso, vago y laxo. No le ha otorgado personalidad jurídica de derecho internacional a la Alianza. No sistematiza en forma clara la normativa derivada del bloque, por lo que uno puede preguntarse: ¿Solo el Consejo de Ministros emite normativa vinculante? ¿Qué papel desempeñan las declaraciones presidenciales y sus exhortaciones? Los miembros del bloque han perdido una muy buena oportunidad de dar a la Alianza un instrumento jurídico acorde a los objetivos que el bloque ha trazado. De la Declaración de Cádiz a la firma del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco El 17 de noviembre de 2012, en el marco de la XXII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Cádiz, se llevo a cabo la V Cumbre Presidencial de la Alianza. Los Jefes de Estado destacaron los avances logrados desde la constitución del bloque hasta la fecha, entre ellos el incesante trabajo para lograr la liberalización comercial más amplia posible, las discusiones sobre transporte aéreo con la finalidad de lograr un aumento de rutas

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intra-alianza, lo relativo a movilidad de personas y el otorgamiento de becas estudiantiles. La VI Cumbre tuvo lugar en el marco de la I Cumbre CELAC-UE, celebrada los días 26 y 27 de enero de 2013 en Santiago de Chile. Al igual que en la Cumbre anterior, los Jefes de Estado dieron su beneplácito a los trabajos realizados hasta la fecha y alentaron el pronto logro de los objetivos trazados. La VII Cumbre del bloque fue celebrada el 23 de mayo, en Cali. En ella, los Presidentes manifestaron su satisfacción por la realización de la primera reunión de los Ministros de Economía y Finanzas de los cuatros estados, celebrada el 25 de abril de 2013, en el marco del Fo r o E c o n ó m i c o M u n d i a l p a r a Latinoamérica. En la misma se destacó la necesidad de lograr una mayor integración de las economías y de los mercados de capitales, así como también, una mayor movilidad de las empresas entre los países miembros. Los Jefes de Estado destacaron la trascendencia de la apertura de la Embajada en una sede compartida por los cuatro integrantes del bloque en Ghana, y la firma de acuerdos similares para compartir sedes diplomáticas, consulares y de promo25 ción comercial . En la presente, también, se definió la desgravación total de

aranceles para el 90% del universo arancelario, mientras que el 10% restante será pasible de un futuro acuerdo entre las Partes. Se suscribió el Acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacifico 26 . Asimismo, se ha puesto en marcha el proyecto llamado “Sinergia entre los países de la Alianza del Pacifico para el mejoramiento de la competitividad de las 27 micro, pequeñas y medianas empresas” . Las Partes han decidido establecer en un futuro próximo la “Visa de la Alianza” para los visitantes de terceros países. Finalmente, los miembros del bloque manifestaron su compromiso con la transparencia fiscal internacional y con la lucha contra la evasión y la elusión tributaria. Es por ello que las Partes intercambiarán información en materia tributaria, de acuerdo con los más altos estándares internacionales sobre la materia. Del 8 al 10 de febrero del 2014, en Cartagena de Indias, Colombia, tuvo lugar la VIII Cumbre de la Alianza. En el marco de la presente reunión, la Presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, mediante la firma de una Declaración, manifestó la voluntad de adherir al esquema. En virtud de ello se creó un Grupo de Trabajo compuesto por funcionarios de las Partes que

25. Chile y Colombia comparten embajadas en Argelia y Marruecos, Colombia y Perú lo hacen en Vietnam y Chile y Colombia en Azerbaiyán. Asimismo, Chile y Colombia comparten la Misión Diplomática en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Próximamente Colombia y México suscribirán un acuerdo para compartir embajadas en Singapur. 26. El Fondo se encuentra integrado por aportes fijos que efectúan las Partes, por un monto de USD 250.000 anuales. Su finalidad es la realización de proyectos relacionados con temas de medio ambiente y desarrollo tecnológico. 27. En el marco de este proyecto se han realizado cursos de capacitación y talleres en Perú, Colombia y Chile.

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evaluará el cumplimiento de los requisitos para el ingreso del mencionado Estado. Una vez cumplimentada esta etapa, elevará la solicitud al Consejo de Ministros quien deberá tomar la decisión sobre la aceptación y suscribir un Protocolo de Adhesión. Se estima que para fines de 2014, Costa Rica habrá cumplido todos los requisitos y se convertirá en miembro pleno del bloque. El hecho más trascendental sucedido en esta Cumbre fue la firma del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco. Este instrumento, que se compone de 19 capítulos y sendos Anexos, crea una estructura orgánica propia para el ámbito de su competencia y establece un sistema de solución de controversias de carácter específico. A continuación se detallarán las partes más destacadas del mismo: - El artículo 1.1 manifiesta el objetivo comercial del bloque: la constitución de una Zona de Libre comercio bajo el amparo del art. XXIV del GATT. El Capítulo 2 realiza un extenso catálogo de “Definiciones Generales”. Seguidamente, el Capítulo 3 trata el tema relativo al “Acceso a Mercados”. Aquí se establece una clausula de Trato Nacional en conformidad con la que se encuentra regulada en el acuerdo del GATT de 28 1994 . Además, se específica la eliminación progresiva de las barreras arancelarias en base a listas efectuadas por los estados. La mayor parte del intercambio comercial se encontrará liberalizado para

fin de año, mientras que ciertos sectores de carácter sensible para las economías de cada Parte, lo harán en forma paulatina en base a un esquema progresivo de liberalización que se extenderá desde el 2014 al 2030, año donde todo el universo comercial tendrá arancel 0. Si bien se hace mención a la prohibición de adopción de medidas no arancelarias como principio general, el art. 3.7 establece como excepción al mismo la posibilidad de aplicación de este tipo de medidas siempre que sean negociadas y consensuadas por los Estados Partes. - Los capítulos subsiguientes tratan sobre diversos temas, entre ellos: Reglas de origen y procedimientos relacionados con el origen; facilitación del comercio y cooperación aduanera, referido a este tema las Partes implementarán y potenciarán las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior, garantizando la interoperabilidad entre estas; medidas sanitarias y fitosanitarias; obstáculos técnicos al comercio; contratación pública; comercio transfronterizo de servicios; inversión; servicios financieros y marítimos; comercio electrónico; telecomunicaciones. - El Capítulo 16 pone en cabeza de un nuevo órgano, la Comisión de Libre Comercio, la administración del presente Protocolo. Esta Comisión estará integrada por funcionarios guberna-

28. “Articulo 3.3. Trato Nacional. Cada Parte otorgará Trato Nacional a las mercancías de otra Parte de conformidad con el artículo III del GATT de 1994, incluidas sus notas interpretativas. Para tal efecto, el Art. III del GATT de 1994 y sus notas interpretativas se incorporan al presente Protocolo Adicional y son parte integrante del mismo, mutatis mutandi”.

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mentales de nivel ministerial de cada Estado29 y será presidida por la Parte que ejerza la Presidencia Pro Témpore de la Alianza. Se reunirá en forma ordinaria una vez al año, mientras que lo podrá hacer en carácter extraordinario a convocatoria de cualquiera de las Partes. Sus funciones principales son: velar por el cumplimiento y la correcta aplicación de la disposiciones del Protocolo; contribuir a la solución de diferencias regulada en el Capitulo 17; supervisar la labor de todos los comités, subcomités y grupos de trabajo30; recomendar a las Partes enmiendas al Protocolo; emitir interpretaciones sobre las disposiciones contenidas en el presente instrumento jurídico; establecer los grupos de trabajo y comités que considere pertinentes. Se expresa a través de Decisiones. - El Capitulo 17 está dedicado a regular el Sistema de Solución de Controversias. Este sistema se aplicará para la prevención o solución de cualquier diferencia que surja entre las Partes relativa a la interpretación o aplicación de las disposiciones del Protocolo o cuando una Parte considere que: a) una medida vigente o un proyecto de otra Parte es o pudiera ser incompatible con las obligaciones que prevé el Protocolo; b)

otra Parte ha incumplido de alguna manera con las obligaciones previstas en el Protocolo; c) una medida vigente o un proyecto de otra Parte (que no contravenga el presente instrumento jurídico) cause o pudiera causar anulación o menoscabo de los beneficios que razonablemente pudo haber esperado recibir de la aplicación de las disposiciones referidas a Acceso a Mercados, Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Contratación Pública y Comercio Transfronterizo de Servicios. Conforme a la normativa internacional actual en la materia, el artículo 17.4 establece una cláusula de elección de foro. Las Partes deben proceder a formular la elección antes de solicitar el establecimiento de un Tribunal Arbitral. El procedimiento comienza mediante la solicitud por escrito, remitida por la Parte afectada a la Parte que presumiblemente está causando el perjuicio, a fin de dar comienzo a la etapa de consultas. La parte consultada responderá por escrito la solicitud de consultas, las que se llevarán a cabo dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de la

29. La Comisión de Libre Comercio estará integrada por los siguientes funcionarios: 1) Chile: Director General de Relaciones Económicas Internacionales; 2) Colombia: Ministro de Comercio, Industria y Turismo; 3) México: Secretario de Economía; 4) Perú: Ministro de Comercio Exterior y Turismo. 30. En el marco del Protocolo Adicional, se han establecido los siguientes Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo: Comité de Acceso a Mercados; Comité de Reglas de Origen y Procedimientos relacionados con el Origen, Facilitación de Comercio y Cooperación Aduanera; Comité de Escaso Abasto; Comité de Medidas Sanitarais y Fitosanitarias; Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio; Comité de Contratación Pública; Comité Conjunto en Materia de Inversión y Servicios; Comité de Servicios Financieros; Subcomité de Servicios; Subcomité de Inversión; Grupo Técnico de Trabajo del Operador Económico Autorizado; Grupo de Trabajo sobre la interoperabilidad de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Los órganos mencionados estarán compuestos por funcionarios técnicos de cada Estado Parte especializados en las áreas respectivas.

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solicitud. El plazo se reduce a 15 días cuando la controversia verse sobre mercaderías perecederas. Las consultas serán confidenciales y preponderará en ellas el principio de buena fe. Cualquiera de las partes consultantes podrá solicitar por escrito la intervención de la Comisión de Libre Comercio cuando: a) La parte consultada no responda a la solicitud de consultas en un plazo de 10 días; b) el asunto objeto de consultas no se haya resuelto de conformidad a los plazos de 30/15 días mencionados previamente. La Comisión deberá reunirse dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud y procurará que las partes alcancen una solución al diferendo en un plazo de 30 días. Para ello, podrá: a) convocar asesores técnicos o crear grupos de trabajo en la materia que considere necesarios; b) recurrir a los buenos oficios, la conciliación o la mediación o a otros medios alternativos para la solución de diferencias; c) formular recomendaciones. La parte reclamante podrá solicitar por escrito a la parte reclamada la constitución de un Tribunal Arbitral cuando la Comisión no se haya reunido dentro de los 10 días siguientes a la entrega de la solicitud en la que se reclama su intervención o el asunto no haya sido resuelto en el plazo de 30 días referido en el párrafo anterior. Ninguna parte podrá solicitar el establecimiento de un Tribunal Arbitral para examinar una medida en proyecto. El Tribunal Arbitral

estará integrado por tres árbitros. Cada parte, en un plazo de 20 días contados a partir de la recepción de la solicitud de establecimiento del tribunal arbitral, 31 designara un árbitro , que podrá ser de su nacionalidad y propondrá hasta cuatro candidatos para actuar como presidente del Tribunal. El Presidente del Tribunal no podrá ser nacional ni tener su residencia permanente en alguna de las partes en la diferencia. Las partes, de común acuerdo designarán al Presidente del Tribunal de entre la lista de propuestos. Si no lograran un acuerdo sobre el particular, la elección será llevada a cabo por la Presidencia Pro Témpore. Los requisitos que debe reunir todo árbitro son: tener conocimientos especializados o experiencia en derecho, comercio internacional, asuntos relacionados con las materias contenidas en el Protocolo en estudio, o en solución de controversias derivadas de acuerdos comerciales internacionales; caracterizarse por su objetividad, imparcialidad, confiabilidad y buen juicio; ser independiente, no tener vinculación con cualquiera de las partes en la diferencia y no recibir instrucciones de las mismas. El Tribunal Arbitral elaborará un proyecto de laudo en un plazo de 90 días, contados desde su constitución, que contendrá: el resumen de los escritos y argumentos orales presentados; las conclusiones con fundamentos de hecho y de derecho; determinaciones sobre si una parte en la diferencia ha cumplido o

31. En el caso de que no lo haga, la elección será efectuada por la otra parte en base a la lista indicativa de expertos que pueden ser integrantes de grupos especiales de la OMC de la parte en la diferencia que no designó.

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no con las obligaciones emanadas del Protocolo; y en base a todo ello, emitirá sus recomendaciones. Cualquiera de las partes en la diferencia podrá presentar al Tribunal observaciones escritas al proyecto de laudo, las que serán consideradas por este a fin de decidir la reformulación o no de su proyecto de laudo. Dentro del plazo de 30 días desde la notificación de su proyecto de laudo, el Tribunal emitirá el laudo final que será de carácter 32 definitivo, inapelable y obligatorio. No se podrá revelar la identidad de los árbitros que votaron con la mayoría o la minoría. Ante el incumplimiento del laudo, la parte reclamante podrá solicitar medidas compensatorias o aplicar suspensión de beneficios contra la parte reclamada, que se extenderán hasta tanto se efectivice el cumplimiento del mismo. El artículo 17.23 expresa que las partes en la diferencia podrán, en cualquier momento, acordar la utilización de un medio alternativo de solución de diferencias, tales como los buenos oficios, conciliación o mediación. - La República de Colombia será la depositaria del instrumento, que entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la fecha en que esta reciba la última notificación de internalización del mismo. El artículo 19.6 especifica que ninguna de las partes podrá denunciar el Protocolo sin denunciar el Acuerdo Marco y viceversa.

Conclusión Como se ha podido vislumbrar, la Alianza en sus tres años de existencia ha permitido que se concreten importantes logros: a nivel académico, a través de becas de intercambio estudiantil; referido a turismo, se ha logrado el establecimiento de una visa única; a nivel cultural, el desarrollo de festivales de cines en donde se ponen de relieve las semejanzas existen-es entre los estados miembros, permitiendo de esta manera quebrar las barreras culturales para conformar un verdadero bloque integrado en sentido amplio. En lo que respecta a nivel comercial, desde 2011 a la fecha los datos de crecimiento de sus integrantes siempre han sido positivos. Las previsiones para el año en curso, en base al informe de la CEPAL titulado Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2013, son alentadoras. Se estima que Chile crecerá un 4.2%, sustentado por el aumento de su demanda interna. Colombia, que se encuentra en un año electoral, crecerá un 4.5%. La recuperación de la demanda externa y la reactivación de la economía domestica, permitirán un crecimiento de México que será de un 3.5%. Por su parte, Perú verá crecer su economía en un 5.2%, impulsada por el aumento de su producción minera y el incremento del gasto público. Por último, Costa Rica, que se encuentra próxima a convertirse en miembro pleno del bloque, registrará una expansión

32. Solo se podrá interponer recurso de aclaratoria dentro de los 10 días de notificado el laudo.

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económica del orden del 4.5%. Los datos mencionados, sumados a la liberalización del comercio que se desarrollará en gran parte durante el año en curso, permitirán que la Alianza se transforme en el motor económico de la región. Es interesante destacar que así como la conformación de la Alianza ha reportado hasta el presente notables avances a nivel económico y social, al mismo tiempo su éxito ha producido un debilitamiento, aun más pronunciado, de la Comunidad Andina de Naciones. Este bloque comenzó a resquebrajarse desde la salida de Venezuela producida en el año 2006, y todo indicaría que el interés puesto por Colombia y Perú en la Alianza como principal motor integrador, le ha espetado su golpe final. El tiempo y la evolución de los hechos dirá si esto es así. Por otro lado, resta analizar brevemente el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), del cual México forma parte junto a Estado Unidos y Canadá. Estos últimos Estados han demostrado un notorio interés en la Alianza, y como se ha visto, actualmente revisten el carácter de Estados Observadores, lo que los habilita en un futuro a convertirse en miembros plenos del bloque. Es probable que esto ocurra si es que la Alianza continúa por la senda del crecimiento económico y del ascendente intercambio comercial entre las Partes. Por lo tanto ¿qué sucederá con el TLCAN? Ambos bloques comparten los mismos objetivos, por lo que no sería descabellado aventurar que ante la oportunidad de competir en un mercado

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más amplio y profundo, Estados Unidos y Canadá decidan adherir en forma plena a la Alianza, y resignar los veinte años de vigencia del proceso tripartito. Finalmente, resta decir que el futuro del bloque es promisorio, sustentado en objetivos concisos, claros y de rápida concreción por sus miembros. Se espera que la zona de libre comercio se extienda a la mayor cantidad de estados posibles de la región del Asia Pacífico, con la finalidad de transformarse en un importante factor de peso económico y comercial a nivel mundial. Las expectativas que ha generado, así lo demuestran.

Bibliografía Negro, Sandra (Directora), “Manual de Derecho de la Integración. Parte II América -África”, Ed. BdeF, 2012. Páginas webs consultadas www.acuerdoscomerciales.gob.pe www.aladi.org www.alianzapacifico.net www.cancilleria.gov.co www.chileabroad.gov.cl www.direcon.gob.cl www.eclac.cl www.felixpena.com.ar www.mercadomila.com www.mincit.gov.co www.nuso.org www.sela.org www.segib.org www.sre.gob.mx

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Las centrales sindicales argentinas frente al proceso de integración regional: entre el MERCOSUR y el ALCA María Florencia Socoloff Lejos quedaron -por fortuna- aquellas afirmaciones que auguraban el “fin de la historia”1 y la desaparición de la “clase obrera”. La crisis económica, política y social atravesada por diversos países latinoamericanos durante las últimas dos décadas ha demostrado la centralidad del movimiento obrero organizado en los procesos de transformación social. Aún más, las funestas consecuencias de la “ola neoliberal” a lo largo de la región, empujó a las centrales sindicales a posicionarse no sólo sobre el devenir de la realidad local sino sobre la realidad latinoamericana en su conjunto. Así debió trascender las fronteras nacionales estableciendo alianzas, acciones y luchas conjuntas en defensa de los intereses de

los trabajadores. En el presente artículo buscaremos reconstruir los posicionamientos del movimiento obrero argentino, organizado bajo sus dos centrales sindicales Confederación General del Trabajo (CGT) y Central de Trabajadores de Argentina (CTA) respecto del devenir de la integración regional, así como las herramientas que construyó para hacerlo. Partimos de la hipótesis que existe un vínculo insoslayable entre la política exterior adoptada por un gobierno y los procesos nacionales, en donde las alianzas internacionales actúan directamente en el plano local. Analizaremos la ligazón entre relaciones internacionales, la política exterior y la integración regional

Profesora de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Doctoranda en Historia (UBA). Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina (CONICET) así como Docente de la carrera de Filosofía de la UBA. Contacto: fsocoloff@yahoo.com.ar 1. Fukuyama, Francis (1992). El fin de la historia y el último hombre.

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fundamentalmente exponiendo los intereses detrás de dichas alianzas lideradas por los gobiernos, pero que traducen el desarrollo del conflicto social entre las clases dominantes y la clase obrera (Kan, 2013). Neoliberalismo: concentración y desempleo La consolidación de políticas neoliberales, desde la década del setenta y fundamentalmente los noventa, tuvo un enorme impacto tanto en la estructura social, política y económica argentina (Rapoport, 2007). El neoliberalismo quedo plasmado en los lineamientos planteados por el Consenso de Washington acuerdo promulgado en 1989 por el Departamento de Estado norteamericano, el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el G-7. Aquél convenio definía una agenda de 10 puntos a cumplir por los países periféricos que pretendieran acceder al crédito internacional: una mayor recaudación impositiva y disciplina fiscal; una pronta reforma tributaria; liberalización del sistema financiero; tasas de cambio competitivas; reorientación del gasto público; liberalización del comercio exterior; eliminación de restricciones para la inversión extranjera; privatizaciones de empresas estatales de servicio públicos; desregulación laboral y derecho de propiedad intelectual (Kan, 2010). Entre las principales consecuencias de su

aplicación en la Argentina se encontraron: la virtual “desaparición” del Estado de la vida económica y social; la apertura de los mercados financieros y comerciales; el endeudamiento externo; las privatizaciones de empresas públicas y la flexibilización de las relaciones laborales, entre otras (Portela de Castro, 2007; Taddei, Seoane y Algranati, 2006). El trasfondo fue el proceso de concentración de capital a escala mundial que, hacia la década del setenta pero centralmente durante los decenios de 1980 y 1990, repercutió en la Argentina en una nueva fase de “centralización de la propiedad y la riqueza en menos manos, que se corresponde con un proceso de repulsión de la población de los espacios que ocupaba (pauperización y proletarización de grandes masas de la población y crecimiento de una miseria consolidada)” (Podestá, 1999:3). Los efectos del neoliberalismo fueron directos sobre el trabajo: flexibilización laboral, incremento del desempleo -que ascendió según datos del Ministerio de Trabajo de La Nación del 4% al 22%-, pauperización de las condiciones de trabajo, proliferación del empleo informal, tercerización y precarización del trabajo (Palomino, 2003; Arceo, 2003; Rapoport, 2007; Castro, 2007). A su vez, la fragmentación del campo laboral en diversas categorías (monotributistas, terciarizados, subocupados, autónomos, desempleados y un reduci-

2. Fuente Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina. Accesible en http://www.trabajo.gov.ar

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do sector de trabajadores en blanco) limitó ampliamente el peso de los sindicatos como actores representativos y eficaces al momento de la negociación colectiva (Palomino 2003). En este sentido Palomino entiende que la organización sindical fue afectada en varios sentidos: a) ruptura al interior de las centrales y entre sindicatos debido a las diversas estrategias adoptadas frente a, por ejemplo, las medidas de flexibilización laboral; b) el neoliberalismo trastoca la estrategia tradicional de los sindicatos de reclamo del aumento del salario nominal y; c) progresiva pérdida de la influencia y representación de los sindicatos en el Ministerio de Trabajo (Palomino, 2003:163). Por ende, la nueva situación cambió la correlación de fuerzas en detrimento del proletariado argentino. Bajo esta transformación estructural que significó el despliegue del neoliberalismo en la región se concretaron diversos proyectos de integración: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y, para el Cono Sur, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Tal cual lo analiza Rapoport (2006), durante los noventa en el plano internacional, Argentina pivoteo entre estas dos estrategias de inserción regional y mundial. Analizaremos ahora las características de cada una haciendo énfasis en los intereses de fondo que cada una contenía así como las implicancias más profundas de su aplicación. MERCOSUR (1991-1999): un mercado común imperfecto, apertura densidades nº 15 - mayo 2014

comercial para las clases dominantes El MERCOSUR, acuerdo firmado en 1991, fue resultado de una alianza entre los países vecinos del Cuenca del Plata -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguaybuscando promover beneficios arancelarios entre los países miembros, ya sea por medio de la reducción de los aranceles a la importación, así como establecer barreras comunes frente a los países extra-bloque. El MERCOSUR, no se abstuvo de los lineamientos generales planteados en el Consenso de Washington, centralmente con eje en la apertura comercial. El mercado común es una estrategia de integración que propone generar un intercambio fluido no sólo de bienes sino también de capital y trabajo, cuyas implicancias se resumen en que la constante transferencia de mano de obra de un país a opera directamente en la organización productiva, habitacional, y poblacional de cada país. Si bien el MERCOSUR, como cualquier otra estrategia de integración resulta del acuerdo entre Estados, encarnados por sus gobiernos, estos a su vez reflejan la correlación de fuerzas al interior de cada país. En el caso de Argentina la asunción de Carlos Menem en 1989, representante del Partido Justicialista (PJ), estuvo caracterizada por la reconfiguración de las alianzas internacionales así como el reordenamiento económico, luego del golpe que resultó la hiperinflación de 1989. Respecto del primer punto, durante el menemismo se afianzaron los lazos con Estados Unidos, en detrimento muchas

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veces de las alianzas regionales aún más luego de que la caída del Muro de Berlín reafirmara la hegemonía mundial norteamericana. En el plano local, el menemismo comulgó con la apertura económica así como la privatización de los servicios públicos, favoreciendo una política de apalancamiento monetario conocido como “el uno a uno” en relación a la paridad fija de un dólar=un peso, con la consecuente dolarización de la economía. Estos lineamientos plasmados en el MERCOSUR respondieron, tal cual lo afirma Katz (2006), a la estrategia más acabada de los capitales más concentrados y con mayor capacidad de despliegue regional, para lograr adaptarse al movimiento del mercado mundial así como expandir su gravitación económica, su peso político y su influencia social (Katz, 2006:61). Kan (2013) afirma en este sentido que el sector agrario, principalmente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), “interesados históricamente en el libre comercio y teniendo la posibilidad de exportar a los países centrales, encontrarán en el gobierno [de Carlos Menem] un interlocutor para recepcionar sus demandas. El gobierno, en el contexto de pregonar la apertura de la economía y las reformas de mercado, rápidamente, además de reclamar por la eliminación de subsidios, profundizará un discurso aperturista de la economía que se distanciaría de todos los gobiernos anteriores” (Kan, 2013:172). En relación a la Unión Industrial Argentina (UIA), “como corporación

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entera que expresaba intereses económicos heterogéneos en relación a la apertura económica, si bien apoyó en términos generales la firma del Acta [Acuerdo], todavía tenía reparos sobre la forma en que se iba a llevar a cabo el proceso de apertura en general y este acuerdo con Brasil en particular” (Kan, 2013:176). Aparecía entonces la distinción previamente mencionada por Katz entre los intereses económicos más concentrados, y los de menor despliegue regional, representados por algunas fracciones al interior de la UIA que mostraron reparos frente a las consecuencias de la apertura económica sobre algunas ramas de la producción. Resulta claro que el aspecto social del MERCOSUR no resultaba esencial sino promover el desarrollo económico de las clases dominantes a escala regional, particularmente la brasilera y argentina. El devenir del MERCOSUR en sus primeros años de vida tuvo vaivenes vinculados a la incapacidad de las burguesías regionales de acordar condiciones comerciales comunes, más aún, cuando los bienes producidos por ambos países eran competitivos entre sí. Sin duda, las dificultades y contradicciones que ello generó, limitó enormemente la consolidación del mercado común restringiéndose la integración a la formación de unión aduanera bastante imperfecta. Aún más considerando el foco puesto por los gobiernos de Brasil y Argentina en estrechar vínculos con Estados Unidos, priorizando la agenda internacional en este sentido en detrimento de la integración regional.

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La crisis brasilera de 1999, fue un punto de inflexión en las relaciones comerciales entre Argentina y Brasil, y por ende del MERCOSUR, en tanto la devaluación del real limitó los acuerdos comerciales, profundizado luego por la crisis argentina del 2001. ALCA (1994-2005): la herramienta para la profundización del neoliberalismo El Área de Libre Comercio para las Américas era, para Estados Unidos, la respuesta estratégica para América Latina frente al proceso de regionalización en Europa y Asia (Sastre, 2004), vinculado a la consolidación de su hegemonía luego del fin de la Guerra Fría. El ALCA respondió a una necesidad del capital más concentrado. En caso de que el ALCA se hubiera constituido, hubiera sido un impulso para el proceso de concentración y centralización ya existente, en el cual Estados Unidos era protagonista a nivel mundial (Morgenfeld, 2013:131). El ALCA se gestó a partir de las negociaciones en las Cumbres de las Américas desde 1994 hasta 2005 (Kan y Socoloff, 2009) en el cuál se buscaba organizar un área de libre comercio desde Canadá a Tierra del Fuego, aplicando una progresiva reducción de los aranceles aduaneros entre todos los países miembro -particularmente a las importaciones- con la intención de eliminarlos completamente, dando lugar a un mercado trasnacional en el cual los bienes y servicios circularan libremente. En este sentido resultaba claro que el

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principal beneficiario sería Estados Unidos, cuyos productos altamente desarrollados y competitivos encontrarían una enormidad de mercados abiertos así como lograría la reducción de los costos de la mano de obra. En este sentido Sastre (2004) afirma: “Las reglamentaciones y normas supranacionales tienen como único objetivo limitar las áreas de acción de los gobiernos con menos desarrollo y, consecuentemente, facilitar las aperturas de mercado para las grandes empresas y grupos financieros de su interés. Esa estrategia también permite que los países con más influencia política (en el caso del ALCA, EE.UU.) tengan el dominio de las principales políticas internacionales, y que a la vez tengan una fuerte influencia sobre las leyes y políticas internas de los estados miembros”. Al igual que el MERCOSUR, las negociaciones por el ALCA fueron acompañadas por algunos sectores de la clase dominante local, mientras que otros sectores se opusieron a su desarrollo. La Sociedad Rural apoyó fervientemente el desarrollo del ALCA en tanto la apertura del enorme mercado norteamericano a los productos agropecuarios locales altamente competitivos prometía grandes beneficios al sector. Aún más la profundización del modelo agroexportador, era reafirmada junto con la necesidad de estrechar vínculos con Estados Unidos (Morgenfeld, 2013). Por su parte, al interior de los sectores industriales era donde nuevamente aparecían las disidencias. Dentro de la UIA la expectativa por las negociaciones se encontraba ciertos

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grupos industriales exportadores que no podían acceder al mercado estadounidense o lo hacían en condiciones desfavorables (Morgenfeld, 2013:136). Por su parte los industriales mercado internista de pequeño y mediano tamaño se opusieron fervientemente a la apertura económica en su disputa por el mercado local. Las centrales sindicales frente al MERCOSUR Bajo el paradigma neoliberal los marcos planteados para cualquier estrategia de integración quedaban sesgados al plano comercial, descartándose los posibles efectos sociales y políticos derivados de la aplicación de dicho sistema. En este sentido Sastre (2004) profundiza la definición y recupera la esencia de estos acuerdos o alianzas afirmando que “la estrategia es crear un mecanismo donde las instituciones nacionales (como los sindicatos y corporaciones) no tengan condiciones para ejercer presión o influenciar las decisiones” (Sastre, 2004:144). Es decir, no sólo se interviene en el plano de las relaciones comerciales, sino que esta “apertura” parcial o total de las barreras aduaneras favorece la configuración de un bloque más amplio en términos institucionales, poniendo en jaque las normativas y legislación nacionales. De igual forma Reginaldo Moraes afirma que “Durante los siglos XIX y XX, los movimientos obreros habían luchado para conquistar el voto, el derecho de organización y, así influir sobre la elaboración de políticas, definición de leyes y normas. Ahora que conquistaron

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ese voto, el espacio en que se ejerce es vaciado en provecho de un espacio más grande, mundializado, donde ellos no votan ni opinan” (Moraes, 2001:39). La definición de Moraes clarifica la estrategia neoliberal, cuyo punto central es el debilitamiento de cualquier instituciónsector nacional que pueda significar algún tipo de oposición al proyecto neoliberal, en particular, el foco está puesto sobre el movimiento obrero justamente porque éste encarna la mayor fuerza por la profundización de la democracia y la creciente participación de los sectores históricamente marginados. Como mencionáramos previamente la aplicación del neoliberalismo en Argentina fue acompañado por el deterioro de los servicios públicos de salud y educación. En números el saldo hacia fines de la década del noventa era: una tasa de desempleo y subempleo del 30%, el descenso de la participación de los salarios en el ingreso nacional del 45 al 27% y el consecuente incremento de la pobreza hacia fines del 2002 llegando al 57% de la población (Ferrer, 2004:3467). Frente a ello fueron diversas las estrategias adoptadas por el movimiento obrero en defensa de sus derechos ante el avance neoliberal buscando atacar no sólo la manifestación local de la crisis sino sus raíces extranjeras. Una de las principales iniciativas fue la participación de las centrales sindicales, desde los primeros momentos, en la organización del MERCOSUR en busca de incorporar los derechos de la clase obrera en su densidades nº 15 - mayo 2014

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constitución. Para ello se valieron de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) nacida en 1986, como herramienta para canalizar los intereses de los trabajadores de la región representados por las diversas centrales sindicales a ella adherida: la CGT y CTA en la Argentina, PIT-CNT en Uruguay, la UGT y CUT de Brasil, CNT y CUT de Paraguay, entre otras. En el estatuto fundacional de la CCSCS, quedan sintetizados los objetivos con que la misma fue creada: “La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (…) se rige por los principios de la democracia y de respeto a la autonomía de los pueblos; por la defensa incondicional de los derechos humanos, laborales y sociales universales. Las entidades que integran y/o vayan a integrar la CCSCS se comprometen a oponerse y combatir leyes, medidas y políticas, nacionales y/o internacionales, que pretendan reducir o eliminar derechos y conquistas de los trabajadores y dentro del espíritu de la solidaridad se comprometen a combatir cualquier forma de xenofobia y racismo”. Fácilmente se deduce el espíritu profundamente democrático y reparador ante los embates de los gobiernos dictatoriales así como del despliegue económico aperturista. Fundamentalmente el énfasis esta puesto en la acción conjunta de las centrales frente al avasallamiento de los intereses de los trabajadores. En este sentido, entre los objetivos centrales de la CCSCS se destacan: “Promover la coordinación y unidad de acción entre las centrales sindicales que tengan como parámetros de

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su acción política la consolidación de la democracia, del desarrollo social y la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Coordinar la actuación de las centrales sindicales frente a los procesos y negociación de los acuerdos de integración sub-regional, bilaterales, hemisférico e intercontinental, contribuyendo de forma concreta para defensa de los intereses de los trabajadores en el MERCOSUR” Se comprende entonces la importancia adjudicada a coordinación de posicionamientos y acciones comunes, fundamentalmente frente a los procesos de integración regional incorporando a éstas los intereses de los trabajadores. Este punto resulta nodal en tanto pone evidencia, como mencionáramos previamente, el tenor puramente comercial que adquirieron las negocia-ciones en el MERCOSUR -y aún más en el ALCA-, relegando el “factor social” a un segundo plano. La participación de la CCSCS en el MERCOSUR tuvo dos polos centrales, por un lado, la incorporación de una sección que explícitamente dedique su atención al trabajo y, por otro lado, la activa participación en el Foro Consultivo Económico y Social del MERCOSUR (FCES) constituido tanto por empresarios como trabajadores. En primer lugar, hacia diciembre de 1991 la CCSCS realiza un documento haciendo públicas sus primeras consideraciones sobre el proceso de integración y proponiendo la constitución de un Subgrupo de Empleo y Relaciones Laborales. Este documento

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fue entregado a los ministros de Trabajo de los 4 países involucrados reunidos en aquella ciudad, quienes aprobaron la propuesta que en mayo de 1992 da origen a la creación del SGT de Relaciones del Trabajo. En este mismo sentido en 1996, cuando fueron retomadas las discusiones del Subgrupo 10 dedicado a las relaciones de trabajo, la CCSCS presentó el proyecto de un instrumento de protección a los derechos laborales, el cual fue discutido en forma tripartita y aprobado en 1998, con la denominación de Declaración Sociolaboral del MERCOSUR. En 1997, la CCSCS propone la creación de un Observatorio sobre el Mercado de Trabajo, organismo técnico de gestión tripartita el cual fue aprobado en ese mismo año cuyo objetivo era el acompañamiento de los indicadores macroeconómicos y sectoriales, constituyéndose en un espacio de negociación de soluciones y medidas para problemas emergentes de desempleo y/o bregando por la generación de empleos. Como miembro del FCES, la CCSCS colaboró sistemáticamente en la elaboración de más de cuarenta documentos y “recomendaciones” a los mandatarios frente al devenir de la economía regional y mundial. En este sentido se destacan las tempranas consideraciones hacia el año 1997 -luego de la primera cumbre de presidentes en

Miami- respecto a los posibles efectos de la aplicación del ALCA, en donde se advierte la magnitud de la desigualdad entre los países y los efectos directos sobre el mundo del trabajo. “Dado que las iniciativas de integración tienen como primer objetivo la ‘creación del comercio’, la constitución del ALCA deberá, también, determinar el crecimiento armónico del comercio hemisférico. En consecuencia, el estrechamiento de las relaciones comerciales entre las empresas podrá generar un intenso movimiento de ‘reespacialización’ de unidades y segmentos productivos. Este proceso se reflejará sobre el mercado de trabajo de los países involucrados, influenciando el volumen de la oferta de empleo, de las exigencias de calificación de mano de obra y el modelo de organización y de relaciones de trabajo, sobre todo en los países en desarrollo”3. Contra el neoliberalismo y su agente el Fondo Monetario Internacional (FMI): la crisis en los albores del nuevo milenio La respuesta al proceso de mundialización y consolidación del neoliberalismo se encarno, en América Latina, en la proliferación de movimientos de protesta y rechazo a la continuidad de dicho paradigma como eje para el ordenamiento económico y social (Fritz, 2007). En la Argentina la respuesta fue el aumento de la conflictividad social que, hacia fines del milenio pasado, se incrementó enormemente. Tal cual lo analizan Piva

3. Documento Foro Consultivo Económico y Social, 2010, p.20-21. Accesible en: http://www.fcesmercosur.com.ar

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(2009) e Iñigo Carrera (2001), la creciente cantidad de conflictos protagonizados por sindicatos alineados bajo sus respectivas centrales, ponen de manifiesto el rechazo que los trabajadores mantuvieron frente al neoliberalismo. Los años 1999 a 2001 son testigos de nueve huelgas generales llevadas adelante por las centrales sindicales (Iñigo Carrera , 2001) el número resulta llamativo al compararlo con el período 1989-1999 en el cual se registraron igual cantidad de huelgas generales. Pero el proceso de movilización cruzó trasversalmente a todos los sectores sociales y, a las protestas promovidas desde las centrales sindicales, se sumaban sectores de trabajadores desocupados, clase media empobrecida, jubilados y trabajadores estatales protagonizando un gran ciclo de movilizaciones cuyo pico fue el año 2001, en el que se registran 1890 conflictos protagonizados solo por asalariados (Iñigo Carrera, 2001). Dentro del ciclo de movilización se destacan las marchas encabezadas por las centrales sindicales frente a la evidente crisis económica. En este sentido, junto a las protestas contra el gobierno de Fernando De la Rúa aparecían crecientes manifestaciones que endilgaban al Fondo Monetario Internacional la responsabilidad de la crisis. Compartimos la visión de Cotarelo (2009) cuando afirma que la primera movilización contra el FMI fue promulgada por la CGT disidente, encabezada en aquél momento por Hugo Moyano, el 12 de diciembre del densidades nº 15 - mayo 2014

2001, abriendo el ciclo de movilización posterior caracterizado por una gran amplitud sectorial, “en casi toda la región la clase obrera logró establecer alianzas con otras partes del pueblo, tendiéndose a la conformación de fuerzas de carácter popular. Además, tendió a primar la unidad dentro de la misma clase obrera, lo que se evidencia en marchas y actos de carácter unitario” (Cotarelo, 2009:265). Un punto determinante en el enfrentamiento contra el FMI, agente internacional que exigía el ajuste económico del gasto social y público promovido por el gobierno, fue la renegociación de la deuda externa encarnada por el entonces Ministro de Economía Eduardo Cavallo. “El 31 de mayo de 2000 se constituye en el inicio de un momento de luchas que tuvieron como eje central el rechazo a las políticas impuestas por el FMI y a distintas expresiones del imperialismo estadounidense, lo que no significa que en todos los casos se tratara de luchas contra el imperialismo como tal. Ese día se realizó una marcha contra el FMI organizada por la Confederación General del Trabajo (CGT) (secretaría Moyano). La marcha contó con la adhesión de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), de todos los organismos de derechos humanos, numerosos partidos de izquierda, etc.”(Cotarelo, 2009:265). En oportunidad de la convocatoria anual al acto por el Día del Trabajador, el 1 de Mayo del 2001, el dirigente de la CGT disidente Hugo Moyano, afirmaba, “Este primero de mayo, que supo ser una fiesta para los trabajadores argentinos en épocas donde

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la democracia y los derechos eran patrimonio de todos, y la justicia social enorgullecía a nuestro Pueblo y a la Nación, nos encuentra resistiendo y con la mayoría de nuestros compatriotas agotando la paciencia”. Añadiendo respecto al gobierno y su política económica decía, “...demostrando voracidad sin límites, los personeros del FMI y de la usura financiera internacional se han hecho cargo de la dirección política y económica de la Nación y continúan implementando las políticas de ajuste permanente que lo han caracterizado”, y agrega: “El nuevo impuestazo, la generalización del IVA y los ajustes anunciados para los jubilados, las provincias y los trabajadores del sector público, demuestra que el Gobierno nacional es sólo una marioneta de los poderosos y éstos no tienen límite”. Esta clara caracterización del enemigo, encarnado en los representantes del FMI y sus aliados nacionales le permite a Moyano concluir “Por eso en el Día de los Trabajadores, la CGT disidente no sólo se encuentran resistiendo el modelo económico perverso sino que tienen la responsabilidad de afrontar el desafío de recuperar la identidad y el proyecto nacional que nos permitan, con sentido patriótico, reconstruir la Nación” (La Nación, 2 de mayo de 2001). Desatada la crisis, será cada vez más visible la esencia de la misma, no solo encarnada por sus agentes directos, el FMI, sino que encontraba raigambre en diversos aspectos de la dominación norteamericana. Entre ellos el ALCA aparecía como una herramienta directa

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de control de los factores productivos, en tanto la liberalización del capital, el trabajo y el mercado, abrirían la puerta al despliegue local de los monopolios norteamericanos. No al ALCA, sí al MERCOSUR 2003-2005 Hemos evaluado previamente el posible impacto del ALCA sobre la región y los Estados nacionales, así como la esencia de ese acuerdo. Por ello resulta claro que haya sido objeto de ataques profundos por los sectores que directamente se veían amenazados por su implementación. Las primeras manifestaciones importantes en Argentina en este sentido se produjeron en abril de 2001, durante el gobierno de De la Rúa. Entre ellas se cuenta un acto organizado por la CGT dialoguista de Daer el 5 de abril, convocado bajo el lema “Otra América es posible” y “No al ALCA”, en el que hablaron representantes de centrales sindicales de distintos países de América. Al día siguiente, trabajadores agrupados en la CGT de Moyano protestaron en la Plaza de Mayo, en un acto “con un fuerte tono nacionalista y anti norteamericano” (Cotarelo, 2009:275). Los trabajadores sindicalizados que veían una amenaza en el libre ingreso de capital y bienes altamente competitivos, fueron acompañados por las pequeñas y medianas empresas que reconocían su incapacidad de enfrentar a los capitales concentrados tecnológicamente desarrollados. A nivel regional la traducción política

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de la creciente conflictividad social frente a la crisis neoliberal resultó en el cambio del signo de los gobiernos. Desde 1998 con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, la hegemonía norteamericana comenzó a verse cercenada, en una correlación de fuerzas negativa que tendrá su hito en el año 2005. Los años 2003-2007 fueron momentos de transición y cambio en la región, manifestado en la proliferación de gobiernos que, en general, cuestionaron los lineamientos neoliberales (los ejemplo más extremos son el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador, luego Brasil y Argentina) (Seoane y Taddei, 2001). A la vez, estos gobiernos -a diferencia de los años noventaintrodujeron el problema de la integración regional como punto central de la agenda internacional, incorporando el factor social y político como centrales además de los comerciales. Bajo este marco se explican dos hechos centrales: en primer lugar, el nuevo espíritu que adoptó el MERCOSUR desde el año 2003, y el rotundo rechazo al ALCA durante la Cumbre de las Américas en Mar del Plata en el año 2005. En cuanto al MERCOSUR, la llegada al gobierno de Néstor Kirchner en Argentina en 2003 y de Lula Da Silva en Brasil en 2002, reabrirán las negociaciones abandonadas luego del interregno 1999-2001. En estos nuevos acuerdos será manifiesta la voluntad de los gobiernos de priorizar los espacios de diálogo y unidad política, por encima de las diferencias comerciales. En este densidades nº 15 - mayo 2014

sentido, los gobiernos a la vez que encarnarán los intereses de diversos sectores económicos nacionales, buscarán amainar las diferencias entre la burguesía paulista y la argentina, en pos de acuerdos político-económicos de largo plazo. Buscarán priorizar los equilibrios fiscales en el comercio, así como negociar activamente los puntos conflictivos del intercambio entre Brasil y Argentina así como al interior del bloque considerando también las necesidades de los socios más pequeños, Uruguay y Paraguay. Si bien las diferencias comerciales entre los dos socios principales, Argentina y Brasil, persisten hasta la actualidad el perfil de unidad y cohesión regional que ha mostrado el bloque, incorporando incluso a Venezuela, pero fundamentalmente sosteniendo la unidad frente a otros bloques. Aún más buscarán incrementar la participación de sector “civil” en las definiciones políticas del bloque. Ello se observa claramente en la proliferación de documentos realizados por la CCSCS donde se busca aconsejar y dictaminar sobre el devenir del bloque, lo significativo resulta que muchas de esas observaciones fueron incorporadas por los gobiernos al desarrollo del MERCOSUR como reivindicaciones del movimiento obrero regional. Frente al fortalecimiento del MERCOSUR, el año 2005 resulta un hito del “fracaso” del ALCA como modelo de integración para la región (Kan y Socoloff, 2009). La Cumbre de las Américas desarrollada en Mar del Plata significó el rechazo de varios

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gobiernos a aceptar el tipo de inserción propuesta por Estados Unidos. En este sentido Katz (2006) reconoce que fueron las burguesías argentinas y brasileras determinantes en la definición del “NO al ALCA” en tanto se veían directamente amenazadas frente a un Estados Unidos poco dispuesto a negociar, por ejemplo, en rubros sensibles como los aranceles agropecuarios. Como mencionáramos previamente, el eje de la oposición estuvo centrada en el rol de los sectores subalternos que apelando a diversas estrategias movilizaron sus fuerzas a lo largo de la región bajo el lema “NO al ALCA”, lograron construir un bloque fuerte de oposición que no pudo ser obviado por los gobiernos de turno. En la región la Alianza Social Continental (ASC) y el Foro Social Mundial, encabezaron la articulación de la lucha. En la Argentina a las movilizaciones encabezadas por la CGT y CTA ya en 2001, se sumaron iniciativas como la Autoconvocatoria “NO al ALCA”, conformada entre otros por la Federación Agraria Argentina (FAA), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la CTA, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), la Federación Universitaria Argentina (FUA), entre otros. Quedaba evidenciada así la magnitud de la oposición que atravesaba a grandes sectores de población productiva. En este sentido fueron determinantes al momento de la Cumbre de Mar del Plata, las nuevas alianzas regionales encabezadas por Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula

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Da Silva, daban cuenta de realineamientos políticos que distaban de priorizar el vínculo con Estados Unidos, así como se negaron a continuar con las negociaciones del ALCA debido a la contundente presión social. Perspectivas para el análisis de la integración regional Ahondar en el estudio de la participación y acción de las instituciones que congregan a los trabajadores y sindicatos, encarnadas en las centrales de trabajadores, resulta de comprender y resaltar la importancia de dichos actores en el concierto nacional. Como parte de la sociedad civil, los sindicatos -y las centrales sindicales que los contienenconstituyen instancias que congregan a un gran porcentaje de la población económicamente activa, por lo cual representan a un colectivo de gran incidencia en la vida política del país. Hemos mencionado previamente la participación de los actores sindicales en la vida política nacional entorno al rechazo de la continuidad de políticas neoliberales como paradigma de ordenamiento económico, político y social en la Argentina. A su vez observamos la incidencia que dicha movilización ha tenido en el cambio de rumbo de los principales lineamientos de inserción regional, considerando el bloqueo del ALCA así como el rechazo a la intervención del FMI en la definición de políticas económicas nacionales. Debemos ahora profundizar en las múltiples herramientas a las que apelaron las centrales sindicales para

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encarar la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores en el plano local y regional. Mencionamos el rol que ha cumplido la CCSCS en la articulación regional de las iniciativas locales así como en la activa intervención en las definiciones de políticas laborales y sociales al interior del MERCOSUR. Su rol, dista de estar estudiado, así como su potencialidad como herramienta de lucha regional. Por otra parte, hemos observado como las luchas encarnadas por las centrales sindicales locales, y los trabajadores en su conjunto, han forzado la redefinición de las políticas nacionales en torno al modelo económico y social, incidiendo también en la consolidación de nuevas alianzas internacionales que incorporen a la integración regional el “factor social”, y las necesidades de los pueblos, entendiendo que el comercio debería estar en función del desarrollo igualitario de los mismos.

Documentos consultados: Estatuto de Conformación de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (1986). Disponible en: http://www.ccscs.org Foro Consultivo Económico y Social, Sección Argentina, 2010. Disponible en: http://www.fcesmercosur.com.ar Bibliografía: Arceo, Enrique (2003). “El ALCA y su probable impacto en el mercado de trabajo en América Latina”. En De la Garza Toledo,

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Enrique y Sala, Carlos (comp.): Nafta y MERCOSUR: procesos de apertura económica y trabajo. Bs. As, CLACSO. Cotarelo, María Celia (2009). “Las protestas contra el FMI y la política estadounidense en la Argentina reciente (2000-2006)”. En Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina. Bs. As., CLACSO. Estay, Jaime y Sánchez Daza, Germán (2005). “Una revisión general del ALCA y sus implicaciones”. En Estay, Jaime y Sánchez Daza, Germán (Comps): El ALCA y sus peligros para América Latina. Bs. As., CLACSO. Ferrer, Aldo (2004). La Economía argentina. Desde sus orígenes hasta principios del S.XXI. Bs. As., Fondo de Cultura Económica. Fritz, Thomas (2007). ALBA contra ALCA. La Alternativa Bolivariana para las Américas: una nueva vía para la integración regional en Latinoamérica. Berlín, FDCL, 2007. Iñigo Carrera, Nicolás (2001). “Las huelgas generales, Argentina 1983-2001: un ejercicio de periodización”. Bs. As, PIMSA, Documento de Trabajo nº33. Kan, Julián (2010). “De Cancún a Mar del Plata. Las disputas y alineamientos entre los gobiernos de la región y Estados Unidos en la derrota del ALCA”. En Ciclos en la historia, la economía y la sociedad; vol. XIX; p. 77 – 102. Kan, Julián (2013). “Una relación particular. Clase dominante, gobierno y orígenes del MERCOSUR”. En Kan, Julián Pascual, Rodrigo (comps.) : Integrados (?). Debate sobre las relaciones internacionales y la integración regional latinoamericana y europea. Bs. As., Imago Mundi. Kan, Julián y Socoloff, María Florencia

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(2009). “De Mar del Plata a Trinidad y Tobago: Los cambios recientes en el orden regional”. En Análisis de Coyuntura, Nº 107 (ISSN Nº 1669-9122), Bs. As. Katz, Claudio (2006). El Rediseño de América Latina, por la ALCA, MERCOSUR y ALBA. Bs. As., Ed. Luxemburg. Moraes, Reginaldo (2001). Neoliberalismo: de onde vem, para onde vai? São Paulo, Senac. Morgenfeld, Leandro (2013). “Estados Unidos, su proyecto de libre comercio para América Latina y la resistencia argentina”. En Kan, Julián y Pascual, Rodrigo (comps.): Integrados (?). Debate sobre las relaciones internacionales y la integración regional latinoamericana y europea. Bs. As., Imago Mundi. Palomino, Héctor (2003). “Los efectos de la apertura comercial sobre las relaciones laborales en la Argentina”. En De la Garza Toledo, Enrique y Sala, Carlos (comp.): Nafta y MERCOSUR: procesos de apertura económica y trabajo. Bs. As, CLACSO. Piva, Adrián (2009). “El desacople entre los ciclos de conflicto obrero y la acción de las cúpulas sindicales en Argentina (19892001)”. Ponencia presentada en las XII Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia, Tucumán. Podestá, Jorge (1999). “La ‘crisis’ de la desocupación en la Argentina (1993-98)”. Bs. As, PIMSA, Documento de Trabajo nº17. Portela de Castro, María Silvia (2007). “El sindicalismo frente al MERCOSUR”. En Nueva Sociedad n° 211, ISSN: 0251-3552. Rapoport, Mario (2006). El viraje del Siglo XXI. Deudas y desafíos en la Argentina, América Latina y el mundo. Bs. As., Grupo Norma. Rapoport Mario, (2007). Historia social,

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económica y política de la Argentina (18802003). Bs. As., Emecé. Sastre, Angelo (2004). El ALCA y la política neoliberal:¿hegemonía y dominación en América Latina? México, CLACSO. Seoane, José; Taddei, Emilio; Algranati, Clara (2006). “Las nuevas configuraciones de los movimientos populares en América Latina”. En Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina. CLACSO.

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secciones

culturas Celebraciones, centenarios y fronteras simbólicas: el debate argentino ante la lengua española durante la primera mitad del siglo XX

Gabriela Dalla-Corte Caballero “En América, todo lo que no es europeo, es bárbaro”. Juan Bautista Alberdi, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. La Cultura Argentina, Buenos Aires,1852.

Introducción Una densa bibliografía editada a partir de 1960 da cuenta del profundo interés que ha despertado la expansión de la frontera en términos del control de

tierras y del histórico paso de la ganadería a la agricultura de la pampa húmeda. Me refiero a trabajos clásicos de James Scobie1, Ricardo Rodríguez Molas2, Juan Carlos Walther 3 , Tulio Halperín Donghi4, Juan Álvarez5, así como Fernando Enrique Barba, quien describió el avance y el control de la tierra pública6. En esta clave analítica, la frontera sur patagónica ha merecido la atención de historiadores e historiadoras que retomaron el primer trabajo etnográfico

Profesora Titular de Historia de América en la Universidad de Barcelona (UB). Doctora en Historia de América y Doctora en Antropología Social y Cultural (UB). Master en Estudios sobre Sociedad y Poder desde la perspectiva de Género por la Universidad de Nacional de Rosario de Argentina (UNR). Licenciada en Geografía e Historia (UNR). 1. Scobie, James, Revolución en las pampas, Solar, Buenos Aires, 1966. 2. Rodríguez Molas, Historia Social del Gaucho, Buenos Aires, 1968. 3. Walther, Juan Carlos, La conquista del Desierto, Buenos Aires, 1970. 4. Donghi Halperín, Tulio, La expansión ganadera en la campaña de Buenos Aires, 1810-1852, incluido en Fragmentos de Poder, Buenos Aires, 1969. 5. Álvarez, Juan, Las Guerras Civiles argentinas, Buenos Aires, 1966. 6. Barba, Fernando Enrique, Frontera Ganadera y Guerra con el indio, la frontera y la ocupación ganadera en Buenos Aires entre los siglos XVIII y XIX, Universidad de La Plata, La Plata, 1997.

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escrito por Estanislao Severo Zeballos, titulado La Conquista de las quince mil leguas7. El interés por el dominio material ha llevado a los autores y autoras a reconsiderar la antigua frase de Hebe Clementi para quien la frontera “no tiene nada en común con el planteo jurídico, cuya validez los hechos prueban que sólo se refrenda mediante el ejercicio de la soberanía por parte de los países que asumen el contrato jurídico”8. En este caso, uno de mis objetivos es cuestionar los límites que dio Clementi, y discutir el supuesto extrañamiento de la frontera del marco jurídico. En la divergente construcción social del espacio, rastreo algunos de los proyectos jurisdiccionales que se dieron en torno a la lengua9, en una sociedad que José Luis Romero ha llamado “aluvional”. En este sentido, el espacio y la frontera son percibidos en clave jurídica, desde los diseños, y no desde las supuestas materialidades. La construcción de símbolos asociados a la consolidación de las naciones americanas ha significado un proceso en el que es posible definir tres etapas diferenciadas. Durante la primera, que va desde la revolución de independencia hasta 1830,

se creó un corpus simbólico para sustituir el sistema de significación de la Corona, y se hizo uso básicamente de la emblemática y la poética. En la segunda, hasta 1860, el horizonte político no insistió en la invención de imágenes simbólicas. En la tercera etapa, que va aproximadamente hasta la segunda década del siglo XX, y que coincide con los límites cronológicos que he dado a este trabajo, se formó el sistema ideológico-simbólico, el mundo mental que acompañó e informó la estructuración soberana de los Estados hispanoamericanos10. Por ello, este trabajo se centra en este proceso histórico para comprender los cambios en el uso de la lengua en la República Argentina. Proponemos la idea de que existen fronteras invisibles de tipo cultural que se construyen históricamente en función de determinadas necesidades concretas. En Argentina, una de esas necesidades fue la urgencia por construir un espacio soberano, proceso que, en el terreno de la lengua, se condensó en áridos debates que no están cerrados. Cierta frontera demarca y discrimina a la comunidad de otras de otros lugares y de otros grupos.

7. Zeballos, Estanislao Severo, La Conquista de quince mil leguas. Estudios sobre la traslación de la frontera sud de la República al Río Negro, dedicado a los gefes y oficiales del Ejército Expedicionario, Buenos Aires, 1878, 2º edición. 8. Clementi, Hebe, La frontera en América. Una clave interpretativa de la historia americana, Ed. Leviatán, Buenos Aires, 1992, p. 14. 9. Dalla-Corte Caballero, Gabriela y Prado, Gustavo, “El movimiento americanista español en la coyuntura del Centenario. Del impulso ovetense a la disputa por la hegemonía entre Madrid y Cataluña”, en Revista Estudios Migratorios Latinoamericanos del CEMLA, Nº 56, Buenos Aires, 2005, pp. 31-64. 10. Burucúa, José Emilio y Campagne, Fabián, “Mitos y simbologías de la Nación: Los países del Cono Sur”, en Antonio Annino, Luis Castro Leiva & François-Xavier Guerra (dir.), De los Imperios a las Naciones: Iberoamérica, Ibercaja, Zaragoza, 1994, pp. 349-381, cita de pp. 251-352.

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culturas

Las fronteras simbólicas de una comunidad determinada, esta última caracterizada por un conjunto de personas que residen en un lugar y que expresan un concepto relacional, sugieren que sus miembros tienen algo en común entre ellos, un algo que los distingue de otros grupos. El término indica al mismo tiempo, igualdad y diferencia, ya que también sugiere la oposición de la comunidad en relación a otras entidades sociales. 1. Lengua soberana versus corrupción finisecular: la paz jurídica de Ricardo Rojas y el diálogo entre el gauchesco y el español En su etapa imperial, España buscó ampliar sus fronteras y conquistar espacios, y América funcionó como un continente frontera para su expansión. Durante el dominio colonial, los habitantes de ese Imperio fueron calificados de españoles, aunque se hacía la distinción entre españoles americanos y españoles europeos en mérito al nacimiento. Las guerras de independencia que estallaron, según las áreas, a partir de 1810, sustituyeron esa taxonomía por otra más simple: los conceptos españoles y americanos, vinculados al de ciudadanía, darían cuenta cada vez más de su irreductibilidad y del enfrentamiento entre naciones. Paralelamente, los diversos regímenes políticos instaurados en las antiguas colonias abandona-

ron el proyecto de emancipación continental, de unidad americana. En las áreas del sur, la denominación adoptada fue la de Provincias Unidas del Río de la Plata involucrando una concepción plenamente geopolítica. En Buenos Aires, el ambiente fue verdaderamente hostil a los intentos unificadores que Bolívar intentaba impulsar en el Congreso de plenipotenciarios americanos que debía reunirse en Panamá en 1825, y se condensó en la prédica de periódicos adictos al proyecto diferenciador, entre ellos El Centinela, El Nacional y El Correo de las Provincias11. Durante la primera mitad del siglo XIX el antiguo Virreinato del Río de la Plata dio paso a la disgregación de países como Uruguay, Paraguay y Bolivia, y el territorio que hoy ocupa Argentina acabó de definirse a principios del siglo XX12. Sobre estas nuevas jurisdicciones se fundarían también novedosas ideas de nacionalidad en un largo proceso de décadas en las que jugó un rol esencial la elección de determinados símbolos nacionales en el marco de la invención de ceremonias y ritos vinculados a la publicidad de esa simbología. Científicos como Benedict Anderson se han preguntado “por qué el Imperio hispanoamericano, que persistió tranquilamente durante casi tres siglos, se fragmentó de repente en dieciocho Estados distintos”, y de qué manera se resolvió

11. Salas, Rubén Darío, Lenguaje, Estado y Poder en el Río de la Plata. El discurso de las minorías reflexivas y su representación del fenómeno político-institucional rioplatense (1816/1827), Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 1998, p. 406. 12. Lynch, John, Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826, Ariel, Barcelona, p. 61 (1º ed. 1973).

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que los nuevos Estados fuesen prácticamente indistinguibles del modelo español peninsular en lengua, religión, cultura y ascendencia. El propio autor señala que cada nación exigió el establecimiento de la imagen de pertenencia a una comunidad colectiva; la fijación de ciertas fronteras finitas, aunque elásticas, más allá de las cuales se encontraban otras naciones; y la demarcación legal de un territorio soberano. En su momento, Anderson definió a la nación como “una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana”13. En la delimitación del espacio soberano y de la frontera jurisdiccional porque jugó un papel central en los proyectos de algunos sectores políticos argentinos que hicieron del criollismo y del gauchesco la razón de ser de esa nacionalidad: las analogías de la gramática local y peninsular, aunque también en este último terreno se efectuaron serios intentos de distinción, no sólo con España, sino también con el resto de jurisdicciones latinoamericanas. El proyecto de establecer una lengua distintiva nucleó dos frentes: por un lado, el intento de constituir una particular lengua no española y, por el

otro, el proyecto de establecer la filiación directa con la lengua pura castellana para luchar contra la variedad inmigratoria de fines del siglo XIX y la consecuente corrupción lingüística14. En el primer grupo se encontraban el profesor francés Lucien (Luciano) Abeille, autor de El idioma nacional de los argentinos, quien en el Congreso de Filólogos de París realizado en el año 1900 sostuvo que Argentina gozaba ya de un idioma propio no español15; también Rafael Obligado, que en 1876 anunció que se encontraba ejecutando su Diccionario de la lengua argentina16, con el cual pretendía oponerse a la lengua española; así como quienes intentaban “etno-grafiar” el habla particular de grupos determinados, como fue el caso del jurista Antonio Dellepiane, interesado en la jerga de delincuentes y ladrones en sus estudios sobre las prisiones de Buenos Aires17. No se trató de un caso aislado, sino que este tipo de estudios representó una experiencia compartida por los liberales latinoamericanos del siglo XIX y principios del XX. Dellepiane, por ejemplo, estaba influido por la doctrina del positivismo criminológico de la escuela de Lombroso y por la

13. Anderson, Benedict, Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, FCE, México, 1991, pp. 23-25, p. 39 y p. 92. 14. Rojas, Ricardo, “Carta escrita al Diario La Nación, 22 de abril de 1928”, en Monner Sans, José María, La vida y la obra de Ricardo Monner Sans, 1853/1927, Librería de A. García Santos, Buenos Aires, 1929, p. 206. 15. Selva, Juan B., Evolución del habla, estudios filológicos, El Ateneo, Buenos Aires, 1944, p. 36. 16. Costa Álvarez, Arturo, “La obra de Monner Sans en nuestra lengua”, Conferencia leída en el Ateneo Iberoamericano el 11 de junio de 1927, reproducida en Monner Sans, José María, La vida y la obra de Ricardo Monner Sans, 1853-1927, Librería de A. García Santos, Buenos Aires, 1929, pp. 367-376. 17. Fontanella de Weinberg, Beatriz, El Español Bonaerense, Cuatro Siglos de Evolución Lingüística (1580/1980), Editorial Hachette, Buenos Aires, 1987, pp. 142-143.

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culturas

Antropología criminal de la Sociedad de Antropología Jurídica argentina, fundada por Ramos Mejía18. En el segundo grupo se hallaban, entre otros, Ernesto Quesada, Estanislao Zeballos y Ricardo Rojas. Mientras peninsulares como el catalán Ricardo Monner Sans calificaban el proyecto de Obligado de ilusorio, o R afael Altamira19, quien impulsaba la conexión cultural20, Ernesto Quesada daba por olvidado el libro de Abeille, y postulaba el triunfo del sentido común y de la unidad del español. Para Estanislao Zeballos, por su parte, la normalización lingüística debía ser conducida por un proceso de codificación excluyente de dialectos locales, de aforismos y del lunfardo21. La normalización lingüística tiene que ver con la extensión del uso de una lengua, y no sólo con su codificación y estandarización. Normalizar equivale a estabilizar el uso y a extender su poder22. En 1881 Vicente F. López escribió un exordio a Matías Callandrelli, en su Diccionario Filológico comparado de la lengua castellana, editado en ese año en la ciudad de Buenos Aires, donde se festejó la elaboración del libro Sur quelques

singularités phonétiques de l’espagnol parlé dans la campagne de Buenos Aires et Montevideo. Otros trabajos encarados en la época son indicativos del clima de ideas que circulaba entre los miembros de la élite intelectual, interesados en la relación dialéctica con España y en reconocer la pervivencia de tradiciones peninsulares23. El Ministro de Gobierno de Buenos Aires de 1877, Vicente Quesada, decidió editar su obra El idioma nacional en 1883, mientras su hijo Ernesto retomaba la tarea al publicar en 1901 El problema del idioma nacional y, un año después, El criollismo en la literatura argentina, siendo continuado en 1923 por el manuscrito La evolución del idioma nacional. Paul Groussac, por su parte, brindó al lector un texto titulado “A propósito de Americanismos” en las páginas de los Annales de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, mientras Arturo Costa Alvarez escribía en 1927 en la Revista Nosotros unas páginas dedicadas a “El castellano en la Argentina”. También Estanislao Zeballos impulsó el tema de la lengua como uno de los puntos centrales de la agenda política y colocó el acento en los usos

18. Dellepiane, Antonio, El idioma del delito y diccionario lunfardo, Fabril Editora, Buenos Aires, 1967. 19. Prado, Gustavo H., Rafael Altamira en América (1909-1910). Historia e historiografía del proyecto americanista de la Universidad de Oviedo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2008. 20. Prado, Gustavo H., Las lecciones historiográficas de Rafael Altamira en Argentina (1909). Apuntes sobre Ciencia, Universidad y Pedagogía Patriótica, Universidad de Oviedo, Oviedo, 2010. 21. Zeballos, Estanislao Severo, “Prólogo” al libro de Ricardo Monner Sans, Notas al castellano en la Argentina, Imprenta Carlos Parral, Buenos Aires, 1903, p. IX-XVII. 22. Bastardas i Boada, Albert, “La normalització lingüística: l”extensió de l´ús”, en Sociolingüística i Llengua catalanes, a cura de Albert Bartardas y Josep Soler, Ed. Empúries, Barcelona, 1988, p. 188. 23. Zeballos, Estanislao Severo, “Prólogo” al libro de Ricardo Monner Sans, Notas al castellano en la Argentina, Imprenta Carlos Parral, Buenos Aires, 1903, p. XI y p. XXIX.

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lingüísticos, el slang, del barrio de la Boca, y de las “pálidas y flacas modistillas” que se congestionaban en las ciudades, y, de esa manera, pretendió convencer al gobierno nacional de la urgencia de codificar la lengua –definida como un derecho del hombre y del ciudadano– en el marco de las constituciones políticas y de las leyes tutelares. La carencia de proyectos lingüísticos era, para él, una demostración de falta de aptitud nacional para la asimilación intelectual del extranjero: “lo atraemos económicamente, se arraiga en nuestro terruño, y se enseñorea de nuestros hogares; pero él nos impone sus tradiciones, su ropa, sus costumbres, su lenguaje... no lo transformamos, sino que él nos transforma”24. Embarcado en este debate, Ricardo Rojas editó El alma española para incentivar la campaña hispanista, además de ser el primer argentino en ocupar la tribuna de El Ateneo de Madrid durante un viaje a la Península que duró más de un año. A mediados del año 1913, Rojas inauguró la cátedra de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía de la UBA y reconoció las bases del idioma patrio en el español, de naturaleza foránea e imperial, lo que, superficialmente, podría haberlo conducido a iniciar su asignatura en 1810. Su propuesta, sin embargo, fue más amplia y también más compleja.

El criterio evolutivo de Rojas encontró su fundamento en la exposición didáctica con criterios políticos y, por ello, periodizó la literatura argentina con el reloj institucional. La asignatura se compuso por la literatura de los “Orígenes”; de la “Iniciación” de la literatura argentina con la fundación de las Universidades de Chuquisaca y Córdoba; de la “Revolución”, proceso que hace llegar hasta el año 1830; de la “Proscripción”, es decir, de las obras escritas por los exiliados románticos como Echeverría, el joven Alberdi y Sarmiento; la “Organización” de esa literatura luego de la caída de Rosas hasta la federalización de Buenos Aires.... En su proyecto, los límites de la lengua pasaron a coincidir con la frontera jurisdiccional argentina mediante la conjunción de dos elementos, el literario y el filológico, ambos adjetivados con el vocablo “nacionales”25. Dos obras literarias representaban, de acuerdo a Rojas, el inicio y el fin del proceso histórico argentino: La ciudad indiana, de Juan Agustín García, y La Gran Aldea, de Lucio V. López. Ambos títulos reforzaban la transformación sufrida por la concepción del espacio y las consecuencias que aportaba esa transformación en la demarcación de la frontera, tanto de la ciudad como del país. Rojas calificó este proceso de paso de lo indiano a lo global como expresión

24. Ibidem, pp. XIII-XIV. 25. Rojas, Ricardo, “La literatura argentina”, Conferencia leída el 7 de junio de 1913 en la Facultad de Filosofía al inaugurar la cátedra de Literatura Argentina, Separata de la casa editora Coni, editada en Revista de la Universidad de Buenos Aires, Tomo XXI, Buenos Aires, 1913, p. 6.

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de la paz jurídica conseguida por la organización nacional, la construcción del Estado y la delimitación de la soberanía. En este sentido, ponderaba que el siglo XX, preparado ya en la década del 1880, estaba signado por las bondades que aseguraba la ley frente a la corrupción de las costumbres. Así, si para Rojas el gobierno de Juan Manuel de Rosas había representado “veinte años de éxito personal, sin leyes ni letras”, sólo gobernados por usos consuetudinarios fijados arbitrariamente, el sistema republicano, que había sobrevenido a la caída del régimen rosista, era la garantía del orden y de la ley, esto es, de la paz jurídica llevada al terreno de la literatura y de la gramática26. Cabe señalar que el presidente Julio Argentino Roca resumió contemporáneamente su lema en los principios de reorganización jurídica: Paz y Administración27. Esa paz jurídica exigía la definición de la “conciencia de nacionalidad” y la construcción de un corpus literario propio, también nacional. En este clima se encuentra la clave de la propuesta “folklórica” de Rojas fundada en la unión de su presente literario, moderno, con las manifestaciones estéticas que supuso propias de los habitantes nativos del Río de la Plata, los gauchos. También

allí radica la clave de por qué, en 1913 al hacerse cargo de la cátedra Literatura Argentina, planteó públicamente que la asignatura carecía de tradición y de bibliografía específica. Los “documentos” didácticos elegidos para componer ese corpus literario son más que significativos y explicitan su proyecto pedagógico y la idea que tenía el autor de los límites de la nación, de la frontera argentina: el Facundo de Sarmiento; las Bases de Alberdi; el Martín Fierro de José Hernández, se convirtieron en insumos de un proyecto que tuvo como finalidad “definir la extensión de nuestro dominio literario dentro de los vastos dominios internacionales del idioma patrio”28. Como apoyatura teórica, Rojas decidió editar su obra más conocida, la Historia de la literatura argentina, que tiene tres méritos: el no ser resultado de una solicitud del gobierno, como fueron otros trabajos etnográficos como los Informes sobre la condición de vida de los obreros, presentados por Juan Alsina y por Joan Bialet Massé al Ministerio del Interior a principios del siglo XX29; el haber sido escrita sin la apoyatura económica de subsidios externos; y el haber recibido de la Universidad de Buenos Aires el premio Nacional de las Letras, en un acto público en el que no

26. Rojas, Ricardo, Historia de la literatura argentina, Ensayo filosófico sobre la evolución de la cultura en El Plata, Librería La Facultad, Imprenta Coni, 1918, tomo III, “Los proscriptos”. 27. Romero, José Luis, Las ideas políticas en Argentina, FCE, México, 1946, p. 187. 28. Rojas, Ricardo, “La literatura argentina”, Conferencia leída el 7 de junio de 1913 en la Facultad de Filosofía al inaugurar la cátedra de Literatura Argentina, Separata de la casa editora Coni, editada en Revista de la Universidad de Buenos Aires, Tomo XXI, Buenos Aires, 1913, pp. 5-7, 28. 29. Fernández, Sandra y Dalla-Corte Caballero, Gabriela (coord.), Sobre viajeros, intelectuales y empresarios catalanes en Argentina, Red Temática Medamérica, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1998.

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estuvieron ausentes Alfonsina Storni y Leopoldo Lugones30. Siguiendo la periodización que Rojas había pensado para su asignatura universitaria31, la colección también se orientó en sentido cronológico a través del estudio de los autores “coloniales” a los que les siguieron los “proscriptos” y los “modernos”. Un cuarto tomo –el primero en ser editado, seguramente para reforzar su ideal de nacionalidad particular, propia, original– fue dedicado a los “gauchescos”. Los autores interesados en el gauchesco habían sabido sostener el lenguaje popular en medio de la corrupción generalizada representada por la inmigración extranjera producida durante la misma centuria. A los literatos “coloniales”, Rojas atribuyó el mérito de haber guardado la tradición del origen social, y a los “proscriptos” de la Generación del ‘37, a quienes filió con el patriciado, el haber definido la conciencia de la nacionalidad. La diferencia entre estos últimos y los gauchescos era, sin embargo, bastante evidente. La Generación romántica, decidida a romper los vínculos con la España imperial, había relajado las normas castizas del idioma al oponerse tanto a la cultura hispano-colonial como a la vida pastoril propia del gaucho. José Luis Romero, por ejemplo, imitó la taxonomía que Rojas, a su vez, tomó de

uno de los representantes de la oposición a Rosas, José Mármol, y su Canto de los proscriptos. Romero sostuvo que los proscriptos fueron espíritus esclarecidos que elaboraron su doctrina nacional en tierra extranjera, y que buscaron contrarrestar la influencia hispana y la herencia española32. El caso más legendario fue quizás el del literato Juan María Gutiérrez (18091879), que rechazó la designación de miembro honorario que le hizo la Real Academia Española de la Lengua. Décadas después de que Gutiérrez asumiese esta actitud refractaria a la corporación peninsular, Rojas se refirió al “anti-españolismo militante” de aquél, y encontró la explicación de su decisión de “disciplinar” las letras francesas en la continuada política separatista que habían preconizado Echeverría, el Salón Literario y la Asociación de la Joven Generación Argentina durante la primera mitad del siglo XIX. La opción de Gutiérrez se convertiría en uno de los antecedentes más importantes que impidieron durante muchos años que Argentina configurase una Academia de la Lengua homónima, a la española, para las colectividades de inmigrantes que dispusieron del apoyo de los gobiernos extranjeros. A partir de esa fecha, Ricardo Rojas escribió que los “proscriptos” más talentosos se habían

30. Rojas, Ricardo, Historia de la literatura argentina, Juicios de la crítica y contenido de la obra, Librería La Facultad, Buenos Aires, 1925. 31. Rojas, Ricardo, Historia de la literatura argentina, Ensayo filosófico sobre la evolución de la cultura en El Plata, Librería La Facultad, Imprenta Coni, 1918, tomo III, “Los proscriptos”. 32. Romero, José Luis, Las ideas políticas en Argentina, FCE, México, 1946, p. 128 y p. 149.

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arrepentido de su rechazo a todo lo que tuviese relación con lo español, pero que lo habían hecho al llegar a la tardía madurez. Entonces, habían podido rectificarse y volver a la gramática castellana pero también a los orígenes de la civilización argentina, condensados en la poesía gauchesca33. Esta fue la tarea que Rojas asumió en el universo literario y lingüístico del país, sin desconocer, por ende, las influencias románticas, naturalistas y modernistas de su época. De hecho, una de las condiciones de su legitimidad a principios de siglo fue el haber leído a Emile Zola, a Verlaine, a Oscar Wilde, a Poe y a Walt Whitman. Lo que diferencia a Rojas es su pretensión de volver a lo “exclusivo y genuino”, al espíritu de los gauchos, a la emoción de las pampas, a las selvas nativas. Rojas entendió por “gauchesca” la literatura formada por los cantos populares del campo que habían entrado a las ciudades después de la Independencia, transformando la morfología, el léxico y la semántica española, peninsular, castellana. Las fuentes de la literatura gauchesca eran diversas, pero podían resumirse en los Diálogos Patrióticos de B. Hidalgo (1788-1823); en el Santos Vega al que Hilario Ascasubi dio versión definitiva en París en 1870; en el Fausto criollo de Estanislao del Campo (18341880); en el periodismo de Ascasubi

escrito con lenguaje popular/gauchesco34. En ese sentido, para Rojas la única que condensaba los caracteres verdaderamente originarios de la literatura nacional era la literatura de las pampas, el “lirismo de la tierra nativa”, una imagen que ha sobrevivido a Rojas con tal fuerza que aún hoy se escuchan voces argentinas que proponen ideas similares. Rojas estaba convencido de la dependencia directa y de la superposición de las poesías de la campaña y de los poemas que, sobre los gauchos, escribieron los intelectuales de la ciudad. En todo caso, estos últimos habían sabido traducir la oralidad a la forma escrituraria, imponiendo las tradiciones de la campaña (el ámbito geográfico verdaderamente nacional) a la cultura urbana, a la cultura de Buenos Aires: “La colonización española fue el trasplante de la cultura europea al Río de la Plata y ese trasplante originó en nuestro país una literatura urbana y una literatura popular. La primera fue académica, teocrática, pseudoclásica..., pero contra ella reaccionó, dentro de la burguesía culta, después de la Independencia, la doctrina estética y moral de Echeverría, Sarmiento, Mármol, López, Mitre, Alberdi, Gutiérrez...y demás escritores de esa generación. La guerra emancipadora, sin embargo, había producido este otro

33. Rojas, Ricardo, Historia de la literatura argentina, Ensayo filosófico sobre la evolución de la cultura en El Plata, Librería La Facultad, Imprenta Coni, 1918, Tomo III: “Los proscriptores”, cap. XXII, p. 668. 34. Rojas, Ricardo, Historia de la literatura argentina, Juicios de la crítica y contenido de la obra, Librería La Facultad, Buenos Aires, 1925.

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fenómeno esencial: la fraternidad democrática de las clases sociales, y ese acontecimiento republicano vitalizó la literatura popular. De ahí que los gauchescos pasan del canto oral al romance escrito, del campo a la ciudad, de la plebe a la burguesía, del tema natural al tema histórico, engendrando esa formación que, durante el siglo XIX, corre paralela a la de los proscriptos, influyéndose recíprocamente, aunque sin perder sus caracteres originarios”35. Esta conclusión encuentra relación con las propuestas que había hecho uno de los miembros más importantes de la Generación romántica de 1837, Juan Bautista Alberdi, al denunciar la falsedad de la teoría “sarmientina” de la división entre ciudad y campaña y la generación de barbarie a partir de esta última. Las fronteras nacionales debían redefinirse, no a través del predominio urbano, sino de la impronta de las campañas porque, para Alberdi, estas últimas “no representan la barbarie, por esta razón sencilla, que son el manantial de la riqueza y de la civilización argentina”, mientras que las ciudades se caracterizaban por generar caudillos aventureros y ociosos, sin oficio ni profesión conocida36.

En este sentido, Rojas postuló que los poemas de Hernández en el Martín Fierro, eran fiel reflejo de tres características argentinas: la raza, el ambiente pampeano en el que se movían los hombres “locales” personificados históricamente en los gauchos, y la expresión literaria de la vida gauchesca, es decir, los payadores37. Desde Madrid, Américo Castro acusó a Rojas de no percibir la cientificidad de la unidad de la lengua y del arte, y de plantear la nacionalidad argentina sobre la base de rasgos peculiares sin consistencia fenomenológica. Resumió su propuesta utilizando la analogía y la contrastación, y negó que el Martín Fierro fuese al Poema del Cid, lo que es este último era a la Chanson de Roland de Edmond Aubé38, esto es, el fundamento de la nacionalidad39. En el marco de este debate, y en su proyecto de búsqueda de la lengua nacional, Ricardo Rojas decidió conceder cierta presencia a la demanda que se le hacía desde el exterior y en el propio país. La demanda no era otra que establecer el diálogo con lo español. Quizás por ello, Rojas sostuvo que el Martín Fierro debía ser considerado un documento filológico de toda el habla castellana40.

35. Rojas, Ricardo, Historia de la literatura argentina, Ensayo filosófico sobre la evolución de la cultura en El Plata, Librería La Facultad, Imprenta Coni, 1918, Tomo III: “Los proscriptores”, p. 661. 36. Alberdi, Juan Bautista, “Facundo y su biógrafo”, en Grandes y pequeños hombres del Plata, Casa Editora Garnier, París, 1865, pp. 281-394, cita de p. 392. 37. Rojas, Ricardo, Historia de la literatura argentina, Juicios de la crítica y contenido de la obra, Librería La Facultad, Buenos Aires, 1925. 38. Edmond Aubé, La Chanson de Roland, Edition Garnier, París, 1924. 39. Castro, Américo, “La literatura argentina”, en Revista de Filología española, Madrid, 1924, reeditado en Rojas, Ricardo, Historia de la literatura argentina, Juicios de la crítica y contenido de la obra, Librería La Facultad, Buenos Aires, 1925, pp. 49-59. 40. Rojas, Ricardo, Historia de la literatura argentina, Juicios de la crítica y contenido de la obra, Librería La

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2.- Las propuestas de Jorge Luis Borges Jorge Luis Borges criticaría la opción apologética de la literatura gauchesca, y el argumento de que el Martín Fierro (que José Hernández dio a luz en dos partes entre 1872 y 1878, en virtud del éxito de ventas de sus trabajos) podía hacer sentir las emociones rurales y triunfar sobre las formas cultas. Para Borges estaba claro que la poesía gauchesca no había sido compuesta por gauchos sino por personas educadas, de origen culto, que utilizaban un lenguaje que pretendía ser rústico, pero coincidió con la tesis central de Rojas, que también Lugones expresó en su El Payador, y es que Fierro era el máximo exponente de la literatura nacional41, aunque el poema no debía convertirse en la Biblia ni en el arquetipo de la literatura argentina. Esta manifestación de adhesión, sin embargo, no impidió a Borges criticar los intentos de la literatura gauchesca por mostrarse popular. Expuso sus valoraciones en “La poesía gauchesca” y en “El escritor y la tradición”, ambos textos incluidos en Discusión, editada en 193242. Para Borges, Rojas canonizó el Martín Fierro con la finalidad de darle raíz popular a la poesía de los “gauchescos” escritos por Hidalgo, Ascasubi, Estanislao del Campo y Hernández, ocultando las diferencias

sustanciales entre la poesía de los gauchos –poetas populares que no ensayaban el lenguaje popular y cuyas incorrecciones del español eran fruto de la ignorancia– y el género gauchesco –que cultivaba ex profeso y de manera artificial los colores locales y populares del lenguaje43. De esa manera, Borges refutó el modelo explicativo gauchesco de Rojas, y lo hizo contrastándolo con las manifestaciones del tango como un corpus poeticum. Considero importante detenernos en un largo “recuerdo” del autor, incluido en Evaristo Carriego, en el que realiza una especie de mea culpa de sus antiguas creencias sobre el origen y el significado de la manifestación cultural, dado que me permite concluir su toma de conciencia acerca del servilismo de las teorías gauchescas con el nacionalismo incipiente que, al menos en Argentina, tomaría fuerza con la caída del gobierno democrático en 1930. A diferencia de Rojas, Borges encontraba al “pueblo” en los payadores de la campaña y en las orillas de Buenos Aires, porque ellos eran los verdaderos creadores de los modismos representados por el orillero y el lunfardo, pero no de la literatura gauchesca, que era creación de la élite. La razón era muy sencilla: a la hora de versificar, el pueblo rechaza hacerlo en su propia lengua (habla) y lo hace en

Facultad, Buenos Aires, 1925. 41. Borges, Jorge Luis, “Presentación”, en Hernández, José, El Gaucho Martín Fierro, Carroggio Ediciones, Barcelona, 1984, pp. 5-41. 42. Borges, Jorge Luis, Obras completas, Círculo de Lectores, Barcelona, 1992, Tomo I, pp. 205-225 y pp. 296-303. 43. Ibidem, pp. 297.

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términos cultos, con la finalidad de prestigiar su propia producción. En todo caso, la verdadera creación popular era el tango, singular fruto de la inmigración extranjera, no la literatura gauchesca. El “recuerdo” de Borges contiene otras derivaciones quizás más sorprendentes. Tango y gauchesco no eran manifestaciones “criollas”: el primero por tener origen en la inmigración italiana, y el segundo por ser fruto de una medida y consciente elaboración intelectual. Así como la Generación del “37 concluyó que la naturaleza del “rosismo” dependió del consenso y de la aceptación del pueblo, la importancia del tango dependía, para Borges, de la que le otorgaba la sociedad, en este caso, toda la República, y no sólo una restringida élite. Recordemos que, en Argentina, el vocablo gringo está asociado a la población de origen italiano: “Recuerdo que hacia 1926 yo daba en atribuir a los italianos (y más concretamente a los genoveses del barrio de la Boca) la degeneración de los tangos. En aquel mito, o fantasía, de un tango ‘criollo’ maleado por los ‘gringos’, veo un claro síntoma, ahora, de ciertas herejías nacionalistas que han asolado el mundo después. No el bandoneón que yo apodé cobarde algún día, no los aplicados compositores de un suburbio fluvial, han hecho que el tango sea lo que es, sino la República entera. Además, los criollos viejos que engendraron el tango

se llamaban Bevilacqua, Greco o De Bassi....”44. Es evidente que, de acuerdo al hilo expositivo que he elegido para este trabajo, lo que estaba en discusión era el contenido de la nacionalidad, sus manifestaciones en la literatura y la gramática, sus vínculos con el nacionalismo de la primera mitad del siglo XX. Pero también la superposición de todos esos componentes con los límites jurisdiccionales, la definición del espacio, la construcción de las fronteras del país, y las posibilidades reales de tomar en consideración las diversas regiones que, herederas de un pasado colonial y poscolonial complejo y a veces contradictorio, luchaban aún por oponerse al centralismo innegablemente triunfante, a corto y mediano plazo, de Buenos Aires. 3. La pureza de la lengua araucana y el rol de gramáticos y literatos Más allá de sus posibles diferencias y ambigüedades, el punto de encuentro de todos estos autores era que la codificación de la lengua debía quedar en manos de las disciplinas académicas y corporaciones, y en el marco de la lingua nobilis, no del caló suburbano45. Esta propuesta retomó la que desde mediados del siglo XIX venía haciendo Sarmiento, el más importante ideólogo de la “civilización” argentina46. Cuando su libro Facundo o Civilización y Barbarie apareció en

44. Ibidem, Tomo I, p. 190. 45. Quesada, Ernesto, La evolución del idioma nacional, Imprenta Mercatali, Buenos Aires, 1923, p. 15. 46. Soler, Ricaurte, El positivismo argentino, Pensamiento filosófico y sociológico, Ed. Paidós, Serie Menor, Buenos

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Chile en 1845, Sarmiento inició uno de los debates más importantes en torno a la cultura, y las controversias se expresaron básicamente en un conjunto de trabajos preceptivos que pusieron en evidencia el significado que tenían el pueblo y el vulgo para la élite intelectual. El año 1880 representó una fecha clave en el nuevo divorcio entre las “masas” y la “élite”, ya que el sistema institucional argentino dio por supuesto que la masa admitía el legítimo monopolio del poder por parte de la minoría47. Este problema aparece claramente en la obra de Estanislao Severo Zeballos, que permite describir la segunda propuesta que circuló débilmente entre el restringido círculo de pensadores argentinos. La lengua fue un tema sobre el que reflexionó Estanislao Severo Zeballos durante la expansión sobre la frontera indígena y la puesta en marcha del proyecto geopolítico más conocido como la “Conquista del Desierto”, iniciado por Adolfo Alsina y acabado triunfalmente por Julio Argentino Roca, y que auguró la decadencia de la población nativa y la incorporación de nuevas tierras al proyecto nacional. Ya desde la colonia el Río de la Plata se había caracterizado por tener una base india mucho menor que la de Perú, México o Guatemala. En su obra La Conquista de quince mil leguas, Zeballos analizó el traslado de la frontera sud de Río Negro y lo que denominó la pureza de la lengua indígena, estrictamente la lengua

araucana, y dedujo que el problema social entre los indígenas era de carácter económico, no cultural, consensuando así que si aquéllos rechazaban sembrar, criar ganado y formar parte de las colonias y de las empresas agrícolas, debían ser eliminados por oponerse al control de la riqueza agrícola. La lengua araucana pura, sin embargo, y a pesar de ser más imperfecta que el quechua, merecía ser conservada y transmitida a las generaciones siguientes, teniendo en cuenta que se trataba de algo diferente. Zeballos estudió etimológicamente algunos vocablos de la lengua de los Araucanos, Puelches o Pampas, Ranqueles, Tehuelches y Quechuas, lenguas conocidas y analizadas desde el siglo XVII por los misioneros jesuitas cuyos libros Zeballos había leído. Reivindicó el legado lexicográfico, como por ejemplo el término cuyun, que en araucano significa arena y que dio nombre a las provincias argentinas de Cuyo (cuyun mapú: país de las arenas). La pervivencia de lenguas indígenas era un indicativo de que el castellano en Argentina, al igual que en España, no se hablaba en estado puro. Por ello el gobierno argentino debía proceder con la lengua araucana de los indígenas de la pampa de la misma manera que el Estado español reaccionaba ante los provincialismos catalanes, vascos y andaluces a los que calificó de derivaciones etnográficas. La estrategia era purificar las lenguas, pero no eliminarlas: “cuando oímos

Aires, 1967, p. 31 (1º edición, Panamá, 1959). 47. Romero, José Luis, Las ideas políticas en Argentina, FCE, México, 1946, p. 167.

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hablar a los pampas, hay que corregirles y enseñarles lo que ellos desfiguran o ignoran. Es necesario corregirles también prosódicamente como corrigen los españoles a los americanos, cuando dicen, vergo y gracia, tenés por tienes”48. En este marco de discusión se inscribió su crítica a quienes pretendían denominar a la lengua de Hispanoamérica49, “neo-español sur americano”, y a quienes usaban el vocablo “lengua argentina”, para hacer referencia al idioma, diverso y múltiple, que se hablaba en la jurisdicción que sobrevivió a la descomposición del Virreinato del Río de la Plata. De esa manera, aduciendo que los pueblos hispanoamericanos se habían mostrado incapaces de constituir una lengua continental, y que los argentinos no habían logrado dar cuerpo a una lengua nacional50, Zeballos se adhirió al debate, poniéndose, llamativamente, de parte del castellano puro a través de la defensa de las lenguas indígenas51, también puras52. Es indudable que fue la entrada de los inmigrantes y la transformación cultural

consecuente lo que preocupó a este representante clave de la oligarquía que, a mediano plazo, demostró su sumisión incondicional al modelo hegemónico establecido por la corporación de la Real Academia Española de la Lengua que, por entonces, rechazaba los regionalismos y los americanismos. Es importante señalar que él, al igual que la mayoría de los intelectuales argentinos, solía confundir español con castellano. Es importante identificar también los correspondientes de principios del siglo XX, en particular Bartolomé Mitre, Vicente Fidel López, Vicente y Ernesto Quesada, Carlos Guido, R afael Obligado, Calixto Oyuela…. Por entonces ya habían fallecido los correspondientes Juan Bautista Alberdi, Luis L. Domínguez y Ángel Carranza53. En ese contexto, el rosarino Zeballos sostuvo la legitimidad de la sanción de un corpus legal mediante el cual dar cuerpo a una lengua que pudiese oponerse a neologismos, barbarismos y galicismos que parecían adueñarse del habla popular54. Por ello aceptó prologar

48. Zeballos, Estanislao Severo, La Conquista de quince mil leguas. Estudios sobre la traslación de la frontera sud de la República al Río Negro, dedicado a los jefes y oficiales del Ejército Expedicionario, Buenos Aires, 1878, p. 413. 49. Espósito, Fabio, “Seix Barral y el boom de la nueva narrativa hispanoamericana: las mediaciones culturales de la edición española”, Orbis Tertius, XIV, 15, 2009, pp. 1-10. 50. Zeballos, Estanislao Severo, “Prólogo” a Ricardo Monner Sans, Notas al castellano en la Argentina, Imprenta Carlos Parral, Buenos Aires, 1903, p. XVIII. 51. Zeballos, Estanislao Severo, Soñando con los niños del Chaco, Buenos Aires, Talleres Gráficos L.J. Rosso y Cía, 1918. Folleto conservado en Archivo y Biblioteca Históricos de la Provincia Franciscana de San Miguel, Museo Conventual de San Carlos en San Lorenzo, Provincia de Santa Fe. 52. Dalla-Corte Caballero, Gabriela, “Estanislao Zeballos y sus sueños con los niños del Chaco. Huellas indígenas y franciscanas en las misiones de Laishí y Tacaaglé del Territorio Nacional de Formosa”, en Fernández, Sandra y Navarro, Fernando (coord.), Scribere est agere. Estanislao Zeballos en la vorágine de la modernidad argentina, La quinta pata & camino ediciones, 2011, pp. 143-177. 53. Zeballos, Estanislao Severo, “Prólogo” a Ricardo Monner Sans, Notas al castellano en la Argentina, Imprenta Carlos Parral, Buenos Aires, 1903, p. XXIII. 54. Ibidem, p. IX y p. XXIII.

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una de las obras más importantes que el pro-peninsular y catalán Ricardo Monner Sans escribió acerca de la legitimidad de la admisión de voces americanas en el léxico académico55. Llama la atención el debate que originó el propio catalán establecido en Buenos Aires, al defender la lengua española, y al rechazar los mencionados barbarismos, un debate que se repetiría hasta bien entrado el siglo XX, y de la mano de un buen número de intelectuales establecidos en la República Argentina, entre ellos los propios gallegos56. Ahora bien: a diferencia del intelectual migrante Ricardo Monner Sans 57 , Zeballos diagnosticó la ilegitimidad de la sistematización de los americanismos y la necesidad de conjurar la anarquía internacional mediante la definición de un único código lingüístico que pudiese oponerse a la pluralidad lingüística y a la consecuente pérdida de la solidaridad comercial entre las naciones. De esa manera, insertó una polémica que aún hoy se plantea al debatirse la aceptación de nuevas lenguas nacionales y regionales en los dispositivos de carácter 58 interestatal . El autor diferenció la cultura de la élite

de la del pueblo indiferenciado, y se manifestó partidario a que fuese aquélla la encargada de legislar normas en materia de lengua, otorgándole responsabilidad rectora en la concepción de doctrinas, modelos formales de educa-ción, técnicas y objetivos lingüísticos. Si la élite actuaba como instancia legislativa, su obligación era vigilar constantemente el comportamiento del vulgo, pero era su derecho autoexcluirse del cumplimiento de sus propias leyes. Se trataba de un problema didáctico, pero también de una construcción intersectada por el poder, manifestado este último en la exigencia del grupo hegemónico de que la planificación estuviese a cargo de personas autocalificadas como “doctas”59. No debe extrañarnos este presupuesto –profusamente estudiado, por otra parte, por la literatura– cuando el clima intelectual estaba empapado del desprestigio de los resultados del accionar de la masa. Las ciencias jurídicas y sociológicas, lideradas por Carlos Octavio Bunge y José María Ramos Mejía, impulsaban trabajos de derecho y de psicología de las multitudes con la hipótesis de que estas últimas se

55. Fernández, Sandra y Dalla-Corte Caballero, Gabriela, “El límite jurisdiccional de la corporación académica. Debates entre usos y leyes en la lengua argentina”, en Boletín de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, volumen XLVIII, Técnicas Gráficas Aplicadas, Barcelona, 2002, pp. 401-465. 56. Nuñez Seixas, Xosé M., “Notas sobre los españoles en Rosario (1934): Una vindicación republicana de la inmigración española en la Argentina”, en Revista de Indias, Vol. 73, Nº 259, 2013, pp. 857-873. 57. Dalla-Corte Caballero, Gabriela, “Arte, literatura y cultura. Las Crónicas Argentinas del catalán Ricardo Monner Sans”, en Ariadna Tucma, Revista Latinoamericana, Nº 8, Buenos Aires, Argentina, 2013. 58. Zeballos, Estanislao Severo, “Prólogo” a Ricardo Monner Sans, Notas al castellano en la Argentina, Imprenta Carlos Parral, Buenos Aires, 1903, p. XVIII y p. XXI. 59. Zeballos, Estanislao Severo, “Prólogo” a Ricardo Monner Sans, Notas al castellano en la Argentina, Imprenta Carlos Parral, Buenos Aires, 1903, pp. IX-XVII.

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conducían por contagio y sugestión, y no de acuerdo a los dictados de la inteligencia y de la responsabilidad. José María Ramos Mejía, fundándose en la obra Psicología de las multitudes de Le Bon y en las conclusiones de Sighele, por ejemplo, impulsó ensayos psicológicos de las multitudes convencido de que las personas provocan el descenso de su estado intelectual individual cuando se hallan en estado de masa o multitud. La codificación de la lengua, de acuerdo a esta propuesta respaldada por peninsulares como Monner Sans60, debía quedar en manos de los varones insignes, únicos legitimados para legislar en el terreno lingüístico61. Jean-François Lyotard se ha referido indirectamente a este problema en su obra La condición postmoderna. Una ley civil, escribió, define una categoría de ciudadanos que debe realizar tal tipo de acción. En este caso, la legitimación “es el proceso por el cual un legislador se encuentra autorizado a promulgar esa ley como una norma”. Este esquema puede ser aplicado tanto a las instituciones oficiales como a la comunidad científica, y refiere también a un segundo problema vinculado a la legitimación: la que es atribuida o se atribuye al legislador. En el caso de Zeballos, los sabientes eran él y sus iguales, los profesionales e intelectuales volcados a la definición de la

lengua como únicos sujetos legítimos para decidir lo que es verdadero en el marco de la soberanía estatal de la cual eran representantes. Para Lyotard, “el consenso que permite circunscribir tal saber y diferenciar al que sabe del que no sabe (el extraño) es lo que constituye la cultura de un pueblo”, cultura que es básicamente resultado de la oposición y separación entre el estado consuetudinario del saber y el científico62. En este sentido, no hay dudas de que la definición o indefinición de la frontera lingüística adquiere sentido en este juego de delimitaciones simbólicas. Cuando se produce un vacío de autoridad, las tradiciones se infiltran mediante el consentimiento simbólico de una organización social, o de una parte de ella. El espíritu de cuerpos, y la autoconfianza y liderazgo de las élites, requieren el desarrollo de tradiciones. El rasgo rico en consecuencia de estas tradiciones inventadas radica en que, en ocasiones, las organizaciones sociales retoman tradiciones anteriores, a veces en desuso; también llenan el vacío dejado por las tradiciones antiguas y por las costumbres pasadas de moda. En todo caso, la construcción de tradiciones, constituyen una evidencia de un proceso en construcción permanente en el que las prácticas humanas adquieren un rol central, ostensiblemente visible

60. Monner Sans, Ricardo, “El castellano en la Argentina”, Conferencia leída en el Ateneo de Estudiantes Universitarios, Buenos Aires, 1917. 61. Monner Sans, José María, La vida y la obra de Ricardo Monner Sans, 1853/1927, Librería de A. García Santos, Buenos Aires, 1929, p. 39. 62. Lyotard, Jean-François, La condición Postmoderna, Cátedra, Madrid, 1986, pp. 44-45.

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en las decisiones simbólicas asumidas en el transcurso de su ejecución63. La extendida difusión del uso del voseo fue el ámbito principal de la crítica gramatical. La revalorización del pasado hispánico fue expresión del escepticismo provocado por la inmigración y fruto de un proyecto cultural colectivo en el que confluyó la élite política y la intelectualidad española que llegó al país a partir de 1870, y fue un modelo diseñado a uno y otro lado del Atlántico. En Argentina, esta tendencia incluyó a investigadores y docentes nucleados en la Revista Nosotros, cuya producción más importante se dio a conocer a partir de 1910, es decir, el momento de celebración independentista64. 4.- Los intercambios españoles y argentinos En España, Ramón Menéndez Pidal encontró en el Centro de Estudios Históricos de Madrid un espacio institucional que le permitió dar cuerpo a sus estudios filológicos gracias a los cuales entró en contacto con Ricardo Rojas, y visitó Buenos Aires como hicieron luego sus discípulos, A. Bonilla y San Martín y Américo Castro. Ramón Menéndez Pidal, por ejemplo, prologó uno de los

Manuales más importantes sobre la Historia de la Lengua Española, la que escribió Rafael Lapesa en 1942. Lapesa concluyó que la fragmentación del español en América podía encontrar puntos de contacto con la fragmentación del latín vulgar en la Romania del Siglo V. Para Lapesa, sin embargo, la unidad del sistema lingüístico estaba asegurada, especialmente por la fuerza lingüística de la Academia Real de la Lengua Española que impuso la regularidad idiomática conjuntamente con la consolidación de la literatura del Siglo de Oro y la expansión imperial de la península65. Como contrapartida, Bonilla y San Martín se encargó de editar los 21 volúmenes de las Obras Completas de Menéndez y Pelayo en Madrid66. Esta política se vio beneficiada, al menos en el terreno lingüístico, por la creación del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires que, a partir de 1923, tuvo la tarea de crear las bases de la gramática histórica y promocionar el conocimiento de la lengua hispánica en sus vertientes peninsular y americana, por la Institución Cultural Española, fundada seis años antes, y por la Cátedra Menéndez Pelayo, que funcionó en la Universidad de la Plata

63. Hobsbawm, Eric, “Introducció”, en Hobsbawm, Eric y Ranger, Terence, L’ invent de la tradició, Eumo Editorial, Barcelona, 1983, pp. 13-25. 64. Cagiao Vila, María del Pilar, “Cuestiones españolas en la celebración del Centenario Argentino de 1910”, XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de Iberoamérica, 2010, pp. 365-381. 65. Lapesa, Rafael, Historia de la lengua española, prólogo de Ramón Menéndez Pidal, 8º edición, Ed. Gredos, Madrid, 1988 (1º edición: 1942). 66. Del Río, Ángel, Historia de la literatura española, desde 1700 hasta nuestros días, Tomo 2, Bruguera, Barcelona, 1985, p. 410, 483; Rivadulla Barrientos, Daniel, La “amistad irreconciliable”. España y Argentina, 1900/1914, Colecciones Mapfre, Madrid, 1992, p. 256.

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donde Levene y Joaquín V. González gozaban de gran influencia. Cabe señalar que el funcionamiento de la Institución Cultural Española fue garantizado por el entonces Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Rojas67. Al frente del Instituto fueron designados sucesivamente Américo Castro, el paleógrafo y latinista Millares Carlo, y Montolíu Togores, investigador del castellano y del catalán, y miembro del Institut d’Estudis Catalans (IEC). Todos ellos eran discípulos de Menéndez Pidal, uno de los propulsores de la reafirmación del vínculo americano con España. En 1927 el Instituto pasó a ser dirigido por Amado Alonso y comenzó a publicar la Revista de Filología Hispánica. En 1946 Alonso fue destituido por el gobierno peronista y el Instituto perdió su fuerza hasta diluirse del espectro académico. A la Cátedra Menéndez Pelayo asistieron entre otros, Ortega y Gasset, Julio Rey Pastor, Claudio Sánchez Albornoz en 1933 y José María Ots Capdequí; el primero en incorporarse fue Ramón Menéndez Pidal, filólogo y discípulo de Menéndez Pelayo, que presionó a los literatos argentinos68, en particular para conseguir la configuración de una academia homónima a la Real Academia Española de la Lengua. Estas experiencias fueron

sostenidas desde el exterior a través de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, cuya finalidad fue enviar delegaciones de investigadores fuera del país, configurar las relaciones internacionales y fomentar el estudio científico69. Estos estrechos vínculos llegaron a su cénit cuando, a principios de la década de 1940, la Institución Cultural Española de Buenos Aires encargó a dos reconocidos intelectuales argentinos, José Luis Romero y Bernardo Canal Feijoo, la confección de monografías cuyo tema central fuese el fenómeno de la relación entre España y América, y la posibilidad de definir o no culturas históricas autónomas. A pesar de algunas diferencias notables, Canal Feijoo y Romero –quien por entonces era miembro del Instituto de Historia de la Cultura Medieval y Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires–, coincidieron en señalar que Argentina era fruto de la hispanidad, parte de un ámbito cultural hispanoamericano, por lo que debía reencontrar sus lazos coloniales70. Romero, por ejemplo, rastreó etapas de la relación entre ambos continentes y sostuvo que la Independencia –fruto de la decadencia de España más que de un proceso de toma de conciencia

67. Rojas, Ricardo, Bases para una morfología de los contactos de cultura, en la Colección Problemas de la Cultura, Institución Cultural Española ed., 1º tomo, Buenos Aires, 1944. 68. Quesada, Ernesto, La evolución del idioma nacional, Imprenta Mercatali, Buenos Aires, 1923, p. 21. 69. Formentín Ibáñez, Justo y Villegas Sanz, María José (1992) Relaciones culturales entre España y América: La Junta para Ampliación de Estudios (1907-1936), Ed. Mapfre, Madrid, 1992, p. 92 y p. 143. 70. Canal Feijóo, Bernardo, Proposiciones en torno al problema de una cultura nacional argentina, en la Colección Problemas de la Cultura, Institución Cultural Española ed., 2º tomo, Buenos Aires, 1944.

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americana– se fundó en la interrupción política, pero que la secesión no logró disipar la “sensación” de sólida unidad espiritual que unía a América con España. Ese sentimiento de unión, puntualizó el autor, resurgió con fuerza cuando se esfumaron las causas del resentimiento, especialmente cuando la Península dejó de ser un Estado colonial ante la pérdida de Cuba71. Este ideal pro-peninsular fue cuestionado especialmente por Jorge Luis Borges quien, en El Oro de los Tigres, dedica un poema “Al idioma alemán” al tiempo que ensalza los logros literarios de escritores de otras lenguas: Whitman, Goethe, Shakespeare. A pesar del enigmático reconocimiento del castellano como “lengua madre”, la imagen peyorativa de aquél aparece en la contrastación: “Mi destino es la lengua castellana, El bronce de Francisco de Quevedo, Pero en la lenta noche caminada Me exaltan otras músicas más íntimas”.72

Esta imagen, sin embargo, fue difuminada por el propio autor en algunos de sus escritos posteriores. Es llamativo encontrar en el conjunto titulado El otro, el mismo la inclusión de la poesía “España” que caricaturiza, indirectamente pero con maestría, la figura y el proyecto institucional de Ricardo

Monner Sans73, al tiempo que retrotrae el debate al nivel de los sentimientos y de la recuperación de un pasado presente en la ciudad porteña de mediados del siglo XX. En su poema aparece la refutación del gramático y la ponderación del literato, al tiempo que emerge la vindicación de la lengua española. Estamos hablando de un escrito del año 1964, un momento en el que Borges se jacta de haber perdido su belicosidad, y de haber recuperado la serenidad para valorar en otros términos las expresiones culturales: “Más allá de los símbolos, más allá de la pompa y la ceniza de los aniversarios, más allá de la aberración del gramático que ve en la historia del hidalgo que soñaba ser don Quijote, y al fin lo fue, no una amistad y una alegría sino un herbario de arcaismos y un refranero, estás, España silenciosa y en nosotros.... España de la larga aventura que descifró los mares y redujo crueles imperios y que prosigue aquí, en Buenos Aires, en este atardecer del mes de julio de 1964.... podemos olvidarte como olvidamos nuestro propio pasado....”74.

Para llegar a escribir este poema, Borges debió pasar por un largo proceso que, visto a la distancia, puede parecer

71. Romero, José Luis, Las ideas políticas en Argentina, FCE, México, 1946. 72. Borges, Jorge Luis, Obras completas, Círculo de Lectores, Barcelona, 1993, Tomo III, p. 284. 73. Dalla Corte Caballero, Gabriela, “La crónica argentina de Ricardo Monner Sans en la Revista Comercial Iberoamericana Mercurio (1903-1927)”, en Temas Americanistas, nº 31, Sevilla, 2013, pp. 1-22. 74. Borges, Jorge Luis, Obras completas, Círculo de Lectores, Barcelona, 1993, Tomo III, pp. 89-90.

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lineal, pero que es, en realidad, resultado de su crecimiento personal, de sus vivencias políticas y de su relación con otros intelectuales. La tradición en la que se insertó para hacer posible su deseo de innovar no fue ni la “gauchesca”, ni la “española”, sino el enorme bagaje brindado por lo que llamó “cultura occidental”. Tratar la cultura con irreverencia fue la solución afortunada propuesta por Borges, algo que algunos de sus contemporáneos, como el propio hijo único de Monner Sans, José María, no le perdonaron al principio de su carrera en las letras. Podemos preguntarnos qué movió a Borges a colocarse fuera del marco al que los literatos ajustaban sus obras, una frontera definida gramatical y literariamente por los académicos. Podemos encontrar la respuesta en su propio objetivo de relacionar el lenguaje con la literatura, liberándolo de la prisión de la gramática, pero también en su rechazo a las limitaciones nacionalistas y en la búsqueda de lo “criollo” como calificativo esencial de la identidad nacional. Podemos concluir, metafóricamente, que Borges desdeñó el concepto restringido de la ciudadanía para proponer resoluciones literarias a las problemáticas humanas que son, en última instancia, universales: “Los nacionalistas simulan venerar las capacidades de la mente argentina pero quieren limitar el ejercicio poético

de esa mente a algunos pobres temas locales, como si los argentinos sólo pudiéramos hablar de orillas y estancias y no del universo”75. A manera de síntesis: cierta frontera simbólica Como vemos, en los Estados criollos se prefirió recuperar el castellano antes que las lenguas indígenas. El compromiso se dio con las lenguas europeas a través de escuelas, imprentas, hábitos administrativos, aunque sea posible diferenciar la lengua impresa, es decir, gramatical, de la que está en uso, es decir, tanto en forma escrita como oral. La importancia política de la primera fue fundamental como basamento ideológico del Estado, pero también para restringir el género literario elevado del resto de las producciones culturales. Numerosos ejemplos históricos pueden ofrecerse como contrapartida de este proceso, y también en Argentina se dio el caso de la legislación de la gramática y de la lengua impresa para separarla y diferenciarla de la hablada aunque, a largo plazo, haya sido esta última la que ha ido imponiéndose en los hechos y en el derecho76. Se trata de un largo debate que se planteó ya en la polémica entre el latín y las lenguas vernáculas europeas. El propio Adam Smith había sostenido que las lenguas derivadas del latín habían provocado la simplificación lingüística77.

75. Borges, Jorge Luis, Obras completas, Círculo de Lectores, Barcelona, 1992, Tomo I, p. 303. 76. Anderson, Benedict, Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, FCE, México, 1991, p. 112 y p. 275. 77. Smith, Adam, A dissertation on the origen of languages or considerations concerning the first formation of

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A inicios del siglo XVI, más de tres cuartas partes de los libros se editaron en latín, una proporción que se invirtió con los años en beneficio del francés, del italiano, del español, considerados verdaderas lenguas maternas. De acuerdo a Anderson, “Casi todas las naciones modernas de formación propia –y también los Estados nacionales– tienen ‘lenguas nacionales impresas’, muchas de ellas tienen estas lenguas en común, y en otras sólo una pequeña fracción de la población ‘usa’ la lengua nacional en la conversación o por escrito. Los Estados nacionales de la América española, o los de la ‘familia anglosajona’, son ejemplos conspicuos del primer resultado; muchos antiguos Estados coloniales, sobre todo en África, son ejemplos del segundo. En otras palabras, la formación concreta de los Estados nacionales contemporáneos no es en modo alguno isomorfa con el alcance determinado de lenguas impresas particulares”78. En este trabajo he conjugado planificación e invención consciente, tanto de los contemporáneos como de una historiografía más reciente interesada en dialogar con la creación de mitos para fundar un nuevo cuerpo nacional, particular,

homogéneo e integrado. En este sentido, Anderson dio en la clave al proponer imaginación e invención, antes que falsedad. Los debates sobre la necesidad de la normalización lingüística en Argentina se produjeron paralelamente a la discusión sobre la naturaleza de la soberanía nacional, y formando parte del desarrollo del mercado del libro79. Resulta interesante también la definición de Estado que dio Horst Pietschmann citando a Roland Mousier en Les Institutions de la France sous la Monarchic Absolue. Según Pietschmann, la frontera simbólica es representada por una persona jurídica o un ser de derecho que puede unificar a los miembros de la colectividad en una corporación estatal, de la frontera. “Ya sea que se considere tal postulado como el resultado de un punto de vista ingenuo, formal-jurídico, o de una colaboración entre una idea clericalconservadora de la hispanidad y el imperialismo norteamericano”, afirmara en su momento Pietschmann, “hace patente que motivos histórico-jurídicos, por una parte, podrían oponerse al uso del término colonia y que esta cuestión, por otra, es objeto de una polarización 80 ideológica” . Una de las condiciones de constitución del Estado-Nación, señala

languages and the different genius of original and compounded languages, Tübingen, 1970 (s/d de la 1º edición). 78. Anderson, Benedict, Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, FCE, México, 1991, p. 76. 79. Dalla-Corte Caballero, Gabriela y Espósito, Fabián, “Mercado del libro y empresas editoriales entre el Centenario de las Independencias y la Guerra Civil española: la editorial Sudamericana”, Revista Complutense de Historia de América, vol. 36, 2010, pp. 257-289. 80. Pietschmann, Horst, El Estado y su evolución al principio de la colonización española de América, FCE, México, 1989, p. 198 (1º ed. en alemán 1980).

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Anthony Giddens, es la creación de un ámbito de ley y orden como reverso de la emergencia de la idea de “desviación”, una esfera reconocida como tal por las autoridades centrales, pero también por especialistas y profesionales cuya producción intelectual es utilizada por la expansión burocrática y administrativa del Estado. El resultado de este proceso es la consolidación de formas institucionales de gobierno y del monopolio administrativo que define bordes en los límites soberanos. Como contrapartida podemos pensar en el proceso de construcción de una lengua que intentó ser un conglomerado de todas las lenguas del mundo, el esperanto81, que no logró consenso internacional quizás porque no encontró un aparato de poder que lo legitimara. En el caso de Catalunya –como en el País Vasco–, la normalización es sinónimo de reemplazo del uso del idioma forastero dominador (español) por la lengua autóctona y propia de la comunidad autónoma, dominada y marginada por años. El proceso de reflexión al interior del Estado se asocia con el principio de soberanía que, paralelamente, depende de la formación del centralismo burocrático que le da forma. Como afirmó en su momento Giddens, la noción de soberanía contiene esencialmente la promulgación de códigos

legales de carácter uniforme, homogéneo y, abstracto, en un proceso de sistematización en el que la lengua adquiere un rol central82. En su momento, Castoriadis demostró que un sistema de derecho, así como un poder instituido, existen socialmente como sistemas simbólicos sancionados. La institución comporta siempre un ritual, definible incluso en los detalles83. Este proceso vuelve a repetirse una y otra vez en diversos contextos históricos, socio-políticos e institucionales. En la actualidad, está asociado a movimientos de reivindicación histórica, y se sustenta en ejercicios estatales conscientes de que la lengua es uno de los elementos que aglutinan las prácticas humanas en torno a un principio común. En España, por ejemplo, las diferentes autonomías son parte de un proceso de redefinición lingüística que, legitimada por el Derecho, consensua un proyecto de paulatina separación del gobierno central, en un movimiento centrífugo simbólicamente sancionado por los proyectos de codificación y normalización lingüística. Similar sonoridad afecta a Irlanda, Francia, Quebec, el Canadá anglófono, Euskadi y Galicia, que luchan por unificar sus demandas de autodeterminación con la diferenciación lingüística. Podemos encontrar algunos de estos debates en las lenguas no

81. Selva, Juan B., Evolución del habla, estudios filológicos, El Ateneo, Buenos Aires, 1944, p. 160. 82. Giddens, Anthony, The Nation-State and Violence, Vol. 2 of A Contemporary Critique of Historical Materialism, Blackwell Publishers, Oxford, 1985, p. 98, 103, 184. 83. Castoriadis, Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad, Vol. 1: Marxismo y teoría revolucionaria, Tusquets Editores, Barcelona, 1983, pp. 201-213.

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estatales, cuyo futuro es incierto en el proyecto globalizador actual del que ya el rosarino Estanislao Zeballos, o el propio catalán Ricardo Monner Sans, migrado a la capital de la República Argentina84, se habían hecho eco. Enfrentados a los modelos estudiados, descubrimos que se fundaron en diseños jurisdiccionales, geográficos y espaciales diferentes. Como he intentado demostrar a lo largo de estas páginas, diversas concepciones sobre el alcance de la lengua codificada coincidieron con fronteras invisibles de tipo literario y gramatical. Los debates señalados propusieron cierta diversidad de fronteras simbólicas no necesariamente confluyentes con las fronteras geográficas y jurisdiccionales. El proceso de celebración del centenario de independencia hispanoamericana 8 5 , formó parte, precisamente, de esta transformación a nivel argentino86, en la que colaboraron los nuevos organismos establecidos en la propia España, que se dedicaron a esta tarea hispana87. Recordemos, para el caso catalán, la creación de la Casa de

América de Barcelona en pleno año 191188. La base es que muchos de los proyectos de cooperación internacional se montaron al compás de la redefinición del espacio social, adoptando el calificativo Iberoamericano, en lugar del sustantivo Hispanoamérica, más propio de los proyectos pro-peninsulares de principios del siglo XX. Desde inicios de ese siglo, Iberoamérica se impuso al compás de la edición de la publicación americanista catalana llamada Revista Comercial Iberoamericana Mercurio89.

84. Dalla-Corte Caballero, Gabriela, La crónica argentina de Ricardo Monner Sans. Periodismo, política y cultura en la Revista Mercurio de Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, Barcelona, 2013. 85. Cagiao Vila, María del Pilar, “Miradas españolas a las celebraciones de los centenarios de la independencia: así lo contó la prensa”, en Cagiao Vila, Pilar y Portillo Valdés, J. M. (coord.), Entre imperio y naciones. Iberoamérica y el Caribe en torno a 1810, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 2012, pp. 459484. 86. Cagiao Vila, María del Pilar, y Márquez Macías, Rosario, “Iniciativas locales en torno al centenario, Huelva y la Argentina”, en Semata, Ciencias sociais e humanidades, Nº 24, 2012, pp. 375-394. 87. Cagiao Vila, María del Pilar y Rey Tristán, Eduardo, La Biblioteca América de la Universidad de Santiago en su centenario (1904-2004), Anuario americanista europeo, Nº 3, 2005, pp. 413-427. 88. Dalla Corte-Caballero, Gabriela, Casa de América de Barcelona (1911-1947). Comillas, Cambó, Gili, Torres y mil empresarios en una Agencia Internacional de Información e Influencia Internacional, Lid Empresarial, Madrid, 2005. 89. Dalla-Corte Caballero, Gabriela, Cultura y negocios: el americanismo catalán de la Revista Comercial IberoAmericana MERCURIO (Barcelona, 1901-1938), KM13.774, Edicions Casa América Catalunya, Barcelona, 2012.

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lecturas UNASUR y sus discursos Integración regional Amenaza externa Malvinas Elvira Narvaja de Arnoux Juan Eduardo Bonnin Julia De Diego Florencia Magnanego ISBN: 978-950-786-994-5 228 pp.

Ed. Biblos Buenos Aires, 2012 http://www.editorialbiblos.com info@editorialbiblos.com

UNASUR nace en 2008 con la clara intención de avanzar en la consolidación de una identidad y una “ciudadanía regional”, basada tanto sobre el ideal de un espacio común integrado como sobre ideas, tradiciones y problemas compartidos por los países del continente. Un proyecto de integración regional que intenta consensos y soluciones comunes en la multiplicidad política e ideológica de los gobiernos que la componen. densidades nº 15 - mayo 2014

Sin embargo, al día de hoy las posiciones respecto a este organismo están divididas, y existe un intenso debate, y una cierta incertidumbre, en torno a sus perspectivas. Algunos de los actores que más han polarizado estas diferencias respecto a las posibilidades de la UNASUR, y de los procesos de integración en general, han sido los medios hegemónicos de comunicación de la región, quienes, paradójicamente, han actuado de forma coordinada e integrada en este propósito.

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UNASUR y sus discursos. Integración regional. Amenaza externa. Malvinas, de Elvira Narvaja de Arnoux

Como bien sabemos, la información nunca es neutra, y si bien los medios no asignan en general demasiada importancia a los procesos e iniciativas de integración, cuando lo hacen le sobreimprimen una dimensión política. La actuación de los medios, y la forma en que estos participan en la construcción de los relatos que ordenan y sostienen lo político, empieza a ser cada día más controvertido y sometidos a un análisis exhaustivo por parte de todos los actores sociales de la región. UNASUR y sus discursos avanza en este debate. Se trata de un intenso trabajo de análisis del discurso que nos pone en medio de una reflexión sobre lo dicho en torno a la integración regional – ya sea en su cariz político, institucional o mediático-, pero también sobre los dispositivos que los exponen e imponen; un repaso de nuestra historia reciente, pero particularmente, sobre todo, acerca de los conflictos y su gestión, en un contexto determinado por la mediatización. Se trata de analizar e interpretar esos “modos de decir” y las huellas lingüísticas que emergen en la superficie discursiva de los documentos oficiales que presenta UNASUR en los discursos de los Presidentes de los países miembros durante las reuniones oficiales, así como los enunciados que exponen los medios, desarrollando en el análisis sus condiciones de producción, conflictos y controversias. Una investigación colectiva y multidisciplinaria, llevada adelante bajo la dirección de Elvira Narvaja de Arnoux, quien encabeza la maestría de

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Análisis del Discurso en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es responsable de la sede argentina de la Cátedra Unesco en Lectura y Escritura, en el marco del proyecto “Políticas del lenguaje: prácticas y representaciones en torno a la integración social, nacional y regional” –con sede en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA–. Se suman a su pluma un equipo conformado por Juan Eduardo Bonnin, doctor en Lingüística (UBA) e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Julia de Diego, licenciada en Comunicación Social por la Univerisdad Nacional de La Plata (UNLP) y Florencia Magnanego, licenciada en Letras y en Ciencia Política (UBA), ambas becaria del Conicet. Se trata de una investigación académica, pero con un marcado y explicito interés político: “Pensar UNASUR es para nosotros, profesores e investigadores universitarios, un imperativo en este momento en el que Sudamérica diseña e inicia una integración regional amplia, que le permite presentarse como bloque político y económico en la escena planetaria y enfrenta importantes desafíos sociales cuya respuesta definirá el rumbo del proceso”(Arnoux et al: 219). El eje del trabajo se encuentra en el análisis minucioso de los discursos y debates que desencadenó la reunión de Bariloche de 2009, destinada a discutir las bases norteamericanas en Colombia, y cómo esta cuestión generó un espacio

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lecturas

de debate sobre la trascendencia y el futuro de la integración regional que pueda ir más allá de los límites del mismo organismo e implico un posicionamiento de múltiples actores políticos. Encuentro significativo de una nueva situación regional y global, ya que, como señalan los autores, es la primera vez que en la región un asunto de cooperación militar con Estados Unidos es discutido públicamente en un espacio multilateral propio (Arnoux et al.: 21). La relevancia de esta reunión se vio acentuada aún más por el pedido del presidente colombiano, Álvaro Uribe; a la presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner y al presidente pro témpore de UNASUR, Rafael Correa, de la televisación en directo del debate. Esto generó un clima de mediatización extrema del encuentro, que será luego recuperado en una reconstrucción detallada de los intercambios entre los líderes, así como sus repercusiones, particularmente en la prensa. Uno de los conceptos más interesantes sobre los que trabaja el texto, es como los debates en torno a la UNASUR y los procesos de integración nos ponen frente a una tradición, a un horizonte de sentido imaginado y común, a una memoria discursiva que se actualiza en cada proceso y cada conflicto. Para los autores, el discurso que impulsaran algunos líderes como Morales, Correa y, principalmente, Chávez intenta construir constantemente puentes con esta tradición, que es caracterizada en el trabajo como el densidades nº 15 - mayo 2014

“cronotopo bolivariano” (Arnoux et al: 48) que articula los procesos de revolución e independencia de hace dos siglos con las coyunturas actuales, el espacio continental a reconstruir, así como proyectos y enemigos políticos comunes: “De ahí la afirmación reiterada y convocante del cronotopo bolivariano: ‘Llego la hora de Suramérica, la hora de UNASUR’, donde la yuxtaposición de los segmentos instaura la equivalencia entre Suramérica y UNASUR. UNASUR se presenta como la expresión actual del proyecto bolivariano de una ‘unión de repúblicas’ de – en términos de Chávez- ‘la unidad que nos ha convocado desde siempre’, que ‘muestra que el proceso de liberación de nuestras naciones continua imponiéndose con más vigor que nunca’” (Arnoux et al: 49). Algunos de los presidentes recurrirán a esta tradición repetidamente; también se establecerán en torno a este los conceptos que definen lo político: amigos, aliados y enemigos. Así, Estados Unidos ocupa el lugar del imperio, “el otro”, reconocido como el enemigo persistente que siempre retorna; pero también las Islas Malvinas, que serán expuestas como un conflicto irresoluto con el imperialismo. Con este mecanismo se desplaza el debate desde las bases militares en Colombia hacia el Atlántico sur, a la usurpación británica del territorio argentino, con lo cual se atenúa el enfrentamiento que dio origen a la reunión, pero a la vez se activaba la

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memoria solidaria de los países de la región (Arnoux et al: 61). El proceso de discusión género que el encuentro en Bariloche delineara el mapa ideológico de la UNASUR, estas memorias discursivas implican una demanda de posicionamiento a la totalidad de los líderes, y el reconocimiento de una amenaza tanto para las soberanías nacionales como para los procesos de integración. Es así que aquella reunión resulto esencial, en tanto permitió reinstalar la idea de considerar a Malvinas como un territorio sudamericano ocupado, y que esto demanda una acción por parte de los países de la UNASUR en su conjunto (Arnoux et al: 63). Verlo como un territorio regional ocupado no sólo activa esa memoria común, sino que plantea gestos estratégicos fundamentales y pone como núcleos del debate las cuestiones de la soberanía nacional y continental (Arnoux et al: 62). Quizás otro aporte importante del libro es como el análisis discursivo de esta reunión, así como de los documentos institucionales que publico UNASUR -actas, declaraciones, protocolos y tratados- pone en evidencia la compleja urdiembre de los consensos, y como esta se muestra -a veces diáfana, a veces vedada- en la superficie de los documentos, como rasgos constitutivos del discurso. Pero es en el capítulo 3, titulado Entre la cortesía y el “devenir veraz”, entre la enunciación política y la profesional, es donde nos topamos con los importantes aportes que puede agregar el análisis del

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discurso a la competencia de los procesos de integración. En este se exhiben y contrastan, y desde un marco teórico-critico que abarca autores como Foucault y Pêcheux, las formas de enunciación, las estrategias discursivas elegidas por los presidentes, mediante una disección detallada de sus intervenciones. Las tensiones y conflictos que estas mismas formaciones discursivas traen aparejadas se dejan ver con especial énfasis en el análisis que realizan sobre los “intercambios” que sostienen Correa, Chávez, Uribe y Morales; la forma en que estos intercambios se dan, como señala el libro, bajo la lógica foucaultiana de “el coraje de la verdad” (Arnoux et al.:76). De igual forma el libro nos plantea cómo circulan los discursos entre lo formal y lo informal debido a la ambigüedad de la situación (se estaba intentando solucionar un conflicto sin nombrarlo) (Arnoux et al.:119), o bien la forma en que los presidentes recurren a sus trayectorias para ordenar y orientar sus discursos, ya sea desde la retórica combativo-sindical de Lula o Morales (este último, además, dando al discurso una alta carga emotiva, recurso al cual se le dedicara el capítulo 4 del libro, El uso estratégico de las emociones y la regulación del vínculo interpersonal) o la retórica burocrático-institucional de Uribe, de carácter explicativo y que intenta fijar los tópicos y conceptos del debate, cosa que finalmente logra: “A pesar de que la discusión se planteó en torno al rol de los Estados Unidos en densidades nº 15 - mayo 2014

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la región y a la violencia política y el narcotráfico, el documento final planteo más claramente como eje al segundo de los temas. En efecto, sintagmas como ‘terrorismo’ o ‘narcotráfico’, que fueran cuestionados durante la discusión por Evo Morales y Rafael Correa emergen nuevamente en el documento final, adoptando el vocabulario de Uribe. Por el contrario, los sintagmas ‘bases militares norteamericanas’, e incluso ‘bases militares extranjeras”, quedan fuera del documento, sustituidos por ‘fuerzas militares extranjeras’ (…)” (Arnoux et al.:130). Esta puja entre decir y medir lo que se dice, entre proponer y lograr fijar en la declaración final las consignas, entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad, entre el “coraje de la verdad” y la conquista de la veracidad, estará presente en todo el libro, de forma que el análisis de los discursos irá revelando las dinámicas de transformación en la retórica política, por ejemplo el desplazamiento del lugar de enunciación: desde lo político al lugar profesional (es decir desde el militante al gestor) y a su vez desde el profesional a la profesión (Arnaux et al: 82-83), se recurrirá a formas y figuras de la profesión previa del político, lo que operar como una estrategia de distanciamiento y validación. Como señala Ana María Corrarello (2012: 278) respecto a este mismo texto: “Adoptar modos de decir profesionales -entendidos como discursividades en tránsito-, no ha sido difícil para los presidentes ya que la mayoría de ellos densidades nº 15 - mayo 2014

proviene de espacios diferentes a la política (sindical, religioso, médico, militar, académico). Morales activó modos de decir sindicales, Uribe se aferró al discurso político con una excesiva formalidad, Tabaré Vázquez apeló al discurso médico; Chávez, al militar, Lugo, como ex obispo, connotó un discurso episcopal; Cristina Kirchner evocó su práctica profesional vinculada con el derecho, anterior a su desempeño político. Este efecto de genericidad, como inscripción de una serie de enunciados en una clase de discursos como categorías genéricas abiertas, pone en evidencia la complejidad del proceso de la puesta en discurso, de la lectura y de la interpretación”. Resulta interesante que los investigadores dedicasen además, un análisis de la carta que difundió la FARC-EP en respuesta a la declaración de la UNASUR. La carta es una crítica contundente a los límites de la integración regional dentro de la lógica burguesa de los estados nacionales, al tiempo que intenta en todo momento fijar una posición política: el documento ha generado instrumentos para calificar de “terroristas” a cualquier grupo disidente o beligerante (Arnoux et al: 135), y el no reconocimiento de esta realidad continental, que incluye conflictos armados y luchas revolucionarias, no hace sino retroceder en los procesos de paz. Los capítulos 6 y 7 se dedicarán, respectivamente, a la forma en que la prensa argentina trato el proceso de la reunión y sus resultados. Los autores

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analizan las referencias a la reunión de Bariloche en las editoriales, columnas y notas de opinión aparecidas en los tres diarios de mayor tirada en Argentina (La Nación, Clarín y Página 12), las formas en las cuales definen y se posicionan respecto a la integración regional en la construcción de una “memoria interdiscursiva mediática” (Arnoux et al: 140). En el caso de la reunión de Bariloche, los medios jugaron un rol central en su calidad de actores políticos: manifestaron la desconfianza y el escepticismo sobre la UNASUR, cuestionaron el liderazgo de ciertos presidentes latinoamericanos, e incluso atacaron abiertamente a otros. Es por esto que la elección de estos tres medios de prensa no es casual, ya que cada uno de los tres responde y reproduce los ideologemas de sectores e intereses más o menos claros dentro de la sociedad argentina. De esta forma, el equipo de Arnoux identifica tres “formas” de caracterizar la integración: se referirán a una integración retórica (Clarín), de una integración hipócrita (La Nación) y de una integración política (Página 12). Los autores observan como, por lo general, estos medios sostuvieron una misma línea durante todo el proceso, lo cual les volvió obtusos, ya sea poniendo el acento en la presencia norteamericana en la región o en los conflictos y limitaciones de los procesos de integración, llevándolos en algunos casos a desestimar radicalmente las posibilidades de la UNASUR. La investigación se dedica a cotejar las

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evaluaciones y perspectivas que se hacen de la situación, desglosan sus argumentaciones y las sitúan en un campo de debates y discursos en lucha no sólo por la legitimidad, sino por la influencia efectiva en el campo político. Podemos considerar UNASUR y sus discursos como un aporte original desde las teorías de análisis del discurso. Sin dejar de ser un trabajo exhaustivo y de cuño académico tiene el logro de estar escrito en un tono divulgativo (nos permite recorrer los múltiples proyectos e iniciativas de integración que se han dado en el continente) y didáctico (las notas al pie suelen ser claras y sintéticas explicaciones de los conceptos), y que no elude debatir ni tomar posición respecto a las perspectivas de la UNASUR. Juan Carlos Moraga

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academias Maestría en Cultura Guaraní Jesuítica Especialización en Cultura Guaraní Jesuítica Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones

La Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones, convocó en el presente año, su sede de O b e r á , Pr o v i n c i a d e M i s i o n e s , Argentina, la I Cohorte de la Maestría en Cultura Guaraní Jesuítica. (Acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación UniversitariaCONEAU Nº 10.974/11) y la Carrera de Posgrado Especialización Cultura Guaraní Jesuítica (Acreditada por CONEAU Nº 10.975/11). Esta oferta académica esta dirigida a formar recursos humanos calificados para la enseñanza superior, la investigación y el asesoramiento a Instituciones acerca de distintas dimensiones del arte y la cultura Guaraní-Jesuítica, entre postulantes graduados en Arte, arquitectura, historia, sociología, arqueología, antropología, turismo u otra formación que a juicio del Comité Académico de la Maestría acrediten antecedentes suficientes y graduados de la Universidad Nacional de Misiones, graduados de otras Universidades Nacionales, de Universidades provinciales y de Universidades privadas reconocidas por el Poder Ejecutivo Nacional con título semejante a los de esta Universidad y de Universidades extranjeras reconocidas densidades nº 15 - mayo 2014

por las autoridades competentes de su país, con título profesional correspondiente a carreras de cuatro (4) años de duración como mínimo, previa calificación en todos los casos, de sus estudios por el Comité Académico de la Maestría de la Facultad respectiva. El Programa académico está formado por 6 bloques temáticos, con sus respectivas materias, que son las siguientes: 1. Metodología General y Taller de Tesis (sólo para la Maestría). Introducción a las fuentes para la investigación de la cultura guaraníjesuítica; Organización del Taller de Tesis. 2. La Etno-Historia Guaraní. Introducción a la etno-historia guaraní; Bases principales de la Etno-historia guaraní. 3. Historia-Economía-Organización Social. Historia de las misiones guaraníesjesuíticas; La organización socioeconómica de las misiones; La administración colonial. La independencia y las luchas de los guaraníes por su territorio. 4. Urbanismo y Arquitectura.

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Los orígenes del urbanismo jesuíticoguaraní. Caracterización y tipología de los conjuntos urbanísticos misioneros; La arquitectura jesuítico-guaraní; Los templos misioneros después de la expulsión; Arqueología de las ruinas misioneras; Documentación y campañas llevadas a cabo. 5. Las Artes plásticas, la Literatura, el Teatro y la Música. Las Artes plásticas en las misiones jesuítico-guaraníes. Marco teórico y periodización; La Escultura; Pintura, Grabado y Bordado o Pintura de Aguja; La literatura, la Música y el Teatro.

Legislación nacional e internacional de aplicación a las Misiones Jesuíticas; Conservación y restauración de los bienes patrimoniales. Archivística y museología; Revalorización y promoción de la experiencia histórica de las Misiones Jesuítico-Guaraníes. Autoridades y cuerpo docente Director de la Maestría Dr. Bozidar Darko Sustersic; Coordinador Académico Dr. Alfredo Poenitz. Docentes: Bartomeu Meliá, Reneá Krüger, Roberto Abínzano, Graciela Viñuales, Carlos Page, Piotr Nawrot, Emilio Rocholl, Ruth Poujade, Jorge Bozzano.

6. Patrimonio Histórico Nacional y de la Humanidad.

Secretaría de Posgrado de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones

Maestría y Especialización en Cultura Guaraní Jesuítica Director: Dr. Bozidar Darko Sustersic Coordinador Académico Dr. Alfredo Poenitz Carhué 832. Oberá, Misiones, Argentina (N3365BCB) Tel.: (+54)-03755-401150/406601 (int.114) Contacto: posgrado@artes.unam.edu.ar

http://www.artes.unam.edu.ar

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documentos Declaración de La Habana II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC ) La Habana, 28 y 29 de enero de 2014 Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, reunidos en La Habana, Cuba, en ocasión de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada los días 28 y 29 de enero de 2014. Reafirmando la vigencia del acervo histórico de la Comunidad, integrado, a su vez, por el acervo histórico del Grupo de Río y la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre desarrollo e integración y por las Declaraciones, Comunicados Especiales y decisiones aprobados en la I Cumbre de la CELAC, celebrada en Santiago de Chile, los días 27 y 28 de enero de 2013; en la Cumbre Fundacional de Caracas, el 3 de diciembre de 2011; en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, realizada en la Riviera Maya, Cancún, México, el 23 de febrero de 2010; en las Cumbres de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, iniciadas en Salvador de Bahía, Brasil, los días 16 y 17 de diciembre de 2008; y en el proceso de convergencia que dio paso a la CELAC. Destacando que a dos años de la puesta en funcionamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños hemos logrado construir un espacio de diálogo y concertación política que nos une y hace posible la aspiración de trabajar juntos por el bienestar de nuestros pueblos; que permite, a su vez, una mejor inserción y la proyección de nuestra región en el ámbito internacional. Ratificando hoy nuestra voluntad irrevocable de fortalecer este espacio de diálogo político efectivo. Hemos sido, somos y seremos diversos, y a partir de esta diversidad es que tenemos que identificar los desafíos y objetivos comunes y los pisos de convergencia que nos permitirán avanzar en el proceso de integración de nuestra región. Fortalezcamos nuestras democracias y todos los derechos humanos para todos; demos mayores oportunidades a nuestra gente; construyamos sociedades más inclusivas; mejoremos nuestra productividad; estrechemos nuestro comercio; mejoremos nuestra infraestructura y conectividad y las redes necesarias que unan cada vez más a nuestros pueblos; trabajemos por el desarrollo sostenible, por superar las desigualdades y por una más equitativa distribución de la riqueza, para que todas y todos sientan que la democracia les da sentido a

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sus vidas. Esa es la misión de la CELAC, esa es la tarea a la que hemos sido convocados y esa es la responsabilidad política que tenemos por delante y de la cual deberemos dar cuenta a nuestros pueblos. 1. Reiteramos que la unidad y la integración de nuestra región debe construirse gradualmente, con flexibilidad, con respeto al pluralismo, a la diversidad y al derecho soberano de cada uno de nuestros pueblos para escoger su forma de organización política y económica. Reiteramos que nuestra Comunidad se asienta en el respeto irrestricto a los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, la solución pacífica de controversias, la prohibición del uso y de la amenaza del uso de la fuerza, el respeto a la autodeterminación, a la soberanía, la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de cada país, la protección y promoción de todos los derechos humanos, el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional, el fomento de la participación ciudadana y la democracia. Asimismo, nos comprometemos a trabajar conjuntamente en aras de la prosperidad para todos, de forma tal que se erradiquen la discriminación, las desigualdades y la marginación, las violaciones de los derechos humanos y las transgresiones al Estado de Derecho. 2. Reafirmamos como principio general, que el fortalecimiento de la CELAC como foro y actor político internacional es una de nuestras prioridades. En ese contexto, consideramos fundamental buscar el perfeccionamiento de la coordinación y la cooperación entre los miembros de la CELAC, en el marco de los organismos internacionales, siempre que eso sea posible y viable. 3. Expresamos nuestro más profundo pesar por el fallecimiento del Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, ocurrida el 5 de marzo de 2013, uno de los principales fundadores e impulsores de la CELAC, humanista incansable e impulsor de la unión latinoamericana y caribeña, que luchó contra la exclusión social, la pobreza e impulsó el desarrollo integral de la región. 4. Subrayamos nuestro propósito de continuar avanzando unidos en la concertación y la integración latinoamericana y caribeña, y la consolidación de nuestra Comunidad, conforme los ideales y sueños de nuestros libertadores y próceres. Ratificamos nuestra decisión de establecer acciones que nos permitan prevenir, y en su caso, afrontar coordinadamente, los efectos de la actual crisis internacional de múltiples interrelaciones, que sigue impactando negativamente en los esfuerzos de nuestros países para fomentar el crecimiento y el desarrollo sostenible e integral de la región. 5. Promovemos una visión de desarrollo integral e inclusivo, que garantice el desarrollo sostenible y productivo, en armonía con la naturaleza, en aquellos ámbitos en los que podemos construir sinergias, particularmente en áreas como la energía, infraestructura, el comercio intrarregional, la producción de alimentos, las industrias intermedias, las inversiones y el financiamiento, con el propósito de alcanzar el mayor desarrollo social para nuestros pueblos. 6. Asumimos nuestro compromiso con el desarrollo regional integrado, no excluyente y

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equitativo, tomando en cuenta la importancia de asegurar un tratamiento favorable a las economías pequeñas y vulnerables, a los países en desarrollo sin litoral y Estados insulares. 7. Saludamos los importantes resultados alcanzados en las Reuniones de Coordinadores Nacionales y de Ministros de Relaciones Exteriores celebradas hasta el momento, y llamamos a la aplicación de las decisiones y mandatos contenidos en los acuerdos alcanzados, sobre la base de los principios de flexibilidad y participación voluntaria. 8. Reconocemos que la experiencia de los dos años de existencia de la CELAC, demuestra la importancia del diálogo permanente para fortalecer el consenso en temas de interés regional, sobre la base de los principios de la solidaridad, complementariedad con otras experiencias o instituciones regionales y subregionales, y cooperación, y orientado a alcanzar resultados efectivos para lograr el desarrollo sostenible, solidario e inclusivo de los Estados latinoamericanos y caribeños. Destacamos los avances en el diálogo con los Mecanismos regionales y subregionales de integración. 9. Llamamos a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para hacer frente a las fragilidades y desequilibrios sistémicos. Expresamos nuestro deseo de trabajar conjuntamente para superar los desafíos que nos presenta el actual escenario internacional, y a realizar esfuerzos para impulsar ritmos de crecimiento económico sostenido, dinámico y de largo plazo para la región, que propicien una equidad e inclusión social crecientes y la integración de la América Latina y el Caribe, tomando en cuenta el valor del emprendimiento y las PyMES como instrumentos para fortalecer las economías nacionales. 10. Reafirmamos que para la erradicación de la pobreza y el hambre es necesario impulsar políticas económicas que favorezcan la productividad y el desarrollo sostenible de nuestras naciones, trabajar para fortalecer el orden económico mundial en beneficio de nuestros países, fomentar la complementariedad, la solidaridad y la cooperación, y exigir el cumplimiento de los compromisos de ayuda al desarrollo, por parte de los países desarrollados. 11. Ratificamos nuestra voluntad de promover el crecimiento, el progreso, la inclusión social y el desarrollo sostenible de nuestros Estados, formulando y desarrollando planes, políticas y programas nacionales con metas cuantificables y calendarios, dirigidos a la universalización del disfrute y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, con atención prioritaria a las personas en condición de pobreza extrema y sectores en situación de vulnerabilidad como las poblaciones indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes y migrantes. 12. Saludamos el éxito de la III Conferencia Global sobre el Trabajo Infantil, y reiteramos nuestro compromiso con la eliminación de las peores formas del trabajo infantil antes de 2016, así como con la erradicación del trabajo infantil en el más corto plazo posible. 13. Saludamos la adopción de la Declaración y Plan de Acción de Caracas de las autoridades de Desarrollo Social para la Erradicación del Hambre y la Pobreza. Seguiremos trabajando en planes, políticas y programas nacionales para reducir progresivamente las

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desigualdades de ingreso que están en la base misma del hambre, la pobreza y la exclusión social mediante, entre otras, políticas fiscales progresivas, de creación de empleos formales permanentes, de protección, de asistencia y seguridad social, de establecimiento de salarios mínimos y su elevación progresiva, las cuales se concretarían según las capacidades de cada miembro de la CELAC, aumentando gradualmente la inversión social. 14. Otorgamos la más alta prioridad a fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, la alfabetización y post-alfabetización, la educación general pública gratuita, la educación técnica, profesional y superior de calidad y pertinencia social, la tenencia de la tierra, el desarrollo de la agricultura, incluyendo la familiar y campesina y del trabajo decente y duradero, del apoyo a los pequeños productores agrícolas, el seguro al desempleo, la salud pública universal, el derecho a la vivienda adecuada para todos y todas, y el desarrollo productivo e industrial como factores decisivos para la erradicación del hambre, la pobreza, y la exclusión social. 15. Reiteramos nuestro compromiso para trabajar mancomunadamente en el fortalecimiento de los mecanismos nacionales, regionales y multilaterales en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y asegurar la integración cultural de nuestros pueblos a través de la promoción del intercambio de saberes culturales, tradicionales y modernos. 16. Reconocemos que los pueblos indígenas y comunidades locales desempeñan un papel importante en el desarrollo económico, social y ambiental, así como la importancia de las prácticas agrícolas tradicionales sostenibles, asociadas a la biodiversidad y el aprovechamiento de sus recursos, su derecho de acceso al agua adecuada para el riego, de conformidad con la legislación de cada país, y los sistemas comunales de tenencia de la tierra, y los tradicionales de suministro de semillas, y el acceso al financiamiento y los mercados. 17. Decidimos fortalecer, de manera integral, la base productiva con énfasis en las prácticas locales y culturales sostenibles de las pueblos indígenas y comunidades locales, para una gestión integral que optimice el uso y acceso al agua para riego, desde una visión de manejo de cuencas, la recuperación de la fertilidad del suelo mediante la reposición de cobertura vegetal, abonos orgánicos, terrazas y la conservación e incremento de la biodiversidad, a través de la recuperación y crianza de semillas nativas y producción de semillas mejoradas. 18. Subrayamos el papel fundamental de las políticas públicas y reconocemos la valiosa contribución del sector privado, de la sociedad civil, de los movimientos sociales y la sociedad en su conjunto. Tomamos nota de los progresos logrados y nos comprometemos a continuar impulsándolas activamente, con apego a las prioridades y estrategias nacionales de desarrollo de cada Estado para alcanzar las metas de erradicación del hambre, la pobreza y la exclusión social. Reconocemos la importancia de la cooperación internacional, regional y bilateral para tal fin. 19. Reconocemos las iniciativas nacionales, subregionales y regionales dirigidas a garantizar el derecho humano a la alimentación y promover la seguridad alimentaria y

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nutricional, reducir los niveles de pobreza e impulsar la inclusión plena, y saludamos los progresos logrados en esos empeños, a la par que subrayamos que para garantizar éxitos ulteriores deben privilegiarse la complementariedad y la solidaridad entre nuestras naciones. 20. Reiteramos el compromiso de fortalecer los mecanismos de seguimiento en cada país para los programas y proyectos sociales que se implementen en distintos sectores, con especial atención a los grupos poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad, a fin de evaluar con una perspectiva multidimensional su impacto y compartir las mejores prácticas con el resto de los países de la región. 21. Apoyamos la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025. 22. Reafirmamos nuestra voluntad de impulsar programas regionales, subregionales bilaterales y triangulares de cooperación para el desarrollo, así como una política regional de Cooperación Sur-Sur y Triangular, que tengan en cuenta las características y necesidades específicas de las diversas áreas y subregiones, así como de cada uno de los países que las conforman. 23. Reconocemos, en ese sentido, al Caribe insular y Centroamérica, así como los países en la costa norte de América del Sur con áreas costeras bajas, como las subregiones de mayor vulnerabilidad desde el punto de vista económico, social y medioambiental, y abogamos por promover el comercio solidario y complementario, las inversiones y proyectos, y las acciones de cooperación encaminadas a superar los disímiles retos y dificultades asociados a su vulnerabilidad. 24. Nos comprometemos a continuar contribuyendo al esfuerzo de reconstrucción y desarrollo de Haití, de conformidad con los ámbitos prioritarios definidos por su gobierno, y con pleno respeto a su autoridad y soberanía, así como al principio de no intervención en los asuntos internos, en conformidad con la resolución sobre cooperación especial con Haití aprobada por las Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, y ratificada por las Jefas y Jefes de Estado y/o de Gobierno en la I Cumbre de la CELAC. Instamos a los Gobiernos, a los donantes tradicionales y a las instituciones financieras internacionales para que apoyen con mayor amplitud y rapidez, la ejecución del Plan de Desarrollo Estratégico Nacional (NSDH) del Gobierno de Haití, en especial en el ámbito de la agricultura. Los instamos, asimismo, a apoyar el Plan Nacional para la Eliminación del Cólera, que requiere de medidas urgentes de prevención y control, así como de inversiones en infraestructura de agua, saneamiento, y fortalecimiento de la capacidad de las instituciones del país. 25. Afirmamos, que para la elaboración de una Agenda Estratégica Regional sobre la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, es necesario que la temática sea reconocida como un proceso integrado por acciones relativas a la estimación y reducción del riesgo, la preparación, la asistencia humanitaria y la reconstrucción, las que deberán ser parte de un Plan de Acción coordinado y articulado entre los entes locales, nacionales, subregionales y regionales.

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26. Nos comprometemos a continuar consolidando sólidos principios regionales en materia de reconocimiento de los derechos de los migrantes, así como a profundizar la coordinación de políticas migratorias regionales y de posiciones comunes en las negociaciones globales e interregionales sobre migraciones, y en especial, en la promoción del debate internacional sobre el nexo entre la migración, el desarrollo y los derechos humanos. 27. Reafirmamos nuestra voluntad y compromiso para seguir avanzando en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 28. Ratificamos la importancia crucial del proceso intergubernamental de formulación de la Agenda de Desarrollo Post 2015, que deberá ser abierto, transparente e inclusivo. Subrayamos que la nueva agenda de desarrollo deberá formularse sobre la base del respeto irrestricto de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y a la luz de los principios consagrados en el Documento Final de Rio+20, “El Futuro que Queremos”; así como los diferentes enfoques, visiones, modelos e instrumentos que los países han determinado para alcanzar el desarrollo sostenible, en función de sus circunstancias y prioridades nacionales. Debiendo cuidar que el proceso sea universal y lo suficientemente flexible para responder a las prioridades, condiciones y necesidades de los países en desarrollo y tomando en cuenta las necesidades especiales de los diferentes países, incluyendo los países menos desarrollados, los países sin litoral, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los llamados países de renta media. 29. Reconocemos la urgente necesidad de que la nueva Agenda de Desarrollo incluya explícitamente como un objetivo, con indicadores y plazos de cumplimiento específicos, los medios de implementación que garanticen su cumplimiento, entre los que figuran recursos financieros nuevos, adicionales y previsibles, el desarrollo y la transferencia de tecnología, la creación de capacidades en los países en desarrollo. 30. La nueva Agenda debe partir de la experiencia en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para definir armónicamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible; excluir cualquier condicionalidad; y eliminar las brechas al interior de las sociedades, entre regiones y a escala global. Asimismo, deberá reforzar el compromiso de la comunidad internacional, de que las personas sean el centro de sus preocupaciones, que promueva el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social participativo y la protección del medio ambiente. 31. Reafirmamos la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/64/292, de 28 de julio de 2010, en la que la Asamblea General reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. 32. Convencidos que el cambio climático es uno de los más graves problemas de nuestro tiempo, expresamos profunda preocupación por su creciente impacto negativo en los países en desarrollo y los pequeños Estados insulares en particular, que compromete los esfuerzos por la erradicación de la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible. En ese contexto, y en el marco del principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y

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las respectivas capacidades, reconocemos que la naturaleza global del cambio climático requiere de la cooperación de todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada, en conformidad con la responsabilidad histórica de cada cual por este fenómeno, para acelerar la reducción global de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y la adopción de medidas de adaptación, de conformidad con las disposiciones y principios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y las decisiones adoptadas en las Conferencias de las Partes. 33. Recibimos con beneplácito la realización del Diálogo Interactivo de la Asamblea General sobre Armonía con la Naturaleza, que se celebró en Nueva York, el 22 de abril de 2013, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, evento que discutió los diferentes enfoques económicos, en el contexto del desarrollo sostenible, para promover de manera más ética la relación entre la humanidad y la Tierra. 34. Celebramos la reciente suscripción de la nueva Convención de Minamata sobre Mercurio, como el primer instrumento vinculante negociado en el ámbito de Naciones Unidas en los últimos doce años, y el primero de la agenda post Río+20 sobre desarrollo sostenible, destacando que la misma supone un gran paso en el desarrollo del derecho ambiental internacional, al tener como objetivo la protección de la salud humana y el medio ambiente ante los riesgos del mercurio, instando muy especialmente a los países miembros a tomar medidas que hagan posible la pronta entrada en vigor y su efectiva implementación. Asimismo, instamos a la participación en la reunión regional de GRULAC, preparatoria de la Sexta sesión del Comité Negociador Intergubernamental de Mercurio (INC-6). 35. Los países de América Latina y el Caribe expresamos nuestro apoyo a la Presidencia peruana de la 20 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y de la 10 Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto, que tendrán lugar en Lima, Perú, del 1ro. al 12 de diciembre de 2014 y nos sentimos comprometidos con procurar su éxito y el de su fase preparatoria, pasos que resultan esenciales en el proceso de desarrollo de un instrumento legal fortalecido bajo la Convención que debe presentarse el 2015. Subrayamos la importancia de que dicho instrumento, para ser efectivo y facilitar la participación de todos los países, debe respetar los principios y disposiciones de la Convención. 36. Animamos la participación de representantes de los países de la Comunidad en la primera Pre-COP Social de Cambio Climático que tendrá lugar entre los días 13 al 16 de octubre de 2014, en Caracas, Venezuela, que representa una iniciativa importante en el proceso de negociaciones en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para afianzar la alianza pueblos-gobiernos en la construcción del futuro régimen que se requiere para hacer frente al cambio climático. 37. Nos comprometemos, de conformidad con nuestras capacidades y legislaciones internas, a apoyar la investigación científica sobre la drogadicción en los países de CELAC, en aras de avanzar en el desarrollo de tratamientos, incluidas vacunas y antídotos. 38. Reiteramos el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico y, al tomar nota de las resoluciones sobre Puerto Rico adoptadas por el Comité Especial de Descolonización

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de las Naciones Unidas, reiteramos que es asunto de interés de CELAC. 39. Los países miembros de la CELAC nos comprometemos a seguir trabajando en el marco del Derecho Internacional, y en particular, de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 14 de diciembre de 1960, para lograr que la región de América Latina y el Caribe sea un territorio libre de colonialismo y colonias. 40. Encomendamos al Cuarteto de la CELAC para que, con la participación de otros Estados miembros que deseen sumarse a este mandato, presenten propuestas para avanzar en lo señalado en el párrafo 38 de esta Declaración. 41. Reiteramos nuestro rechazo a las listas y certificaciones unilaterales por parte de países desarrollados que afectan a países de la América Latina y el Caribe, en particular las referidas a terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras de similar carácter, y ratificamos el Comunicado Especial aprobado por las CELAC el pasado 5 de junio, que rechaza la inclusión de Cuba en la denominada Lista de Estados que promueven el terrorismo Internacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos. 42. Reafirmamos la Declaración de Santa Cruz, denominada “Ama Qhilla, Ama Llulla y Ama Suwa” (no robar, no mentir y no ser flojo), de la Primera Reunión Especializada de las Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), adoptada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 8 de noviembre de 2013, en la cual se establece, entre otros temas, que los delitos de corrupción deben combatirse de forma rigurosa y sin impedimentos para su investigación, enjuiciamiento y sanción con respecto a las legislaciones nacionales y a los acuerdos internacionales vigentes; asimismo, celebramos la creación de un Grupo de Trabajo especializado en la Prevención y Lucha contra la Corrupción, que elaborará un Plan de Trabajo con el fin de promover e impulsar las líneas de acción según las bases y prioridades establecidas en la Declaración y en el Plan de Acción de CELAC para 2014, optimizando recursos, complementando los trabajos desarrollados en otros mecanismos y foros multilaterales y evitando la duplicación de esfuerzos. 43. Subrayamos la importancia de que nuestros países fortalezcan su preparación en materia de atención a controversias internacionales, y consideramos que se debe evaluar la posibilidad de que nuestra región se dote de mecanismos apropiados para la solución de controversias con inversionistas extranjeros. Manifestamos nuestra solidaridad con los países de la América Latina y el Caribe que están siendo afectados por reclamaciones ilegítimas y campañas de desprestigio en su contra, que ponen en riesgo el desarrollo de sus pueblos, y solicitamos a las empresas y grupos trasnacionales que mantengan una conducta responsable y consistente con las políticas públicas adoptadas por los Estados receptores de la inversión. 44. Reafirmamos la importancia de desarrollar herramientas que permitan fortalecer el sistema financiero internacional, lo cual debería contemplar una regulación más estricta y efectiva de las grandes entidades financieras, y la adopción de medidas concretas para lograr mejores prácticas internacionales en flujos financieros internacionales. En línea con esto, resulta de gran relevancia la reducción de la dependencia excesiva de las evaluaciones de las

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agencias calificadoras de riesgo crediticio. 45. Consideramos indispensable para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera internacional, garantizar que los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores en el marco de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas sean respetados, permitiendo que los flujos de pago sean distribuidos a los acreedores cooperativos según acordado con los mismos en el proceso de readecuación consensual de la deuda. Es necesario contar con instrumentos que posibiliten acuerdos razonables y definitivos entre acreedores y deudores soberanos, permitiendo hacer frente a problemas de sustentabilidad de deuda de forma ordenada. 46. Expresamos nuestra convicción acerca de la importancia que han adquirido los flujos de inversión extranjera directa en nuestra región y la necesidad que los mismos contribuyan efectivamente a los procesos de desarrollo de nuestros países, y redunden en un aumento de los niveles de bienestar de nuestras sociedades, sin imposición de condicionalidades, con respeto de su soberanía y en concordancia con sus planes y programas nacionales de desarrollo. 47. Consideramos necesario contar con una herramienta de planificación latinoamericana y caribeña ante los nuevos desafíos que enfrenta la CELAC, razón por la que resultan imperativos los esfuerzos colectivos de integración, solidaridad y cooperación, mutuamente ventajosa en particular con aquellos países vulnerables y de menor desarrollo relativo que servirán para la obtención de objetivos claros, medibles y adaptables a las distintas realidades nacionales, con vistas a la erradicación de la pobreza y a la promoción del desarrollo sostenible. 48. Ratificamos la importancia de la cooperación e integración financiera regional. En ese sentido, respaldamos las resoluciones adoptadas por las Ministros y Ministras de la CELAC en sus reuniones del año 2013. 49. Saludamos con beneplácito al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y al pueblo boliviano, por el lanzamiento exitoso al espacio ultraterrestre del primer satélite boliviano de comunicaciones denominado “Túpac Katari” (TKSAT-1), realizado el 20 de diciembre de 2013 en el centro espacial Xichang, de la República Popular China, reconociendo que los beneficios del Satélite llegarán a millones de bolivianos, facilitando el acceso a la educación e información y garantizará el ejercicio de los derechos humanos y facilitará el intercambio de conocimientos científicos entre los diferentes pueblos de América Latina y el Caribe. 50. Reiteramos nuestro más firme respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, así como el permanente interés en que dicha disputa se resuelva por la vía pacífica y de la negociación, conforme lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 51. Reiteramos nuestro compromiso con el principio del derecho soberano de los Estados de disponer de sus recursos naturales y de gestionarlos y regularlos. Manifestamos,

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asimismo, el derecho de nuestros pueblos de aprovechar, de manera sustentable, los recursos naturales, los cuales cuentan con el potencial de ser utilizados como una importante fuente para financiar el desarrollo económico, la justicia social y el bienestar de nuestros pueblos. 52. Reiteramos nuestro más profundo rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y reiteramos, una vez más, nuestra solidaridad con la República de Cuba a la par que reafirmamos nuestro llamado al gobierno de los Estados Unidos de América a que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero que impone a dicha nación hermana desde hace más de cinco décadas. 53. Nos comprometemos a seguir trabajando para consolidar a América Latina y el Caribe como Zona de Paz, en la cual las diferencias entre las naciones se resuelvan a través del diálogo y la negociación u otras formas de solución pacífica establecidas en el Derecho Internacional. 54. Tomando en cuenta los objetivos esbozados en la Declaración de Surinam, aprobados en la Primera Reunión de Ministros de Cultura de la CELAC celebrada los días 14 y 15 de marzo en Paramaribo, Surinam, enfatizamos la importancia de la cultura en Latinoamérica y el Caribe como el fundamento de la identidad de cada país y como catalizador de los procesos de integración regional. Subrayamos la importancia de la cultura y de las industrias culturales para las economías nacionales y asumimos el compromiso de promover el emprendimiento cultural, como una herramienta de conservación de nuestro patrimonio cultural y la generación de oportunidades de empleo y riqueza para nuestros pueblos, de tal forma que contribuya al bienestar de nuestros ciudadanos y al progreso de la sociedad en su conjunto. 55. Expresamos nuestra satisfacción por la realización de la VI Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura, realizada en Santiago de Chile entre el 13 y 16 de enero pasados, lo que ha contribuido a proyectar a la región como un escenario privilegiado para viabilizar encuentros y diálogos de vocación universal en el ámbito de la cultura. 56. Reiteramos nuestro apoyo al proceso de diálogo que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, entre el Gobierno de Colombia y las FARC, y saludamos los avances logrados mediante la consecución de acuerdos en dos importantes puntos de la agenda. Instamos a las partes a continuar el proceso dirigido a poner fin a un conflicto interno que por más de 50 años ha afectado el desarrollo político, social y económico de esa nación hermana. Saludamos y agradecemos el papel de los países garantes, Cuba y Noruega, y de los países acompañantes, Chile y Venezuela, en los logros alcanzados. 57. Reiteramos nuestro apoyo a la proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2013 del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que se iniciará el 1º de enero de 2015, bajo el tema “Afrodescendientes justicia y desarrollo”; así como al Comunicado aprobado por los Ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC, en su tercera reunión, que proclama el Decenio de los Afrodescendientes Latinoamericanos y Caribeños, iniciado el 1º de enero del presente año.

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58. Reconocemos la importancia de considerar el rol esencial de la acción colectiva de los pueblos indígenas y de las poblaciones locales en la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica, como un aporte significativo al Planeta. Apoyamos las acciones que están desarrollándose para impulsar su reconocimiento oficial. 59. Reiteramos la necesidad de tomar medidas para proteger los derechos sobre los conocimientos tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas y tribales y comunidades locales, evitando su vulneración por parte de terceros a través de registros que no reconozcan su titularidad, así como de promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización. Apoyamos la negociación que se está llevando a cabo al respecto en los foros multilaterales competentes. 60. Destacamos que las negociaciones del Documento Final conciso y orientado a la acción de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, de la Reunión Plenaria de Alto Nivel del sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea, que se conocerá como la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, a celebrarse el 22 y 23 de septiembre de 2014 en Nueva York, estarán dirigidas a compartir puntos de vista y las mejores prácticas sobre la realización de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la realización de los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, y tomamos nota de las recomendaciones de los principales temas de la Conferencia Preparatoria Mundial de los Pueblos Indígenas para la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, celebrada del 10 a 12 de junio de 2013, en Alta, Noruega. Tomamos nota de la iniciativa del Gobierno de México de llevar a cabo una reunión preparatoria de la Conferencia Mundial en abril del 2014. 61. Apoyamos el Año Internacional de la Agricultura Familiar declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas. 62. Saludamos la elección del Estado Plurinacional de Bolivia a la Presidencia del Grupo de los 77 y China durante el año 2014, y nos comprometemos a brindarle todo nuestro apoyo en el ejercicio de dicha responsabilidad a fin de que redunde a favor de los intereses de la América Latina y el Caribe. Asimismo, celebramos la organización de una Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 77 más China, a llevarse a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los días 14 y 15 de junio de 2014, en conmemoración del 50° aniversario de fundación del G77. 63. Consideramos la necesidad de una distribución geográfica equitativa en el sistema de Naciones Unidas y enfatizamos la necesidad de que América Latina y el Caribe incremente cuantitativa y cualitativamente su presencia en puestos clave de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, objetivo al cual dedicaremos nuestros mejores esfuerzos. 64. Reiteramos nuestras posiciones en torno a una reforma integral del sistema de las Naciones Unidas, muy particularmente, a la democratización de las instancias decisorias internacionales, en particular el Consejo de Seguridad. La democratización que se requiere debe incluir la representatividad, la transparencia, la eficiencia la democracia, el respeto por los mandatos de otros órganos de las Naciones Unidas y rendir debidamente cuenta a toda

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la membresía de la ONU. 65. Considerando que la migración internacional es un fenómeno global que involucra a más de 220 millones de personas entre los que se encuentran mujeres, niños, niñas, adolescentes e indígenas, reconocemos el valor del contenido de resolución adoptada durante el II Diálogo de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Migración y Desarrollo (DAN2013), la cual privilegia el enfoque de derechos humanos, destaca la urgencia de proteger a los grupos más vulnerables en los flujos migratorios e insiste en la necesidad de un mayor involucramiento de las Naciones Unidas, sus agencias, fondos y programas en la materia, así como el interés de incluir el tema de la migración internacional en la Agenda de Desarrollo Post 2015, entre otros asuntos, y nos comprometemos en fortalecer las acciones de cooperación en el marco de la responsabilidad compartida, para avanzar en la atención de los múltiples retos que la migración internacional nos plantea. 66. Ratificamos, el compromiso para fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, de conformidad con el Derecho Internacional. En ese contexto, estamos conscientes de que el delito y la violencia constituyen un obstáculo para el desarrollo pleno de la América Latina y el Caribe, y enfatizamos la necesidad de contar con una visión de consenso regional de seguridad ciudadana con un enfoque de desarrollo humano, y respeto a los derechos humanos y a los principios de soberanía nacional y no injerencia en los asuntos internos. Con esta perspectiva, debemos reforzar los mecanismos de diálogo y coordinación, según proceda, para mejorar las estrategias regionales sobre seguridad ciudadana y desarrollo sostenible. 67. Expresamos nuestra más seria preocupación por la grave situación humanitaria y de seguridad en la República Árabe Siria, y por la amenaza que representa para el Oriente Medio y para la paz y la seguridad internacionales. Encomiamos a las partes sirias por haber aceptado sostener negociaciones directas en la Conferencia Internacional sobre la situación en Siria (Ginebra II), bajo los auspicios del Enviado Especial Conjunto de las Naciones Unidas y la Liga de Estados Árabes. Felicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas por la organización de dicha Conferencia. El diálogo y la negociación son urgentes y esenciales para avanzar en los esfuerzos de reconciliación nacional y para garantizar la plena aplicación de los Convenios de Ginebra en Siria. Reiteramos que sólo un proceso político inclusivo liderado por los sirios podrá conducir a la paz y a la realización de las legítimas aspiraciones del pueblo sirio, sobre la base de la estricta aplicación de los principios de soberanía, independencia, autodeterminación, integridad territorial y no injerencia en los asuntos internos. 68. Destacamos la celebración, por primera vez en las Naciones Unidas, de una Reunión de Alto Nivel sobre Desarme Nuclear, el 26 de septiembre del 2013, en la que la CELAC reafirmó la necesidad urgente de avanzar hacia el desarme nuclear y lograr la eliminación total y general de las armas nucleares de forma transparente, irreversible y verificable, e instó a trabajar para avanzar hacia la negociación de un instrumento universal jurídicamente vinculante, que prohíba las armas nucleares con un cronograma multilateralmente acordado. Nos comprometemos a darle continuidad a dichas

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posiciones. 69. Expresamos nuestra más alta preocupación por las consecuencias humanitarias de enormes proporciones y los efectos globales de cualquier detonación nuclear accidental o intencional. Exhortamos a la comunidad internacional a reiterar su preocupación sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares, donde sea que se lleve a cabo el debate sobre este tipo de armas. Damos la bienvenida a los resultados de la Conferencia de Oslo sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, celebrada en marzo de 2013 y, en este sentido, hacemos un llamado a todos los Estados a participar en la segunda Conferencia Internacional sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, que se celebrará en México, los días 13 y 14 de febrero de 2014. 70. Tomamos nota con satisfacción, del acuerdo preliminar entre la República Islámica de Irán y el Grupo 5+1 en Ginebra sobre el programa nuclear iraní, lo cual demuestra que el diálogo y la negociación son la vía para dirimir las diferencias entre los Estados, y manifestamos nuestra expectativa de que pronto se alcance una solución amplia y duradera para la cuestión. Ratificamos el derecho inalienable de todos los Estados, de conformidad con lo dispuesto en el TNP, de desarrollar la investigación, la producción y la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos sin discriminación, que, junto con el desarme y la no proliferación, constituyen los pilares del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, del que todos los miembros de la CELAC somos parte. 71. Reiteramos nuestro llamado para que la Conferencia para el establecimiento de una zona libre de armas nucleares y otras armas de destrucción en masa en Medio Oriente, se celebre lo más pronto posible, de conformidad con lo acordado por las Partes del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares en 1995, 2000 y 2010, ya que contribuiría de forma valiosa al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales. 72. Destacamos el valor y contribución a la paz y la seguridad internacionales del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe y sus Protocolos (Tratado de Tlatelolco), el cual estableció la primera zona más densamente poblada, libre de armas nucleares en el planeta. Subrayamos nuestro pleno apoyo a los trabajos del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe y en este sentido, reafirmamos la importancia de la colaboración y cooperación entre la CELAC y la OPANAL, órgano especializado de la región, para articular posiciones comunes y trabajos conjuntos en materia de desarme nuclear. 73. Tomamos nota de la adopción del Tratado sobre Comercio de Armas por la Asamblea General de Naciones Unidas, en abril de 2013. 74. Tomamos nota de las actividades internacionales de la CELAC, especialmente la visita de la Troika Ministerial ampliada a la Federación de Rusia, las reuniones de la Troika Ministerial abierta de la CELAC con los Ministros de Relaciones Exteriores de la República de Corea, la República Popular China, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Turquía y Japón realizadas en Nueva York con motivo del inicio del 68° Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, así como la labor para concertar, con cada uno de estos interlocutores, una Hoja de Ruta para el diálogo y la cooperación.

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75. Nos congratulamos del establecimiento del Foro CELAC-China y del Mecanismo de Diálogo con la Federación de Rusia, elementos que pueden redundar positivamente en las actividades de la Comunidad. 76. Estamos convencidos de que es necesario proseguir la búsqueda de nuevas sinergias de la CELAC a nivel internacional, para lo cual es preciso retomar aquellos que ya se iniciaron en 2012 y establecer modalidades adicionales de convergencia y relacionamientos. 77. Saludamos la coordinación entre los Estados miembros de la CELAC en las Naciones Unidas, y expresamos nuestra disposición a seguir trabajando en forma gradual en la materia, y a ampliar el trabajo a otras sedes en los casos que resulte posible y necesario. 78. Expresamos además nuestro apoyo al proceso preparatorio de la II Cumbre CELAC-UE, a celebrarse en Bruselas en el año 2015. Encargamos a los Coordinadores Nacionales y los Altos Funcionarios del Diálogo CELAC-UE, según corresponda que finalicen la negociación del acuerdo internacional para el establecimiento de la Fundación EULAC, con vistas a la II Cumbre CELAC-UE. 79. Agradecemos al Presidente de la República de Chile, Excelentísimo Señor Sebastián Piñera Echenique, quien este año finaliza su mandato, por la excelente labor y liderazgo desarrollado durante el proceso de convergencia y puesta en funcionamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que culminó con la realización de la exitosa I Cumbre de la CELAC, celebrada en Santiago, Chile, los días 27 y 28 de enero de 2013. 80. Agradecemos a la República de Costa Rica por acoger la Presidencia Pro Tempore de CELAC en el año 2014 y la III Cumbre de la CELAC en el 2015. Reconocemos a la Excelentísima Señora Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República de Costa Rica, quién culminará su mandato en mayo 2014, su firme y valioso apoyo a la CELAC desde su origen. 81. Agradecemos a la República del Ecuador por acoger la Presidencia Pro Tempore de CELAC en el año 2015 y la celebración de la IV Cumbre de CELAC. 82. Tomamos nota del ofrecimiento reiterado por la República Dominicana para ser sede de la CELAC en el 2016, presentado en febrero de 2013. 83. Expresamos nuestro agradecimiento al Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba por el liderazgo y trabajo realizado durante el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore del foro y el reconocimiento al pueblo y Gobierno de Cuba por la organización de la II Cumbre de la CELAC en La Habana, los días 28 y 29 de enero de 2014. La Habana, 29 de enero del 2014

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documentos Conclusiones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR Galápagos, 22 y 23 de mayo de 2014 El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de la UNASUR, reunidos en Puerto Ayora, en las Islas Galápagos, Ecuador, los días 22 y 23 de mayo de 2014, llegó a los siguientes acuerdos: 1. Aprobó el “Comunicado de Galápagos” sobre los avances de la Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 2. Acordó el Comunicado sobre el proceso de diálogo en la República Bolivariana de Venezuela; 3. Convino en la Declaración sobre la presencia de Cuba en la próxima Cumbre de las Américas; 4. Apoyaron el Comunicado sobre los avances en los diálogos de paz en Colombia; 5. Concertó la Declaración de apoyo a Bolivia en el ejercicio de la Presidencia del G77+China; 6. Discutió sobre los avances dados para la elección del Secretario General de la UNASUR; 7. Acordó que la VIII Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR tendrá lugar en Montevideo, Uruguay, el mes de agosto de 2014. En los próximos días se definirá el día en el que dicha Reunión tendrá lugar; 8. Recibió con beneplácito la información sobre los avances en la construcción de la nueva sede de la UNASUR, y la propuesta del Ecuador de que la Reunión Extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno para su inauguración tenga lugar el mes de noviembre de 2014; 9. Conoció los recientes hechos suscitados en Sarayaku en relación con varios prófugos de la justicia ecuatoriana, sobre lo cual se pronunciarán a través de una consulta expedita; 10. Expresó su firme respaldo al fortalecimiento institucional de la UNASUR y convinieron en que en tres semanas se realice, en Guayaquil, Ecuador, una reunión de los expertos en presupuesto y de los representantes del Consejo de Delegados a fin de trabajar en un presupuesto adecuado que permita promover la eficiencia y eficacia de la organización.

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El número quince de la revista densidades fue editado en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, América del Sur en el mes de mayo de 2014. Distribución libre y gratuita