ediciรณn #104
oliva& Oliva ISSS N: 2075-6631
U N A
F I R M A
C O N
H I S T O R I A
contenido
presidente Manuel Carranza manuelcarranza@derechoynegocios.net
vicepresidente Lisandro Campos lisandrocampos@derechoynegocios.net
Panorámica de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en El Salvador
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Separación de poderes y control mutuo entre instituciones del Estado
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El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica: Gran potencial mermado por las crisis
10
Consideraciones hacia un nuevo marco legal para el sector turístico de El Salvador
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Se complica nuevo plan de rescate en EUA
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ECIJA recibe reconocimiento internacional por parte The Legal 500
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Entrevista principal - Oliva & Oliva: Una Firma con Historia
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Lanzamiento de la Revista
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Primer Editorial / Misión / Visión / Derecho y Negocios
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Certamen de Investigación Jurídica / Entrega de Becas
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Primer programa de Televisión / Programa Radio
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Nuestros Fundadores / Nuestra Imagen en el Tiempo
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DyN en números
27
Nuestras Portadas
28
Directorio Legal
38
@RevistaDerechoyNegocios Derecho y Negocios
Editora Claudia Espinoza prensa@derechoynegocios.net
diseño editorial Luis Mario García arte@derechoynegocios.net
redactor Juan Carlos Menjívar
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Edición #104 ISSSN: 2075-6631
Calle El Mirador, Pje Domingo Santos #600-31 Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador Prohibida la reproducción total o parcial de esta revista sin previa autorización.
carta del
presidente Queridos lectores, la revista ha cumplido 11 años y con mucho orgullo les digo que somos la única revista especializada en El Salvador. Derecho y Negocios ha venido a destacar en el ámbito legal del país y uno de los eventos más esperados de los abogados es la Gala Derecho y Negocios. Como una empresa responsable y comprometida con la salud de nuestros lectores, celebraremos nuestro aniversario y entrega de premios 2020 de manera virtual. La pandemia no nos detendrá en premiar a las mejores firmas de abogados y despachos legales de empresas. También entregaremos reconocimientos a personas que han destacado por su trabajo en El Salvador. Nuestra gala virtual será el próximo 26 de noviembre a las 7:30 p.m. por la plataforma Zoom. En esta nueva edición les mostramos un poco de historia de la revista, cuándo fue su fundación, su evolución, los cambios realizados, los proyectos, entre otros. Será un recorrido por Derecho y Negocios. También encontrará artículos sobre marco regulatorio en el turismo, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, separación de poderes y control mutuo entre instituciones del Estado; panorámica de responsabilidad penal de las personas jurídicas en El Salvador, entre otros. En la entrevista principal conversamos con Roberto Oliva y Roberto Oliva de la Cotera, padre e hijo abogados, profesionales referentes en el derecho administrativo en El Salvador. Nos cuentan sobre la trayectoria de la firma, el trabajo que realizan y sus opiniones de la LPA, entre otros. Manuel Carranza Presidente
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derecho
Panorámica
de la
responsabilidad penal
personas jurídicas e n E l S a l v a d o r
de las
En El Salvador, a la fecha, las personas jurídicas no responden penalmente. Sin embargo, como consecuencia de una tendencia político criminal global, es cuestión de tiempo para que comience a debatirse a nivel legislativo; la cual, en caso de regularse, marcaría un antes y un después en el derecho penal salvadoreño, por conllevar un trastoque al sistema de imputación y régimen procesal, entre otras cosas.
Lenin Stalin González
Maestro en derecho penal económico, con estudios en criminal compliance
Del bosquejo legislativo, al margen de la aludida irresponsabilidad penal de las personas jurídicas, también se pueden advertir dos intentos de regular la referida responsabilidad –terrorismo y pandillas-, los cuales no pasan de ser prototipos de derecho positivo no vigente; en razón de no poder aplicarse, por no consignar la conducta a atribuir a la persona jurídica o los criterios bajo los cuales se le impute la misma
Si se ve la cuestión desde una óptica temporal, podría presentarse bajo la triada: el antes, ahora y después de la cuestión. El antes, estaría representado por la irresponsabilidad penal de las personas jurídicas. El ahora, representado por la emergente ola político criminal, que ha comenzado a cuestionar la referida irresponsabilidad. Y el futuro, al margen de su incertidumbre, estará condicionado por su eventual regulación. Esta comunicación tiene un fin meramente descriptivo del estado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en El Salvador -RPPJ en adelante-, tomando como parámetro la situación legislativa, y así poder contextualizar el panorama de la RPPJ en el país. Como punto de partida, es importante acotar que, en el derecho penal salvadoreño no se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, rigiendo como dogma el aforismo del Societas not post deliquere -las sociedades no pueden delinquir-, tal y como se puede advertir de la revisión del Código Penal (art. 38), leyes penales especiales (art. 4. Inc. 3 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, art. 41 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo; art. 7 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal) y leyes extrapenales (art. 5 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro). Del bosquejo legislativo, al margen de la aludida irresponsabilidad penal de las personas jurídicas, también se pueden advertir dos
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derecho
intentos de regular la referida responsabilidad –terrorismo y pandillas-, los cuales no pasan de ser prototipos de derecho positivo no vigente; en razón de no poder aplicarse, por no consignar la conducta a atribuir a la persona jurídica o los criterios bajo los cuales se le impute la misma. En ese orden de ideas, el pasado y presente de la cuestión, quedarían identificados bajo la vigencia de la irresponsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, diversos acontecimientos acaecidos en la realidad salvadoreña, que han involucrado a personas jurídicas, los cuales, conjugados con los fines político criminales que aconsejan su punición, podrían variar el pasado y presente de la cuestión, tanto así que, ya existe una propuesta para castigar penalmente a las personas jurídicas -“Ley sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por la Comisión de Delitos”-. De ahí que el futuro del tema, girará en función del resultado de una eventual discusión legislativa, pudiendo generarse dos escenarios: primero, que no se regule, siguiendo vigente la irresponsabilidad penal de las personas jurídicas. Segundo, que se regule, siendo el génesis de un nuevo sujeto activo del delito, sistema de imputación, una
reconfiguración del proceso penal y de las instituciones que integran el sistema de justicia penal. En ese tránsito entre el presente y el futuro, en El Salvador, las ciencias penales pasarán a otro nivel de discusión, comenzando a abordarse las diferentes aristas que integran el ecosistema de la RPPJ, tales como: definición del tipo de responsabilidad a adoptar, pudiendo ser penal, administrativa o civil; el modelo teórico de responsabilidad, sea de heterorresponsabilidad o de autorresponsabilidad. Régimen de penas, aspectos procesales (defensa técnica de la persona jurídica, tema probatorio), al margen de la institucionalidad que amerite crear o reacomodar. Todo ello, más la cabida que se dará a una nueva institución en el derecho penal salvadoreño, como lo es la figura del compliance, de reciente relevancia en el campo del derecho penal. El cual por su primacía y novedad, merece un comentario pormenorizado, excediendo el objeto de este paper; no obstante, ello en aras de ir socializando el tema, en entregas posteriores, se abordarán aspectos concernientes al mismo.
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derecho
Separación de
control poderes entre y
mutuo
instituciones del Estado
La defensa de la institucionalidad democrática pasa por exigir a los funcionarios el cumplimiento de las responsabilidades que la constitución y las leyes les han encomendado en el ejercicio del cargo, en apego al principio de legalidad y respetando los derechos de los ciudadanos
Erika Beatriz Saldaña Rodríguez Abogada constitucionalista
ministros de gobierno o aprobar el Presupuesto General de la Nación que propone el Ejecutivo.
La separación de poderes es una cláusula fundamental en cualquier Estado de Derecho, que en la Constitución salvadoreña se encuentra prevista en el artículo 86. Esta implica que el poder soberano reside en la voluntad de todos los ciudadanos. El cual es dividido entre los diferentes órganos e instituciones con la finalidad de que sea ejercido por distintos funcionarios; para que existan controles recíprocos entre ellas y que se disuelva la posibilidad de cometer arbitrariedades. Los órganos fundamentales son tres: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. El Órgano Legislativo es elegido directamente por la población de manera proporcional; es el encargado de emitir las leyes de la República y de ejecutar las demás facultades previstas en el artículo 131 ordinal 19 de la Constitución, como nombrar funcionarios de las principales instituciones del Estado, interpelar
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El Órgano Ejecutivo también es elegido por el voto popular, bajo el sistema mayoritario, siendo algunas de sus funciones principales emitir políticas públicas que determinen las líneas estratégicas de los proyectos estatales. Establecer la manera en que se distribuirán los recursos con los que cuenta el Estado, reflejado a través de la propuesta de Ley de Presupuesto que se debe presentar a la Asamblea. Observar, vetar, sancionar y promulgar las leyes aprobadas por el Legislativo, entre otras. Y por otra parte, el Órgano Judicial es el que tiene a su cargo la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en las diversas materias. Controlar las decisiones del poder público y la protección de los derechos fundamentales a través de la Sala de lo Constitucional; y ejercer las demás funciones judiciales en cumplimiento de la legalidad a través de las demás Salas, Cámaras, Tribunales y Juzgados del país.
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Una de las cuestiones principales que se advierte de la descripción anterior es que el poder es el facultado para frenar al poder. El Legislativo y Ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones, están obligados a controlarse y colaborarse mutuamente. Mientras que el Judicial debe ser el órgano imparcial encargado de controlar las actuaciones de los demás. Además de los órganos fundamentales antes descritos, existen otras instituciones también creadas por la Constitución a las que se les atribuyen funciones específicas dentro del Estado Constitucional. Estas se encuentran sujetas al esquema de separación de poderes y atribuciones, por lo que la obligación de una no la puede ejercer otra, ni ser delegada. Entre estas instituciones constitucionales están la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, Fiscalía General, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras. La defensa de la institucionalidad democrática pasa por exigir a los funcionarios el cumplimiento de las responsabilidades que la constitución y las leyes les han encomendado en el ejercicio del cargo, en apego al principio de legalidad y respetando los derechos de los ciudadanos. Además, el pleno respeto a la separación de competencias y poderes. Si algo ha avanzado nuestra institucionalidad ha sido con el apoyo e impulso de las voces ciudadanas que critican, proponen y exigen. Y además, la defensa de la institucionalidad también pasa por exigir las acciones correspondientes a las instituciones encargadas y responsables de cumplir con mandatos constitucionales y legales específicos.
Algo muy recurrente en la era de la desinformación es atribuir responsabilidades a instituciones que no las tienen o no poseen facultad de realizar ciertas acciones. Esto genera desgastes innecesarios en diversas instituciones del país. Por ejemplo, no ha faltado quien señale como responsables de aumentos de casos de enfermedades en la pandemia a la Sala de lo Constitucional, cuando su función se ha limitado a determinar la constitucionalidad de la normativa emitida. En protestas se ha señalado a la Asamblea Legislativa de no brindar insumos de bioseguridad a los médicos que han luchado en primera línea en esta pandemia, cuando es la cartera de Salud Pública la encargada de las políticas de salud y de garantizar la seguridad y trato digno del personal sanitario. Y muchos exigen a la Fiscalía General de la República la fiscalización y control de los recursos del Estado, cuando es atribución de la Corte de Cuentas la detección de desviaciones, ocultamientos, ineficiencias o malversaciones de fondos públicos, así como de realizar las auditorias correspondientes para posteriormente deducir las respectivas responsabilidades civiles, administrativas y penales. Cada órgano e institución del Estado tiene facultades y competencias delimitadas por la ley. Tienen parte del control del poder, pero no todo. No pueden usurpar funciones y tampoco delegarlas. Esta es la esencia de la separación de poderes, que el poder soberano sea dividido para que a su vez sea mutuamente controlado con la finalidad de evitar arbitrariedades. Es la manera en que una república democrática se preserva a sí misma.
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derecho
El Acuerdo de entre la
Asociación
Unión Europea y
Centroamérica:
Gran potencial mermado por las crisis
El hecho de dejar a un lado el potencial de desarrollo del AdA y hacer que caiga en una especie de desuso, es una señal que los involucrados están más atentos a otras problemáticas que requieren más atención. Temas como el BREXIT, la crisis económica europea, la crisis migratoria y más recientemente la pandemia de COVID-19 han hecho que la agenda de la UE le reste importancia al acuerdo
José Serpas
Investigador Asociado del Observatorio de Políticas Públicas UFG
La firma del Acuerdo de Asociación (AdA) en junio del 2012, representa uno de los hechos históricos más importantes para el derecho internacional público y para las relaciones internacionales de las últimas décadas. Fue, por decirlo así, un rayito de luz en medio de la crisis económica e inmobiliaria que estaba azotando fuertemente a ambas supranacionales involucradas.
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El AdA presentó, como otros acuerdos firmados entre la UE y Estados individuales alrededor del mundo, tres pilares de actuación: 1. El Pilar de Cooperación, el cual regula y amplía las áreas de cooperación y ayuda entre las supranacionales; 2. El Pilar del Comercio, que se encarga del área de importaciones, exportaciones y aranceles y 3. El Pilar del Diálogo Político, viene siendo una innovación en el que se prevé un diálogo político avanzado, continuo, fluido y permanente entre las partes. En la teoría, el acuerdo parece muy adecuado al mundo globalizado y a las realidades de las regiones tan desiguales. Sin embargo, la práctica es por desgracia, muy diferente, tanto así que hasta la fecha no se ha implementado completamente el acuerdo y no hay fecha prevista para ello. La situación actual del AdA es que solo se está aplicando íntegramente el pilar de comercio, el cual funciona como un TLC entre las regiones, mientras que por su parte el pilar de cooperación está a medio gas y el de diálogo político está aún por estrenar. El hecho de dejar a un lado el potencial de desarrollo del AdA y hacer que caiga en una especie de desuso, es una señal que los involucrados están más atentos a otras problemáticas que requieren más atención. Temas como el BREXIT, la crisis
derecho
económica europea, la crisis migratoria y más recientemente la pandemia de COVID-19 han hecho que la agenda de la UE le reste importancia al acuerdo. Lo mismo ocurre en Centroamérica, región sumergida en una coyuntura de gobernabilidad democrática débil, con índice de corrupción alto y con una sería fuga de capital humano. Dentro de este panorama tan oscuro es fácil que ambas regiones dejen en el olvido el AdA. Es aquí donde debería entrar en escena un actor importante del Acuerdo de Asociación: La Sociedad Civil, figura que es conformada, según el artículo 11 del AdA, por la comunidad académica, los interlocutores sociales y económicos y las organizaciones no gubernamentales. La participación de la sociedad civil es, por ende, explícita en el articulado del instrumento internacional e incluso se crea un órgano, llamado Comité Consultivo Conjunto, encargado de canalizar la información que emane de ella y transmitirla a las supranacionales. Desde el área académica, de la que puedo hablar en primera persona, como parte de la sociedad civil, también hemos ‘abandonado’ el estudio del AdA: basta con una búsqueda rápida en algún portal de artículos académicos para notar que la literatura sobre este tema está en declive. La mayoría de artículos relevantes datan de entre 2010 y 2015. Aunque, si bien es cierto
que este no es un indicador fidedigno de la realidad de aplicación del acuerdo, nos siembra la duda si este ha pasado a un segundo plano en el panorama internacional. Es lamentable el estado de descuido del AdA, pudiendo utilizarse para resolver varios problemas actuales en forma conjunta entre las dos regiones. Como una visión utópica pero plausible les explico: en la problemática centroamericana, primero, la democracia puede consolidarse con la ayuda del diálogo político; segundo, la corrupción se disminuiría con la ayuda observadores europeos para la transparencia; y tercero, la migración podría mitigarse con inversión europea en marco al pilar comercial. Llegados a este punto es necesario aclarar que no sostengo que el acuerdo sea la solución para todos los problemas, pero sí puede ayudar a la construcción de sociedades más justas y eficientes. Como nota concluyente, me limito a hacer un llamado a la sociedad civil, a no solamente opinar en cuanto al AdA se refiere, sino que, valiéndose de los mecanismos institucionales, debe monitorear su implementación, sensibilizar a las personas sobre sus oportunidades, intercambiar información con agencias gubernamentales e incidir en su correcta aplicación. Es decir, queda en manos de la sociedad civil el que las supranacionales regresen su mirada en la agenda internacional.
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derecho
CONSIDERACIONES HACIA un nuevo
marco legal PARA EL SECTOR TURĂSTICO DE EL SALVADOR
Flavia de Araujo Cuenca Socia Cuenca & Asociados
Las actividades turĂsticas en el periodo pospandemia van a demandar mejor calidad y garantĂas a la salud y seguridad de los turistas. El nuevo marco legal del sector turĂstico deberĂĄ clasificar las empresas turĂsticas, sean de alojamiento, alimentaciĂłn, transporte, recreaciĂłn, entre otras, estipulĂĄndose obligaciones especĂficas para cada una de ellas, garantizĂĄndose que sus servicios sean prestados en un ambiente propicio Uno de los sectores que actualmente estĂĄ siendo gravemente afectado con la pandemia del COVID- 19 es el sector turĂstico, por lo que hay que tomar en cuenta los desafĂos y cambios que sean necesarios para la reactivaciĂłn del turismo, sean ellos temporales o permanentes.
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye 17 Objetivos y 169 metas. La misma presenta una visiĂłn ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus dimensiones econĂłmica, social y ambiental. Los objetivos en los que figura el turismo son los objetivos 8, 12 y 14. El objetivo 8 consiste en ÂŒ † Â? ‚ Â? Temas como la reactividad de las actividades turĂsticas de forma ‚ ‹. El segura, requisitos de bioseguridad a las empresas y el objetivo 12 consiste en ÂŒ Â… fortalecimiento del uso de la tecnologĂa como forma de evitar el † ‚ ‹. El objetivo 14 consiste en ÂŒ contacto, son algunos de los temas en la agenda del sector. Â… ‚ ÂŽ Â? ‚ ‹. En este sentido, el marco El Secretario General de las Naciones Unidas el 9 de junio de legal relacionado al sector turĂstico salvadoreĂąo debe adecuarse 2020 ha enviado el siguiente mensaje: “Â? para mejor responder a estos objetivos.
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derecho
Foto/ Twitter: @MITURElSalvador
Para tanto, el país debe de contar con una nueva Ley de Turismo, en sustitución de la ley actual (Decreto Legislativo número 899, del 10 de diciembre del 2005), que tenga un enfoque de sostenibilidad y sea orientada a un turismo más responsable. En este sentido, las actividades turísticas deben de realizarse en resguardo al medio ambiente, patrimonio cultural y natural y que promueva el turismo social en un ambiente y condiciones saludables, seguras, accesibles y en garantía de los derechos laborales. Para la garantía de un turismo sostenible y con miras en alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, es necesario el apoyo compartido entre los diversos sectores e instituciones públicas y privadas, debiendo el nuevo marco legal del sector turístico prever mecanismos de articulación y coordinación nacional y local. En 2019, fue creado el Gabinete Turístico por medio del Decreto Ejecutivo número 14, Tomo número 424, publicado en el D.O. de fecha 26 de julio de 2019, teniendo el mismo como objetivo, fomentar y promover la industria y los servicios turísticos del país. Sin embargo, se reconoce la importancia del surgimiento de una instancia de articulación interinstitucional y de gestión estratégica para la toma de decisiones para el sector turístico de manera permanente y de largo plazo. Por lo que se recomienda la creación de un Consejo Nacional de Turismo, como un mecanismo y
plataforma de diálogo y concertación entre los Ministerios, gobiernos locales y sociedad civil. Las actividades turísticas en el periodo pospandemia van a demandar mejor calidad y garantías a la salud y seguridad de los turistas. El nuevo marco legal del sector turístico deberá clasificar las empresas turísticas, sean de alojamiento, alimentación, transporte, recreación, entre otras, estipulándose obligaciones específicas para cada una de ellas, garantizándose que sus servicios sean prestados en un ambiente propicio. Asimismo, se vuelve obligatorio la inscripción de las mismas en el Registro Nacional de Turismo (RNT). En este sentido, el Sistema del RNT deberá garantizar una plataforma que sea virtual, accesible y eficiente. Del mismo modo, nuevos instrumentos económicos y mecanismos financieros deben de ser implementados para la valorización de los activos ambientales y mejora de la infraestructura turística y desarrollo socioeconómico del país, bien como a manera de propiciar un mejor apoyo a las micro y pequeñas empresas, proporcionando a las mismas mejores incentivos y acceso crediticio. La creación por medio de una ley especial de un Fondo Nacional para el Desarrollo Turístico podría corresponder a una alternativa viable. Es tiempo de avanzar en el marco legal del sector turístico mediante un enfoque de sostenibilidad.
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actualidad
Se complica
nuevo plan de
rescate
en EUA
Los demĂłcratas dicen que ven difĂcil pactar otro rescate antes de elecciones. redacciĂłn dyn La falta de acuerdo para aprobar un nuevo plan de rescate econĂłmico en los Estados Unidos ha marcado el ĂĄnimo de los mercados en las Ăşltimas semanas. Las primeras sesiones de octubre en Wall Street estuvieron marcadas por noticias como que el presidente estadounidense Donald Trump dio positivo a COVID-19, pero la atenciĂłn de los mercados estĂĄ mayormente puesta en si demĂłcratas y republicanos dan luz verde a mĂĄs fondos de alivio.
"El aprobado recientemente incluye subsidios al desempleo, otro cheque de estĂmulo para las familias, y apoyo a sectores como la aviaciĂłn, que ha iniciado despidos masivos, ya que es uno de los sectores mĂĄs golpeados por la pandemia y por las medidas de contenciĂłn que se tomaron para tratar de evitar que se esparcieran mĂĄs los casos de COVID-19", puntualizĂł Addario. En contraparte a la propuesta de US$2.2 billones de los demĂłcratas, la republicana Casa Blanca ha planteado un rescate por US$1.6 billones, que no incluye, por ejemplo, apoyos dirigidos a estados mĂĄs afectados por la pandemia.
La presidenta de la CĂĄmara de Representantes, Nancy Pelosi, llegĂł a decir a las aerolĂneas que dejaran de despedir a sus empleados, pues es inminente que se les brindara ayuda, e incluso hablĂł de que un paquete de rescate mĂĄs amplio para la economĂa tambiĂŠn podrĂa estar en camino.
Mientras tanto, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos confirmĂł algo que analistas ya temĂan: el ritmo de creaciĂłn de nuevos empleos se ha ralentizado. En septiembre pasado, la economĂa estadounidense creĂł 661,000 nuevos puestos de trabajo, cifra inferior a la que los mercados pronosticaban.
CĂŠsar Addario, VP regional de EXOR LATAM CA, explicĂł que las negociaciones entre la Casa Blanca y los demĂłcratas estĂĄn estancadas y que esto se complica aĂşn mĂĄs con la cercanĂa de las elecciones. "La CĂĄmara de Representantes aprobĂł el jueves un paquete de estĂmulos por US$2.2 billones, a propuesta de los demĂłcratas, pero sin el apoyo de los republicanos, que son mayorĂa en el Senado", recordĂł.
"� ‚ ‘ � � ’ † � � ‚ ‡ † �  �  ", recordó Addario.
El paquete restituye los beneficios que se aprobaron en marzo con rescate anterior, pero que ya expiraron, y es una versiĂłn del proyecto que los demĂłcratas aprobaron en mayo en la CĂĄmara Baja, por US$3.4 billones, y que finalmente no se aprobĂł por falta de respaldo de la Casa Blanca y del Senado.
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El Departamento de Trabajo reportĂł que en mayo se recuperaron 2.7 millones de empleos, y otros 4.8 millones en junio. Sin embargo, durante los Ăşltimos tres meses el ritmo ha sido mĂĄs lento, con 1.8 millones en julio, 1.5 millones en agosto, y apenas 661,000 en septiembre, el dato mĂĄs reciente con el que se cuenta.
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actualidad
recibe reconocimiento
por parte
internacional
The legal500
ECIJA El Salvador fue reconocida en varias áreas por el directorio mundial The Legal 500. Hablamos con los socios de esta firma Alfredo Navas (AN), Carlos Gil (CG) y Carlos Quintanilla (CQ) para que nos cuenten al respecto. The Legal 500 en su edición 2021 para Latinoamérica, destacó el trabajo de ECIJA El Salvador en tres áreas: Banking & Finance, Corporate & M&A e Intellectual Property. ¿Cómo perciben estos reconocimientos? AN: Recibimos estas menciones con toda la humildad que debemos, pero con la convicción de que el trabajo y el esfuerzo realizado a lo largo del tiempo están rindiendo frutos. Hemos tenido un objetivo claro, brindar servicios legales especializados que cumplan con los más altos estándares de calidad internacionales, y formar parte del Ranking The Legal 500 es prueba de que estamos en el camino correcto. ECIJA está creciendo en áreas de especialidad y esto aumenta nuestra pasión, orgullo y ganas de seguir escalando en un mundo tan competido. The legal 500 destaca en ECIJA “su pasión por su trabajo, el compromiso de los socios y su conocimiento del sector”. Son grandes cualidades, ¿por qué consideran que estos puntos son importantes de destacar en una firma regional?
Carlos Quintanilla
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CQ: Es que ser parte de ECIJA es practicar día a día estos valores. En nuestro despacho no nos gustan los atajos y siempre preferiremos el estudio y el esfuerzo para poder entregar un servicio que vale la pena a nuestros clientes, esto va íntimamente ligado al compromiso con la mejora continua que tenemos internamente.
ECIJA tiene tres años de estar en El Salvador y sigue expandiéndose, ¿cuáles son las proyecciones para el próximo año? CG: Nos hace mucha ilusión que en un año extremadamente difícil en donde nuestro país y el Carlos Gil mundo ha enfrentado una crisis sanitaria y económica, nuestra firma haya podido crecer por tercer año consecutivo. Este crecimiento se debe en parte a que nuestra estrategia va por el camino de poder generar interés en áreas del derecho no tradicionales, como el Derecho de las Nuevas Tecnologías, prueba de ello fue el lanzamiento de la línea de negocios ECIJA TECH. ¿Cómo está creciendo ECIJA en Latinoamérica en los últimos años? AN: El proceso de expansión de ECIJA en LATAM inició en 2018. El proceso ha sido más que exitoso, además de cubrir todo Centroamérica, tenemos operaciones en Chile, Ecuador, Panamá, México, Puerto Rico, República Dominicana y recientemente en Brasil. Esperamos a inicio de 2021 lanzar Argentina y Colombia. Ha sido un esfuerzo liderado por nuestro LATAM Manager, Mauricio París, desde Costa Rica. Nuestra apuesta ha sido muy clara: convertirnos en el despacho con mayor presencia por medio de oficinas propias en Latinoamérica, enfocados en servicios de muy alto valor agregado, manteniendo el mismo estándar de calidad en todas las plazas en las cuales estamos presentes. Esto nos ha permitido crecer, no solo en la cantidad de abogados dentro del equipo, sino también acompañar a nuestros clientes a todo lugar en el cual tenemos presencia.
Alfredo Navas
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NOVIEMBRE
oliva&Oliva La visiรณn de la firma es la protecciรณn ciudadana frente a la administraciรณn. Creo que ese es un punto importante, porque para eso nace el derecho administrativo, para proteger a los ciudadanos de las arbitrariedades que puede ejercer el poder ejecutivo
entrevista principal
La firma Oliva & Oliva tiene más de 50 años en el derecho administrativo, practicante desde que esta área de Derecho era desconocida hasta que hoy en día, que es de las áreas más importantes en la práctica abogadil en El Salvador. Entrevista principal a Roberto Oliva (RO), padre y Roberto Oliva de la Cotera (ROC) hijo, abogados referentes en el derecho administrativo. Por Claudia Espinoza
¿Cuál es la visión detrás de la firma Oliva & Oliva? ROC: La visión de la firma es la protección ciudadana frente a la administración. Creo que ese es un punto importante, porque para eso nace el derecho administrativo, para proteger a los ciudadanos de las arbitrariedades que puede ejercer el poder ejecutivo. RO: Por otro lado, nosotros tenemos una mística del derecho, queremos conocerla, queremos ser de los abogados que ganan los juicios, porque saben, porque tienen el conocimiento y la experiencia, y no por las conexiones que se puedan tener. Oliva & Oliva es una firma con una larga trayectoria de especialidad en el derecho administrativo. Háblenos un poco de la historia de la firma. RO: La firma ha tenido diferentes socios en el trascurso del tiempo. Podemos decir que su inicio fue en el año de 1969, tenemos 51 años. Mi experiencia en Derecho Administrativo empieza antes de mi graduación, donde comencé en la docencia con el Dr. Guillermo Manuel Ungo, que en paz descanse, quien me introdujo en esa área, permitiéndome dar clases, empezando mi lucha por el derecho administrativo y público en general. A partir del año 1992 con los Acuerdos de Paz, comenzó una nueva etapa del derecho administrativo en El Salvador. Se obtuvo en esa época éxito en muchas demandas. Siempre defendiendo a los administrados, que prácticamente como dijimos son el fin primario del derecho administrativo. Desde 1992 la firma comenzó realmente a nutrirse del derecho administrativo y en el año 2000 prácticamente abandonamos toda actividad profesional, sobre todo en notarial enfocándonos prácticamente en el litigio. ROC: Una de nuestras fortalezas es la experiencia acumulada, los conocimientos que durante muchos años mi padre ha logrado obtener, he tratado de seguir sus pasos, no solamente en lo
profesional, sino también en lo académico. He incursionado igualmente en la docencia, primero en la licenciatura y después en las maestrías, también he conseguido mi doctorado. Creo que es necesario apuntar que si bien habían abogados antes que se dedicaban al derecho administrativo, es este hombre el que lo ha puesto de moda (refiriéndose a su padre). Creería que es la primera verdadera firma especializada en derecho administrativo. RO: A nosotros no nos gusta el poder y nunca nos le hemos acercado. Han pasado muchas administraciones y nosotros, a pesar de que hemos tenido oportunidades y algún tipo de llamamientos, siempre nos hemos mantenido alejados. Hemos cuidado mucho la reputación, la limpieza del nombre ha sido para nosotros lo primero. Oliva & Oliva es una firma familiar, ¿Cómo es el litigar junto a la familia? ROC: Para mí ha resultado completamente natural porque es prácticamente lo único que conozco. Me he sentido muy cómodo. Mi relación con mi papá no puede ser mejor. Es la persona que yo más admiro en todo el planeta. Y alcanzar la mitad de lo que él ha hecho y cómo se he manejado ética, profesional y académicamente, es lo que yo más deseo en la vida. RO: Creo que nos sentimos orgullosos de los éxitos profesionales y de otra índole que hemos tenido en nuestra vida profesional. Ciertamente, puede ser que Roberto tenga una mejor formación jurídica que yo de carácter formal, porque en la época que me inicié no había ni siquiera libros de derecho administrativo en el país. Cuando me preguntan ¿Cuál es la parte más valiosa de esta oficina? No es el mobiliario, son los libros. Y creo que en eso si me he inclinado mucho, no es necesario simplemente ganar un juicio con un artificio, sino encontrar el argumento legal para rebatir a la parte contraria. ROC: Creo que también es importante decir que tenemos la biblioteca más grande de derecho administrativo en El Salvador. Dr. Roberto Oliva usted se desempeñó como magistrado de la Sala lo Contencioso Administrativo, háblenos un poco de sus experiencias dentro del máximo tribunal en materia administrativa en el país. RO: En esa época prácticamente no existía el derecho administrativo, la ley era mala, llegaban muy pero muy pocos casos, actualmente se ha modificado y creo yo, que hay grandes avances, pero aún ahora, la ley tiene su deficiencia. En su momento, los únicos que prácticamente llegaban eran casos tributarios, pero sí, el Sistema Contencioso Administrativo no era un instrumento que garantizaba la libertad.
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Según sus conocimientos, ¿cuál es la situación actual de la administración pública? RO: Ha cambiado mucho. En general, las administraciones públicas tienen el mismo corte en casi todas partes con respecto a la ilegalidad y arbitrariedad, pero con mecanismos de control, el Estado de Derecho se puede imponer. ¿Para qué sirve la jurisdicción contencioso administrativo? ¿Para qué sirven todas estas leyes? Sirven para tratar de contener al poder, al cual no se le puede eliminar, no se puede evitar que existan arbitrariedades. Lo único que se puede lograr es contenerlo. Que existan los mecanismos para reencauzar la conducta de los funcionarios a la legalidad. La única diferencia de nuestro país con los países desarrollados realmente no son las personas, sino los mecanismos de control. La verdadera piedra angular del derecho administrativo es el control, la posibilidad de que los ciudadanos reaccionen ante las arbitrariedades de la administración. ¿Cuáles consideran son las áreas propias del derecho administrativo que tendrán mayor relevancia en el futuro? ROC: La responsabilidad patrimonial. Mi padre está convencido que la responsabilidad patrimonial, no solamente en el derecho administrativo, sino en el derecho civil, es el futuro del derecho en general. Y es que, creería que, en el derecho administrativo, no solamente debe existir la posibilidad de anular la conducta de la administración, sino que respondan por sus actos y los reparen. Un derecho no solamente anulatorio, sino también reparador, ese es el futuro del derecho administrativo en El Salvador. ¿Cuál ha sido mayor impacto para la administración pública a raíz de la vigencia de la LPA? ROC: Creo que la administración pública se ha manejado mejor. Vemos algunos indicios y signos importantes de mejoría, los funcionarios se fijan más en el procedimiento, en lo que pueden resolver. RO: Lo importante es que hay una codificación de toda la actividad de la administración, donde ya la administración sabe cómo debe de actuar. En segundo lugar, está sometido a un estándar universal. Todas las administraciones ya tienen una pauta universal equitativa. Antes teníamos un sistema disperso, donde cada una se sometía a un régimen jurídico distinto.
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¿Cree que las instituciones públicas ya se han acoplado a las nuevas regulaciones de la LPA? ROC: No, todavía están en proceso. Algunas incluso hasta la desconocen, sobre todo porque coincidió con el cambio de administración. RO: Los que se iban no las estudiaron y los que han llegado están estudiándola, no es una ley fácil. Además, hay cierto tipo de resistencia. ¿Cuáles son los más importantes aportes jurisprudenciales existentes para complementar la LPA? ROC: No podemos decir que tenemos una jurisprudencia en relación a la LPA, lo que pasa es que la acumulación de procesos contenciosos administrativos es tan grande en El Salvador que la rueda de la justicia se mueve muy lentamente.
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ROC: Si antes había 700 casos al año, hoy se triplica. Aunque hay más tribunales, resulta insuficiente. Hay mejoría talvez en cuanto a la calidad, pero no en la rapidez. ¿Considera que esta normativa tiene espacio para mejoría? ¿Cuáles son sus recomendaciones? ROC: La LPA está compuesta por siete títulos, creo que hay espacio para precisar más cada uno de ellos. Hay cuestiones en las que solo se hace una regulación general. Por ejemplo, lo relativo a la potestad normativa del Estado, saber cuáles son las consecuencias del incumplimiento de algunas disposiciones en materia de sanciones administrativas, etc. Creo que algunos puntos pudieron haberse explicado de mejor forma. Hay que decir que la ley que se aprobó, es tributaria de la ley del régimen jurídico, de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común española, que ya fue derogada y hoy ha entrado una nueva con cierto tipo de innovaciones que viene a tratar de enmendar los vacíos y vicios que tenía la anterior. Es decir, en cierta medida venimos a aprobar una ley que estaba de salida.
Ya con dos años de su vigencia, ¿consideran que existen vacíos de regulación dentro de la LPA? Afortunadamente, muy pocos. Tal vez el uso de la tecnología, la protección de datos y también infraestructura pública, que en muchas ocasiones evita su plena vigencia, porque no existen los medios para hacerla efectiva. ¿Considera que hace falta una mejor implementación de la LPA? Creo que debería de haber más capacitación, más difusión. Los funcionarios deberían de estar un poco más abiertos al conocimiento de la ley y a saber que hay cierto tipo de requisitos que no solamente son de legalidad, sino de buenas relaciones públicas con los ciudadanos.
Ya pasó un año de entrar en vigencia la LPA, ¿Cuál considera que fue la innovación más importante que trajo la LPA a El Salvador? ROC: La universalidad y la generalidad. Es decir, que todas las administraciones sin importar cuál sea, están sometidos a un estándar mínimo que provoca certidumbre en los ciudadanos. Hoy el ciudadano, en lugar de acudir a diferentes cuerpos normativos, tiene que acudir a uno. Considero que en la implementación de la normativa administrativa y judicial debe existir un mayor control de la administración. ¿Consideran que con la implementación de nueva normativa administrativa y judicial existe un mayor control de la administración pública? ROC: Sí. La LPA es una especie de camisa de fuerza. Como decíamos, busca que ese monstruo se contenga, que la administración no se salga de cierto tipo de parámetros. Todo esto estaba antes contenido únicamente en la doctrina y en la jurisprudencia y hoy, plenamente regularizado y codificado. Entonces ya no hay pie a que exista ningún tipo de interpretación por parte de la administración. Todo está plenamente definido. La LPA ha establecido mecanismos de transparencia de las actuaciones de la Administración, garantiza el respeto a los principios de legalidad, buena administración, proporcionalidad, eficacia, coherencia, celeridad, economía, antiformalismo, verdad material y buena fe.
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La revista Derecho y Negocios realizĂł su lanzamiento el 01 de septiembre de 2009. Sus socios Manuel Carranza, HĂŠctor Torres y Ă ngel GĂłchez decidieron que era necesario crear un medio para que los abogados escribieran y dieran a conocer sus conocimientos. El dĂa de la inauguraciĂłn Manuel Carranza, presidente de la revista enfatizĂł ÂŒ ‡ ‚ ‹ El evento contĂł con mĂĄs de 250 asistentes entre ellos abogados, empresarios, funcionarios y diplomĂĄticos.
DE LA REVISTA
HÉCTOR TORRES
DIRECTOR EDITORIAL
EDITORIAL Bienvenidos a esta exclusiva fuente de información legal, y sobre todo profesional del país, creada bajo una idea innovadora y arriesgada que encuentra su justificación en la necesidad de dar a conocer al público en general, las mejores alternativas para resolver satisfactoriamente las diversas circunstancias legales a las que se enfrenta cada día; sin dejar de lado la reflexión en las diversas áreas del Derecho.
Y NEGOCIOS Somos una revista de carácter jurídico y empresarial, cuyo propósito es promover un directorio legal, único en su género, donde empresas, profesionales, estudiantes, multinacionales y la comunidad en general puedan consultar la única guía de abogados y despachos confiables, de prestigio y de notable reputación. Además de ello, podrán informarse de temas jurídicos de actualidad e interés general, bajo el criterio de los abogados más distinguidos de El Salvador.
Ser la mejor revista jurídica - empresarial, especializada en promover al gremio de profesionales en el derecho, a través de una guía legal de consulta, que además contenga información de interés general en el ámbito jurídico, tratando temas de actualidad y trascendencia nacional, regional e internacional, esto con seriedad, responsabilidad, distinción y audacia, los cuales son los elementos que nos caracterizan.
Consolidarnos como la mejor revista en promover al gremio de profesionales en el derecho, llegando a ser la guía legal por excelencia que facilite la realización de negocios a través de los abogados y despachos más reconocidos de la región; y que a la vez brinde información legal útil a nuestros lectores.
Derecho y Negocios es una revista que abordará temáticas del ámbito jurídico y empresarial del país, temas relacionados con las leyes que rigen el país y con la realidad actual, que de una u otra forma, involucran a toda una sociedad. Creemos firmemente que para crear una nueva percepción, que rompa los paradigmas que encierra el mundo del derecho, tenemos que ofrecer opciones a aquellos destinatarios de los servicios que brindan los abogados; es por ello, que dentro de este espacio incluiremos en cada una de nuestras ediciones, una guía legal en la que encontrará, de primera mano, profesionales dispuestos a cubrir las necesidades de quienes así lo necesiten. Pero también nos enfocamos en los abogados, y estamos interesados en brindarles herramientas que faciliten y optimicen su práctica profesional, generando así un valor añadido al de nuestros artículos, con espacios destinados al marketing legal y a la formación profesional entre otros. En nuestra primera edición, queremos presentar una de las personas que goza de gran trayectoria dentro del ejercicio del derecho y que tiene una fuerte presencia en el día a día de nuestro país, nos referimos al Doctor Armando Arias, quien en esta edición comparte con nosotros su larga trayectoria profesional. Este es solo el inicio de lo que será de ahora en adelante Derecho y Negocios, un espacio creado para la comunidad jurídica del país, para el público en general y para aquellos estudiantes que desean una fuente adicional de información.
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En el 2010, la revista realizó el primer Certamen de Investigación Jurídica Derecho y Negocios.
DE INVESTIGACIÓN J U R Í D I C A
El premio a entregar eran plazas laborales en las firmas patrocinadoras del evento: LatinAlliance, Arias & Muñoz, Consortium Legal y MRM.
ENTREGA DE
Derecho y Negocios junto a la Universidad Francisco Gavidia realizaron un concurso sobre desarrolladores de aplicaciones y salió ganadora Katerine Leiva, a quien se le entregó una beca completa para estudiar en la UFG. También la revista realizó un convenio con la Fundación Enérsica Educa donde entregaron una beca al estudiante Francisco Melara para estudiar en la Universidad Tecnológica.
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PROGRAMA DE TV El primer programa fue con el tema “La reforma electoral en El Salvador”, que se estrenó el 30 de enero de 2012.
DE RADIO
Durante el 2016 la revista realizó programas de radio donde el director editorial de la revista invitaba a expertos en determinados temas para hablar sobre las temáticas relacionadas a la realidad nacional. La cita era todos los miércoles a las 8:40 a.m., por Radio Club 92.5.
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FUNDADORES
Hablamos con Manuel Carranza, HĂŠctor Torres y Ă ngel GĂłchez del inicio de la revista Derecho y Negocios. Manuel Carranza destaca los objetivos principales con los que naciĂł la revista: ÂŒ ‚ ‡ ‚ Â? † ‚  ‹. Objetivos que hasta el dĂa de hoy los cumple con grandes creces la revista.
IMAGEN EN EL TIEMPO
La revista renovĂł su imagen y el logo dio un ligero cambio de diseĂąo. Con el tiempo, la revista se ha ido renovando con portadas mĂĄs limpias y simplificando el uso de colores en el logo. Con nuestra revista nĂşmero 30 estrenamos nuestra nueva imagen, en la cual observarĂĄn contenidos mĂĄs visuales y mĂĄs fĂĄciles de leer; implementaremos nuevas secciones tendientes a la promociĂłn de diversas actividades comerciales asĂ como una fuerte apuesta por la incorporaciĂłn de temas empresariales HĂŠctor Torres, director editorial Derecho y negocios / 26
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EN
NÚMEROS + DE
ARTÍCULOS
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ALCANCES EN PÁGINA WEB + DE
ALCANCES GLOBALES
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PORTADAS Desde que se hizo el lanzamiento de la primera edición de la revista Derecho y Negocios en septiembre de 2009, la revista ha publicado de manera constante ediciones con temas legales, empresariales y de actualidad sin perder la continuidad y eficiencia y la publicación de contenidos. Hasta la fecha hemos publicado 104 ediciones en nuestros 11 años de existencia. Un orgullo para nosotros ya que eso nos posiciona como la única revista del área legal con contenido exclusivo, continuo y de calidad para nuestro público.
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opinion estudiantil
EDICIÓN #96
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m a r í a j o s a d e pa r a d a
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ceo termoencogibles
Presidenta - consejo nacional de la judicatura ISS N: 2075-6631
ISS N: 2075-6631
rodrigo tona
EDICIÓN #98
mario enrique sáenz
ROBERTO MORÁN
socio fundador - sáenz & asociados
D E C A N O - F A C U LTA D C I E N C I A S J U R Í D I C A S U F G ISS N: 2075-6631
ISS N: 2075-6631
EDICIÓN #97
directorio legal
Publíquese en el único
directorio legal del país
1. Standard
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