EDICIÓN #91
raúl melara ISS N: 2075-6631
fiscal general de la república
contenido
PRESIDENTE Manuel Carranza manuelcarranza@derechoynegocios.net
vicepresidente Lisandro Campos lisandrocampos@derechoynegocios.net
La teoría de la relatividad del derecho 6 Hacia una nueva ley de arbitraje 8 EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: 10 ¿VERDADERO CONTROL PLENO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA? La nueva Ley de Reconciliación 12 Nacional: una tarea aún pendiente derecho de conusmo: nuevas reformas 14 nuevos porcedimientos legislación contra el nepotismo y el clientelismo en la 16 la administración pública, una necesidad imperante
EDITORA Claudia Espinoza prensa@derechoynegocios.net
GERENTE COMERCIAL Maybeth Gómez gerencia@derechoynegocios.net
DISEÑO GRÁFICO Roxana Bonilla arte@derechoynegocios.net
entrevista con 20 raúl melara
los kpi en los recursos humanos 24 liderando en femenino 26 la contratación directa para las compras públicas 28 aprendamos a diversificar nuestras inversiones 30 descuido de la inversión extranjera directa 32
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RESILIENCIA Y AGILIDAD, CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO CEO: KPMG 18
FÚTBOL EN EL SALVADOR: Entrevista con Oriol de Gispert - 34 director Penya El Salvador LA UNIFORMIDAD DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 36
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Edición #91 ISSSN: 2075 - 6631 Calle El Mirador, Pje Domingo Santos #600-31 Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador Prohibida la reproducción total o parcial de esta revista sin previa autorización.
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Taller sobre
CIBERESPIONAJE ponente
Juan Carlos Girรณn experto en ciberseguridad
fecha:
24 de julio Hora:
8:00 a.m. - 12:00 m.d. Lugar:
Hotel Sheraton Presidente inversiรณn:
$75.00 C o n ta c t o : gerencia@derechoynegocios.net
2264 - 5186
Carta del
Presidente Estimados lectores, les presento una nueva edición de la revista. La número 91, cada vez más cerca de celebrar nuestra emblemática edición 100. Gracias por acompañarnos en todas estas publicaciones. Me alegra anunciarles que el 14 de noviembre celebraremos nuestro décimo aniversario, como siempre, invitaremos a las firmas más importantes del país, empresarios, políticos y diplomáticos para que sean testigos del único evento que celebra al sector legal de El Salvador. También les informo que pronto, el 24 de julio llevaremos a cabo un taller sobre ciberespionaje porque nos preocupa la cantidad de ciberdelitos que están ocurriendo en el país y a nivel mundial. Como revista estamos enfocados en que nuestros lectores y público en general aprendan a proteger sus datos personales y empresariales. Como cada mes, les traemos una nueva edición llena de contenido interesante para ustedes. Entre los artículos están “La teoría de la relatividad del derecho”, “Hacia una nueva ley de arbitraje”, “El proceso contencioso administrativo: ¿verdadero control pleno de la actividad administrativa?; “La nueva Ley de Reconciliación Nacional: una tarea pendiente”, entre otros. En la entrevista principal tenemos a Raúl Melara, Fiscal General de la República quien nos habla sobre los nuevos ejes de su trabajo al frente de la FGR y cómo funcionará la nueva Unidad de Personas Desaparecidas, entre otros.
Manuel Carranza Presidente
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Derecho
LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DEL DERECHO Trasladando esto a una ciencia social como la Ciencia Jurídica, para crear un ordenamiento jurídico, debemos centrarnos en una jurisdicción determinada. Es decir un territorio, el cual en la medida que podemos restringirlo a un espacio más reducido es mejor, porque así, la perspectiva de los habitantes podría ser más homogénea. Así explican Naciones con grandes extensiones territoriales la necesidad de dividir su territorio para una mejor gobernabilidad.
por: Jonathan Navarro asociado - Portal & asociados
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crear leyes genéricas y duraderas basadas en marcos legales de otros países, nos hace caer en el error de vivir en un absolutismo legislativo, que vuelve difícil la tarea de regular el vertiginoso ritmo que imprime la sociedad a la vida
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Hace poco más de un año, Gary Ríos García, alumno de la Maestría en Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, escribió en la edición número 43 de enero y febrero de 2018 de la revista Hechos y Derechos, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El artículo denominado “La teoría de la relatividad y la hermenéutica analógica aplicada al concepto de justicia” , en el cual explica, desde un método de integración científico, la diversidad del concepto justicia, desde la óptica de la conocida “teoría de la relatividad especial y general” de Albert Einstein. Pero en mi opinión el derecho en general puede ser explicado con los principios base de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y más que eso, servirnos para entender, interpretar y crear normas jurídicas propias para nuestro país. La teoría de la relatividad, en mi insipiente forma de interpretar una teoría física, supone que los objetos son o se observan, dependiendo del lugar y del momento en el que los veamos. Dicho de otro modo, existen dos elementos esenciales para calificar un objeto: el espacio y el tiempo. Y dependiendo del lugar y el momento en el que los veamos, es una u otra cosa.
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Pero además de eso, debemos ubicarnos en el momento social que se pretende normar, y es que un fenómeno tan dinámico como la sociedad, es casi imposible de ajustarlo al letargo que representan los códigos legislativos, las leyes y demás normas escritas que pareciera que fueron creadas para perdurar toda la vida. Y es que la conducta social es tan dinámica, que en mi opinión, es imposible regularla con leyes, que solo su creación es abrumadoramente lenta. Es por ello, que otros países adoptan sistemas legislativos en base a la costumbre o jurisprudencia, pues tras el análisis individual de las normas y de los hechos, un Juzgador o garante de la legalidad, puede ser más preciso al momento de pronunciarse sobre un hecho puesto a su conocimiento.
derecho
Ríos García, en su citado artículo decía “que la existencia de un tiempo propio de cada evento conlleva a un nuevo concepto de simultaneidad, mismo que niega la realidad de un mismo tiempo absoluto.” Esta afirmación puesta en escena en la realidad nacional, sería como decir: en El Salvador se ventilan como mínimo 11 procesos judiciales por la comisión de homicidio, y no todos los homicidios fueron ocasionados producto de las pandillas. Es decir, existen más de un hecho similar que ocurrió de forma simultánea, y que no ocurrieron de la misma forma ni por los mismos móviles. No obstante, aunque ocurran hechos de forma simultánea, la realidad para cada uno no es absoluta, y eso nos lleva a preguntarnos: ¿es un error tipificar de manera general el delito de homicidio?, ¿basta con que la realidad nacional sea con un índice de homicidios de 11 diarios para que todos los homicidas sean condenados a 30 años de prisión?
Lo cierto es, que crear leyes genéricas y duraderas basadas en marcos legales de otros países, nos hace caer en el error de vivir en un absolutismo legislativo, que vuelve difícil la tarea de regular el vertiginoso ritmo que imprime la sociedad a la vida. Nuestro espacio es único, y nuestro tiempo relativo. Vale más, crear conceptos claros y brindar a los juzgadores la capacidad de resolver de forma simultánea varias realidades que se presentan a su conocimiento. Y ojo: que el relativismo del derecho no nos haga caer en un absolutismo, porque cada rama del derecho estará sujeta a una realidad diferente, ni lo penal, ni lo civil obedecen a una misma realidad como tampoco lo mercantil o lo medio ambiental, por lo que cada rama del derecho deberá ser formada, legislada y juzgada según su tiempo y espacio. Así pues, la teoría de la relatividad del derecho, podría llevarnos a adoptar normas que regulen nuestra conducta de forma más precisa. Y es que encausar el marco jurisdiccional a nuestra realidad social y a nuestro territorio no es tarea fácil. Primero será necesario crear principios rectores que encausen la versión subjetiva que tiene la relatividad, para luego romper con el absolutismo legislativo y crear así una legislación real, y principalmente: nuestra.
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Derecho
HACIA UNA NUEVA LEY DE ARBITRAJE por: David Alejandro García Secretario del Club Español del Arbitraje Capítulo El Salvador
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Queda un arduo camino, pero esperamos que pronto sea una ley vigente. Esta normativa es necesaria para posicionar a El Salvador en el concierto internacional y fomentar de alguna manera la inversión extranjera
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Es indudable que la actual Ley de Medicación Conciliación y Arbitraje (LMCA) constituyó en su momento, una novedad en el año 2002, pues se dejaba atrás el obsoleto e incipiente sistema de arbitraje disperso en diferentes leyes sectoriales. Sin embargo, la inclusión del recurso de apelación del laudo arbitral por medio de las reformas legislativas del año 2009, desnaturalizaron por completo que los particulares pudiéramos finalizar nuestros asuntos civiles o comerciales bajo arbitraje, pues se deja en las manos de la justicia ordinaria la solución final del conflicto. Ningún país del mundo, salvo nosotros, tiene dicha figura. Esto provocó un duro retroceso en el uso de este método alterno de solución de controversias, que ya de por sí, venía experimentando ciertos problemas prácticos. Es por ese motivo, que en el año 2013, el Club Español de Arbitraje (CEA) y diversos sectores de la sociedad civil, iniciaron la construcción de una nueva ley que incorporara los más altos estándares internacionales en la materia, por lo que consientes de este enorme esfuerzo, en el presente año se retoma nuevamente la idea de impulsar dicho anteproyecto. A este anteproyecto se le ha dado iniciativa de ley por parte de un grupo parlamentario el pasado 20 de mayo, encontrándose en discusión en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Pero, ¿por qué es necesaria la aprobación de una nueva ley de arbitraje?
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En primer lugar, se trata de un indicador para cualquier inversionista al momento de hacer negocios en El Salvador, ya que implica reglas claras producto de la unificación del derecho mercantil internacional, pues son procedimientos reconocidos en otras latitudes lo que se traduce en certeza y seguridad jurídica, para que el conflicto se produzca en un terreno neutral. En segundo lugar, con una eventual aprobación, se pretende dejar fuera aquellos aspectos nocivos para el correcto funcionamiento del sistema arbitral, como la afectación del convenio arbitral por expiración del plazo para laudar o en su caso, motivos de nulidad que hoy por hoy, no son reconocidos en otros países con mejor vocación al arbitraje.
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En cuanto al Convenio Arbitral, se satisface mediante forma escrita, incluida en un contrato, como acuerdo independiente o en cualquier forma o soporte, hasta por medios electrónicos. Asimismo, se reconocen las doctrinas de tutela por fraude o mala fe, bajo la figura de los terceros no signatarios del convenio arbitral. Se introduce el apoyo y cooperación de los jueces en el ámbito de medidas cautelares antes o durante los procesos arbitrales. Respecto al Tribunal Arbitral, las novedades atañen al fomento y participación de árbitros extranjeros, la introducción de un procedimiento más completo para la designación y recusación de los árbitros, así como figuras utilizadas en la práctica internacional como la del árbitro sustituto, y que la renuncia de un árbitro no implica de ningún modo la aceptación de los motivos de recusación alegados. El Capítulo IV: Órdenes Preliminares y Medidas Cautelares, incorpora una de las figuras que más falta hacía en nuestro sistema arbitral, adoptándose íntegramente las disposiciones de la Ley Modelo UNCITRAL 2006. En cuanto a la sustanciación de las actuaciones, representa un avance que el inicio del arbitraje sea con la solicitud de arbitraje. Se permite inmediación de pruebas expresamente por videoconferencia y que las alegaciones iniciales puedan ser por medios electrónicos. En lo que respecta al laudo arbitral, su principal novedad radica que, en caso de no pactarse por las partes el tipo de arbitraje, se entenderá elegido en derecho y no en equidad como en la actual LMCA. En caso de laudarse fuera del plazo se deja a salvo el convenio arbitral, sin perjuicio de la responsabilidad de los árbitros. Se permite la emisión del laudo electrónico y la emisión de laudos parciales, los cuales no gozan de reconocimiento en la ley actual. Se incluye un capítulo sobre costos y gastos donde se determina el procedimiento de imposición y los rubros que abarcan dichos conceptos. Finalmente, en el Capítulo VIII se regula el recurso de nulidad, adoptándose únicamente las causales establecidas en la Ley Modelo, desconociéndose el recurso de apelación.
El proyecto que aquí se comenta, está comprendido en XI Capítulos, siendo novedoso los siguientes aspectos: en las Disposiciones Generales, se unifica el régimen para el arbitraje nacional e internacional. En caso de vacíos, se aplican los principios generales, usos y costumbres en materia arbitral, dejando fuera la aplicación del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), y se introduce el reconocimiento expreso del arbitraje societario. Se unifica el régimen de notificaciones y que los mismos puedan ser por medios electrónicos.
Queda un arduo camino, pero esperamos que pronto sea una ley vigente. Esta normativa es necesaria para posicionar a El Salvador en el concierto internacional y fomentar de alguna manera la inversión extranjera
En caso de vacíos, se aplican los principios generales, usos y costumbres en materia arbitral, dejando fuera la aplicación del Código Procesal Civil y Mercantil
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EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: ¿VERDADERO CONTROL PLENO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA? “
En el nuevo escenario contencioso administrativo, el ciudadano ya no está limitado a demandar la actuación administrativa previa, ni el proceso contencioso administrativo supone un medio para examinar únicamente la legalidad de dicha actuación; pues pasó de enfocarse tradicionalmente en los actos administrativos a posicionarse como un proceso que gira en torno a los intereses subjetivos de los ciudadanos
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por: Manuel Paz Driotes Colaborador Judicial de la Cámara de lo Contencioso Administrativo
La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) vigente desde enero de 2018, trajo como dos de sus principales innovaciones: la creación de nuevos tribunales y la ampliación del número de pretensiones a deducir ante estos. Dejando atrás una concepción tradicional y obsoleta, de la impugnación únicamente de actos administrativos.
examinar únicamente la legalidad de dicha actuación; pues pasó de enfocarse tradicionalmente en los actos administrativos a posicionarse como un proceso que gira en torno a los intereses subjetivos de los ciudadanos.
Este carácter revisor del acto administrativo suponía que la Sala de lo Contencioso Administrativo - único órgano jurisdiccional en esta materia previo a la entrada en vigencia de la referida ley- tenía que limitarse a enjuiciar la validez del acto, es decir, se concebía como un medio de estricto control de dicha actuación.
Para tal cometido, se ha regulado un sistema amplio de pretensiones procesales, con lo cual se extienden las posibles vías que los ciudadanos pueden utilizar a efecto de impugnar las actuaciones u omisiones de la administración; y procurar el resarcimiento de sus derechos o intereses vulnerados por estas.
En los considerandos de la LJCA vigente, aparentemente se da por superado el tema de un proceso eminentemente revisor de los actos administrativos, pues se consignó que dicha ley constituye una verdadera garantía de la justicia para los administrados frente a las decisiones y actuaciones de la Administración. No obstante, en estas líneas se realizará un abordaje general respecto del carácter del proceso contencioso administrativo salvadoreño. Analizando particularmente si con la promulgación de la referida norma, se erige un carácter de pleno control de la actividad administrativa.
En nuestra ley se regulan como actuaciones u omisiones impugnables, además del tradicional acto administrativo, los contratos administrativos, inactividad de la administración pública, actividad material de la administración pública constitutiva de vía de hecho, las actuaciones y omisiones de naturaleza administrativa de los concesionarios, y las relativas a la responsabilidad patrimonial de la administración.
En el nuevo escenario contencioso administrativo, el ciudadano ya no está limitado a demandar la actuación administrativa previa, ni el proceso contencioso administrativo supone un medio para
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Todas las consideraciones aquí mencionadas, constituyen un esfuerzo del legislador, por procurar un control pleno de la actividad administrativa y que corresponda a una verdadera garantía de justicia. Sin embargo,
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el sometimiento de la actividad de la administración a la ley y consecuencia de ello, el control que deben ejercer los tribunales contencioso administrativos, ha derivado en una extensión de ese ámbito de control; no obstante, aún no es posible afirmar la inexistencia de ámbitos exentos de control judicial de la actividad administrativa en el proceso contencioso administrativo salvadoreño.
de las potestades discrecionales. Del cual, doctrinal y jurisprudencialmente se han realizado esfuerzos, en otros ámbitos para procurar su impugnación. Ejemplo de ello lo encontramos en el derecho argentino, en el cual, respecto a su control judicial se han utilizado alternativas como la verificación de elementos reglados, interdicción de arbitrariedad, principios generales, razonabilidad, y conceptos jurídicos indeterminados.
Y es que denota la falta de previsión legislativa en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a normar otras actuaciones de la administración susceptibles de vulnerar de alguna forma los derechos o intereses de los ciudadanos. Nos referimos en este caso a la impugnación directa de reglamentos o disposiciones de carácter general. Sobre este punto, si bien en la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), recién entrada en vigencia en febrero del presente año, se contempla un procedimiento para el ejercicio de la potestad normativa. En la LJCA no se establece forma de impugnarlos. No obstante, siempre persistiría la impugnación de actos pronunciados en aplicación de disposiciones de carácter general de la administración -impugnación indirecta de reglamentos-. Sin embargo, esto no suple la necesidad de impugnar directamente los reglamentos con fundamento en que no sean conforme al ordenamiento jurídico.
Finalmente, no podemos olvidar la impugnación de los actos políticos, que aún en otros ordenamientos no se encuentra totalmente superada. Y es que si bien no están excluidos expresamente como lo señalaba la LJCA derogada, tampoco se contempla de manera expresa en la ley vigente.
Otro aspecto que por el momento escapa del control de la jurisdicción contencioso administrativa, es el ejercicio
Todo lo anterior nos lleva a concluir que al no contemplarse estas actuaciones administrativas de forma expresa en la LJCA, no puede hablarse e n este momento de un control pleno de la actividad administrativa. Sin embargo, será tarea tanto de litigantes como jueces, el tratar que al menos vía jurisprudencial, se instituya el conocimiento de estos actos como pretensiones a deducir. Los primeros con interposición de casos con argumentación y fundamentación suficiente, que pueda justificar el conocimiento de dichas actuaciones. Y los segundos con análisis integrales, ejerciendo un control constitucional y convencional garantizando el derecho a la protección jurisdiccional.
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La nueva Ley de Reconciliación Nacional: una tarea aún pendiente
Es necesario recordar que la Sala de lo Constitucional le ordenó a la Asamblea Legislativa dictar “una regulación complementaria para una genuina transición democrática hacia la paz, que respete la dignidad humana y los derechos fundamentales de las víctimas [del conflicto armado]”. Esto ocurrió en la Inconstitucionalidad 442013. En la segunda audiencia de seguimiento, la Sala agregó que esta debe emitirse con la participación de las víctimas y a más tardar, el día 13 de julio de 2019. Así, el 21 de mayo, unos comités de víctimas y organizaciones de derechos humanos presentaron el proyecto de la “Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto Armado”. Este fue elaborado de forma consultiva, haciendo partícipes a las víctimas y sus familiares. Es, además, un proyecto ético-técnico: una ley desde las víctimas y para ellas, que respeta los estándares de justicia transicional. Dos días después, la Comisión Política recibió de una subcomisión creada para tal efecto, el documento Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional. Este se elaboró mediante un proceso opaco y sin participación social efectiva: solo lo conocieron los miembros de la subcomisión y la Comisión Política. Nadie más.
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La CIDH es competente para emitir las medidas y supervisar no solo porque se ha reconocido su competencia conforme a la constitución, sino también porque la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la misma Asamblea Legislativa ya la han reconocido como autoridad, en relación a esta masacre
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por: Manuel Escalante Saracais Subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA
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Desde la creación de esta subcomisión, el presidente de la Asamblea Legislativa, junto a otros diputados de partidos mayoritarios, expresaron la conveniencia de que lo propuesto por la subcomisión se aprobara antes del 31 de mayo, para ser sancionado por el presidente de la República saliente. Hubo un intento de aprobación en la sesión plenaria del mismo 23 de mayo. Esta aprobación se impidió por el poco conocimiento entre los diputados, la presión social pacífica y el rechazo internacional. Con el afán de corregir sus deficiencias, la Comisión Política convocó a una jornada de exposiciones para el 27 de mayo. Esto fue insuficiente porque se concentró en San Salvador y el tiempo de exposición osciló entre los 10 y 20 minutos. En medio de este cuestionable actuar parlamentario, el 24 de mayo, los abogados del Caso Masacre de El Mozote y lugares aledaños, le solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas urgentes y de supervisión de cumplimiento sobre tal sentencia. La CIDH es competente para emitir las medidas y supervisar no solo porque se ha reconocido su competencia conforme a la constitución, sino también porque la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la misma Asamblea Legislativa ya la han reconocido como autoridad, en relación a esta masacre.
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En su resolución del 28 de mayo, la CIDH le requirió al Estado salvadoreño que “suspenda inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de ‘Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional’”. La CIDH solo ha ordenado suspender la tramitación de una propuesta específica, la –mal– elaborada por la subcomisión, para su respectiva revisión.
En todo caso, la asamblea aún tiene pendiente esta obligación constitucional, que debió cumplir hace más de dos años, con la plena participación de las víctimas
La Asamblea Legislativa, en consecuencia, estaría habilitada para continuar con la tramitación de la Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para Víctimas, lo presentado por las organizaciones sociales y, en ese sentido, cumplir con la fecha límite señalada por la Sala. No obstante, la Sala tendrá que resolver lo solicitado por los demandantes: ampliar el plazo por cinco meses más. En todo caso, la asamblea aún tiene pendiente esta obligación constitucional, que debió cumplir hace más de dos años, con la plena participación de las víctimas.
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DERECHO DE CONSUMO: NUEVAS REFORMAS – NUEVOS PROCEDIMIENTOS por: LUIS VEGA DIRECTOR BLP legal
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Ahora la misma autoridad de la Administración Pública que actúa en el procedimiento sancionatorio, podrá declarar la indemnización por los daños y perjuicios causados por el supuesto infractor, siendo, a mi modo de ver, inconcebible desde un punto de vista constitucional. Sin embargo, es necesario otorgar el beneficio de la duda y esperar a ver cómo son tratados estos temas por la Administración en la práctica
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En El Salvador, como en cualquier parte del mundo, las diferentes regulaciones y procedimientos administrativos van cambiando y evolucionando. Por ello, nuestro deber profesional como abogados, es estar a la vanguardia y ser conocedores de dichos cambios, para así prepararnos y dar nuestra mejor asesoría a nuestros clientes. En este sentido, con respecto al derecho de consumo en El Salvador, existe varias modificaciones, unas a la Ley de Protección al Consumidor (LPC) y otras en el procedimiento que actualmente se deberá de seguir en los procesos abiertos ante el Tribunal Sancionador. Con respecto a la primera (modificación a la LPC), fue publicada en el Diario Oficial del 10 de abril de 2019 y dichas reformas, a pesar de que son enmarcadas para los proveedores de servicios de telecomunicaciones en un primer momento, hace una serie
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de modificaciones también para todos los proveedores de bienes y servicios en general. Una de las más importantes es la que prácticamente cambiará la manera en que se deberá realizar la promoción y publicidad de bienes y servicios. Además las diferentes “gestiones de cobro” que se le realizan a los clientes que han entrado en impago. Dicha reforma establece lo siguiente: Se adicionó el literal n) al artículo 18 de la LPC (el que habla sobre prácticas abusivas), estableciendo lo siguiente: “n) Realizar gestiones con fines comerciales y publicitarios, así como de cobros al deudor, codeudor, fiador o sus familiares, fuera de días y horas hábiles, mediante respectivos mensajes cortos de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS), llamadas telefónicas, correos electrónicos y otras modalidades, más allá de los alcances
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que establecen las leyes. Esta prohibición también es aplicable a las personas naturales o jurídicas que se dediquen a gestiones de cobro. Para efectos de esta disposición, se entenderán por días y horas hábiles el tiempo comprendido de lunes a viernes, desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde” Esta adición a la LPC clasifica este actuar como una “Práctica Abusiva”, la cual tiene una multa de hasta US$150,000 (500 salarios mínimos), tal como lo establecen los Arts. 44 lit. e) y 47 de la LPC. En este sentido, es necesario determinar que esta modificación afecta directamente a los negocios de nuestros clientes, ya que prácticamente los amarra tanto para realizar publicidad, como tambien para realizar gestiones de cobro a un horario limitado de 8 de la mañana a 6 de la tarde y días limitados: de lunes a viernes. Tal como ha quedado redactada esta modificación –de manera abierta-, en la práctica limitará que nuestros asesorados puedan contactar a futuros o actuales clientes utilizando cualquier medio (mensajes de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. y cualquier otra modalidad que venga en el futuro). Por lo que es necesario advertir y brindar la asesoría adecuada a nuestros clientes que utilizan estas modalidades para la promoción de su negocio o cobro de sus deudas, la cual se podrá realizar siempre y cuando se sigan ciertos pasos para no incumplir con la ley. Con respecto a la segunda modificación que se ha planteado en el presente artículo, se trata del nuevo procedimiento que se deberá seguir en los casos que se ventilen en el Tribunal Sancionador, esto por la entrada en vigencia de la nueva Ley de Procedimientos Administrativos (LPA). La cual hace cambios sustanciales en el procedimiento al cual ya estamos acostumbrados, estableciendo nuevos plazos y, algo muy importante, la fijación del tiempo máximo que debe durar el proceso sancionador.
En la práctica limitará que nuestros asesorados puedan contactar a futuros o actuales clientes utilizando cualquier medio (mensajes de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc., y cualquier otra modalidad que venga en el futuro)
Anteriormente, el procedimiento sancionador era regido por la LPC, existiendo modificaciones a partir del 31 de enero del 2018, cuando entran en vigencia las “Disposiciones Transitorias del Procedimiento Administrativo y del Régimen Administrativo”, disposiciones que fueron publicadas junto con la nueva Ley de Procedimientos Contencioso Administrativo. En dichas “disposiciones transitorias” que solo tienen 9 artículos, se establecía que una vez iniciado el procedimiento, la administración solo contaba con 90 días para terminarlo (Art. 5), y en caso de no cumplirse este plazo, la ley declaraba la caducidad del proceso (Art 7). Creo que por esta razón, por mi parte, no tuve ningún caso abierto en el 2018 ante el Tribunal Sancionador. Estas disposiciones transitorias solo estuvieron en vigencia hasta febrero del 2019, cuando entró en vigencia la LPA. La nueva LPA establece el nuevo procedimiento administrativo sancionador que deberá seguir el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, fijando nuevos plazos, como por ejemplo, anteriormente la LPC se brindaba un plazo de 5 días para mostrarse parte en el proceso. Luego se abría a pruebas por 8 días, y finalizando este plazo se esperaba la resolución. En el nuevo procedimiento, la LPA brinda un plazo de 10 días para mostrarse parte, luego, en caso de ser necesario, se abrirá a pruebas por un plazo de entre 8 a 20 días hábiles. Y nuevamente en caso de ser necesario, se realizará una audiencia para que los interesados brinden, por así decirlo, sus “alegatos finales” o “alegatos de bien probado”, como se establecía en la antigua Ley de lo Contencioso Administrativo. Como era de esperar, las reformas y nueva legislación traen consigo aspectos buenos y malos, como ejemplo de las cosas no tan buenas y que -a mi juicio muy personal- implica un abuso del ius puniendi del Estado. Es que ahora la misma autoridad de la administración pública que actúa en el procedimiento sancionatorio, podrá declarar la indemnización por los daños y perjuicios causados por el supuesto infractor, siendo, a mi modo de ver, inconcebible desde un punto de vista constitucional. Sin embargo, es necesario otorgar el beneficio de la duda y esperar a ver cómo son tratados estos temas por la administración en la práctica.
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Legislación contra el nepotismo y el clientelismo en la administración pública, una necesidad imperante por: WILLIAM REBOLLO Coordinador del Observatorio de Políticas Públicas - UFG
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si bien a través de una serie de reformas se puede fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, no basta tan solo con ello, pues es necesario que todas las instituciones del Estado se encuentren en sintonía y tengan la voluntad firme de abordar la problemática
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En días recientes, hemos evidenciado a través de las redes sociales y los despidos efectuados por el presidente Bukele, cómo la Administración Pública ha estado cooptada por los partidos políticos colocando a familiares y allegados en diferentes instancias. Siendo ya 57 personas destituidas por vínculos familiares y 698 personas desvinculadas por pertenecer a dependencias de la presidencia consideradas como botín político. Si bien el tema del nepotismo y del clientelismo político se ha posicionado con mayor fuerza en la opinión pública, dada la coyuntura actual de cambio de Gobierno, cabe mencionar que este fenómeno no es nuevo. En el aparato público siempre ha imperado una cultura política de favores, donde los sistemas de
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reclutamiento y promoción de personal se basan en un sistema clientelar más que en el mérito. Donde los nombramientos de empleos en el sector público responden a premios para los seguidores y consolidación de favores políticos y personales. De acuerdo con datos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), desde 2008 cuando el presupuesto votado incluyó 97,755 plazas, se observa una tendencia alcista hasta alcanzar 129,674 plazas en el presupuesto 2019, es decir, 31,919 plazas adicionales en el Gobierno Central durante la última década. Asimismo, según estudios de la misma fundación, existen grandes diferencias entre el crecimiento del empleo público de las Instituciones y la realización de concursos públicos. Lo cual señala una evidente discrecionalidad de la administración sobre las formas y mecanismos de contratación de los empleados públicos. Adicional a ello, de acuerdo a información del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), durante el periodo comprendido desde el
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Pese a que las disposiciones anteriores han significado un avance para la prevención del clientelismo y el nepotismo, el mismo TEG reconoce que la Ley de Ética Gubernamental tiene una serie de situaciones nos previstas y que son importantes para ejercer un mayor control de las prácticas vinculadas al nepotismo.En ese sentido plantean la necesidad de incorporar a la legislación la figuras del nepotismo cruzado, con la cual se pretende evitar que los funcionarios ejerzan influencia para que sus familiares y allegados puedan ser contratados en instituciones diferentes a las que ellos ejercen la autoridad. Asimismo, el TEG ha sentado su opinión en relación al proyecto de Ley Contra el Nepotismo, sugiriendo incorporar en la Ley de Ética Gubernamental las nuevas modalidades de nepotismo incluidas en el proyecto.
segundo semestre del año 2014 hasta abril del 2019 se han impuesto 21 sanciones relacionadas al tema del nepotismo, por haberse establecido una responsabilidad administrativa de acuerdo con los artículos 6 letra h) y 5 letra c) de la Ley de Ética Gubernamental (LEG). El artículo 6 letra h) establece expresamente que está prohibido “nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley”; y el artículo 5 letra c) establece que toda persona sujeta a esta Ley, debe “excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, tengan algún conflicto de interés”.
Otra iniciativa importante para controlar el clientelismo y el nepotismo es la del anteproyecto de Ley de Servicio Público impulsado por la Secretaría de Técnica y de Planificación del Gobierno del expresidente Sánchez Cerén. Iniciativa que ha sido además acogida, mejorada e impulsada por el Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública (EIRFP) integrado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Fundación DTJ, GENS, Acción Ciudadana, TRACODA, Espacio Ciudadano, la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), el Centro de Capacitación para la Democracia (CECADE), INCIDE, Proyecto Cero, Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) y Conexión. Dicho anteproyecto, pretende sustituir a la Ley de Servicio Civil que data de 1961, y la cual es inaplicada por muchas de las instituciones públicas. Siendo que además esta ya no responde a la dinámica actual de la administración pública. El anteproyecto, entre otras medidas, propone la preponderancia del mérito en las contrataciones en la administración pública para contrarrestar el nepotismo y el clientelismo. Asimismo, se proponen evaluaciones periódicas para garantizar que el personal contratado se apto para el desempeño de las funciones atribuidas. Queda claro entonces que ante una cultura que tradicionalmente ha optado por el nepotismo y el clientelismo en la administración pública existe una necesidad imperante de impulsar legislaciones que contribuyan a controlar dicha práctica que va en detrimento del bienestar de la población. Es en ese sentido, que las iniciativas encaminadas a reformar la Ley de Ética Gubernamental y a sustituir la Ley del Servicio Civil representan una gran oportunidad para los salvadoreños para combatir estas prácticas. Ante ello, debemos sumarnos como sociedad para impulsar estas y otras medidas tendientes a fortalecer nuestra institucionalidad reduciendo los espacios para su corrupción.
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RESILIENCIA Y AGILIDAD, CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO CEO: KPMG POR: Editorial dyn KPMG recientemente publicó la “Quinta edición 2019 Global CEO Outlook. Principales resultados de México y Centroamérica”. A continuación presentamos los resultados más importantes.
¿Cuál es la perspectiva de su organización en cuanto a su crecimiento máximo por año en ingresos en los próximos tres años?
Dos terceras partes de los CEO en el mundo afirman que la agilidad es la nueva moneda de negocios, y que de no adaptarse, su negocio se volverá irrelevante. La inteligencia artificial (IA) está en la mente de los CEO; sin embargo, solo 16% ha implementado programas de IA y automatización (4% en Centroamérica, 22% en México). La ciberseguridad, los riesgos operativos y el cambio climático son las tres principales preocupaciones para los CEO en Centroamérica. El estudio revela los puntos de vista de 1,300 CEO, 11 de economías representativas incluyendo 95 respuestas de CEO de México y Centroamérica. Entre los puntos a destacar están: ¿Cuál es su nivel de confianza durante los próximos tres años?
De acuerdo a los directores generales los factores que amenazan a la economía en Centroamérica son: Ciberseguridad, Operativo, Medio ambiente y Cambio climático. Una nueva era competitiva El 71 % de los CEO afirma que el crecimiento de su empresa recae en su habilidad para desafiar y ser disruptivos ante cualquier norma del negocio. Dividido por sectores: Centroamérica 71 % y en México 62 %. Mientras que el 63 % de los CEO son disruptivos activamente en el sector donde operan antes de que sus competidores lo sean. Dividido por sectores: Centroamérica 58 %, México 80 %. La cuarta parte de los directores generales han manifestado que mientras el crecimiento orgánico en Centroamérica es la base para una estrategia, consideran que las alianzas estratégicas con terceros han incrementado su importancia un 3 %. Las dos estrategias que consideran los CEO para alcanzar las metas de crecimiento de las organizaciones en Centroamérica son: El 24 % es el crecimiento orgánico (innovación, I&D, inversiones de capital, nuevos productos, talento).
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derecho
El 33 % son las alianzas estratégicas con terceros.
¿Qué pudieron percibir de los resultados del estudio?
Otro dato importante, es que para más del 30 % de los directores generales en México y Centroamérica crear disrupción es una característica primordial que sus empresas deben tener para mantener relevantes en el mercado. Generalizando, cuidar el core business sigue siendo la prioridad para asegurar el éxito.
El estudio revela que los CEO en Centroamérica, ven como riesgos significativos asuntos relativos a la ciberseguridad, riesgos operativos y medio ambiente y cambio climático. Ellos están preocupados e interesados a la vez en ser más ágiles en sus tiempos de respuesta ante tales adversidades, ya que esto es clave para el negocio, y la implementación de una cultura del “fracaso rápido” donde se aprenda de los errores y en donde la redefinición del camino a seguir de inmediato tiene que ser el “deber ser” de toda organización.
El 31% de los CEO de Centroamérica consideran que una empresa debe ser disruptiva en el mercado, mientras que el otro 31 % debe proteger el core business. El 34% de los CEO en México consideran que se debe proteger el core business. El director general de una empresa debe tener una habilidad para detectar y prever posibles riesgos operativos o financieros en las organizaciones, para ello se motivan en dos grandes objetivos: Generar crecimiento a corto plazo Global 22 % México 26 % Centroamérica 20 % Facilitar el éxito de la empresa a largo plazo Global 11 % México 16 % Centroamérica 20 % Con respecto a este estudio, entrevistamos a Ciro Rómulo Mejía González, socio de Auditoría y Advisory de KPMG para que nos comente más al respecto. ¿Cuál fue el objetivo de dicha investigación y por qué realizarla? El objetivo de la quinta edición, 2019 Global CEO Outlook, es conocer los puntos de vista de los CEO acerca de la perspectiva que tienen del crecimiento empresarial y económico global y regional, y como este impactará en sus negocios durante los próximos tres años. ¿Por qué es importante hablar de las estrategias, las perspectivas económicas y de confianza de los CEO en sus empresas? Es importante porque el ambiente cambiante de negocios obliga a los CEO a enfrentar los diferentes desafíos de los factores macroeconómicos que mueven las economías, por lo que deben ser ágiles para responder con la definición de estrategias que respondan a las necesidades del mercado, con la visión de ir un paso adelante para no quedarse fuera del negocio.
Puede observarse que para cada riesgo identificado, uno requiere un enfoque de defensa tecnológica (la ciberseguridad) que hoy en día constituye un costo necesario. El segundo requiere un enfoque de administración eficiente y efectiva de información sobre las operaciones (riesgo operativo); y el tercero es un asunto de responsabilidad social-ambiental y la implantación de tal cultura en el personal de cada compañía. KPMG como empresa mundial e interesada en las preocupaciones de los directores generales de las empresas, ¿qué les recomendaría para que destaquen en los cambios que cada año ocurren y a los cuales hay que adaptarse? La resiliencia debe ser un concepto que los CEO deben llevar a la práctica, ya que si no se tiene la capacidad de evolucionar constantemente y adaptarse a los cambios acelerados, puede haber por ejemplo una tendencia a que disminuyan su presencia en el mercado. Es importante que se revise y fortalezca sus cuadros de liderazgo que son el motor de toda organización. ¿Cuáles deberían ser las preocupaciones de los CEO en lo que falta del 2019? Mientras los riesgos ligados a medio ambiente y cambio climático escalan a ser el principal factor de riesgo para los CEO globales, en la región la ciberseguridad ocupa el primer puesto. ¿Qué les puede decir a los CEO de México y Latinoamérica sobre su trabajo, ante la nueva era competitiva? Los líderes deben ser ágiles. Ajustar sus acciones para responder rápidamente a las necesidades cambiantes de los clientes. También necesitan mantenerse abiertos a nuevos ideas para que puedan desafiar la gestión arraigada y el pensamiento organizacional. El mundo cambia, pero hay algunas tareas del CEO que permanecen sin alteraciones. Lo más importante sigue siendo atraer y retener el talento, como base para la gestión en equipos de trabajo de alto desempeño.
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“ El fortalecimiento institucional es básico. Creo que esa debe de ser la primera finalidad de todo servidor público, dejar una institución mejor de lo que lo encontró. En ese sentido quiero dejar una fiscalía técnicamente más fortalecida con equipo científico, tecnológico que nos permita recabar mejores evidencias y presentar casos más sólidos a los tribunales
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entrevista principal
raúl melara fiscal general de la república Entrevista con Raúl Melara, Fiscal General de la República quien nos habla sobre los nuevos ejes de su trabajo al frente de la FGR y cómo funcionará la nueva Unidad de Personas Desaparecidas, entre otros. Coméntenos cuál es su preparación académica y profesional. Soy abogado y notario. Estudié licenciatura en Ciencias Jurídicas y mi primer doctorado en Derecho Privado en la Universidad José Matías Delgado. Luego estudié un Máster en Derecho de Telecomunicaciones en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España. Después cursé un Máster en Iniciación a la Investigación en Ciencias Jurídicas y un Doctorado en Derecho, ambos en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. He sido magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, asesor en el Consejo Superior del Trabajo; consultor para el Ministerio de Economía en materia de Derecho de Competencia, entre otros. ¿Por qué decidió entrar al proceso de elección del Fiscal General? La Fiscalía General de la República es una institución bastante compleja con responsabilidades sumamente grandes y ha pasado por distintas etapas. Creo que durante la última administración, la fiscalía tuvo un avance que a mi juicio, debe ser sostenido en el tiempo a medida que las instituciones no tengan un retroceso. Y que independientemente de quien esté, estas sigan fortaleciéndose y es esa decisión por seguir fortaleciendo la institución que me lleva a tomar el paso y decidir participar en el proceso para elección de fiscal general. La FGR trabaja de la mano con la PNC, ¿cómo mejorarán su trabajo en conjunto? Hemos tenido un par de reuniones con los titulares tanto de la policía como del Ministerio de Seguridad. Es importante la coordinación. Ni la policía puede hacer un trabajo sin la Fiscalía, ni la Fiscalía sin una buena policía y es importante coordinar con los jefes policiales y los jefes fiscales, el trabajo para dar un mejor
resultado a la población. Al final, nosotros nos debemos a la gente. En la medida en que todos tengamos una misma finalidad, vamos a poder darle mayor respuesta a lo que la gente está necesitando. ¿Cuáles serán sus principales ejes de trabajo en la FGR? Hay muchos. El fortalecimiento institucional es básico. Creo que esa debe de ser la primera finalidad de todo servidor público, dejar una institución mejor de lo que la encontró. En ese sentido, quiero dejar una fiscalía técnicamente más fortalecida con equipo científico, tecnológico que nos permita recabar mejores evidencias y presentar casos más sólidos a los tribunales. Al final, debemos de migrar de la manera como estamos probando nuestros casos, a una prueba eminentemente científica que nos lleven el lado correcto y nos ponga en los planos de los países de primer mundo. ¿Cuáles son los principales retos en esta gestión que recién ha comenzado? Los retos son grandes. La fiscalía es una institución financieramente limitada. Cada vez tenemos más atribuciones, pero tenemos prácticamente el mismo presupuesto. Entonces, hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene, pero al final, en la medida que podamos tener un recurso humano, un recurso técnico especializado y un presupuesto acorde a las necesidades de la institución, de esa manera vamos a poder dar mejores resultados. Hay muchos otros retos, hay que enfrentar temas de corrupción, extorsiones y los delitos que aquejan al ciudadano día a día. Hay que acercarse más al ciudadano, hay que hacer mejoras continuas en la manera como atendemos a la población y al final, lo que debemos de hacer es crear cada vez una menor sensación de impunidad ante los delitos que se cometen.
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¿Cuál es su principal objetivo como fiscal general? Dejar una mejor institución de la que encontré y le añado a eso también, dejar una institución fortalecida a nivel que independientemente de quien me sustituya, no encuentre un retroceso en lo que se ha hecho, que sea el fortalecimiento institucional constante y permanente. ¿Qué significa para El Salvador volver a formar parte del Grupo Egmont? Mire eso es un avance importante, en temas de lavado de dinero nos permite tener información de una manera más ágil. Al haber salido de grupo Egmont, la Fiscalía perdió todos esos canales de comunicación entre las distintas unidades de investigación financiera, y hoy por hoy (con el reingreso), ya veremos que podemos ser receptor de esos beneficios. Que vamos a poder compartir información entre los distintos países de una manera más ágil, y por supuesto, recibirla para los casos que se están analizando aquí en la FGR. Uno de los principales problemas que afectan a nuestro país es la corrupción, ¿cuál sería el plan concreto a implementar por parte de la FGR para combatirla? Estamos fortaleciendo las distintas áreas especializadas, tanto la de lavado de dinero, como la de corrupción, el grupo contra la DERECHO Y NEGOCIOS /22
impunidad, que son unidades que han tenido una labor importante en el combate a la corrupción. También queremos fortalecer las distintas áreas creando unidades de delitos informáticos y, sobre todo, una unidad de análisis financiero que nos permita hacerle frente a todos estos delitos de corrupción que tienen un componente financiero sumamente alto. Al final, volvemos a lo mismo. Hay que modernizar a la Fiscalía y hasta que la fortalezcamos y la modernicemos, vamos a poder combatir la corrupción de mejor manera. Las señales que se deben de enviar deben ser inequívocas: el combate a la corrupción se debe de ir fortaleciendo y debe ser permanente en el tiempo. ¿Qué opina sobre cómo el presidente de la República está manejando el tema de las pandillas? El tema de seguridad pública es una facultad eminentemente del ejecutivo, será un tema de estilos como lo hace un gobierno y cómo lo hace otro. Al final, lo que a la fiscalía le interesa es poder tener los indicios suficientes que permitan procesar a las personas que están involucradas en cualquier tipo de delitos y obviamente a las pandillas como parte del crimen organizado, son un factor importante que se deben destacar de manera frontal. Hoy en día, estamos viendo que las medidas que se han tomado han reducido la cantidad de homicidios, pero más allá de reducirlos, lo realmente importante es que esto pueda ser sostenible en el tiempo.
entrevista principal Hace unos días entró en funciones la nueva Unidad Especializada para Casos de Personas Desaparecidas. Háblenos de cómo funcionará esta unidad. En primer lugar, hay que decir que el fenómeno de los desaparecidos es algo que ha venido acrecentándose en el tiempo y es un tema que ha sido cada vez más visible. Queremos darle precisamente la importancia que se merece. Hay distintos factores por lo que las personas pueden desaparecer, obviamente desde un tema de homicidio, un tema de privación de libertad o hasta decisiones eminentemente personales, por las cuales las personas se abstraen de la sociedad y pueda ser que emigren o que se vayan a algún otro lado. Lo que nosotros buscamos en primer lugar es salvar vidas y en segundo lugar, llevarles esa paz a las familias que tienen a un familiar desaparecido, que desconocen cuál es la ubicación del mismo. Creo que esto es un tema humano, un tema de humanidad y sobre todo de justicia.
¿Cómo va a funcionar esta Unidad? Esto va a funcionar de la siguiente manera: la persona va a poner su aviso, su denuncia sobre alguien que ha sido desaparecido e inmediatamente se activa un protocolo de acción urgente que hace que el fiscal que ha recibido la denuncia haga las diligencias pertinentes durante el periodo 72 horas. Si en este periodo no se logra determinar qué es lo que ha sucedido, pasa la unidad especializada, en donde de manera dedicada se van a estar depurando todos estos procesos, realizando las investigaciones pertinentes. Ahora la unidad no es la solución, la unidad es parte. Necesitamos un equipo policial que esté capacitado, necesitamos un equipo policial que pueda trabajar de la mano con esta unidad, pero sobre todo, necesitamos equipo tecnológico, que permita que la fiscalía pueda realizar su trabajo de la mejor manera posible. Necesitamos inversión en radares, en equipo de geolocalización, en satélites y en cualquier cantidad de equipo que realmente van a hacer que el trabajo de la institución sea más eficiente.
la fiscalía es una institución financieramente limitada. Cada vez tenemos más atribuciones pero tenemos prácticamente el mismo presupuesto
¿Y cómo va a funcionar esto? será de manera retroactiva a los casos que no sean recientes. Los casos que se dieron anteriormente van a seguir siendo diligenciados por las unidades fiscales. Sin embargo, eso no obsta a que no va a haber una colaboración directa importante con la unidad de desaparecidos. Queremos fortalecerlas y tener una presencia a nivel nacional, teniendo por lo menos un fiscal en cada una de las oficinas departamentales y otros más, obviamente en la zona metropolitana de San Salvador. Pero sí habrá una colaboración importante entre la Unidad de Desaparecidos, la Unidad de Vida, de homicidios y otras, para trabajar en conjunto. Lo que pasa es que hay casos que ya se están depurando, que ya llevan su su trámite y creo que mal haríamos en sustraerla de la unidad inicial, al ser ella quien tiene un conocimiento de cómo ha sido proceso y que ya hecho una serie de coordinaciones, para que otra venga a conocer. Lo mejor sería que en estos casos, que están vigentes, exista una colaboración y que sea a partir de hoy que los nuevos casos ya los esté viendo la unidad nueva. ¿Qué puede esperar El Salvador de la nueva gestión de la FGR? Lo que pueden esperar es una labor transparente, una labor en pro del salvadoreño, una función de cara a modernizar la institución, a fortalecerla en todo sentido y el trabajo de un servidor público DERECHO Y NEGOCIOS /23
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LOS KPI en los Recursos Humanos
Con frecuencia se escucha la famosa frase “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”, del físico y matemático William Thomson y los departamentos de Capital Humano, si se quieren convertir en un socio estratégico en la organización, no escapan de esta realidad. Por lo general los datos justifican y avalan las decisiones por los gerentes en esta área, permitiendo determinar cuáles estrategias aplicar en el plan de personas. Según Deloitte, en su estudio “Reescribiendo las reglas para la era digital”, el 6 1% de las empresas españolas consideran importante los análisis de Recursos Humanos; y si se lleva esta práctica a los procesos de contratación se mejorará la experiencia del candidato y se anticiparán los errores en el proceso.
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Por lo general los datos justifican y avalan las decisiones por los gerentes en esta área, permitiendo determinar cuáles estrategias aplicar en el plan de personas
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por: Luis Caballero director GENERAL- SOFTLAND CENTROAMÉRICA
Negocios Pero, ¿cúales son esos KPI (Key Performance Indicators) que se deben tomar en cuenta? 1. Número de candidaturas recibidas/Oferta de empleo ¿Cuántas veces se cuestiona si el número de candidatos es el adecuado? Según ESADE Business School, la media es de 74 candidaturas por vacante de empleo. Una buena práctica para incrementar los postulantes es trabajar en el Employer Branding. El 62% de las compañías lo considera como una prioridad empresarial, según el estudio 2020 Outlook: The Future Of Employer Branding de Universum. 2. Número de CV recibidos/candidatos convocados para una entrevista La formación y trayectoria laboral pasaron a ser solo un componente de la calidad del candidato. En la actualidad los Soft Skills son tan importantes como la capacidad técnica de la persona reclutada. Usar un software de gestión de las personas permitirá analizar los CV y centralizar datos para convertirlos en estadísticas. 3. Tiempo empleado entre lo que necesita la empresa y la contratación Se trata de evaluar el tiempo que tardan todas las áreas involucradas en una empresa para contratar a una persona. Según CEREM Business School el proceso de contratación suele alargarse unos 2 meses. 4. Calidad en el proceso del reclutamiento Va más allá de la contratación, es primordial que los candidatos se sientan atraídos por la compañía y la oferta laboral. Diferentes estudios definen que el 22% de los entrevistados tuvieron una mala experiencia con una empresa y no la recomendarían en su entorno. Según Cabinet Redline el 15% de las personas entrevistadas rechazarán la oferta de empleo. 5. Tasa de dimisión al cabo de un año Número de colaboradores que dimitieron antes de 12 meses/ número de empleados que siguen en la compañía después de 12 meses Aunque se cree que en este punto la contratación fue exitosa, hay que realizar encuestas constantes para determinar el nivel de satisfacción de las nuevas incorporaciones. Usar un Software como Softland Capital Humano, resulta fundamental para lograr este objetivo.
Según un sondeo por BambooHR el 17% de las nuevas incorporaciones abandonarán la empresa en una semana y un tercio al cabo de 6 meses. Finalmente es necesario crear una estrategia para establecer los datos relevantes en las compañías tras los procesos de contratación. Promover la formación especializada entre los colaboradores que laboran en el departamento de RR.HH. facilitará la gestión y el liderazgo que se espera tener.
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actualidad
LIDERANDO EN FEMENINO por: sandra morales Mentora del Programa WeAmericas
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Actualmente, se habla del empoderamiento femenino y de la apertura que deben tener las empresas hacia más mujeres en puestos directivos; pero también de las barreras que las mujeres profesionales, empresarias e incluso emprendedoras incipientes enfrentan
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Una tarde de enero, hace ya varios años, Margaret Henríquez armaba las maletas para dejar Argentina y viajar a París, para tomar su nuevo nombramiento como presidenta de la Casa Krug en Francia, una de las “maisons de champagne” más prestigiosas del mundo. Sus amigos en sus muchas despedidas recordaban su historia profesional y ella también compartía los desafíos que enfrentó. Incluso ocultando su embarazo ante su jefe principal, que viajaba cada 3 meses a verla. En esa época, ella estaba a cargo de un proyecto de enorme responsabilidad en su natal Venezuela. Ella misma menciona en sus entrevistas que tuvo dos proyectos en simultáneo: su embarazo y la implementación por primera vez de un sistema de software moderno en la empresa que dirigía. Ambos los terminó con éxito y asegura que esa situación le permitió enfrentar muchos retos posteriores. Ahora bien, ¿qué deben tener las diferentes Margaret en el mundo para abrirse camino y comenzar a empoderarse a nivel profesional para lograr su crecimiento? Actualmente, se habla del empoderamiento femenino y de la apertura que deben tener las
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empresas hacia más mujeres en puestos directivos; pero también de las barreras que las mujeres profesionales, empresarias e incluso emprendedoras incipientes enfrentan. Muchos se preguntan si este reclamo de inclusión es válido, si responde a una tendencia, una moda o una realidad del nuevo entorno. ¿Cómo se puede responder a ello? La primera respuesta es conocer las estadísticas: la encuesta sobre Líderes de Diversidad 2018 de Ernst & Young, señala que empresas con mujeres ocupando – al menos – el 30% de puestos de liderazgo, tienen 40% más de probabilidades de generar rentabilidad y crecimiento. También expertos en gestión empresarial señalan que empresas que lideran equipos inclusivos, tienen más posibilidades de tener éxito en sus enfoques estratégicos con sus clientes. Efectivamente, si las mujeres han resultado ser útiles para los negocios, usando sus experiencias y perspectivas de vida para tomar decisiones, por qué no se logra un crecimiento en la famosa escalera de desarrollo, al interior de las empresas hasta escalar a
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puestos de dirección. Si bien, se reconoce que se han comenzado a realizar esfuerzos, aún persisten desigualdades y barreras. Pero, ¿cuáles son esas barreras, cómo eliminarlas y que están haciendo otros países para la inclusión femenina en posiciones de liderazgo? Lo primero que se detecta es la escasa presencia de mujeres en áreas claves de desempeño y la poca difusión invitándoles a sumarse. Por lo anterior, se sugiere contar con un diálogo abierto sobre la urgencia en la equidad de género y mejora de oportunidades, tanto para hombres como para mujeres, realizando acciones como: a. Mejorar los procesos de reclutamiento, evaluación y selección de personal b. Alentar a más mujeres a que participen postulando a vacantes en sus organizaciones c. Realizar evaluaciones exclusivamente por capacidad profesional d. Comunicar organizacional
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Y a nivel personal, las mujeres en cualquier ámbito también deben: a. Saber administrar sus estrategias personales: realizar mapas de progresos para saber hacia dónde ir, qué pasos dar y no menos importante, quiénes son sus aliados: familia pareja, asistentes, otros. b. Crear un networking efectivo y sostenible: no solo es identificar personas claves, sino también mantener contacto periódico, con reciprocidad en intercambios de ideas y propuestas. c. Crear, proyectar y mantener una marca personal acorde a las metas personales. Recuerdo el caso de una gerente en la banca comercial que trabajando con su mentor, le compartía sus aspiraciones en base a su capacidad. Cómo iba construyendo su imagen de “hacedora de resultados” y hacia qué nueva gerencia en el organigrama apuntaba con ello. Pero, el mentor le explicó que sus conductas y mensajes eran diametralmente opuestos al cargo de liderazgo al que aspiraba. Por eso es importante diferenciar “lo que deseo, de lo que proyecto”. d. Identificar un mentor, coach o guía que brinde retroalimentación y consejos para un plan de mejora personal y de plan de carrera. e. Buscar el balance profesional y familiar.
Asimismo, las mujeres deben unirse a movimientos locales o globales que les faciliten recibir un enfoque innovador, tanto en su visión personal como profesional. De esta forma ponen su liderazgo individual no solo a beneficio de una causa sino también a beneficio de su propia transformación, proyectando públicamente sus capacidades. Movimientos globales como SEE Women, del cual formo parte, ayuda a conectarse con líderes internacionales que buscan promover la sostenibilidad integral con enfoque de género, mediante el concepto de mujer sostenible como ciudadana, productora y consumidora. Se impulsa la capacidad femenina para ser un agente de cambio para el bienestar colectivo, impulsando redes de contactos, capacitación y formación. Actualmente, en Colombia, SEE Women capacita a emprendedoras salvadoreñas para convertirlas en la nueva generación de liderazgos femeninos sostenibles.
las mujeres deben unirse a movimientos locales o globales que les faciliten recibir un enfoque innovador, tanto en su visión personal como profesional
Podemos ser parte del cambio, depende de nuestra visión alcanzar el éxito compartiendo un liderazgo inclusivo en beneficio de todos. DERECHO Y NEGOCIOS /27
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La contratación directa para las compras públicas por: josé armando bruni Gerente UACI - alcaldía de san salvador
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La ley normalmente va atrás de la realidad social, y en materia de compras públicas no es la excepción, y peor aún si hablamos de compras públicas para las alcaldías municipales
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Antes de entrar de lleno a ver el contenido, las reglas y aplicación de la contratación directa como una forma para contratar por la administración pública, es necesario conocer un pincelazo y de forma muy general, aspectos básicos de las compras públicas. Para la mayoría de personas, las compras públicas no tienen ningún tipo de ciencia, simplemente una Institución pública, requiere un bien o servicio y este se compra a cualquier empresa que provea esa necesidad. Pero las compras para la administración pública en realidad, no son así de sencillas como pareciera. Debemos recordar que estas compras se realizan con fondos públicos que son auditados por los entes contralores, y estos fondos son administrados por servidores públicos. En el caso específico de las compras, estas se realizan a través de la UACI de cada Institución, que es la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. La UNAC es la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, de la cual, dependen las UACIS para el cumplimiento efectivo de las normas para compras públicas. En ese sentido, es natural que se haya legislado acerca de las compras públicas, por lo que en El Salvador, contamos con una ley específica para este fin, y es la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración pública (en adelante LACAP) y su reglamento (en adelante RELACAP).
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En el art. 1 de la LACAP, se establece su objeto, principios y valores; y en el art. 39 se establece las formas de contratación para la administración pública que son: licitación o concurso público, libre gestión y contratación directa, siendo esta última en la que me voy a centrar en esta oportunidad, dejando las otras, para un próximo artículo. La idea de este artículo, es explicar de manera sencilla la contratación directa, que como ya he mencionado antes, es una forma de contratación por la administración pública. Esta contratación es un mecanismo excepcional que la ley nos da para poder seleccionar de una forma más inmediata a un proveedor, manteniendo los criterios de competencia cuando aplique. Salvo los casos que cuando su causal no fuera posible, y que la misma ley menciona en su art. 72; no tiene un monto límite para poder ejecutarse, pero sí debe de generarse ciertas condiciones para poder llevar a cabo un proceso de contratación directa. Recopilando un poco lo que dice el art 72 de la LACAP, la contratación directa es permitida cuando por ejemplo: se trata de patentes, derecho de autor, propiedad intelectual; cuando hay un estado de emergencia (guerra, desastre, calamidad, etc.); cuando es proveedor único comprobable, insumos especializados. Por un calificativo de urgencia, que dicho sea de paso, no es lo mismo que un estado de emergencia; armas; medicamentos; cuando se declara desierta por segunda vez una licitación o concurso (para mí de las más comunes); entre otras que claramente establece la ley.
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Normalmente, cuando se realiza un proceso de contratación directa, se puede invitar directamente a proveedores a participar, o de igual forma, se puede publicar para generar competencia, dependiendo el caso. En cualquier caso, debe siempre de publicarse en el sitio “Comprasal”, que es el portal destinado a todos los procesos de compras públicas de todas las instituciones gubernamentales, municipales, autónomas, etc. Es importante destacar que todos los procesos de contratación directa, deben estar debidamente fundamentados y razonados, mediante una resolución emitida por el titular de la Institución, Junta Directiva, Concejo Municipal, o Consejo Directivo, según corresponda.
Cabe mencionar que, al ser un proceso excepcional, lo que se busca es salvaguardar en todo momento el interés público y no satisfacer una necesidad que, por negligencia, falta de planificación u otra razón, pudo haber sido planificada con tiempo por la Institución respectiva, para poder desarrollarse en un proceso de licitación pública o concurso, y verse así afectado el objetivo, valores y principios de la ley.
La ley normalmente va atrás de la realidad social y en materia de compras públicas no es la excepción, y peor aún si hablamos de compras públicas para las alcaldías municipales. Pues en muchos casos, la LACAP no responde a la operatividad municipal al 100%, por lo que considero, es buen momento de hacer algunas actualizaciones a la ley, para poder así generar ahorro a las instituciones, modernizarlas, y estar a la vanguardia de las necesidades de la población. Creo ciertamente que el mundo de las compras públicas es sumamente interesante, y sí, también es delicado; pero cuando se entiende la importancia, el compromiso y lo esencial de encargarse de un área tan compleja, definitivamente es imposible aburrirse adentro de una UACI.
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Negocios
aprendamos a diversificar nuestras inversiones
¿Cuándo ahorrar? La razón más importante para ahorrar es que estamos obteniendo un beneficio que nos puede ayudar a enfrentar retos inesperados en el futuro. De la misma manera, el ahorro hace sentido financiero si las tasas de interés que ganan nuestros ahorros son mayores a la tasa de inflación. En otras palabras, hace sentido ahorrar si nuestros ahorros no solamente van a conservar su valor futuro, sino también ganar una pequeña tasa de interés. Por ejemplo, si nuestros ahorros ganan un 4% anual de interés y la tasa de inflación es del 3%, eso significa que nuestros ahorros están obteniendo un pequeño interés real del 1% anual. Otro ejemplo interesante: en economías como Japón, Alemania y Estados Unidos, las tasas de interés disponibles para los ahorrantes es en muchos casos menor que la tasa de inflación. Entonces financieramente hablando, no hace sentido ahorrar en los bancos que no paguen una tasa de interés real. Y eso es lo que exactamente hacen los grandes empresarios, y las personas que quieren hacer crecer su dinero y beneficiar a sus clientes, a sus familias, a sus amigos. Es así como estas personas exitosas ponen a trabajar sus ahorros en cuentas de inversión, en donde logran obtener rendimientos muy por encima de las tasas de interés. ¿Qué es la inversión? Inversión es el proceso en que el inversionista realiza al comprar bonos, acciones, certificados de depósito, materias primas, bienes raíces, u otro vehículo financiero con la expectativa de ganar un
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La administración Activa del portafolio de inversiones aumenta las probabilidades de obtener mayores niveles de rentabilidad y controlar riesgos
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por: Ricardo Magaña Lacayo GERENTE DE PORTAFOLIO DE INVERSIÓN PRIVATE EQUITY GROUP
interés real y positivo a corto y a largo plazo. Una de las ventajas de invertir es que un inversionista prudente puede poner a trabajar su dinero para ganar más, en vez de tener que trabajar más tiempo para obtener ingresos adicionales. Un inversionista diversificado obtiene beneficios de disfrutar más seguridad y más ingresos tanto para el presente como para el futuro. Un aspecto muy importante que diferencia entre inversión y especulación y apuestas al azar, es que el inversionista puede razonablemente anticipar las ganancias de sus inversiones cuando este cuenta con un plan y con las herramientas necesarias. La planificación financiera y las herramientas, así como las investigaciones y estudios para determinar los mejores instrumentos financieros son los elementos que garantizan el éxito en las inversiones. Es así como los inversionistas exitosos logran sus objetivos a corto y largo plazo, seleccionando los mejores vehículos financieros que le ayuden a controlar riesgos, diversificar inversiones y lograr retornos a la inversión ROI muy por encima de los promedios. Los inversionistas prudentes y exitosos no apuestan al azar en los mercados, sean de bonos, acciones, materia prima, derivadas, divisas, etc. Los inversionistas exitosos invierten y esperan con alto grado de Certeza retornos reales y positivos gracias a sus investigaciones, estudios y herramientas de análisis que les permiten lograr sus objetivos. Los grandes inversionistas para ser exitosos diversifican sus inversiones, de esta manera diluyen el riesgo y aumentan los promedios de rentabilidad
Negocios
¿Cómo diversificar nuestras inversiones para lograr más ganancias? En esta oportunidad presentamos una herramienta de inversión basada en esquemas. metodologías y disciplinas que utilizan los grandes inversionistas como Warren Buffett, William O’neal y Bill Gates. Una gran parte de sus portafolios de inversión se encuentra en la bolsa de valores de Nueva York. Asimismo, una importante parte de sus inversiones se encuentra trabajando en empresas como Microsoft Corporation y Berkshire, entre otros. Los grandes inversionistas para ser exitosos diversifican sus inversiones, de esta manera diluyen el riesgo y aumentan los promedios de rentabilidad. Uno de los instrumentos financieros que los inversionistas exitosos utilizan para alcanzar sus objetivos de rentabilidad son las acciones de Microsoft Corporation, que durante el año del 2018 logro un 36% de rentabilidad. Este nivel de rentabilidad se logra bajo el esquema de “active management” o administración activa que no solamente protege su capital sino también controla riesgos y le ayuda a lograr esos retornos de la inversión ROI del 36% anual. En la siguiente gráfica se presentan tres modelos de inversión. El modelo de inversión basado en certificados de depósito que pueden rendir en promedio un 4 a 5% anual. Una segunda opción es el modelo de inversión basado en renta fija o bonos que en promedio pueden rendir un 8% a 10% anual. Y el modelo de inversión basado en acciones de Microsoft Corporation que lograron rendir 36% de ROI. Claramente la ventaja de un modelo sobre otro es visible. Es de suma importancia destacar que los riesgos que los inversionistas toman al invertir en acciones de Microsoft Corporation son menores que la mayoría de instrumentos ya que estos gozan de una calificación de riego “AAA” lo cual significa, el más alto nivel de seguridad, estabilidad y rentabilidad para los inversionistas de acuerdo a S&P Global Ratings.
Los inversionistas que cuentan con las herramientas, realizan sus investigaciones y construyen modelos eficientes. Además de diversificar el riesgo, aumentan los promedios de rentabilidad de una manera sistemática y consistente. La administración activa del portafolio de inversiones aumenta las probabilidades de obtener mayores niveles de rentabilidad y controla riesgos. Por ejemplo, los inversionistas exitosos con un perfil moderado/ conservador construyen portafolios de inversión diversificados de la siguiente manera:
Este portafolio de Inversión llena los requisitos de diversificación, control de riesgo, liquidez y rentabilidad de personas con tolerancia al riesgo moderado y que se encuentran o están por retirarse de su profesión y quieren gozar de sus años dorados. En contraste a continuación podemos apreciar como una persona con mayores expectativas de ganancia, tolerancia al riesgo y mayor tiempo para trabajar e invertir puede lograr mayores niveles de rentabilidad, siempre y cuando tenga a su disposición las herramientas correctas para lograr sus objetivos.
Es de suma importancia mencionar que los dos modelos de diversificación de portafolios de inversión presentados toman en consideración instrumentos financieros de alta calidad, seguridad y estabilidad. Asimismo, en la construcción de dichos modelos se han dejado fuera instrumentos financieros de alto riesgo y de alta volatilidad. Tanto los bonos como las acciones contemplados en los modelos presentados preferiblemente gozan de una calificación “A” de acuerdo con S&P Global Ratings, la institución calificadora de riesgo. Es así como los inversionistas prudentes y exitosos logran controlar riesgos, manejar expectativas y lograr rendimientos excepcionales.
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Descuido de la Inversión Extranjera Directa “ por: Jaime Ramírez Ortega Fiscal General de La Universidad Cristiana
Está claro que con mano dura y súper mano dura, no se podrá soluciones la violencia. Se requiere de una estrategia a la inversa, apostándole a los niños salvadoreños, desde la primera infancia, destinando recursos a educación hasta llevarlo al 7% del PIB. Porque una generación bien educada, piensa, emprende y produce riquezas
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El Salvador se coloca en la actualidad en la posición número 85, de un total de 190 economías evaluadas en la atracción de Inversión Extranjera Directa, según el Banco Mundial. Es decir, 12 casillas más abajo que los resultados de la edición 2018 del informe. De manera que las condiciones para hacer negocios en El Salvador siguen en picada, ya que el informe “Doing Business 2019”revela que la nación salvadoreña ha retrocedido en todos los indicadores evaluados y fue el país que más posiciones ha caído a nivel centroamericano.
Un ejemplo de ello lo vemos en la obtención de electricidad (posición 97) y la apertura de un nuevo negocio (posición 147), ya que no solo es burocrático, sino complicado, de tal forma que El Salvador, ha caído 9 y 7 casillas más abajo que el ranking anterior. Del mismo modo, han venido en picada indicadores como; Registro de Propiedades(es la facilidad y agilidad con la que se puede asegurar un derecho) y la Resolución de Contratos, la cual mide el tiempo y el costo para resolver una disputa mercantil ante un juzgado local que brinde seguridad jurídica a las partes en conflicto. En consecuencia, no se puede dejar a ultranza de la clase política, el clima de inversión. Se requiere de un esfuerzo que genere sinergia en la industria, el comercio y el resto de fuerzas vivas de El Salvador, dado que los grandes retos y desafíos no se solventarán con la sola intervención del
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gobierno. Ni estriban únicamente en la desindustrialización que está asociada al incremento de la violencia en el territorio salvadoreño, como lo establece la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), sino más bien, que todo ello está asociado a las divisiones ideológicas y la falta de inversión en educación. Por lo tanto, para sacar a El Salvador del caos de violencia, de la desigualdad, de la miseria, de la falta de oportunidades, del bajo crecimiento económico, y encaminarnos hacia un mejor clima de inversión, se requerirá que se hagan cambios estructurales específicos como; el trabajo en equipo, para ello deberemos dejar a un lado lo ideológico y concentrarnos en la marca país, y hacer un análisis con las mejores mentes en materia económica, jurídica y otras disciplinas, para realizar una reforma integral al cuerpo normativo que elimine los obstáculos de la inversión. Comenzando por reformar el Código Tributario, en el tema de los aranceles y la agilización de trámites de desaduanajes de mercancías. En ese mismo sentido, se deberán reformar el Código de Comercio, la Ley del Centro Nacional de Registros, la Ley de Servicios Internacionales y la Oficina Nacional de Inversiones (ONI). Para desburocratizar los trámites de la inscripción de las sociedades extranjeras y locales, ya que en la actualidad, existen varios pasos para lograr la inscripción de modo que se podría plantear una reforma para que todos los trámites se hagan en línea.
Evidentemente, todo ello se puede resolver con voluntad y trabajo en equipo. Sin embargo, hay otros problemas que nos llevara más tiempo construir soluciones. Para lograr una mayor atracción de inversión extranjera, uno de ellos es mejorar los costos de energía eléctrica, siendo El Salvador, uno de los más caros en la región, por lo que se deberá destinar recursos para diseñar y producir energía limpia, que dé como resultado abaratar los precios de energía eléctrica. El otro tema es bajar los niveles de violencia que tiene a la población en zozobra y el país se vuelve carente de atracción para la inversión, está claro que con mano dura y súper mano dura, no se podrá soluciones la violencia. Se requiere de una estrategia a la inversa, apostándole a los niños salvadoreños, desde la primera infancia, destinando recursos a educación hasta llevarlo al 7% del PIB. Porque una generación bien educada, piensa, emprende y produce riquezas.
Y que haya una interconexión entre los Centros de Registros, Bancos, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Certracen, Alcaldías, Afp´s y el ISSS, para volver más expeditos los procesos de inscripción de una sociedad mercantil local o extranjera. Asegurar la prontitud del cumplimiento de un contrato, o la inscripción sin premuras de una garantía inmobiliaria, así como ofrecer la eficacia de la seguridad jurídica de una marca o una patente. En otras palabras, modernizar las instituciones públicas y privadas, en aras de mejorar el clima de inversión.
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FÚTBOL EN EL SALVADOR: Entrevista con Oriol de Gispert director Penya del barca El Salvador POR: Editorial dyn Entrevistamos a Oriol Gispert, abogado que tiene más de 40 años de experiencia trabajando de cerca con el fútbol español. Ha sido jugador, entrenador, se especializó en fútbol sala y quedó campeón de España con su equipo La Palma. Trabajó 15 años en la Federación de España para organizar el fútbol sala. Trabajó para el equipo del Barcelona, la FIFA, UEFA y en diferentes competiciones. Hoy en día, trabaja en su despacho brindando asesoría deportiva. Actualmente reside en El Salvador y es director de Penya del Barca El Salvador. Organización sin fines de lucro que realiza actividades deportivas con niños y adolescentes. Él nos ofrece su percepción de cómo está el fútbol en El Salvador.
¿Cómo ve a la liga de fútbol profesional en El Salvador? España era un lugar así hace 50 años, jugábamos con las condiciones que tienen ahora, campos muy malos, instalaciones muy básicas. En España hubo un cambio a partir de los juegos olímpicos de Barcelona, estos cambiaron al país. Se invirtió mucho dinero a raíz de ese evento, cualquier pueblo en España tiene un campo de fútbol correcto y una pista de baloncesto correcta y sin importar si el equipo del pueblo es bueno o malo. Aquí hay equipos, afición, pero falta lo básico; estos equipos no tienen jugadores juveniles. No hay competiciones de niños que sustenten a los equipos, tienen que venir gente de fuera o gente veterana que no se retira nunca, porque no hay gente que venga de abajo.
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En cualquier deporte que desees organizar, necesitas impulsar las competiciones de chicos. Asegurar que todos puedan participar y de ahí comenzar a ganar dinero con lo que rodea al fútbol. El Barcelona ha generado 1,000 millones de euros de presupuesto anual, siendo el primer equipo en lograrlo a nivel mundial. Es importante destacar que el Barca tiene además 1,000 jugadores a su cargo, y un equipo así tiene la obligación de expandir su imagen por todos los países del mundo y eso se logra a través de las penyas, las escuelas. Si este Gobierno invirtiera en el deporte 50 millones más, en tres años tendría tres medallas en algún evento importante. Aquí la selecta de fútbol playa hizo algo hace tres o cuatro años, pero no se siguió invirtiendo en eso. Y eso que el Gobierno es el primer beneficiario, es una gran ayuda a la imagen del Estado y los clubs no pueden soportar toda la actividad deportiva, es con el Estado que aparecen deportistas de todos lados. Ustedes en la Penya del Barca ¿qué labor están haciendo?, ¿cuáles son sus proyectos en El Salvador? Campus y escuelas con un porcentaje entre 25% y 30% de gente becada. Queremos enseñar los valores del deporte a los niños y eso es importantísimo. Al practicar deporte de equipo, aprenden a ayudar y a que te ayuden y son esos valores los explotas, los explicas y los pones en práctica. La escuela dura 10 meses, por ejemplo, la escuela del Barca es de lunes a viernes y el sábado compites, así generas actitudes más de equipo. Y es esta práctica del Barcelona de no solo competir sin puntos, sino solo por la competencia, deja excelentes resultados.
¿Qué lo llevó a entrar en el fútbol en nuestro país? He trabajado por más de 15 años en la federación española. Vine aquí y quería un crear un proyecto deportivo y me enteré que ya había una Penya, me uní y comencé a trabajar. En este país hay mucho miedo y también hay que trabajar en eso. Falta mucha cultura de envalentonarnos y dejar todo el tiempo de estar esperando que venga el Gobierno y lo solucione todo, porque eso no va a pasar. Creo que ahí hay mucho trabajo que hacer, pero siempre hay que sentarnos con el Gobierno y poner las instalaciones, esa es la base. Si pones un niño en el campo de fútbol se lo estás quitando a las calles. Aquí el deporte tiene muchos problemas y uno de ellos ha sido la credibilidad en el deporte nacional. Al fútbol profesional de aquí le falta fundamentalmente cultura profesional y eso viene desde la federación. Aquí el deporte tiene muchos problemas y uno de ellos ha sido la credibilidad en el deporte nacional. Al fútbol profesional de aquí le falta fundamentalmente cultura profesional y eso viene desde la federación
Aquí ni siquiera hay un sindicato de trabajadores, eso es básico. Aquí no hay ni como reclamar los derechos, cada quien va por su labor hasta donde puede y eso genera una falta de seriedad. Eso genera falta de credibilidad y con eso no vienen patrocinadores, ni televisoras y sin eso no hay nada. Lo que más conviene es que el deporte se profesionalice. Esa es la base de todo y lograr la sustentabilidad. Otro factor que ayudaría es buscar contratos con televisiones para que se den partidos de todos los deportes, buscar un patrocinador, una televisión, una federación. Necesitamos un sindicato de fútbol, convocamos a 20 jugadores se les establece una cuota de diez dólares. Que los jugadores se afilien y se alineen en su mismo camino. Decimos huelga y se hace. Yo te hablo con mucha experiencia, en España teníamos contratos sin límites y sin que el jugador pudiera decir nada, hasta que un día los jugadores hicieron huelga y no hubo partidos el domingo, hoy en día tienen derechos que no se las creen ni ellos. El punto básico es que lo jugadores se unan para exigir sus derechos. Y que por medio del sindicato se pueda establecer obligaciones con las federaciones, que tengo derecho a vacaciones de quince días al año, que si me llama la selección la obligación es que yo vaya, que si no me pagan a final del año, el equipo desciende.
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opinión estudiantil
LA UNIFORMIDAD DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO por: josué flores estudiante ciencias jurídicas - UTEC
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el silencio administrativo no es una potestad que posee la Administración Pública; sino que es una figura jurídica que constituye un mecanismo de garantía para el administrado frente a las prerrogativas del Estado
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Con la reciente Ley de Procedimientos Administrativos, (LPA) la cual entró en vigor el 13 de abril del 2018, trajo sin duda la uniformidad a los procedimientos que compete seguir en la administración pública, asimismo la estandarización de principios, conceptos y plazos. Sin duda alguna, el silencio administrativo no es una potestad que posee la Administración Pública; sino que es una figura jurídica que constituye un mecanismo de garantía para el administrado frente a las prerrogativas del Estado. Es por esto que dicha figura en su concepción principal no confiere efectos ni positivos ni negativos, sino que es la ley que otorgará tales efectos. Los Art. 113 y 114 de la LPA establecen los efectos del silencio administrativo para los procedimientos iniciados a petición del interesado y los iniciados de forma oficiosa. Los procedimientos que han sido iniciados a instancia del interesado o a petición del administrado, establece la ley que: “pasando el plazo máximo para que la administración emita resolución expresa no lo hubiese hecho, este hecho producirá el efecto positivo, de este modo el interesado podrá entender que su petición es estimatoria”. Posteriormente la LPA puntualiza supuestos donde se tendrá el efecto negativo del silencio administrativo, aún cuando tal procedimiento ha sido iniciado por instancia del interesado. Es menester tener en cuenta que cuando se ha producido el efecto positivo del derecho administrativo y se emite posteriormente resolución expresa, esta solo podrá ir en el mismo sentido del efecto positivo; mientras que cuando se ha producido los efectos
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negativos del silencio administrativo y se emita posteriormente resolución expresa, se adaptará lo dicho por la administración y el efecto negativo que produjo el silencio, no tendrá vinculación. Los procedimientos que han sido iniciados de oficio y no se ha emitido resolución expresa en el plazo señalado por la ley, no exime a la administración pública dar cumplimiento a su obligación de resolver. Los efectos al vencer el plazo según sea el caso son: si del procedimiento se pudo derivar el econocimiento o constitución de derechos dividualizados, los interesados podrán entender desestimada su pretensión; mientras que los procedimientos donde la administración publica ejercite sus potestades sancionadoras, o en general aquellas que produzcan efectos desfavorables o gravamen tendrá el efecto de la caducidad. Es así como ahora se entiende el silencio administrativo de una forma general aplicables a toda la administración pública.
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