Edición #93

EDICIÓN #93

ISS N: 2075-6631

carolina lazo socia - arias

contenido

PRESIDENTE Manuel Carranza manuelcarranza@derechoynegocios.net

vicepresidente Lisandro Campos lisandrocampos@derechoynegocios.net

DIGITALIZACIÓN VERSUS FORMALIDAD TRIBUTARIA 6

APROXIMACIÓN AL DAÑO MORAL: DESAFÍOS Y RETOS 10 Urge una nueva Ley de Probidad Pública efectiva y que 12 cumpla con la jurisprudencia constitucional ENTREVISTA A PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA: MSC 14 MIRIAM GERARDINE ALDANA REVELO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LAS GRANDES REDADAS 16

prensa@derechoynegocios.net

GERENTE COMERCIAL Maybeth Gómez gerencia@derechoynegocios.net

DISEÑO GRÁFICO Roxana Bonilla arte@derechoynegocios.net

entrevista con 18 carolina lazo

El Salvador ante el Lavado de Dinero y Corrupción 22 SUPLANTACION DE IDENTIDAD COMO DELITO INFORMÁTICO 24 Prueba científica en el campo Penal 26 Qué tanto apostamos por el turismo 28 Entrevista a josé giammattei, fundador de 30 applaudo studio ¿Cómo opera la libre competencia en los procesos de 32 compras públicas?

www.derechoynegocios.net

@RevistaDerechoyNegocios

Edición #93 ISSSN: 2075 - 6631 Calle El Mirador, Pje Domingo Santos #600-31 Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador Prohibida la reproducción total o parcial de esta revista sin previa autorización.

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Reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 8 Administración Pública

EDITORA Claudia Espinoza

@RevistaDyN

@DerechoyNegocios

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13 DE NOVIEMBRE

7:30 P.M.

2264 5186 gerencia@derechoynegocios.net

GALA

AN I V E R S A R I O

Carta del

Presidente Queridos lectores, es para mí un gusto mostrarles una nueva edición de nuestra nueva edición #93. Como cada mes, les mostramos contenido de calidad y de relevancia nacional.

Como hemos venido anunciándolo en nuestras redes sociales, el próximo miércoles 13 de noviembre a las 7:30 p.m., celebraremos nuestra gala de aniversario y entrega de premios 2019. Los abogados, empresarios, diplomáticos y políticos más importantes de El Salvador se harán presentes en la gala más grande celebrada al sector legal y empresarial del país.

Más de 25 participantes entre ellas firmas legales, bancos, aseguradoras y empresas competirán por los premios Derecho y Negocios 2019.

Las bases de participación para los premios están disponibles en nuestra página web: www.derechoynegocios.net. La fecha límite para entregar las bases completas es el 21 de octubre a las 5:00 p.m.

En esta edición #93 les traemos artículos de reformar a la LACAP, la presunción de inocencia y las grandes redadas, El Salvador ante el lavado de dinero y corrupción, suplantación de identidad como delito informático, prueba científica en el campo penal, entre otros.

En la entrevista principal hablamos con Carolina Lazo, socia de ARIAS especialista en aviación, energía, medio ambiente, regulatorio y zonas francas. Quien además es la creadora del Programa Arias Gives Back, que ha sido nominado por Chambers & Partners en la categoría Pro Bono Law Firm of the Year a nivel latinoamericano.

Manuel Carranza Presidente

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Derecho

DIGITALIZACIÓN VERSUS FORMALIDAD TRIBUTARIA “ Pedro Cañas Manager Tax & Legal Grant Thornton

Ante el surgimiento de nuevos avances y constantes innovaciones tecnológicas, se vuelve necesario plantear los siguientes cuestionamientos desde la perspectiva fiscal salvadoreña, ¿Cómo están evolucionando las regulaciones impositivas locales ante estos cambios a nivel mundial? y específicamente, ¿El Salvador cuenta con legislación tributaria lo suficientemente clara y robusta para abordar y dotar de legalidad al creciente avance de la digitalización?

“

Con el transcurso del tiempo, la tecnología ha desempeñado un papel importante alrededor del mundo, cambiando y haciendo más eficiente la forma en que las empresas operan y hacen negocios; así como la interacción de la población con las administraciones públicas. Claros ejemplos de ello es que algunas actividades que anteriormente eran demasiado burocráticas, tanto públicas como privadas, hoy pueden accederse o solicitarse fácilmente mediante el uso de plataformas electrónicas desde cualquier lugar, dinamizándose así la economía por medio de la digitalización.

Ante el surgimiento de nuevos avances y constantes innovaciones tecnológicas, se vuelve necesario plantear los siguientes cuestionamientos desde la perspectiva fiscal salvadoreña, ¿Cómo están evolucionando las regulaciones impositivas locales ante estos cambios a nivel mundial? y específicamente, ¿El Salvador cuenta con legislación tributaria lo suficientemente clara y robusta para abordar y dotar de legalidad al creciente avance de la digitalización?

La implementación y uso de innovaciones tecnológicas disruptivas, vuelven necesario que las leyes también evolucionen, con el objeto de regular estas nuevas formas de hacer las cosas, pues, aunque facilitan la mayor parte de aspectos de nuestra vida, el no tener regulaciones legales y técnicas lo suficientemente claras, podrían representar obstáculos para la Administración Tributaria y mayores cargas a los contribuyentes. Esto, porque si no se dota de seguridad jurídica a estas operaciones digitales, podrían generarse contrariedades al momento de determinar tributos y/o cumplimientos formales, afectándose con ello la seguridad jurídica.

A nivel internacional, diferentes organismos han planteado la utilización de nuevos mecanismos para la implementación de nuevas formas de tributación que garanticen la equidad en la recaudación de impuestos en la era digital. Así

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derecho

leyes vigentes en la materia tributaria restringen o limitan la implementación de la digitalización, al establecer requisitos formales que obligan la comprobación de operaciones con incidencia fiscal mediante su impresión en papel.

también Estados que conforman la Unión Europea han enfocado sus esfuerzos en renovar y transformar sus administraciones tributarias, brindando nuevas herramientas y experiencias para que los contribuyentes pueden fácilmente cumplir con sus obligaciones fiscales y reducir a su vez los niveles de evasión.

Para el caso de El Salvador, se han iniciado planes para facilitar la declaración y recaudación de impuestos mediante la utilización de tecnología, estando dentro de estos, la puesta en marcha de la facturación electrónica como principal punto de referencia de la entrada de la digitalización en la tributación. Sin embargo, su implementación no logrará ser eficiente ni podrá cumplir sus objetivos, si no se establecen previamente los mecanismos y regulaciones legales necesarias para salvaguardar la seguridad jurídica al momento de respaldar operaciones con incidencia fiscal en medios digitales.

Lo anterior debe tomarse en cuenta pues, aunque contemos con una Ley de Firma Electrónica que brinda validez jurídica a la firma digital y además se estén discutiendo los anteproyectos de la Ley de Comercio Electrónico y la Ley de Protección de datos personales ,con las que se podrán reconocer y proteger jurídicamente datos y transacciones contenidas en archivos digitales; las

Claro ejemplo de estas limitantes, son las reglas para la deducción de costos y gastos mencionadas en el Código Tributario, las cuales establecen la obligación de comprobar y respaldar tales deducciones con documentos idóneos que cumplan con todas las formalidades exigidas por las leyes tributarias respectivas -como las mencionadas por el artículo 114 del mismo Código-, e inclusive obligando la formalización de actos en contrato escrito como requisito indispensable de deducción. Caso contrario, tales deducciones serían rechazadas e inclusive podrían acarrear la imposición de sanciones, afectándose el dinamismo que se fomenta mediante los usos de las nuevas tecnologías.

es necesario que se considere una reforma integral de la legislación tributaria, o bien la emisión de una ley que se enfoque específicamente en la Facturación Electrónica, con el fin de desechar formalidades restrictivas como la emisión de documentación física y se habiliten usos que respondan a las necesidades tecnológicas

Por lo tanto, es necesario que se considere una reforma integral de la legislación tributaria, o bien la emisión de una ley que se enfoque específicamente en la Facturación Electrónica, con el fin de desechar formalidades restrictivas como la emisión de documentación física y se habiliten usos que respondan a las necesidades tecnológicas. Como es el caso de la facturación electrónica, permitiendo así a la administración tributaria y a los contribuyentes el acceso a la automatización de procesos y el uso de Infraestructura digital; pudiendo así contar con disposiciones legales que permitan la verificación de cumplimientos tributarios sin afectar el proceso de transformación digital que día a día avanza aceleradamente.

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Derecho

Reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública Oscar Álvarez gerente técnico - A&C Consulting

obras, bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de sus fines. Cada institución pública determina sus necesidades, selecciona a sus proveedores y gestiona sus contratos.

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En búsqueda de la decisión óptima, la solemnidad de la Licitación Pública, tiende a comprometer la oportunidad de la compra. En contraparte, la celeridad de la Libre Gestión y de la contratación directa, riñe con la calidad de la decisiónCon los procedimientos administrativos actuales, los compradores públicos se debaten entre lo óptimo y lo oportuno

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En vísperas del vigésimo aniversario de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), el ministro de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa, un proyecto de reformas a dicho cuerpo normativo. Dicho proyecto generó un fuerte debate respecto al Procedimiento de Licitación Simplificada para Convenio Marco. La controversia radica en que se otorgaría a la UNAC, dependencia del Ministerio de Hacienda, la atribución de centralizar procedimientos de Licitación para suplir la demanda de bienes y servicios de todo el Estado.

Uno de los grandes logros de la LACAP, fue romper con un régimen ineficaz e ineficiente de compras concentradas en la extinta Proveeduría General de la República. El principio de descentralización operativa de la LACAP, consiste en otorgar a cada institución pública, la responsabilidad de ejecutar sus asignaciones presupuestarias, promoviendo procedimientos administrativos para la adquisición y contratación de las

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La preocupación sobre el aparente retroceso es razonable, sin embargo, la propuesta de reforma tiene otros elementos que mejoran sustancialmente la forma en que las distintas administraciones públicas utilizan el dinero de todos los salvadoreños. Dado el peligro de que el proyecto se entrampe, resulta imperioso enriquecer la discusión. He acá un pequeño aporte: Esencialmente, la LACAP contempla 3 tipos de procedimientos administrativos de selección de proveedores. En primer lugar, se encuentra la Licitación Pública, regla constitucional para las compras del Estado. En ella se encuentran presentes con mayor vigor, los principios de publicidad, igualdad y libre concurrencia, generando condiciones para que la administración adopte la decisión más óptima en factores de calidad y precio.

En segundo lugar, está la Libre Gestión, procedimiento administrativo ágil y expedito, utilizado para todas las contrataciones de montos inferiores al umbral de la licitación pública. Finalmente, tenemos la Contratación Directa, procedimiento excepcional, en el cual la selección de proveedores se realiza con una peligrosa discrecionalidad.

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En búsqueda de la decisión óptima (la mejor calidad al mejor precio), la solemnidad de la Licitación Pública, tiende a comprometer la oportunidad de la compra. En contraparte, la celeridad de la Libre Gestión y de la contratación directa, riñe con la calidad de la decisión. Con los procedimientos administrativos actuales, los compradores públicos se debaten entre lo óptimo y lo oportuno. La solución al dilema, pasa por implementar procedimientos que permitan adquirir lo mejor, al precio más bajo y en el menor tiempo posible. Afortunadamente el derecho de las compras públicas tiene mucho desarrollo fuera de nuestras fronteras, por lo que las soluciones ya fueron inventadas.

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La reforma plantea la inclusión de tres nuevos procedimientos administrativos de selección de proveedores: Licitación Simplificada para Convenio Marco, Licitación Simplificada por Subasta Electrónica y Menor Cuantía. En esta columna se abordará brevísimamente la Licitación Simplificada para Convenio Marco.

Con el objeto de definir el objeto de la contratación, la UNAC realizará un análisis de mercado. Luego promoverá una Licitación para seleccionar a los proveedores que suscribirán el convenio y que alimentarán una tienda en línea llamada Catálogo Electrónico. La Licitación Simplificada tendrá básicamente el mismo esquema de la Licitación Pública.

Los ganadores suscribirán un Convenio Marco y tendrán derecho a colocar sus productos en el Catálogo Electrónico. Cuando cualquier institución necesite adquirir bienes o servicios —en lugar de promover un procedimiento de selección—, acudirá al catálogo.

Verificará que el producto cumpla con las especificaciones requeridas y realizará una compra en línea. Por transparencia, la identidad del proveedor se mantendrá anónima hasta que el ítem sea seleccionado. Este procedimiento puede reducir sustancialmente las “compras hormiga” de las UACI y permitirá comprar bien y a tiempo. El Convenio Marco reúne lo mejor de la Licitación Pública y de la Libre Gestión.

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La ONU emitió la Ley Modelo sobre la Contratación Pública, como referencia para modernizar las leyes de compras públicas alrededor del mundo y contempla distintas modalidades de Convenio Marco, Convenio Cerrado, donde únicamente los ganadores de la Licitación pueden colocar sus productos en el catálogo. Convenio Abierto, donde otros proveedores pueden unirse durante su vigencia. Convenio sin Segunda Etapa Competitiva, donde las condiciones ofertadas en la Licitación se mantienen estáticas. Convenio con Segunda Etapa Competitiva, donde se genera competencia entre los suscriptores del Convenio.

Nada de esto viene en la reforma. Es el momento de enriquecerla tomando como referencia la Ley Modelo de la ONU, las experiencias de otros países y los aportes constructivos de los distintos actores de las compras públicas.

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Derecho

APROXIMACIÓN AL DAÑO MORAL: DESAFÍOS Y RETOS “ Josué Barahona socio - Pineda & amaya asociados

A esta fecha, existen grandes desafíos y retos académicos sobre el daño moral. Las universidades deberían incluir en sus pénsums estudios suficientes sobre el daño moral. Es necesario que usuarios del sistema judicial, como litigantes, colaboradores judiciales, jueces etc., reciban capacitación constante sobre el daño moral

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Cuantas veces hemos leído en artículos de prensa extranjeros condenas millonarias en indemnización de daños morales. Cuentas veces hemos visto en sentencias de amparo, de la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo siguiente: “Queda expedita a la actora la promoción de un proceso por los daños materiales y/o morales...”; y, nos hemos preguntado: ¿Cómo formulo una demanda por daños morales?; ¿Cómo cuantifico el daño moral?; ¿Cómo pruebo el daño moral?

Todas estas respuestas requieren un análisis intelectivo amplio y complejo. En el presente artículo, se realizarán comentarios y reflexiones generales sobre este tema.

Para iniciar, es necesario conceptualizar ¿qué es el daño moral?, en mi opinión, se puede definir como aquella acción antijurídica, imputable y punible, que ocasione un daño o menoscabo a derechos extrapatrimoniales; o sea, que provoque una conculcación a los derechos constitucionales de honor, intimidad personal o propia imagen.

Los daños morales fueron reconocidos expresamente en la Constitución del año de 1950, específicamente, en el artículo 163, que estableció lo siguiente: Art. 163: “Todos los habitantes de El Salvador tienen derecho a ser protegidos en la conservación y defensa de su vida, honor, libertad, trabajo, propiedad y posesión.

Se establece la indemnización, conforme a la ley, por daños de carácter moral.”; y retomado por la Constitución del año de 1962

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exactamente en los mismos términos y en el mismo Artículo 163. Por último, ha sido reconocido por la Constitución vigente del año de 1983, en el Art. 2 inciso tercero que expresa: “Se establece la indemnización, conforme a la ley, por daños de carácter moral”.

Ahora bien, ese precepto constitucional tuvo un vacío normativo, que consistió en la omisión del legislador de crear una ley secundaria que posibilitaría incoar procesos cuya pretensión se sustentare en daños morales. Periodo que duró más de sesenta años, dicha situación fue declarada inconstitucional por omisión el 23 de enero de 2015, cuando la Sala de lo Constitucional, pronunció la sentencia de inconstitucionalidad, en el proceso de constitucionalidad, marcado bajo la referencia 53-2012, ordenando al legislador -Asamblea Legislativa- que regulará esta materia: a más tardar el 31 de diciembre de 2015.

La Asamblea Legislativa, materializó la orden de la referida Sala, el día 10 de diciembre de 2015, a través de la LEY DE REPARACIÓN POR DAÑO MORAL, la cual entró en vigencia a penas hasta el día 8 de enero de 2016.

Sin embargo, a pesar que en nuestra legislación los daños morales es un tema reciente, no es ninguna

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novedad en países extranjeros ni en el arbitraje internacional, lo que puede constituir una fuente importante sobre su interpretación y aplicación, a la luz del derecho comparado.

Esta nueva ley amplió la concepción tradicional que el daño moral solo procedía en derecho de familia, pues reguló expresamente que el daño moral podría surgir en otras ramas del derecho, al establecer en el Art. 3 de la misma, lo siguiente: “Se tendrán como causas para la reparación del daño moral: a) Cualquier acción u omisión ilícita, intencional o culposa, en los ámbitos civil, mercantil, administrativo, penal o de otra índole…”. Además, reconoció la autonomía del daño moral. Incorporó como causal del daño moral, la afectación sustancial al proyecto de vida. Moderniza e innova la tradicional responsabilidad civil -daño emergente y lucro cesante-, entre otros temas de gran trascendencia.

A esta fecha, existen grandes desafíos y retos académicos sobre el daño moral. Las universidades deberían incluir en sus pénsums estudios suficientes sobre el daño moral. Es necesario que usuarios del sistema judicial, como litigantes, colaboradores judiciales, jueces etc., reciban capacitación constante sobre el daño moral. Los estudiantes en sus tesis, deben coadyuvar al análisis y comprensión del daño moral.

Es tarea de toda la comunidad jurídica salvadoreña, potencializar y posibilitar que el daño moral se convierta en una verdadera realidad de la práctica judicial y, que no siga en mi opinión, como casos judicializados aisladamente o letra muerta, como ha sucedido hasta esta fecha.

En mi percepción personal, el daño moral, en términos de derechos litigiosos, constituirá la disciplina que será el futuro de los próximos años.

En ese o r d e n de ideas, es necesario reflexionar sobre la practicidad del daño moral a más de dos años de la entrada en vigencia de la referida ley, pues, cuando analizamos ciertas ramas del derecho, como por ejemplo: civil, mercantil, administrativo, penal etc., considero que estos temas han sido poco explorados, menoscabando los derechos de los titulares a una indemnización por daño moral, pues pocas veces se han judicializado.

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Urge una nueva Ley de Probidad Pública efectiva y que cumpla con la jurisprudencia constitucional Lilliam Arrieta de Carsana Investigadora Senior - Departamento de Estudios Legales de Fusades

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La Ley contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos tiene más de 60 años de vigencia y no constituye el marco idóneo por carecer de las herramientas necesarias para prevenir, combatir y sancionar el enriquecimiento sin causa al que se refiere el art.240 de la Constitución

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La corrupción es un mal que tiene muchas dimensiones y que genera muchos males para una sociedad. En primer lugar, priva a los ciudadanos de sus más elementales derechos, en la medida en que los fondos de los contribuyentes desviados para fines ilícitos, debilitan los presupuestos que pueden efectivamente asignarse a rubros como salud, educación, seguridad, entre otros.

Por otra parte, la experiencia internacional está demostrando que en varios países existe un descontento con la democracia por la falta de combate efectivo en contra de la corrupción y

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que esa frustración ha facilitado el surgimiento de líderes de corte autoritario que durante sus campañas prometen combatir duramente la corrupción. Por estos y muchos motivos más es de mucha importancia que en nuestro país se fortalezca la lucha contra la corrupción, a través de todas las medidas y normativas que sean necesarias.

La Ley contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos tiene más de 60 años de vigencia y no constituye el marco idóneo por carecer de

derecho las herramientas necesarias para prevenir, combatir y sancionar el enriquecimiento sin causa al que se refiere el art. 240 de la Constitución de la República.

Fusades ha trabajado en un anteproyecto desde 2013, cuando se comenzó a elaborar un borrador de Ley de Probidad Pública con otras organizaciones de la sociedad civil, con el acompañamiento de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Un par de años después, se creó el Equipo Gestor de la Ley de Probidad quien en noviembre de 2015 presentó un Anteproyecto de Ley de Probidad Pública a la Asamblea Legislativa.

No obstante ello, los diputados aprobaron en mes de diciembre de ese año su propio proyecto de ley, el cual fue luego declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, como resultado de una demanda presentada por miembros del Equipo Gestor en febrero de 2016.

Entre 2016 y 2017, el Equipo Gestor siguió trabajando junto a los directores y técnicos de la Sección de Probidad en un proyecto de Ley de Probidad Pública.

Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema de Justicia decidió retomar directamente el tema, y actualmente se encuentra elaborando un proyecto de “Ley Integral de Probidad”, el cual se ha sometido a consideración de algunas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a Fusades, por lo que se ha tenido la oportunidad de revisarlo y de constatar sus fortalezas y debilidades, a las cuales se hará referencia en los párrafos que siguen.

Entre las fortalezas que tiene este proyecto de ley puede mencionarse el endurecimiento de las sanciones en contra de los servidores públicos que no presenten su declaración, como por ejemplo la destitución sin responsabilidad para el Estado.

También se han incrementado las multas y se agregan supuestos de sanciones para los funcionarios de elección popular. Además se exige la actualización de la declaración cada cierto tiempo.

Por otra parte, se incluye alguna regulación sobre los conflictos de interés, el cual es un tema que debe regularse en nuestro país para fortalecer la probidad y la lucha contra la corrupción.

Finalmente, entre los aspectos que cabe destacar es que el proyecto de ley establece que las declaraciones patrimoniales se harán en un formulario único electrónico y que se elaborará una versión pública de las mismas para garantizar su publicidad.

No obstante estas y otras bondades del proyecto, esta cuenta con una falencia insuperable y es la omisión del juicio civil por enriquecimiento ilícito. El proyecto de ley trabajado por la CSJ remite todo a un proceso de extinción de dominio, haciendo caso omiso de jurisprudencia vigente de la Sala de lo Constitucional que expresamente ha establecido que el cauce procesal para combatir el enriquecimiento sin causa el que se refiere el art. 240 Cn. es el juicio civil.

En primer lugar la inconstitucionalidad 6-2016 del 9 de febrero de 2018, señala que la Ley de Probidad aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2015, adolece de una inconstitucionalidad, por haber “omitido regular el juicio civil por enriquecimiento sin causa establecido por el Constituyente en los incisos 1° y 4° del art. 240 Cn. lo cual implica en términos prácticos suprimir la competencia de la CSJ para ordenarlo”.

En segundo lugar, la inconstitucionalidad 146-2014 del 28 de mayo de 2018, ha establecido que la acción de extinción de dominio y el enriquecimiento sin causa no son sustituibles entre sí. En su parte más relevante, la mencionada sentencia ha establecido lo siguiente: “El aspecto diferencial más relevante entre ambas figuras es que el enriquecimiento ilícito es una acción constitucional y la extinción de dominio es una figura legal que persigue fines constitucionalmente legítimos. En razón del carácter constitucional del enriquecimiento ilícito, la extinción de dominio no puede pretender anular la aplicabilidad del art. 240 Cn., porque ello implicaría desconocer la supremacía de esta disposición frente a toda la LEDAB”.

Por lo tanto, mientras no se cambien los precedentes constitucionales, la acción de extinción de dominio no puede sustituir al juicio por enriquecimiento sin causa, que tiene su asidero en la Constitución misma.

En conclusión, es positivo que la CSJ esté trabajando en un proyecto de Ley Integral de Probidad, pero es importante que sea un marco legal realmente efectivo en el combate al enriquecimiento sin causa y que además respete la jurisprudencia constitucional vigente.

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Conversando con

ENTREVISTA A PROCURADORA GENERAL DE LA REPúBLICA: MIRIAM GERARDINE ALDANA POR: Editorial dyn La titular de la PGR lleva al frente cuatro meses y nos habla de los objetivos que tiene al frente de esta institución y las principales carencias.Además, nos informa cómo pretende reducir la mora judicial. ¿Cuáles han sido los primeros avances que ha realizado frente a la PGR? A mi llegada a la PGR me interesé por hacer un diagnóstico administrativo –financiero y de servicio al usuario que me brindara datos objetivos e información de las condiciones institucionales para diseñar la estrategia de trabajo y convertirlos en la línea base de mi trabajo.

¿Cuál es el principal reto de la PGR? La temporalidad del nombramiento me obliga a fijarme metas alcanzables, por lo que puedo identificar, la especialización del personal, con enfoque de derechos humanos, brindándole las herramientas tecnológicas mínimas y los manuales, guías y protocolos de actuación, que incidan en la calidad del ejercicio profesional.

A partir del diagnóstico he logrado impulsar un plan de superación de las principales debilidades en el servicio al usuario y administración a realizar en los primeros 100 días de mi gestión.

Los resultados son 102 acciones estratégicas con más de 380 actividades, tendientes a disminuir la mora identificada en algunos servicios, la creación de plataformas tecnológicas para facilitar el servicio a la población usuaria, la creación de mecanismos de control, para evitar el incremento de los saldos acumulados de las cuota alimenticia, entre otros.

Aplicar la Ley Especial de Adopciones con celeridad, especialidad, garantista del interés superior del niño, niña o adolescente sujeto de adopción y propiciar la adopción de una política pública que atienda a los jóvenes que obtuvieron la mayoría de edad y no fueron susceptibles de adopción.

¿Cuáles son sus principales objetivos como Procuradora General de la República?

Reducir los tiempos de respuesta en la entrega de las cuotas alimenticias, propiciando la automatización del servicio.

Adecuar el Plan Estratégico Institucional trianual a la nueva visión, incorporando cinco lineamientos transversales a las nuevas líneas estratégicas institucionales tales como: fortalecimiento institucional, fortalecimiento de las competencias del talento humano, protección especial de las víctimas y de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, así como la prevención de la violencia y la convivencia ciudadana.

¿Cuáles son las principales carencias de la PGR?

Promover la aprobación de un nuevo marco normativo institucional que responda al desarrollo que tiene la PGR y a la nueva realidad normativa nacional e internacional.

Elevar los niveles de integridad pública a nivel institucional a fin de garantizar a la población un servicio objetivo, transparente, imparcial, oportuno y digno.

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Propiciar la inscripción de niños, niñas y adolescentes escolarizados sin un registro de nacimiento que les garantice su derecho a la identidad.

- Presupuesto estatal - Infraestructura. Hay unidades que tienen una capacidad instalada adecuada o apropiada para la demanda, pero hay otras en el interior del país, que no tienen suficiente personal y no se logra responder oportunamente a la demanda de servicios, no contamos con edificios propios y por el escaso presupuesto, son muy pequeñas o antiguas que dificulta el trato cálido y no garantiza la privacidad.

- Flota vehicular. Obsoleta que ya finalizó su vida útil.

- Desarrollo Tecnológico. Los equipos informáticos son de larga data.

Conversando con

¿Qué acciones tomará para que la PGR tenga más protagonismo?

Pretendo elevar el estándar profesional de cada uno de los servidores públicos de la institución incentivando procesos formativos de calidad y con acceso democrático, mediante un enfoque por competencia. Implementando un modelo comunicacional que muestre cómo la institución ayuda a cambiar la realidad de las personas; acercando los servicios a las personas con discapacidad. Generando una trabajo integrado entre las unidades técnicas y las de apoyo administrativo que permitan mejorar los tiempos de respuesta; fortaleciendo la atención especializada a las mujeres, mediante el trabajo conjunto con otras unidades especializadas; y fortaleciendo las alianzas

interinstitucionales que propicien la atención adecuada a la primera infancia, a víctimas de los desplazamiento forzados producto de la violencia, a trabajadores, a personas con discapacidad y a la construcción de una cultura de paz.

Estos enfoques harán que no pasemos inadvertidos y que nuestro personal sea reconocido como el mejor en cada una de sus áreas.

Todo lo que permitirá justificar objetivamente la asignación de un presupuesto adecuado para responder a las demandas de servicio y equipamiento eficiente. ¿Cuáles son los casos más complejos que se atienden en la PGR? La complejidad puede ser referida a la cantidad de usuarios atendidos como en el ámbito de la justicia penal; pero también por los efectos sobre las víctimas, que deben ser atendidas con un enfoque de protección integral, oportuno y descentralizado, que muchas veces es complejo o difícil por la falta de recursos. Ejemplo, atención integral a la niñez y adolescencia, mujeres víctima de violencia, grupos familiares víctimas del desplazamiento forzado interno por razones de violencia. ¿Considera que la institución tiene problemas de excesiva carga laboral? De ser así, ¿cómo solucionará la problemática?

Considero que hay áreas con mayor se ha identificado una mora de 9,000 de diligenciamiento en las áreas de defensoría pública penal, defensoría adolescencia.

carga laboral que otras, expedientes con dilación familia, derechos reales, pública laboral, niñez y

Por lo que de forma inicial se creó un equipo de depuración de mora en el área de derechos reales y personales, que actuarán de forma itinerante y estará acompañando a los equipos locales para depurar la mora existente.

De igual forma estoy buscando apoyo en el Ejecutivo para que nos provean del presupuesto suficiente que nos permita contratar servicios profesionales de colaboradores jurídicos que se dediquen a erradicar la mora existente.

Y se revisarán los convenios interinstitucionales con universidades privadas para el apoyo profesional.

Estamos promoviendo el trabajo en jornadas extraordinarias para depurar la mora.

A futuro pretendo promover una reforma legal que permita servicios más flexibles, procedimientos más expeditos, libres de barreras burocráticas.

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actualidad

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LAS GRANDES REDADAS Arnau Baulenas Coordinador del Equipo de Procesos de Justicia - Idhuca

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La exposición mediática prematura, únicamente tiene un efecto y este es la vulneración del principio de presunción de inocencia, la destrucción de hogares y la criminalización de muchas personas ,cuyo único delito es vivir en condiciones de vulnerabilidad rodeadas por estructuras de crimen organizado

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la criminalidad concluye con una orden de detención administrativa. Sin embargo, y si la preocupación real de las autoridades es poder dar una respuesta efectiva a las víctimas, dicha práctica debe cuestionarse a la luz de un principio constitucional como es la presunción de inocencia.

En los últimos años se ha convertido en costumbre girar órdenes de detención administrativa a centenares de personas. De hecho, son pocas las semanas donde la Fiscalía General de la República (FGR) junto con la Policía Nacional Civil (PNC) no realizan una de estas grandes redadas.

Inmediatamente después de las capturas, las personas son expuestas ante los medios de comunicación como criminales.

Parece que el éxito del Estado de Derecho en su lucha contra

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Nuestra Constitución de la República en su artículo 12 establece que el principio de presunción de inocencia obliga a tratar a la persona procesada, como inocente hasta que no haya sido vencida en un juicio público y conforme a la ley. En relación con dicho principio se desprenden muchas garantías, pero a los efectos del presente artículo, es importante hacer un análisis desde la exposición mediática que reciben las personas procesadas en el momento de la detención y durante el proceso penal. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas -órgano de tratado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, en su observación general número 32, que interpreta el artículo 14 de dicho Pacto, en el párrafo 30 establece de forma literal: “Todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios públicos en que se declare la culpabilidad del acusado. Normalmente, los acusados no deberán llevar grilletes o estar enjaulados durante el juicio, ni ser presentados

actualidad

ante el tribunal de alguna otra manera que dé a entender que podría tratarse de delincuentes peligrosos. Los medios de comunicación deberán evitar expresar opiniones perjudiciales a la presunción de inocencia”.

De una simple lectura del párrafo anterior, se puede concluir con meridiana claridad que la exposición que la PNC y, en menor medida, la FGR hacen de las personas detenidas, vulnera el principio de presunción de inocencia. Las afirmaciones que se realizan, así como las fotos que se publican en los periódicos y redes sociales, contraviene la interpretación del principio de presunción de inocencia que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha realizado.

El Salvador lleva años sumergido en un grave problema de criminalidad organizada, representada, aunque no de forma exclusiva, por las pandillas. Si ante un problema de naturaleza tan compleja, la solución son las grandes redadas y la posterior exposición mediática con el fin de justificar que como Estado se ha dado una respuesta a los deseos de paz de nuestra sociedad, la respuesta simplemente es populista.

La exposición mediática prematura, únicamente tiene un efecto, y este es la vulneración del principio de presunción de inocencia, la destrucción de hogares y la criminalización de muchas personas cuyo único delito es vivir en condiciones de vulnerabilidad rodeadas por estructuras de crimen organizado.

Si se sigue haciendo un uso indiscriminado del twitter y de las conferencias de medios exponiendo a las personas capturadas, la Policía Nacional Civil lo único que está haciendo es beneficiar al crimen organizado, porque cuando se atenta contra las garantías constitucionales de los procesados, los procesos pueden resultar nulos. De hecho, si realmente se quiere proteger a las víctimas y dar una respuesta efectiva a sus deseos de justicia, la única forma es asegurar un estricto cumplimiento de los derechos de las personas procesadas, entre otros, la presunción de inocencia.

Culpable

El sistema de justicia recuperará la confianza de la población no cuando siga decretando la detención provisional, sino cuando consiga una efectividad en las condenas en estos grandes casos. Sin embargo, este objetivo es imposible de lograr, si las investigaciones de fiscalía siguen bajo el criterio de una utilización cuestionable del testigo criteriado y con esta versión, girar las órdenes de captura. De nada sirve tener a un grupo de personas expuestas mediáticamente y detenidas durante dos años, si después no hay pruebas que las incriminen.

Expongan ante los medios a las personas que han sido condenadas, aquellas que a través de un proceso judicial legalmente establecido han sido declaradas culpables, y no aquellas que ni tan siquiera se las ha presentado ante un tribunal de justicia. De no hacerse así, la única sospecha que se obtiene es que estas capturas no son más que un show mediático para justificar la petición de más recursos y hacer creer que la política de seguridad pública y de persecución del crimen es efectiva.

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“Las mujeres tenemos retos en todos los ámbitos. En lo personal al pensar en retos

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que se afrontan como mujer, mi primera idea es el reto de ser profesional y mamá.

Personalmente ser mamá me hace estar inspirada todos los días para esforzarme y dar siempre la milla extra, porque quiero ser un ejemplo de esfuerzo para mis hijos, así que mi primer reto es cumplir esa meta y el otro reto es demostrar que puedo ser mamá y al mismo tiempo una profesional dedicada, y destacarme igual (o incluso si se puede, más) que cualquier otro colega

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carolina lazo socia - arias Carolina Lazo es especialista en aviación, energía, medio ambiente, regulatorio y zonas francas. En este año, Carolina llevó a cabo el proyecto Arias Gives Back que ha sido nominado por Chambers & Partners en la categoría Pro Bono Law Firm of the Year a nivel latinoamericano. Arias Gives Back 2019 fue el primer concurso de responsabilidad social de la firma para motivar a todo el personal a unirse según la afinidad de sus intereses. ¿Cuéntenos un poco sobre su preparación académica?

Estudié Derecho en la Universidad Doctor José Matías Delgado de donde me gradué en el año 2001. Pero mi deseo fue siempre poder estudiar una maestría en Estados Unidos; yo admiraba mucho a mi papá y sabía que él, con mucho esfuerzo había estudiado una maestría en Estados Unidos y pensaba que eso le daba una ventaja de ser el gran profesional que era.. Así que, tan pronto me gradué y me autoricé como abogada de la República, comencé a prepararme para poder ir a estudiar una maestría, a mejorar mi inglés oral y escrito, investigar sobre universidades y programas.

Creo que mi papá fue una fuerte influencia pues lo recuerdo siempre muy interesado -y preocupado- por el tema ambiental, incluso la tesis de su segunda carrera como economista, trató la problemática ambiental. Entonces, con esa influencia, y además al darme cuenta que en esos años la Ley del Medio Ambiente era una novedad y que se necesitaban abogados especialistas en esa área para poder enfrentar los retos ambientales del país, fue que decidí buscar una maestría sobre Derecho Ambiental. Así busqué aplicar a las becas Fulbright que otorga el Gobierno de Estados Unidos y en el 2005 me gané la beca para estudiar un LLM en Tulane, New Orleans, que era el LLM on Environmental Law and Energy. Pero tuve que dejar Tulane a causa del Huracán Katrina, me transfirieron a American University y así fue como en el año 2006 me gradué de mi LLM del International Legal Studies Program, de Washington College of Law de American University, de donde obtuve también el reconocimiento académico “Edward Bou”.

investigación y estudios del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). Luego en el año 2007, me incorporé a Arias como abogada asociada y en el año 2017 me nombraron socia junto con otros compañeros. En Arias mi experiencia ha sido principalmente en las áreas corporativa, ambiental, energía, zonas francas, y aviación. ¿Por qué decidió estudiar derecho?

Creo que en esta decisión mi hermana fue importante. Recuerdo que ella estaba estudiando en la ESEN y una de las materias que llevaba era Introducción al Estudio del Derecho, recuerdo incluso que era con el profesor Roberto Vidales, y me contaba cómo le gustaba la materia. Me llevaba libros, recuerdo que me llevó a Torré, y comencé a leer sobre los principios del Derecho, la Filosofía, la Sociología, y a investigar más sobre la carrera, y me di cuenta de todos los ámbitos de aplicación, y sus principios como justicia, equidad, me parecieron que eran principios necesarios para el ejercicio de cualquier profesión. ¿Ser abogada hoy en día es mejor que hace 10 años?

Creo que ser abogada es algo que disfruto tanto, que la diferencia que podría decirle entre hoy y hace diez años, es que me convenzo cada vez más que los abogados estamos obligados a estar constantemente actualizándonos, porque en la medida que el mundo, las tecnologías y las generaciones van avanzando, así van cambiando las realidades y las regulaciones deben irse ajustando también.

¿Cuál es su experiencia laboral?

Mi primer trabajo fue en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de San Salvador en donde trabajé por más de cinco años hasta el 2005. Al mismo tiempo tuve la oportunidad de dar clases en la Universidad Matías Delgado. Al volver a El Salvador, en el año 2006, trabajé como analista jurídico en el área de

Como mujer, ¿cuáles han sido los principales retos que hay que afrontar en el mundo de las leyes?

Creo que las mujeres tenemos retos en todos los ámbitos. En lo personal al pensar en retos que se afrontan como mujer, mi primera idea es el reto de ser profesional y mamá.

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las mujeres tenemos el reto de participar en temas de discusión y de análisis o promoción de leyes o de temas legales; yo veo con mucha alegría una creciente participación de las mujeres, abogadas inteligentes y dedicadas, pero tenemos que seguir tomándonos los espacios y aprovechar cada oportunidad para promover temas de interés nacional, en foros o en asociaciones civiles

civiles. Hay mucha capacidad en las abogadas de este país, y confío que seguiremos superando estos retos. ¿Cuál es la importancia del proyecto Arias Gives Back?

Arias Gives Back 2019 fue el primer concurso de responsabilidad social de la firma, para motivar a todo el personal a unirse según la afinidad de sus intereses, y presentar un proyecto y obtener el financiamiento donado por la firma para ejecutarlo.

En Arias estamos conscientes que en nuestro entorno existen necesidades de diversa naturaleza, pero sabemos que para cambiar esas realidades debemos unirnos como firma e involucrarnos personalmente, para conseguir un mayor impacto.

Ser mamá me hace estar inspirada todos los días para esforzarme y dar siempre la milla extra, porque quiero ser un ejemplo de esfuerzo para mis hijos. Así que mi primer reto es cumplir esa meta y el otro reto es demostrar que puedo ser mamá y al mismo tiempo una profesional dedicada, y destacarme igual (o incluso si se puede, más) que cualquier otro colega. Pero además reconozco que tengo la fortuna de trabajar en esta firma que me ha permitido este desarrollo y me ha dado muchas oportunidades de crecimiento y desempeño profesional, pues en Arias hay un fuerte apoyo a las mujeres y una participación también grande; sólo como referencia, el 55% de nuestros asociados son mujeres.

Por otra parte, y pensando en específico en el mundo de las leyes, las mujeres tenemos el reto de participar en temas de discusión y de análisis o promoción de leyes o de temas legales; yo veo con mucha alegría una creciente participación de las mujeres, abogadas inteligentes y dedicadas, pero tenemos que seguir tomándonos los espacios y aprovechar cada oportunidad para promover temas de interés nacional, en foros o en asociaciones

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Cada persona es sensible a diferentes temas y eso lo vivimos con Arias Gives Back en donde nuestros equipos demostraron mucha pasión y ganas de ayudar en áreas como deporte, salud, adultos mayores. Fue de gran satisfacción ver el esfuerzo y dedicación de cada equipo.

En los últimos años, ¿cómo es el movimiento de la Inversión Directa Extranjera?

En los últimos años, El Salvador ha tenido un buen crecimiento enla inversión directa extranjera, lo hemos visto principalmente en el sector de servicios y de energías renovables. Pienso que los mecanismos de licitaciones propiciados por SIGET y las distribuidoras en los últimos años han contribuido a colocar al país en una posición de interés para la inversión, ya que estos proyectos de energía renovables dan lugar no solo a invertir en la generación, sino también brindan oportunidades en la construcción de las plantas y luego en su operación y mantenimiento.

Creo que en El Salvador tenemos capacidad para generar mayor inversión, para lo cual deben garantizarse las condiciones legales necesarias para un ambiente de seguridad jurídica, de reglas claras que hagan que el país sea atractivo a los inversionistas.

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Usted que tiene experiencia trabajando con empresarios extranjeros, ¿qué retos hay en los procedimientos que dificultan la inversión?

Nuestro mayor reto está en generar un marco de certidumbre jurídica, reglas claras, en trámites y en procedimientos administrativos. Recientemente se han formulado algunas herramientas como la Ley de Mejora Regulatoria con este fin, pero se requieren de más esfuerzos para contar con mayor claridad en los temas de competencias de distintas autoridades.

Es muy difícil por ejemplo, poder explicar a un extranjero cuando hay normativas que dan similares competencias a diferentes entidades, sobre un mismo tema. Esto genera incertidumbre.

Muchas jóvenes son nuestras lectoras, ¿qué les podría decir sobre sus aspiraciones a ser abogadas?

Esto es lo que puedo decirles: el Derecho es una carrera que nos da muchas posibilidades de crecer y de ayudar; presten atención en todas sus clases, pero sobre todo a los principios del Derecho, a su filosofía, porque esos principios como la justicia, la equidad, la igualdad además de la ética, se mantienen vigentes siempre, en cualquier área en que se desempeñen, y aplicarlos es lo que las hará destacar. No se conformen con la carrera, busquen especializarse, obtener maestría, doctorados si es posible, porque el d erecho es una carrera de constante aprendizaje y especialización.

¿Qué se podría hacer para mejorar?

Creo que se podrían identificar áreas específicas y hacer revisiones integrales de las normas por cada área para armonizar, eliminar lo que sea innecesario, es decir trámites innecesarios. En este esfuerzo tomar en cuenta a organizaciones o cámaras para que puedan aportar y ayudar a identificar estas situaciones que requieren de mejoras y más importante, aportar con soluciones.

De las áreas que usted representa en ARIAS, ¿Cuál representa más avances en el país?

El sector energético ha sido de los sectores que más avances hemos visto en los años recientes, no solo por la creciente promoción de proyectos de energías renovables, sino también por la apertura a nuevos mecanismos de generación para auto consumo de usuarios quienes tienen la posibilidad, dentro de la normativa de electricidad, a cierto aprovechamiento de esa generación. ¿Cómo está el medioambiental?

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Creo que nuestro marco normativo ambiental puede mejorar. Es decir, vemos iniciativas en ciertas áreas, por ejemplo en el manejo y disposición de plásticos, de desechos sólidos, lo cual está bien, pero es necesario que se haga de forma ordenada, y tomando en cuenta a la sociedad civil. Como lo mencioné anteriormente, con la participación de asociaciones o cámaras, porque la ventaja de estas es que se encuentran representantes de distintas empresas y sectores que pueden aportar con su punto de vista y su práctica para formular leyes que funcionen.

En cuanto al agua, vemos normativa nueva sobre tratamiento de aguas residuales, pero continuamos sin conocer el estatus de análisis de la Ley General de Aguas. Y finalmente hay que señalar como un tema pendiente, las reformas a la Ley del Medio Ambiente a esta fecha, pues es una ley bajo la cual a la fecha no existe posibilidad de fijar multas, entre otras cosas.

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El Salvador ante el Lavado de Dinero y Corrupción Roberto Carbajal Docente Investigador de la Facultad de Ciencias Sociales - UFG

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Platón basa la ética sobre los pilares de la felicidad, la virtud y el alma para sacar conclusiones éticas. Sin embargo, hoy en día vivimos en una sociedad donde la ambición de poder y acumulación de riquezas nos lleva a faltar a la ética y la moral lo que nos impide lograr la felicidad que propone Platón

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El Salvador ocupa la posición 107 en el Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) perteneciente al Instituto Basilea sobre Gobernanza, el cual, ha detallado el Índice sobre riesgos de lavado de dinero que evalúa los niveles de riesgo de los países en relación al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo, esta calificación incluye 144 países.

La actual Ley de Lavado de dinero fue creada en 1988, pero se propone una nueva ley de acuerdo con la realidad que vivimos, esta favorecería en las investigaciones que se llevan a cabo en otros escenarios, daría más y mejores herramientas legales a la FGR para procesar a las estructuras implicadas en casos de corrupción y peculado.

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Esta nueva ley especial para la Prevención, Control y Sanción de Lavado de Activos tendrá en supervisión a ciertos grupos que actualmente no tienen ninguna inspección como profesionales del derecho y notarios, comerciantes de metales preciosos y casas de préstamo los cuales no han tenido ningún proceso sancionatorio.

También se incluye a los Institutos Políticos, aún, cuando la ley les obliga a dar a conocer de donde provienen estos fondos, no lo hacen fácilmente. Otro sector son las entidades bancarias que pueden realizarse operaciones sospechosas.

La actual Ley de Lavado de dinero fue creada en 1988, pero se propone una nueva ley de acuerdo con la realidad que vivimos, esta favorecería en las investigaciones que se llevan a cabo en otros escenarios

Lo cierto que cada vez más, se desea corregir, tener mayor control, en cuanto a acciones que en general no deberían suceder, ya que un acto de corrupción que falte a la moral y a la ética los cuales son patrones morales universales y que definen el ideal de la sociedad humana, según Platón, daña a la persona y a la sociedad.

Platón basa la ética sobre los pilares de la felicidad, la virtud y el alma para sacar conclusiones éticas. Sin embargo, hoy en día, vivimos en una sociedad donde la ambición de poder y acumulación de riquezas nos lleva a faltar a la ética y la moral lo que nos impide lograr la felicidad que propone Platón.

Hemos llegado a una descomposición social y crisis de valores que todos estos casos no nos sorprenden y hasta los vemos normales, 10 muertos por día son un número habitual.

La Educación Familiar ha decaído tanto que ha influido en la pérdida de valores, ya no se inculcan normas y valores que van formando al ser humano desde sus inicios los cuales son un punto de inicio en la personalidad de todos. El respeto, la solidaridad, la sinceridad, la empatía entre otros han perdido forma y significado en nuestra sociedad hasta el grado que hoy en día vivimos de acuerdo a nuestros propios intereses particulares.

Si no fortalecemos la educación familiar en la formación de seres humanos con virtudes, quienes actúen con criterio ético, y lo que entendemos por bien, el cual según Sabater: es lo que se ajusta a lo exigido o satisface valoraciones como la verdad, la justicia, el orden, la armonía. Pero al calificar algo como bien, lo hacemos desde nuestra propia creencia y valoración. Podrá ser bien para un individuo favorecer su bienestar a través de la posesión de bienes que no le pertenecen; sin embargo, afecta el bienestar de los demás que sus acciones no favorecen a lo comunitario entendido como lo que beneficia a la comunidad.

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SUPLANTACION DE IDENTIDAD COMO DELITO INFORMÁTICO DOUGLAS RIVAS Especialista en Derecho Informático

Cuando las sociedades se globalizaron, empezaron a ser dominadas por los medios electrónicos de comunicación, otorgando a cada individuo un nacer digital en el ciberespacio.

Originando el concepto de identidad digital, haciendo a una persona un archivo único en el ciberespacio, tornando nuevos desafíos en dicho entorno el concepto “identidad”, dimanando del internet diferentes tipos de identidades, algunas de estas prefieren ser identificadas como anónimas (anonymous), otros usan pseudónimos (nicknames). Estando también los que prefieren ser identificados con perfiles falsos, y en el peor de los casos aquellos que participan en la red a través de la suplantación de identidad digital; entendiendo como identidad, el conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona en la sociedad, en consecuencia el concepto acuñado como identidad digital conlleva la misma finalidad pero aplicadas al internet determinando nuestra “vida virtual”.

Las relaciones actuales conllevan un gran poder tecnológico llegando a enamorarse a través de un chat, peleas ente parejas en redes sociales, comercio online, llegando a extremos como terminar la vida amorosa o negocios a través del internet. Cualquier actividad en la red nos va trazando una identidad digital, foros, blogs, redes sociales, comunidades en red, en definitiva el lugar donde la gente puede expresarse libremente y cómodamente.

En la cibersociedad salvadoreña, este hecho no es ajeno ya que diariamente mucha gente crean cuentas en la red con el fin de suplantar la identidad de alguna persona o sociedad, instituciones financieras o bancarias, perjudicando su honor, reputación imagen, dignidad, afectando la salud social, psicosocial y económica.

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podemos prevenir la suplantación de identidad, no usando cuentas que contengan datos sensibles personales, utilizar contraseñas seguras, y distintas en todos los servicios en línea, desde el correo electrónico hasta el homebanking. no arrojar datos personales a la basura, no dejar al libre alcance dispositivos electrónicos; solicitar estados financieros a las compañías para conocer el estado actual y verificar si hay alguna anomalía

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actualidad

Ocupando el delito de suplantación de identidad el tercer lugar de incidentes informáticos en América Latina, con el 9.3 % de los casos totales y un 4.85% de incidentes por día.

Para destacar esta actividad delictiva, es necesario tener claro dos cosas: la identidad y la impersonalización que da lugar a una acción delictiva, la cual sucede cuando una persona se hace pasar por otra persona u organización; como también esta puede realizarse para fines más inocentes, como hacerse pasar por un artista famoso, hablar en nombre de otro o intentar obtener descuentos utilizando su identidad.

En el caso del perfil falso, se utiliza la imagen de una persona real pero con otro nombre, sin intención de suplantar la verdadera identidad de esa persona, por ejemplo para crear perfiles apócrifos o parodia, lo que existiría es la utilización sin consentimiento de la imagen, o eventualmente iniciar una acción por los daños ocasionados que se deriven. Entre las victimas más comunes que se pueden identificar están los gobiernos, organizaciones o empresas privadas, servicios financieros o bancarios; clientes o usuarios finales.

En tal sentido, el ciberdelincuente usa métodos de ingeniería social para la obtención de la información tales como, hurto de documentación personal, hurgar en la basura (dumpster diving), robo de información de empleados deshonestos, skimming, phishing y scam. En algunos países como EE.UU. y Cánada, poseen regulaciones adaptadas de tal manera, que el mismo tipo penal es aplicable tanto para la suplantación de identidad clásica como para la suplantación de identidad digital, orientándose ambos casos a la tenencia ilegitima de datos de identificación personal, así como del tráfico sin consentimientos de estos datos.

En la cibersociedad salvadoreña, la figura penal apropiada a este fenómeno se centra en el tipo penal de Hurto de Identidad configurado en el artículo 22 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos, el cual literalmente dice: “el que suplantare o se apoderare de la identidad de una persona o jurídica por Medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación será sancionado con prisión de tres a cinco años”.

No existiendo un procedimiento infalible que pueda ser utilizado para prevenir la suplantación de identidad, ya que como se ha dicho, esta puede originarse de diversas maneras y en alguna de ellas, ni si quiera existe participación de la víctima, puesto que existen casos donde la obtención de la información se obtiene de fuentes que son accesibles públicamente.

No obstante, podemos prevenir la suplantación de identidad, evitar el uso de cuentas que contengan datos sensibles personales, utilizar contraseñas seguras, y distintas en todos los servicios en línea, desde el correo electrónico hasta el homebanking. No arrojar datos personales a la basura, no dejar al libre alcance dispositivos electrónicos; solicitar estados financieros a las compañías para conocer el estado actual y verificar si hay alguna anomalía.

Denunciar a la Policía Nacional Civil o a la Fiscalía General de la República, Unidad Especializada, cualquier tipo de suplantación de identidad o el uso de la misma por terceros, y si ese fuera el caso, reportar y denunciar a la organización que otorga el perfil virtual (correo electrónico, red social, foro etc.). Elevar una alerta de fraude a los bancos o compañías crediticias, con el fin que el ciberdelincuente siga haciendo sus fechorías con otras entidades bancarias o personas.

En conclusión, la identidad digital entendida como el conjunto de rasgos y características particulares que una persona expresa a través del internet, es parte inescindible de la identidad personal de cada persona, la cual es susceptible de ser dañada mediante suplantación de identidades digitales. Es por ello que se deben aunar esfuerzos hacia el futuro en defensa de las víctimas que sean afectadas generando propuestas para que se considere la identidad digital un bien jurídico tutelado a nivel global.

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Prueba científica en el campo Penal “ MISAEL RIVAS Especialista en criminología

Los litigantes tenemos una oportunidad de oro ante la falta de capacidad de respuesta policial, ya que al ser querellantes y/o acusadores, podemos lucir nuestro talento técnica, no sólo en delitos de sangre o sexuales, sino también en casos más complejos como delitos documentales, delitos cibernéticos o en contra del estado, de extorsión o de secuestro, la interpretación de los testimonios, etc

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Desde que Imotep se conoció como la primera autopsia, todas las escenas del delito cobraron vida por medio de sus investigadores, contando todo tipo de historia. Desde suertes de amor hasta crímenes cometidos por asesinos en serie o por individuos tratando de defenderse de la agresión injusta.

En estos tiempos debemos dar un paso firme en la historia salvadoreña, ya que por falta de investigaciones serias, estamos sufriendo la infame evidencia que entregan los testigos protegidos o criteriados. En los últimos 4 años la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR), ha triplicado la utilización de los testigos protegidos o criteriados, como prueba principal, obviando la científica por falta de verdaderos investigadores e intérpretes de la escena del delito.

con los investigadores, dándole el tratamiento de señalamiento y embalaje. En esta época digital, debemos superar los fotógrafos individuales y los planimetristas, ya que con la capacidad de los aparatos telefónicos actuales, podemos levantar videos de 5 formidables minutos, que ilustraran mucho mejor lo sucedido, así como el levantamiento fotográfico de decenas de imágenes, mismas que ayudarán a la discusión de lo sucedido, convirtiendo la planimetría en un trabajo de laboratorio más exacto y orientador para el intérprete de la escena.

Actualmente los equipos de inspección ocular, se han convertido en recolectores de pruebas macros, dejando a un lado los indicios medianos y micros de la verdad de la escena. Quizá ese descuido se debe al cansancio que profesan al no tener ni el tiempo ni el lugar adecuado para descansar o para evaluar los indicios, que presenta cada uno de los lugares de liberación o de cometimiento de delitos.

En la actualidad se sufre de la deficiencia institucional de la preparación de un buen investigador criminal, ya que estos están faltos de capacitación adecuada, además de tener un mal apoyo técnico de laboratorio pronto e inmediato, sufriendo el retraso de las respuestas inmediatas debido al monumento de casos, así como falta de insumos, insuficiencia de personal, adiestramiento deficiente, cansancio y/o mala preservación de la escena misma y otros.

Los investigadores de la escena del delito deben constituirse en equipos de 5 miembros, comandados por un jefe quien interpreta o dirime el valor de una evidencia. Los recolectores de exterior, en número de dos, que son los que levantan los indicios de la parte perimetral aledaña a la escena, los recolectores internos, también en par, quienes van a evaluar las evidencias internas, teniendo todos la obligación de fotografiar y levantar huellas, líquidos corporales, objetos y demás cosas útiles que hablen

Los litigantes tenemos una oportunidad de oro ante la falta de capacidad de respuesta policial, ya que al ser querellantes y/o acusadores, podemos lucir nuestro talento técnica, no solo en delitos de sangre o sexuales, sino también en casos más complejos como delitos documentales, delitos cibernéticos o en contra del estado, de extorsión o de

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actualidad

secuestro, la interpretación de los testimonios, etc. Como litigantes podemos cuestionar la falta de esos análisis, del abuso del testigo protegido o criteriado, ya sea en pro o en contra, permitiendo el lucir la técnica criminológica de cada quien, cuidándose de no sentirse sobrados dentro del proceso.

El abordaje de la parte técnica siempre debe ser acompañada por facultativos entendidos en las diferentes materias, por ejemplo en un caso de “supuesto tráficos de órganos”, me hice instruir con un galeno experto en urología, quien fue el director de ese departamento en el ISSS, quien me enseñó y examinó hasta la saciedad, de cómo debía cuestionar a los expertos judiciales, lo que hizo que ese juicio no solo lo ganara sino que también sentara bases para que la Fiscalía mejorara el entrenamiento de sus auxiliares. Además como un plus, llamó la cobertura internacional de los medios de comunicación.

Debemos recordar que la atención a los detalles, puede hacer que la contraparte se concentre en algo sin importancia, dejándonos libre el momento necesario para explotar la parte que nos interesa.

Por ejemplo, el hallazgo de polvo blanco en la escena, conlleva a pensar que el ilícito es cocaína, pero la atención al detalle técnico nos dará la victoria, así: si el objeto es quebrantado en su cadena de custodia, debe apreciarse como la teoría de la manzana podrida y tomar como bastión ese teorema, para luego realizar el abordaje en lo principal, ya sea como acusador o como defensor.

Eso me sucedió hace más de 10 años cuando por la emoción de la cantidad y lo notorio del objeto, se violó el derecho constitucional a la correspondencia, lo que permitió que con un proceso en la sala respectiva, se diera la libertad a mi defendido.

No hay que sentirnos ni partes malhechores ni paladines, somos abogados que con un poco de argucia, podemos alcanzar resultados sobresalientes.

Recordemos que los jueces quieren ejercer el Derecho Penal del enemigo. Cuidado.

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Qué tanto apostamos por el turismo “ Guillermo López Asociado Jr- Hominid Abogados

nos colocamos en la posición número 85 para la Inversión Extranjera según el Banco Mundial, de un total de 190 países evaluados; siendo la alta tramitología en las instituciones gubernamentales, el tiempo de estos y sus elevados costos, factores que desalientan que nos posicionemos en mejor escala para la inversión

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Uno de los mayores aciertos que se ha tenido como país en la última década es la apuesta al turismo como un pilar para la inversión extranjera, y porque no, también local. Desde la implementación a inicios del 2009 con la marca “EL SALVADOR IMPRESIONANTE” las cifras relacionadas al turismo han tenido un crecimiento exponencial; según números del Ministerio de Turismo del 2009 al 2018 el número de turistas ha crecido un 54%, excursionistas 219%; el sector empleo a aumentado en casi 15,000 empleados (un 33.5% respecto al 2009) y los ingresos por turismo han pasado de $516.6 millones a $1,537.3 millones en tan solo 10 años, pasando con ello del 2.9% del PIB al 5.9%, tendencia que sigue al alza.

Pero siempre hay un inconveniente y es que, actualmente nos colocamos en la posición número 85 para la Inversión Extranjera según el Banco Mundial, de un total de 190 países evaluados; siendo la alta tramitología en las instituciones gubernamentales, el tiempo de estos y sus elevados costos, factores que desalientan que nos posicionemos en mejor escala para la inversión.

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La industria hotelera no es la excepción, si bien, en el año 2018 por parte del sector privado se han invertido cerca de $92 millones de dólares en proyectos de remodelación y construcción de nuevos hoteles, se estima que solo en el 2016 se dejó de percibir cerca de $ 100 millones en inversión por falta de agilización de trámites en las instituciones gubernamentales.

Aún y cuando se han creado leyes como la “Ley especial de agilización de trámites para el Fomento de Proyectos de Construcción”, que en teoría ayudan a facilitar permisos para el inicio de los proyectos, como el medio ambiental, otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente, la calificación y aprobación de la Oficina de Planificación del área metropolitana de San Salvador OPAMSS, y la autorización sobre el sistema de disposición de aguas negras, emitido por ANDA, la realidad a la que los inversionistas se enfrentan y $ $ a la que nos enfrentamos los Abogados $ que asesoramos a nuestros clientes es diferente”

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Si bien es cierto son permisos, licencias, autorizaciones, que es comprensible que requieran estudios técnicos previos, al igual que resoluciones fundamentadas, no es viable que los mismos excedan los plazos establecidos en la Ley para ser otorgados.

Por otro lado, no se puede dejar de mencionar que, concluido el proceso de construcción de un hotel, y previo a su apertura, tenemos los permisos, licencias, y autorizaciones que son requeridos para el funcionamiento del día a día de un hotel; donde y actualmente es necesario obtener más de diez permisos, de diferentes instituciones, tales como el Ministerio de Economía, Hacienda, Municipales, Turismo, Salud, los que, en su mayoría, habrá que renovar anualmente.

Así pues, hay permisos como el Sanitario, otorgado por las Direcciones Regionales de Salud, que son esenciales para el funcionamiento de un establecimiento, puesto, que estos acreditan que se cumplen con los requerimientos mínimos de salud del lugar y del personal; hay otros, como las autorizaciones que emiten las alcaldías, a manera de ejemplo , que llegan a ser más de la mitad de los permisos que se requieren; como la inscripción de la Sociedad, inscripción del negocio, permiso de funcionamiento, entre otros, esto sin

tomar en cuenta si se apertura un restaurante dentro del hotel, se adicionaran una serie de permisos y requisitos, los cuales desearíamos las firmas que nos dedicamos a asesorar a los inversionistas en esta industria, se pudieran englobar dentro de un solo permiso, y porque no, establecer una mejora en los tiempos de respuesta de las instituciones involucradas en estos procesos.

Creemos fielmente que existirán avances en un futuro, la nueva Ley de Procedimientos Administrativos; enuncia en su artículo cuatro “ La administración pública, con el fin de facilitar a los ciudadanos el acceso a ésta, mejorar su eficacia y reducir costos, no podrá exigir documentos emitidos por la institución que los solicita ni requisitos relativos a información que dicha institución posea o deba poseer”; en este sentido, las instituciones deberán adaptarse poco a poco a estos cambios, y obligarse a reducir costos, tiempos, exceso de documentos. Por lo que siempre me he preguntado, si, así como estamos, se logran estos niveles de inversión. ¿Qué pasaría si realmente facilitáramos la inversión?

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Entrevista a josé giammattei, fundador de applaudo studio POR: Editorial dyn ¿Qué es Applaudo Studios?

Applaudo Studios es una empresa exportadora de servicios.

Nosotros nos enfocamos en el desarrollo de software, pero dentro de ese proceso existen diferentes tipos de trabajos técnicos y profesionales: la parte de arquitectura de software, diseño gráfico y tenemos la parte desarrollo como tal, la parte de control de calidad y la parte de deployment. ¿Por qué decidieron trabajar en este rubro en El Salvador?

Definitivamente por el potencial, yo creo que aquí en El Salvador tenemos algo que nosotros vimos que se podía aprovechar y es nuestra gente. Tenemos gente muy comprometida y muy trabajadora. En realidad, en Centroamérica somos reconocidos como buenos por nuestra mano de obra, entonces vimos que había potencial y vimos la oportunidad comercial que había en Estados Unidos.

Para una empresa tecnológica en el país, ¿cuáles son sus principales retos?

Creería que es el desarrollo profesional. Si bien es cierto tenemos gente con muy buena actitud, muy buena voluntad de querer crecer, también tenemos un sistema educativo un poco deficiente, que no produce suficientes profesionales en el sector de tecnología para poder desarrollar más la industria.

Nosotros hemos tomado iniciativas individuales y colectivas para para acercar más ayudas que da tanto el USAID como organizaciones no gubernamentales que tienen programas de educación. Que enfoca sus esfuerzos en la capacitación de carreras técnicas y profesionales de tecnología.

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También estamos trabajando de cerca con el gobierno para que esto se vuelva prioritario, ya que alrededor del mundo la necesidad más grande son desarrolladores. O sea, la plaza número uno, donde hay más empleo es en el lado tecnológico. ¿Es difícil para emprendedores salvadoreños aventurarse en el mercado exterior?

Viéndolo en retrospectiva, es más fácil de lo que todos creemos.

Yo creo que el salvadoreño teme a lo que desconoce. Hay mucho miedo, mucha gente no sabe cómo vender y no sabe qué vender. Entonces, lo primero que tiene que pasar es creérnosla y arriesgarse.

Por mucho tiempo nos hemos sentido inferiores, pero creo que si tenemos la educación correcta y la actitud correcta, nosotros estamos a la par de cualquiera. Creo que con esfuerzo y enfoque en calidad somos tan buenos como cualquier empresa de primer mundo y creo que Applaudo Studios lo ha demostrado. ¿Cuánto ha crecido Applaudo Studios en estos años?

Mire ahorita somos alrededor de 150 colaboradores queremos llegar a 500, la verdad creo que las proyecciones de crecimiento

Negocios ¿Qué necesitan los emprendedores para sobresalir en El Salvador?

Creo que educarse, aprender inglés es fundamental, de verdad que la mayoría de información que está disponible para capacitarse está en inglés. El inglés abre muchas puertas y este sería quizás la primera recomendación, aprender inglés.

La segunda sería buscar los recursos o las fuentes correctas de formación académica, en el sector hay universidades que están haciendo las cosas bien que tienen un pensum bastante bueno.

Cuando tenemos la oportunidad de dar alguna charla y motivar a los jóvenes en su crecimiento profesional les decimos que parte de la decisión de elegir qué estudiar debe ser una investigación de empleabilidad sobre su carrera, porque de repente hay algunas carreras que están muy saturada, de repente alguno dice “a mí lo que me guste es la filosofía” pero al salir de filósofo a dónde va, a dónde vas a ir a dejar tu currículum para buscar un empleo.

son bastante alentadoras, porque la demanda es grande.

Empezamos sólo dos personas, ahora tenemos una pequeña oficina de desarrollo en Guadalajara para algunos perfiles específicos que no se dan aquí en El Salvador, tenemos oficinas comerciales en Estados Unidos en Austin, tenemos en la costa oeste en Los Ángeles, tenemos también en Arkansas, en Nueva York y estamos aperturando oficina también en Chile.

Coméntenos sobre sus programas de educación.

Nosotros creamos el programa de entrenamiento dónde agarramos ya programadores, tiene que ser alguien que ya pueda programar a un nivel no tan básico, sino que ya un programador que pueda programar en cualquier tecnología que ha aprendido.

Entonces el programa consiste en que nosotros agarramos un ingeniero recién graduado o con una experiencia equivalente y nosotros le damos una beca por 3 meses en la cual los entrenamos en la tecnología, ya sea para desarrollo móvil o para desarrollo web.

Entonces en estos tres meses les enseñamos metodología de desarrollo, les enseñamos ya específico alguna alguna tecnología para móvil o para web y pues la dinámica completa de trabajo para poder hacer la entrega de servicios de forma remota.

Aquí en El Salvador no es ideal elegir algunas carreras sólo por gustarme, porque al final pues tiene que tener un propósito también de sostenibilidad y desarrollo. Nosotros les hacemos ver las bondades de esta industria, ver que sí como nosotros entregamos servicio de forma remota, ellos lo pueden hacer también inclusive de forma individual como un FreeLancer. Que no dependen sólo del mercado local de trabajo, sino que ellos pueden entregar los servicios de forma individual inclusive con una mejor remuneración que cualquier otra carrera tradicional que se puede dar. ¿Cuáles son los proyectos futuros para Applaudo Studios?

Nosotros ahorita estamos con nuestro proyecto de expansión, queremos seguir creciendo, trayendo más colaboradores para poder mejorar todavía más nuestra oferta de servicios, soportar más tecnologías tener un portafolio más amplio y sólido.

Queremos de alguna forma poder trabajar con el gobierno, con Proesa, con algunas instituciones que nos ayuden a promover más el país como un destino tecnológico. Ya vimos lo que Costa Rica ha logrado, no sólo con la parte de turismo, sino que la parte de tecnológica, en Costa Rica es muy fuerte.

Yo creo que en El Salvador se puede lograr. Esto es un efecto cascada, estamos viendo cada vez como tal vez nuestra historia sirve para poder inspirar a otros y que se puedan sumar, que vean que sí se puede. Tuvimos la bendición que la familia Kriete se sumará a nuestro proyecto y creo que es un gran precedente que no nos beneficia directamente sólo a nosotros, sino que podemos ver que otros empresarios dicen: “Bueno si ellos se metieron y yo por qué no”. Entonces que empiecen a invertir en este rubro, no necesariamente en nuestra empresa, sino que, en sus propios proyectos, porque el mercado da para todos.

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opinión estudiantil

¿Cómo opera la libre competencia en los procesos de compras públicas?

Kevin Peñalba colaborador jurídico superintendencia de competencia

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la jurisprudencia de la SC ha catalogado a las ofertas colusorias en los procesos de compras públicas, como una de las prácticas más dañinas para la “libre competencia”, dado que, es una falta que riñe con la moral y la ética, que implican engaño, mala fe y fraude al interés general de los consumidores

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La libre competencia es la situación del mercado en el que los agentes económicos luchan, de forma independiente, por una clientela de compradores para alcanzar un objetivo empresarial concreto, por ejemplo: utilidades, ventas o una mayor participación en el mercado. La competencia entre agentes económicos puede referirse a los precios, a la calidad, al servicio o una combinación de éstos y otros factores que puedan valorar los consumidores. Esta libertad debe desarrollarse en buena fe a la actividad comercial y, sin impedir el acceso al mercado a cualquier agente económico o limitar la competencia de cualquier forma.

La Ley de Competencia (LC) en conjunto con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), han realizado diversos esfuerzos por velar por la “libre competencia” en los procesos de compras públicas, sin embargo, aún tenemos camino que recorrer, por ejemplo, en el tema de discrecionalidad de los entes gubernamentales (contratantes) para la elaboración de las bases y la adjudicación de licitaciones públicas.

Por su parte, la Superintendencia de Competencia (SC) en diversas ocasiones ha emitido opiniones con respecto a estos procesos e incluso ha sancionado prácticas anticompetitivas como, por ejemplo, el caso emblemático de INTER-TOURS, AMATE TRAVEL y U-TRAVEL por la infracción al art. 25 letra C) de la Ley de Competencia (LC) al haber adoptado acuerdo de precios respecto de las comisiones por servicio o “service fee” ofertadas en las licitaciones DR-CAFTA LA No. 03/2008 del Ministerio de Economía y la LP No. 02/2008 de CORSATUR. En consecuencia,

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el Consejo Directivo de la Superintendencia sancionó a cada uno de los agentes económicos involucrados por cada proceso de licitación a pagar la cantidad de $3,046.50 Dólares de los Estados Unidos de América.

En los últimos años se han observado avances con respecto a esta problemática, sin embargo, la estructura del mercado de compras públicas es sumamente concentrada y, con requerimientos formales, que hacen difícil la entrada de nuevos agentes económicos en especial a las MYPES para que oferten sus bienes o servicios a la Administración Pública.

Por otra parte, el legislador salvadoreño con el ánimo de dotar al ordenamiento jurídico de mayor “efectividad” en la protección de la libre competencia, ha adoptado mecanismos persuasivos y coactivos, como la existencia de sanciones pecuniarias (Art. 38 inc. 1° y 2° LC), o la exigencia de cese de la práctica anticompetitiva, sean estas estructurales o de comportamiento (Art. 38 inc. 3° LC) que tiene por objeto complementar el derecho competencia. En este sentido, el Art. 158 de la LACAP sanciona con “inhabilitación para participar en procedimientos de contratación pública” por un año, cuando se incurra en el supuesto del Art. 25 letra C) de la LC. Por último, la jurisprudencia de la SC ha catalogado a las ofertas colusorias en los procesos de compras públicas, como una de las prácticas más dañinas para la “libre competencia”, dado que, es una falta que riñe con la moral y la ética, que implican engaño, mala fe y fraude al interés general de los consumidores. Así como, una afectación directa los contribuyentes, ya que, implica el manejo de fondos públicos.

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