¿Un Respiro para los Adultos Mayores o una Bomba Fiscal?

Jeremías MORLANDI

Director de Políticas Públicas del Centro de Estudios Económicos ARGENTINA XXI

El pasado 22 de agosto de 2024, el Senado de la Nación aprobó un nuevo aumento en las jubilaciones, con un ajuste que busca mejorar el poder adquisitivo de uno de los sectores más vulnerables de la población: los jubilados y pensionados. La medida fue celebrada por algunos sectores políticos y sociales como un acto de justicia redistributiva, en un contexto donde la inflación ha erosionado considerablemente el ingreso de los adultos mayores. Sin embargo, el incremento también ha desatado críticas por su impacto fiscal, en un escenario donde el país enfrenta serias restricciones en sus cuentas públicas y una deuda en constante expansión. Este artículo aborda los argumentos a favor y en contra del aumento, analizando su justificación social y las preocupaciones económicas que lo rodean.

Argumentos a Favor: Protección al Ingreso de los Adultos Mayores

El principal argumento en favor del aumento radica en la necesidad de preservar el poder adquisitivo de los jubilados en un contexto de alta inflación. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación interanual en julio de 2024 alcanzó el 236,4% , una cifra alarmante que, a pesar de estar descendiendo mes a mes por las políticas del gobierno, golpea especialmente a los sectores con ingresos fijos, como los jubilados. En este escenario, muchos adultos mayores se han visto forzados a reducir su consumo de bienes esenciales, como alimentos y medicamentos, lo que agrava su vulnerabilidad. De hecho, estudios de la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad señalan que el 70% de los jubilados recibe ingresos que no cubren la canasta básica de un adulto mayor . Ante esta situación, el aumento aprobado por el Senado intenta mitigar el deterioro de las condiciones de vida de este grupo, brindándoles un respiro en medio de la crisis económica.

Desde una perspectiva social, la medida también responde a la necesidad de cumplir con los principios constitucionales de seguridad social y equidad. En un país donde la desigualdad económica es persistente, mejorar las jubilaciones es visto como un paso necesario hacia una distribución más justa de los recursos, garantizando que aquellos que contribuyeron al sistema durante su vida activa reciban un ingreso digno en su retiro. Además, para algunos analistas, la decisión también tiene un impacto positivo en la economía en general, ya que el aumento en los ingresos de los jubilados puede traducirse en un mayor consumo, reactivando la demanda interna en sectores cla - ve como el comercio minorista.

Argumentos en Contra: Sostenibilidad Fiscal y Presión sobre el Déficit

Por otro lado, los críticos de la medida advierten que el aumento de las jubilaciones pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del país en un momento crítico. Según estimaciones del Ministerio de Economía, el incremento aprobado generará un costo fiscal adicional de alrededor de 1,2% del PIB. Esta situación es particularmente preocupante en un contexto donde Argentina enfrenta dificultades para financiar su deuda y renegociar vencimientos con organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para los opositores a la medida, seguir incrementando el gasto sin contar con fuentes de fi- nanciamiento claras podría llevar al país a una situación de insolvencia, aumentando la presión sobre el tipo de cambio y potenciando las expectativas inflacionarias.

Otra crítica relevante se centra en la falta de una reforma estructural del sistema previsional. Aumentar las jubilaciones en un contexto donde la relación entre aportantes y beneficiarios es cada vez más desfavorable pone en jaque la sostenibilidad del sistema. En Argentina, por cada jubilado hay aproximadamente 1,4 aportantes, una cifra insuficiente para mantener el equilibrio del sistema a largo plazo Sin una reforma que contemple medidas como la ampliación de la base contributiva o la creación de incentivos para la permanencia en la vida laboral, el sistema seguirá siendo financieramente inviable. Este aumento, entonces, puede interpretarse como un parche coyuntural que no resuelve las debilidades estructurales de la seguridad social en el país.

Impacto Económico y Fiscal: el dilema de corto vs. largo plazo

El análisis del impacto económico de la medida requiere distinguir entre las consecuencias de corto y largo plazo. A corto plazo, el aumento podría tener un efecto positivo en la economía al dinamizar el consumo interno. Se estima que, con el incremento, los jubilados destinarán gran parte de sus nuevos ingresos a bienes de primera necesidad y servicios, sectores que han sufrido una caída en las ventas en los últimos meses debido al deterioro del poder adquisitivo. No obstante, en el mediano y largo plazo, los riesgos son considerables. Si el aumento del gasto previsional no es acompañado por un incremento en la recaudación, el déficit fiscal continuará ampliándose, lo que obligará al gobierno a financiarse mediante emisión monetaria o mayor endeudamiento, opciones que han demostrado ser insostenibles en el pasado.

En cuanto al impacto en la deuda, el contexto es particularmente delicado. La deuda pública en Argentina ha crecido significativamente en los últimos años, alcanzando niveles que comprometen la capacidad de pago del Estado. El FMI ya ha manifestado su preocupación por el rumbo fiscal del país, subrayando que medidas expansivas como esta deben estar respaldadas por un plan de consolidación fiscal creíble. En este sentido, el aumento de las jubilaciones, aunque justificado desde un punto de vista social, podría ser la chispa que agrave aún más la crisis de confianza en la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras Por otro lado, no se puede ignorar que este sistema quebrado es producto de décadas de políticas de izquierda que consistieron en darles jubilaciones a aquellos que nunca habían aportado. Todo esto, mientras se conducía al país a una situación económica paupérrima, fue una receta para el desastre.

Conclusión: Un Equilibrio Complejo

El aumento de las jubilaciones aprobado por el Senado el 22 de agosto de 2024 refleja el difícil equilibrio que debe alcanzar cualquier política pública en Argentina: la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables en un contexto de crisis, sin comprometer la sostenibilidad fiscal. Mientras que el ajuste es percibido por quienes lo impulsan como un acto de justicia social necesario, los riesgos económicos asociados no pueden ser ignorados, al menos, no en el largo plazo. El desafío para el gobierno será explicar claramente a la ciudadanía el por qué del veto presidencial y encontrar otros mecanismos para que los jubilados vean incrementados sus ingresos. Continuar el proceso de desinflación; la reducción de regulaciones y del coste argentino que permita abaratar productos; y el ordenamiento de las cuentas fiscales que permita aumentar paulatinamente las jubilaciones; e impulsar inversiones que aumenten la cantidad de trabajadores aportantes al sistema, parece un buen inicio. Sólo el tiempo dirá si será suficiente para tan quebrado sistema. En definitiva, el debate sobre este aumento es un reflejo de los dilemas más amplios que enfrenta la política económica en Argentina: ¿cómo proteger a los ciudadanos de la tercera edad sin comprometer el futuro económico del país? Lograr este equilibrio requerirá no solo medidas coyunturales, sino reformas profundas que aborden las causas estructurales de los problemas fiscales y sociales que Argentina arrastra desde hace décadas.