Recuperando el Monzón by DEVIDA

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión

Nacional

para

Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA es un Organismo Público Ejecutor, adscrito al sector de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de diseñar y conducir

Estrategia

Nacional

Lucha contra las Drogas y constituirse en la contraparte nacional para todos los fondos de cooperación internacional destinados a la lucha contra las drogas.

Recuperando el Monzón Sistematización de la experiencia de poserradicación en el Monzón: un análisis centrado en los procesos de socialización, seguridad y desarrollo alternativo.

Serie Seguridad y Desarrollo Alternativo

Dirección de Asuntos Técnicos Observatorio Peruano de Drogas Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) Av. Benavides n.° 2199 B, Miraflores. Lima – Perú www.devida.gob.pe

Alberto Otárola Peñaranda Presidente Ejecutivo de DEVIDA

Responsables del Estudio Julio Corcuera Portugal Noam López Villanes Diego Tuesta Reátegui Leonidas Ramos Morales

Hecho el Deposito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2015-07323 Editado por: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA Av. Benavides 2199-B, Miraflores Impreso en: Grafica Lima S.A. Jr. Pastaza 771, Breña Junio del 2015

Citar como: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). Recuperando el Monzón. Lima, Observatorio Peruano de Drogas, 2015. (Serie Seguridad y Desarrollo Alternativo).

Contenido Prólogo

El Monzón y su significado

Resumen ejecutivo

Objetivos

Metodología

1. Las consecuencias del TID y el cultivo de coca en la economía del Monzón

2. Situación socioeconómica del Monzón

3. Violencia e inseguridad como limitaciones para la presencia del Estado

4. Objetivos, dimensiones y componentes del «Plan de Poserradicación»

5. La socialización como componente de partida del Plan

6. ¿Cómo se implementó la socialización en el Monzón?

7. Superando los desafíos de la socialización en el Monzón

8. Generando confianza: primeros impactos del «Plan de Poserradicación»

102

9. Conclusiones

121

Bibliografía

132

Prólogo

uando iniciamos el mandato de este gobierno, en julio de 2011, nos comprometimos con la ejecución de una política de lucha contra

las drogas que consolide el modelo peruano de desarrollo alternativo integral y sostenible. Afirmamos que la seguridad sería una prioridad y la erradicación de superficie ilegal de sembríos de coca, una premisa; pero sostuvimos, con firmeza, que el desarrollo humano y sostenible serían los ejes fundamentales del futuro de aquellas regiones del país antes controladas por mafias y redes ilegales. Apuntamos también que los miles de agricultores y agricultoras del Perú serían los verdaderos protagonistas del cambio, con el respaldo del Estado e inversiones en infraestructura, proyectos productivos, salud y educación. Coherentes con ese compromiso se intervino en el Monzón y, hoy, tres años después, esta zona del país, antaño bastión del tráfico de drogas y de la ilegalidad, camina en un horizonte de esperanza, oportunidades y desarrollo. Es bueno recordar que los primeros colonos poblaron el Monzón hace más de un siglo. Desde entonces, aprovechando la lejanía, la carestía y la precariedad, esta zona del país fue capturada por organizaciones criminales. La población estuvo sojuzgada por el terrorismo. El aislamiento y la pobreza fueron utilizados en beneficio de negocios ilegales, que no distribuían más que amenazas y un círculo vicioso de miseria. Hoy el Monzón ha cambiado. Familias y productores del valle avizoran un futuro de esperanza, bajo una perspectiva alentadora de desarrollo. Son miles

Prólogo

los productores, habitantes de caseríos y distritos en el valle, que se han unido a los programas productivos que impulsa este gobierno, de la mano con todos los sectores, con todos los niveles del Estado, sociedad civil y cooperación internacional. Ello tiene una explicación, pues, desde el inicio, nos preocupamos en desarticular las redes de narcotráfico y reducir sistemáticamente la superficie anual de cultivos, base y motor de la economía ilegal. La Policía Nacional del Perú desempeñó un papel fundamental con la captura de quienes encabezaban estas organizaciones criminales. Luego, reforzamos decididamente las acciones de control de cultivos con el más alto profesionalismo del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (CORAH). La instalación de comisarías, la inversión en infraestructura, la presencia física de instituciones –que antes simplemente no existían en el lugar– fue un imperativo en los dos últimos años. Siempre junto con la población, la creación de redes de seguridad dio lugar a un proceso de cambio que, es importante subrayar, aún no culmina. Como titula esta serie, conjugar la seguridad con el desarrollo humano y el desarrollo alternativo de las poblaciones es el horizonte de la intervención en la lucha contra las drogas, que este gobierno impulsa. Pero nada de eso es posible sin el empoderamiento de la población, sin su confianza y participación. Los convenios productivos de no resiembra de coca y, en su lugar, asistencia productiva en café y cacao y otros productos alternativos son el corazón de este proceso y una apuesta decidida para su sostenibilidad. Porque es junto con la población que el gobierno institucionaliza proyectos productivos y los hace sostenibles, con una mirada de largo plazo, soporte técnico y, lo más importante, responsabilidades compartidas.

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Prólogo

Sin embargo, los acuerdos productivos no son ni serán sostenibles sin un trasfondo de inversiones sociales y económicas. Y esa ha sido y es la apuesta del gobierno con la población del Monzón y con todas las zonas del país que aún experimentan las consecuencias negativas de años de aislamiento y opresión por el narcotráfico. En el último año se han acelerado las transferencias económicas a los gobiernos subnacionales en estos contextos. Las campañas de salud, contra la desnutrición crónica, y las inversiones en infraestructura educativa forman parte del panorama de cambio que se busca consolidar en el Monzón. El despliegue abarca también a la economía local, pues los emprendimientos no son sostenibles sin una efectiva articulación con los mercados. El gobierno ha impulsado, bajo esa lógica, a los comités de productores, fomentando su formalización y aportando el soporte técnico indispensable. En beneficio de los pequeños agricultores, el acceso a créditos agrarios, la titulación de tierras y una tarea sistemática de recuperación de suelos degradados es el horizonte. Las inversiones en infraestructura económica tienen aquí un rol protagónico. En la actualidad, se viene reconstruyendo la carretera que une Huamalíes con Tingo María y se tiene ya lista la puesta en marcha del proyecto del corredor que unirá el valle del Monzón con la franja costera de Ancash, facilitando enormemente la conexión de los agricultores con los grandes mercados. En tan solo tres años, las bases están sentadas. La historia reciente del Monzón atestigua cambios, pasando del más profundo abandono, de la violencia y el terror, a un escenario que combina la seguridad, garantizada por la presencia física de instituciones del Estado y por los proyectos productivos en plena marcha. El cambio social en escenarios como el Monzón no es logro de una sola persona, de una sola institución, sino de

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Prólogo

todos los actores políticos y sociales unidos bajo la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016, liderada por DEVIDA. Sin embargo, lejos de autoproclamar triunfos, el desafío es continuar y perseverar en la tarea de consolidar el desarrollo alternativo integral y sostenible. Aún existen varias tareas pendientes, como por ejemplo la reforestación de los suelos, el sostenimiento en el tiempo de los cultivos de cacao y de café y la ampliación de los programas sociales. El gobierno, a través de esta publicación, reitera una lucha sin concesiones contra el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia, y ratifica su compromiso con el Monzón y con todas las poblaciones que, con valentía, decidieron abandonar el subdesarrollo y la criminalidad –herencia identificable del narcotráfico- y apostaran por la paz y el desarrollo.

Ollanta Humala Tasso Presidente Constitucional de la República

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El Monzón y su significado

egún el reciente informe de Monitoreo de cultivos de coca 2013, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y

el Delito (UNODC) y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), el Perú registra la reducción más importante del área total de cultivos de coca en las dos últimas décadas: de 60,400 hectáreas el año 2012 a 49,800 hectáreas cultivadas el año 2013, una disminución equivalente a 17.5%. Este dato, calificado por la propia ONU como un «quiebre histórico», posiciona al Perú como un país comprometido en el escenario regional con estrategias exitosas de lucha contra las drogas. No debe olvidarse que, para el gobierno del presidente Ollanta Humala, estas políticas públicas deben ir unidas a un concepto fundamental: la asociación entre la seguridad humana, los derechos humanos y el desarrollo en la infraestructura. En los últimos tres años, aproximadamente, ha sido notable el avance en la reducción de cultivos para fines ilícitos, debido a las acciones de carácter multisectorial promovidas por el Estado. En perspectiva histórica, ha sido un logro importante la desarticulación de redes asociadas al tráfico ilícito de drogas por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), sumada a las acciones de control de cultivos desarrollada por el Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el

El Monzón y su significado

Alto Huallaga (CORAH). En paralelo, ha contribuido en forma decisiva a alcanzar las mencionadas cifras, la implementación de los planes y programas de desarrollo alternativo integral y sostenible coordinados por DEVIDA como política de intervención institucional, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas (ENLCD); la cual, a su vez, contempla acciones del denominado «Plan de Poserradicación». Este tiene por objetivo central brindar apoyo social y económico-productivo a las poblaciones afectadas por la erradicación de cultivos ilícitos, promoviendo las bases e instrumentos para su autosostenimiento. En tal sentido, los resultados de este complejo trabajo de poserradicación implementado en el valle del Monzón, que DEVIDA muestra en esta publicación, documenta un importante proceso de cambio: de una situación de dominio territorial de redes de tráfico ilícito de drogas y de proliferación de cultivos de coca, hacia un escenario en el que predomina la seguridad, las oportunidades, la esperanza y se sientan las bases para el desarrollo de una economía lícita. En resumen, el presente documento sistematiza la experiencia de poserradicación y pretende ser un análisis centrado en los procesos de socialización, seguridad y desarrollo alternativo realizados en el Monzón. En el año 2012, existía un registro de 6,564 hectáreas de cultivo de coca, solo en el distrito de Monzón. Para el año 2013, la situación cambió drásticamente y el Monzón pasó a registrar un total de 227 hectáreas de cultivo de coca, una disminución histórica de 54%. La proporción de cultivos de coca en todos los distritos que conforman el valle del Monzón pasaría entonces, de representar el 16% del total de hectáreas cultivadas a nivel nacional, a representar tan solo el 0.45% de hectáreas cultivadas. Estos porcentajes de alto impacto se han podido alcanzar gracias a un elemento que resulta de importancia trascendental: la decisión política del presidente Humala, que desde el primer día de su gobierno se preocupó por el Monzón, por su desarrollo y seguridad. Claves en este

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El Monzón y su significado

proceso fueron la captura de Florindo Flores Hala (a) «Artemio» el 12 de febrero del 2012 y la instalación de más de 20 comisarías en toda la zona, desde cuyos ejes de seguridad se impulsó la desarticulación de los grupos terroristas y se dieron golpes certeros al narcotráfico. Hoy, los importantes cambios socioeconómicos evidenciados en el valle del Monzón, refieren a un caso ejemplar de intervención integral que tiene rostro humano; no obstante el camino de desafíos y problemas pendientes, como la reducción sostenida de la pobreza, promover calidad de vida, frenar la grave desnutrición de la población y atenuar los impactos ambientales generados por el uso intensivo de agroquímicos en el cultivo de coca. Bajo esa lógica, la experiencia producida en el Monzón enseña que no es suficiente dotar de recursos, asistencia técnica o insumos para nuevos cultivos en una tierra deforestada por acción del narcotráfico (tala, quema, degradación, contaminación de suelos); hace falta el enfoque de multisectorialidad y articulación sostenida del Estado en alianza estratégica con el sector privado. Es imprescindible establecer acuerdos de cooperación productiva y de no resiembra de coca, que impliquen compromisos y responsabilidad compartidos. Es clave tener un enfoque integral acercando la plataforma de servicios del Estado (comisarías, escuelas, centros de salud); rehabilitar vías de acceso, mercados; fomentar la participación política y gobernabilidad con las juntas vecinales y los comités de productores, entre otros. La experiencia en el Monzón deja, pues, valiosas lecciones replicables en otros contextos y es útil como referente para las actuales intervenciones en los distritos de Pólvora y Caballococha, nuevos ejes de presencia activa del Estado y de recuperación de los espacios democráticos en los que DEVIDA trabaja actualmente. Recuperando el Monzón

El Monzón y su significado

DEVIDA ingresó al Monzón tras 40 años de olvido. Hoy es una población que camina hacia la inclusión y es nuestra obligación el procurarle seguridad, paz y desarrollo, acompañándola en ese proceso y, con ello, contribuir al mandato presidencial de reducir la pobreza y la superficie ilegal de sembríos de coca. En ese propósito nos encontramos. Lima, junio de 2015

Alberto Otárola Peñaranda Presidente Ejecutivo DEVIDA

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Resumen ejecutivo

l área de cultivos de coca en el Perú ha experimentado una importante reducción en los dos últimos años de registro: 2013 y 2012 (UNODC

y DEVIDA, 2014). Caseríos, distritos y valles (caracterizados, antaño, por la proliferación de cultivos ilícitos y por el funcionamiento de redes asociadas al TID) sobresalen, hoy, como casos ejemplares de intervención en desarrollo alternativo integral y sostenible. El presente estudio documenta el complejo proceso de cambio económico, social y político por el que ha atravesado el valle del Monzón1 en los últimos años y sistematiza la experiencia de implementación del «Plan de Poserradicación» en ese contexto: sus principales avances y logros a la fecha. La poserradicación es una iniciativa de carácter integral y multisectorial impulsada por el Estado. El fin de la misma es atenuar los impactos socioeconómicos del control de cultivos y consolidar las bases económicas, sociales y políticas para un cambio en las dinámicas productivas locales, basado en el desarrollo alternativo integral y

Ubicado en la provincia de Huamalíes (departamento de Huánuco).

Resumen ejecutivo

sostenible (DEVIDA, 2012); por tal motivo, la investigación, que el Observatorio Peruano de Drogas de DEVIDA pone a disposición, se enfoca en la implementación del «Plan de Poserradicación» en el Monzón, especialmente, en la puesta en marcha de la fase de socialización en distritos y caseríos en dicho ámbito de intervención. El estudio corrobora la importancia de este proceso para consolidar una modificación sustantiva de las estructuras económicas, sociales y políticas que sostienen al cultivo ilegal de coca y al tráfico ilícito de drogas como actividades regulares, para evitar riesgos de resiembra y generar redes de seguridad en base al desarrollo alternativo integral y sostenible2. La investigación se basa en evidencia estadística, documental y en material cualitativo, fruto de un trabajo de campo en la parte baja del valle del Monzón. La data obtenida permite comprender el proceso de cambio social ocurrido en dicho contexto (desde una economía basada en el cultivo de coca hacia una economía que empieza a consolidarse en un horizonte de desarrollo alternativo integral y sostenible); permite, asimismo, comprender cómo se llevó a cabo la implementación del «Plan de Poserradicación»: se da cuenta de las razones implicadas en el saldo positivo de la intervención, los principales avances, problemas y desafíos pendientes. En esa línea, el estudio ofrece importantes conclusiones y recomendaciones de políticas públicas. Dado que el Plan continúa esta investigación no debe ser analizada como una síntesis final de sus resultados. Se sugiere que el estudio debe

La poserradicación comprende un conjunto de procesos y actividades dirigidos a atenuar el impacto de las acciones de erradicación y sentar bases para lograr una perspectiva de desarrollo alternativo integral y sostenible. En la actualidad, los procesos de poserradicación a nivel nacional están adscritos al Programa Presupuestal Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible de DEVIDA, y forma parte de la actividad n° 5: Atención a la población poserradicación.

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Resumen ejecutivo

entenderse más bien en su carácter descriptivo y no en uno que intenta hacer un análisis de los impactos o busca efectos generalizables. El propósito del estudio fue sistematizar una experiencia relevante en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016 y por tanto adquiere más bien un método historiográfico donde el eje recae en la construcción de las instituciones estatales en un contexto previo de economía ilegal. Dicho esto, ¿cómo ha sido el proceso de cambios sociales ocurrido en el Monzón que esta investigación describe extensamente? ¿Cuál es la importancia del “Plan de Poserradicación” en este contexto? En el período que comprende los años 2005 y 2009, en la zona del Alto Huallaga, por cada S/. 100.00 nuevos soles relativos al Valor Agregado Bruto (VAB)3 agrícola, es decir, el valor final de todos los productos lícitos agrícolas, existía un promedio de S/. 85.00 nuevos soles equivalentes al ingreso potencial proveniente de la venta de clorhidrato de cocaína (SIMDEV, 2014; SIRTOD, 2014; UNODC y DEVIDA, 2014). Los datos de VAB agrícola sostienen una idea matriz: el arraigo del cultivo de coca en territorios dominados por redes asociadas al TID dificultan la provisión de servicios sociales por parte del Estado. En casos similares, en cuanto a disputas, la evidencia comparada muestra que en contextos de disputas territoriales, de alta conflictividad, las capacidades de los Estados –en términos de alcance territorial y funcionamiento estable– se ven sumamente limitadas (Acemoglu et al., 2013; Hanson & Sigman, 2013). Precisamente, en el valle del Monzón, el

El valor agregado bruto (VAB) hace referencia al Producto Bruto Interno (PBI) menos los impuestos indirectos que gravan las operaciones de producción. El PBI es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía.

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registro testimonial señala que el alcance de las políticas y los programas públicos hallaba limitantes en el funcionamiento de redes asociadas al TID y de movimientos que – en algunas coyunturas críticas– ocasionaban escenarios de alta tensión y conflictividad. Una lectura comparada de los principales indicadores de desarrollo, durante la década pasada, soporta este argumento: en el año 2009, la pobreza alcanzaba el 34.8% a nivel nacional; sin embargo, considerando únicamente el promedio de los distritos del Monzón, este indicador subía hasta un 66.4%. Del mismo modo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) nacional marcó la cifra de 0.5058 en el año 2012; el promedio de los distritos que componen el valle del Monzón, en cambio, marcó una cifra de 0.28, es decir, apenas poco más de la mitad del IDH promedio a nivel nacional (PNUD, 2013). De forma similar, el Perú alcanzó un Índice de Densidad del Estado (IDE) de 0.7666 en el año 2012; mientras que, en las provincias que comprenden la cuenca del Monzón, el promedio de IDE era de 0.62 (PNUD, 2013). Erradicación de almácigos de hoja de coca

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Resumen ejecutivo

A fin de interrumpir el ciclo de consecuencias negativas relacionadas al TID, el Estado peruano –a través del Proyecto Control y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto Huallaga (CORAH)– dispuso acciones sistemáticas de erradicación de cultivos de coca e interdicción a lo largo de la cuenca baja y alta del valle del Monzón. El desarrollo de estas actividades fueron requisitos funcionales para: 1) Interrumpir el soporte material que determinaba la demanda y reproducción de la cadena de valor de derivados cocaínicos. 2) Desarticular las redes de tráfico ilícito de drogas y movimientos anexos que ejercían control territorial, político, social y económico en los distritos y caseríos que componen dicho valle. A la luz de la evidencia empírica de este estudio (registro cualitativo, documental y fotográfico), las acciones referidas condujeron a una reducción significativa de la inseguridad en la zona y permitió acentuar la presencia del Estado de forma progresiva. La erradicación de cultivos de coca detuvo el circuito operativo que determinaba la reproducción del TID y, en paralelo, las redes de tráfico ilícito y los movimientos anexos a ellas perdieron legitimidad y capital político de respaldo por parte de la población. La captura de líderes y mandos medios vinculados a la economía ilegal reforzó la pérdida de liderazgo. Si bien generar seguridad y condiciones de intervención es necesario en el corto plazo, esto no es suficiente para modificar las estructuras que sostienen la reproducción del TID. En efecto, la erradicación mitiga la reproducción de la cadena de valor del TID, pero no garantiza por sí sola que la población reoriente su dinámica productiva y disminuyan las probabilidades de resiembra de coca. Las intervenciones de poserradicación –siguiendo esta línea argumental– son necesarias, a fin de lograr una transformación integral de aquellas estructuras. Por consiguiente, se puede observar que los desafíos en este contexto eran varios: 1) continuar con la política de erradicación de Recuperando el Monzón

Resumen ejecutivo

cultivos ilegales de coca para mantener controlada la probabilidad de reproducción del TID; 2) atenuar el impacto directo que la erradicación pudiese tener sobre la seguridad alimentaria de la población en el corto plazo; 3) generar oportunidades de desarrollo que coadyuven a reorientar las dinámicas productivas (cultivos de café y cacao, principalmente); 4) generar vínculos de confianza con la población; 5) propiciar el diálogo y la participación a través de plataformas políticas que, al mismo tiempo, generen eficacia colectiva4 (juntas vecinales); 6) propiciar la conformación de comités productivos con el objetivo de que el proceso de desarrollo alternativo augure sostenibilidad en el tiempo y no dependa solamente del soporte estatal. A la fecha, los avances son alentadores e incentivan a persistir en los esfuerzos de cambio; pues son un total de 4003 familias las que han firmado actas de entendimiento y compromisos de no resiembra de coca, con el Estado. La firma de actas de entendimiento, según corrobora la información documental de este estudio, se ha traducido en la instalación de 2340 ha de cacao y 1687 ha de café, y de 1591 unidades de biohuerto entre 2013 y 2014. De las metas productivas pautadas solo para el año 2013, la poserradicación en el Monzón muestra un porcentaje de ejecución superior al 85%, lo que perfila un cambio en el paisaje de las dinámicas socioeconómicas a largo plazo. Tomando como referencia las intervenciones exitosas en materia de desarrollo alternativo integral y sostenible llevadas a cabo en la región San Martín (UNODC, 2011), se espera que los resultados preliminares de la intervención en el Monzón logren consolidar una perspectiva de desarrollo a largo plazo y sean un modelo de intervención.

Se entiende por eficacia colectiva la agregación coyuntural de esfuerzos desde la sociedad para gestionar mecanismos de control social informal.

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En esta misma línea, la implementación del «Plan de Poserradicación» ha coadyuvado a consolidar los procesos tendientes a la seguridad territorial y social del valle del Monzón. Lo primero refiere a un aumento de la presencia física de personal policial: instalación de comisarías y cuerpos de las distintas unidades; lo segundo, a una percepción extendida de tranquilidad y paz por parte de la población y por parte de personas externas al ámbito de intervención. En la actualidad, el valle del Monzón es una zona de libre acceso y de libre tránsito. Según el registro testimonial, construido para esta investigación, el «Plan de Poserradicación» –con la presencia constante de funcionarios del Estado– ha logrado disminuir las percepciones de desconfianza y temor por parte de la población y, más bien, ha incrementado la percepción de conformidad con la legalidad.

Vivero de cacao

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Es de subrayar, por otro lado, que la intervención precitada ha logrado influir positivamente en la reorganización de la política local comunitaria. Esto se debe –fundamentalmente– a la conformación de juntas vecinales. El componente de socialización, que este documento reseña in extenso, ha puesto énfasis en la construcción de este tipo de mecanismos participativos que institucionalizan un sentido de pertenencia, un nosotros articulado no a la reivindicación de una actividad ilícita, sino a una plataforma de representación política con capacidad de movilización y canalización de demandas en los distintos niveles de gobierno (Touraine, 1999; Tilly, 1993).

Comisaría de familia del centro poblado de Cachicoto - Monzón

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Por otra parte, la formación de juntas vecinales ha permitido a la población un mayor control y certidumbre sobre la marcha de los proyectos productivos implementados en el marco del «Plan de Poserradicación». De la misma forma ha permitido la creación de comités de productores; sin embargo, el matiz diferencial con las juntas vecinales es que estos últimos constituyen mecanismos que permitan una articulación efectiva del ámbito de intervención con los mercados de bienes y servicios. Con la creación de juntas vecinales y comités de productores, la institucionalización de cargos políticos representativos y los mecanismos de articulación con el mercado, el «Plan de Poserradicación» busca expandir la confianza en el Estado y consolidar procesos de desarrollo en el marco de una economía legal. En resumen, la intervención en el Monzón ha logrado vincular dos campos a menudo disociados: la seguridad en el mediano plazo y, de otro lado, el desarrollo alternativo integral y sostenible en el largo plazo, y bajo un enfoque integral y multisectorial5. Esto es importante pues posiciona al Plan y a su implementación en línea con el enfoque de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2014) y, también, con el enfoque de desarrollo sostenible de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (ONU 2002).

Entendemos por corto plazo la protección de la población poserradicación según el Programa Presupuestal de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (2012). Por lo tanto se puede comprender que el largo plazo se relaciona con un cambio de la dinámica económica orientada a lo lícito.

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Ejército del Perú en el Valle del Monzón - mantenimiento de vía vecinal Nuevo Rondos - Corvinilla Alta

Objetivos

a investigación tiene como premisa, fundada en evidencia, que el valle del Monzón ha experimentado un complejo proceso de

cambios sociales, políticos y económicos. La raíz del cambio remite a poderosas fuerzas sociales (crecimiento económico, migración, aumento de las redes de servicios, etc.); además, coincide temporalmente con la intervención del Estado, a través de la política de control de cultivos y la implementación subsecuente del «Plan de Poserradicación». Por ende, resulta imprescindible comprender la dinámica del cambio en este contexto y en relación con las intervenciones mencionadas.

Objetivo general Comprender las dinámicas de cambio social, político y económico en el valle del Monzón, desde el año 2013, a partir de la implementación y puesta en marcha del «Plan de Poserradicación». Este planeamiento implica desglosarlo en los siguientes objetivos específicos y, de este modo, articular un diseño de investigación consistente en términos metodológicos.

Objetivos específicos 1. Comprender la situación de la seguridad y las actividades económicas centradas en el cultivo de coca en el valle del Monzón hasta el año 2014.

Objetivos

2. Caracterizar la situación del valle del Monzón en función de los principales indicadores de pobreza y desarrollo hasta el año 2014. 3. Evaluar los avances y logros de las prácticas de socialización, componente del «Plan de Poserradicación» dirigido a generar confianza y acuerdos entre la población y el Estado. 4. Explicar los principales resultados y desafíos del “Plan de Poserradicación” en el valle del Monzón desde el año 2013, fecha en que fue puesto en marcha. 5. Evidenciar como la implementación de un plan posiciona a Devida como el organismo que impulsa políticas públicas que permiten al Estado peruano ganar legitimidad a través de la construcción de instituciones.

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Capacitaci贸n en el cultivo de cacao a ex cocaleros

Cosecha de hortalizas - biohuerto

Metodología

ajo esa disposición de objetivos, el estudio sistematiza la experiencia de poserradicación en el Monzón y su ámbito de influencia (Supte

y Puente Durand). Para ello, el estudio plantea dos ejes metodológicos y toma en cuenta las ventajas y las limitaciones de la información documental disponible y la data recogida en campo.

Primer eje Se realiza una reconstrucción de las cifras oficiales que anualmente reportan la proporción de hectáreas cultivadas de coca a nivel nacional (UNODC y DEVIDA, 2014). Luego, se dispone de mediciones que comparan la ratio de la economía ilícita con la economía de productos agrarios lícitos, lo que permite contrastar el peso relativo de la economía ilícita con la situación de pobreza y desarrollo humano en el ámbito de intervención. Con ello, se busca demostrar que el peso relativo de la economía ilícita, centrada en el cultivo de coca en el valle del Monzón, no es correlativo con mejoras en los niveles de pobreza y desarrollo humano6. Por último, se utiliza fuentes documentales para sistematizar el «Plan de Poserradicación» en sus términos formales de diseño y organización.

Con arreglo a este eje, se ha utilizado información estadística proveniente de los principales sistemas de registro (INEI, Ministerio de Economía y Finanzas, Naciones Unidas); también se ha utilizado información secundaria disponible en el Plan Operativo Monzón 2013 (DEVIDA, 2013b), en la sistematización del «Plan de Poserradicación» (DEVIDA, 2014a) e información de uso interno administrada por la Dirección de Promoción y Monitoreo y por la Dirección de Asuntos Técnicos, ambas órganos de línea de DEVIDA.

Metodología

Segundo eje Se realiza un análisis profundo de la implementación del «Plan de Poserradicación» basado en evidencia etnográfica y testimonial obtenida directamente del contexto de intervención y enfocada sobre la marcha del proceso de socialización y la firma del «Acta de entendimiento» entre el Estado y los distintos distritos y caseríos. El trabajo de campo fue realizado por el equipo del Observatorio Peruano de Drogas (OPD) en el mes de mayo de 2014, a lo largo de los distritos y caseríos que conforman la cuenca baja del río Monzón y los ámbitos de intervención periféricos (Supte y Puente Durand), ubicados a una hora de la ciudad de Tingo María. En este caso, la construcción de evidencia de terreno se organizó con el empleo de tres herramientas. La primera, fue el registro etnográfico de los distritos y caseríos que conforman la cuenca baja del Monzón – preferentemente en aquellos con instalaciones de café, cacao y biohuertos implementados en el marco del Plan– donde fue posible identificar la presencia reciente del Estado y realizar un monitoreo continuo de las actividades de socialización llevadas a cabo por el personal de DEVIDA. La segunda, fue la realización de entrevistas semiestructuradas con participantes del «Plan de Poserradicación», autoridades y líderes de comunidades firmantes de las actas de entendimiento, así como con personal del área de socialización de la Oficina Zonal de DEVIDA de Tingo María. Finalmente, información documental proveniente del registro PIRDAIS dio lugar a una descripción de los principales resultados del programa.

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Metodología

Ventajas y limitaciones El uso de métodos cualitativos obedece a dos razones. En primer lugar, las características del contexto de intervención dificultaron un registro cuantitativo sistemático de incidencias relacionadas con la situación de la seguridad en la zona (previa a la intervención del Estado con los planes de erradicación y poserradicación). La limitada disponibilidad de información cuantitativa sobre el estado de la seguridad impidió trazar comparaciones exhaustivas en dos tiempos distintos: antes de la intervención del Estado y posterior a aquella. Toda comparación en materia de seguridad es realizada en función de evidencia cualitativa que, pese a sobrepasar el punto de saturación, puede ser considerada fiable. Por eso mismo, se utiliza el término «impacto» con reservas y se da prioridad a los términos «avances» y «logros». En segundo lugar, el componente eje del «Plan de Poserradicación» –la fase de socialización– supone la puesta en marcha de mecanismos de relación social continua tendientes a la institucionalización de acuerdos entre funcionarios de DEVIDA y la población, cuyos resultados materiales –implementación de instalaciones de café, cacao y biohuertos– aún están en marcha. Se trata, entonces, de un proceso y una experiencia social, cuyas principales etapas y mecanismos se adecúan a un trabajo de recojo y registro cualitativo.

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ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL VALLE DEL MONZÓN (comprendido en el presente estudio)

Las consecuencias del TID y el cultivo de coca en la economía del Monzón

l TID (tráfico ilícito de drogas) comprende un conjunto diferenciado de actividades ilícitas con fines económicos, cuya estructura interna

obedece a una lógica de cadena de valor: cultivo de coca, acopio, transporte y comercialización (López & Vizcarra, 2012). Este encadenamiento supone una administración de recursos, actores, dinámicas y actividades diferenciados según cada eslabón; por otro lado, supone también condiciones económicas, sociales y políticas que –en un tiempo y espacio específicos– hacen posible la reproducción y articulación entre las partes (Kenney, 2007). Bajo esta lógica, cada eslabón de la cadena tiende a desarrollar una relación simbiótica con el espacio físico, entrelazándose con las dinámicas económicas y sociales dispuestas territorialmente. En el Perú, el cultivo de coca es el eslabón de la cadena con una mayor presencia a nivel nacional (UNODC y DEVIDA, 2014). A diferencia de México y Centroamérica, principalmente regiones de tránsito de derivados cocaínicos (ver: McGee, 2013; Carlsen, 2012; Dell, 2012), el Perú se caracteriza por ser un país que produce y abastece de materia prima a las estructuras de comercio ilegal (Mejía & Rico, 2010; UNODC

Las consecuencias del TID y el cultivo de coca en la economía del Monzón

y DEVIDA, 2014). En consecuencia, a lo largo del país se halla una diversidad de cuencas cocaleras: Bajo Amazonas, Marañón, Alto Chicama, Alto Huallaga, Aguaytía, Pichis-Palcazú Pachitea, La Convención y Lares, el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, Kcosñipata, San Gabán, Inambari y Tambopata, entre otras. En alguno de los precitados valles, el cultivo de coca funciona como una actividad complementaria, es decir, en ellos el total de cultivos no representa una proporción significativa y no tendría un peso gravitante en las economías domésticas (UNODC y DEVIDA, 2014). En otros, sin embargo, el cultivo de coca constituye una actividad cardinal: soporte de las economías domésticas y núcleo de las dinámicas sociales (INEI, 2012). De ahí, entonces, su reproducción y arraigo en el tiempo. La centralidad del cultivo de coca no suele ser excluyente; por el contrario, a ella suelen integrarse actividades complementarias, como por ejemplo la venta y comercialización de insumos químicos (DEVIDA, 2013; INEI, 2012). Hasta el año 2011, la cuenca del Alto Huallaga –donde se halla ubicado el valle del Monzón– era el principal centro de producción cocalera en el Perú (UNODC y DEVIDA, 2014). Entre los años 2003 y 2009, aquella experimentó un crecimiento ininterrumpido del total de hectáreas de cultivo de coca. Durante ese intervalo de tiempo, aproximadamente, la extensión total de estos cultivos en el Alto Huallaga representó un tercio del total a nivel nacional. De esto deriva una premisa fundamental para el análisis: en términos económicos, los valles que conforman la cuenca del Alto Huallaga eran sistémicamente dependientes del cultivo de coca7.

Sin embargo, desde el 2010 (y en adelante) la evidencia empírica indica una disminución en la extensión de los cultivos ilícitos de coca: se ha pasado de 17,497 ha, en el 2009, a 4302 ha, en el 2013. El decrecimiento interanual ha sido sistemático: entre el 2011 y el 2010, se registró un decrecimiento del 4.64% en la extensión de cultivos de coca; entre el 2011 y el 2012, este último se acentúo a 25.56%, y, entre el 2012 y el 2013, la disminución alcanzó un histórico de 54.8%.

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El Gráfico n° 1 corrobora que el cultivo de coca tenía un peso gravitante en las economías de los valles que conforman el Alto Huallaga. El resultado de dividir el VAB agrícola de la región Huánuco entre la cantidad potencial de dinero obtenido por la venta de cocaína (esta última en función del total de hectáreas de cultivo de coca en esa misma región durante el último año de registro)8 permite reafirmar el argumento: una vez aplicado el cociente para el período 2004-2009, se observa que

Este monto anual (dinero potencial adquirido) fue hallado a través del siguiente proceso: primero, se multiplicó el número de hectáreas anuales (n° ha) identificadas en el Alto Huallaga por 2100 kg, el rendimiento promedio de hoja de coca seca al sol (UNODC, 2013). Luego, se procedió a dividir aquel resultado entre 375, cantidad necesaria en kilos de hoja de coca seca al sol para producir un kilogramo de cocaína 100% pura. Este estimado es solo una aproximación que se presenta en el Monitoreo de Cultivos de Coca publicado el 2008 que hace alusión a los cálculos de la Operación Breakthrough llevada a cabo por los Estados Unidos entre los Años 2003 y 2004. Esta división permite traducir el número de kilos de hoja de coca en kilos de clorhidrato de cocaína. Una vez hallado el número potencial de kilos de cocaína se procedió a multiplicar por el precio promedio de un kilo de cocaína en el Alto Huallaga registrado por DEVIDA (SIMDEV, 2014). La fórmula para hallar el dinero potencial a comprar con el VAB agrícola sería el siguiente: [(n° ha * 2100 kg)/375]*precio.

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la cantidad de dinero potencial obtenido por la venta de clorhidrato de cocaína registra una cifra cercana o superior al VAB agrícola (ver Tabla n°1).

Justamente, siguiendo con esta línea de evidencias, la Tabla n° 1 muestra que, en el año 2009, por cada S/. 100.00 nuevos soles correspondientes al VAB agrícola de Huánuco en el mercado legal, se registran S/. 109.00 nuevos soles en el ilegal, provenientes de la venta potencial de clorhidrato de cocaína. De la situación descrita –en que predominaba el cultivo de coca– se colige una pregunta: ¿cuáles eran los destinos de aquellos montos de dinero, si los principales indicadores de desarrollo del Monzón mostraban cifras que lo situaban (muy) por debajo

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del promedio nacional9? La situación del valle del Monzón podía ser paradigmática de la dependencia descrita: los distritos que comprenden este valle sumaban un total de 10,833 ha, una cifra equivalente al 83% del total de hectáreas cultivadas en el Alto Huallaga y al 16% del total de hectáreas cultivadas a nivel nacional (UNODC, 2013; SIMDEV, 2014)10.

El cultivo de coca constituía el centro de las dinámicas económicas, sociales y políticas del valle del Monzón. Al respecto, DEVIDA (2013a) ha realizado un estudio exhaustivo que describe la situación de la 9.

En el Perú, el cultivo de coca está estrictamente fiscalizado por las normas nacionales, las cuales no permiten el cultivo ni comercialización de hoja de coca sin la autorización previa de ENACO. Sin embargo, tal como está planteada la normativa actual, no se puede considerar en estricto al cultivador de coca como un criminal, ya que el cultivo sin licencia no está penalizado. Por lo cual, en el Perú, este cluster no puede ser considerado como una actividad criminal (López & Vizcarra, 2012).

10. Como será analizado más adelante, lo llamativo es que el valle del Monzón experimentaría una drástica reducción en el total de hectáreas de cultivo de coca. Como muestra el Gráfico n° 2, el año 2013 registró un total de 227 ha, cifra que representa solamente el 5.27% del total cultivado en el Alto Huallaga y 0.45% del total nacional.

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cuenca baja del Monzón, previa implementación de las actividades de erradicación y poserradicación11. Dicha investigación informaba que el ingreso promedio anual por las actividades agrarias lícitas de los jefes del hogar –encuestados en el marco de aquel estudio– alcanzó la cifra de S/.1910.500 nuevos soles en el año previo a la implementación del «Plan de Poserradicación». En esa misma línea, se observa que el ingreso promedio anual por el cultivo de coca alcanzaba la cifra de S/. 4481.100 nuevos soles. Se observa, entonces, que los ingresos relativos al cultivo de coca –durante el año previo a la implementación del Plan– eran significativamente mayores al promedio correspondiente de actividades agrarias lícitas. Situando el cociente entre las dos magnitudes de referencia, se encuentra una situación en que la economía ilícita hallaba preponderancia frente a la economía agraria de bienes lícitos. Se ha mencionado ya que el valor de venta del cultivo de la coca con respecto al valor de venta de cultivos lícitos fue de S/. 6.500 nuevos soles, es decir, por cada S/. 100.00 nuevos soles provenientes de la economía agraria lícita, S/. 650.00 nuevos soles habrían provenido de la economía ilícita. Podríamos afirmar entonces que existe una dependencia aproximada de siete a uno. Las evidencias, sistematizadas en la Tabla n° 2, señalaban términos de dependencia económica familiar respecto del monocultivo de coca (DEVIDA, 2013a). Por otro lado, el carácter importante del cultivo de coca deriva además de la proporción de jefes del hogar que dedicaban tiempo a esta actividad. Según DEVIDA (2013a), en la cuenca del Monzón, el 94,8% de

11. Este estudio comprende las localidades de Camote, Jorge Chávez, Manchuria, Palo de Acero, Palo Wimba, Paujil, Pozo Rico, Sachavaca y Soledad.

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los jefes de hogar encuestados se dedicaban a la agricultura (1375 jefes de hogar). De aquel total, un 78.9% declaraba dedicar tiempo al cultivo de coca (1246 jefes de hogar) y, en contraste, un 56.2% declaraba dedicar tiempo a algún tipo de cultivo lícito, como algodón, frijol, cacao o café (887 jefes de hogar).

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«No te voy a negar, con la coca he pagado la educación de mis hijos, ¿no? Me ha dado algunas cositas que no hemos tenido. Había para comprar, para llevar, o sea, rendía porque daba bien todo el año. Había para sacar y siempre venían a comprar. […] Todo era coca, sí. […] Eso sí, es verdad, ahora, pues, se vive más tranquilo, que no haiga (sic) violencia es bueno, mucho hemos sufrido acá […] Problemas, pues, se emborrachaban. De mi vecina su marido, sí, recibía amenazas, pero de eso se vivía, pues» (Participante del «Plan de Poserradicación»). La cita que antecede complementa que una proporción importante de productores basaba su economía doméstica en el cultivo de coca. Este garantizaba un flujo de ingresos regulares y era socialmente valorado en tanto permitía sostener la economía familiar. Sin embargo, la evidencia cuantitativa muestra, con claridad, que la dependencia en el cultivo de coca no fue correlativa con menores niveles de pobreza ni con mayores niveles de desarrollo humano. Todo lo contrario, realizando un paralelo, los años en que el cultivo de coca constituía la actividad cardinal en el valle del Monzón fueron, a su vez, tiempos en que la pobreza y exiguos niveles de desarrollo humano coexistían. El cultivo de coca generaba ingresos regulares, sí, pero el control territorial por parte de redes de tráfico ilícito de drogas, la poca capacidad de alcance y estabilidad funcional de los servicios sociales, la difícil articulación con el mercado y los riesgos, la conflictividad y amenazas concomitantes a dicho contexto, repercutían en una reproducción sistémica de la pobreza y la precariedad.

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Golpe clave al narcotr谩fico

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Instalación de comisarías en el Valle del Monzón

Comisaría Cachicoto

Comisaría Palo de Acero

Comisaría Monzón

Situación socioeconómica del Monzón

a sección anterior ha logrado articular un conjunto de problemas. La preponderancia económica del cultivo de coca, coexistente con

un significativo control territorial, social y político por parte de las redes asociadas al TID, dificultaba la implementación y el funcionamiento regular de sistemas de protección social por parte del Estado (Hanson & Sigman, 2013; Giraudy, 2012). En la misma línea, los niveles de tensión y conflictividad acentuaban el aislamiento territorial y social del valle del Mozón: los temores y desconfianzas de su población. El corolario era una suma de condiciones sociales, económicas e institucionales adversas a la consolidación de una perspectiva de desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza (Acemoglu, Robinson, & Santos, 2013; Hufty, 2008). En consecuencia, hacia el año 2009, y como se puede observar en la Tabla n° 3, los niveles de pobreza monetaria en los distritos que comprenden el valle del Monzón fueron altos (a comparación de los promedios nacionales). Aquel año, la pobreza a nivel nacional alcanzaba un promedio de 34.8%; mientras que la pobreza promedio en el valle del Monzón afectaba al 66.4% de su población. De todos, el distrito del Monzón fue el que registró un menor nivel de pobreza con 30.8%; en

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contraste con el de Churubamba, que registró el mayor nivel de pobreza con 89.8%. Similar escenario resulta de analizar la pobreza extrema, la cual afectaba al 68% de la población del distrito de Churubamba. Dicho distrito era seguido por el de Marías, cuyo nivel de pobreza afectaba al 59.6% de su población. Sin embargo, la pobreza no constituía el único problema social y económico de los distritos que comprenden el valle del Monzón. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) complementa un conjunto de dimensiones que son importantes para caracterizar comparativamente los estadios socioeconómicos de la población en referencia12. Así, por ejemplo, el IDH a nivel nacional alcanzó la cifra de 0.5058 en el año 2012. Por el contrario, en este mismo período, el IDH del conjunto de distritos que comprenden el valle del Monzón marcó un promedio de 0.28 (PNUD, 2013).

12. El Índice de Desarrollo Humano presenta un rango entre el 0 y el 1. El 0 es el nivel más bajo de desarrollo humano y el 1, el más alto.

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Desagregando el IDH según componentes, cabe prestar atención a los diferenciales para el período 2007-2012: la esperanza de vida promedio al nacer fue de 74.31 años a nivel nacional; mientras que, en los distritos del valle del Monzón, esta registró un promedio de 72.79 años. Por otro lado, el promedio de la población con educación secundaria en el Perú fue de 67.87%; mientras que el de los distritos del Monzón fue de apenas 24.79%. Asimismo, las personas de 25 y más años registraron en promedio 9.00 años de educación a nivel nacional; mientras que los distritos del valle del Monzón registraron solo 5.10 años de educación promedio. Por último, el ingreso promedio familiar per cápita en todo el Perú alcanzó los S/. 696.900 nuevos soles; sin embargo en el Monzón este indicador apenas promediaba los S/. 351.710 nuevos soles. Es posible también ponderar los efectos del cultivo de coca y las actividades del TID a través del Índice de Densidad del Estado (PNUD,

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2013)13. En el año 2012, el Perú promedió un IDE de 0.766; en contraste, el IDE promedio del valle del Monzón, en ese mismo año, fue de 0.62. Analizando esto en perspectiva desagregada, el promedio nacional de médicos registró una tasa de 22.73 por 100,000 habitantes en el año 2012; el Monzón registraba en cambio una tasa de apenas 14.28 por cada 100,000 habitantes. Por otro lado, a nivel nacional, el 84.99% de la población entre 12 y 16 años asistía a escuela secundaria; mientras que en el Monzón esta tasa alcanzada registraba solamente el 78.42% En cuanto a saneamiento, se observa que a nivel nacional el 76.01% de viviendas cuenta con agua y desagüe; mientras que solo el 52.24% de viviendas en el Monzón cuenta con dichos servicios. Finalmente, a nivel nacional, el 86.11% de viviendas contaban con servicio de fluido eléctrico; en contraste solo el 61.56% de viviendas en el Monzón disponían de este servicio.

13. No sin algunas reservas que se puntualizarán a continuación.

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Igualmente, el limitado acceso a servicios públicos es aproximable, ponderando el nivel educativo registrado por los jefes de hogar. Según DEVIDA (2013a), la mayoría de jefes de hogar alcanzó tan solo un nivel de educación primaria incompleta (26.6%); mientras que el segundo lugar es ocupado por aquellos que culminaron primaria (20.15%). Un importante porcentaje (9.5%) carece de estudios formales. Las evidencias sugieren que, en el valle del Monzón, la precariedad obedecía a una multiplicidad de factores asociados con la proliferación de cultivos de coca y la presencia de redes asociadas al TID. En resumen, una compleja mecánica funcional que redundaba en poco beneficio favorable a las economías domésticas y al desarrollo humano. Por el contrario, el control territorial ejercido por las redes del TID y la producción intensiva de coca limitaban la capacidad de inversión social –sea del Estado o del sector privado– y las posibilidades empíricas de articulación con el mercado, generando más bien escenarios proclives a la conflictividad, persistentes niveles altos de pobreza y aislamiento

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Construcci贸n de puente peatonal de Cashapampa

Violencia e inseguridad como limitaciones para la presencia del Estado

a evidencia documental sostiene que el Monzón se caracterizaba por la coexistencia de una compleja situación de inseguridad con precarios

niveles de desarrollo humano (PNUD, 2013). El control territorial por parte de las redes de tráfico ilícito de drogas, de movimientos anexos a estas redes y de remanentes del PCP Sendero Luminoso generaban dificultades para el acceso y el funcionamiento regular de las instituciones del Estado, sea para fines de seguridad como para fines de implementar servicios o programas de protección social y desarrollo. Lo anterior coincide con evidencia empírica de contextos análogos –como el Alto Huallaga en la región San Martín– y con la literatura sobre desafíos y limitaciones de las políticas públicas en situaciones de alta complejidad (Van Dun, 2009; Acemoglu et al., 2013; Segura, 2009). Estas condiciones implicaron una importante limitación para el acceso de servicios públicos en beneficio de la población durante décadas. Llegados a este punto, los análisis sociales de la realidad rural tienden a singularizar la pobreza como consecuencia lógica de la ausencia

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y abandono por parte del Estado (De Althaus, 2007; Meléndez, 2012; Cotler, 2005). Si bien, esta puede ser una narrativa con asidero para algunos escenarios, la precariedad en aquellos dominados por el eslabonamiento de actividades relativas al TID podría responder a otras variables, es decir, a otras limitaciones sistémicas. Y, a la luz de las evidencias, tal sería el caso del valle del Monzón. En el valle del Monzón existía un escenario de inseguridad y de tensiones por el monopolio de la violencia legítima (Acemoglu, Robinson, & Santos, 2013) que reforzaba el aislamiento de la población, pues la reproducción de la economía ilegal dependía –por ejemplo– de que las vías de acceso permanezcan en estado de precariedad, de que los sistemas de protección social y las instituciones públicas no funcionen con regularidad (una situación que fomentaba descontento y desconfianza en el Estado) y de que haya escasa articulación con los mercados de bienes y servicios. El control territorial, social y político ejercido por redes vinculadas al TID tendía a difundir –hacia el exterior– percepciones de alarma y temor: «era impensable ingresar al Monzón», refiere el registro testimonial de esta investigación. Aquella percepción socialmente difundida tendía a reforzar el aislamiento –económico, social y político– de la población habitante del Valle. Consecuencia lógica: reproducción interna entre la población habitante del Monzón de percepciones centradas en la ausencia del Estado. Siguiendo esta ruta de análisis, dicho control territorial, social y político impedía el desarrollo de actividades lícitas funcionalmente articuladas al mercado legal e impedía una inversión sostenida por parte del Estado en beneficio de la población, dada la ausencia de poderes locales dispuestos a canalizar flujos de inversión con arreglo al desarrollo sostenible.

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Las evidencias corroboran el peso que tenía el cultivo de coca en el paisaje económico social y político del valle del Monzón. La reproducción del carácter gravitante de esta última obedecía al control económico, social, político y territorial ejercido por redes anexas al TID, cuyas consecuencias funcionales sostenían los términos de oferta de derivados, disponían coerciones e incentivos para la no diversificación de cultivos, con vistas a limitar la intervención del Estado. La articulación de una plataforma de defensa y reivindicación de la coca, por otro lado, canalizaba demandas, sí, pero no necesariamente orientadas a una mayor participación política en beneficio de la población; sino, por el contrario, orientadas a mantener inalterados los términos de la economía ilegal (Zevallos & Mujica, 2013); los cuales, como ha sido señalado, no fueron correlativos con niveles plausibles de desarrollo humano. Dada la complejidad del contexto, las respuestas a nivel de política demandaban integralidad (Segura, 2009). Había amenazas para la seguridad que requerían una respuesta a nivel de control. Sin embargo, las amenazas para la seguridad no solo vulneraban el estado de derecho, en términos de su integralidad territorial, sino que también limitaban a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Así, el control político suponía coacciones por parte de las redes de TID sobre la población (como se muestra en esta investigación) y suponía una vulneración explícita de las libertades civiles. Por otro lado, la permanencia dentro de la economía ilegal no garantizaba mejores niveles de vida, sino que, más bien, limitaba las alternativas de iniciativa personal (diversificación de cultivos, por ejemplo), como también la capacidad del Estado para invertir en sistemas de educación y salud: una vulneración manifiesta al derecho a una vida digna.

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En este sentido, la erradicación de cultivos ilegales de coca y los operativos policiales (Eclipse II) en el Alto Huallaga, llevados a cabo en distintos períodos durante los últimos cinco años, fueron requisitos funcionales para interrumpir el soporte material al desarrollo de actividades vinculadas al TID y desarticular parte de las redes de narcotráfico que ejercían control territorial, político, social y económico en los distritos y caseríos que componen el Valle (cuenca Baja y cuenca Alta). Las acciones referidas condujeron a una reducción significativa de la inseguridad en la zona y permitieron acentuar progresivamente la presencia del Estado. Las capturas sucesivas de líderes vinculados con el TID socavaron las capacidades operativas de redes y movimientos anexos; en especial, las capacidades operativas de continuar ejerciendo control territorial y de mantener a la población dispuesta a movilizarse. La erradicación de plantaciones de coca interrumpió el suministro de materia prima y atenuó la reproducción de esta actividad, así como también la conflictividad política que esta producía. Cortar el suministro de coca ilegal impidió el funcionamiento de las siguientes fases en la cadena de valor y, además, minó la capacidad de continuar ejerciendo control político y control económico sobre la población dedicada al cultivo de coca. Esto a propósito del cobro por cada arroba de coca que, según las evidencias de campo, solía cobrarse a doble condición: la promesa de que no se realizaría una política de erradicación y la incautación de cultivos, de haber renuencia al pago o a la movilización. La erradicación de cultivos representó un sostenido límite para la alimentación del circuito operativo del TID: las redes de narcotráfico perdieron legitimidad y capital político por parte de la población; la captura de líderes y coordinadores vinculados a la economía ilegal reforzaron la

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pérdida de liderazgo. Viéndolo desde una perspectiva securitista (Aradau & van Munster, 2007), la estructura social y política del TID, en la zona, fue desestructurada «desde arriba» (captura de principales líderes) y «desde abajo» (erradicación de cultivos ilegales). Si bien estos dos factores perfilaron las condiciones para una intervención integral por parte del Estado, no debemos olvidar el influjo de fuerzas sociales, corrientes exógenas de cambio, que desincentivaron al TID como una perspectiva saludable: cambios en la política subnacional, es decir, actores con otros motivos de reivindicación; crecimiento de las ciudades intermedias –como Tingo María, polo urbano más próximo al Monzón–, con la consecuente expansión de las redes de servicios públicos, del mercado de trabajo y las demandas de obra; la expansión de los circuitos de información contrarios a la economía ilegal; el influjo de iniciativas por parte de la cooperación internacional, con modelos emblemáticos como el «caso San Martín». Todos, signos de que la economía ilegal no prometía un horizonte sostenible de desarrollo.

Planta de café

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Estas fuerzas sociales redefinieron el panorama social y político en forma decisiva, pues la población –no sin descontento y resistencia– fue tomando consciencia de que el TID no demarcaba un sendero de oportunidades y desarrollo. Un elemento crucial, según las evidencias de campo, fue el tipo de lealtades generadas con las redes de tráfico ilícito de drogas y los movimientos anexos. Las adhesiones no habrían tenido un fuerte arraigo: por un lado, se sustentaban en una racionalidad económica de obtener réditos que permitan la autosubsistencia; mientras que, por el otro, en el miedo y el temor a represalias. La literatura muestra que las lealtades son más fuertes cuando se propicia una identificación profunda con el movimiento, cuando las adhesiones ocurren de manera espontánea y libre de coacciones y, sobre todo, cuando el individuo percibe que «su situación» mejora cualitativamente, fruto de la adhesión a las redes (Giddens, 2011; Weber, 1974). Según las evidencias testimoniales y etnográficas registradas en campo, este no habría sido el caso del Monzón. A este respecto se debe de tener en cuenta tres premisas fundadas en evidencias: 1) la población del Monzón –en su mayoría– dedica tiempo al cultivo de coca desde hace generaciones, por tanto, la cultura y los vínculos sociales han estado definidos por esta actividad (Van Dun, 2009); 2) la erradicación se dispone sobre un contexto precario en términos materiales y de desarrollo humano; y 3) es un escenario que conjuga la pérdida de capital político por parte de las redes de narcotráfico y movimientos adjuntos, pero al mismo tiempo es herencia de décadas en que la desconfianza y el descontento eran comunes denominadores de la percepción social para con el estado de derecho, de manera que –entre estos dos elementos– se dispone un vacío de poder, con el consiguiente riesgo que ello significa para la gobernabilidad.

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Por consiguiente, el Estado –a través de DEVIDA– tiene ante sí un conjunto de desafíos, varios de ellos implementados durante el 2014 e inicios del 2015: continuar con la política de erradicación de cultivos ilegales de coca para mantener controlada la probabilidad de reproducción del TID; atenuar el impacto directo que pudiese tener la erradicación sobre la seguridad alimentaria (corto plazo); generar oportunidades de desarrollo que reorienten la dinámica productiva hacia actividades lícitas (cultivos de café, cacao, biohuertos, etcétera); generar lazos de confianza con la población, es decir, propiciar la organización y participación política (juntas vecinales), así como la constitución de asociación de productores, a fin de que el proceso de desarrollo alternativo augure sostenibilidad en el tiempo. A este panorama de problemas y desafíos obedeció la necesidad de implementar un plan operativo de poserradicación específico para la población del valle del Monzón.

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Intervenci贸n de la Polic铆a y el CORAH

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4 E

Objetivos, dimensiones y componentes del «Plan de Poserradicación» l Plan Operativo del Monzón (DEVIDA, 2013b), también PO Monzón, define la poserradicación como: «Una intervención conjunta

que realiza el gobierno, de manera articulada entre diferentes sectores sociales y económicos y diversas instancias de gobierno con el propósito de atenuar el impacto sobre la población, originado por la aplicación de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, en diferentes valles del país». Dicho documento precisa, además, que el objetivo principal del «Plan de Poserradicación 2013-2016» es el siguiente: «Promover el cambio de actitud de la población en las zonas erradicadas hacia un desarrollo y vida lícita, sin la influencia de la economía y las actividades delictivas del narcotráfico» (DEVIDA, 2013a); el cual se descompone en las siguientes cuatro dimensiones operativas:

Dimensión económica «Atenuar el impacto económico debido a las acciones de erradicación mediante propuestas productivas y de infraestructura económica que sean sostenibles y participativas, orientadas a la prevención y abandono del cultivo de coca para uso ilícito» (DEVIDA, 2013a, pág. 15).

Objetivos, dimensiones y componentes del «Plan de Poserradicación»

Dimensión social «Involucrar a las poblaciones de las zonas cocaleras en un proceso de cambio progresivo hacia las actividades económicas lícitas» y «Atenuar el impacto social debido a las acciones de erradicación mediante el desarrollo del capital social y humano, fortaleciendo las organizaciones sociales y mejorando la infraestructura y los servicios sociales básicos» (DEVIDA, 2013a, pág. 15).

Dimensión política «Contribuir a consolidar y expandir la presencia y accionar de los organismos del Estado en las zonas de influencia de los cultivos ilícitos de coca, articulando estratégicamente su accionar con las organizaciones sociales» (DEVIDA, 2013a, pág. 15).

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Objetivos, dimensiones y componentes del «Plan de Poserradicación»

Dimensión Ambiental «Prevenir y recuperar significativamente la degradación del ecosistema como consecuencia del cultivo de coca» (DEVIDA, 2013a, pág. 15). El «Plan de Poserradicación», como es visible en la disposición de sus objetivos y dimensiones, asume un enfoque de intervención integral. Una intervención es integral cuando –en su diseño y disposición operativa– cubre todas las dimensiones que vulneran la seguridad social e impiden el desarrollo humano de una población, sea potencial o directamente, dado un problema o conjunto de problemas (Hufty, 2008). El Plan, siguiendo la lógica de sus cuatro dimensiones, reconoce cuatro problemas y amenazas adjuntas: El primer problema deriva de las acciones de erradicación para intentar controlar el soporte material de la reproducción de la economía ilegal: el cultivo de coca. La erradicación de cultivos aparece como una necesidad, dado el escenario de inseguridad planteado por el

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Objetivos, dimensiones y componentes del «Plan de Poserradicación»

control territorial de las redes de tráfico ilícito de drogas; sin embargo, es muy importante tener en cuenta que la población de los ámbitos de intervención se halla social y económicamente condicionada por los ingresos provenientes del monocultivo de coca. La erradicación, por lo tanto, y como indica el PO Monzón (DEVIDA, 2013b), puede conllevar impactos sobre la seguridad alimentaria. El riesgo es mayor –como corrobora la presente investigación– para aquellas familias que no lograron diversificar su producción y cuyas propiedades no exceden las tres hectáreas de cultivo. El problema descrito (seguridad alimentaria) es atendido plenamente por el «Plan de Poserradicación». Ello, a través del componente de biohuertos (dimensión económica), que implica –justamente– un enfoque de prevención sobre la seguridad alimentaria, siguiendo las recomendaciones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (2013). La virtud programática es la siguiente: la prevención no se dispone a través de asistencia directa, sino mediante el fomento de capacidades productivas y soporte en infraestructura. Propiciar el desarrollo de capacidades o brindar soporte de infraestructura es la vía coherente para que el impacto sea sostenible. Precisamente, el Plan asume un enfoque de sostenibilidad y riesgo –en su dimensión económica, social y política– con un segundo desafío en perspectiva: el riesgo de resiembra. El enfoque de seguridad alimentaria –como una prioridad a corto plazo– coadyuva a mitigar la probabilidad de resiembra: proyectos de biohuerto, inversión en infraestructura y un trabajo sostenido de socialización se disponen a ese fin, tomando como referencia las recomendaciones de políticas realizadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Estas tres actividades, por lo demás, sirven para atenuar los impactos de la erradicación, al tiempo que acentúan la

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Plantones de pino - reforestaci贸n

Objetivos, dimensiones y componentes del «Plan de Poserradicación»

presencia del Estado y sientan las bases para la firma de acuerdos y la generación de confianza. Se pasa, entonces, de la dimensión económica a la dimensión social y política. Por medio de la firma de actas de entendimiento, el Estado se compromete a brindar soporte técnico y material para instalaciones de café, cacao y biohuertos; los participantes se comprometen a la no resiembra de plantaciones de coca. La firma del «Acta de entendimiento» es una fase cardinal del «Plan de Poserradicación», porque implica la institucionalización de acuerdos entre el Estado y la población. Este es un hecho profundamente significativo, considerando que hasta hace pocos años la presencia institucional del Estado era débil, y la población –sumida en la economía ilegal– desconfiaba de aquel. La institucionalización de acuerdos supone, para ambas partes, un compromiso de responsabilidad y, en buena cuenta, una garantía, debido a que su incumplimiento acarrea disolución. Para el Estado, lo anterior significaría pérdida de capital social (Coleman, 1988), defraudar la confianza generada; en cambio, para la población, significaría pérdida de recursos (en caso de volver a sembrar coca), pues la erradicación se prevé cíclica. El Plan tiene la virtud de generar un punto de equilibrio de compromisos, responsabilidad, incentivos y sanciones entre los actores participantes, justo como recomienda la literatura especializada en negociación y resolución de conflictos (Soleto Muñoz, 2011; Hamouda, Kilgour, & Hipel, 2004). El compromiso político es un requisito funcional de la sostenibilidad del Plan a mediano y largo plazo; el cual, por cierto, no culmina con la firma del «Acta de entendimiento» y la implementación de proyectos productivos, sino que tiene previsto un conjunto de disposiciones que permiten consolidar el proceso, y tocan las dimensiones económicas, políticas y sociales.

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Una primera disposición es la formación de juntas vecinales y de asociaciones productivas. A partir de ellas, el Plan dispone una plataforma cohesionada de participación y diálogo. Las juntas vecinales, por una parte, son mecanismos que permiten canalizar demandas y problemas. Según el registro testimonial, no había mecanismos de participación horizontal y representativos previos a la intervención del Estado. El dominio ejercido por las redes del tráfico ilícito de drogas asumía una disposición vertical de control político. Las juntas vecinales, por el contrario, sirven para dar visibilidad a cada caserío y localidad: son mecanismos formales de participación democrática, con interlocutores garantizados en los tres niveles de gobierno. Internamente, las juntas vecinales fomentan la cohesión social, vínculos de solidaridad y sentido de pertenencia (Castillo & Durand, 2008; Durand, 2005). Un mecanismo similar, pero más orientado al tejido productivo, es el impulso de la asociatividad, la cual implica la formación de asociaciones y cooperativas. La información registrada muestra que esta es la prioridad actual del personal experto en socialización. La constitución de asociaciones productivas tiene por objetivo facilitar una mayor articulación al mercado y, enlazando una demanda constante a los cultivos de café y cacao, hacen previsible la sostenibilidad del proceso. Así, auguran constituirse en un mecanismo de arrastre. Naturalmente, la población con mayor capacidad productiva tenderá a tener una mayor adaptabilidad a las premisas funcionales de una asociación de productores en el corto plazo, pero –siguiendo la experiencia de otros lugares– la expectativa es que se generen incentivos que atraigan a medianos y pequeños productores. En resumen, la firma de actas de entendimiento, juntas vecinales y asociaciones obedecen a las dimensiones económicas, sociales y políticas

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del Plan, y se traducen en una generación de capital social y político en beneficio de la legalidad y con perspectiva de desarrollo (Coleman, 1988). Ahora, al inicio se mencionó que la poserradicación fue concebida como una intervención multisectorial. ¿Qué significa este énfasis? La dimensión social reconoce que preexistía un vacío institucional y un estado generalizado de precariedad material. En el marco del «Plan de Poserradicación» de DEVIDA, diferentes sectores –como el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura y Riego– vienen invirtiendo recursos en infraestructura y en servicios sociales básicos. La plataforma de servicios públicos se dispone en iniciativas de socialización, como son las Caravanas. Por su parte, la presencia de personal policial está reafirmándose en la zona con la instalación de comisarías. Lo significativo es que el enfoque de la intervención policial, según el registro testimonial, no busca controlar o reprimir; sino generar confianza, promover la participación ciudadana y brindar soporte a las necesidades de seguridad. La dimensión ambiental no es menos importante. Décadas de cultivo ilegal de coca y el uso intensivo de agroquímicos produjeron una degradación sistémica de la tierra, volviéndola no apta para otro tipo de cultivos, aun con la inversión sistemática de abonos. Esta situación afecta de sobremanera a los pequeños agricultores, que no tienen mayor opción de expandir sus cultivos ni diversificarlos, según corrobora el registro testimonial. ¿Qué propone el Plan para mitigar los daños generados por el uso intensivo de agroquímicos en el cultivo ilegal de coca, entonces? Fundamentalmente, soporte material y sensibilización: dotar de abonos y fertilizantes adecuados a las familias beneficiarias; promover la reforestación y la agroforestería; concientizar a la población en términos de

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educación ambiental, una iniciativa que invita a la reflexión comunitaria –con énfasis en las generaciones jóvenes– sobre los impactos ambientales y la responsabilidad ciudadana con el entorno.

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5 E

La socialización como componente de partida del Plan n el «Plan de Poserradicación», el componente de socialización describe una fase inicial de acercamiento, compromiso, entendimiento

y soporte productivo, social y político. El acercamiento involucra a agentes socializadores de DEVIDA, por parte del Estado, a autoridades y pobladores de los diferentes distritos y caseríos del ámbito de intervención del Monzón. Es responsabilidad de los agentes socializadores identificar las potencialidades y las necesidades sociales, económicas, políticas y ambientales de cada uno de los escenarios; luego, a partir de esta información, canalizar medios y soluciones en procesos participativos de negociación y concertación, los cuales finalizan con la firma de acuerdos («Acta de entendimiento») y la implementación de proyectos y servicios (DEVIDA, 2014a; DEVIDA, 2013b). «[La

socialización]

proceso

acercamiento

inicial y directo a la población involucrada por parte de facilitadores (socializadores) de DEVIDA, quienes tendrán la responsabilidad de iniciar el acercamiento a la población involucrada, identificando las potencialidades y necesidades socioeconómicas, políticas, ambientales y culturales del entorno a través de procesos participativos, de diálogo, negociación y concertación para mitigar los efectos de la erradicación de cada comunidad» (DEVIDA, 2013b).

La socialización como componente de partida del Plan

Fase 1. Planificación y organización La planificación fue realizada participativamente entre los diferentes equipos que conforman la Oficina Zonal y la Oficina Central de DEVIDA. En las reuniones de trabajo se definieron los ámbitos a intervenir en función de los siguientes documentos: el reporte del proyecto CORAH (sobre los caseríos en erradicación), el «Plan Poserradicación» y el «Plan Operativo Poserradicación». Esta información fue sistematizada en un documento: Plan de trabajo para la intervención en caseríos erradicados (DEVIDA, 2014a). El Plan de trabajo determina los pasos del proceso de socialización. Es un documento que debe ser llenado y entregado por la Oficina Zonal. Es una muestra de que el proceso –desde su diseño– sigue una hoja de ruta.

Planificación y organización

•

OZs y Sede Central de DEVIDA elaboran Plan de trabajo

Motivación y apoyo político

• Focalización de caseríos • Identificación de agentes de desarrollo comunitario local • Reunión con autoridades comunales • Reunión comunal informativa y concertadora

Planificación de la ejecución

• Identificación y elaboración de padrones comunales • Prospección de predios rurales y ficha familiar • Sinceramiento de registro y de prospección de campo • Sistematización de información y selección de beneficiarios

Firma de acuerdos e implementación de compromisos Fuente: DEVIDA 2013a, 2013b (elaboración propia).

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Dicho documento permite al personal de socialización de DEVIDA poder «salir a campo» con certeza sobre su misión y objetivos, los resultados esperados y las estrategias a seguir, pues en él figuran los instrumentos de recojo de información, guía de mensajes, procedimientos y protocolos por actividad a realizar. El Plan de trabajo tiene la virtud de estandarizar el procedimiento de intervención, volviéndolo predecible para su monitoreo y evaluación.

Fase 2. Motivación y apoyo político La motivación y el apoyo político comprenden cuatro actividades: focalización de caseríos a intervenir, identificación de agentes de desarrollo comunitario local, reunión con autoridades comunales y reunión comunal informativa y concertadora. Siguiendo la lógica de estas actividades, las publicaciones DEVIDA (2014a) y DEVIDA (2013b) sintetizan el objeto de la motivación y el apoyo político: «La motivación y el apoyo político consisten en la planificación, preparación y ejecución de acciones sociales y comunicaciones que permitan percibir, comunicar, sensibilizar e incentivar el interés de la población y de las autoridades (líderes, lideresas y autoridades municipales y comunales) de participar en los

diferentes proyectos y actividades que contempla la

intervención del Estado peruano a través de DEVIDA, en el marco del Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible» (DEVIDA, 2014a). «[Esta fase consiste en] Reuniones informativas con autoridades regionales, municipales y comunales; recepción de padrones preliminares;

formación

del

comité

interinstitucional:

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reuniones comunales para explicar la importancia del desarrollo comunitario; actores que promueven el mismo; y las actividades y proyectos que desarrollan los tres niveles de gobierno» (DEVIDA, 2013b). En síntesis, el sentido de esta fase es preparar el terreno para la firma del «Acta de entendimiento». Así, sigue un desarrollo pautado dentro de un contexto precedido por inseguridad y percepciones negativas sobre la institucionalidad, donde la erradicación puede haber producido descontento. Es una necesidad funcional de la intervención generar confianza sobre las posibilidades de desarrollo mediante proyectos productivos. Bajo esa lógica es que se focalizan los caseríos a intervenir, pues se identifican y preparan a los agentes de desarrollo comunitario local para que preparen reuniones con las autoridades comunales. Cada una de las actividades precitadas suma en el proceso y, por lo tanto, deben ser descritas: • La actividad Focalización de caseríos a intervenir consiste en identificar y delimitar las comunidades y caseríos donde se piensa trabajar la socialización e implementar los proyectos productivos. Para ello, se toma como referencia matriz los informes y reportes del CORAH. Sin embargo, el Plan admite un margen para que los agentes socializadores corroboren la data de dichos reportes y realicen los ajustes de zonificación que sean pertinentes. La información registrada es luego centralizada en un «Cuadro de Distribución Geográfica», donde se consideran los nombres de los centros poblados según distrito y provincia.

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• La actividad Identificación de agentes de desarrollo comunitario local comprende un mapeo de identificación de agentes y actores locales en el distrito, que permite identificar y conocer las dinámicas de la comunidad, la composición de grupos, los actores que ejercen liderazgo en la población objetivo. Asimismo, permite una medición preliminar sobre el grado de interés comunitario respecto del desarrollo alternativo y otras actividades de DEVIDA. El equipo de socializadores de cada oficina zonal es quien lleva a cabo esta actividades, en función de lo registrado por el equipo de monitoreo e información actualizada del CORAH, de las UGEL, de los municipios, etcétera (DEVIDA, 2014a). • La actividad Reunión con autoridades comunales es el –primer– mecanismo de acercamiento formal por parte de DEVIDA ante las autoridades de los centros poblados intervenidos. En esta Implementación de letrero comunal

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primera reunión se cuenta con la presencia del gobernador y prioritariamente con la del alcalde. Como señala DEVIDA (2014a), el objetivo de estas reuniones es, por un lado, dar a conocer cuál es el plan del Estado peruano en torno a la lucha contra las drogas y el desarrollo alternativo integral y sostenible; por otro lado, permite también socializar y consensuar los procedimientos de la intervención a nivel comunitario.

Lo importante de esta primera etapa de reuniones es que combina

mecanismos formales con informales. Las reuniones formales tienen por objeto comunicar sobre el «Plan de Poserradicación», el repertorio de proyectos productivos y el rol de DEVIDA en ese contexto. Las visitas informales continúan en el tiempo y con el mismo objetivo: establecer comunicación y empatía para con los proyectos productivos. Estas reuniones de socialización finalizan con un modelo de solicitud a DEVIDA para iniciar la intervención en el caserío. Fase de socialización - cuenca baja de Monzón

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• En la actividad Reunión comunal informativa y concertadora se goza ya del consenso de la comunidad y de los principales líderes. En esta actividad, el personal de socialización presenta el repertorio de propuestas agrícola-productivas y sociales que DEVIDA piensa implementar, bajo consentimiento libre e informado. En efecto, la asociación a los proyectos productivos es voluntaria y tiene como horizonte el emprendimiento. Esta fase contiene un conjunto de actividades paralelas que terminan en la lectura del «Acta de entendimiento», al respecto DEVIDA señala: «El Socializador debe dar paso a la lectura del “Acta de entendimiento”, a fin de que las familias del caserío puedan escuchar y comprender todos los compromisos que deberán asumir y hacer respetar, si es que deciden trabajar y beneficiarse de los proyectos de poserradicación» (2014a, pág. 55). Como es evidente, en este camino expositivo la fase de socialización comprende dos etapas de reuniones con un grado creciente de institucionalización: se avanza de un acercamiento formal/informal, con el objetivo de generar confianza e interés, hacia la constitución de un espacio dialógico de consenso formal, donde el objetivo es la firma de actas de entendimiento. ¿Qué es lo importante? Las fases de reunión –como corrobora el registro testimonial– difunden un modelo horizontal de asociación, de compromiso centrado en valores. El «Acta de entendimiento» es un instrumento con valor jurídico, por lo tanto, genera institucionalidad y asienta el terreno para un trabajo continuo y sistemático.

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Fase 3. Planificación de la ejecución Esta fase es de un componente eminentemente técnico y comprende cuatro etapas: identificación y elaboración de padrones comunales, prospección de predios rurales y ficha familiar, sinceramiento de registro y de prospección de campo y sistematización de información y selección de beneficiarios14. Esencialmente, el objetivo de esta fase es tener control sobre el número de familias beneficiarias, el número de hectáreas que poseen y la calidad del terreno, así como sobre la actividad económica que desempeñan y el cómo dedica tiempo cada familia. Todos estos datos son inscritos en el padrón de participantes. Pese al tenor técnico de estas actividades, el proceso de registro y sistematización es voluntariamente participativo y coordinado con las familias interesadas en participar de los proyectos. A fin de cuentas, son ellas quienes brindan gran parte de la información relevante y quienes acceden a la firma de actas en la implementación de compromisos.

Fase 4. Firma de acuerdos e implementación de compromisos Esta fase se dispone del siguiente modo: se trata de un documento que explicita y detalla los acuerdos y compromisos institucionales y legales de DEVIDA ante la población, concretamente, con la instalación de infraestructura agrícola, servicios de capacitación y soporte material. La firma de las actas de entendimiento, según DEVIDA (2014a), cuenta con la asistencia de no menos del 20% de la población; es libre y voluntaria

14. Una descripción pormenorizada aparece en DEVIDA (2014a).

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y «pone como condición la no resiembra de coca por parte de las familias de cada caserío». La firma es realizada en una ceremonia formal con las autoridades y pobladores de la localidad en el local comunal –como parte de un proceso voluntario y participativo–, donde, por parte de DEVIDA, participan el Jefe Zonal de DEVIDA, los especialistas socializadores y un comunicador. La figura siguiente resume las etapas principales del proceso: «La firma del “Acta de entendimiento” pone fin a la primera etapa del proceso de socialización. Si bien, este último se implementa en forma ordenada (según las fases mencionadas), no termina con la firma de acuerdos. La asistencia técnica, la motivación y el soporte social y político se mantienen más allá del funcionamiento de los proyectos Firma del «Acta de Entendimiento». Cuenca baja del Monzón. Caserío de Palo de Acero - Huánuco

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productivos implementados, fruto de los acuerdos firmados. El acercamiento con la población es solo una primera fase: la implementación de proyectos productivos es solo un momento de un largo proceso con miras a generar desarrollo productivo, capital social y capital político» (DEVIDA, 2014a, pág. 89). La intervención de DEVIDA debe ser complementada con la presencia y actividad de otras instituciones del Estado, sobre todo de aquellas relacionadas con la seguridad, los servicios de protección social y el desarrollo. Esta premisa es importante considerando que, hasta hace solo pocos años, la economía de la población dependía en gran medida del cultivo de coca. Las redes de narcotráfico y los movimientos anexos, por otro lado, establecían los mecanismos de control social y político y, por ende, imperaba un clima generalizado de desconfianza hacia el orden institucional. Las relaciones sociales necesitan de tiempo para consolidarse como capital social y capital político (Felbab-Brown, 2008; Coleman, 1988).

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Mejoramiento e implementación del comedor popular en el caserío de Agua Blanca – Valle del Monzón

Antes

Después

Mejoramiento del local de usos múltiples del caserío de Monte Grande – Valle del Monzón

Antes

Después

Mejoramiento de la Instituci贸n Educativa Inicial N掳 076 Palo de Acero - Valle del Monz贸n

Antes

Despu茅s

Mejoramiento del comedor, SS. HH. y aulas de la I. E. Santa Peregrina del caserĂo de Shitari - Valle del MonzĂłn

Antes

DespuĂŠs

¿Cómo se implementó la socialización en el Monzón?

a descripción formal realizada en la sección anterior tiene por objeto situar las coordenadas de análisis necesarias para una descripción

profunda y exhaustiva sobre la implementación –en términos prácticos– del «Plan de Poserradicación». En otras palabras, la descripción de la estructura formal, según lo establecido en el PO Monzón, permite transitar hacia el terreno práctico de la implementación, basado en la evidencia de campo. Bajo esa lógica, esta sección analiza en detalle el proceso de socialización desde la experiencia compartida del personal del área de socialización de DEVIDA y de la población participante. La exposición cubre desde las etapas de acercamiento inicial a la población hasta la firma del «Acta de entendimiento». Las primeras etapas conllevaron a la apertura de espacios informativos, donde se desarrollaron asambleas y reuniones entre el equipo de socialización y los representantes de los caseríos o distritos, según el caso. La institucionalización de espacios informativos sirvió para realizar exposiciones sobre las ventajas que ofrecía la firma de actas de entendimiento; asimismo, sirvieron para gestionar las expectativas, promover una participación democrática y atenuar la desconfianza de la población. «Bueno, para mí, era algo; lo veía como algo beneficioso. Bueno, la primera reunión que hubo. Siempre están las

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reuniones. He visto que las propuestas que ellos decían sí eran viables. Lo que más me interesó, cuando iba, es que iba a haber un asesoramiento a los que íbamos a plantar, sembrar café y cacao. Por decir, muchas veces, mi papá de mí, él planta café y cacao, tiene, y cuando él lo hace a veces, muchas veces, se secaba porque no había quién nos diga este abono echa, este veneno ponle; nada, era la razón que a la gente también que lo tenía; pero, cuando han venido: esto es así, esto así, todo nosotros vamos a ir viendo, entonces allí me animo yo. Entonces, sí hay alguien que nos va a poder guiar, nos va a poder dirigir en esa planta, sí vamos a tener buena cosecha» (Participante de poserradicación, caserío de Tazo Grande). La cita anterior contextualiza la primera etapa de implementación del proceso. Es visible el contraste entre la experiencia pasada, la constatación del presente y las expectativas futuras. El entrevistado cuenta que, antaño, la producción agrícola carecía de soporte técnico profesional; aquella dependía de los conocimientos tradicionales, depositados en el acervo cultural por generaciones (Van Dun, 2009). Entonces, rememora la estrategia de monocultivo utilizada por su progenitor: «…no había quién nos diga…», reflexiona, y –en seguida– contrasta la ventaja que significa contar con asesoría y la posibilidad de aprender métodos de cultivo más eficientes. Siguiendo esta línea de análisis, el testimonio – indirectamente– refiere a los especialistas del área de socialización y una reflexión prospectiva: «sí, hay alguien que nos va a poder guiar, nos va a poder dirigir…». El uso de los verbos «guiar» y «dirigir» no es gratuito, pues reflejan la orientación del Plan hacia el empoderamiento de la población y no hacia el asistencialismo.

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«Al inicio, vino primera vez, ¿no?, a firmar el “Acta de entendimiento”. La población, había cierto temor o duda, desconfianza también. Algunos no querían. Decían todo es mentira, nada de esto se va a cumplir. Pero, pese a eso, el 90% firmaron el “Acta de entendimiento” y, al transcurrir los meses, han empezado a venir por decir los apoyos, ¿no?, abonos, semillas, primero era semilla. Los que todavía no querían participar, cuando ya han visto que están cumpliendo, que están viniendo los apoyos, ya se han sumado, han dicho: yo también quiero participar, yo también quiero inscribirme, y así se ha llegado casi a la totalidad de la población y así, pues, caminando, ojalá en tres años estemos produciendo cacao» (Presidente de Junta Vecinal, Monzón). El testimonio anterior describe las vicisitudes de la fase de acercamiento inicial con la población. Así, se puede observar un patrón recurrente en los entrevistados: la socialización se dispuso sobre un escenario de profunda desconfianza y temor por parte de las poblaciones. La gestión de las expectativas –no defraudarlas– se convertía en un asunto de importancia estratégica. El participante elabora entonces una descripción progresiva de cómo la intervención del Estado fue logrando adhesión. Es importante prestar atención a la siguiente cláusula: «cuando ya han visto que están cumpliendo, que están viniendo los apoyos, ya se han sumado, han dicho: yo también quiero participar». El término cumpliendo alude al Estado, mientras que el término apoyos tiene por referente a la población. El testimonio subraya dos entidades distintas y separadas a priori: por un lado, el Estado y la expectativa de que cumpla con los compromisos; por otro lado, la

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población y las necesidades de soporte productivo. La separación entre estas dos entidades fue un patrón regular de las entrevistas. El desafío era, por lo tanto, atenuar la brecha y generar confianza. El acercamiento inicial produjo expectativas por parte de la población respecto de la poserradicación. La gestión de expectativas incrementaba la complejidad del proceso, pues demandaba que las entregas de materiales y de asistencia técnica fuesen precisas, según los tiempos y fechas acordadas. El equipo de socialización, según corroboran sus propios testimonios, debía ser consciente que los riesgos sociales y políticos de defraudar las expectativas de cumplimiento significarían acentuar la separación entre ellos (el Estado) y nosotros (la población). Por ello, es importante analizar la segunda parte de la cláusula citada, en donde el término apoyo tiene significatividad. El entrevistado reconoce la necesidad de que su distrito o caserío reciba soporte productivo; mas no asistencia directa, como es frecuente en los enfoques de desarrollo con sesgo asistencialista. Estos últimos tienden a no propiciar una participación de los colectivos sociales con arreglo a objetivos. La experiencia en la implementación de proyectos de desarrollo muestra un problema al respecto: la no generación de lazos de identidad fuertes entre el gestor del proyecto y la población beneficiaria supone la consolidación de una fuerte división entre un «ellos» y un «nosotros» (OECD, 2013). En contraste, el enfoque de socialización del «Plan de Poserradicación» –al estar centrado en capacidades y tener un horizonte de objetivos– propició que la población se identifique con los proyectos productivos y los adopte como una empresa de responsabilidad compartida. La identificación es visible en la medida que el entrevistado subraya la siguiente cláusula: «cuando han visto que vienen los apoyos, ya se han sumado, han dicho: yo también quiero participar».

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Caravana para el Desarrollo y la Inclusión

Atenciones médicas

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El testimonio muestra que la adhesión al Plan ha sido voluntaria y sin coacciones: presupuso de antemano la decisión de participar –sí, bajo la influencia positiva de elementos dialógicos y de persuasión por parte de los especialistas de socialización–. Que el entrevistado utilice el término sumado es significativo, considerando las profundas divisiones y el profundo descontento que caracterizaban a la experiencia comunitaria previa a la intervención del Estado con el «Plan de Poserradicación». Que la población se sume perfila un logro del Plan en sí mismo, pero también un capital social que cuidar y mantener activo (Coleman, 1988). «Sí, ¡eh! primera vez. No he visto. Han tenido mucha desconfianza mis pobladores. Dijeron: ¿nos cumplirán o no nos cumplirán? Ese pregunto (sic) era, pero yo, no, quien les habla es un joven conoce diferentes caseríos y diferentes partes ya he podido salir, no, a poder…o sea que a trabajar… siempre me gusta salir a conocer otros zonas. Entonces he podido salir y he visto ya que han estado trabajando con este proyecto DEVIDA y en otras zonas sí está cumpliendo, sí, ya tenían plantación de café y cacao. Entonces, con esa fe, yo tenía ya, yo he visto ya, he visto personalmente que están trabajando y están cumpliendo. Entonces yo dije a todos mis pobladores: no se preocupen porque este proyecto sí va a cumplir y va a venir a trabajar con nosotros. Yo creo y está seguro para venir ustedes esperen nomás la fecha que ya va a iniciar el trabajo. Entonces mis pobladores sí han escuchado y han esperado, no. Y la verdad ya pronto» (Agente municipal, Río Barranco).

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La cita anterior corrobora este mismo argumento. El «Plan de Poserradicación» fue implementado en un escenario que –dadas las condiciones precedentes– se caracterizaba por una desconfianza extendida hacia el Estado y la institucionalidad. El enfoque de socialización entonces se volvía fundamental a fin de generar mínimos de confianza. El testimonio pone de relieve tres asuntos: En primer lugar, el éxito de proyectos productivos de desarrollo alternativo integral y sostenible en un área determinada tiende a concitar la atención de terceras personas en áreas circundantes (como es el caso del agente municipal entrevistado). Cuando una estructura de incentivos es generada en X, esta tiene el potencial de propiciar adhesiones y capital social en Z. Bajo esa lógica, las redes sociales, los medios de comunicación regional, la difusión oral de casos exitosos, según las evidencias de esta investigación, muestran una gran capacidad de influir favorablemente en los procesos de toma decisión comunitaria y en las adhesiones de colectivos sociales. Escuela de campo para agricultores

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En segundo lugar, el testimonio muestra cuán importante ha sido incorporar en el conocimiento práctico de los especialistas de socialización aquello que en la literatura especializada se conoce como una «cultura del cumplimiento y de la confianza» (OECD, 2013). En otras palabras: una cultura centrada en el valor ético de la palabra empeñada, que combina incentivos y sanciones. Para los especialistas de socialización, el proceso hacia la firma del «Acta de entendimiento», la generación de capital social –confianza en la población– constituía un incentivo: un sinónimo de contribución con el desarrollo productivo de la región (Coleman, 1988). Sin embargo, dicho proceso comportaba riesgos concomitantes de resultar defraudada la palabra empeñada. Para lo población, por su parte, el Plan significó una apertura de incentivos: probabilidad de mejoras económicoproductivas, asistencia técnica, articulación con el mercado, etc. Un equilibrio óptimo entre incentivos y riesgos basados en el compromiso de los actores respecto de la suscripción de acuerdos (Oswald Ruedin, 2012; Gibson & Woolcoock, 2008). Por último, la importancia de que el diseño procedimental del «Plan de Poserradicación» haya priorizado, en las fases de acercamiento inicial, el trabajo directo y horizontal con los líderes de las localidades y caseríos. Las autoridades locales –sobre todo en caseríos rurales con menos de mil habitantes– son quienes habitualmente gozan de legitimidad por parte de la población; en consecuencia, disponen de márgenes de agencia para la movilización, la generación de confianza y la consolidación de acuerdos. El testimonio anterior enseña cómo la voz del líder, en el marco de una coyuntura crítica del proceso de socialización, tiene capacidad para disipar temores e inseguridades en la población.

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Promotores de comunicaciones / Radio Bocina Comunal - C.P. Agua Blanca

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xiste un segundo nivel de análisis: los problemas y los desafíos del proceso de socialización. Según el personal del área de socialización de

DEVIDA, el proceso de socialización no ha sido uniforme ni tampoco carente de dificultades. No solo había la necesidad de mitigar la desconfianza y el descontento generalizado (en parte fruto de la erradicación de cultivos); sino, además, canalizar esfuerzos hacia escenarios favorables para la suscripción de acuerdos. ¿Cómo así fue posible gestionar las dificultades? El diseño coherente del Plan –que se colige de la descripción de aspectos formales– y la correcta capacitación y selección del equipo de socialización fueron aspectos favorables a la implementación del proceso. Aquel logró conjugar un discurso coherente, empático, accesible y sumamente persuasivo. El discurso de los especialistas de socialización, según se analiza enseguida, y las dinámicas sociales dispuestas en terreno, por ejemplo la conformación de talleres participativos, versaron con arreglo a un único objetivo: lograr la suscripción del mayor número de Actas de Entendimiento y Acuerdos de No Resiembra. Estas últimas, y la perspectiva de un desarrollo

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alternativo integral y sostenible, fueron los marcos de referencia de la acción social, de los eventuales problemas y conflictos, del diálogo y de las soluciones. En efecto, un primer reto de la socialización fue persuadir de que los sembríos de café, de cacao y de biohuertos eran viables; de que, si bien la degradación de suelos podía limitar la productividad, esta era superable con la asistencia técnica y el soporte material necesario. Según el registro testimonial, un argumento recurrente contrario al «Plan de Poserradicación» fue la degradación de los suelos: preexistía la creencia generalizada de que la calidad de la tierra solo permitía el cultivo de coca. Es un argumento poderoso y con validez fáctica, que invita a repensar y reforzar el componente ambiental. Sin embargo, y esto es importante, el Capacitación en la siembra de hortalizas - biohuerto

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conocimiento técnico y los soportes materiales garantizados por DEVIDA se dirigen a mitigar los daños en aquel sentido. El acompañamiento constante, el carácter participativo y una cultura del cumplimiento sobresalieron como elementos fundamentales para el logro de acuerdos entre el Estado y la población beneficiaria. Justamente, el carácter participativo, propenso a la generación de capital social, marca un contraste con experiencias pasadas, acendradas en la memoria histórica (Todorov, 2000; Coleman, 1988). «Un punto importante es la presión que ellos ponían hacia a la población. O sea, les presionaban, les obligaban a que ellos se sometan al cultivo de coca, porque cuando nosotros hemos –y esa es la idea que les han sembrado a ellos, psicológicamente, de que sus tierras no sirven para nada, simplemente para el cultivo de coca. Cuando nosotros hemos ingresado, pero de qué nos van a ayudar, si estos suelos no sirven para nada. Eso es lo primero que ellos nos han dicho: acá no produce, acá no crece nada más que coca. Entonces, nosotros podemos hacer un análisis allí de que por los años, o por constantemente la presión, como que les han sembrado en el cerebro en la cabeza a ellos de que no pueden dedicarse a sembrar otros cultivos. Es la presión que ellos han tenido» (Especialista en socialización, DEVIDA). «Nosotros hemos ingresado al Monzón a socializar en el sentido de presentar la propuesta del Estado en que ellos se dediquen o cambien de actitud hacia una vida lícita, con paz, con tranquilidad, con seguridad, con desarrollo, ¿no? Pero que este cambio no va a ser de la noche a la mañana.

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Es un proceso que ellos tienen que empezar, pero a hacerlo ya, porque si dejamos pasar el tiempo o sea el proceso no va a empezar, si ellos no toman la decisión. Siempre hemos tenido rechazo, no ha sido fácil, ha tenido bastante rechazo al inicio [cuáles han sido las principales resistencias] La resistencia… el primer punto es que no tenían bien en claro qué es lo que era DEVIDA. DEVIDA se le ha tomado como una ONG, como el proyecto de vida, y todo, este, todo las experiencias pasadas, en el sentido que la población, según ellos manifiestan, que todo ha sido un engaño, ¿no? Siempre nosotros hemos tomado como ejemplo las zonas, por ejemplo, de San Martín, de Paraíso, que tan igual que ellos empezaron. El rechazo ha sido fuerte porque atrás de nosotros siempre ha estado alguien de la Federación. Siempre ha estado alguien en el sentido de querer boicotearnos, de tumbarnos las reuniones, se ha tenido en dos en tres oportunidades en el sentido que ellos nos han querido malograr la reunión, con sus papelitos en mano, como en todo dirigente cocalero que siempre lo ha hecho, no: la fotocopias el papel en mano: que esto la mentira, que esto es el Estado y que tanta cosa. Pero de una u otra forma se ha sabido salir de esos impases que se ha podido tener en las reuniones» (Especialista en socialización, DEVIDA). En cursiva se han subrayado los términos yconceptos claves de los recursos discursivos del proceso de socialización que iluminan razones de por qué dicho proceso ha tenido éxito. Por un lado, paz, tranquilidad,

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seguridad, desarrollo y toma de decisión; por otro lado, rechazo, engaño, mentira, presión y obligación. El personal de DEVIDA exponía las ventajas del Plan, enfatizando elementos que lo constituyen en una vía lógica de desarrollo, con paz, tranquilidad, seguridad. La lógica del discurso se concentraba, además, en el carácter participativo y voluntario del proceso. Con los elementos precitados, acto seguido, el equipo de socialización inducía a que la población beneficiaria contraste la descripción del Plan (las promesas adjuntas a él) con la experiencia social de años pasados, cuando las redes de tráfico ilícito de drogas y los movimientos anexos a estas redes ejercían dominación. El contraste de unidades léxicas –transitar de paz a inseguridad, de participación voluntaria a obligación– es un poderoso recurso que induce a que la población beneficiaria reflexione sobre el presente, sobre las expectativas a futuro y realice un balance tomando en consideración las experiencias de años anteriores (Giddens, 2011). El uso de semejantes recursos discursivos ejemplifica las capacidades del equipo de socialización, la importancia de disponer de un método previo a la incursión en campo, la importancia de disponer de una hoja de ruta. Los elementos precitados tuvieron consecuencias funcionales al logro de resultados. A la fecha, los indicadores de desempeño muestran que el “Plan de Poserradicación” ha generado cambios significativos en la dinámica productiva y en la situación socioeconómica del valle del Monzón. Aquel ha logrado al 31 de diciembre del 2014 la participación de 4003 familias. De estas 1576 tienen hectáreas instaladas de cacao y 143 en mantenimiento, y 1207 tienen hectáreas instaladas de café y 178 en mantenimiento. En términos de hectáreas esto implica hasta el 2014 la instalación de 4027 hectáreas y el mantenimiento de 364 hectáreas, para ambos cultivos.

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Vivero de café

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«Entonces, este, si nosotros podemos evaluar el cambio de actitud de la población, al inicio no ha sido en gran proporción la participación voluntaria. Pero teníamos que empezar ya con las actas de entendimiento y empezar a hacer ya a surgir ya con las propuestas de desarrollo. Es ahí donde, a medida que se va desarrollando que las familias empiezan a observar y empiezan a analizar que sí estamos cumpliendo con estos procesos porque la desconfianza ha sido grande: no que es mentira, que nos engañan, que tanta cosa, ¿no?. Y el punto importante, de que sus suelos no servían para nada. Eso... Porque no nos dan plata, porque nos vienen a engañar con el cacao y el café. Así nos han dicho. Entonces nosotros les hemos dicho de (sic) que el Estado no les va a brindar el bono económico, no les va a dar dinero porque se les da en dos tres días están en lo mismo, y nunca van a tener un cambio, nunca van a empezar el proceso de cambio. Porque, hay que ver algo con el sentido que pueda tener sostenibilidad no para ahora, sino en el trayecto de adelante» (Especialista en socialización, DEVIDA).

Lo anterior evidencia que la fase de socialización es un conjunto ordenado de prácticas que involucran a DEVIDA y la comunidad participante. Siguiendo con el argumento, la fase de concientización social –las reuniones, previa suscripción de actas– se caracterizaron por episodios de desconfianza y demandas no atendibles. Aquí se encuentra un segundo problema. El registro testimonial muestra un patrón

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recurrente durante el proceso de socialización: demandas de asistencia directa, bonos económicos, pagos de jornal, etcétera. Las demandas de la población permiten retomar un punto crucial: la erradicación produce, en parte, un vacío productivo y el reto adjunto de cubrir la seguridad alimentaria (Comité de Seguridad Alimentaria, CSA, 2013); sin embargo, las evidencias sugieren que las soluciones no deben adoptar la forma de asistencia directa; pues ello tiende a constituir beneficiarios dependientes de los programas. Consecuentemente, pocas probabilidades de consolidar una perspectiva de desarrollo sostenible a largo plazo (Shejtman & Berdegué, 2004). Por ello, el Plan provee de soportes, herramientas, recursos para una cogestión de los mismos. En pocas palabras, la población beneficiaria es protagonista principal de su propio desarrollo. No obstante, y este es un elemento cardinal, el diseño del Plan muestra adaptabilidad a las contingencias y necesidades de corto plazo enfocadas en la seguridad alimentaria, siguiendo las recomendaciones del Comité de Seguridad Alimentaria. Así, se disponen proyectos de biohuertos y, en paralelo, el trabajo articulado de DEVIDA con otras instituciones del Estado –MINEDU, MINSA, MIDIS– contribuye a reforzar las intervenciones de programas sectoriales como Qali Warma, de modo que estos prioricen el Monzón como objetivo. La plataforma de los servicios del Estado intensifica su presencia, además, a través de iniciativas conjuntas como las Caravanas para el Desarrollo. Lo resumido da cuenta de las principales propiedades –el valor intrínseco– del proceso de socialización. Según la evidencia empírica, la principal dificultad que se debe sortear aparece en el momento de plantear la suscripción del «Acta de entendimiento» (la coyuntura crítica). Ello, en tanto su lectura, supone plantear –como condición para el soporte mediante instalaciones de café, cacao y biohuertos– la proscripción de resembrar cultivos de coca.

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Al respecto, la lectura del «Acta de entendimiento» no es un acto a priori, viene precedida de un diálogo continuo, en el que se entretejen incentivos, recursos persuasivos y lo que Fairclough (2003) denomina dilemas ideológicos: el actor –en este caso la población beneficiaria– es contrastado en su realidad social, proceso de autorreflexión que desemboca en condiciones óptimas para una toma de decisión de si conviene aceptar las condiciones propuestas. En otras palabras, la sensible toma de decisión estratégica: abandonar o no la economía ilícita, reanudar los cultivos de coca y afrontar la probabilidad de una nueva erradicación que obligue a «empezar de cero» (Giddens, 2011; Elster, 2009; Lovett, 2006). El socializador cumple aquí un rol fundamental a la hora de orientar este proceso de reflexión.

Pregunta: ¿Cuál ha sido la importancia de la suscripción del «Acta de entendimiento» en el marco de la ENLCD 2012-2016? «Nos manifestaron ellos de (sic) que el sentido de estado por tanto tiempo – ellos hablan de entre 25 y 30 años– oprimidos. Cuando ya se empezó la firma de actas de entendimiento, ellos analizan y se sienten con la libertad de poder tomar sus decisiones. Nosotros, cuando hemos ingresado, hemos dicho dos cosas muy importantes: esta intervención del Estado, este trabajo que nosotros queremos hacer con ustedes… hay dos puntos importantes: que los trabajos son voluntarios y participativos, no hay presión, ni se les va a obligar que ustedes se sumen a trabajar con esto. Luego, ellos se sentían tan capaces de poder tomar también decisiones y tomar acuerdos ya no había el obligar o el presionar a la población

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que se sume. Entonces, ellos analizan estos dos puntos y a lo que estaban antes. Presionados a que se hace, se hace eso y se hace eso y punto. Hay una diferencia total. Se sienten ellos sueltos prácticamente, con la tranquilidad posible del desarrollo» (Especialista de socialización, DEVIDA). ¿Qué es lo importante? El discurso de socialización se dispone sobre un eje: el contraste entre el presente, la perspectiva futura y el pasado de inseguridad y violencia. El socializador subraya el carácter voluntario y participativo del proceso que contrasta nítidamente con la experiencia previa a la intervención del Estado: 1) «Nos manifestaron ellos de (sic) que el sentido de haber estado por tanto tiempo –ellos hablan de entre 25 y 30 años– oprimidos […]»; 2) «Cuando ya se empezó la firma de actas de entendimiento, ellos analizan y se sienten con la libertad de poder tomar sus decisiones». El socializador demarca el contraste y propicia el diálogo. Construye la narrativa sobre un pasado y, acto seguido, perfila las posibilidades hacia futuro (Todorov, 2000). El documento de «Acta de entendimiento» es fundamental porque señala compromisos, pautas y una hoja de ruta hacia metas concretas. Por ende, el discurso no consiste solamente en palabras, sino que tiene un soporte y un valor jurídico:

Pregunta: ¿Y las actas de entendimiento institucionalizan ese compromiso? «Claro. Es un pacto de compromiso entre el Estado y la población: las autoridades con su población, por cada caserío.» Pregunta: La población a cambio tiene la garantía de que Estado se compromete, tiene esa seguridad.

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«Claro, ahí, ahí van, tiene la seguridad ahí se les ha dicho, se les ha leído constantemente, no hay nada que ocultar, es un documento muy importante que a ustedes les respalda, a ustedes les respalda la participación, los compromisos que asume el Estado y que asumen ustedes como población también. Claro. Y también a costa que ustedes no vuelvan a sembrar. Eso también es importante Eso sí, eso, ahí viene el murmuro, cuando leemos, cuando leemos las actas, antes de, cuando socializamos el Acta, ahí viene el cuchicheo, viene allí el murmuro entre ellos: que la coca que no quieren

Cooperativa Agraria Cafetalera Milagros – Monzón

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que siembre; pero se les hace entender pues, se les explica de que cuánto tiempo han estado y qué han conseguido con ello: pobreza, destrucción, educación básica, no hay recursos básicos, entonces el Estado empieza con compromisos de acá hacia adelante, y ellos están viendo ya con el apoyo que se está logrando, hoy en día complementar con ello hay una bastante aceptación. Cada día se incrementa más esto» (Especialista de socialización, DEVIDA).

En este punto se debe notar un sutil cambio en el registro de la narración. El entrevistador comienza a contar cómo es que interactúan con la población. A diferencia del pasado, en que la población carecía de mayores márgenes de agencia, los responsables de campo se dirigen a ella como ciudadanos con derechos. Se ha subrayado el sintagma nominal ustedes para mostrar un giro. El trato de usted en procesos de negociación colectiva, dice Fairclough (2003), implica un reconocimiento hacia el interlocutor y su autonomía. Entonces se dispone de un acercamiento formal en que se apertura un panorama de opciones bajo el sustento de un compromiso legal y donde se delega –siempre– la toma decisión final al ciudadano participante. Este último, en el esquema adoptado por el «Plan de Poserradicación», es tratado como un sujeto activo, como una individualidad con capacidad de agencia (Nussbaum, 1993; Sen, 1985).

Pregunta: Cuéntame un poco más ese punto: ¿posicionar la condición de no volver a sembrar coca generaba suspicacias, dudas?

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«Sí, hay un punto que dice allí dice sobre no volver a sembrar cultivos de coca o cultivos ilegales a partir de la firma del “Acta de entendimiento”. “No, pero nos van a obligar, de qué vamos a vivir, que el bolo y tanta cosa, pues”. Entonces se les dice: “Bueno, señores el compromiso es de ustedes, que tienen que sumarse es hacer el desarrollo lícito. Ustedes han estado relegados, han estado presionados, han estado vendados los ojos en el sentido que han estado todo el tiempo con el monocultivo de la coca, que es un cultivo ilegal. Cuántas toneladas ustedes han producido y ¿eso adónde creen que se ha ido esto? Se ha ido al narcotráfico. Hay una total destrucción de áreas de bosques, de terrenos agrícolas, totalmente explotados. ¿Con la coca qué se hace? La explotación de los suelos nada más. Entonces hay bastante, ¡eh!, ¿la producción de la coca adónde va? La producción de la coca a la juventud, el daño a la niñez, a la contaminación de los ríos, las quebradas, cada vez hay menos agua”. Entonces se les hace un enfoque general de qué consecuencias o qué resultados se ha tenido en este proceso. Y qué es lo que queremos de acá hacia adelante» (Especialista de socialización, DEVIDA). «Bueno, no, entonces hemos tenido un reunión con todos ellos: con todo pobladores, y con todo también con los ingenieros de DEVIDA. Entonces hemos ponido (sic) un acuerdo un día, ya para conversar y para firmar las actas; y conver… ¿conversación, no? Acuerdo: entre ellos y nosotros

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Narraciones escĂŠnicas y dibujos de pintura

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como pobladores. Entonces allí hemos tenido nosotros como autoridad no podemos adelantar en nada. Hemos dejado en posición de todos pobladores. Hemos podido preguntar si están de acuerdo a trabajar con el proyecto o no. Entonces todo hemos visto pobladores y unos cuántos, más o menos cuántas personas… más o menos estarían… de… de 100 personas, más o menos, 4 o 5 no estaban de acuerdo. De ahí, mayormente estaban de acuerdo para trabajar con este proyecto. Entonces, mayoría que estaba de acuerdo; ya pues, nosotros estamos sujetados a nuestra población y ya pues hemos podido acordar tomar acuerdo en el acta y firmar no, de que vamos a trabajar con este proyecto» (Autoridad local). La proscripción de la resiembra de coca como condición de la participación generaba rechazos. El socializador, acto seguido, interpelaba a la población. El trato directo y formal («Bueno, señores…») sobresale como un rasgo medular. El Estado, a través de sus funcionarios de campo, no asume entonces un trato paternalista y tutelar; y marca, por el contrario, una relación entre semejantes: de reconocimiento. En el discurso es llamativo que el socializador cubra prácticamente todas las dimensiones formales que componen el Plan: alude a las consecuencias económicas del cultivo, a la situación de inseguridad experimentada (con la figura del narcotráfico), a la degradación ambiental y social correlativas de su dependencia al cultivo ilícito. «Entonces se les hace un enfoque general de qué consecuencias o qué resultados se ha tenido en este proceso. Y qué es lo que queremos de acá hacia adelante». Lo importante –como muestra la cláusula anterior– es que el socializador reconstruye con la población el

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pasado inmediato: la memoria es el sedimento sobre el que se sostiene la construcción de un mejor futuro (Todorov, 2000). La segunda cita reafirma lo dicho: el testimonio del agente municipal hace visible un contenido apreciativo (Martin & White, 2005) cuando reconstruye la interacción con el personal de socialización. ¿Apreciativo en qué sentido? Se dispone una valoración positiva de la negociación; por ejemplo, cuando el agente municipal señala que se llevó a cabo un acuerdo entre ellos y nosotros como población. La cláusula textual muestra el asentimiento de la población respecto del acuerdo firmado: el carácter dialógico del proceso, sometido al diálogo comunitario.

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l Plan de Poserradicación debe el éxito de su primera fase de intervención a varios factores, entre ellos debe considerarse el

impacto de intervenciones previas, como los operativos policiales y las acciones de erradicación, que desarticularon los ápices estratégicos de las redes de TID y de los movimientos vinculados, mitigando así la capacidad de reproducción de la cadena de valor; sobre esta base, los resultados del Plan mismo: en el orden económico-productivo, en términos de organización social comunitaria, en términos de la constitución de plataformas políticas de entendimiento y en materia de seguridad, principalmente. Sobre lo primero, el registro testimonial y etnográfico corrobora la importancia de haber logrado desarticular los ápices estratégicos de las redes de TID y de haber desmontados los liderazgos de movimientos adjuntos a esas redes. Ello tuvo un impacto correlativo en la reducción significativa de la capacidad que tenían estos para ejercer control territorial y control político (Felbab-Brown, 2008; Van Dun, 2009; Weber, 1974). Por otra parte, la erradicación de cultivos –según el registro testimonial– fue fundamental para interrumpir el suministro reproductivo de la cadena de valor de derivados cocaínicos (López & Vizcarra, 2012). Sumados ambos,

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hubo una drástica reducción de la violencia y la conflictividad en la zona. Es posible denominar este proceso como una desarticulación funcional de los términos que –en el corto plazo– determinaban la reproducción de la cadena de valor. Sin embargo, es evidente, la estrategia de control policial sobre los líderes de organizaciones criminales y el control de cultivos ilícitos son vías coherentes para acentuar la presencia del Estado y establecer seguridad, mas –strictu censu– no impide que la población vuelva a dedicarse al cultivo. Así, ¿cómo garantizar que la cadena de valor de la coca no se reactive y vuelva a reproducirse en el tiempo, conectando los términos de una oferta y una demanda en estado latente? En otras palabras, ¿Cómo garantizar una efectiva reorientación del tejido productivo, social y económico hacia el marco normativo de un estado de derecho y un mercado de bienes y servicios lícitos? A esas preguntas, desafíos y problemas obedeció la implementación del «Plan de Poserradicación» en el Monzón, que transitó según las etapas graficadas en la figura siguiente: En la línea temporal es importante tener en cuenta que, subsiguiente a los operativos policiales, hubo un trabajo previo por parte de DEVIDA para que el espacio de intervención sea proclive a aceptar una oferta de servicios y proyectos productivos. El componente de socialización del «Plan de Poserradicación», entonces, debe su efectividad a un diseño metódico e inteligente que tomó en cuenta las particularidades del contexto de intervención: desconfianza, descontento, pobreza, precariedad (en términos de infraestructura y acceso a oportunidades). Ahora, en su dimensión operativa, el Plan se halló beneficiado por fuerzas sociales de cambio estructural y movimientos análogos de transformación: la expansión del mercado de bienes y servicios; la expansión de ciudades intermedias; la difusión de modelos de desarrollo alternativo, como el

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Defensa ribere帽a Cachicoto

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Hasta 2012

Dependencia económica del TID

2012-2013

Erradicación

- Soporte material TID - Legitimidad TID

Indicadores observables

Noviembre de 2010

Operativos policiales

+Desarticulación de ápices del TID local - Presencia del movimiento cocalero - Presencia del TID +Control territorial y seguridad

Componente de seguridad Dimensión política Dimensión económica

Acciones / Impactos

Poserradicación Caravanas del desarrollo

- Centros de salud - Remodelación de centros educativos - Rehabilitación de círculos vitales - Apertura de comisarias

+ Presencia del Estado + Confianza en el Estado + Seguridad territorial + Seguridad social + Institucionalidad

Dimensión social Dimensión política

15 de julio de 2013

Firmas de actas de entendimiento

+ Cohesión social + Confianza en el Estado + Compromiso del Estado + Expectativas de cambio + Responsabilidad ciudadana

Dimensión social Dimensión económica Dimensión política

Biohuerto + Seguridad alimentaria

Corto plazo

Setiembre Agosto 2013

Implementación de proyectos productivos

+ Confianza en el Estado + Responsabilidad ciudadana + Acercamiento Estado - ciudadano + Seguridad territorial + Seguridad social + Capacidad productiva + Técnicas de cultivo + Reforestación

Asociaciones productivas Abril Mayo 2014

Juntas vecinales

Octubre de 2013

+ Cohesión social + Capital social + Articulación

Dimensión social Dimensión política Dimensión económica

+ Cohesión social + Participación ciudadana + Articulación Estado - ciudadano

Largo plazo

Dimensión social Dimensión económica Dimensión ambiental

Socialización (proceso continuo) 2013 - 2014

Café y cacao + Desarrollo productivo

Reorientación de la economía local Desarticulacion del TID

Linea de tiempo del «Plan de Poserradicación» en el Monzón (fase de socialización) 2013-2014

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caso San Martín; la apertura de mecanismos y medios de comunicación, que perfilaron una estructura de oportunidades para la implementación de proyectos productivos e iniciativas económicas en un horizonte de legalidad, de modo tal que la producción de coca y derivados no aparecía ya como una alternativa preferente (UNODC, 2011). En este contexto –que ha combinado la acción decidida del Estado, a través de programas claves coordinados por DEVIDA y fuerzas sociales de transformación– se ha registrado una reducción continua del cultivo de coca en el Monzón. Lo importante es entender que esta es consecuencia de un conjunto interrelacionado de procesos que el «Plan de Poserradicación» busca consolidar. Para que tenga efectos en la reducción de la producción potencial de cocaína, la erradicación debe de ser continua, evitando así una posible expansión de las hectáreas de cultivos. Sin embargo, la erradicación de cultivos ilegales en el Monzón se dispuso sobre un escenario previamente afectado en términos económicos y sociales, en donde los niveles de desarrollo han estado por debajo de la media nacional. Considerando su disposición activa, según el PO Monzón (DEVIDA, 2013b), la erradicación puede tener impactos en los niveles de confianza de la población, en el tejido de sensibilidades y en la seguridad alimentaria a corto plazo. La línea de tiempo presentada enfatiza, por otro lado, el encadenamiento de procesos implicados en la implementación del Plan. Así, cada indicador observable en terreno se corresponde con una acción e impacto vinculado a las dimensiones priorizadas por el Plan en materia económico-productiva, en el orden social, en temas de infraestructura y política, en materia de seguridad, etcétera. ¿Qué es lo importante y lo que refleja visualmente cada componente? Que el Plan debió su éxito a la integralidad del mismo. Integralidad

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significa, a priori, comprender la complejidad del escenario de intervención y sus principales determinantes (Segura, 2009). Los cultivos de coca y la reproducción del TID no solo vulneraban la seguridad territorial y social de la zona y de los pobladores, respectivamente, sino que también tenían un impacto en la capacidad de desarrollar infraestructura, inversiones en salud y educación, fomento de capacidades productivas, etcétera. Todas estas dimensiones vulneradas por la reproducción sistémica del TID son priorizadas en la implementación del Plan y –según lo observado en la cadena de acciones e impactos– muestran resultados favorables. En este sentido, el «Plan Poserradicación» ha permitido atenuar los impactos de la erradicación de cultivos y sentar las bases para un desarrollo sostenible a largo plazo, como muestran la tabla a continuación. A la fecha, en el valle del Monzón, el Plan ha logrado que más de dos mil familias se comprometan con proyectos productivos en acuerdo con el Estado. Este compromiso en actas se traducen en más de 4000 ha. comprometidas para proyectos productivos. En el 2013, en menos de doce meses de trabajo, considerando que la primera suscripción de actas fue en el mes de junio de aquel año, el porcentaje de ejecución en materia productiva superó el 80%, como se puede observar en la Tabla n° 6. Lo descrito deriva en un proceso de dinamización económica bajo la pauta de instituciones legales. En el imaginario local empieza a instituirse un ideal de expectativas en materia de desarrollo productivo soportado por el Estado. La confianza colectiva es el sedimento sobre el cual parece constituirse un escenario de cambios. La confianza, empero, es un sentimiento de moral colectiva que se construye diariamente. De ahí, la importancia de que los especialistas de socialización permanezcan en campo por períodos de varios días: consolida capital social, en el sentido de redes de asociación colectiva basadas en confianza intracomunitaria

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y extracomunitaria, la primera articulada entre los individuos que conforman los distintos caseríos y distritos del Valle, la segunda articulada entre las comunidades y el Estado. Tal como muestra la tabla anterior, el “Plan de Poserradicación” ha tenido avances sumamente significativos en términos de confianza por parte de la población, los cuales se traducen en avances al interior del componente productivo. Desde que comenzó el plan hasta el 31 de diciembre de 2014 se contabiliza un total de 4003 familias participantes de los ámbitos de intervención del plan. En cuanto al número de hectáreas de instalación de cacao se contabiliza 2340, y en el caso de café de 1687. Se incluye también un total de 1591 biohuertos implementados entre el 2013 al 2014, siendo el primer año uno en el que se tuvo una ejecución del 80% según las metas establecidas. Vale recalcar que estos resultados no se habrían conseguido si una de las piezas clave dentro de este proceso, la suscripción de actas de entendimiento, no se hubiera implementado. En base a la evidencia documental producida a la fecha (DEVIDA, 2013b; DEVIDA, 2014a), y al registro etnográfico y testimonial construido, esta investigación identifica avances del «Plan de Poserradicación» en cuatro grandes áreas: en el campo económico-productivo, en el campo de la política a nivel local, en el campo de la organización social comunitaria y en el campo de la seguridad. Con el término avances nos referimos, principalmente, a los cambios en las estructuras sociales, económicas y políticas que sostenían la reproducción del TID en el Monzón. La distinción entre estos cuatro campos (los cambios descriptos en cada uno de ellos) se hace con fines estrictamente analíticos; pues, en la práctica, se observa una interrelación. Así, por ejemplo, la formación de juntas vecinales (un cambio a nivel político) tiende a generar una mayor cohesión comunitaria (un cambio

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Acciones l煤dicas y recreativas Recuperando el Monz贸n

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a nivel social) y esta, como es evidencia en la literatura especializada, sobrelleva a una percepción más elevada de seguridad en el escenario objeto de estudio (Touraine, 1999; Tilly, 1993; La Due & Huckfeldt, 1998). Se puede observar, por otra parte, los cambios en el contexto de seguridad de la zona, a raíz del efecto combinado de operativos policiales (estratégicos en la captura de líderes vinculados con el TID), los procesos de erradicación y el «Plan de Poserradicación». La descripción en base a estos referentes se debe a que no es posible caracterizar los cambios en materia de seguridad en relación a una sola causa. En este contexto es importante mencionar, un hecho que permite explicar mejor la empatía social del Monzón con las fuerzas de seguridad, situación impensable hace apenas cinco años. Se trata del proceso de trabajo realizado por parte de las instituciones del Estado, que tuvo como primeros pasos,

la suscripción del Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre DEVIDA y la Municipalidad Provincial de Huamalies (junio 2013), y al Convenio de Colaboración Interinstitucional entre DEVIDA y el Ejercito Peruano (setiembre 2013); mediante lo cual

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ambas instituciones se comprometieron en la implementación y ejecución de actividades, obras y proyectos de infraestructura de ingeniería. En el marco de estos convenios, se incorporó la actividad de “Mantenimiento de la Vía Vecina Tramo Nuevo Rondos – Corvinilla Alta en el Distrito de Monzón, Provincia de Huamalies”, y se

dispuso

la transferencia financiera a la Municipalidad Provincial (julio 2014). Posteriormente, el ejército, a través de su batallón de ingeniería y en articulación con la Municipalidad, dispuso la construcción de un tramo de terreno afirmado, lo que hace posible la salida de los productos alternativos para su posterior comercialización. Visto desde una perspectiva socioeconómica, este acuerdo refleja el esfuerzo de tres instituciones del Estado que apostaron por el progreso de las familias de la población del distrito de Monzón. Pero sin lugar a dudas, la importancia de estos Convenios es más bien política, puesto que en la misma zona que estuvo dominada por organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas, actualmente se ha instalado, por primera vez en la historia, el Batallón de Ingeniería del Ejército con maquinarias para desbrozar el ánimo a la paz y el desarrollo integral. A continuación, se detalla cómo –progresivamente– se logró desarticular la dependencia económica en el cultivo de coca y las actividades económicas que unían a la población con las redes de narcotráfico. Enseguida, se abordarán los logros atribuibles al Plan en términos de organización política comunitaria y organización social, esto es, la construcción de plataformas de participación política representativa y generación de confianza en lo público; así como la formación de asociación productores y aumento de la cohesión comunitaria (capital social). Finalmente, se abordarán los principales logros en el campo productivo, con énfasis en la expansión de las instalaciones de café,

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cacao y biohuertos (reducción correlativa de las hectáreas destinadas a la plantación de coca). El Plan también registra avances sumamente significativos en términos de organización social comunitaria y plataformas de representatividad política. Según el registro de la Oficina Zonal de Tingo María, hasta el 2014 se ha dispuesto la formación de 21 juntas vecinales en el ámbito Monzón, 6 en el ámbito Puente Durand, y 4 en el ámbito Supte San Jorge. Las juntas vecinales son mecanismos representativos orientados al diálogo con las instancias subnacionales de gobierno y con el personal de DEVIDA adjunto a la implementación de proyectos productivos. ¿En qué medida la formación de juntas vecinales significa un avance en el terreno de la política comunitaria local? Previa a la intervención de DEVIDA, la población agricultora tendía a dedicar tiempo al monocultivo de coca. Según el registro testimonial, no se disponían de organizaciones de base representativas, con vínculos horizontales y basadas en el consenso. La representación, basada en la reivindicación del cultivo, tendía a disponerse en vínculos asimétricos verticales –relaciones de oferta y demanda– que persistían en el tiempo dada la ausencia de alternativas funcionales de desarrollo; lo que, según lo indicado por las evidencias, era atribuible al control político territorial ejercido por las redes de tráfico ilícito de drogas y los movimientos adjuntos (Zevallos & Mujica, 2013; Van Dun, 2009). Las juntas vecinales, por otra parte, al constituir un mecanismo de acción colectiva, ejercen influencia sobre la buena marcha de los proyectos productivos, vigilan el cumplimiento de los acuerdos en términos de soporte material y productivo (Tilly, 1993; Touraine, 1999; Coleman, 1988).

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Ha habido, por otra parte, en el tejido de percepciones sociales, un aumento significativo en la confianza para con la legalidad, las normas y mecanismos del estado de derecho. La firma de actas de entendimiento ha sido fundamental en ese sentido y constituye –en muchos casos– acuerdos pioneros entre comunidades y caseríos, antaño sometidas al monopolio de la violencia por parte de las redes de narcotráfico y movimientos adjuntos a ellas, y una institución del Estado como DEVIDA. Los acuerdos en actas, según constata el registro testimonial y la comprobación por método etnográfico, permiten corroborar que el Estado –en una mayoritaria proporción de casos– ha cumplido con los compromisos pautados en actas. En efecto, la provisión de abonos, fertilizantes, instrumentos, semillas y la presencia constante de personal extensionista de campo ha generado que gran parte de la población interiorice optimismo respecto de la política pública y una gran adaptabilidad a los nuevos sistemas de producción.

«Yo le dije que sí a la policía. Hoy, esa decisión política es que la policía entre para ayudar a la población No en una manera de reprimir, sino en una manera de sensibilizar, cumplir una función de policías comunitarios. De hacerles ver que la policía está para ayudar al pueblo. Si tú, ves en Cachicoto no hay trabajo de interdicción como función de la policía, de represión netamente, están en un proceso de acercamiento a la comunidad. De sensibilizar, hacer acciones cívicas de interrelacionar con el ciudadano. De ver y ser empáticos. Sí colaboramos con de repente generarle un trabajo a una persona para que cocine a los miembros de la policía, para

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Pasantía de Agricultores

Cultivos de café

Cultivos de cacao

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que les lave la ropa, que sean hospedaje, de alguna manera, indirectamente se está generando el desarrollo con la presencia de la policía, ya la gente: oye los policías necesitan sacar fotocopia, ya ponen su fotocopiadora; oye acá les puedo vender tal cosa: ponen su bodeguita. Entonces va generando un desarrollo de a poco» (Mayor PNP, Oficina de Participación Ciudadana, Tingo María).

Mecanismo paralelo e igualmente importante de cohesión social y plataforma de la articulación con el mercado es la construcción de asociación de productores. Esta fase concita la prioridad del proceso de socialización, actualmente. Se trata de asociar e inscribir a productores según localidad, a fin de consolidar una organización que pueda promocionarse como tal, y así fomentar una articulación con los mercados a nivel nacional e internacional. En principio, son los productores con un mayor número de hectáreas quienes tienen una mayor capacidad productiva para emprender el liderazgo en estas tareas. Sin embargo, al igual que con la formación de juntas vecinales, precedente a la firmas de actas de entendimiento, se prevé que las asociación de productores propicie un «fenómeno de arrastre». ¿Qué significa un fenómeno de arrastre? Que capture la atención de la población circundante a los ámbitos de funcionalidad de los proyectos, que despierte el interés por unirse a una asociación o de formar nuevas. La idea básica es que las asociaciones de productores le dan sostenibilidad al proceso y son más fáciles de monitorear. Además, son formas de empoderar a las poblaciones y no generar círculos de dependencia, sino más bien constituir dinámicas de desarrollo en función de una articulación tangible y duradera con las economías legales. Recuperando el Monzón

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Construcci贸n Instituci贸n Educativa Cashapampa

Generando confianza: avances y logros iniciales del Plan de Poserradicación»

«Lo que pasa es que en el cultivo del café hay una etapa de germinado, la selección de la planta, el repicado y el vivero, ahí está una parte para el éxito de tu plantación en la producción, si tú quieres sacar 30 o 40 quintales por hectárea empiezas por abajo. Si tú, abajo, no haces una buena selección de semillas, no haces un buen germinado, no seleccionas una buena planta para que vaya al vivero; al final, la planta va a crecer como todo ser vivo, pero donde se va a notar es en la productividad de acá a tres años. Entonces, con este Plan están aprendiendo las razones y la práctica de hacer una buena selección. Entonces, de repente ellos van a esperar mucho café pero van a tener poco café, pero es justamente porque antes hicieron una mala selección. Entonces con este Plan se les hace entender la razón por la que hacer una buena selección, si hablamos en términos de raíces, porque una raíz torcida no puede ir en un plantón y porque una raíz derecha si puede ir en un plantón; porque ellos la tomaban como un todo: todos para ellos es igual, la torcida, la que tiene dos ejes, entonces para ellos era planta, no hacían ninguna selección. Eso nos hace entonces de que el éxito de la futura plantación sea buena. A mí, en lo personal, me sorprendía que no conocieran eso porque yo he trabajado en otras zonas y allá manejan todo ese tema […] Y luego explicarles del proceso de abonamientos. Porque es importante aplicar tanto nitrógeno, potasio, que antes antiguamente tampoco lo estaban haciendo,

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no, o sea prácticamente los señores eran recolectores de grano: que solamente siembran lo cultivan y cosechan y nada más no hacen más actividades, entonces la planta tiene un cuidado, según la fenomenología de todo el año. Entonces, todos esos procesos se les enseña y a la vez también se les enseña a controlar las plagas y enfermedades que le da a la planta. Digamos, yo veo, al menos eso, en la parte del cambio que están haciendo» (Extensionista de café y cacao, DEVIDA). Ahora bien, por otra parte, es visible que la población beneficiaria recibe capacitación constante en tratamiento de cultivos, usos de fertilizantes, construcción de instalaciones de cultivos: en suma, ha habido un in crescendo significativo del capital humano. El aprendizaje de capacidades de producción es una fuente de capital social, pues despierta el interés colectivo de participar en proyectos productivos y de iniciativas similares. Asimismo, campañas periódicas como las Caravanas para el Desarrollo y las campañas de comunicación comunitaria, generan mayores niveles de cohesión social y de confianza en el Estado y la legalidad. En suma, generar seguridad y condiciones de intervención es una condición necesaria, pero no suficiente para la transformación de las estructuras que sostenían la reproducción del tráfico ilícito de drogas. La erradicación mitiga la reproducción del tráfico ilícito de drogas desde su base productiva mínima, pero no garantiza que la población reoriente su dinámica productiva. El «Plan de Poserradicación» tiene por objetivo principal controlar la probabilidad de resiembra de coca por parte de los agricultores y, así, una reactivación de la cadena de valor del TID. Bajo esa lógica, su disposición práctica busca atenuar los impactos directos que pudiese tener la erradicación de cultivos sobre la seguridad alimentaria

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en el corto plazo y –siguiendo las recomendaciones del Comité para la Seguridad Alimentaria Mundial (2013)– generar oportunidades de desarrollo a largo plazo, que aseguren la reorientación de las dinámicas productivas (a través de cultivos de café, cacao, biohuertos, etcétera.); generar lazos de confianza entre y con la población, a través de mecanismos de organización y participación política (juntas vecinales), así como a través de la conformación de comités de productores. A este panorama de problemas y desafíos obedece la necesidad de continuar y reforzar la implementación del «Plan de Poserradicación» en el valle del Monzón y otros de características sociodemográficas similares.

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Construcción Institución Educativa Monte Grande

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Conclusiones

Conclusión 1: Transformación del valle del Monzón Entre el año 2009 y el 213, solo en el distrito del Monzón, la proporción de hectáreas de cultivo de coca se redujo en 96.54%, como resultado de las acciones de control de cultivos ilícitos y los operativos que conllevaron a la desarticulación de las principales redes de TID en dicho ámbito. La implementación de un «Plan de Poserradicación», en este contexto, obedece a la necesidad de atenuar los impactos negativos que pudiese tener el control de cultivos sobre las economías domésticas; atenuar los riesgos de resiembra de coca y de una rearticulación probable de la cadena de derivados y sentar en cambio las bases productivas, sociales y políticas para consolidar una perspectiva de desarrollo alternativo integral y sostenible en el largo plazo. Al 31 de diciembre de 2014, el “Plan de Poserradicación” ha logrado tener incidencia en 6 ámbitos: Monzón, Puente Durand, Supte, Bolsón Cuchara, PIR DAIS Bella y PIR DAIS Tantamayo. Esto se ha traducido en 2340 ha de cacao y 1687 ha de café comprometidas, así como en la instalación de 1591 unidades de biohuertos. En paralelo, la intervención ha significado un aumento importante de la presencia de instituciones del Estado; y en consecuencia, un aumento de las oportunidades de acceso a servicios en beneficio de la población: apertura de tres comisarías, rehabilitación de escuelas y caminos rurales, campañas intensivas de salud y de nutrición, etcétera.

Conclusiones

La evidencia documental y empírica de esta investigación corrobora que el valle del Monzón ha experimentado una transformación de las condiciones económicas, sociales y políticas que hacían posible la reproducción de la economía ilegal del cultivo de coca. Solo en términos estrictamente productivos y de seguridad, en poco más de un año de implementación, el «Plan de Poserradicación» ha logrado resultados en dos ejes: sentar las bases productivas, sociales y políticas para que el desarrollo alternativo integral y sostenible sea el motor de progreso de las familias; y propiciar condiciones de seguridad territorial y humana en los diferentes caseríos y distritos. El desafío, a futuro, es garantizar la sostenibilidad en el tiempo de este proceso.

Recomendación 1 • El carácter multisectorial de la intervención ha sido una de las principales fortalezas del «Plan de Poserradicación» y una de las principales lecciones de éxito. La participación de los distintos sectores del Estado y de la sociedad civil ha permitido establecer redes de seguridad en el corto plazo: comisarías, postas de salud, caminos rurales, infraestructura y una presencia activa de funcionarios del Estado. • La consolidación de redes de seguridad como las señaladas, según está demostrado en abundantes investigaciones, produce capital político, a favor del Estado, propicia vínculos de solidaridad comunitaria y, en ese sentido, reduce significativamente las oportunidades para cometer actos delictivos. Por ejemplo, una eventual rearticulación de redes de tráfico ilícito de drogas. • Las evidencias sugieren la necesidad de profundizar en esta línea de intervención multisectorial. Por ejemplo, a través de acuerdos

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Conclusiones

interinstitucionales que focalicen una provisión de servicios de carácter permanente, que se traduzcan en iniciativas de programas o proyectos de desarrollo con participación de la población local y con arreglo a sus necesidades y expectativas. • En la misma perspectiva, las evidencias sugieren la necesidad de consolidar acuerdos con el sector privado y la sociedad civil, por ejemplo las universidades, para incentivar la generación de emprendimientos locales, la formación de capacidades y la articulación de la economía local con los mercados de bienes y servicios a nivel nacional y –de ser posible, en el largo plazo– a nivel internacional.

Conclusión 2: El proceso de socialización y la suscripción del «Acta de entendimiento» El trabajo sistemático realizado por los especialistas de socialización y el empleo por ellos de actas de entendimiento han sido fundamentales para revertir la desconfianza de la población y lograr adhesiones basadas en compromisos de responsabilidad compartida. En el imaginario local, la suscripción del «Acta de entendimiento» es valorada por su carácter no coactivo: la población entrevistada reconoce la libertad y la índole participativa del proceso. Asimismo, la suscripción es asumida con expectativas de que se traducirán en proyectos productivos con asistencia técnica por parte del Estado; en otras palabras, es interpretada como una garantía de cumplimiento de acuerdos establecidos. Por consiguiente, gestionar rigurosamente el cumplimiento de acuerdos es esencial para mantener el equilibrio de expectativas y evitar conflictos potenciales: cumplir con los acuerdos –como ha sido la tendencia– aumenta la confianza de la población participante; sin embargo, su no

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cumplimiento puede defraudar las expectativas y conllevar una pérdida de capital político en favor del Estado. Por otro lado, de parte de la población participante, la suscripción del «Acta de entendimiento» implica una responsabilidad sobre uso adecuado de los materiales y de la asistencia técnica brindada. En consecuencia, las actas de entendimiento son instrumentos de gestión que deberían facilitar el monitoreo y la evaluación de los niveles de cumplimiento por parte de la población. Son instrumentos que –hasta cierto punto– pueden contribuir a controlar riesgos de resiembra y, en particular, una exacerbación de la conflictividad en eventuales acciones de control de cultivos ilícitos. ¿De qué manera? Mediante la firma del «Acta de entendimiento», la población asume el compromiso y la responsabilidad de no volver a resembrar coca: aquella institucionaliza una cultura del cumplimiento y de la corresponsabilidad.

Recomendación 2 • Construir un registro que permita evaluar la ratio del «Acta de entendimiento» efectivamente traducidas en proyectos productivos y los estados de avance de los mismos. Es decir, un registro que permita obtener, del total de actas de entendimiento firmadas hasta una fecha determinada, el porcentaje total de aquellas traducidas en proyectos productivos y los estados de avance de los mismos. Es prioritario estimar los niveles de capacidad estatal –en términos de capital humano y recursos invertidos, fundamentalmente– que son necesarios para cumplir con los acuerdos suscritos y cubrir la demanda generada. En ese sentido, es recomendable que el Estado priorice aquellos proyectos productivos ya implementados, antes de expandir la cobertura de participantes, a fin de no generar problemas de sobresaturación.

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Conclusiones

• Considerando

futuras

intervenciones

necesario

construir

indicadores de vulnerabilidad que permitan evaluar riesgos de resiembra: sea por la reactivación de una oferta, sea por problemas derivados de la seguridad alimentaria o sea por proyectos productivos que no pudieron avanzar. Bajo esa lógica, se podría reforzar aquellos ámbitos donde la vulnerabilidad por riesgo de resiembra es mayor.

Conclusión 3: Juntas vecinales, comités de productores, cohesión social y articulación con el mercado El «Plan de Poserradicación» ha promovido, desde sus inicios, la formación de juntas vecinales y de comités de productores. Estos mecanismos colectivos de participación política han probado ser fundamentales por varias razones. A través de las juntas vecinales, en primer lugar, se instituyen espacios de participación comunitaria en los cuales la población puede transmitir demandas y necesidades con probabilidad de que sean atendidas. La importancia de las juntas vecinales radica en que son espacios de intermediación política: allí, donde antaño las demandas y necesidades eran canalizadas por el movimiento y el discurso de reivindicación cocalera; hoy, las juntas vecinales sirven para canalizar estas mismas demandas y necesidades hacia el Estado. En efecto, al gozar de legitimidad, las juntas vecinales se convierten en los interlocutores oficiales entre el Estado y la población participante. Facilitan por consiguiente una vigilancia mutua, una mayor certidumbre y control sobre la marcha de los proyectos productivos. Al mismo tiempo, promueven un sentido de pertenencia (la idea de un «nosotros») articulado a actividades lícitas y al estado de derecho. En segundo lugar, los comités

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de productores fomentan igualmente un sentido de pertenencia e identidad articulado con actividades lícitas. La importancia de consolidar a los comités de productores es que facilitan y promueven una mayor inserción de los productores locales en la economía de mercado. Si bien, es prematuro evaluar el impacto de esta forma de asociatividad; otras experiencias exitosas (como la de San Martín) sugieren la funcionalidad de este mecanismo.

Recomendación 3 • Es necesario construir un registro centralizado de las juntas vecinales y de los comités de productores existentes en los ámbitos de poserradicación y, en esa misma línea, desagregarlas según sus principales demandas y necesidades. Tener control sobre esta información (necesidades y demandas) es fundamental para poder diseñar y construir, en base a evidencias, futuros planes de gestión operativa y dar soporte a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016. • En la actualidad, el diálogo político con las juntas vecinales suele suceder a nivel de los técnicos extensionistas y de los especialistas de socialización. Es necesario, mantener en evaluación y monitoreo permanente la comunicación en estos espacios, de ser posible establecer sinergias, pues aquellos constituyen gran parte del capital político que el Estado ha generado en los ámbitos de intervención. • Establecer acuerdos y sinergias con el sector industrial y tecnológico es recomendable a fin de potenciar y consolidar a los comités de productores recién formados. En la medida que estos comités arrastren en su dinámica a una mayor cantidad de población, en la medida que logren márgenes de independencia económica a través

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Conclusiones

de una articulación efectiva con las economías de mercado, habrá menos probabilidades de resiembra, habrá menos probabilidades de rearticulación de actividades ilícitas y habrá una mayor expectativa de sostenibilidad en el tiempo.

Conclusión 4: Generación de confianza, capital político e integralidad El cultivo de coca era la actividad productiva que centralizaba la vida económica en el valle del Monzón hasta el año 2009, cuando menos. Esta situación, en un contexto socioeconómico y político dominado por redes de TID, no produjo mayores niveles de desarrollo socioeconómico en beneficio de la población. El análisis de indicadores de esta investigación corrobora que, en efecto, en dicho período, previa a la intervención del Estado con los operativos de control de cultivos y de desarticulación de redes de TID, la pobreza y la precariedad coexistían en el valle del Monzón a niveles superiores al promedio nacional. La evidencia cualitativa de este estudio sugiere que esto se debía, principalmente, a consecuencias sistémicas derivadas del funcionamiento de redes de TID en el ámbito de intervención. En efecto, no era funcional a las operaciones del TID que haya vías de acceso en buen estado, tampoco una extensión considerable de servicios públicos y de negocios legales, pues ellos suponían riesgos a la reproducción de la economía ilegal. A su vez, dicho escenario, caracterizado por la proliferación de cultivos de coca y de redes asociadas al TID, desincentivaba la inversión privada y, fundamentalmente, la capacidad del Estado para operar con libertad y sin riesgo de coacciones.

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Conclusiones

Es decir, el cultivo de coca enlazado como suministro de redes de TID generaba un contexto estructuralmente desfavorable para el desarrollo humano, para el desarrollo de inversión privada y de capacidad estatal, por el contrario, redundaba en un perjudicial aislamiento territorial de la población. Aún más, como corroboran las entrevistas realizadas, la proliferación de actividades conexas al TID reducía significativamente los espacios de deliberación política, la probabilidad de asociación económica o política externas al discurso de reivindicación de la coca.

Recomendación 4 • En contextos de estas características, precedidos por altos niveles de desconfianza hacia la institucionalidad, por situaciones de alta conflictividad social e inestabilidad política, la sustitución de cultivos tendrían pocas expectativas de sostenibilidad en el largo plazo. Como corrobora la experiencia en el Monzón, un trabajo político de largo aliento con las comunidades, caseríos y distritos y una etapa de socialización son fundamentales en la búsqueda de lograr acuerdos y bases mínimas para establecer proyectos productivos en un horizonte de desarrollo alternativo integral y sostenible. • En la misma medida, es importante que las intervenciones sean de carácter integral, es decir, que prioricen las diferentes dimensiones –económicas, sociales, políticas– que producen vulnerabilidades en el tejido social y en los individuos, y que generan riesgos de articulación con redes de tráfico ilícito de drogas.

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Conclusión 5: Sobre la temporalidad productiva, las economías domésticas y la seguridad alimentaria La investigación corrobora que, no obstante el saldo positivo de la implementación, existen desafíos que atender. Uno de los más importantes tiene que ver con la capacidad de adaptación socioeconómica de la población participante al escenario de poserradicación. La temporalidad productiva de los cultivos de café y de cacao es a largo plazo; en cambio, la temporalidad productiva de los cultivos de coca es a corto y mediano plazo. En el marco del «Plan de Poserradicación», la temporalidad de corto plazo es atendida por el componente de biohuerto. Algunos testimonios –sobre todo de beneficiarios con pocas hectáreas de terreno– señalan problemas de sostenibilidad en este componente; principalmente por la escasa oferta y la degradación de suelos causada por el uso intensivo de agroquímicos. El componente de biohuerto es una pieza clave para atenuar los impactos del control de cultivos en la economía doméstica y la seguridad alimentaria. Proteger la economía doméstica y la seguridad alimentaria de la población participante, en el corto plazo, es clave para la sostenibilidad del proceso de poserradicación en el largo plazo. Esta es una evidencia a tener en cuenta para la formulación de políticas, planes y programas en similares contextos de intervención.

Recomendación 5 • Reforzar proyectos productivos o alternativas laborales dispuestas en el corto plazo, dirigidas a reforzar la seguridad alimentaria, sobre todo, focalizadas en aquellos proyectos productivos de mayor vulnerabilidad

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(ver recomendación 2, sobre un indicador de vulnerabilidad). Seguir las recomendaciones del Comité para la Seguridad Alimentaria Mundial (2013). • Implementar medidas para atenuar el impacto de años de cultivo de coca y uso de agroquímicos en la productividad de los suelos agrícolas, con especial énfasis en aquellos participantes del Plan con pocas hectáreas de terreno. Esto es particularmente importante pues puede condicionar seriamente el desarrollo productivo en el largo plazo. • Reforzar las acciones multisectoriales de soporte a participantes del programa cuyos terrenos no superan las 5 ha. Perspectivas de impulso a la asociatividad puede contribuir a generar emprendimientos sostenibles.

Conclusión 6: Sobre el perjuicio al medio ambiente y la degradación de suelos agrícolas La investigación corrobora, a través de un exhaustivo registro de entrevistas cualitativas y observación no participante, que décadas de cultivo de coca y uso intensivo de agroquímicos ha generado una severa degradación de los suelos y ha disminuido significativamente su capacidad productiva. Este es un problema cardinal, que ya ha sido documentado previamente, pero no dispuesto en un análisis profundo de sus principales consecuencias. La degradación de suelos agrícolas afecta severamente la productividad de cultivos en el corto plazo y, en esa medida, puede comprometer la sostenibilidad de las intervenciones de poserradicación en el largo plazo. Los testimonios y la evidencia etnográfica sugieren que los problemas derivados de la degradación de suelos agrícolas perjudica

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de sobremanera a aquellos productores que disponen de pocas hectáreas de terreno, que disponen de poco capital productivo, que no han podido diversificar su producción ni sus fuentes de ingreso y que son más vulnerables a riesgos de seguridad alimentaria.

Recomendación 6: Es importante disponer acciones de mitigación a los daños en la calidad de los suelos, pues puede afectar la sostenibilidad del programa. La degradación de la capacidad productiva, en efecto, es un riesgo potencial en el largo plazo. En particular, estas acciones podrían estar focalizadas sobre aquellos pequeños productores, de mayor vulnerabilidad y con menor capacidad de diversificación productiva. Esta conclusión reafirma la importancia de construir un indicador de vulnerabilidad y riesgo de resiembra.

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Cultivo de cacao - mazorca