CAMBIO ESTRUCTURAL DEL ESTADO En este documento se encuentran algunas propuestas para mejorar y avanzar en la construcción programática sobre educación, salud, pueblos originarios y transporte. Queremos lograr mayor justicia social y para eso es indispensable un Estado realment realmentee responsable y no solamente subsidiario. El presente documento es parte del trabajo del Eje Reforma del Estado, que ha trabajado en diversas sesiones entre octubre 2012 y enero 2013. A continuación, se presentan las propuestas en el área de Educaci Educación, ón, Salud y Pueblos Originarios que se sugieren agregar a y mejorar al programa inicial.
Currículum educativo Dentro del debate sobre la educación hemos dejado un aspecto fundamental: la razón del qué y cómo enseñamos a nuestros niños. El currículum hoy, hereda un sistema de enseñanza basado en la neces necesidad idad de construir un modelo social competitivo y racional. Una realidad que se ha traspasado enbase a un sistema municipalizado que sabemos fracasado eincapaz de proveer educación de calidad de manera igualitaria. Para lograr revertir esta situación debemo debemoss dar un paso para avanzar en una serie de medidas, que involucran el aspecto político, para la construcción de una educación de calidad más humanista y enfocada en la constante construcción de nuestra comunidad y democracia. A continuación, se enuncian propuestas en torno a mejorar las condiciones para implementar el currículum en tres niveles: el nacional, el intermedio y el espacio directo de las aulas. Con esto se persigue buscar un sistema descentralizado coherente y propone un cambio significativo dee las formas en cómo se transmite y desarrolla la enseñanza.
A nivel nacional: la importancia del aprendizaje significativo y democratización El currículum debe considerar un conjunto de valores, principios y definiciones sobre nuestra sociedad de modo que en él se exprese el tipo de ciudadano que queremos, cuanta integración social requerimos, el debido respeto a los derechos humanos y el medio ambiente y, por supuesto, el fortalecimiento y características de la democracia para el Chile del tercer milenio. Y para que esto se logre, se deben considerar aspectos metodológicos que fomenten un sistema de mayor interacción y diálogo entre alumnos y docentes que no solo se base en el traspaso de contenidos, sino también en la aceptación de la diversidad y el respeto por ella. Lo que se necesita, en definitiva, es una educación democratizada, y para ello, es urgente la reforma del Consejo Nacional de Educación, para que incluya más actores y representatividad, la cual está hoy muy coartada por el gobierno de turno y es muy fácil de influir por grupos de presión determinados. Los espacios intermedios: la labor de la comunidad Se busca avanzar hacia una nueva institucionalidad educativa que permita eliminar las disparidades que producían los municipios y que incluya espacios reales e institucionalizados para democratizar los contenidos provenientes del currículum mínimo a partir de la participación de los docentes, los apoderados, la comunidad, el colegio, etc. Con esto se permite mayor integración a las realidades y culturas territoriales. El aula: concretizando el aprendizaje significativo Se debe avanzar en 3 aspectos: la formación docente, los espacios y el revisar los criterios de evaluación. Respecto de lo primero, se necesita dignificar la labor docente y que estimule el desarrollo profesional desde la enseñanza en el aula, que dé cuenta de los distintos contextos educativos y que reconozca y valore la experiencia, la evaluación profesional común, el perfeccionamiento, las innovaciones, las investigaciones y las responsabilidades técnico-pedagógicas vinculadas con el aula. Respecto de lo segundo, se necesita orientar los presupuestos dedicados a la mejora de infraestructura de acuerdo a parámetros que permitan una mayor interacción entre el estudiante y el docente. Y por último, es necesario revisar los sistemas de evaluación a los docentes, a los directivos y a los mismos estudiantes.
Laicismo y educación ciudadana El aula debe fomentar valores como la democracia y la diversidad y el de hacer creer en sí mismo a los estudiantes. Esto es una tarea fundamental de educación ciudadana. Cabe entender que hoy existe un convenio de igualdad de oportunidades que se firma en torno a la Ley SEP, pero que no se toma en la práctica y que necesitan, también, cambiar sus estándares. En este sentido creemos que se debe retomar el ramo dentro del proceso educativo, ya no como educación cívica, sino como educación ciudadana: o sea superando el mero traspaso de qué derechos y deberes se tiene, sino sobre la reflexión del alumno con su entorno
Calidad de la Educación La ley 20529, del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, es una ley que abarca a todo el sistema escolar, sometiendo a la comunidad educativa a estándares de evaluación de carácter educativo y de gestión institucional. Específicamente, esta ley contiene los elementos que describen y exigen la puesta en marcha de la nueva institucionalidad (Agencia de la Calidad de la Educación y Superintendencia de Educación), instituciones que debiesen velar, evaluar y regular legalmente el uso de los recursos que el Estado pone a disposición de los establecimientos y los esfuerzos que deben realizar los establecimientos por la mejora continua de los aprendizajes de los estudiantes. Es debido a la importancia de estas instituciones, que se hace necesario analizar, actualizar y revisar sus puntos más trascendentales. Estos son: los estándares de la Gestión Institucional; el rol del MINEDUC respecto de la asesoría a todos los Establecimientos Educacionales del país y respecto de la nueva institucionalidad; el apoyo técnico pedagógico a los establecimientos del país; el modelo de Asesoría Técnica a los establecimientos del país, así como la regulación que tendrán las ATES y la Unidad de Asesoría Técnico Pedagógica del Ministerio (que esta ley exige al MINEDUC que sea una Unidad aparte). El énfasis institucional para que la calidad de la educación pública deje de ser un sueño, debe estar puesto en una Agencia de Calidad, y para ello, se debe tener especial cuidado en cómo ésta acredita los bajos o nulos avances curriculares de los estudiantes, debido a que su facultad de permitir el cierre de establecimientos educacionales, puede afectar no sólo a los alumnos prioritarios cuya reubicación es obligatoria por parte del Estado, sino que a los estudiantes que no responden a esta caracterización socioeconómicas, y por lo tanto, no tienen recursos como para poder desplazarse a otros colegios. Asimismo, dentro
de este ámbito, también es relevante tener en cuenta qué ocurre con los profesionales de esos establecimientos cerrados y el escaso perjuicio para los sostenedores que incurren en faltas a la ley y que son los responsables de los recursos.
Educación Media Técnico Profesional El 44% del alumnado de la enseñanza media corresponde a la Técnico Profesional (TP), administradas desde la década de los ‘80spormunicipalidades, particulares subvencionados y el 12% por corporaciones privadas mediante D.L. 3166 de 1980. El MINEDUC les paga 8% de la subvención por administrar. Desde 1974 el MINEDUC no apoya con material didáctico a los módulos técnicos. Sí a las asignaturas generales. Esto debe cambiar. En 1975 fue suprimida la carrera de Pedagogía para la EMTP que entregaba la UTE (hoy USACH). Se improvisa con personas carentes de competencias. Urge reponerla en universidades acreditadas con carreras afines. Desde 1987 a 1992 fueron eliminados los 5° Medios, reduciendo la cantidad de horas en formación técnica teórica-practica, posteriormente se suprimieron las asignaturas de Prevención de Riesgo y Dibujo Técnico, lo que fortaleció la creación de CFT. Se debe reponer el 5° Medio o comenzar la especialidad en 2° Medio. Se debe invertir en infraestructura y de equipamiento actualizado. Entre los años 2007 y 2009 se comenzaron proyectos que quedaron suspendidos. Se debe reformar el sistema de administración de los colegios TP: Los funcionarios son regidos por el Código del Trabajo. No existe Carrera Docente. No se valoran los perfeccionamientos ni años de servicio. No se obtienen bonos especiales por retiro o jubilaciones como los municipalizados. Se reprime el funcionamiento de Sindicatos. Los administradores designan a Docentes Superiores sin importar las competencias y por tiempo ilimitado, imponen control político- ideológico. Para mejorar la EMTP se deben recuperar los liceos quepertenecen al MINEDUC y ser administrados regionalmente por las SEREMI de Educación.
Salud Es fundamental comprender la inequidad que cuestiona no solo la universalidad de acceso del sistema sino que también la estructura que hace posibles perpetuar estas desigualdades transformando a Chile un una país con un sistema Publico-Privado único en el mundo, no solo por su composición sino también por su ineficiencia social. Una Reforma Estructural del Financiamiento Público de Salud Basado en un Aporte Solidario se contrapone con quienes afirman que las cotizaciones en seguridad social (previsión y salud) son patrimonio de cada uno de los trabajadores y no pueden ser colectivizadas, pues bien, esta lógica funciona en la actualidad asignando un cálculo individual de el Riesgo de Enfermar (quienes posen más riesgos como son las mujeres en edad fértil, adultos mayores y niños menores de 1 año), lo que a todas luces es socialmente ineficiente. El 6,9% del PIB correspondía al gasto total en salud FONASA-ISAPRE el año 20081, de este monto 2,4% se gastaba en los adscritos a las ISAPRES y 4,5% en los adscritos a FONASA. Estas simples cifras nos muestran la magnitud de la inequidad de nuestro sistema, donde el 81% de la población tenía un gasto total en salud 4,5% mientras otro 19% tiene un gasto total en salud de 2,4%, dejando ver claramente la existencia de dos mundos diferentes dentro de CHILE, ambos bajo en régimen de seguridad social que carece de un componente de aseguramiento colectivo. Uno con un gasto per cápita semejante al de países desarrollados y otro que se mantiene entre los más bajos de Latinoamérica2. Es necesario superar un sistema de salud que hoy es focalizado en la enfermedad. Es necesaria una acción del Estado para asegurar el acceso a los sistemas sanitarios, pero este acceso también significa poseer servicios de salud que se ajusten a las necesidades de la población que ya no son sólo la curación de ellas sino su prevención y promoción. La promoción y prevención de la salud no sólo debe estar en los centro de salud familiar sino en las escuelas, lugares de trabajo, espacios públicos y en los hogares. Así mismo se requiere un aumento en la dotación del recurso humano en salud el cual aún es escaso, en comparación con otras áreas como educación. En este sentido, más amplio, que debe incluir las instancias vecinales ya propuesta en el documento de las 64 propuestas, el aumento del presupuesto no solo debe ser desde salud, sino de los otros sectores como ministeriales educación, trabajo, mujer, entre otras. 1
OMS;2011. Problemas y Desafíos del seguro de salud y su financiamiento; Camilo Cid;2011/Datos comparativos OMS y CEPAL año 2008.
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Otra problemática es la desigualdad de género. Con el ingreso de la mujer en mayor proporción al mundo del trabajo, asumiendo igualmente sus roles de cuidado en la familia. Para que nuestro país crezca el cuidado que aún culturalmente lo realiza las mujeres debe ser apoyado, porque son ellas quienes poseen mayor carga de determinantes sociales en el entorno familiar. Es por esto que debe existir una reforma de salud integrada por hombres- mujeres, con todos los actores de las disciplinas de salud, cuyo objetivo sea disminuir la carga financiera de las mujeres en sus atenciones de salud. Así mismo son necesarios programas de apoyo a la salud de la mujer con un enfoque social que inclusive pueda integrar sociólogos y antropólogos que permitan apoyar las intervenciones sanitarias. Por último, es evidente el envejecimiento en Chile. Los adultos mayores seremos más que la población activa, por lo cual el Estado debe adelantarse a planificar que los adultos mayores poseen la mayor parte del tiempo autovalencia y recursos para dicho objetivo . Es por esto que es necesario Incentivar el trabajo part-time de adultos mayores jubilados y la creación de Centro de Adultos Mayores diurnos (como jardines infantiles) Creación de Centros hospitalarios que se encuentren conectados con los centros de atención primaria destinados únicamente al adulto mayor. Para lograr esto, se propone avanzar en mayor capacitación prioritaria al equipo de salud sobre esta temática y la creación de una alianza estratégica con CHINA y JAPÓN en temáticas de Salud de Envejecimiento. En términos de financiamiento: Primero, las ISAPRES administran cerca del 40% del total de los fondos de seguridad social provenientes de la cotización de salud, por lo que la eliminación de la seleccióny discriminación por riesgo se hace fundamental en la búsqueda de un acceso realmente universal a los servicios de salud, y no calcular un riesgo individual basado en el gasto esperado de acuerdo a la edad o preexistencias, comportándose como verdaderas empresas de seguridad social las que deben compensar sus riesgos entre sí y con FONASA. Segundo, implementar el cálculo de riesgo de la población lo que implica la supresión de las tablas de riesgos individuales y las primas por riesgo, estodeterminaría un componente solidario del sistemariesgo base de la población, asegurando el traspaso de fondos al compensar la salud de ricos a pobres, de jóvenes a ancianos y de sanos a enfermos. Tercero, el componente solidario del fondo único de salud tiene como eje central asociado el pago de acuerdo al riesgo de la población y no individual pero además un pago asociado a nivel de ingreso, ya que de este modo quienes más renta perciben mas aportan
al sistema de seguridad social en salud, la tarifa plana del 7% no hace diferencia entre la renta y tope que es 4,62 UF. Cuarto, el fondo único debe ser administrado por una entidad estatal que tenga las suficientes atribuciones para asignar dineros a los seguros públicos o privados, además de la capacidad técnica para realizar ajustes y cálculos necesarios al riesgo general de la población.
Pueblos Originarios Los últimos hechos acontecidos en el sur de Chile, dan cuenta de una clara falta de mirada real sobre los problemas que afectan a nuestros pueblos originarios. Es necesario reconocer que no es sólo un problema generado durante el presente Gobierno, sino que se hereda de la no acción de diversos gobiernos anteriores y de la falta real de cambios estructurales en el tratamiento del Estado. Condenamos la violencia en todas sus formas, pero tampoco podemos decir que se debe responder con medidas que generan más violencia, represión, desigualdad y que esconden los problemas de fondo. Son éstos a los que hay que enfocar las acciones para evitar estos estallidos. Sin atreverse a verdaderamente realizar cambios estructurales en el tema, será imposible. Para esto, difundimos este avance de nuestros equipos programáticos, con la finalidad de poner en el tapete, lo que consideramos nosotros como fundamental para realmente tocar los reales problemas de fondo. Un dialogo poco consistente En los Gobiernos de la Concertación, el Estado ha impulsado diversos encuentros con los Pueblos Originarios. El primero fue el de Nueva Imperial en 1989 con Patricio Aylwin, los diálogos comunales en 1998 con Eduardo Frei, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con Ricardo Lagos (2003) y el Dialogo Nacional con los Pueblos Indígenas en el año 2008, mismo año del Convenio de la OIT. En el actual Gobierno se implementó la Mesa de Ñielol. Lamentablemente mucho de los aspectos considerados en estas mesas de diálogo no han sido respetados, lo que se hace notar en los siguientes puntos. Violencia y Represión Declarar sobre los hechos de violencia que han ocurrido en el país requiere de un punto de análisis responsable. Cualquier hecho de violencia debe condenarse, independientemente de quien lo ejecuta. Pero lamentablemente los hechos tienen
variables más complejas que explican las problemáticas y no basta sólo la actitud o respuesta típica de las autoridades, o que hacen notar una clara desigualdad en la justicia o en la condena de la opinión pública al tema. En los últimos años, el pueblo mapuche lamenta la muerte de 7 comuneros realmente confirmados. Estos casos no han sido condenados ni aceptados realmente por el Estado. Con este mismo enfoque el Gobierno ha aplicado la Ley Antiterrorista de manera sistemática haciendo desvirtuar el tratamiento judicial de esto y excediendo la respuesta policial, la cual ha recibido diversos recursos de amparo por la Defensoría Penal Pública de la IX Región. Lamentablemente esta respuesta es totalmente unilateral, desvirtuando la debilidad del Estado en identificar realmente a los culpables de incendios que afectan a agricultores y otros, pero que generalmente terminan en inculpar injustamente a dirigentes mapuches que finalmente son procesados como inocentes por los Tribunales. Chile recibe por estas acciones diversas sanciones por parte de las Naciones Unidas y diversos organismos de Derechos Humanos a nivel internacional. Por ejemplo, ha sido enjuiciado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por violación de éstos en perjuicio de 10 Lonkos y comuneros mapuches durante el proceso de Angol del año 2004. Esto ha implicado un rechazo y varias sanciones por parte de las Naciones Unidas, así como un informe de rechazo y sanción al Estado de Chile, en materia de los DDHH, por parte del relator especial de las N.U James Amaya. En relación a la vulneración de los derechos de los pueblos originarios en Chile. Débil calidad de las políticas públicas y poca participación Las políticas públicas implementadas desde el Estado han sido concretamente poco consistentes. Esto tiene tres aristas de tratamiento: la calidad, la centralización y el enfoque. En cuanto a calidad esto se produce, al igual que un marco general de las políticas públicas, estas no cumplen con los criterios de estabilidad, adaptabilidad, coherencia y coordinación y finalmente capacidad de resolución por parte del Estado. En un tema como este, que implican cambios estructurales de fondo y a largo plazo, lamentablemente el Estado no es capaz de implementar políticas públicas en base a estos criterios. Claramente lo anterior se deriva de la falta de existencia de políticas públicas diseñadas territorialmente, con mayor participación de sus comunidades, y que permitan entonces mejorar estos estándares. La centralización y la supeditación política a órganos
centralizados, y dependientes del Gobierno, han generado inconsistencias, en donde la participación es finalmente no vinculante, derivándose en la poca coherencia entre diversas acciones estatales. Es así como se han formulado políticas, como el Programa Orígenes, que son asistencialistas y divisionistas con los distintos pueblos originarios. La participación de los Pueblos Originarios en las decisiones comunales, regionales y legislativas. Desde su implementación el año 2008, el Convenio 169 OIT, que garantiza la participación, no ha sido respetado por el Estado de Chile ya que está siendo obstaculizado en su aplicación por el Decreto Supremo 124 de misma fecha y año de ratificado el 169 OIT. Además de esto, la institucionalidad del Estado de Chile, tan altamente centralizado no permite mejores estándares de participación vinculante. Territorio y medioambiente Mucho se argumenta sobre la amplia entrega de territorios y recursos a las comunidades indígenas. Pero derivado del problema anterior y de un realmente tratamiento político del tema, esta entrega de territorios se ve totalmente debilitada frente a otros procesos. La entrega de territorios se ve totalmente desgastada a aspectos como la producción forestal y la no transferencia técnica. La entrega de territorios se descompensa frente a las materias ambientales en el uso de los recursos naturales como la Minería, la Pesca y principalmente el sector Forestal, lo cual sucede no sólo en el sur, sino también en sectores como el Loa, en Isla de Pascua, Toconce, San Pedro y otros. La Ley de Bosque Nativo, por ejemplo, permite la sobreproducción de árboles exóticos como el Pino. Estas especies consumen muchas cantidades de agua, lo que hace escasear este recurso a las zonas aledañas, haciendo entonces muy complejo el uso de estos territorios, que además no se acompaña con asistencia técnica o financiera a largo plazo. Además se ha generado un grave perjuicio por los transgénicos, dada que no hay aplicación para el resguardo del patrimonio genético consagrado en los Convenios de la OIT y de la Diversidad Biológica (Art. 8) Que la mayoría de las veces, se ha vulnerado el derecho de los pueblos indígenas en materia de Derecho Ambiental. Tema de preocupación por la explotación desmedida de sus recursos naturales y los elementos básicos de desarrollo, la tierra y el agua. Propuestas de cambio estructural Chile ha suscrito una importante serie de convenios, tratados y otros con respecto a los Pueblos Originarios. El primero es el Convenio 196 de la Organización Internacional del
Trabajo. También Chile ha firmado el Convenio de Protección de la Diversidad Biológica, los cuales son reconocidos en la Constitución y autoejecutables de acuerdo al artículo 6 y 7 del Convenio 196 de la OIT. También existe la Declaración de la ONU por los Pueblos Originarios del año 2007, la Ley Indígena y aspectos en la Ley Orgánica de Municipalidades. Lamentablemente, mucho de este marco regulatorio no se cumple en la práctica. En Chile existen nueve pueblos originarios:Aimara, Quechua, Colla, Licarantay-Atacameño, Diaguitas, Rapa Nui, Mapuche, Kawashkar y Yagánes. Cada una de ellas tienen sus propias demandas, reinvidicaciones y tienen demandas históricas con el Estado, principalmente en derechos esenciales como el agua y la tierra. Es necesario comprender que esto es un problema de territorio, en el sentido del entendimiento de diversas demandas y problemáticas desde la perspectiva del espacio, variando en características, pero que permiten igualmente sacar conclusiones generales. En base a esto, es necesario: 1. Respecto y aplicación de las leyes suscritas por Chile en cuanto al tema, como el Convenio 169 de la OIT y la Protección Biológica. Esto implica también la anulación inmediata del Decreto 124. También es urgente el reconocimiento a los Pueblos Originarios en la Constitución. 2. Fin a la violencia • • • • •
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Reconocimiento histórico del Estado de Chile con sus Pueblos Originarios y con muertes y violaciones de los Derechos Humanos de cada una de las partes. Implementar procesos de reparación por parte del Estado de Chile en los casos que sea parte. Fin a la Ley Antiterrorista y sobre uso del término, no necesario en Chile. No responder con más violencia, desmilitarizando las zonas en conflicto de manera estratégica. No es necesario implementar mecanismos de emergencia que sólo tengan efectos reactivos. Lo primordial aquí es señal pública para realmente tratar estos temas en profundidad y con visión a largo plazo. Implementación de una institucionalidad de Derechos Humanos, a partir de la creación de un Defensor del Pueblo autónomo que pueda demandar al Estado y generar informes de DDHH vinculantes, y un consejo intra - estatal, a cargo de una Subsecretaría de Derechos Humanos, que considere la participación de la sociedad como de los representantes de los Pueblos Originarios. Así mismo, es necesario
una institución antidiscriminación autónoma y con presencia territorial en todo el país.
3. Mejorar las políticas públicas •
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Mejorar la coherencia de las políticas públicas a partir de la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas que cuente con una Subsecretaria general además de una especialmente dedicada a la relación con el Pueblo Mapuche. Descentralizar el país, aumentando la participación de los territorios en las decisiones ambientales y en el diseño de políticas públicas a nivel local, regional y nacional. Mejorar la evaluación de las políticas públicas, no sólo midiéndolas en términos de entrega de recursos como se hace en la actualidad, sino también en el impacto final de estos de acuerdo a una línea base, la cual no ha variado en años. Implementar verdaderos planes educativos, que fomenten la preservación del patrimonio y colaboración con los distintos territorios.
4. Políticas medioambientales y recursos naturales • • •
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Cambio de la Ley de Bosque Nativo, aumentando la participación de los territorios en las decisiones sobre forestación y disminuyendo el uso de forestación exótica. Renacionalizar el agua. Impulsar sistemas de co-administración de las áreas protegidas para generar mayor cooperación en temas de administración de parques, reservas, y monumentos naturales, terrestres o marinas, que son tan importantes para los pueblos originarios. Solicitar la anulación inmediata del convenio UPOV que afecta el patrimonio genético de los pueblos originarios y de la alimentación mundial.
5. Mayor participación • • • •
Representación nacional en el Poder Legislativo de los pueblos originarios. Derogación del Decreto Supremo 129 Participación y descentralización política en el diseño de políticas públicas en las instancias comunales y regionales Uso responsable y vinculante de los diálogos entre el Estado y los Pueblos Originarios.
Situación de los Taxistas Introducción Producto de las diversas reuniones realizadas entre José Antonio Gómez, representantes de sus equipos programáticos y la CONFENATACH, se ha redactado esta primera minuta de trabajo con respecto a las problemáticas que enfrenta el rubro de los taxistas. Esto tiene el objetivo de contribuir a la construcción de posiciones desde la sociedad civil en la formulación de nuestro Programa de Gobierno. En este sentido, el presente documento recopila diversas demandas y campos de acción a ser consensuadas para así tener conclusiones definitivas. Lo primero a tener en cuenta es el rol del Transporte Público y la responsabilidad que tiene el Estado en esta materia. La falta de una visión general se refleja en la carencia de un marco regulatorio claro compuesto por puros decretos y resoluciones, con poca coherencia entre sí y débiles en cuanto a fiscalización y calidad del empleo. Es necesario comprender que este es un servicio fundamental en diversos ámbitos desde la calidad de vida, del empleo, factores económicos y otros. Lamentablemente es difícil vincular calidad con lucro, ya que se necesita de criterios de distribución claros de este servicio, que forzosamente van en contra de la lógica de la ganancia privada. Esta situación hace que el Estado sí tenga un rol preponderante y necesario en la materia, que genere políticas públicas de calidad e integre al sistema de transporte en general y con medidas en el ámbito medioambiental y energético. 3
En este sentido, proponemos estas medidas dentro del Programa de Gobierno:
Política Pública de Fomento Medioambiental Es necesario y fundamental que el Estado genere políticas públicas de fomento al uso de vehículos sustentables en materia medioambiental. Para esto proponemos que el Banco del Estado otorgue Créditos pagables para facilitar a los taxistas el acceso a automóviles híbridos o energéticos, según como vaya evolucionando el mercado, y así contribuir a la disminución de la contaminación como la reducción del costo de mantenimiento. Estos créditos deben ser contingentes al ingreso y en base a un máximo de 2% de interés anual. 3. El Marco regulatorio se compone del Decreto con Fuerza de Ley 1, el 99, 113, 128, 99, 212 y la Resolución 46
Este tema involucra una alta vinculación con las políticas de medioambiente y eficiencia energética. Combustibles y energías El punto planteado anteriormente es clave para generar progresivamente un cambio sustancial en el tema de los combustibles. Si progresivamente se cambia el medio de sustentación y funcionamiento de los vehículos hacia energías más económicas y ecológicas, el tema de los combustibles se irá progresivamente corrigiendo. Teniendo claro el contrapunto y visión anterior, es necesario hacerse cargo de los altos precios de los combustibles existentes actualmente. En este sentido una cosa son las variaciones de éste en términos de su volatilidad de precio por razones internacionales, pero por otro el tema del impuesto especifico. Cabe resaltar que del precio de una determinada cantidad de combustible un 43,5% se va en impuestos, un 20,7% en ganancias de las empresas involucradas (ENAP, distribuidoras) y sólo un 36,7% constituye el costo real o base. Frente a este tema hay variadas posiciones, desde incentivos ecológicos hasta de modelo económico. Aún así se ha generado cierto consenso, en la oposición al menos, de limitar y disminuir las tasas impositivas según diferentes tipos de combustibles, lo cual a largo plazo se puede ir disminuyendo de forma progresiva en determinadas áreas focalizadas a medida que el Estado obtiene ingresos de manera más efectiva. Esto se maquillo en la discusión legislativa a partir de fijar impuestos variables según el aumento o no de los precios. En cuanto al impuesto en gasolinas de transporte de automóviles, la oposición ha consensuado en torno a un 4%, lo cual se debe revisar en torno a un transitorio 2% o generar mejores medidas de mitigación de esto en el transporte público y colectivo. En el caso que nos compete lo anterior es fundamental. Este proceso transitorio y progresivo que baja transitoriamente el impuesto, se debe complementar con la devolución anual -a partir de un bono compensatorio, de un solo pago, permanente y bien informado - lo cual no se cumple con el actual bono compensatorio ya que no es permanente.
Limitaciones a la Plaza Automotriz 4 En términos comparados nuestro país tiene una plaza automotriz de taxistas muy alta en términos de su población. Sólo en la Región Metropolitana hay más de 27 mil vehículos para una población de 6 Millones de habitantes, siendo que en Nueva York son 12 mil taxis para una población de 8 millones de habitantes. Esto genera un impacto negativo en términos medioambientales, escondiendo la incapacidad del sistema de transporte público de generar una verdadera oportunidad de movilidad rápida y sustentable. Por otro lado, genera una pésima calidad del empleo de los taxistas, lo cual se verá fomentado si crece la plaza total de taxis. En este sentido, es necesario tener un límite claro y coherente a la población y controlando, con fiscalización y mayores penas, a los que ejercen informalmente el oficio. Por otro lado es necesario mejorar la fiscalización y medidas de penalización para el parque automotriz informal. Una verdadera política de seguridad Lamentablemente los ámbitos de inseguridad de los taxistas se han mostrado comunicacionalmente desde el empleador al cliente que viceversa. Pero se esconde la realidad que viven variados trabajadores honestos en términos de seguridad en el cumplimiento de su empleo. En este sentido es necesario fomentar dos procesos. Primero integrar programas y proyectos específicamente dedicados a mejorar la seguridad del taxista, que pueden consistir en medidas de tecnología como llamado automático a carabineros o acceso a automóviles que tengan barreras entre el chofer y el cliente. Por otro lado también se hace urgente legislar sobre el aumento a las penas por robos y otros dentro del transporte público.
4 En esta línea se presentó un Proyecto de acuerdo que rechaza la licitación que aumenta el parque de taxis en la región metropolitana, en línea de impedir el proyecto del actual gobierno de aumentarlo.