Reflexiones finales

Violencia política en razón de género en México:Reconstrucción del proceso 2008-2018

Daniela Cerva Cerna • Georgina Yemara López Hernández

municipal donde se recrudece la violencia política y las prácticas discriminatorias en contra de las mujeres, que incluso, les ha costado la vida. De acuerdo con el informe de Etellekt Consultores (2018), durante los primeros 8 meses del proceso electoral 2018, se contabilizaron un total de 305 agresiones, directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares. Estas agresiones arrojaron un saldo de al menos 93 políticos asesinados, 35 de los cuales eran precandidatos y candidatos, incluyendo también autoridades electas y dirigentes partidistas, principalmente del ámbito municipal. Y adicionalmente, 44 familiares de actores políticos también perdieron la vida. Por último, de las 305 agresiones globales, 70 se dirigieron contra mujeres políticas. Así, los estados que encabezan la lista de asesinatos contra mujeres políticas son Guerrero (5 casos), Oaxaca (2 casos), Michoacán (1 caso), Estado de México (1 caso) y Chihuahua (1 caso) (Etellekt, 2018).

REFLEXIONES FINALES

La experiencia mexicana en torno al debate y puesta en marcha de una legislación que atienda al fenómeno de la violencia política en razón de género ha permitido hacer visible la naturalización de las prácticas vinculadas a la violencia de género dentro de los partidos políticos, medios de comunicación, autoridades electorales y ciudadanía. Consideramos que, a nivel nacional, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no se han aprobado las iniciativas de ley para tipificar la violencia política en razón de género. En este proceso, quienes han marcado la pauta a seguir han sido los estados de país, aunque existe una enorme disparidad en la legislación sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género. Estas diferencias entre un nivel alto, intermedio, bajo y nulo se deben en gran medida a que cada Congreso estatal ha incluido (o no) esta

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Daniela Cerva Cerna • Georgina Yemara López Hernández

forma de violencia en su Constitución, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Electoral y/o Código Penal. Así, el gran pendiente sigue siendo que, a pesar de estar tipificado, no hay sanciones claras en el Código Penal y el Código de Instituciones y Procedimientos para quienes incurren en estas conductas ni tampoco se han diseñado los mecanismos para la restitución de las víctimas (López, 2019). Los costos para las mujeres que levantan la voz ante las instituciones siguen siendo muy altos. Consideramos que un elemento central es la disciplina partidista internalizada por las militantes como factor que explica la reproducción y legitimidad de dichas prácticas. Afortunadamente, el debate público sobre el tema ha significado que en México la capacitación y formación política de mujeres se ha encaminado a difundir esta problemática desde una lógica de construcción de derechos y ciudadanía. Las formas tradicionales también se están cuestionando, cuando algunas mujeres que han iniciado procesos de capacitación en género toman conciencia y se informan de sus derechos políticos electorales, esto les permite entender cómo el partido las discrimina y las estrategias que establece para no promover sus candidaturas. El factor de la información aquí es central, ya que a través de la preparación y capacitación muchas mujeres aprenden la importancia de conocer la normatividad interna de sus partidos y con ello exigir el cumplimiento de lo que rige en sus estatutos (Cerva Cerna, 2014). Ahora bien, desde una visión crítica, sostenemos que en México llevamos más de cinco años en que “el tema de la agenda de mujeres y política” ha sido la violencia contra las mujeres en ese ámbito. Han proliferado publicaciones, seminarios, talleres, cursos de capacitación, pero sobre todo iniciativas para reformar la Ley general de acceso, para incluir la violencia política en razón de género como un tipo específico. Incluso ya hay algunos estados

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que tienen incorporada esta tipificación en sus legislaciones, y también los tribunales estatales electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sentado criterios y jurisprudencia al respecto. En este sentido es preciso señalar que las voces que luchan contra la violencia de las mujeres son en su mayoría femeninas, esto puede ser un signo de la efectividad de la conformación de redes entre mujeres en política y también signo de la poca influencia dentro de sus partidos, donde aún la mayoría de la dirigencia en masculina.

Sin embargo, queremos advertir del peligro de hacer inamovible la asociación entre participación de las mujeres en política y la violencia en razón de género. Ciertamente, a la exigencia de la legislación le ha seguido la exigencia de la vigilancia de su cumplimiento, sin embargo, ¿dónde está la vigilancia que estas mujeres hacen de las manifestaciones de violencia hacia otras mujeres y en otros ámbitos?, ¿qué de la lucha contra las múltiples violencias machistas que hoy día se viven en México y que están llevando a cabo las mujeres en el ámbito de la política?, ¿es esta lucha una forma de distinción de una posición de privilegio?, ¿es que acaso estamos viviendo una disociación porque no hemos sido capaces de poner en su justa media y dimensión todas las formas de violencia?

Por otro lado, en términos de investigación, creemos que es necesario plantear nuevos esquemas de análisis, principalmente porque la orientación del debate ha estado relacionada con el mundo de la política formal, partidaria, en el marco del sistema político electoral mexicano. Es central incluir aspectos de la acción colectiva, de las formas de negociación y relación que se construye entre mujeres dentro de los partidos y de los factores determinantes de su inclusión y exclusión. Definitivamente consideramos necesario profundizar en las múltiples redes de mujeres que realizan acciones colectivas y cómo impactan en mayor o menor medida en las instituciones.

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De igual forma, y aquí interpelamos a otros ámbitos donde también se expresa la desigualdad de género, ¿qué se está haciendo en términos disciplinares para promover el estudio y conocimiento sobre la participación política de las mujeres? En México siguen siendo las mujeres las que estudian a las mujeres, las ciencias políticas, a través de sus programas de estudio y docentes no ha renovado su potencial de análisis a partir de la inclusión de la perspectiva de género, no han cambiado los programas de estudio, no han incluido este debate que ha sido central en la historia política mexicana. En relación al contexto, es fundamental, en términos prescriptivos, analizar la resonancia que el debate sobre violencia contra las mujeres en política se amplía a otras esferas. Es decir, ver cómo la práctica de legislar de este nuevo contingente de mujeres que han ingresado al sistema formal por medio de la paridad se haga con perspectiva de género. Y es que es precisamente gracias al análisis de la desigualad política hecho desde la perspectiva de género, es que muchas mujeres están hoy en día en posiciones de poder, esto ha sido producto de la lucha de mujeres que las antecedieron y demandaron cambios en el sistema político mexicano. Como sostiene la académica española Teresa Mollá (2018): hacer un esfuerzo continuado por integrar la perspectiva de género en esas políticas implica avanzar hacia sociedades más equitativas. Pero para hacer ese esfuerzo se requiere voluntad de desaprender prácticas patriarcales aprendidas y reconocer que otros modos de hacer política son posibles. Y ahí está uno de los principales problemas, puesto que desaprender implica reconocer privilegios y tener que renunciar a ellos para compartir la mitad de los espacios y los recursos. Y eso no siempre gusta (s.n.).