Evolución de los casos de violencia política contra mujeres Avance de la normatividad contra la Violencia Política en razón

Construcción del concepto de violencia política contra las mujeres por razón de género en México

Adriana Báez Carlos • Mireya Santillán Cárdenas

2. Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres, esto es: a) cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer; y/o b) cuando les afecta en forma desproporcionada.

A partir de esta concepción, el Protocolo (2017) subraya que el tipo sobre el cual la ley se debe manifestar es el de “violencia política contra las mujeres por razón de género”.

EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA MUJERES

México se encuentra en un proceso de homologación paulatina de sus procesos electorales, esto tiene el propósito de hacer coincidir todas las elecciones en el país, a fin de que los partidos políticos nacionales dediquen menos tiempo a la competencia electoral y más a la gobernabilidad. En el proceso electoral 2015-16 concurrieron las elecciones para renovar 1.366 cargos (12 gubernaturas, 388 diputaciones locales y 966 ayuntamientos de 13 entidades federativas)8. En el correspondiente al periodo 2016-2017 se renovaron 525 cargos de representación popular en cuatro entidades federativas (tres gubernaturas, 55 diputaciones, 270 ayuntamientos y 197 regidurías)9. En 2018 tuvo lugar el proceso electoral más grande en la historia de México hasta ese momento, que renovó 18.299 cargos federales y locales: la Presidencia de la República, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, ocho gubernaturas, una jefatura de gobierno, 972 diputaciones locales, 1.596 presidencias municipales, 16 alcaldías, 1.237 concejales, 1.654 sindicaturas, 12.013 regidurías, 19 regidores étnicos, y 24 presidencias, 24 síndicos y 96

8 Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. 9 Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.

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regidores de juntas municipales10 (INE, 2015a, 2016 y 2017). En todos esos procesos se aplicó la paridad en las candidaturas a legislaturas y gobiernos municipales. Las denuncias de casos de violencia política contra las mujeres fueron en aumento. De acuerdo con la senadora Lucero Saldaña Pérez, hasta enero de 2017 las autoridades habían registrado 159 casos de violencia política contra las mujeres.

El proceso electoral 2017-2018 ha sido el más violento en México desde el comienzo de la transición a la democracia en 1997, de acuerdo con el reporte de la consultora privada en análisis de riesgos Etellekt (2018a). En un análisis de los casos reportados por medios de comunicación durante el periodo que corrió del 8 de septiembre de 2017 al 12 de julio de 2018, la consultora registró 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios, que arrojaron un saldo de 152 políticos (133 hombres y 19 mujeres, de los que 48 eran precandidatos o candidatos a puestos de representación popular) y 371 funcionarios asesinados. En un informe posterior que la consultora Etellekt (2018b) centró en la violencia política contra mujeres, encontró que las mujeres políticas fueron víctimas de diferentes tipos de ataques: asesinatos, amenazas e intimidaciones, secuestros, agresiones con armas de fuego, agresiones físicas o con arma blanca, asaltos con y sin violencia y atentados contra familiares. Durante el proceso electoral concurrente 2017-2018, contabilizó un total de 106 agresiones globales en contra de mujeres políticas en el país, que arrojaron un saldo de 16 asesinadas, siete de las cuales eran candidatas y precandidatas a puestos de elección popular (Etellek, 2018b).

10 Además de la Presidencia de la República y las dos cámaras del Congreso de la Unión, se renovaron cargos en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila,

Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Veracruz. Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

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En total, se registraron 417 agresiones en contra de políticos y candidatos en el país, de las cuales 295 se dirigieron contra hombres y 106 en contra de mujeres, así como 16 agresiones contra grupos de militantes, dejando un saldo de 114 políticos asesinados: 98 hombres y 16 mujeres. Además, se contabilizaron 14 atentados en contra de familiares de políticas, con un saldo de por lo menos 11 familiares asesinados, cinco secuestros e intentos de privación de la libertad, tres políticas lesionadas por arma de fuego y tres ilesas de atentados. El tipo de agresión más recurrente que se encontró fueron amenazas y actos de intimidación, con un total de 50 mujeres políticas víctimas, de las cuales 43 eran candidatas. Los ataques en contra de mujeres políticas y candidatas se registraron en 22 entidades federativas y 84 municipios del país (Etellek, 2018b).

Gráfica 5. Agresiones contra mujeres políticas, por entidad federativa

Fuente: Etellek, 2018b.

Las entidades de mayor riesgo para la actividad política de las mujeres fueron: Guerrero, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz y Michoacán, con 65 % de las agresiones. De acuerdo con la consultora, de las 106 políticas y

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candidatas agredidas, 59 % pertenecían al ámbito municipal, 29 % al estatal y 12 % al nivel federal, en tanto que las militantes de los partidos políticos Morena (actualmente en la Presidencia de la República) y el Revolucionario Institucional (anteriormente hegemónico) fueron las más agredidas (Etellek, 2018b). De acuerdo con el informe, de las mujeres políticas agredidas durante el proceso electoral 2017-2018, setenta y cinco eran candidatas o precandidatas, cinco militantes, cinco alcaldesas, cinco activistas, cuatro regidoras, tres dirigentes partidistas, dos exdiputadas locales, dos síndicas, dos diputadas federales, una exdiputada federal, una ciudadana, una alcaldesa y una diputada local. En tanto que cuarenta y tres de los ataques fueron actos de intimidación y amenazas, nueve atentados contra familiares, siete asesinatos, seis agresiones físicas, cuatro asaltos con violencia, tres secuestros y tres agresiones con arma de fuego de las que las víctimas salieron ilesas. Con respecto a los agresores, la consultora señaló que dieciséis no fueron identificados, veinte fueron comandos armados, once opositores, nueve secuestradores, ocho pertenecían al crimen organizado, siete eran asaltantes, tres grupos de choque, dos policías municipales, un violador, un alcalde, un cónyuge, un poblador, un correligionario, un miembro del gobierno y una red social. En época de campaña las agresiones contra las políticas se intensificaron y se registraron setenta y nueve (Etellek, 2018b). De acuerdo con el reporte, fueron tres las regiones del país con mayores riesgos de seguridad y “mayores probabilidades de atentados del crimen organizado en contra de autoridades, cuyos objetivos consisten en construir blindajes institucionales en el ámbito local para la construcción de corredores delictivos” (Etellek Consultores, 2018b, p.14). 1. Región Pacífico (Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Nayarit). Donde actúan organizaciones criminales dedicadas a la producción

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y trasiego de amapola, internación y transportación de precursores para drogas sintéticas y cocaína procedente de Sudamérica. 2. Región Centro (Puebla, Edomex, Hidalgo y Veracruz). Presenta organizaciones criminales dedicadas al robo de combustibles y venta ilegal de gasolinas y diésel robados; robo con violencia a transporte de mercancías, principalmente en vías carreteras y redes ferroviarias. 3. Región Norte (Chihuahua, Baja California, Coahuila, Tamaulipas). En esta región, organizaciones criminales buscan el control de aduanas y cruces fronterizos para el tráfico de estupefacientes, principalmente drogas sintéticas y cocaína hacia Estados Unidos.

En un tercer informe, de Evaluación de la Incidencia de la Violencia Política contra las Mujeres en el proceso electoral 2017-2018, elaborado para el Instituto Electoral de la Ciudad de México (2019), se distinguieron tres dimensiones en las agresiones de que fueron objeto mujeres políticas: 1. Violencia hacia las mujeres en la política. Refiere a conductas de violencia y delitos aparentemente inconexos con el contexto político y sin rasgos de sesgo discriminatorio por género. 2. Violencia política contra mujeres. Se presenta en el contexto de la actividad política y con el fin de coartar derechos políticos. Afecta de manera directa tanto a las candidatas como a las mujeres que están en el ejercicio de cargos públicos, e indirecta, a sus colaboradores y familiares. La violencia política es padecida por mujeres y por hombres. 3. Violencia política de género o en razón de género. Afecta los derechos políticos de una (o varias) mujer(es), y la conducta violenta tiene rasgos característicos de discriminación por género. Para la consultora, esta puede presentarse en un contexto electoral o dirigirse contra una mujer (o mujeres) en el ejercicio de un cargo público, pero no tiene una motivación política, no se dirige contra sus ideas y posiciones políticas, sino por ser mujer.