Proceso electoral federal

Sobre-vivir la campaña electoral: Violencia política contra las mujeres en Baja California

Cheryl Álvarez Torres

primero ayuda en su país, y no encontraron apoyo o un castigo efectivo a sus agresores” (Mendoza, 2017, s.n.). Se denuncian incluso casos relacionados a personajes de la política: “Yo he tenido víctimas que son esposas de sociedad, casadas con gente muy prominente en política, en el sistema judicial”, dice la abogada Claudia García, que ha representado a decenas de mujeres mexicanas en San Diego (Mendoza, 2017). Si bien existen algunos albergues para mujeres víctimas de violencia en la entidad, estos resultan insuficientes y son en su mayoría gestionados por organizaciones civiles. La justicia aún es evasiva para las mujeres en la entidad y los casos citados reflejan la debilidad institucional. La concreción de un Centro de Justicia para Mujeres en la entidad sigue pendiente.

PROCESO ELECTORAL FEDERAL

El proceso electoral federal 2017-2018 ha sido histórico por la cantidad de puestos de elección popular que fueron disputados, los niveles de participación ciudadana manifestados, la incorporación del principio de paridad en la gran mayoría de las entidades federativas (y su traducción en la incorporación masiva de mujeres en gobiernos y legislaturas), y destaca también como el proceso electoral más violento. Durante el proceso electoral federal 2017-2018, el TEPJF recibió 56 asuntos sobre violencia de género contra las mujeres, que representan el 50,9 % del total de asuntos resueltos en temas de género, reflejo del significativo incremento en el número de denuncias de estos actos (PGR, 2018). De acuerdo con el informe sobre violencia política en México 2018, realizado por Etellekt Consultores, para el 27 de mayo de 2018, se contabilizaron 102 asesinatos y 112 amenazas y actos de intimidación a políticos en el proceso electoral 2017-2018. Los actos de violencia política más recurrentes fueron: 1) intimidaciones y amenazas; 2) asesinato, y; 3) atentados contra familiares. Se

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registraron 357 agresiones, en 31 estados y 245 municipios, que representan el 10 % del total del país (Etellekt, 2018). Del total de agresiones registradas, “87 casos han sido en contra de mujeres políticas y en 10 ocasiones han muerto; de estas, cuatro eran candidatas”. Estos actos de violencia política vulneran la implementación de las leyes que promueven la equidad de género en la participación política de las mujeres, su manifestación incluye desde actos de discriminación hasta agresiones físicas (Langner, 2018). Los municipios y poblados con menor cobertura son más susceptibles a estas modalidades de violencia.

Por otra parte, la única mujer que llega a la contienda presidencial de 2018, Margarita Zavala, renuncia a su candidatura independiente a la Presidencia de la República, anteriormente en 2017 habría renunciado al PAN después de 33 años de militancia, argumentando que “el entonces presidente nacional de su partido, Ricardo Anaya, le cerró todos los espacios” (Delgado, 2018, s.n.). Durante la campaña, a menudo su experiencia fue cuestionada y era reducida a su calidad de esposa de Felipe Calderón (expresidente de México) y llamada despectivamente “La Calderona”. Las expresiones de machismo y de sexismo en su perjuicio fueron una constante (ver Imagen 5).

Imagen 5

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También a nivel local, en la Ciudad de México, se quiso confrontar en los medios y en las redes a las entonces candidatas por el gobierno capitalino del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales y de Morena, Claudia Sheinbaum respectivamente, sin embargo, declararon que la disputa no era “entre ellas” o por el hecho de ser mujeres (ver Imagen 6).

Imagen 6

Como caso anecdótico y muestra de que la heteronormatividad y la resistencia a la igualdad política y la aplicación de la paridad no afecta únicamente a las mujeres –como puede observarse en las personas trans– y al respecto, en Oaxaca un grupo de hombres intentó registrarse como mujeres trans a fin de ocupar lugares destinados a mujeres bajo el principio de la paridad (alguno incluso lo consiguió a pesar de las denuncias en contra) (IEEPCO, 2018). Por otra parte, en el caso que nos ocupa, en Baja California se lograron dos senadurías para mujeres de las tres contendidas, para Alejandra León (segunda en la fórmula junto a Jaime Bonilla) por Morena, y para Gina Andrea Cruz Blackledge (primera en la fórmula junto a Jorge Ramos, quien no alcanzó escaño) por el PAN. Cabe mencionar que la posición que ocupó Gina Cruz en la candidatura fue producto de la aplicación del principio de la paridad, el partido a nivel nacional marcó el cambio del orden original de los candi-

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datos en la lista para cumplir con el mismo. Como resultado del proceso llegaron también dos diputadas federales por el distrito II, Marina del Pilar Ávila Olmeda en Mexicali, y Socorro Irma Andazola Rodríguez en el distrito IV en Tijuana, ambas por Morena, de un total de 8 diputaciones federales para Baja California. En la entidad nunca había ganado tales posiciones (senadurías) y obtenido ese rango de mayoría un partido político diferente del PRI y el PAN; se explica sobre todo por el fenómeno de “arrase” del partido Morena, más que por el reconocimiento de las y los políticos locales, los resultados marcan una tendencia interesante para el proceso electoral local de 2019, donde se elige gubernatura, presidencias municipales y congreso local, y quizá se labre el camino para la primera gobernadora electa del Estado. En el debate entre candidatos y candidatas al Senado por Baja California, organizado por la Junta Local del INE, resaltó la ausencia del candidato a senador Jaime Bonilla por Morena, siendo que cada partido o coalición presentó a su respectiva pareja de candidato y candidata por mayoría relativa, mismo que además fue disculpado por la candidata de su fórmula, Alejandra León, argumentando que fue ella quien le pidió al candidato ser la única que acudiera a los debates, razón que le fue cuestionada por el resto de las fuerzas políticas presentes, argumentando que el candidato se escondía “tras las faldas de una mujer” (así lo mencionó la candidata Gina Cruz del PAN) y que “un caballero no deja sola a una mujer” (Jorge Ramos, de la misma fórmula), entre otras (INETV, 2018). La ahora senadora insistió que ella así lo había decidido y que su compañero la respaldó, haciendo incluso referencia al empoderamiento de las mujeres, expresó: “Ha respondido como un caballero. Por el empoderamiento de la mujer, yo pedí ser la que asista a los debates”. De parte del Partido Verde Ecologista señalaron que no era un “asunto de faldas, de hombres o de

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mujeres, sino de México”. La candidata Juanita Pérez del PRI hizo énfasis en la ausencia y en la justificación del ahora senador Bonilla: “No puedo dejar de mencionar lo de la participación política de la mujer, la política es un asunto muy serio” (INETV, 2018). Lamentablemente estas actitudes dejan ver las condiciones inequitativas en las que contienden hombres y mujeres, el acceso desigual al poder político y económico, y la falta de reconocimiento del tema con fines electorales.

Cabe señalar que en el proceso electoral local vigente 2018-2019, ya ha sido posible observar expresiones sexistas y/o misóginas hacia las precandidatas y denuncias de actos de violencia política en redes y medios de comunicación, así como la persistente disputa por la aplicación de los criterios de la paridad. Se elegirá gubernatura, 5 alcaldías y 25 diputaciones.

Ante la violencia, resistencia

Así como sucede en un sentido opuesto, a mayor resistencia, mayor persistencia. Ante el incremento de las agresiones y de la resistencia a la inclusión política de las mujeres en la esfera pública, se han generado iniciativas y estrategias para prevenir y combatir la violencia política y garantizar el ejercicio de sus derechos.

De esta forma, se diseña la campaña #NoEsElCosto (ver imagen 7), de combate a la violencia política, la concentración pacífica contra esta, la conformación de redes entre mujeres candidatas y de mujeres electas, entre otras. Las instancias en materia electoral de los diferentes niveles de gobierno se unieron a la misma.

Imagen 7

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Surge también la iniciativa “Fondo paridad”, que concentra sus esfuerzos en el fondeo para el litigio estratégico y voluntario, focalizado en apoyar a las mujeres candidatas o funcionarias que afrontan obstáculos para ejercer sus derechos-político electorales. Promovido principalmente por mujeres de distintas fuerzas políticas, miembros de la academia y litigantes. En 2016, las autoridades electorales presentaron un “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres” que –ante la ausencia del marco normativo y la armonización legislativa correspondientes–, establece la coordinación entre dependencias e instancias gubernamentales y una ruta para atender las denuncias en la materia. En 2017 se publica una actualización de este, y aunque ofrece un panorama de actuación e información relevante, su aplicación y efectividad son cuestionadas, especialmente a nivel de las entidades federativas.

Se emiten la Jurisprudencia 48/2016: “Violencia política por razones de género. Las autoridades electorales están obligadas a evitar la afectación de derechos políticos electorales” (TEPJF, 2016h), que obliga a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva ante denuncias de violencia política. Y la Jurisprudencia 21/2018 “Violencia política de género. Elementos que la actualizan en el debate político” (TEPJF, 2018), que incorpora la interpretación constitucional para su definición.

A nivel estatal, a finales de 2018, se conforma el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en el Estado de Baja California, que es un esfuerzo de coordinación interinstitucional promovido por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), y su representación a nivel estatal (conformado entre otros por el Instituto Estatal de las Mujeres, el INE BC, el IEE BC y el TJE BC) que pretende generar datos y vincular acciones sobre la participación política de las mujeres. En la entidad ya existía el Observatorio Electoral Ciudadano de Baja California (con

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perspectiva de género), iniciativa ciudadana coordinada por la asociación Gente Diversa de Baja California, que ha contado en ocasiones con financiamiento público a través de convocatorias temáticas a nivel nacional. Se crea en este período también una Comisión de Igualdad en el Instituto Electoral Estatal de Baja California, misma que aprueba los “Criterios para garantizar el cumplimiento del principio de Paridad de género en la postulación de candidaturas para el Proceso estatal electoral local 2018-201”. Estos fueron debatidos por la gran mayoría de los representantes de partidos políticos en sesión pública y fueron aprobados dejando fuera algunas de las demandas planteadas, motivo por el cual diversos actores, ciudadanas y partidos políticos, sumaron tres procesos de impugnación al respecto, procesos que siguen su cauce a principios de 2019. Estas acciones parecen dar cuenta de un retardado, pero dirigido paso hacia adelante en la construcción de una democracia paritaria, motivado principalmente por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano a nivel internacional. Sin embargo, a nivel local, la información no fluye, incluso al interior de los organismos públicos y políticos. Las instancias responsables señalan que no solo: No se recibieron denuncias de actos de violencia política contra las mujeres o con elementos de género, ni impugnaciones y resoluciones en materia electoral relativas a temas de género y participación política de las mujeres, tampoco se recibieron denuncias de violencia contra las mujeres en el ámbito público/político en el Estado de Baja California en el período 2015-2018 (IEE BC, 2019).

Lo que puede explicarse por desconocimiento y ausencia de mecanismos efectivos de actuación, sino que también revelan que “no se cuenta con datos, fechas, resoluciones, jurisprudencia o información sobre el tema”

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(IEE BC, 2019). El Tribunal de Justicia Electoral y el Poder Judicial tampoco dan cuenta de esta información. Se espera que las recientes acciones e iniciativas, les permitan documentar y difundir la información que se ha venido generando.

A nivel nacional, desde el 2014, el INE, el TEPJF, el INMUJERES y la FEPADE, han trabajado de manera conjunta con otras instituciones y organismos para establecer en la Ley General en Materia de Delitos Electorales el tipo penal de violencia política en razón de género, sin concretarlo hasta la fecha, aunque refrendan la tarea pendiente en foros públicos (PGR, 2018). Se reconoce entre los principales obstáculos, la falta de voluntad política y las resistencias a la inclusión política de las mujeres en espacios de toma de decisiones, particularmente desde las dirigencias partidistas. La armonización legislativa y la tipificación de la violencia política es necesaria para la garantía de los derechos político-electorales de las mujeres en el país.

El análisis del caso de Baja California y el contexto nacional respecto a la violencia política contra las mujeres, nos muestra que el panorama no luce alentador para estas en el ámbito político, donde se observa no solo la resistencia a incorporarlas como iguales en la esfera pública, sino que el ejercicio de sus derechos políticos se ve judicializado y limitado desde las instituciones políticas, como hemos podido observar con los casos revisados, sin considerar que estos son los exponentes de aquellas que deciden promover recursos intrapartidarios o juicios ciudadanos, una decisión que no resulta fácil por su costo social, económico y político. Finalmente, se observa que los estereotipos y roles de género tradicionales, la cultura política machista al interior de los partidos políticos, así como las diversas formas de violencia y discriminación por motivo de género que afectan a las mujeres –incluyendo la violencia política–, inhiben o limitan la participación política de las mujeres; por su parte, los avances normativos y