Un ejemplo de resistencia civil frente al narco y paramilitares REPORTAJE> La comunidad de paz colombiana de San José de Apartadó, con quien Rivas y la ONG local XXI Solidario mantienen estrechos lazos de cooperación, cumple 25 años de existencia marcados por la lucha pacífica frente a asesinatos, desapariciones y extorsiones. Ahora pelean para que no les arrebaten sus tierras Texto: Nacho Abad Andújar
i Eduardo Galeano actualizara su libro ‘Las venas abiertas de América latina’, la historia de la comunidad de paz de San José de Apartadó merecería un capítulo propio. Este poblado campesino del oeste colombiano cercano a la frontera con Panamá celebra sus 25 años de existencia, convertido en ejemplo de resistencia civil frente al exterminio armado.
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Durante este cuarto de siglo, 300 de sus habitantes han sido asesinados: el 80% por el Ejército colombiano y las fuerzas paramilitares; el 20% por la extinta guerrilla de las FARC, según datos de la propia comunidad. Pero el terror cotidiano continúa en forma de nuevos asesinatos, desapariciones, extorsiones, captaciones de jóvenes para servir al narco o las fuerzas paramilitares y con ocupaciones de tierras y propiedades. Escuchar el relato de Germán Garciano, de 40 años, y Yuris Arteaga, de 34, representantes de esta comunidad rural y montañosa de gira por Europa, es asomarse al vértigo. Germán contabiliza 13 asesinatos de familiares, entre ellos los de su padre y varios hermanos. Él mismo sufrió un intento en 2017 con arma corta. Al tío de Yuris, Luis Eduardo Guerra, líder carismático de la comunidad, lo mataron a machetazos junto a su esposa Beyanira Aleiza e hijo de 11 años en la que se conoce como la masacre de San José de Apartadó (21 de febrero de 2005), cuando paramilitares y la Brigada 17 del Ejército acabaron en una sola jornada con la vida de ocho campesinos.
Son un modelo de autogestión campesina y vida comunitaria: la propiedad de la tierra es colectiva
Germán y Yuris visitaron Rivas Vaciamadrid el pasado 28 de septiembre. Una escala dentro de una gira europea por ocho países en busca del apoyo institucional y la protección que les permita sobrevivir. El Ayuntamiento ripense y la ONG local XXI Solidario vienen tejiendo lazos de cooperación con esta comunidad desde hace 15 años, costeando proyectos sanitarios, educativos y jurídicos. A pesar de los acuerdos de paz de 2016 firmados entre Gobierno y guerrilla, las amenazas acechan bajo el asedio del narco (la zona es un corredor privilegiado para el cultivo y transporte de cocaína) y los paramilitares, que actúan como brazo armado de oscuros poderes económicos que ansían hincarle el diente a una tierra hermosa, fértil y rica en minerales y recursos madereros. Ahora mismo se enfrentan a dos problemas fundamentales, según relata el
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ripense Javier González Pinto, integrante de XXI Solidario: “Siguen necesitando el apoyo político de las organizaciones internacionales (ayuntamientos e instituciones). Si autoridades, militares y paramilitares colombianos saben que desde Europa y Norteamérica se les apoya, para ellos es la vida. Un segundo problema es la tierra. A los campesinos que se niegan a hacer cultivos ilícitos [como es el caso] se la quieren quitar. El proyecto que XXI Solidario está impulsando los últimos años, con el apoyo del Ayuntamiento de Rivas, es pagar topógrafos, cartógrafos y abogados para la legalización de sus tierras, convirtiendo el derecho de posesión que tienen por llevar 25 años labrándolas, y que antes estaban abandonadas, en un derecho de propiedad. En Colombia muy pocas fincas están escrituradas. Y estamos escriturando esas tierras a nombre de la comunidad para que nadie les pueda expulsar”. Por su modelo de autogestión que vive en colectividad, desde lo común, con tierras compartidas y materializando proyectos de comercio justo (exportan cacao cultivado de manera ecológica a Gran Bretaña), la comunidad se ha convertido en un espejo donde mirarse: un ejemplo a seguir que inquieta a terratenientes y potentados, que codician sus pertenencias. GUSTAVO PETRO La llegada al Gobierno estatal del izquierdista Gustavo Petro alienta cierta esperanza, pero es pronto para pronunciarse. Yuris Arteaga lo explica bien: “Estamos a la espera, apenas acaba de empezar su mandato. No sabemos cómo hará para implementar los proyectos que menciona, muy importantes para las comunidades campesinas y el pueblo colombiano. En las regiones como Urabá [la suya] es donde más falta visualizar lo que pasa. No es tarea fácil llegar hasta las regiones donde suceden todo tipo de abusos de los derechos humanos. Y el paramilitarismo sigue creciendo”. Germán Garciano, el actual representante legal de la comunidad, que se organiza en asamblea y con un consejo interno rotatorio e igualitario, apunta: “Llevamos 25 años apostándole al derecho a la vida, al territorio colectivo y a una pequeña reforma agraria, con la contribución de algunos ayuntamientos, como el de Rivas (y la ONG XXI Solidarios) o el de Burgos. Hemos sufrido muchas estrategias de exterminio por parte de los poderes de turno, especialmente políticos, bananeros y ganaderos”.
