PAÍS
informe especial
Trujillo: una tragedia que no cesa
El 23 de marzo de 1990, paramilitares asesinaron en Trujillo a tres miembros de la familia Cano Valencia y a un trabajador de su finca .
Fotos: Juan B. Díaz
CAMBIO recupera la historia de más de 300 muertes hace 18 años en Trujillo, Valle, cuando paramilitares usaron motosierras por primera vez.
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A la derecha, José Dorniel Cano, asesinado por paramilitares en la finca La Argelia, en Trujillo. 42
los Cano Valencia les habían llegado rumores de que en las veredas de Cristales, Salónica y Playa Alta, en Trujillo, Valle, paramilitares al servicio de los narcotraficantes Henry Loaiza, ‘el Alacrán’, y de Diego Montoya, ‘Don Diego’, descuartizaban gente con motosierras y machetes, o la usaban como blan-
co de tiro, con ayuda de miembros del Ejército y la Policía. El 23 de marzo de 1990, los rumores se convirtieron en realidad. Cerca de las 8:00 p.m., en medio de un fuerte aguacero, un grupo de paramilitares y efectivos del Ejército llegó a La Argelia, la finca de los Cano en La Sonadora, una vereda entre Trujillo y Riofrío. Ángela Valencia de Cano, de 70 años, debió soportar, parada en el corredor
de su casa, los gritos de dolor de su hijo José Dorniel Cano mientras era torturado en la alcoba principal, y ver cómo 10 hombres ataban de pies y manos a sus otros dos hijos, Rubielider y José Alvem, y a Ricardo Burbano, un trabajador de la finca. Sus gritos de misericordia solo obtuvieron como respuesta golpes en la cara. El hombre que la encañonaba con una pistola le dio varias veces con la cacha. A José Dorniel lo molieron a golpes, le amputaron los dedos y le arrancaron los testículos con un arpón. Cuando estaba al borde de la inconsciencia porque no habían logrado sacarle información, los victimarios dejaron la habitación y amenazaron con asesinarlos a todos. Ángela oyó tres disparos. Tendida en el corredor, supo que sus hijos estaban muertos. José Dorniel se desangró. Dejó una viuda y siete huérfanos. El resto de la familia, que dormía en otra casa en la parte alta de la finca, se despertó con las detonaciones. El padre, Ramón Cano, bajó y, horrorizado con la escena, no volvió a comer. Murió de inanición dos meses y medio después. El resto de los sobrevivientes —hermanos, viudas e hijos— huyeron hacia Cartago, Tuluá y Sevilla. Ángela fue obligada días después a vender la finca por menos de la mitad de su precio y se desplazó luego a Sevilla. Nunca más la familia volvió a estar junta. Ángela denunció la matanza pero las autoridades no solo no le prestaron atención, sino que le recomendaron guardar silencio. “Para que su vida no corra peligro”, le dijeron. La masacre de La Sonadora fue solo una de las 26 cometidas por paramilitares en Trujillo, Bolívar y Riofrío entre 1988 y 1994. Murieron 342 perso-
Más vale tarde…
En un altar en honor a las víctimas, familia Cano rezó el 28 de agosto por los muertos de Trujillo.
nas, la mayoría de ellas torturadas y degolladas con motosierras, y 86 fueron desaparecidas. La masacre fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que en 1995 condenó al Estado colombiano por 64 muertes, entre ellas las de los Cano y el trabajador Burbano, pero el Gobierno solo reconoció 34. No estaban entre ellas las cuatro de la familia Cano. La misma
Ángela murió en junio de 2005, viviendo como desplazada. Dejó este mundo sin que la Justicia terrenal hubiera condenado a uno solo de los responsables. Sin embargo, poco antes de morir le relató los hechos a su familia. Este relato es el que ahora, 18 años después de la masacre, conoció CAMBIO por boca de sus descendientes. La familia se reunió el 28 de agosto en la casa que el Gobierno le dio a
Pasaron 18 años antes de que la Justicia llamara a juicio a dos ex oficiales y a un sargento por las masacres de Trujillo. En marzo fueron capturados el teniente (r) de la Policía, José Fernando Berrío, y el sargento Aníbal Álvarez Hoyos, y el pasado 15 de agosto, el fiscal Eduardo Meza, delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, ratificó la acusación contra el teniente (r) del Ejército Alirio Antonio Urueña como coautor de las matanzas de Trujillo en 1990, quien entonces tenía el grado de mayor. Hoy está preso en La Picota acusado de concierto para delinquir, tortura y homicidio. Según el fiscal Meza, las ejecuciones fueron patrocinadas por los narcotraficantes Diego Montoya , ‘Don Diego’, capturado en 2007, y por Henry Loaiza, ‘el Alacrán’, preso desde 1995. La Fiscalía tuvo en cuenta el testimonio del paramilitar Pablo Emilio Cano, quien reconoció haber sido el jefe de un escuadrón de la muerte que operó en Trujillo hasta 1992, y dijo que centenares de víctimas fueron descuartizadas y sus restos arrojados al río Cauca, mientras que otras fueron dejadas a la intemperie como “lección” para los sobrevivientes.
María García, la viuda de José Dornier, dentro del programa de reparación colectiva de las víctimas de Trujillo. Ella cuenta que desde ese 23 de marzo de 1990, no ha tenido paz. Las amenazas no han cesado y han tenido que vivir como gitanos de pueblo en pueblo por el Valle y el Eje Cafetero, huyendo de los victimarios. Victimarios que unas veces se llaman narcotraficantes y otras tantas autodefensas del bloque Calima, y más recientemente ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Machos’. Aldenivier y Dorneyber —hijos de María y José Dornier— recuerdan que en mayo de 2000 varios hombres de Éver Veloza, ‘H.H’, entonces jefe ce
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