REVISTA TDH 2015
PAG4 30/10/2015
17:31H
PUEBLOS DEL SUR
Una oportunidad para crecer Como derecho fundamental de la infancia, la educación es elemento clave en el futuro de niños, niñas y adolescentes (NNA), más aún, si estos jóvenes provienen de contextos socioeconómicos y familiares difíciles que, en muchas ocasiones, acaban desembocando en una realidad a la que dan respuesta mediante la violencia.
Por ELSA MOYA Fotografia MATTHEW O’BRIEN
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n joven como yo sí puede cambiar; solo necesita un poco de ayuda. Pero no de dinero, sino un consejo o camino que seguir", ha revelado A.E., de 18 años. Cuando un adolescente transgrede una ley es síntoma de que algo está fallando en la voluntad de ese adolescente, pero también en su familia, en su comunidad y en el Estado, responsable último de su educación e integración. La aplicación de medidas penales punitivas y no reintegradoras sin los adecuados programas socioeducativos representa, además de una vulneración de los derechos de los y las menores, un factor de alto riesgo de exclusión social y laboral que desembocará en una mayor violencia. Como respuesta a la irregular coordinación institucional y, a pesar de que solo un 1,58% de los 13,38 millones de jóvenes nicaragüenses de entre 15 y 30 años representa la población penal en el país centroamericano, Tierra de hombres-España, junto a Terre des hommes-Lausanne, a través de su delegación en Nicaragua y con el apoyo económico de la Cooperación Española (AECID) ha desarrollado el proyecto "Acceso de los adolescentes en conflicto con la Ley a una educación de calidad para su reinserción profesional y social", un proyecto de inclusión y protección social cuyo objetivo ha sido, por un lado incrementar las competencias educativas y laborales de adolescentes que están cumpliendo sanciones penales en los
centros de Managua, La Esperanza, Granada, Matagalpa, Juigalpa y Bluefields y por otro, favorecer su integración en la sociedad y su inserción laboral a través del desarrollo de cursos de Educación Técnica y Formación Profesional. El perfil de los beneficiarios y beneficiarias son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años de bajo nivel educativo y procedentes de familias con escasos recursos económicos y en situación de vulneración social, con carencias afectivas que han sido penados tras haber cometido infracciones como peleas, amenazas, robos, consumo de drogas y, en menor medida, violaciones y homicidios. Este proyecto ha tenido especial atención con los colectivos más vulnerables, como las mujeres y las personas pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes. >>