Parlamentoscopi REFORMA LABORAL 2012 ¿ESTRATEGIA ELECTORAL?
LA ASAMBLEA NACIONAL Y SU DERECHO A INFORMAR
ENTREVISTA DEL MES: RICARDO SÁNCHEZ
¿EL PUEBLO REALMENTE LEGISLA EN VENEZUELA?
LEGISLACIÓN Y CRISIS DEL SERVICIO EXTERIOR
La primera revista electrónica sobre asuntos parlamentarios de Venezuela.
Número 2 |Mayo 2012
Tabla de Contenidos: Reforma laboral y deliberación suspendida. Editorial Mayo ha sido tradicionalmente considerado como un mes clave para examinar el pulso sobre los asuntos públicos, en especial el ritmo económico en cuanto al clima laboral. Un tema en el que finanzas, política y sociedad se encuentran. Son habituales en estas fechas los anuncios reivindicativos, los aumentos salariales y las movilizaciones de respaldo/protesta sobre la situación del (des)empleo en el país. 2012 no ha sido la excepción. Durante estas semanas el tema central de opinión pública es la llegada de una reforma laboral, luego de una injustificable moratoria legislativa. La materia laboral representa uno de los marcos normativos más importantes de las sociedades modernas. El principal regulador de la sociología productiva de toda nación. En este sentido, las leyes y reglamentos referidos al trabajo y a sus garantías, constituye el segundo contrato social más importante de toda República después de la Constitución política. De modo que el origen y forma de este proceso legislativo no es un dato menor. La reforma de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) sólo se pudo conocer la noche anterior al 1° de mayo, cuando fue decretada por medio de una omnipotente Ley Habilitante y ante una deliberada evasión del debate plural del foro parlamentario. En un marco sin precedentes de intransparencia, esta reforma se inscribe en un contexto electoral atípico, en el cual las circunstancias inciertas sobre la salud presidencial y el capital político sobre el que viene trabajando la oposición, hacen suponer que será la mayor apuesta legislativa de la campaña electoral presidencial. En consecuencia, esta reforma laboral representa un ambicioso intento de reconquista de las simpatías de los sectores laborales del país, especialmente aquellos trabajadores del sector público. Es por ello que hemos escogido este tema, en los primeros números del Parlamentoscopio. Especialmente, porque esto sucede en un semestre de preocupante suspensión legislativa (a la fecha sólo hay 3 leyes aprobadas en segunda discusión). Ante lo cual el politólgo Jemirson Ramírez plantea la cuestión ¿el pueblo es el legislador, o el gobierno?
3 Compendio de noticias parlamentarias (abril -2012) _________________
4 Reforma laboral, socialismo y clima electoral. (II parte) Por Alejandro Agudelo y Xavier Rodríguez
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Entrevista del mes: Diputado Ricardo Sánchez. _________________
10 ¿”Pueblo Legislador”? Por Jemirson Ramírez __________________
13 Pasado y presente de la legislación del servicio exterior venezolano. La crisis (II parte) Por Alejandro Martínez Ubieda
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La AN y el acceso a la información parlamentaria. Por Marianny Pacheco
También en este número presentamos nuestra primera entrevista. Un _________________ espacio para conocer el testimonio político, humano y propositivo de quiénes conforman nuestra AN. Este mes el diputado Ricardo Sánchez será el entrevistado. Asimismo, el ex – congresista Alejandro Martínez Ubieda nos brinda su calificada opinión sobre la legislación referida al servicio exterior venezolano y por último, Marianny Pacheco nos documenta las dificultades que sigue presentando la ciudadanía para acceder a la información parlamentaria en Venezuela. Esperamos que este número contribuya a enriquecer el debate y la reflexión crítica de nuestra actualidad parlamentaria.
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Xavier Rodríguez Franco (@xfranco22). Director de Entorno Parlamentario
Parlamentoscopio ® | Número 2 | Mayo 2012
Compendio de noticias parlamentarias (abril) 02/04/2012. Ley para el control de armas lleva siete años de retraso.
24/04/2012. Propuestas empresariales sobre la LOT quedaron sin respuestas.
El Tiempo. El 31 de marzo se venció el plazo otra vez. La última promesa de los diputados aseguraba que la Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones iba a estar lista antes de que terminara marzo. Pero como el tiempo comenzó a agotarse, los legisladores resolvieron diferir la discusión de la norma. Ahora dicen que para junio…Sigue leyendo aquí.
El Impulso. Las propuestas formuladas por los organismos gremiales de la empresa privada, solicitando un debate ampliado en torno al contenido de la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo, tomando en consideración que se trata del contrato social más importante para el país, luego de la Constitución, se han quedado sin respuesta… Sigue leyendo aquí.
Entorno Inteligente. El gobierno aumenta el uso de recursos extras para financiar el gasto que ejecuta, lo cual se ha venido intensificando en los últimos años. Analistas han advertido que la aprobación de una gran cantidad de créditos adicionales evidencia fallas de planificación…Sigue leyendo aquí. 17/04/2012. Proyecto de Código Penal plantea enjuiciar a empresas. El Universal. El proyecto de Código Orgánico Penal Venezolano que discute la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, reconoce la responsabilidad penal de las corporaciones… Sigue leyendo aquí. 18/04/2012. ¿Qué contendrá borrador de la L.O.T.? incertidumbre…
el primer sigue la
Nota de Coyuntura publicada por Ecoanalítica (13/04/2012). Por Asdrúbal Oliveros, José Luís Saboin y Xavier Rodríguez Franco. La anunciada reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (L.O.T.), es una reforma de la que sólo se conoce de manera oficial, la promesa de promulgación para el venidero martes 1° de mayo… Sigue leyendo aquí. 20/04/2012. Ayer recabaron proyecto de Ley de Misiones.
firmas
para
El Universal. En los municipios Libertador (Caracas) y Sucre (Petare) los diputados a la Asamblea Nacional, Stalin González (UNT) y Juan Carlos Caldera (PJ), encabezaron la jornada de recolección de firmas para impulsar por iniciativa popular el proyecto de Ley de Misiones para Todos por Igual… Sigue leyendo aquí.
25/04/2012. Sancionada reforma Orgánica de Seguridad Social.
a
Ley
El Universal. La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó en segunda discusión el proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, quedando la misma sancionada y remitida al Ejecutivo venezolano para su promulgación… Sigue leyendo aquí. 27/04/2012. Iniciada discusión pública del Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Social de la FANB Prensa AN. El presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, diputado William Fariñas (PSUV-NE), dio inicio a las reuniones de trabajo para estudiar, analizar y discutir todos los aspectos relacionados con la nueva Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana… Sigue leyendo aquí. 30/04/2012. Asamblea Nacional aprueba quinto viaje de Chávez a Cuba en dos meses. El Tiempo. La mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional aprobó, con el voto salvado de la banca de la oposición, la solicitud realizada por el presidente de la República, Hugo Chávez, para viajar a La Habana, Cuba, y continuar con su tratamiento médico… Sigue leyendo aquí. 30/04/2012. Firmada la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) Entorno Parlamentario. Finalizó la ansiada espera. Un día antes del Día del Trabajador el Presidente de la República firmó la tan anunciada nueva “Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT)” en cadena presidencial realizada desde el Salón Simón Bolívar del palacio de Miraflores… Sigue leyendo aquí.
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04/04/2012. AN aprueba créditos adicionales sin aclarar su procedencia.
Reforma laboral, socialismo y clima electoral. (II parte)
Por Alejandro Agudelo (@aagudelord) y Xavier Rodríguez Franco (@xfranco22)
En nuestra anterior entrega, examinamos todos aquellos aspectos de polémica constitucional que giran alrededor de esta reforma laboral, recientemente aprobada el pasado lunes 30 de abril y sobre la cual se pudo conocer en detalle una vez decretada. Ahora, una vez tenemos la ley ha sido publicada, decretada, admitida su 1 constitucionalidad y publicada en Gaceta Oficial2, examinaremos sus puntos críticos a partir de lo que hemos definido como el abordaje estratégico de “triple acción” que el gobierno quiere imprimirle a la sociología del empleo en Venezuela, en su tránsito al modelo socialista en Venezuela. La estrategia de la triple acción: ideología, doctrina y gobernabilidad. El actual proceso legislativo laboral, tiene en su origen -además de un cuestionable asidero constitucional- un velo de intransparencia, que representa la principal antinomia con el espíritu reivindicativo que se ha pretendido desde su formulación a finales del año pasado. Sin embargo, Véase la sentencia emitida el pasado viernes 04/05/2012 el Tribunal Supremo de Justicia en el siguiente enlace: http://goo.gl/0TQhG 2 Gaceta Oficial número 6.076. Disponible en el enlace: http://entornoparlamentario.files.wordpress.com/2012/ 05/go-6076_extraordinaria.pdf 1
como se ha anunciado, esta reforma se inscribe en las directrices de un Proyecto Simón Bolívar 20072013 en dónde se ubica al trabajo como piedra angular de un proceso de socialización política, que promueve un nuevo esquema de gobernabilidad, en el cual el Estado se convierte –ahora de derecho- en el primer agente empleador, fiscalizador y regulador de las relaciones laborales del país. En este sentido, es fundamental comprender el contexto político-ideológico desde el que nace esta ley, haciendo énfasis sobre su doctrina jurídica, la cual sigue en buena medida a la filosofía hegeliana. Esta inspiración ideológica, destaca la importancia del derecho sobre la acción social, de modo que puedan perfilarse niveles de adecuación normativa sostenibles con el ejercicio del gobierno. Circunstancia medular dentro de las dificultades que ha tenido el llamado “socialismo científico” para instaurarse burocráticamente “desde el poder” a lo largo de la historia moderna.
Esta direccionalidad de la acción jurídica gubernamental, la hemos denominado estrategia de triple acción. Una expresión contemporánea de esta lógica dialéctica, que podríamos resumir con la frase “ideología, doctrina y gobernabilidad”. Frase desde la cual se procura que la ley abarque tres ámbitos socio-políticos de aplicación en el proceso social del trabajo: estabilidad laboral, gestión participativa y seguridad social laboral (tal como se señalan en el gráfico). De tal modo, la LOTTT representaría la piedra angular de un nuevo “proceso social del trabajo”. Enmarcada en la lucha de clases por el control y gestión de los medios de producción. Siendo el trabajo el centro de la tensión de clases y “el empleador el actor subordinado a la reivindicación proletaria”3.
Estabilidad Laboral
Gestión Participativa
Seguridad Social Laboral
Alguno de sus puntos críticos. El principal punto crítico de la legislación laboral derogada de 1997 y la reforma actual de la LOT se refiere a todo lo relacionado al régimen de prestaciones sociales. Esto debido que para el gobierno, resulta muy difícil asumir compromisos sostenibles por dos razones: 1. A la fecha no se ha logrado el pago a los empleados públicos las obligaciones correspondientes al tránsito del sistema anterior al establecido en 1997 y se tiene una deuda importante al respecto (las cuáles se estiman en 19.000 millones de dólares4). 2. Mientras exista una inflación incontenible cualquier método que se plantee para las prestaciones sociales de los trabajadores, no preservará el ahorro de quiénes cuentan con un empleo formal. Es importante señalar sobre el particular, que sobre la retroactividad de las prestaciones, si bien es cierto que la Constitución plantea su consideración, no especifica condiciones de cómo establecer una fórmula, esta reposa en su totalidad en la actual ley orgánica del 2012: “a) El patrono o patrona depositará a cada trabajador o trabajadora por concepto de garantía de las prestaciones sociales el equivalente a quince días cada trimestre, calculado con base al último salario devengado. El derecho a este depósito se adquiere desde el momento de iniciar el trimestre. b) Adicionalmente y después del primer año de servicio, el patrono o patrona depositara a cada trabajador o trabajadora dos días de salario, por cada año, acumulativos hasta treinta días de salario.”5. Dentro de estos puntos sensibles a considerar destaca el relacionado con la reducción de la jornada laboral, de 44 horas del régimen anterior (1997) a 40 horas semanales del actual régimen (artículo 173). Lo cual no está exento de polémica, en vista que es una reducción horaria inconsulta con los empleadores del país en términos de su sostenibilidad productiva y financiera6. Un tercer punto es el referido a la tercerización. Si bien es cierto que quienes critican la tercerización tienen razón cuando ésta se hace para eludir el cumplimiento de leyes laborales, el Estado no ha sido el mejor ejemplo Amengual Coll, Gabriel (1989) Estudio sobre la filosofía del derecho en Hegel. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 4 La cual pudiera llegar a la cifra de 66.000 millones de dólares, si evaluamos una inflación promedio de 25%, según un estudio publicado por Richard Obuchi (IESA) recientemente. Cfr. http://goo.gl/Jd2GW 5 Artículo 142. Cfr. http://goo.gl/5cA2X 6 Sector crucial en la economía, que según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha disminuido un 20% en un año. El Universal 18/03/2011. Cfr. http://goo.gl/jlFJZ 3
con el manejo de los derechos laborales de los tercerizados. En el actual régimen no están permitidas, el patrono tienen 3 años contados desde el pasado martes 8 de mayo, para ajustarse a la supresión de esta modalidad. Tiempo en el cual estos trabajadores gozarán de inamovilidad. La pregunta sobre este aspecto particular quedaría planteada para la Administración Pública, la cual deberá ajustar masivamente sus esquemas presupuestarios y de planificación funcional para sostener la abolición de esta práctica tan extendida en los últimos quince años.
¿Estrategia electoral?
Es innegable la necesidad de un marco normativo laboral, que como hemos visto, ha tenido un sostenido diferimiento a lo largo de estos 13 años de un gobierno, paradójicamente auto-denominado “obrerista”. Sin embargo, las formas de construcción como nace la ley, el manejo comunicacional que le ha querido imprimir el gobierno y sobretodo el momento electoral en el que llega, hace suponer que esta ley, busca llenar un espacio vacío que no tiene la contienda electoral actual: la presencia del Presidente Chávez, en sus característicos recorridos de campaña. La intención desde su anuncio (a mediados de noviembre del 2011) ha sido, utilizar todo el simbolismo del 01 de mayo y del decreto presidencial, para promulgar un mecanismo legal que afirme su condición de candidato-Presidente. Una ley a través de la cual, aspirar a recuperar cuotas de credibilidad perdidas, posicionándose en la polarización ideológica, el lugar en el que mejor se desempeña electoralmente. Apuesta legislativa que llega en un momento de importantes cuotas de endeudamiento público, que en el caso de suscitarse un cambio político, supondrán dificultades mayores para el ofrecimiento de nuevos empleos. En suma, la evasión del debate parlamentario, la exclusión deliberada de los empleadores de la discusión integral de la ley, la poca disposición a la publicación de los borradores y las selectivas consultas de propuestas para la construcción de la ley, hacen suponer una incertidumbre estratégicamente conveniente al gobierno a pesar de los costos, en términos de conflictividad que pueda suscitar nuevos incumplimientos.
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De tal manera, hoy más que nunca, este nuevo esquema del empleo en Venezuela representa un condicionamiento significativo a la productividad del país, y su consecuente dependencia al ritmo político del gobierno. Con lo cual el Estado, al poner el esquema tensional en la ecuación “trabajador frente al empleador”, se resguarda y apertrecha en el poder ante eventuales conflictos asociados al empleo, mientras acumula mayor poder al regular el llamado “proceso social del trabajo”. Todo hace suponer que la LOTTT llega con retraso para los trabajadores, a mala hora para los desempleados, pero con admirable puntualidad a la campaña por la tercera reelección presidencial.
Parlamentoscopio ® | Número 2 | Mayo 2012
Entrevista del mes: Ricardo Sánchez (UNT)
De dinamismo en el hablar y una permanente sonrisa en su rostro, Ricardo Sánchez forma parte de la nueva generación de políticos venezolanos que han conseguido en la Asamblea Nacional, el recinto más propicio para proyectar su carrera política. Proveniente del llamado movimiento estudiantil 2007 y autoubicado ideológicamente de centro-izquierda, el diputado Sánchez en la actualidad milita en el partido Un Nuevo Tiempo. También participa en una de las Comisiones más dinámicas, como lo es la de Política Interior. En las próximas líneas conoceremos un poco más de este joven tachirense, sus perspectivas sobre la política venezolana y su trabajo en el recinto legislativo. (Entrevista realizada por Marianny Pacheco).
Me parece muy interesante esta pregunta. Pienso que sería a analizar información sobre la política, que es lo que se hace en mi carrera de Estudios Internacionales. Siempre he tenido la vocación de servir al Estado, tanto al Estado en sí, como sus instituciones. Tendría dos opciones, el ser analista político o ser activista político, y considero que el rol de vida que me correspondió es el de activista político, de no ser así sería algo relacionado a realizar servicio público. - ¿A partir de qué momento descubrió su vocación por la política? La Política se metió conmigo, creo que la universidad (UCV) tuvo gran parte de influencia pues el tema de la conflictividad política en el país permeaba en la universidad, y por esto las circunstancias nos obligaron a fijar posición, lo digo como nuestra generación ante la coyuntura. Aunque recuerdo que desde niño estoy de cierto modo inmerso en la
política, estuve en la sociedad bolivariana, en el centro de estudiantes de mi liceo, pero formalmente inicié mi vida política en la universidad. - ¿Qué aspecto rescata de la actividad parlamentaria de sus colegas diputados del gobierno? Creo que no se debe generalizar y decir que todos los parlamentarios del gobierno son iguales. El gobierno nacional tiene su propia política parlamentaria, y eso es algo positivo pues todo gobierno debe tenerla. Lo que me parece preocupante para la Democracia, es que el gobierno no coloque en la dinámica parlamentaria temas que son sensibles a la ciudadanía, sólo porque le podría afectar en su gestión. Por ejemplo, las denuncias introducidas a la Comisión de Política Interior el año pasado contra el “Gato” Briceño referidas a violaciones de derechos humanos, y que el gobierno se negó a discutir, siempre usaban su mayoría dentro de la comisión para evadir la discusión.
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- De no ser político a ¿qué se dedicaría?
Y paradójicamente hoy, que existen niveles de conflictividad entre el gobierno y Briceño, ahora si las quieren sacar. Eso lo que te da a entender es que no hay independencia parlamentaria, toda la actividad parlamentaria de los diputados del PSUV está supeditada y determinada por la estrategia gubernamental. -¿Existe algún momento de encuentro o concordia en la comisión de Política Interior? Muchísimos, cito dos ejemplos. Primero, sobre la agenda legislativa del año pasado, la única comisión que aprobó su agenda por unanimidad y consenso fue la comisión de política interior. En el papel es la más polémica pues es en donde están los jefes y subjefes de fracción. El segundo ejemplo, para la creación de la comisión para el desarme, control de armas y municiones, una comisión mixta donde se ha logrado uno de los elementos que considero más importante, y es que no votemos las cosas, todo se aprueba por consenso, se discute el instrumento las veces que sea necesario y se concluye con el consenso. Esto para entregar a la gente una normativa que le sirva y no para engavetarla. Asimismo ocurre con la comisión especial de telefonía móvil y delitos conexos, que llegamos a una normativa con las operadoras y empresas privadas, e inclusive con Conatel se pudo lograr ese consenso. Por supuesto no hemos logrado consenso en todas las cosas, esa es la meta, que se podrá lograr siempre que se ponga por encima del color y preferencia partidista, las necesidades ciudadanas.
¿Considera que existen aspectos que deberían mejorarse en el funcionamiento actual de la Asamblea Nacional?; ¿Cuáles? La modificación del Reglamento de Interior y Debates (RIDAN) tanto en lo referido al trabajo de las Comisiones como a la Plenaria. Las limitaciones a los derechos de palabra, la forma de elaboración y divulgación del orden del día, son cosas que le hacen mucho daño al debate parlamentario, además que el psuv usa su mayoría circunstancial para no dar el verdadero debate de la gente. Otro tema es el manejo del canal de la AN, la imposibilidad que los medios de comunicación social puedan ingresar al debate parlamentario, y esto lo digo pues la AN debería ser una caja de resonancia de los problemas ciudadanos, y por ende debería ser lo más transparente posible. No tiene sentido que en ese espacio se discutan los grandes problemas del país si la gente no sabe a plenitud cómo es esa discusión. Desde el canal de la Asamblea se da un manejo discrecional de los debates que sesga la opinión parlamentaria, y le hace daño sobretodo a la bancada opositora. La AN en mucho de los términos que están planteados en el RIDAN, confisca muchas de las competencias parlamentarias, porque las limita, y dificulta el trabajo parlamentario en plenaria mayormente.
-Como parte de la Comisión de Política Interior ¿qué expectativas tiene respecto a la discusión de las dos leyes que maneja esta Comisión como son la Ley del Desarme y el Código Penal Venezolano? Sobre la Ley del Desarme te digo como primicia que hemos aprobamos dos de los artículos que considero más importantes dentro de la misma en términos de lo que significa lo novedoso, como lo son los relacionados al marcaje de la munición. Fue aprobado un elemento que destaca por la aplicación de nuevas tecnologías, que es el seriado con láser, y esto te permite saber, desde el momento de la fabricación y entrada al país, en caso de que sean importados o de fabricación nacional, podemos saber a dónde va la munición, y dónde va a estar, y esto va a ser altamente novedoso. Acabamos de hacer una consulta pública en Táchira, ya van doce con ésta, se va a realizar otra en Nueva Esparta. Esperamos estar dando el debate en plenaria para el mes de mayo, y esperamos también dejarle al país una ley que fue discutida por mucha gente, sin soberbia, sin polarización (o tratando de alejarnos de esta), yo tengo expectativas como ciudadano, pues considero que depende más del consenso ciudadano que del consenso político. Se ha trabajado con los que saben sobre el tema, y tendrá elementos que son sensibles y útiles para que nuestras policías puedan hacer su trabajo en la detección y confiscación de armamentos, para avanzar con el ansiado desarme. Estoy muy optimista al respecto. Sobre el tema del Código Penal no soy tan optimista, se ha cambiado en tres oportunidades la dirección de la normativa. Primero lo llevaba Iris Varela, que como saben fue nombrada Ministra de Regímenes Penitenciarios, luego lo llevaría Andrés Eloy Méndez, quien pasó a la Comisión de Regímenes Penitenciarios; lo está llevando ahora José Javier Morales, pero el Ejecutivo acaba de sentar sobre la mesa la posibilidad de aprobarlo por vía habilitante y esto es algo grave porque esto es un tema de reserva legal, si hay algo que se debe reservar exclusivamente a los parlamentos es la posibilidad de disponer y generar penas. Eso va a ser un tema de discusión, hasta el momento el Ejecutivo lo ha planteado en la vocería del Presidente de la República en una declaración que dio, pero no hay nada formal. Mientras tanto el proyecto sigue engavetado(…) El código penal tiene casi 900 artículos, por lo que debería ser una discusión muy larga, pero claro está
que no por esto estaríamos de acuerdo en entregar las facultades al Ejecutivo para que legisle sobre ese tema. -¿Qué expectativas tiene de la aplicación de la “Ruta del Desarme”? La Ruta del Desarme no es una iniciativa legislativa sino una iniciativa parlamentaria, cuyo fundamento es que las normas que estamos aprobando no se conviertan en normas engavetadas, sino que tengan un alto nivel de incidencia, por lo que los mismos diputados debemos velar por la fiscalización y control de su cumplimiento. Lo que hicimos nosotros durante la temporada de semana santa, por la alta movilidad que había en los terminales de pasajeros, fue la aplicación de una normativa que se generó del Ministerio de Interior y Justicia en colaboración con la comisión presidencial y la comisión mixta para el desarme, que contempla la prohibición en el uso de armas de fuego dentro de las unidades de transporte y en los terminales de pasajeros, lo que hicimos fue velar por el cumplimiento de la normativa. Durante el asueto de semana santa, visitamos 14 terminales en el área metropolitana y Miranda, donde se chequeaba el cumplimiento de la normativa, los elementos adicionales que tenían los terminales y las unidades de transporte, así como las empresas públicas y privadas presentes, para evitar que se usara armamento. Observamos también la presencia de los cuerpos de policía nacional, de guardia nacional, policía de Miranda, así como la articulación que había entre estos cuerpos. De esta fiscalización en el temporal de semana santa no se reportó ningún incidente de gravedad, y esto es algo que me llena de mucha satisfacción. Paradójicamente se registraron tres incidentes que tienen que ver con violencia en autobuses (…) pero que no dependieron del ingreso de armas por viajeros de los buses, sino por las conocidas alcabalas (…). Esto es un elemento que debe ser revisado, que ya no tiene que ver con el desarme directamente, sino con la persecución criminal. Consideramos que se están cumpliendo los objetivos, y que dependerá que esto continúe así, del seguimiento que le hagamos. Pronto vienen otras normativas relacionadas con el tema de los conciertos, las construcciones y las licorerías, y sin duda alguna la Ruta del Desarme continuará aplicándose allí.
¿Pueblo Legislador?
Por Jemirson Ramírez (@jemirsonr) Recientemente escuchaba la alocución de un diputado a la Asamblea Nacional, en la que decía con mucha vehemencia: “el modelo de democracia en Venezuela ha cambiado para siempre…. Antes las leyes se hacían a puerta cerrada en bufetes de abogados para beneficiar a la oligarquía que gobernaba a este país; y ahora, las leyes se hacen con la participación del pueblo para beneficiar al pueblo”. Ante aquella verbalización, que me pareció bastante dramatizada para el momento, me surgió la inquietud de encontrar algunos elementos que permitiesen hacer tangible aquella apreciación del diputado. Dicha inquietud llevó a preguntarme: ¿Cuántas de las leyes aprobadas durante el 2011, eran iniciativas del Poder Ejecutivo y cuánta de los diputados? ¿A propósito del modelo de democracia participativa, existen Leyes sancionadas que hayan sido propuestas de la sociedad civil? ¿A qué sectores benefician o controlan las leyes sancionadas en 2011? Desde luego, esas preguntas nos sitúan en la evaluación de la calidad de la representación política y su reflejo en la dinámica legislativa. Ciertamente, dar respuesta a estas preguntas no es tarea sencilla, ni es algo que pretendo hacer en el presente artículo de modo concluyente. Sin embargo, considero importante hacer un breve análisis de sólo el año pasado, a fin de encontrar elementos exploratorios iniciales que permitan ser desarrollados en futuras investigaciones. De acuerdo con el Balance Legislativo 2011 publicado por la AN a finales del mismo año7, dicho poder público nacional tan sólo legisló 12 leyes, de las cuales 8 son leyes ordinarias, 2 son leyes especiales y 2 leyes orgánicas. A continuación se muestra en la tabla número 1 el detalle de las leyes sancionadas. 7
Disponible en el enlace: http://goo.gl/c7TLW
Parlamentoscopio ® | Número 2 | Mayo 2012
TABLA 1: RESUMEN DE LEYES SANCIONADAS EN 2011 Número 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Nombre Ley especial de endeudamiento complementaria para el ejercicio fiscal 2011 Ley orgánica del deporte, actividad física y educación física Ley orgánica contra la discriminación racial Ley de condecoración distrito capital Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los DDHH por razones políticas en el período 1958-1998 Ley sobre donación y trasplante de órganos tejidos y células en seres humanos Ley para la regulación y control de los arrendamientos de vivienda Ley de reforma de la ley de ejercicio de la medicina Ley de uso racional y eficiente de la energía Ley de regulación y control del sistema de ventas programadas Ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2012 Ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio fiscal 2012
Fecha 09/06/11
Proponente Poder Ejecutivo
15/08/11
Comisión de educación, cultura, deporte y recreación Comisión de pueblos indígenas
22/08/11 30/08/11 18/10/11
08/11/11
Diputados por el Distrito Capital Comisión de política interior
22/11/11
Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral iniciativa legislativa popular Diputados Fernando Soto, Oswaldo Vera y H. Ventura Comisión de Energía y Petróleo
08/12/11
Comisión de Adm. y Servicios
13/12/11
Poder Ejecutivo
13/12/11
Poder Ejecutivo
10/11/11 17/11/11
Fuente: Elaboración Propia.
Si analizamos la tabla anterior nos daremos cuenta que el principal promotor de las incitativas legales sancionadas en 2011 fueron los diputados de la AN, quienes promovieron alrededor de las tres cuartas partes las leyes sancionadas. Sin embargo, el Gobierno Nacional, a pesar de gozar de una ley habilitante, es el segundo gran promotor de leyes discutidas en plenarias, para el año en cuestión, con un cuarto de las leyes sancionadas, con lo cual, si
analizamos en conjunto las leyes propuestas y las leyes sancionadas por ley habilitante nos daremos cuenta de que el Poder Ejecutivo sigue siendo el principal legislador en Venezuela. El gran ausente en la promoción de leyes fue sin duda la sociedad civil, quienes en el año de la consolidación del “pueblo legislador”, figuraron en una sola ocasión como proponentes8. A pesar de los vanagloriados cambios en el sistema político venezolano y de las transformaciones en el modelo democrático, los partidos políticos siguen siendo el principal actor en el seno del parlamento venezolano. Valga acotar que en esta única ocasión, el “Movimiento de Pobladores” consignaría un conjunto de firmas respaldando un proyecto legislativo sensiblemente diferente al aprobado por la Asamblea Nacional. 8
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La reaparición de los sectores que adversan al gobierno en el seno de la AN trajo consigo la repolitización del espacio y la vuelta del debate legislativo. A diferencia de la legislatura anterior, el parlamento nacional parece volver a ocupar el lugar que le confiere la Constitución de la República para su labor legislativa, labor que en la legislatura anterior había sido prácticamente inexistente.
TABLA 2: SECTORES PROPONENTES DE LEYES SANCIONADAS EN 2011 Año
Iniciativa del Ejecutivo
Iniciativa de los Diputados
Iniciativa de los Ciudadanos
2011
3
9
1 Fuente: Elaboración Propia.
Una de las más importantes y fundamentales funciones de los partidos políticos en Venezuela es la función mediadora, por la cual los partidos convierten las demandas parciales en alternativas de políticas generales. Así los partidos se convierten en estructuras especializadas en la combinación de intereses y en los promotores de iniciativas legales cónsonas con las necesidades de la sociedad, que permitan aminorar las tensiones y problemas colectivos. Los partidos políticos deberían cumplir con una doble función: por una parte, permitir la expresión de las demandas de todos sectores sociales (lo que contribuye a la integración social). Y por otra parte, deberían cumplir una función mediadora entre la sociedad civil y la sociedad política. Las organizaciones partidistas trasmiten las demandas de la sociedad hacia el sistema institucional, transformando y simplificando las expresiones sectoriales en alternativas políticas. Esa función se le conoce como combinación de intereses. Sin embrago, en Venezuela los partidos políticos parecen no responder a las aspiraciones profundas del seno de la sociedad venezolana, ya que las iniciativas legales emprendidas parecen no concordar con los problemas sociales que componen la agenda pública nacional, a pesar de que estas demandas si son recogidas en sus campañas electorales y en las continuas verbalizaciones de los diputados ante la opinión pública.
observar que sólo el 33 % de las leyes sancionadas en 2011 están vinculadas a actividades o sectores sociales. Es importante destacar, que ninguna de las leyes aprobadas en este sector son reflejo de las agendas de los ciudadanos. Por su parte, el 58 % de las leyes sancionadas en 2011 están vinculadas al sector político-económico. Los instrumentos legales político-económicos sancionados en éste periodo tienen como objeto la intervención gubernamental de sectores de la economía, facultar al Ejecutivo endeudarse por encima del límite máximo establecido en la ley de endeudamiento anual y fomentar el discurso presidencial de ruptura histórica. La agenda política reflejada en el conjunto de leyes sancionadas en 2011 parece estar dominada por la motivación de la bancada oficialista de construir y consolidar un nuevo modelo político. De las 12 leyes sancionadas en 2012 el gobierno nacional propuso 3 leyes y la bancada oficialista 9, con lo cual se puede entender la intencionalidad de los sectores proponentes de legislar en favor de un plan político particular. Este dato da una pequeña muestra de la crisis de representatividad que vive Venezuela en este momento, ya que a pesar de que existe una agenda pública llena de problemas apremiantes, la agenda de la AN refleja esencialmente los intereses de un grupo que tiene como finalidad consolidar un modelo político y no las necesidades de la agenda de sus electores.
En la actualidad, en Venezuela persiste una crisis de Quedará ver si el resto de la presente legislatura representatividad de los partidos y por lo tanto existe continuará por la senda actual o si por el contrario los un divorcio entre la agenda de los electores y la distintos mecanismos de participación popular agenda de sus representantes. Si echamos un vistazo establecidos en la Constitución, serán activados por a los sectores que pretenden ser regulados por las sectores distintos a los que controlan hoy la agenda leyes sancionadas en la legislatura 2011, podemos legislativa. TABLA 3: Leyes Sancionadas por sector (Fuente: Elaboración Propia) Número de Leyes 12
Sociales 4
Sector Social al que Beneficia Económicas Políticas Judiciales 2
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Energética 1
Parlamentoscopio ® | Número 2 | Mayo 2012
Pasado y presente de la legislación del Servicio Exterior venezolano. La crisis. (II parte) Por Alejandro Martínez Ubieda En la entrega anterior hacíamos una revisión del desarrollo de la legislación correspondiente al servicio exterior venezolano, a través de la cuál pudimos conocer en qué medida, el foro parlamentario procuró durante muchos años, fortalecer un servicio exterior moderno, profesional y al servicio del Estado y sus ciudadanos. Situación que ha venido cambiando considerablemente en los últimos años, como evaluaremos a continuación. Reforma de la Ley del Servicio Exterior (2007-2011): a mayor discrecionalidad, menor profesionalización.
Revisar Texto de Proyecto de Ley en el siguiente enlace: http://entornoparlamentario.files.wordpress.com/2011/08/2da-ley-organica-servicio-exterior-13-12-10.pdf 9
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Como instrumento final se menciona el proyecto de Ley para la modificación de la Ley del Servicio Exterior previa, proyecto que ingresa en la Asamblea Nacional en el año 2007, y aún hoy no ha sido sancionada. En el informe antes mencionado de Bruzual, por la fecha de su publicación, sólo se realizarán algunas consideraciones respecto al texto de este proyecto hasta que fuera aprobado en primera discusión (15 de Febrero de 2007), no obstante éstas tendrán una validez relativa si se considera (como el mismo autor afirma en el post scriptum de este informe), que el texto aprobado en segunda discusión de esta reforma9 (28 de Junio de 2011) sufrió ciertas modificaciones respecto al aprobado previamente, con la observación clave de que en esta nueva Ley, gran parte de las determinaciones expuestas remitirán la regulación del servicio exterior a un Estatuto a ser dictado por el Presidente de la República, por ostentar la condición de “Órgano Superior de Dirección Estratégica de la Política Exterior”, tal como lo señala esta reforma en su artículo décimo.
En todo caso valga señalar que en este proyecto de ley de reforma, destacan elementos que hacen notar el aumento del papel otorgado al Poder Ejecutivo para intervenir en la definición del funcionamiento del servicio exterior venezolano. En este sentido resalta la propuesta de modificación del Jurado Calificador por un Comité Evaluador, que estaría integrado por siete miembros, uno designado por el Presidente de la República, una segundo por la Asamblea Nacional, otro miembro en representación de la sociedad civil, y los cuatro restantes designados por el “Ministro del Poder Popular con competencia en la materia exterior” (Bruzual; 2011: 15). Básicamente el Comité tendría funciones accesorias y de recomendación al Ministerio de Relaciones Exteriores, perdiendo su carácter decisorio que ahora será detentado principalmente por el Ministro. Todo esto permite observar y apoyar las afirmaciones de Bruzual respecto al alto grado de discrecionalidad que con esta reforma se le está confiriendo al Poder Ejecutivo para la determinación del ingreso, permanencia y promoción de los funcionarios del servicio exterior venezolano, por lo que pierde nitidez el objetivo de profesionalización y eficiencia que debería tener este tipo de normativas, y que ahora está más cercano a una motivación de tipo ideológica y a posiciones político-partidistas, en tanto se
adapten a “los cambios políticos e institucionales” que está viviendo el país con el actual gobierno. El dato más fehaciente de esta afirmación, es que desde el año 2005 no se ha vuelto a convocar Concurso de Oposición para el ingreso a la carrera diplomática, por ser ahora una determinación presidencial. Queda esperar que esta Reforma sea sancionada y que el Ejecutivo establezca el Estatuto regulatorio de la Ley para darle mayor validez a estas observaciones, no obstante este retraso primero en la discusión y ahora en la sanción de la normativa, hace notar la falta de interés real que se tiene en la misma, y esto como resultado de que (aunque no totalmente de derecho, pero sí de hecho), desde antes del año 2005 se había venido dando ese aumento de la discrecionalidad del Ejecutivo nacional en la determinación del funcionamiento del servicio exterior venezolano, y esta reforma más que buscar la necesaria reorganización administrativa de esta importante área de gestión estatal, y que se tradujera en eficiencia de las funciones establecidas, se convertirá entonces en la confirmación del libre arbitrio del Ejecutivo, específicamente del Presidente de la República, como rector de la Política Exterior venezolana, perdiéndose la objetividad y alto grado de profesionalización requerido como apoyo clave al Presidente en esta área.
Crisis del servicio exterior El servicio exterior venezolano atraviesa una crisis de magnitud relevante. Esta crisis deriva de un elemento central, de la cual se dependen otros aspectos secundarios que la agravan. Este elemento central es la extrema ideologización de la gestión del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, que a su vez implica, para satisfacer las necesidades de esta orientación, la necesidad de un cuerpo profesional, de una burocracia, altamente ideologizada. Al producirse esta ideologización sostenida, y al tener la misma un carácter radical, los objetivos de la gestión se ven intervenidos por varios factores que desfiguran la función de una gestión pública, que es la de servir a los intereses del Estado y no de una parcialidad política o ideológica. Aparecen entonces fenómenos como los siguientes: La selección del funcionariado, así como los mecanismos internos de ascenso se definen en razón de la lealtad al
proceso ideológico: no se trata entonces de identificar al personal capaz de llevar a cabo las tareas inherentes a su cargo desde el punto de vista técnico, sino de identificar a quienes muestran un mayor apego a los criterios ideológicos definidos como válidos. a) La visión con la que estos funcionarios abordan la gestión, así como la planificación de las políticas públicas que estos diseñan, pasa por el tamiz inherente al marco ideológico, el cual difiere de un marco de Estado más amplio que aquél. En este aspecto, se producen alianzas y apoyos a iniciativas de política exterior en las que se privilegia aquellos gobiernos que manifiestan solidaridad con el gobierno venezolano, lo cual frecuentemente está reñido con el interés del Estado venezolano. Para comprender este factor es importante resaltar la diferencia entre apoyar la cooperación con estados democráticos, lo que debe constituir una política de Estado para Venezuela, al hecho de privilegiar la profundización de relaciones económicas y comerciales con estados cuyo sistema político muestra las clásicas características de las sociedades cerradas que presentan un pobre record en materia de respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión, por citar un ejemplo. b) Como consecuencia de lo planteado en el punto a), la eficiencia de la burocracia encargada de poner en práctica la política exterior muestra una bajísima calidad. El sesgo ideológico genera una cultura organizacional ineficiente en tanto que los parámetros que habrán de medirla no están directamente vinculados a su eficiencia ni a su eficacia, factores estos que pesan menos que su coherencia con el modelo impuesto. Adicionalmente, este factor trae consigo también otro hecho negativo. Los funcionarios cobran conciencia de que serán evaluados por su apego a criterios puramente políticos, y de no estar de acuerdo con ellos tienden a ocultar sus criterios para salvaguardar su estabilidad laboral, lo que redunda en desinterés y falta de iniciativas creativas para abordar los problemas y retos de la gestión. Es decir, la
poca libertad del funcionario para asumir iniciativas que no sean políticamente correctas inhibe y coarta su desempeño. Hemos elaborado estas notas sólo como preámbulo al estudio antes mencionado del profesor José Bruzual, quien desarrolla de manera sistemática la evolución de la situación del servicio exterior venezolano a partir del examen de la propuesta de Ley del Servicio Exterior actualmente en discusión en la Asamblea Nacional. Este proyecto, a nuestro criterio, está orientado a reforzar una serie de aspectos negativos y a otorgarle un piso jurídico a toda una serie de desviaciones que han venido constituyéndose en prácticas habituales en el servicio exterior. Una de tales desviaciones, y quizá la principal de ellas, consiste en la tendencia a desprofesionalizar la función pública en el campo de la política exterior. En la medida en que el Estado cuenta con un funcionariado estable, con un nivel razonable de continuidad administrativa, este funcionariado tiende a operar en función de los intereses del Estado más que en función de los intereses de un gobierno en particular. El proyecto en cuestión, por el contrario, le otorga al poder ejecutivo, y en concreto al presidente de la república, la potestad de designar la totalidad del personal diplomático, además de que tales designaciones se pueden efectuar sin que sea necesario verificar un nivel mínimo de calificación y evaluación de las competencias del funcionario para el ejercicio del cargo. Un servicio exterior constituido de esta forma no sólo no representa al Estado, sino que por el contrario se convierte en una suerte de servicio exterior de un partido y/o una ideología. La preocupación principal de una burocracia con estas características no es la de resguardar los intereses de la república en el campo internacional, sino la de mantenerse estrictamente apegado a las directrices exclusivamente políticas que emanan del poder ejecutivo, en tanto esta conducta es la única que le garantiza su permanencia en el cargo. Esto constituye, a todas luces, una práctica que contradice los principios elementales que debe respetar una administración pública con criterio de estado, favorece, además, y de manera franca, la utilización de los recursos del Estado a favor de una parcialidad política y en consecuencia perjudica al ciudadano en tanto los intereses que son promovidos y defendidos por este funcionariado no representan al conjunto de la sociedad.
La Asamblea Nacional y el acceso a la información parlamentaria.
Por Marianny Pacheco (@mariannypacheco) El Poder Legislativo de una nación es una de las bases institucionales donde se fundamenta la acción pública, constituyendo su principal fuente de control y guía básica a través de la creación de las normativas que definirán dicha acción. Normativas que a su vez deberán ser producto del conocimiento de las necesidades ciudadanas, y por tanto, una institución que sea un espacio de resonancia y respuesta a estas demandas. Ahora bien, para que la ciudadanía pueda beneficiarse de esta institución, y que los mismos ciudadanos brinden herramientas para la definición de dichos instrumentos legales, necesariamente deben conocer de su funcionamiento, metodologías de acción y del trabajo que se esté realizando dentro de la misma. Es decir, que pueda mantenerse informado de forma veraz y completa, de la labor llevada por esta institución donde reside la deliberación pública. En el presente artículo se observará cómo en Venezuela ese derecho ciudadano de estar informado sobre la gestión pública, específicamente del trabajo del parlamento, presenta limitaciones importantes y preocupantes para una ciudadanía crecientemente ávida de respuestas. El derecho humano a estar informados. La posibilidad de obtener información sobre la actividad estatal es un Derecho ciudadano tipificado a nivel constitucional. La carta magna venezolana lo consagra en su artículo 58 como el derecho ciudadano a la información “oportuna, veraz, imparcial y sin censura”. En la Constitución Nacional también se establece que la Administración Pública, por estar al servicio de los ciudadanos10, tiene el derecho de: “(…) ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública sobre el estado de las actuaciones en que estén interesados, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad”11.
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Artículo 141. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1999. Artículo 143. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1999.
Parlamentoscopio ® | Número 2 | Mayo 2012
Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: necesidad de unos, voluntad de otros. A pesar de estar establecido constitucionalmente como un derecho ciudadano, el acceso a la información pública continúa estando limitado en gran medida, y como se mencionó, en el caso de la información legislativa es resaltante. El hecho de que en el país no existe una normativa que verse específicamente sobre este derecho, que lo promueva y proteja como una garantía ciudadana, se considera como una de las causas de que dichas carencias institucionales para informar al ciudadano persistan. Con el inicio de la actual legislatura (2011-2016) fue presentado en el mes de marzo de 2011 el Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública12 a la Comisión de Contraloría, por parte de los diputados Rodolfo Rodríguez, Andrés Velásquez, Carlos Ramos, Richard Arteaga, Abelardo Díaz y Juan Pablo García. Se procedió a la creación de una subcomisión especial para la discusión del proyecto y que con esto entrara en la agenda legislativa para su primera discusión13. El objeto fundamental de la Ley es: (…) hacer posible el ejercicio del derecho de las personas a acceder a la información pública, conforme a las garantías consagradas en la Constitución Nacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás tratados internacionales vigentes ratificados por Venezuela14. Y con ello se pretende facilitar el control ciudadano de la gestión pública, posibilitar la fiscalización efectiva de la administración pública, y por tanto fortalecer la democracia. Su ámbito de aplicación estaría en los poderes públicos nacionales, los regionales y municipales, así como también en distintas personas jurídicas de derecho privado con cierto porcentaje de acciones pertenecientes al Estado, delegatarios de servicios públicos del Estado, y hasta los Consejos Comunales, Comunas, y otros organismos que tengan poder de decisión sobre asuntos y recursos públicos.
Para revisar el Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública completo siga el siguiente enlace. De acuerdo a datos proporcionados por la organización Transparencia Venezuela en un informe especial publicado por el grupo Monitor Legislativo relativo a este proyecto de ley (Año 2011): http://monitorlegislativo.net/analisis/informes/10/ 14 Artículo 1. Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (cursivas añadidas). 12
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Además, el proyecto de ley establece elementos como la máxima publicidad, o publicidad total de la información de acuerdo a su tipo, así como los medios de presentación (escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático, entre otros). El órgano encargado de garantizar el derecho sería una “Comisión para la Información”, un órgano que tendría autonomía operativa, presupuestaria y decisional.
gubernamentales de apoyo tal como la Radio de la Asamblea (AN Radio) o Venezolana de Televisión16. Este hecho limita la posibilidad del ciudadano de obtener los datos parlamentarios de diversas fuentes comunicacionales, considerando que los contenidos emitidos por estos medios, tienen un corte poco equilibrado enfocado netamente a la labor del partido de gobierno dentro de la Asamblea, así como de la actividad presidencial.
Por otra parte, el proyecto de ley establece la presentación de informes regulares sobre gestión, los procedimientos para realizar las peticiones de información, los lapsos máximos de respuesta, así como las sanciones ante negativas o incumplimientos de la ley.
Asimismo, es resaltante cómo el cambio en la presidencia de la Asamblea Nacional para este año 2012 también se ha traducido en mayores limitaciones para los medios de comunicación privados. A partir del mes de marzo además de impedírsele el acceso a las sesiones, los medios privados que cubran la fuente parlamentaria tendrán otras restricciones referidas al cambio de las puertas de acceso y posibilidades de tránsito y estadía en la Asamblea, limitación en cuanto a las áreas de realización de las tomas de video, declaraciones, entrevistas; así como también tienen nuevos lineamientos sobre el ingreso de fotógrafos en el palacio legislativo (sólo podrá ser realizado por grupos)17 .
Aunque consiste en un proyecto de ley completo y necesario, así como de gozar de la anuencia de la mayoría de diputados que compone la Comisión de Contraloría, no se tiene noticias sobre el proceso legislativo o al menos su discusión. Con lo cual se le cierra la posibilidad de ejercicio del derecho a saber. Paradójicamente destaca cómo existen normativas de este tipo en distintas regiones del país15, lo cual demuestra la necesidad pujante, que tienen los venezolanos de estar informados. Medios de comunicación parlamentario.
y
el
muro
Más allá de las carencias que puedan existir en el acceso a la información pública, una alternativa para sobreponerse a esta realidad han sido los medios de comunicación social. No obstante en el ámbito parlamentario esa alternativa de acceso cada vez está siendo más limitada por determinaciones de la misma institución, tanto por el RIDAN como por la propia Junta Directiva.
Todo esto constituye perjuicio claro y directo tanto para el derecho de acceso a la información pública, como a la libertad de expresión que lo compone; impidiendo así el curso regular de un verdadero sistema democrático, donde haya ciudadanos con acceso libre y oportuno a la información pública como parte de una comunicación entre Estados y sociedad basada en pautas de respeto, transparencia y participación.
Edición y diagramación Xavier Rodríguez Franco Coordinación Marianny Pacheco Colaboradores Alejandro Martínez y Jemirson Ramírez
El tratamiento hacia los medios de comunicación privados en la Asamblea Nacional es preocupante en este sentido. Por prerrogativa del RIDAN, el único medio de comunicación con posibilidad de acceso al salón de sesiones es la televisora de la Asamblea Nacional (ANTV), así como otros medios
Artículo 97. Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional. 2010. 17 Vea la nota de prensa con el listado de nuevas limitaciones impuestas a los medios de comunicación en la AN: http://entornoparlamentario.com/2012/03/13/imponennuevas-limitaciones-al-trabajo-de-los-medios-decomunicacion-en-la-an/ 16
Destacan las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los estados Miranda, Nueva Esparta, Anzoátegui, Lara y Zulia. Así como las Ordenanzas de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los municipios Baruta, Los Salias, Campo Elías, Maneiro, San Diego y Chacao (Informe Transparencia Venezuela; 2011: 3) 15