Primer Ciclo de Educación Infantil. Incierto futuro en la enseñanza privada

Luis Centeno Caballero _ Secretario General Adjunto de EC

El día 2 de febrero el BOE publicó el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, que contempla en su artículo 5 una “progresiva implantación del primer ciclo mediante una oferta pública suficiente”. Sin embargo, en el Proyecto de Real Decreto enviado al Consejo Escolar del Estado el pasado mes de octubre, se indicaba expresamente que “se tenderá a la progresiva extensión de la gratuidad al primer ciclo”.

Evidentemente, de la redacción inicial remitida para Dictamen, a la aprobada en Consejo de Ministros dista un abismo y confirma que el MEFP ha optado por aplicar de forma literal la línea marcada por la Disposición Adicional Tercera de la LOMLOE, cuya prioridad absoluta hacia la creación de plazas públicas motivó, entre otras causas, las movilizaciones contra el Ministerio dirigido por la ex Ministra Isabel Celaá.

De esta manera, el Real Decreto de Educación Infantil evita otros modelos posibles de garantizar una oferta gratuita, plural y suficiente en el ciclo 0 a 3 años (mediante subvenciones, cheques guardería, etc.), que es lo que realmente desea la sociedad, mediante la colaboración del sector público y privado, obviando el artículo 15 de la LOE vigente que establece: “Asimismo, coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. A tal fin, determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, otras Administraciones y entidades privadas sin fines de lucro”.

"Solo aquellos que tengan recursos económicos suficientes, podrán elegir un centro de Infantil diferente de los creados por los poderes públicos"

Muro contra la libertad de elección de las familias

Por ello, el Real Decreto 95/2022 supone un muro contra la libertad de elección de las familias y de la libertad de enseñanza, consagrados en el artículo 27 de la Constitución, máxime cuando la LOMLOE insiste expresamente en el carácter “educativo” del primer ciclo de Educación Infantil. Dicho de otro modo, solo aquellos que tengan recursos económicos suficientes, podrán elegir un centro de Infantil diferente de los creados por los poderes públicos.

Para el MEFP y muchas administraciones educativas, la campaña actual de incremento de la oferta de plazas públicas en Infantil 0-3 años, obedece a los requisitos impuestos por la Unión Europea para el empleo de los fondos públicos de reconstrucción y resiliencia con motivo de la COVID-19. No obstante, en la propia Conferencia Sectorial de Educación celebrada el pasado mes de diciembre, el Ministerio se comprometió a remitir una consulta escrita a la Comisión Europea sobre la posibilidad de extender dichos fondos y, por lo tanto, la gratuidad de este ciclo, a centros privados existentes o a la ampliación de unidades en dichos centros.

Sin embargo, el tiempo transcurre en contra del futuro de los centros privados de Infantil. Son muchas las administraciones educativas que ya han anunciado la creación de miles de plazas públicas de 0-3 años (65.000 plazas públicas y gratuitas). La propia Comunidad de Madrid ha comunicado que en los Presupuestos de 2022, se ha incluido una partida de 54 millones de euros para crear plazas públicas 0-3, lo que conllevará la construcción o ampliación de 38 centros públicos, que ofertarán plazas gratuitas desde 0 hasta 12 años (Infantil y Primaria completas).

Para conocer mejor el contexto de este colectivo conviene tener en cuenta que la red de centros privados está formada, principalmente, por autónomos, micropymes y pymes, con una limitada capacidad económico-financiera. Antes del inicio de la pandemia sanitaria existían en nuestro país más de 5.100 centros educativos 0-3, que escolarizaban a más de 250.000 alumnos y alumnas, y que empleaban a más de 50.000 profesionales, la mayoría personal joven y femenino.

"Es imprescindible la implementación de modelos complementarios de financiación, que hagan compatible la oferta pública y privada"

Crisis agravada por los efectos de la COVID-19

Sin embargo, desde hace dos años, este sector está inmerso en una profunda crisis, agravada por los efectos de la COVID-19, que está derivando en el cierre constante de centros, superándose en la actualidad alrededor del 20% desde el inicio de la pandemia, con la consiguiente pérdida de empleo que ello conlleva.

Ya antes de la aparición de la COVID-19, el descenso de la natalidad estaba poniendo contra las cuerdas a numerosos centros, agravada por la persistente competencia desleal de establecimientos que se publicitan engañosamente como centros de Educación Infantil, sin la oportuna autorización administrativa. Asimismo, factores como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional o de las cotizaciones para las empresas, junto a la extensión del teletrabajo han propiciado un descenso de las matriculaciones que va desde el 40% hasta más del 80%.

Por todo ello, es imprescindible la implementación de modelos complementarios de financiación, que hagan compatible la oferta pública y privada, permitiendo el mantenimiento y mejora del empleo y de los salarios del personal educativo, así como la prestación de un servicio de interés público esencial, posibilitando a las familias la elección del tipo de educación que desean para sus hijos desde la primera edad de escolarización.

Por último, consideramos que no tiene sentido prescindir de la red actual de centros privados de Infantil, condenando a estos centros a cerrar sus aulas por el descenso de natalidad, situación económica, pandemia... y destinar millones de euros a crear nuevas plazas públicas. Salvo que con esta estrategia se quiera fortalecer desde abajo a los centros públicos de Infantil y Primaria. Pero entonces, ya no se trataría de conciliar la vida laboral y familiar, como propone la Unión Europea, sino de apoyar sin tapujos a la enseñanza pública y eliminar la competencia de privados y concertados (desde 3 años).

CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA INFANTIL EN LA LOMLOE

Como novedad, el Real Decreto 95/2022 regula los dos ciclos de Educación Infantil en el ámbito estatal, al otorgar al primer ciclo una naturaleza exclusivamente educativa (ni asistencial, ni educativoasistencial). De alguna manera, esto ya aparecía en la LOE de 2006, pero ahora se acentúa dicho carácter.

A partir de las enseñanzas mínimas fijadas por el Gobierno en dicho Real Decreto, las administraciones educativas completarán el currículo y desarrollarán la implantación a partir del curso 2022-23. Asimismo, el MEFP ya prepara un nuevo Real

Decreto sobre requisitos mínimos de los centros privados, que incluirán espacios exigibles para obtener la autorización en primer ciclo, cuestión que ahora era competencia de las comunidades autónomas.

Respecto al análisis de los contenidos básicos contemplados en el mismo, detectamos una reducción de aspectos importantes, unos criterios de evaluación dirigidos a la cuasi promoción automática y una mayor diferenciación entre territorios, junto a la inclusión de aspectos ideológicos, bien de forma transversal en todas las asignaturas,

como en la nueva materia de Valores Cívicos y Eticos. Como aspecto positivo, se resalta una mayor autonomía de los centros a la hora de concretar el currículo en las programaciones, así como en las metodologías propias.

Por último, consideramos que la ausencia de una alternativa de rigor académico a la clase de Religión, devalúa el carácter de esta materia y se separa de lo establecido em los Acuerdos de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede, que alude a un “tratamiento equiparable al resto de materias fundamentales”.