GACETA POLÍTICAS 266

plagade delala la plaga

Corrupción Jacqueline Peschard Arturo Chávez Maximiliano García Ricardo Uvalle

N° 266 | Febrero 2018

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DIRECTORIO UNI VERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Rector Enrique luis Graue Wiechers Secretario General Leonardo Lomelí Vanegas Director General de Comunicación Social Néstor Martínez Cristo

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES Directora María Angélica Cuéllar Vázquez Secretario General Arturo Chávez López

GACETA POLÍTICAS Director Luciano Mendoza Cruz Subdirector César Emanuel Reséndiz Silva CORRECCIÓN DE ESTILO Leticia Martínez Eslava Diseño e ilustración Ángela Alemán León Nancy García Arias Unidad de Información David Romero Moya David Iván Fernández Cano León María Martina Rangel Gómez Alicia Odette Mendoza Álvarez Daniela Jocelyn Chávez Enríquez Abigail Bonilla Méndez Evelin Thomas Romero Aline Citlalli Espinosa Gutiérrez Osvaldo Aburto Téllez José Luis Feria Enríquez Tamara Mares Rivera Alejandra Reyes Molina Alan Neftal i Márquez Ocampo

PRESENTACIÓN

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a corrupción es un problema existente en todas las sociedades y en todos los tiempos, pero en el presente de México se ha vuelto un lastre para el desarrollo económico y social, así como para la democracia. La ciudadanía percibe este trastorno como el segundo más grave después de la seguridad.

Un eje en las precampañas de las coaliciones que contenderán por la presidencia el próximo mes de julio es el combate a este fenómeno y el castigo a los corruptos. Por ello Gaceta Políticas invitó a especialistas a exponer el tema: Jacqueline Peschard, Ricardo Uvalle, Maximiliano García y Arturo Chávez.

Los académicos de nuestra Facultad analizan distintas aristas del asunto, el Sistema Nacional Anticorrupción, la participación de los empresarios, sus causas principales, su relación con el desarrollo –o su desconexión de éste–, su vínculo con la democracia e indicadores para medirla. Desde perspectivas diferentes se presentan enfoques y conceptos para abordar este fenómeno político y social.

En diciembre se llevó a cabo el congreso xxxi de la Asociación Latinoamericana de Sociología (alas), en Montevideo, Uruguay. Asistieron varios profesores del plantel y destacó el nombramiento de nuestra directora, doctora Angélica Cuéllar Vázquez, como integrante de la nueva Comisión Directiva.

En noviembre la unam otorgó Doctorados Honoris Causa a personas destacadas en sus campos de trabajo. Uno de ellos fue para Enrique González Pedrero, ex director de esta escuela, quien posteriormente nos visitó para ofrecer una conferencia magistral.

Entre los muchos eventos académicos que tuvimos en el trimestre destaca la visita de Marcos Roitman, quien dictó la conferencia: Desafíos de la sociología frente a la crisis política contemporánea, y dialogó con los docentes y alumnos que le escucharon. También nos visitaron dos distinguidos académicos de Colombia, quienes ofrecieron pláticas sobre la trata de personas y el proceso de paz en su país: Misael Tirado, de la Universidad de Colombia, y Martha Lucía Bahamón, de la Universidad Militar Nueva Granada.

El ombudsman nacional, Luis Raúl González, asistió a la sesión de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas con sede en la fcpys, y participó en la conferencia: Trata de personas en contextos de movilidad, en la que participaron o estuvieron presentes académicos de diversas universidades y representantes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

Finalmente, hacemos notar que la carrera de Relaciones Internacionales cumplió 50 años de impartirse en la unam, por lo cual se realizó un acto conmemorativo organizado por las coordinaciones de esta licenciatura del sistema escolarizado y el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia.

Gaceta Políticas, No.266, “La plaga de la corrupción”, Febrero 2018, es una publicación trimestral editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Edificio “G”, Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, cdmx. Tel.: (0052) 55.56.22.94.70 (ext. 84352). Correo electrónico: informacion.ceu@politicas.unam.mx. Editor responsable: César Emanuel Reséndiz Silva. Reserva de Derechos al uso Exclusivo No. 04-2016-060316453200-102, issn: 2448-8615, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Certificado de Licitud de Título y Contenido No. en trámite, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaria de Gobernación. Impresa por La Liga Comunicación, calle Norte 90, no. 5405, Col. Gertrudis Sánchez, cdmx, tel. 91803071, info@laligacomunicacion.com. Este número se terminó de imprimir el día 24 de febrereo de 2018, con un tiraje de 3000 ejemplares, impresión tipo offset, con papel bond de 90 grs. para interiores y papel couché de 250 grs. para forros. Las opiniones expresadas por los autores no reflejan necesariamente la postura del editor de la publicación ni de la unam. Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos aquí publicados, siempre y cuando se cite la fuente completa y la dirección electrónica de la revista.

Consulta la versón electrónica en gacetapoliticas.unam.mx

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ÍNDICE

Actualidad 2 5 9 14

Las múltiples aristas de la corrupción | Jacqueline Peschard Transparencia y rendición de cuentas. Relaciones y contradicciones | Arturo Chávez Subdesarrollo, instituciones públicas y corrupción | Maximiliano García Corrupción, democracia y Estado de derecho en México | Ricardo Uvalle

academia 18 19 20 22 23 24 26 26 27 28 28

Enrique González Pedrero, Honoris Causa 2017 Latinoamérica, tiempos de cambio Las ciencias sociales, subversivas y críticas Trata de personas en contextos de movilidad Colombia, conflictos actuales Relaciones Internacionales, 50 años de estudio Trump, un año en el poder Periodismo tradicional o digital Integración latinoamericana Compromiso con los derechos humanos Populismo, síndrome político

ESTUDIANTIL 29 29

Otra manera de culminar la formación universitaria Cortometraje contra el acoso

Entrevista 30

Democracia y periodismo. Entrevista a Fernando Vallespín Oña

LIBROS 32

Novedades editoriales

Las múltiples aristas de la corrupción Jacqueline Peschard Mariscal Doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de Michoacán; fue consejera del ife, comisionada del ifai y presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Es profesora titular en el Centro de Estudios Políticos de la Facultad.

“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad.” (Convención de la onu contra la Corrupción) 1. La corrupción como sistema

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l tema de la corrupción se ha colocado en el centro de nues­ tras preocupaciones y agravios como sociedad. En México, los casos de este tipo son cada vez más vi­si­ bles y somos conscientes de cómo for­ man parte del entramado ins­ti­tu­cio­nal y de sus consecuencias dañinas para el sis­ tema económico y político, así como para las formas de convivencia social. De acuer­ do con estimaciones del Banco Mun­dial y la oea1, la corrupción en el país represen­ ta cerca del 10% del pib, pero también es un fenómeno que deteriora nuestro ya de suyo frágil Estado de Derecho y las in­ cipientes instituciones democráticas en­ car­ga­das de hacer efectivos los de­rechos humanos, políticos y sociales.

Es difícil señalar a un país en don­ de no haya corrupción y por ello la onu desarrolló en 2003 una Convención para buscar la cooperación entre naciones a fin de comprender sus efectos nocivos y diseñar fórmulas para combatirla y pre­ve­ nir­la de manera eficaz, mediante ade­cua­ das políticas públicas.2 Por ello, podemos afir­mar que si bien este mal es global, sus efectos son especialmente devastadores en lugares en donde se com­ple­men­ta con la impunidad, es decir, en donde, como en México, no hemos lo­gra­do que se le castigue regular y sistemáticamente, al­

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actualidad

canzando incluso a los más altos cargos gubernamentales.

A pesar de que todos tenemos una no­ ción general sobre lo que es la co­rrup­ción, se trata de una práctica que se ha ido ha­ ciendo cada vez más compleja, que corre por los rincones oscuros de las ofi­ci­nas gu­ber­na­men­ta­les y las empresas pri­va­das y que es difícil de identificar y con­tro­lar, aun cuando percibimos sus efectos. No es un asunto de una ni de dos personas —el que corrompe y el que se deja corrom­ per—, sino involucra una red de interre­ laciones de complicidad que permite que se protejan mutuamente aquéllos que se benefician de modo personal de las des­ viaciones de recursos públicos y los abu­ sos de autoridad, en fin, de la violación a las leyes y la ausencia de responsabilida­ des públicas acreditadas.

La corrupción se refiere al abuso de la función pública, al desvío de recursos del erario en beneficio de un funcionario, o de varios, es decir, es un uso patrimonial del dinero público que es de todos y no de quienes lo administran. Abarca desde peculado (dar autorización para allegar­ se de recursos públicos), cohecho (exigir o aceptar beneficios no establecidos en la remuneración), tráfico de influencias (uti­li­zar el cargo público para inducir a otro a que incumpla con sus fun­ cio­ nes legales), utilización de información pri­ vilegiada (adquirir bienes que puedan incrementar su valor, obteniendo ventaja privada), venta de resoluciones judiciales para favorecer a un particular en es­pe­cí­ fi­co, entre otros.3 En suma, la corrupción es una acción que violenta la legalidad, que se asocia a la actuación de quienes ocupan cargos públicos con altos nive­ les de responsabilidad, aunque los privados también participan en actos como éstos mediante sobornos o pagos para fa­ci­li­tar la obtención de algún contrato o convenio público. Esto es lo que hace que dichas acciones sean sis­té­mi­cas, porque atravie­ san trans­ver­sal­men­te a todas las estruc­ turas pú­bli­cas, ge­ne­ran­do una verdadera cul­tu­ra de la ilegalidad y el abuso.

Es difícil aprehender y medir la co­ rrupción, justamente porque transita por veredas invisibles, pero las percepciones de la población sobre la misma se han ve­ ni­do monitoreando a través de estudios

como el de Transparencia Internacional, que se realiza desde 1993 y que ahora abarca a 176 países. La evolución de sus datos en los últimos años muestra que en México se ha incrementado la percep­ ción sobre la corrupción sensiblemente, pues mientras en el 2000 ocupaba el lu­ gar 59, en 2016 alcanzó el sitio 123. Mé­ xico se concibe como uno de los países más corruptos de América Latina, sólo por debajo de Venezuela, Haití, Guate­ mala y Nicaragua.4 La corrupción no es nueva en nuestro país, pero tradicionalmente fue vista como un fenómeno cotidiano y hasta fun­cio­nal al sistema político porque ayu­da­ba a acei­ tar las deficiencias de la ad­mi­nis­tra­ción pública. Todos sabíamos que exis­tía, pero volteábamos la cara y éramos to­le­ran­tes porque nos facilitaba trámites y hasta nos eximía de multas y pagos; sin embar­ go, la frecuencia con la que hoy suceden tales casos y lo escandaloso que son los volúmenes de recursos in­vo­lu­cra­dos que se reproducen en todos los ámbitos mu­ nicipales, estatales y federal del país, ha provocado el hartazgo de la población.

Hoy existe un clamor porque se sancione a todos los funcionarios públicos que se han aprovechado de sus cargos para en­ riquecerse a costa de los demás. Es en este contexto en el que surgió el Sistema Nacional Anticorrupción, producto de la reforma constitucional en 2015.

2. Promesas y desafíos del Sistema Nacional Anticorrupción en México A pesar de que desde el inicio del go­bier­ no de Peña Nieto la corrupción estaba en el centro de la agenda pública, no fue sino hasta mayo de 2015 que se reformó la Constitución para dar lugar al Siste­ ma Nacional Anticorrupción (sna)5 y se diseñó un organismo para enfrentar un problema sistémico que corroe a todo el aparato institucional de nuestro país.

El sna es un entramado institucional de carácter nacional que fue ideado para homologar principios, reglas y procedi­ mientos para detectar, investigar, san­ cionar y prevenir actos de corrupción en todas las instancias del poder público en los tres niveles de gobierno. Su diseño busca cerrar las brechas legales y las asi­

metrías en capacidades institucionales que existen en el país, para desmontar el “pacto de impunidad” que involucra a todas las fuerzas políticas en el contexto de la pluralidad en México. Si durante la época del partido hegemónico, uno solo tenía el timón de la corrupción, hoy se lo disputan los diferentes partidos, prote­ giéndose entre sí.

Los grandes pilares innovadores del sna son la coordinación entre au­to­ri­da­des de los tres poderes que tienen fa­cul­ta­des para combatir y controlar la co­rrup­ción y, de manera subrayada, la dirección ciuda­ dana. El Sistema apuesta a no de­jar en manos de una sola instancia la investi­ gación y sanción de actos ilícitos y a que un cuerpo ciudadano impulse y potencie las atribuciones y capacidades de las dis­ tintas entidades públicas, y conduzca la agenda del combate a la corrupción.

Así, el órgano rector del sna, que es el Comité Coordinador, está integrado por las dos entidades del control interno y externo del presupuesto público; es de­ cir, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, además del Tribunal Federal de Jus­ti­cia Administrativa, que sanciona las faltas graves; del Fiscal Es­pe­cial Anticorrup­ ción, encargado de perseguir delitos de esta índole; del inai, que garantiza la transparencia de todos los entes públicos; del Consejo de la Judicatura Federal, que vigila el desempeño administrativo en el Poder Judicial. Estas seis entidades están presididas por la cabeza del Comité de Participación Ciudadana (cpc), confor­ mado por cinco ciudadanos, nombrados a su vez por otros 9.6 La gran novedad de este entrama­ do institucional es que la participación ciudadana no se reduce a vigilar desde fuera al Comité Coordinador, sino for­ ma parte integral del mismo y lo preside para poder impulsar el cumplimiento de sus objetivos. Desde luego que esto debe de hacerlo en vinculación estrecha y comunicación permanente con las orga­ nizaciones sociales relacionadas con las materias del Sistema, las cuales diseñan y trabajan en agendas de control de la corrupción. Es cierto que el cpc no tiene facultades de investigación ni de sanción, pero tiene la autoridad mo­ral que le da

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su origen y cons­titución ciudadana para potenciar las tareas que tienen encargadas los entes públicos que conforman el órga­ no rector. La única nue­va entidad pública que se crea como parte del Sistema es la Secretaría Ejecutiva, que es un organismo descentralizado, no sectorizado, encargado de la operación téc­ni­ca para respaldar las tareas del propio Comité Coordinador.

Entre sus fun­cio­nes, la Secretaría admi­ nistrará la Plataforma Nacional Digital que está en construcción y que con­ juntará a todas las bases de datos sobre compras gubernamentales, declaraciones pa­tri­mo­nia­les y de intereses de los ser­ vidores públicos sancionados, así como de los responsables de los contratos de obra y servicios, de las resoluciones ad­ ministrativas y judiciales. Esta función es clave porque la apuesta del sna está en que sólo con información que pueda contrastarse de modo puntual será posi­ ble identificar tanto actos de corrupción como el repertorio de personas físicas y morales involucradas en los mismos.

Otra novedad es que el sna estable­ ce que las responsabilidades por actos de co­rrup­ción no son sólo de los funciona­ rios públicos, sino también de particulares que deben también ser sancionados, de ahí que la nueva Ley General de Res­ pon­sa­bi­li­da­des Administrativas contempla cas­ti­gos por enriquecimiento ilícito de par­ ti­cu­la­res que pueden llegar hasta la ex­ tinción de dominio de una empresa.

El modelo del sna abarca al ámbi­ to federal y a las 32 entidades federati­ vas, de suerte que la misma estructura del ám­bi­to federal debe replicarse en el local, lo cual implica remover muchas de las

iner­cias institucionales que persisten y más acentuadamente en el plano estatal y mu­ni­ci­pal. Por eso, uno de los prin­ci­pa­les re­tos que ha enfrentado el Sistema en su pri­mer año de vigencia es el de la cons­ truc­ción institucional, porque al no estar todas sus piezas funcionando, es imposible aspirar a que ocurra la coordinación entre sus competencias y actuaciones, que es lo que mandata la Constitución y las leyes.

De acuerdo con la Ley General del sna, todo el andamiaje institucional del país debería de estar instalado el 18 de julio de 2017, sin embargo, a enero de 2018 no estaban nombrados ni el Fiscal Especial Anticorrupción, ni los 18 ma­ gistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ni el Auditor Superior de la Federación, además de que sólo menos de la mitad de los estados cuenta con sus respectivos Sistemas Locales Antico­ rrupción y éstos con frecuencia ca­re­cen de los niveles de autonomía e independen­ cia que reclama el Sistema. Es impensa­ ble armar una lucha efectiva en contra de la corrupción si no existen fiscales y jueces que sean independientes para desplegar­ la, precisamente porque se trata de perse­ guir a altos funcionarios públicos y así lo han demostrado los casos exitosos en el mundo, desde el de Brasil y Guatemala, hasta el de Rumania.

El primer año de vida del sna tuvo como reto fundamental ganarse la con­fian­ za de la población, demostrar que no es una mascarada más y que va en serio el combate a este problema. Además de la edificación institucional incompleta, el sna, y en particular el Comité de Par­ti­ ci­pa­ción Ciu­da­da­na, tuvo que enfrentar

las expectativas que despertó entre la po­ bla­ción que exigía sanciones ejemplares, sobre todo para las cabezas de las redes de corrupción. Aunque en 2017 in­gre­sa­ron a la cárcel siete ex gobernadores acusa­ dos de desviaciones de grandes volúme­ nes de recursos gubernamentales, día a día aparece un nuevo caso de corrupción, gracias a las investigaciones que realizan organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos contra la Corrupción y la Im­ pu­ni­dad, Animal Político, la Red por la Rendición de Cuentas, fundar, Ar­tículo 19, México Evalúa, entre muchos otros.

El combate a la corrupción no pue­ de rendir frutos de la noche a la mañana por­que es una tarea titánica que abarca transformar no sólo prácticas ins­ti­tu­cio­na­ les arraigadas de las que se han be­ne­fi­cia­do muchos funcionarios y sus cómplices en el sector privado, sino asegurar que quie­ nes investigan y sancionan lo hagan con probidad y eficacia. Para ello, ne­ce­si­ta­mos que los ciudadanos se informen cada vez más y con datos más puntuales para de­ nunciar conductas desviadas de las nor­mas y estar mejor equipados para de­ fen­ der­ se frente a actos de corrupción que no sólo implican que los recursos públicos se utilicen para beneficio de la colectividad, sino que dañan directamente sus bolsillos familiares y personales.

En suma, el clamor social por una efec­ tiva lucha en contra de la corrupción ha ga­na­do centralidad y será sin duda un asun­to clave de la contienda electoral. Por ello, estoy convencida de que en este con­tex­to tan competitivo, ganará la pre­ si­den­cia quien logre convencer de que su programa para enfrentarla va en serio.

1 http://www. forbes.com.mx, mayo 2016 2 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ny, 2004, www.unodc.org 3 La Ley General de Responsabilidades Administrativas, derivada de la reforma constitucional sobre el Sistema Nacional Anticorrupción establece cuáles son las faltas administrativas que implican actos de corrupción., dof, 18/08/2016.

4 https://www.transparency.org 5 Aún siendo presidente electo, en septiembre de 2012, Peña Nieto ofreció tres grandes reformas como ejes de su gobierno: la de transparencia, de combate a la corrupción y sobre regulación en publicidad oficial. En 2014 se aprobó la reforma constitucional de transparencia y en mayo de 2015 la de combate a la corrupción.

6 El Comité de Participación Ciudadana es nombrado por el Comité de Selección del Sistema (9 integrantes de la academia, los grupos profesiona­ les y las organizaciones de la sociedad civil nombrados por el Senado). Transitorio Cuarto de la Ley General del sna, 8 de julio 2016.

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Transparencia y rendición de cuentas.

Relaciones y contradicciones Arturo Chávez López Maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”; profesor de tiempo completo en la Facultad, actualmente coordina el proyecto de investigación: “Riesgos de la seguridad nacional, retos y oportunidades”.

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uizás una de las realidades más evidentes de la sociedad me­ xi­ ca­ na, aunque es un fe­ nó­me­no universal, es el alto nivel de corrupción en todos los órdenes de la vida social. Como ejemplo re­cor­ da­re­mos algunos datos: “Los niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes y los pocos o muchos intentos para reducirlos han sido un fracaso. En 2014 México obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles y el lugar nú­me­ ro 103 de 175 países, según Transparen­ cia Internacional. Dichas cifras coin­ci­den con las del Banco Mundial, que reprueba a México con una evaluación de 39 (so­ bre 100) en sus indicadores de control de la corrupción y lo coloca en el lugar 127, o sea, uno de los países más corrup­ tos.”1 Es decir, estamos más que reproba­ dos. Otro dato, “el 44% de las empresas en México realizan pagos extraoficiales a funcionarios públicos, de acuerdo con una encuesta de Fraude y Corrupción. Las prin­ci­pa­les razones por las cuales los em­ pre­sa­rios dicen haber tenido que hacer un pago de este tipo son: para agilizar trá­mi­tes, obtener licencias y permisos, impedir abusos de autoridad, ganar con­ tratos y par­ti­ci­par en licitaciones”. En la actualidad hay ocho gobernadores acu­ sados de escandalosos hechos de corrup­ ción. Algunos de ellos están en la cárcel, pero es vox populi que muchos presiden­

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tes municipales, diputados y en general la cla­se política de nuestro país, tiene prác­ ti­cas corruptas en distintos momentos, ya sea para ser electos, o en su ejercicio como funcionarios públicos. Si a esto le su­ mamos la corrupción de los ciu­da­danos de a pie en la realización de trámites bu­ ro­crá­ti­cos, multas de tránsito, y una canti­ dad in­nu­me­ra­ble de acciones sociales, nos en­con­tra­mos frente a un fenómeno de dimensiones impresionantes.

Sin embargo, una verdad tan evi­den­te, y tan supuestamente rechazada, contie­ ne una serie de enigmas que es necesario pensar. ¿Por qué si todos decimos recha­ zar la corrupción es una práctica co­ti­dia­ na?¿Es cierto que es la misma co­rrup­ción la mordida a un policía, que los fraudes cometidos por un gobernador? ¿Es la clase política el sector más co­rrup­to? ¿Los empresarios son víctimas o tam­bién una pieza clave en el engranaje de la corrup­ ción? Por otro lado, hay que preguntarse. ¿Se trata de un problema moral o es re­ sultado de la forma en que están organi­ zadas las instituciones? ¿Es ver­dad que a alguien en México realmen­te le interesa resolver el problema o sólo se toman me­ didas políticas para, nuevamente, ocultar el fondo del asunto? Y, sobre todo, ¿cuáles son las con­se­cuen­cias de la corrupción en México y a quién le conviene?

Estas preguntas van de la mano con un tema que hoy también es moneda co­ rrien­te en nuestra sociedad: la trans­pa­ren­ cia en general, y en particular la rendi­ ción de cuentas de los gobernantes.

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Hoy suponemos que el avance tec­no­ ló­gi­co, en específico el de las tecnologías de la comunicación, hace que vivamos en una comunidad más informada. Algunos ingenuos la denominaron sociedad del co­ no­ci­mien­to. Las redes sociales, la te­le­vi­sión digital, los teléfonos inteligentes apare­ cían como la panacea de la transparencia.

Sin embargo, las redes sociales se sa­tu­ ran con basura informativa, son fá­cil­men­te manipulables y no sirven como prue­ba de­ finitiva; así, la sociedad de la in­for­ma­ción se convierte en la sociedad de la pos­ver­dad, retornamos al mundo de la doxa, de la opinión. Le creemos a quien nos convie­ ne en un mercado de múltiples verdades.

Por otro lado, la llamada transición a la democracia, el desarrollo del plu­ra­lis­mo partidista y el surgimiento de ins­ti­tu­cio­nes supuestamente autónomas, como el ife, hoy ine; el ifai, hoy inai, nos permitirían garantizar elecciones libres, imparciales y equitativas, así como el acceso de la ciudadanía a la información sobre la forma en que se ejercen los recursos pú­bli­cos. Si a esto sumamos la creación de la Secretaría de la Función Pública, que pre­ten­día vi­ gilar la actuación de la ad­mi­nis­tra­ción y el consiguiente combate a la corrupción, parece que tenemos un an­da­mia­je insti­ tucional aparentemente fuer­te.

Pero de nuevo hay una serie de in­ te­rro­gan­tes que, para seguir un método, plan­tea­re­mos de lo general a lo par­ti­cu­ lar. ¿Vivimos realmente en un régimen democrático? ¿Las instituciones son au­tó­ no­mas? ¿Existe una división de poderes?

¿Contamos con un poder judicial con su­ fi­ cien­ te autonomía, capaz de hacer cumplir el Estado de Derecho? ¿El poder ju­di­cial no juega en el concierto de inte­ reses políticos del país? y en ese sentido, ¿Qué papel tiene la denominada judicia­ lización de la política?

Con relación a la transparencia, el he­ cho de que nos digan en qué se gastó el dinero, ¿realmente hace transparente a un gobierno? ¿Existe la capacidad técni­ ca en la ciudadanía para saber preguntar y saber leer las respuestas en los re­que­ri­ mien­tos de información pública? ¿Están los gobiernos dispuestos a transparentar sus gastos y funciones? La transparencia que hoy practicamos, ¿enfrenta y resuelve el problema de la corrupción? ¿Es la ren­ dición de cuentas un ejercicio para in­for­ mar a la ciudadanía o se ha con­ver­ti­do en una forma más de propaganda política?

Por supuesto que no tengo res­pues­ tas a tantos enigmas. Solamente esboza­ ré algunas reflexiones que espero vayan más allá del sentido común al que esta­ mos acostumbrados con la opinocracia de este país.

1. De acuerdo con la definición de co­ rrup­ción establecida en el diccionario de política, ésta se refiere: “al fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupción es, por lo tanto, el comportamiento ile­ gal de aquel que ocupa una función en

la estructura estatal”. En el mismo dic­ cionario se mencionan tres formas de corrupción: “el cohecho, es decir, el uso de una recompensa para cambiar a su propio favor el juicio de un funcionario público; el nepotismo, la concesión de em­ pleo o de contratos públicos sobre la base de relaciones de parentesco y no de mé­ ritos, y el peculado por distracción, esto es, la asignación de recursos públicos para uso privado.” (Norberto Bobbio, 1995).

En suma, se trata de obtener beneficios privados con el uso de recursos públicos.

Pero a diferencia de Bobbio, consi­ dero que no sólo son los funcionarios públicos los que se benefician de los ac­ tos de corrupción, sino, y sobre todo, son los empresarios los que más dividendos obtienen de los propios recursos públi­ cos. Clase política y clase empresarial conforman un engranaje que ha hecho de la corrupción el mejor negocio en México. Todos hemos sido testigos de los socavones en vialidades; del hundi­ miento de carreteras; de los innumera­ bles baches; de la falta de luminarias; de la escasez de agua; de la caída de edifi­ cios construidos hace apenas un par de años durante el sismo del pasado 19 de septiembre, incluida una de las institu­ ciones de educación privada más pres­ tigiadas del país. Primera conclusión: la corrupción es algo que practican muchos y afecta a todos. Si se enfrenta sólo con la transparencia podríamos observar que la mayor parte de la información formal es­ taría a nuestra disposición, y que muchos

trámites se hacen de manera ade­cua­da, pero el problema no está ahí, porque nadie garantiza que lo que se nos ofrece documentalmente, en realidad ocurra.

2. Si indagamos un poco cómo funciona la administración pública nos daríamos cuenta que la propia normatividad, en sí misma, fomenta la corrupción en dos sentidos. El primero, la exigencia de una serie de requisitos y trámites que es mejor resolver por vía de la corrupción; normas legales que favorecen esta práctica. En se­ gundo, la opacidad en el ma­ne­jo de los re­ cur­sos públicos en el ejercicio del gasto, pero en especial en la supervisión de las obras o servicios contratados. En el pri­ mer caso son los funcionarios, es decir, la clase política la que se ve beneficiada por estas trabas burocráticas. En el segundo, que es el más importante en volumen, es la clase empresarial la más favorecida.

Esto es, mientras el sector político ob­ tiene el famoso diezmo, el empresarial percibe más del 100%, aparte de su ga­ nancia. En primer lugar, el precio paga­ do a los empresarios es del doble que el existente en el mercado y éste sobrepre­ cio del gobierno es una práctica común.

En segundo lugar, la empresa superviso­ ra, es, regularmente, una filial de la que ganó la licitación. Este ejercicio, el de la licitación, hoy sabemos que es una simu­ lación de competencia; se trata de com­ plicidades empresariales o, de forma más cínica, de empresas hermanas o fantas­ mas. Una segunda conclusión: para tener el nivel de corrupción existente en nues­

tro país son necesarias verdaderas redes, en donde, como cualquier mafia, unos se protegen a otros.

3. En los últimos 10 años se ha hecho una inversión importante en el supuesto combate a la corrupción: se creó una se­ cretaría de Estado, hoy estamos hablan­ do del sistema anticorrupción, más de cuatro mil millones de pesos nos hemos gastado en estas nuevas estructuras bu­ rocráticas y, sin embargo, la corrupción ha aumentado en lugar de haber dismi­ nuido (un fenómeno similar lo encon­ tramos en el combate al narcotráfico: en 10 años de guerra, la distribución y el consumo se han elevado dra­má­ti­ca­men­te).

Esto ocurre por un problema aún más radical que la supeditación de priori­ dades en un ámbito de actividades co­ rrectivas o preventivas de las que habla Mauricio Desauge, se trata de un con­ flicto de intereses; a la clase política no sólo no le interesa combatir la corrup­ ción, sino precisa encontrar los mecanis­ mos para aparentar que la combate y, al mismo tiempo, garantizar dos cosas: que ésta sea posible y en todo caso utilizarla como un medio de control político. Me explico, todos sabemos que el nivel de corrupción en los procesos de li­ci­ta­ción es algo normal, los propios empresarios consideran coma parte de sus gastos el porcentaje que obligadamente tendrán que dar al funcionario en turno. Cuando un ciudadano, empero, intenta denun­ ciar el acto, la respuesta in­me­dia­ta es “demuéstralo”. ¿Cómo se puede de­mos­

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trar un acto si no se cuenta con to­dos los elementos para hacerlo? En una cadena de opacidades que salpica a muchos, el ciudadano se frustrará y punto. Pero los corruptos se conocen y saben unos de otros, es necesario que sean cómplices; si alguno intenta romper esto, a él sí se le demuestra su hecho ilegal y es utilizado mediáticamente para presumir que hay una verdadera lucha contra tal práctica.

También se les aplica a quienes exceden los límites razonables de la corrupción.

El problema por lo tanto es com­pren­ der cuáles son las causas de ésta. Al res­ pec­to se han manejado dos tipos de argu­ mentos: el primero alude a un pro­ble­ma moral: se ha perdido la ética pública. El segundo las atribuye al desarrollo eco­ nómico de los distintos paí­ses; encuentra mayor corrupción en naciones pobres y menor en desarrolladas. Una tercera lí­ nea se refiere a la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, que se acompaña con la falta de un Esta­ do de Derecho donde se aplique la ley de manera estricta y escrupulosa; sostiene que los niveles de impunidad explican el alto grado de corrupción. Sin embargo, cada una de estas posturas termina con­ siderando que si hay un for­ta­le­ci­mien­ to de la ética pública, si hay más desarrollo eco­nó­mi­co, si se establece un verdadero Estado de Derecho o si se transparenta el uso de los recursos públicos, se so­lu­ cio­na el problema, pero no dicen cómo hacerlo o en su caso, sus propuestas caen nuevamente en el círculo vicioso que quisieron resolver. Tal fue el caso de la transparencia en México. Antes de abor­ dar este último tema sostendré que los dos primeros argumentos han sido prác­ ticamente abandonados. La postura mo­ ralista, porque las distintas moralidades que existen en la sociedad impiden el cumplimiento de la máxima kantiana de la moral universal. En todo caso se trata

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de tener leyes lo más legítimas posibles, como expresión de los consensos ma­ yoritarios sobre la moral de una época, que como todos sabemos es cambian­ te. La idea sobre el grado de desarrollo tam­bién está en desuso debido a que la co­rrup­ción se presenta en países muy de­ sa­rro­lla­dos o en muy pobres. En cambio, la tesis de que se trata de un problema originado por la falta de transparencia y de un Estado de Derecho han cobrado mayor fuerza.

4. Poner el énfasis en la premisa de la transparencia fue una visión construida a partir de la propuesta de Peter Eigen, quien fue el creador de Transparencia Internacional, en 1993. La hipótesis es sencilla y verdadera: la corrupción se practica en la clandestinidad. Como todo delito, construye complejos mecanismos para pasar desapercibida, y como en todo proceso social, cada vez que avanza al­ gún elemento para combatir un delito, la delincuencia organizada sofistica sus instrumentos para realizarlo.

En México, ante el reclamo por las consecuencias de la corrupción y la idea internacionalmente socializada de que la transparencia sería el mejor mecanismo para combatirla, se creó el Instituto Fe­ deral de Acceso a la Información; al no tener incidencia en los gobiernos esta­ tales y municipales, se transformó en el Instituto Nacional de Acceso a la Infor­ mación y Protección de Datos Persona­ les, mejor conocido como inai.

A pesar de ello, como sostiene Luis Estrada, “en el caso de México los ni­ veles de percepción de corrupción en las instituciones consideradas como los pilares de una democracia representativa –partidos políticos y poder legislativo– son extraordinariamente elevados y esto torna más complicada la gobernabilidad pues resta legitimidad a las decisiones de gobierno. Desgraciadamente, lo mismo

Casar, María Amparo, México: anatomía de la corrupción, Editorial cide/imco, 2015, pp. 12 Ibíd., pp. 22, 27, 28

8 Actualidad

ocurre con las instituciones encargadas de prevenir, castigar y corregir o reparar los actos de corrupción, particularmente los cometidos por servidores públicos.

El circuito formado por las institucio­ nes dedicadas a la seguridad y procuración de justicia son de las que mayormente desconfía la población (...) los niveles de corrupción característicos de México son propios de una sociedad en la que ni gobernantes ni gobernados gustan del imperio de la ley y en los que la justi­ cia puede comprarse. Unos por gusto, ambición o codicia y otros por necesi­ dad participan de la corrupción. La so­ bre-regulación puede ser tan conducente a generar actos de corrupción como la ausencia de regulación.”2 Se trata de un problema complejo que no se ha enfrentado de manera ade­ cuada. Es tiempo de las ciencias sociales.

La solución no puede venir de quienes son parte del problema. Políticos bien intencionados proponen medidas que se con­vier­ten a la larga en costosas ins­ti­tu­ cio­nes burocráticas, como lo es hoy el inai, que si bien permite frenar muchos actos de corrupción, no soluciona el problema que cada día va en aumento.

Hay que estudiar el fenómeno desde un enfoque multidimensional, tomando la distancia suficiente, como sostiene Nor­ bert Elias. Considerar su parte moral y ética, la desigualdad de la sociedad, los procesos de exclusión, y por supuesto, la reingeniería institucional necesaria para tener normas adecuadas que faciliten pro­ ce­sos, pero que garanticen certezas de in­ ver­sio­nis­tas y ciudadanos.

Hoy la transparencia es más necesa­ ria que nunca, pero también debe ser útil y apegarse a los procesos reales y no sólo a los formales. Una transparencia cuyo objetivo sea combatir la corrupción, uno de los flagelos más graves que azotan a nuestra sociedad.

Subdesarrollo, instituciones públicas y corrupción Maximiliano García Guzmán* * Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la unam. Profesor de Tiempo Completo adscrito al Centro de Estudios en Administración Pública de la Fa­ cultad. Responsable del proyecto papiit: “Transparencia y gobernanza en los gobiernos locales de México: avances y retrocesos en la apertura de las ins­ti­tu­ ciones públicas”.

D

e acuerdo con datos de la En­cuesta Nacional de Ca­ li­ dad e Impacto Guberna­ mental 2011, 2013 y 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la corrupción es el problema que más preocupa a los mexicanos des­ pués de la inseguridad (inegi, 2016:1).

Mientras eso muestra la opinión públi­ ca, el presidente del país, Enrique Peña Nieto, declaró en entrevista en octubre de 2017, que la sociedad mexicana le “echa la culpa de todo a la corrupción… casi, casi, si hay un choque aquí en la es­ quina: ¡ah!, fue la corrupción” (Regenera­ ción, 2017: s/n).

Inicio este texto con esos datos por­ que, en mi opinión, son una muestra re­ pre­sen­ta­ti­va de lo que hoy en día con­ di­cio­na el combate a la corrupción en Mé­xi­co: la tensión constante entre la mi­ ni­mi­za­ción de los impactos negativos del problema que expresa la autoridad, y una percepción pública de que se trata de un fenómeno creciente y que afecta directa­ mente la calidad de vida de la población.

Y es que aun cuando no es del todo claro si el problema ha ido en aumento o si sencillamente conocemos mejor y más

de cerca su magnitud gracias al creciente involucramiento ciudadano en las tareas de gobierno y los avances en la fis­ca­li­za­ ción, lo que es un hecho es que uno de los principales frenos para el desarrollo del país es precisamente la corrupción, en­ ten­dida de modo genérico como la apro­ pia­ción de bienes y valores públicos para beneficio privado (véase Merino, 2015:3).

En efecto, para entender la na­tu­ra­ le­za e implicaciones de la corrupción es fundamental enfatizar que el problema trasciende la materia económica —ubi­ ca­da por ejemplo en el desvío de re­cur­ sos públicos—, y hay que trasladar sus impactos a terrenos tan sensibles como el desarrollo social, cuando no se ejercen con el debido cuidado las atribuciones públicas o se utilizan programas sociales como medio de control político-elec­to­ral, e incluso a la conservación de la pro­pia vida, como quedó en evidencia con los de­rrum­bes de inmuebles en la Ciudad de México por el sismo del 19 de septiem­ bre de 2017, que tienen como an­te­ce­den­te licencias de construcción obtenidas sin cumplir con los requisitos legales es­ta­ble­ci­ dos, y que desafortunadamente pro­vo­ca­ ron el fallecimiento de cientos de personas.

Actualidad 9

Se percibe, por tanto, una re­la­ción inversamente proporcional entre la co­ rrup­ción y el desarrollo, es decir, cuanto más agudo es el problema, menores po­si­ bi­li­da­des de crecimiento surgen. De he­cho, es interesante observar la co­rres­pon­den­ cia que guardan los índices que, por un lado, muestran los países con me­jores ni­ veles de vida y que son, por el otro, aque­ llos donde el problema de la corrupción no se presenta con marcada intensidad (véase el Cuadro 1, donde se ubica que nueve de los trece primeros lugares de cada índice son los mismos países: Dina­ marca, Nueva Zelanda, Sui­za, Noruega, Singapur, Países Bajos, Ca­na­dá, Alema­ nia y Australia). En estos estudios es no­ toria la forma en que México ha ido per­ diendo posiciones en temas de bienestar y subiendo en los que dan cuenta de la corrupción; de hecho, de 2008 a la fecha ha descendido 23 escaños en el Índice de Percepción de la Corrupción que realiza Transparencia Internacional.

Esta dinámica también se da al inte­ rior del país, pues llama la atención cómo aquellas entidades federativas que tienen un alto índice de percepción de la co­ rrupción registran los mayores niveles de atraso. En efecto, de acuerdo con datos del Índice de Rezago Social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (coneval, 2016:10), que hace uso de variables como educa­ ción, acceso a servicios y vivienda, son 10 los estados con niveles alarmantes de rezago social, es decir, “Alto” (Michoa­ cán, San Luis Potosí, Puebla, Campe­ che, Hidalgo y Yucatán) y “Muy Alto” (Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz); y si miramos de nuevo hacia los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Im­ pacto Gubernamental (inegi, 2016:11), son prácticamente1 todas esas entidades las que registran una alta percepción de corrupción entre sus habitantes, desta­ cando los casos de Guerrero, Michoacán y Chiapas:

Cuadro 1 Comparativo entre índices de corrupción y de desarrollo a nivel mundial Índice de

Índice

Corrupción 2016

Humano 2016

Percepción de la

de Desarrollo

Posición

País

Puntaje

Posición

País

Puntaje

1

Dinamarca

90

1

Noruega

0,949

1

Nueva Zelanda

90

2

Australia

0,939

3

Finlandia

89

2

Suiza

0,939

4

Suecia

88

4

Alemania

0,926

5

Suiza

86

5

Dinamarca

0,925

6

Noruega

85

5

Singapur

0,925

7

Singapur

84

7

Países Bajos

0,924

8

Países Bajos

83

8

Irlanda

0,923

9

Canadá

82

9

Islandia

0,921

10

Alemania

81

10

Canadá

0,920

10

Luxemburgo

81

10

Estados Unidos

0,920

10

Reino Unido

81

12

Hong Kong

0,917

13

Australia

79

13

Nueva Zelanda

0,915

123

Azerbaiyán

30

77

México

0,762

123

México

30

78

Azerbaiyán

0,759

Fuente: Elaboración propia con datos de PNUD, 2016:22-23 y Transparencia Internacional, 2017: s/n)

Cuadro 2 Comparativo entre índices de corrupción y de desarrollo a nivel nacional PER­CEPCIÓN DE

ENTIDAD

LA CORRUPCIÓN (ENCIG)

GRADO DE REZAGO

(CONEVAL) Poco

Muy frecuente

Frecuente

Guerrero

60.5

32.5

5.0

0.5

Muy alto

Michoacán

56.0

34.7

6.7

2.3

Alto

Chiapas

55.9

38.2

5.6

0.0*

Muy alto

Oaxaca

49.2

43.0

6.7

0.9

Muy alto

San Luis Potosí

47.8

42.3

7.8

0.5

Alto

Veracruz

38.8

47.7

8.9

2.6

Muy alto

Puebla

38.8

44.9

14.5

1.4

Alto

Campeche

35.3

47.4

14.0

1.0

Alto

Hidalgo

33.5

44.1

19.0

1.5

Alto

Yucatán

28.0

47.3

22.3

0.6

Alto

frecuente

Nunca

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, 2016:10 e INEGI, 2016:11.

Se señala “prácticamente” porque no se incluye aquí a la Ciudad de México, que si bien, de acuerdo con el estudio citado, es la entidad con más alta percepción de la corrupción, su índice de rezago no es alto ni muy alto.

1

10 Actualidad

A partir de lo anterior, se infiere que la corrupción incide de manera signi­ ficativa en el fenómeno de pobreza en México, y ello es así porque uno de los espacios donde se da el caldo de cultivo para esas distorsiones es el institucional.

En efecto, el desempeño de la autoridad pública, idealmente orientado a brindar soluciones efectivas a las necesidades sociales, se encuentra condicionado de manera clara por las redes de intereses que, en no pocas ocasiones, se dinami­ zan para generar beneficios particulares con costos públicos; de hecho, tal pare­ ciera que la corrupción es el aceite que permite el movimiento de los complejos engranes de la maquinaria gu­ber­na­men­tal, por lo que se convierte en una prác­ti­ca sis­te­má­ti­ca, más que en una ex­cep­ción, como ocurre en los países de­sa­rro­lla­dos.

Y es que desde el año 2000, y te­nien­ do como marco la intensificación de la alternancia política en México, ha sido posible conocer con mayor precisión las redes de corrupción que se articulan en los espacios públicos, siendo su signo distintivo la impunidad —de hecho es el principal ingrediente en su reproduc­ ción —. Es en este sentido que se ubi­ can casos muy concretos que expresan y revelan la tensión a la que se hizo alu­ sión en la parte inicial del texto, y que dan cuenta de cómo se producen conduc­ tas con­tra­rias a toda la estructura ins­ti­ tu­cio­nal de la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización, el control y la evaluación pública, tal como se mues­ tra en los siguientes dos ejemplos que, en mi opinión, son representativos de problemáticas directamente vinculadas con la corrupción y que derivan en fuer­ tes afectaciones sociales: Uno de los ilícitos que en últimas fe­ chas ha comenzado a captar la atención pública por su crecimiento exponencial y sus repercusiones económicas y so­ ciales es el robo de combustible, el cual pasó de registrar 1,635 tomas en 2012 a más de 10,000 en 2017 (esto es, creció en 600% en cinco años), lo que además de suponer quebrantos millonarios para pemex y las finanzas públicas (de alre­ dedor de 15,000 millones de pesos al año en promedio, véase Zúñiga, 2017:

s/n), también implica daños al medio ambiente por las fugas de químicos, pérdida de vidas por explosiones en los ductos y daño al te­ji­do social, pues esta actividad ilícita se con­vier­te para mu­ chas comunidades en su modus vivendi, razón por la cual pro­te­gen y encubren esta práctica.

Se recurre a este ejemplo porque es difícil encontrar una explicación lógica del crecimiento de este problema sin aludir a la colusión de actores privados, so­cia­les y públicos en su desarrollo, es decir, aún con toda la inversión millonaria (de al­ rededor de 30,000 millones de pesos al año en promedio) y la aplicación de tec­ nología de punta que ha realizado la em­ presa paraestatal para frenar este delito (véase Cruz, 2017: s/n), lejos de redu­ cirlo o al menos contener el avance de la llamada “ordeña” de ductos, su presencia es cada vez mayor, y se infiere que esto no sería posible sin la participación del personal de la propia petrolera, de las autoridades locales, del crimen organi­ zado, de los líderes de las comunidades e incluso de los franquiciatarios de las gasolineras. Por tanto, este fenómeno se explica, más que por una cuestión de lu­ cro, por un arraigo de las prácticas de corrupción y de impunidad, pues los pro­ ce­sa­dos y sentenciados son un número re­du­ci­do y, por si algo faltara, pemex de­ ci­ dió recientemente reservar la in­ for­ ma­ción relacionada con este delito alu­ diendo a razones de seguridad nacional, es decir, se suma al problema la propia opacidad institucional.

Actualmente, 16 gobernadores (tan­ to en funciones como retirados) enfren­ tan investigaciones penales por el fuerte desvío de recursos que se registró en sus entidades en los últimos 10 años (véase Fregoso, 2017: s/n). Si bien no hay un cálculo exacto del daño patrimonial ge­ nerado —pues ello depende de lo que logre acreditar la autoridad ministerial en sus investigaciones—, se señala una cifra de alrededor de 100,000 millones de pesos, de los cuales, el 50% se atri­ buye a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz (de nueva cuenta un estado con un grado muy alto de rezago social) (véase Hernández, 2017: s/n). Más allá

de las exorbitantes cifras, existe una mar­ cada afectación a la calidad de vida de la población, toda vez que se documenta­ ron prácticas de las autoridades locales con las que se atentó directamente con­ tra la vida de los habitantes, pues, por ejemplo, se aplicaron tratamientos fal­ sos contra el cáncer para poder desviar esos recursos (véase Milenio, 2017:s/n).

A pesar de contar con leyes que san­ cio­nan estas conductas y de tener in­di­ cios razonables sobre la participación de los involucrados, ello no resulta sufi­cien­ te para tener certeza sobre la conclusión de esos procesos, es decir, no se tiene la expectativa de que se castigue a los res­ ponsables, que se recuperen los montos desviados, que el daño sea re­sar­ci­do y mu­ cho menos que se desmantelen las re­des de complicidad.

Esto lleva a sostener que el ámbito lo­cal de gobierno es quizá uno de los es­pa­cios donde germina con mayor in­ ten­si­dad y frecuencia la corrupción, la impunidad y la simulación, pues a pesar de que, por ejemplo, todas las entidades cuentan con su respectiva ley de trans­ parencia y acceso a la información, su exis­ ten­ cia y características se justifican más en una obligación legal que en un compromiso franco con el control de­mo­ crá­ti­co del poder público, es decir, se cuen­ ta con esas normas porque así lo dis­po­ne la constitución nacional, pero resultan un elemento incómodo para las autorida­ des locales, lo cual quedó en evidencia durante el proceso de actualización y modificación de esos textos normativos, pues fue apresurado, poco debatido e in­ clu­so fuera del tiempo legal establecido en algunos casos, lo que trajo como con­ secuencia que la amplia mayoría de las normas locales sean sólo un parafraseo de las de carácter nacional (véase Gar­ cía, 2017:43). Desde luego tampoco abona a revertir este clima el hecho de que el mismo Sistema Nacional An­ti­ co­rrup­ción tampoco esté en fun­cio­na­ mien­to pleno, pues aún no se designa al fis­cal especializado en la materia y no se sabe si esto se resolverá antes, o más bien a partir del proceso electoral de 2018 (véase gráfica 1).

Actualidad 11

Gráfica 1.

Fecha de publicación de las nuevas leyes de transparencia locales (2015-2016)

Presentaron a tiempo sus leyes (19)

No presentaron a tiempo sus leyes (13)

Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala.

Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Guanajua­ to, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Fuente: García, 2017:43.

Estos dos ejemplos, sumados a otros escándalos de corrupción, es lo que ex­ plica en buena medida que la sociedad mexicana ubique este problema como una de las principales preocupaciones para la vida y el desarrollo del país, y expresar que la población exagera en esta apreciación es también desacreditar otros estudios e informaciones que nos aproximan a la magnitud y gravedad del fenómeno, por ejemplo: 1) México es el país número 125 en desvío de recursos públicos y 124 en favoritismo en deci­ siones de gobierno entre 138 naciones evaluadas; 2) el costo económico de la corrupción se estima en 10% del PIB, recurso equivalente al presupuesto del IMSS, con lo cual, según Solis (2017: s/n), “se podría atender al doble de gen­ 2

te, o al mismo número, pero con mejores equipos, medicinas, instalaciones y doc­ tores”; se incrementaría en cuatro veces los subsidios sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, con el co­rres­pon­dien­te aumento en el padrón de beneficiarios, o se multiplicaría en 10 el número de alumnos en la Universidad Nacional Autónoma de México; 3) a nivel micro­ económico, los hogares que ganan un salario mínimo destinan hasta 33% de su ingreso a pagos extraoficiales; 4) de cada 100 delitos cometidos, sólo 11 se de­ nuncian, 6 se investigan y 3 se resuelven, por lo que la tasa de impunidad es ma­ yor al 96%; 5) en 2015 se presentaron casi cinco mil casos de corrupción en la realización de trámites y 44% de las empresas hizo pagos extraoficiales; 6) es

Para la verificación y ampliación de esta selección de datos, véase Casar, 2016.

12 Actualidad

hasta 5% menor la inversión productiva en países con mayor corrupción; 7) se genera insatisfacción con la democracia, pues sólo el 37% la apoya como régimen de gobierno y únicamente el 27% se en­ cuentra satisfecho con ella, lo que gene­ ra también una crisis de representativi­ dad, pues el 91% no confía en partidos políticos, el 83% en legisladores y 80% en el sistema judicial.2 Estas cifras deben considerarse con toda seriedad si se tiene el compromiso institucional y político de hacer frente a la corrupción, de otro modo se reprodu­ ciría el fenómeno nocivo de la simula­ ción y se desperdiciaría nuevamente un buen monto de recursos destinados a su combate, que de acuerdo con los datos del Presupuesto de Egresos de la Fede­

ración 2018, este año alcanzará la canti­ dad de 10,400 millones de pesos, monto que de igual modo podría utilizarse en otras necesidades sociales apremiantes.

En suma, lo anterior da cuenta de que si bien han existido avances impor­ tantes, al menos en el plano normativo, para combatir la corrupción en México —como la promulgación de 34 leyes de acceso a la información que ha evolucio­ nado en un Sistema Nacional de Trans­ parencia, la creación de un Sistema Na­ cional Anticorrupción, la instauración de medidas de evaluación pública como las que aplica CONEVAL, la autono­ mía constitucional de entidades fiscali­ zadoras como la Auditoría Superior de la Federación, un manejo más ordenado de los ingresos públicos en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, etc. —, aún falta mucho camino por recorrer,

pues, por ejemplo, pareciera que todos esos sistemas que se han creado tienen órbitas de competencia institucional que prácticamente no se tocan entre sí, es decir, son un conjunto de esquemas prácticamente inconexos que requieren una mayor articulación para potenciar sus efectos. Se requiere, en este sentido, diseñar y construir operativamente un “sistema de sistemas” (metasistema) que sustituya a la corrupción en su papel de articuladora de redes, y con ello revertir el círculo vicioso que supone transfor­ mar las cosas para dejarlas igual.

En este sentido, en el problema de la corrupción el castigo no es la solución, de hecho, en la línea de la filosofía jurí­ dica, con la violación de una norma, aun habiendo una pena y la reparación del daño, se afecta en su sustrato al entra­ mado institucional y social de una co­

munidad, pues cuando se incumple una ley significa que ésta falló en su cometi­ do de fomentar cierto valor o patrón de conducta, no importa si se recibe san­ ción o no, finalmente la conducta inde­ seable sí se presentó.

Y es que mientras se crean comple­ jos sistemas normativos de rendición de cuentas, se habilitan instituciones exclu­ sivamente dedicadas a combatir la co­ rrupción y se destina una cantidad con­ siderable de recursos para ello, no queda claro que haya un desincentivo real al fenómeno, por el contrario, parecería que resulta más rentable para los actores violar las leyes anticorrupción —por los beneficios patrimoniales o políticos que se obtienen y los mínimos castigos que se logran imponer —, que cumplir con la norma de acuerdo con los principios del Estado de derecho.

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Actualidad 13

Corrupción, democracia y Estado de derecho en México Ricardo Uvalle Berrones

Doctor en Administración Pública por la unam; profesor de tiempo completo adscrito al Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad. Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Sociales 2013.

L

a democracia es un sistema de gobierno que se sustenta en la vigencia de la libertad, la igual­ dad, la representación política, la participación ciudadana, la transpa­ rencia y la rendición de cuentas. Su efi­ cacia se forma a través de relaciones de confianza que se estructuran entre las autoridades electas y los ciudadanos. El gobierno de la democracia diseña reglas, procedimientos y normas que tienen alcance universal, general e impersonal para que sean cumplidas de manera vo­ luntaria por las personas jurídicas que integran a la sociedad civil. Es un siste­ ma de gobierno que crea las condiciones de inclusión para que los individuos y las organizaciones tengan la oportunidad de asegurar que su desempeño en la vida co­lec­ti­va esté regido por incentivos posi­ tivos —estímulos, reconocimientos— y negativos —sanciones y castigos—, que son fundamentales para concretar con éxito el quehacer institucional a cargo de la autoridad pública.

La filosofía de la democracia consis­ te en la formación política de relaciones co­­mu­ni­ta­rias en las cuales rigen dos ele­ men­tos clave: derechos y obli­ga­ciones. La

14 Actualidad

for­ma­ción de lo común y lo com­par­ti­do da origen a la sociedad civil, la cual se in­ tegra por ciudadanos que, desde los ám­ bitos jurídico y político, tienen derecho a vivir en la comunidad civil y política que se materializa en el Estado moder­ no, así como la obligación de cumplir las leyes que dan vida al orden constituido.

En este caso, el papel de la autoridad es fundamental para que, con base en reglas formales que garantizan la certi­ dumbre institucional, hagan posible que el gobierno de los ciudadanos, entendido como el gobierno de la democracia, sea articulado bajo la categoría Estado de derecho. Ésta da cuenta de las reglas públi­ cas que se autorizan para que la tarea de gobierno sea factible, en términos de distribuir costos y beneficios tanto con las políticas públicas como los servicios públicos. La tarea de gobierno en este caso, se apoya en los cuerpos profesio­ nales de la burocracia, y en ese sentido, el servicio público en la democracia es el puente que comunica a las autorida­ des constituidas y a los ciudadanos en la lógica de producir los bienes y servicios de carácter público. Lo fundamental en

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la democracia es que funcione como un conjunto de reglas convenidas, acepta­ das y obedecidas para que la conviven­ cia plural y diversa que la caracterizan como un modo de vida, sea reproducida con la intervención inteligente y res­ ponsable del gobierno, a fin de acreditar las capacidades de gestión pública que se encargan del manejo del conflicto, el aprovechamiento de los recursos escasos y el establecimiento de las fórmulas de cooperación que incentivan los procesos de la gobernanza.

La democracia tiene cuatro pilares básicos para funcionar como un sistema de poder creíble y aceptado en la estruc­ tura del Estado de derecho: 1. Legali­ dad, en el cumplimiento de las normas escritas; 2. Certidumbre, conocimiento anticipado de cómo debe obrar la auto­ ridad; 3. Calidad de vida, en la conjuga­ ción de la equidad y el bienestar como principios medulares para distribuir be­ neficios y apego a los valores; y 4. Ci­ vilidad, entendida como la tolerancia y el respeto que la hacen diferente a otras formas de gobierno. En este sentido, el quebranto de alguno de los elementos men­cio­na­dos ocasiona la pérdida de con­ fian­za de los ciu­da­da­nos, tanto en las autoridades como en las instituciones pú­bli­cas. Por tanto, cuando existe co­ rrup­ción en la democracia, implica entre otras cosas, la pérdida de credibilidad en el orden jurídico y político que la estructura; aumenta la desconfianza en el servicio público; se intensifica la sos­ pecha sobre el desempeño inmoral de los gobernantes; se destruye el interés público; se forma la opinión de que el dinero público es robado, sustraído y mal utilizado para ventajas privadas; y se toma conciencia de los daños que se infringen a la vida comunitaria.

La corrupción tiene efectos corrosivos en la sociedad, la economía, la vida pri­ vada, pública y social, dado que implica procesos de apropiación ilegal del pa­ tri­mo­nio y los recursos que tiene a su cargo el Estado, así como de las formas antisociales que se desarrollan para dar paso a relaciones de desigualdad que son contrarias a los valores de la de­mo­cra­ cia. La corrupción no es privativa del Estado, sino tiene factores diversos que

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incluyen desde luego conductas ilegales que también se originan en la sociedad y los mercados. Pero en el Estado, por su carácter público, se encuentran su ma­ yor visibilidad y daño, dado que alienta relaciones de inequidad a través de las cuales unos se encaraman sobre otros.

En este caso, la corrupción gu­ber­na­men­ tal es un sistema perverso que tiene co­ mo finalidad obtener beneficios privados con recursos públicos e im­po­ner a la sociedad civil los costos negativos de la misma, que se traducen en una forma de vida que destruye a la gobernanza, co­ rroyendo la estructura de confianza en­ tre sociedad y gobierno. La corrupción fraguada, alentada y practicada desde las relaciones verticales y horizontales del poder, tiene finalidades teleológicas, es decir, responde en este caso, a objetivos pensados y calculados para lograr be­ne­fi­ cios materiales a costa del interés público.

El oleaje de la corrupción es mun­ dial. Sus causas, procesos y consecuen­ cias responden al grado de desarrollo de los países. Al respecto, Alonso y Garcia­ martín escriben: “…la corrupción es un fenómeno ubicuo: se da en todos los regímenes, en todas las culturas y en todos los niveles de desarrollo… lo relevante no es tanto que en un país pueda haber corrupción, sino grado de regularidad, gravedad e impunidad… podría decirse que la co­ rrupción se da, en mayor medida, en sistemas con instituciones débiles… en sociedades con valores poco proclives a distinguir entre las esferas pública y pri­ vada” (Alonso y Garciamartín, 2011:45).

Por otra parte, algunas prácticas co­ rrosivas de la corrupción son: fraudes, extorsión, impunidad, malversación, ne­ potismo, soborno, tráfico de influencias.

En el caso de México, los datos sobre la corrupción revelan que hay situaciones críticas que dan cuenta de condiciones de preocupación social, económica y po­ lítica, dado que es un mal que se extien­ de a lo largo del territorio nacional y se ha convertido en un factor destructivo que mina la confianza en las institucio­ nes del gobierno, provocando pérdida de la riqueza nacional, estimulando la desigualdad entre personas, grupos y or­ ga­ni­za­cio­nes civiles, y favoreciendo la

percepción de que el sector público es un lugar de confort para hacer nego­ cios particulares con patrimonio públi­ co; además de producir privilegios que se trasladan como costos nocivos a las personas, las empresas y los sistema pro­ ductivos, sin desconocer que funciona como un impuesto regresivo.

Algunos datos que califican de ma­ nera negativa la práctica de la corrup­ ción en México son: 1. El Barómetro Global de Corrupción 2016, en su capítulo para América La­ tina y el Caribe, destaca que “más de la mitad de los mexicanos han sobornado a autoridades en el último año para ac­ ceder a servicios públicos básicos” (ht­ tps://goo.gl/nTtJxJ).

2. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 en el sector público, elaborado por Transparencia Interna­ cional, “México cayó 28 posiciones. El año pasado se ubicó en el lugar 95, y en 2016 pasó al sitio 123 entre 176 países analizados” (https://goo.gl/RX0UjQ).

3. En el Informe del Clima de Negocios en el Mundo 2017, “el Departamento de Estado de Estados Unidos ubica a Mé­ xico por tercer año consecutivo como un lugar donde “es muy común el pago de sobornos a funcionarios del Gobierno, la falsificación de factura y otros frau­ des” (https://goo.gl/esAksX).

4. La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, del inegi, destaca que el “costo promedio de la corrupción por empresas durante 2016 fue de 12,243 pesos. En el caso de las empresas media­ nas, el monto llegó a 84 mil 806 pesos y en las compañías industriales fue de 15,766 pesos” (https://goo.gl/JbgZCF).

5. Finalmente, en el Índice de Compe­ titividad Global 2017-2018, del Foro Económico Mundial, se puntualiza que “México se mantiene en la posición 51.

El ranking que elabora cada año el orga­ nismo internacional con la presencia de 137 países, muestra que Suiza es el país de más competitividad del mundo, se­ gui­do de Estados Unidos de Nor­tea­mé­ri­ca y Singapur” (https://goo.gl/XG­pGKX).

La valoración que se tiene sobre el de­sem­peño de la corrupción en Mé­xi­co da cuenta que se ha convertido en diversos

modos de vida que tienen regularidad nociva, dando lugar a la institucionali­ zación de la inmoralidad administrativa, gubernamental, política y económica.

También hay corrupción cuando los agen­ tes del mercado incurren en conductas contrarias a la legalidad y la necesaria preservación del interés público. Pare­ ciera que la corrupción se “acepta” como un “mal necesario” para llevar a cabo operaciones de intercambio en los ne­ gocios, la prestación de servicios y hacer trámites burocráticos de manera rápida, sin reparar en el aumento de los costos de transacción y en la in­ cer­ ti­ dum­ bre que lesiona los derechos de propiedad.

En la medida que la corrupción crece y se reproduce como un tipo de conduc­ ta inmoral e ilegal se da paso a la ca­ tegoría: “fallas institucionales”, que es reveladora de cómo las reglas formales y públicas no se cumplen plenamente en razón de su espíritu, contenido y senti­ do de prevención, desde el momento en que hay actores de la sociedad involu­ crados en diversas prácticas de corrup­

ción. Una agravante de este mal es que no es visible. Se incuba en la opacidad, el secreto, las redes de complicidad, la conducta sigilosa y extiende su influen­ cia a la manera de tentáculos que se ramifican hasta los sótanos que se sus­ traen a la visión de lo público.

Las reglas para diluir a la corrupción tienen que ser nítidas con los preceptos que la integran y favorecer que el tras­ fondo de las oficinas generadoras de la misma sean desactivadas a través de la conjugación estratégica de los incenti­ vos preventivos, y las sanciones deben aplicarse con fundamento en la lógica del Estado de derecho. En este caso, los responsables de elaborar e implemen­ tar las reglas contra la disolución de la corrupción tienen que asumir el com­ promiso no sólo de evitar que la misma crezca, sino de tomar conciencia de que es un medio que socava la efectividad, la estabilidad, la gobernabilidad, la credi­ bilidad y la salud política de los Estados, cuando con los medios del poder no se procede a frenar y desactivar los efectos

perversos que ocasiona, dado que puede propiciar que las instituciones que lo in­ tegran se resquebrajen.

En México, por tanto, la vigencia ple­ na del Estado de derecho es todavía una expectativa incumplida, porque la falta de certidumbre institucional consolida­ da ocasiona que la discrecionalidad, los arreglos informales, los acuerdos entre las camarillas del poder y directivos de las empresas, así como las prácticas del coyotaje, del cohecho y el uso de in­for­ma­ ción privilegiada, ocasiona que germine el espacio de la corrupción de manera sistemática. En tanto las fallas institu­ cionales –errores de diseño nor­ma­ti­vo, la­gu­nas legales, incongruencia, am­bi­güe­ dad, omisión, complicidad, incumpli­ miento e ineficiencia– prevalezcan, la corrupción tendrá un ambiente propicio para su fecundación. En el caso de Mé­ xico, la lucha contra ésta tiene que darse de manera frontal para evitar la debili­ dad de la vida democrática, así como el daño irreparable que se puede infringir a la razón de Estado, del Estado mexicano.

Bibliografía Alonso, José Antonio y Carlos Garciamartín (2011), “ La corrupción: definición y criterios de medición”, en Corrupción, cohesión social y desarrollo. El caso de Iberoamérica, Madrid, España, Fondo de Cultura Económica.

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Enrique González Pedrero, Honoris Causa 2017 Myriam Corte

El doctor González Pedrero durante la conferencia magistral “Hannah Arendt y la política”. Fotografía: Alan Márquez.

E

n el patio central del Palacio de Mi­ nería, el pasado mes de noviembre, el Rector Enrique Graue Wiechers, du­ rante la entrega de Doctorados Honoris Causa 2017 a académicos e investiga­ dores por sus aportes en áreas como la pedagogía, artes, letras y ciencias, señaló que los profesores han dedicado parte de su vida a enaltecer los valores de la li­ bertad, la diversidad y el estudio de for­ ma excepcional. “No importa su origen académico o nacionalidad, sino la avidez por el conocimiento, la generosidad para diseminar saberes, su creatividad y la in­ dependencia de su pensamiento”, resaltó.

Entre los 11 Honoris Causa re­cibió el gra­ do Enrique González Pedrero, miem­bro del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, na­ci­do en Villaher­ mosa, Tabasco, y ex di­rec­tor de la entonces Escuela Na­cio­nal de Ciencias Políticas y Sociales (que durante su gestión ad­

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quirió la categoría de Facultad), quien estuvo acompañado por los doctores An­ gé­lica Cuéllar, directora del plantel, y Gerardo Estrada, profesor del posgrado.

Después, en el marco de las con­fe­ren­cias Doctores Honoris Causa 2017, Gon­zá­lez Pedrero, también ex director del Fondo de Cultura Económica, go­ber­na­dor de Ta­ bas­co, senador de la Re­pú­bli­ca y emba­ jador extraordinario de México en Es­pa­ña, impartió la char­la: Hannah Arendt y la política. El licenciado en Derecho por la unam señaló que Hannah Arendt es una de las mujeres más so­bre­sa­lien­tes del siglo pasado, pues los temas que tra­ taba los volvía lúcidos y atractivos, ade­ más de que sus libros, como Los hom­bres en tiempos de oscuridad, y ¿Qué es la política?, entre otros, son excepcionales. Sobre este último señaló que Arendt cuestiona si la política aún tiene sen­ti­do, considerando que el sentido de ésta es la libertad. Para

la pensadora, con­ti­nuó, la política no se deriva de la esencia del hombre, sino sur­ ge entre éstos. Mencionó que la política tiene una compleja tarea en los próximos años, y que si ésta fuera necesaria para la existencia de la humanidad, en reali­ dad “está empezando a autoliquidarse”.

Agregó que Arendt retoma experien­ cias muy reales, como el hecho de que dos jefes de Estado actuales no parecen muy dispuestos a ejercer la política, en la cual debe prevalecer la pluralidad.

En este renglón, Pedrero se refirió a los presidentes Donald Trump, de Estados Unidos, y a Kim Jong-un, de Corea del Norte, quienes gobiernan con particu­ laridades; el primero imprevisible, y el segundo au­to­ri­ta­rio para la mirada in­ ternacional. Finalmente, comentó que todos los problemas políticos dan a un callejón sin sa­li­da, por ello, “un cambio sólo sucederá por una especie de milagro”.

Latinoamérica, tiempos de cambio Christian Ascensio

E

l xxxi Congreso de la Aso­cia­ción La­ tinoamericana de Sociología (alas) se llevó a cabo del 3 al 8 de diciembre en la ciudad de Montevideo, Uruguay, con el nombre: Las encrucijadas abiertas de Amé­ri­ ca Latina. La sociología en tiempos de cambio.

Nora Garito, directora de alas, se­ña­ló que América Latina se enfrenta actual­ mente a cambios muy diferentes a los pensados hace algunos años, pues a las políticas de transformación centradas en la reducción de las brechas de de­si­ gual­dad y el avance en los procesos de democratización se oponen hoy en día los retrocesos conservadores y autorita­ rios de corte neoliberal.

México no quedó al margen de estas reflexiones, pues en la inauguración del congreso, Garito también subrayó que “nos faltan 43, los 43 de Ayotzinapa” y que “la barbarie” del muro construido por Donald Trump constituye un ata­ que directo a México y a Centroaméri­ ca, que afecta a toda la región”.

Las conferencias se articularon en 26 grupos de trabajo (alrededor de 5,000 ponencias) y 150 paneles que dieron cuen­ ta de reflexiones y nuevos cues­tio­na­mien­ tos para la investigación académica y la acción política. Temas como las re­sis­ ten­ cias indígenas y los movimientos so­cia­les fueron de gran importancia en la reflexión sobre nuevas vías para hacer frente al modelo neoliberal, el extracti­ vismo, el colonialismo y el patriarcado, además de dar cuenta de las luchas so­cia­les y la resistencia del pensamiento crítico frente al avance de los gobiernos con­ servadores en la región.

Las conferencias centrales fueron im­ par­ti­das por personalidades de gran re­ nom­bre en la sociología la­ti­noa­me­ri­ca­na y mundial como Saskia Sassen, Geróni­ mo de Sierra, Tomás Moulián, Jessé Sou­ za, Edgardo Lander, Sonia Mon­ ta­ ño, Jorge González y Jaime Preciado, quie­ nes aportaron ideas interesantes para el debate sociológico contemporáneo en tor­no a las transformaciones políticas y sociales en América Latina.

Un gran interés despertó la con­fe­ren­ cia de Saskia Sassen, quien presentó es­ tu­dios sobre la nueva economía en torno a la función de ciudad global, la crisis de vivienda y los problemas de las grandes empresas en un escenario de operación internacional.

En la sesión especial de clausura, ti­ tu­la­da: El futuro de la sociología en un mun­ do en convulsión, Álvaro García Li­ne­ra, Dil­ ma Roussef, Estela de Carlotto y José Mújica fueron los encargados de cerrar el congreso, evento final or­ga­ni­zado en colaboración con clacso como par­te de la celebración de sus 50 años.

Dilma Roussef, expresidenta de Bra­ sil, aseveró que América Latina es el con­ ti­nen­te más desigual del mundo y apuntó la necesidad de plantear una perspectiva de rechazo al neoliberalismo. Destacó la importancia de la integración lati­ noamericana y el fortalecimiento de las alianzas entre las naciones de la región, haciéndoles “protagonistas de su propia historia”. La decisión política de tornar central el combate a la desigualdad his­ tórica, explicó, fue reconocida por todos los gobiernos populares que durante las décadas recientes dominaron el escena­ rio latinoamericano.

Por su parte, Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, analizó los re­ tos de la izquierda en América Latina.

Indicó que ésta ha dejado de ser “tes­ timonial”, “intelectual” y “sacrificada”, a pesar de que el siglo xxi ha estado mar­ ca­do por la presencia de gobiernos pro­ gre­sis­tas revolucionarios. La izquierda en el continente ha priorizado lo social, precisó, y los sectores privilegiados la protección social, la educación y la sa­lud.

Mien­tras, según su dicho, el periodo pro­ gre­sis­ta incrementó cerca de cinco veces el ingreso por persona, en comparación con los años neoliberales.

El ciclo progresista, sostuvo García Linera, no se ha acabado. No se trata de un tema de ciclos de­ter­mi­nis­tas, sino de “oleadas que van y vienen” hasta al­ canzar nuevos objetivos. El futuro de

la izquierda debe recoger los errores y asumir la lucha por la justicia, la demo­ craciay la igualdad con­tra la corrupción y por una mejor relación entre los seres humanos y la naturaleza.

Por último, José Mújica, expresiden­ te de Uruguay, expresó que existe “una cultura funcional a la acumulación” y se requiere la búsqueda de una cultura distinta. “No hay ninguna construcción material si no está acompañada por una construcción cultural”, abundó en el mis­ mo sentido, pues debe lucharse por el de­ sa­rro­llo económico mediante la uti­li­za­ ción de la ciencia y la tecnología, pero incorporando también la lucha por la felicidad humana frente a lo que llamó “el siglo de la enfermedad de las neuro­ nas, de la ansiedad… expresión del fra­ caso de nuestra civilización”.

Finalmente, Mújica puntualizó que la política debe “luchar por la vida” y por una sociedad mejor, ser una bandera de la izquierda y luchar por la igualdad, el trabajo colectivo y la construcción de una cultura, desde los centros militantes hacia las masas, estableciendo una lucha “mo­ lecular” capaz de generar nuevas rea­li­da­des.

Por otra parte, la directora Angéli­ ca Cuéllar, directora de la Facultad, fue electa por unanimidad como integrante de la nueva Comisión Directiva de la Aso­ cia­ción Latinoamericana de Sociología.

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Las ciencias sociales, subversivas y críticas MYRIAM CORTE

Marcos Roitman. Fotografía: Daniela Chávez

A

l dictar la conferencia, Desafíos de la sociología frente a la crisis po­lí­ti­ca contemporánea, el sociólogo Marcos Roi­t­ man, acompañado de los profesores Ar­tu­ro Chávez, secretario general de la Facultad y Lucio Oliver, del Centro de Es­tu­dios Latinoamericanos, consideró que la re­ lación entre conocimiento, saber y poder ha estado presente en diversas etapas de la historia; por ejemplo, la imprenta se identifica como el primer mecanismo que permitió divulgar el conocimiento, razón por la cual comenzó a ser contro­ lado por la Inquisición o ya en el Nazis­ mo; del mismo modo, otros instrumentos

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de acceso al saber fueron evitados, a través de quema de libros, por ejemplo.

Esta situación, explicó el investigador, de­ mues­ tra que siempre ha habido mie­ do porque la gente piense, reflexione y tenga acce­so al conocimiento. En la ac­ tua­li­dad, empero, nos enfrentamos a un mun­do que no lee, hecho por el que es fun­da­men­tal cues­tio­nar­se cuál es el pa­ pel de las ciencias sociales.

En el caso de la sociología, dijo que su papel es ser una disciplina crítica y sub­ versiva; en ese sentido, “el conocimiento se vuelve subversivo y crítico, y por esa razón es perseguido”.

Las consecuencias de esto, comentó, han traído un cambio de hipótesis; las ciencias sociales han perdido su capaci­ dad subversiva; además, hay un desáni­ mo de la conciencia y del juicio reflexivo, se enseña sólo a ser competitivo para el mercado. Recalcó que las ciencias socia­ les son hechos subversivos y críticos, así nacieron para “comprometerse contra la explotación, la injusticia y dominación del territorio”.

Recalcó que la construcción de un pen­ sa­mien­to crítico implica ideas, aná­li­sis y ra­zo­na­mien­to, pero que éste di­fí­cil­men­ te se da por la inmediatez del big data.

Se requiere una comprensión y un análisis desde las ciencias sociales para entender el mundo actual y definir qué es justicia, poder, democracia; estudios que citen a autores latinoamericanos, ya que al no hacerlo, las ciencias sociales es­ tán sometidas a un fuerte control, lo cual tiene que ver con la privatización del co­ nocimiento en América Latina.

Democracia, ejercicio del poder En la charla: La democracia la­ti­noa­me­ ri­ca­na bajo acecho. Perspectivas en el siglo xxi, Marcos Roitman, acompañado por el doctor Nayar López, coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad, destacó que hoy es opor­tu­no replantearse preguntas sobre la de­mo­cra­ cia, a fin de analizar nuevamente por qué queremos este sistema si no soluciona nin­gún problema, si es mal visto, cri­mi­na­ li­za­do y hasta rechazado; incluso, es ne­ cesario cuestionarnos de qué hablamos

cuando nos referimos a la democracia.

El especialista precisó que para abor­ dar el tema es necesario entender que en un sistema democrático la ciudadanía participa, es decir, es una forma del ejer­ cicio del poder. Agregó que la democracia se visualiza de dos maneras: una es la re­pre­sen­ta­ti­va, aquélla que no cuestiona cómo actúan los jueces o cómo se toman las decisiones tomadas en el parlamento, pues son las instituciones como tales las encargadas de esto.

En este escenario la minoría debe aca­ tar las determinaciones de la ma­yo­ría y las reglas del juego, por ejemplo las del ámbito electoral; sin embargo, no se dis­ cu­te si en este proceso todos los ciu­da­ danos pudieron votar o si hubo el mismo presupuesto para todos los actores; “el pro­ ce­di­mien­to no implica el hecho de­mo­crá­ ti­co”, sentenció.

Incluso, siguió Roitman, en este mo­ delo, los ase­si­na­tos de periodistas, lí­de­res sindicales, alcaldes o feminicidios trans­ curren sin pro­ble­ma y nadie puede dudar

que esto no sea un sistema representati­ vo. Dicho con otras palabras,“la demo­ cracia existe en la norma, pero no se ejer­ cita porque trae pro­ble­mas”.

La segunda concepción, continuó el especialista, es fruto del pensamiento crí­ ti­co latinoamericano. Se entiende a la de­ mo­cra­cia como práctica política y cons­ truc­ción ciudadana; es decir, se edifica su definición “desde el yo o desde el nosotros”.

Hablar de democracia es reconocer una práctica plural, no individual, que ve por el bien común y en la que se asume una responsabilidad; es una forma polí­ tica del poder, no un procedimiento. “La democracia no es represiva sino coactiva, no es un medio sino un proyecto político”.

Por ello, un hecho democrático im­pli­ ca una acción ética, digna, que ve por la justicia social. “La democracia es mandar obedeciendo, acatar normas, leyes bue­ nas y justas. Un hecho democrático es la posibilidad de cambio cotidiano con coo­pe­ra­ción, la capacidad de construir

Arturo Chávez y Marcos Roitman. Fotografía: Daniela Chávez.

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Mario Luis Fuentes, Angélica Cuéllar y Edgar Corzo. Fotografía: Odette Mendoza.

Trata de personas en contextos de movilidad TAMARA MARES

“

La Comisión Nacional de Derechos Hu­ma­nos (cndh) enfrenta, pro­ba­ble­ men­te, la mayor crisis que tiene el Estado mexicano: la de los Derechos Humanos”, afirmó Mario Luis Fuentes, titular de la Cátedra Extraordinaria de Trata de Per­ sonas, en la inauguración del Seminario en el cual se abordó el tema: La trata de personas en contextos de movilidad, en la que estuvo presente Luis Raúl Gon­ zález, presidente de la cndh y Angélica Cuéllar, directora de la Facultad.

La presidenta del Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos (gre­ ta) del Consejo de Europa, Siobhán Mullally, informó por su parte sobre las tareas de dicha organización para preve­ nir la trata en Europa, entre ellas realizar reportes de cada país para verificar que se están cumpliendo los acuerdos para la prevención y protección de víctimas.

Según la doctora, dos de las naciones con mayor urgencia de acción son Italia y Grecia, donde además se observa desa­ parición de refugiados, incluyendo a más de 100 mil niños.

Por otro lado, la especialista en De­ re­chos Humanos, Marika McAdams, im­ par­tió la conferencia sobre Trata de per­ so­nas en tiempos de movilidad humana, en la que presentó los retos para la iden­ti­fi­ ca­ción de víctimas, tales como la falta de capacitación en las fronteras. Indicó que con frecuencia pueden encontrarse indi­ viduos fuera de zonas fronterizas, quie­ nes podrían ser traficantes de mi­gran­tes y son parte de los peligros a los cuales está expuesto este grupo vulnerable.

Un tópico de gran polémica es el aná­li­sis de los casos de las víctimas con base en la ética, dado que a veces pre­fie­

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ren no ser identificadas en su situación de explotación; incluso, cuando se les re­ mue­ve de un contexto de abuso se ven ante un futuro incierto. Por ello, sos­tu­vo la ponente, hay una necesidad de coo­pe­ ra­ción entre gobiernos federales y orga­ nizaciones pro-migrantes contra la trata; sin embargo, el cuerpo político no se mue­ve con la rapidez que exige la crisis migratoria vivida actualmente, sentenció.

En su participación en la mesa: Migración en la frontera sur de Méxi­ co y trata de personas, el doctor Rodolfo Casillas, investigador de flacso-Méxi­ co, informó que la migración aumentó en un 38% entre 1990 y 2015. México juega un rol importante, puesto que es un país de tránsito que une al resto de Latinoamérica con Estados Unidos y, en años recientes un destino para migran­ tes, sostuvo.

“México, según agencias especializadas, es el país que cuenta con el mayor nú­me­ ro de víctimas de trata en la región de América del Norte”, precisó Casillas y aña­ dió: en una nación donde existe un déficit de atención a los Derechos Humanos se requieren acciones gu­ber­na­men­ta­les para que las víctimas sean identificadas opor­tu­ na­men­te y no haya impunidad ante sus agresores. Estas medidas han sido toma­ das por los distintos comités nacionales, pero a pesar de sus esfuerzos no han lo­ grado trascender en la capacitación de oficiales y público en general.

A través de estadísticas de una inves­ tigación, Casillas mostró que destaca la falta de capacitación en el Instituto Na­ cional de las Mujeres, sobre todo porque el género femenino es uno de los grupos con mayor vulnerabilidad.

Entre otros participantes nacionales e internacionales en este foro es­tu­vie­ron presentes Mariana Rendón, de la Orga­ nización In­ternacional para las Migra­ ciones (oim) de Haití, quien expuso el caso de migrantes de su país y sus di­ ficultades para encontrar refugio; My Lo Cook, de Polaris Project, quien enfocó su discurso en las vicisitudes que enfrenta la frontera de Estados Unidos con México, un tema de gran relevancia en vista de la renegociación del tlc; y el re­pre­sen­tan­te del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur).

El evento culminó con la pre­mia­ción del concurso convocado por la cndh y la unam, a jóvenes estudiantes por sus pro­ pues­tas en torno al tema de trata de per­ so­nas, aportes presentados en las moda­ lidades de Tesis, Ensayo y Mass Media.

Shantal Gámiz Vidiella y Juliana Va­ nessa Maldonado se llevaron el primer lugar por sus tesis de licenciatura. Eva Reyes Ibáñez obtuvo Mención Honorí­ fica por su tesis de maestría. En la prue­ ba de Ensayo, Pablo Rodríguez Martí­ nez Quirarte y Shantal Gámiz Vidiella consiguieron Mención Honorífica. En el primer concurso de Mass Media ganó Monique Sepeda Sein y lograron Men­ ción Honorífica Beatríz Domínguez y Olga Saavedra, así como Karina Jazmín López Espinoza.

Los estudiantes de las carreras de Re­ la­cio­nes Internacionales, An­tro­po­lo­gía, Tra­ba­jo Social y Ciencia Política, agra­ decieron la oportunidad de brindar una respuesta a la sociedad sobre la violencia que se está viviendo en nuestro país y en el mundo con esta problemática, a la que hay que poner fin de una vez.

Colombia, conflictos actuales MYRIAM CORTE

Misael Tirado Acero, académico de la Universidad de Colombia.

Fotografía: Iván Fernández.

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os investigadores colombianos, Mi­ sael Tirado Acero, de la Universidad de Colombia, y Martha Lucía Bahamón Jara, de la Universidad Militar Nueva Gra­ na­da, presidieron dos conferencias espe­ ciales en las que hablaron sobre temas que aquejan a su país, como son la trata de personas, pornografía infantil y los procesos de paz.

La trata de personas, que de acuerdo con el artículo 3 del Protocolo de Paler­ mo comprende la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de la vícti­ ma para la explotación, es un problema que no sólo implica cruce de fronteras, pues también se genera en un mismo te­ rritorio, explicó Tirado.

Señaló que en Colombia, como en otros paí­ses latinoamericanos, se ha ra­ tificado en di­ver­sas ocasiones tratados y acuerdos in­ter­na­cio­na­les con la finalidad de erra­di­car esta práctica; sin embargo, la exis­ten­cia de tal normativa no es garantía de que en la vida cotidiana la trata de per­so­nas, el abuso sexual y la pornografía infantil disminuyan.

Precisó que las leyes que castigan a los delincuentes están bien estructuradas, em­pero, materializarlas en la realidad es sumamente complejo. Por ejemplo, si­guió, en la actualidad, con los dispositivos mó­ vi­les los adolescentes pueden fotografiar partes de su cuerpo y exhibirlas a través de redes sociales, acción que vale pre­gun­ tar­se si es o no pornografía.

En ese sentido, abundó el profesor, son fundamentales los aportes de la so­cio­lo­ gía jurídica al derecho, posibles salidas que permitan mejores políticas públicas, la reconfiguración del patriarcado y el ma­chis­ mo, así como la participación de los me­dios de comunicación en estos pro­ble­mas.

Otro tema que ha sido parte de la vi­ da cotidiana en el país sudamericano es el conflicto armado, en específico el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) y otros grupos guerri­ lleros, caracterizados por ser violentos y por su lucha constante por territorios.

En estos conflictos, comentó la acadé­ mica Bahamón, hay actores directos e in­ di­ rec­ tos, cada uno con un objetivo específico. Detalló que éste es uno de los movimientos insurgentes con mayor antigüedad por sus fuentes de financia­ miento: la producción y venta de cocaína y marihuana, lo cual explica el porqué se pudo mantener por 53 años.

Añadió que el pasado 24 de noviem­ bre representó el fin de una época san­ grienta y la oportunidad del desarrollo de la paz con el acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y las farc; sin em­ bargo, cuestionó si las víctimas tendrán una reparación de daños integral y justi­ cia verdadera. Colombia ahora enfrenta el reto del postconflicto, concluyó.

Martha Lucía Bahamón Jara. Fotografía: Emanuel Reséndiz.

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Relaciones Internacionales, 50 años de estudio MYRIAM CORTE

Anfitriones de la conmemoración. Fotografía: Alan Márquez.

A

l celebrarse los 50 años de estudio de las Relaciones Internacionales, la maestra Martha Singer, jefa de la Divi­ sión de Estudios Profesionales (depro), indicó que es el momento propicio para volver a pensar sobre el significado de la dis­ci­pli­na y las problemáticas a las que se tienen que enfrentar, en estos tiempos convulsos, los estudiosos de la misma.

El festejo fue organizado por estu­ diantes de la licenciatura del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Dis­ tancia (suayed) en el Auditorio Pablo González Casanova, con la participa­ ción de Yazmín Gómez Montiel, jefa del mismo; la coordinadora de la carrera en el sistema abierto, Leticia Peláez Arroyo

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y el extitular del área en el escolarizado, Alfonso Sánchez Mujica, así como los profesores Omar Cortés y León Salas.

La maestra Gómez resaltó que en la modalidad abierta y a distancia esta dis­ci­ pli­na cuenta con 1,124 alumnos y con más de 100 profesores, lo que refleja la importancia del estudio de la diploma­ cia, de los estudios regionales y la de­fen­sa de los Derechos Humanos, entre otros.

Sánchez Mujica agregó que la aca­ demia celebra analizando, reflexionando y discutiendo, e invitó a los alumnos a re­ for­zar, con cada estudio que realicen, la disciplina y su carácter interdisciplinario.

El maestro José Enrique Sevilla, del Centro de Estudios Internacionales del

Senado de la República “Gilberto Bos­ ques”, habló sobre la importancia del es­tu­dio de la política exterior, enfatizan­ do la relevancia de la llegada a la pre­ sidencia de Estados Unidos de Donald Trump, quien modificó el orden mun­ dial contemporáneo y trajo nuevos desa­ fíos para el país.

En este sentido, comentó que para hablar de los alcances y desafíos de la política exterior de México es necesario replantear la relación con Estados Uni­ dos, así como hacer una distinción entre política exterior y comercial. En la mesa también participaron el profesor Juan Carlos Velázquez y Francisco José Cruz, titular de la Cátedra Fernando Solana.

Ciberseguridad y ciberespionaje DAVID ROMERO MOYA

L

a mesa, Herramientas de protección pa­ ra periodistas, integró, en su ciclo de co­yun­tu­ra, diferentes espacios de atención para responder a la ciberguerra en contra de reporteros, activistas y luchadores por los derechos humanos. Una de las con­ clusiones obtenidas fue que el Estado y el crimen organizado son los principales autores de realizar espionaje dirigido y de alta sofisticación en contra de di­ver­sos grupos de oposición que atentan contra sus intereses.

Intervinieron en la reflexión del tema Juan Manuel Casanova, fundador de la ong Socialtic a.c.; Sebastián Barragán, miembro de la Unidad de In­ves­ti­ga­cio­

nes Especiales de Aristegui Noticias; Ma­ rio Ernesto Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y Alejandro Cárdenas López, profesor de nuestra Facultad.

No han sido pocos los medios de co­ municación en los que se ha puesto al des­ cu­ bierto el espionaje del gobierno, quien ha intervenido de manera ilegal y sistemática a ciertas personas en mo­men­ tos de coyuntura política para ma­ni­pu­ lar su información privada, presionarlos mediante amenazas y chantajearlos. Se­ gún los ponentes, éste es el momento de aprovechar las herramientas contra el ci­

ber­es­pio­na­je y limpiar los filtros a la libre comunicación e impunidad intrusiva de la violencia digital.

Con estos hechos pareciera que te­ nemos un futuro desconsolador; sin em­ bar­go, hay con­gruen­cia entre periodistas, luchadores sociales y activistas para res­ ponder ante la violación de los derechos humanos y el uso agresivo de datos per­ sonales. El periodismo es, y debe seguir siendo una herramienta de in­ves­ti­gación que debe cumplir con su misión, “debe transparentar la verdad y brindar la in­ formación de interés público como una respuesta en busca de la soberanía tecno­ lógica”, puntualizaron los po­nentes.

Participantes en la mesa “Herramientas de protección para periodistas”. Fotografía: Iván Fernández.

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Trump, un año en el poder MYRIAM CORTE

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l 20 de enero se cumplió un año de la llegada de Donald Trump a la pre­si­ den­cia de los Estados Unidos, esta ad­ mi­nis­tra­ción se ha ca­rac­te­ri­za­do, en el poco tiempo que lleva, por la toma de de­ ci­sio­nes con­tro­ver­ti­das para la opinión local e internacional.

Entre las acciones y opiniones más cuestionables del mandatario están el ve­ to migratorio, la construcción del muro fron­te­ri­zo, la renegociación del tlc y el crecimiento del supremacismo blanco, en­tre otros, tal como se comentó en el conversatorio: A un año de la adminis­ tración Trump, mismo que forma parte de los trabajos del papiit: Fundamenta­ lismos y orden internacional, a cargo del doctor José Luis Orozco, académico de la Facultad y especialista en el tema.

Como invitados participaron los pro­ fe­ so­ res Jesús Gallegos, Miguel Ángel Valenzuela y Tomás Milton Muñoz, quie­ nes destacaron cuáles han sido las accio­ nes implementadas por Trump, quien a un año de dirigir una de las naciones más importantes del mundo cuenta con un

39 por ciento de aprobación, el más bajo índice obtenido por los presidentes nor­ teamericanos anteriores.

Muñoz explicó que durante su cam­ paña electoral Trump prometió la cons­ trucción del muro en toda la frontera, así como la expulsión de los 11. 3 millones de migrantes, gravar las remesas y de­ tener el ingreso de musulmanes y refu­ giados; sin embargo, a la distancia pocas promesas se ven cumplidas. Por ejemplo, añadió, han aumentado los arrestos en un 40%, pero “no es lo mismo arrestar que deportar”; lo que sí es un hecho es que el hostigamiento a los migrantes y a las ciudades santuario es una constante.

Orozco indicó que es necesario que los mexicanos tengamos presente que los planteamientos de Trump no son dife­ rentes a los hechos por legisladores ti­ ránicos de antaño, quienes siempre han manejado un discurso racista, destacan­ do el papel del hombre blanco.

Valenzuela, por su parte, resaltó que a un año de la gestión de Trump es im­ portante analizar la fuerza que ha toma­

do el movimiento de mujeres, y otros más, pues son una reacción a las decla­ raciones y acciones del mandatario. En esta misma línea, abundó, su nueva for­ ma de hacer diplomacia, a través de las redes sociales, rompe con los esquemas tradicionales pero no genera cambios significativos sino una serie de proble­ mas infructuosos.

Los ponentes coincidieron en que la administración Trump tiene una nueva forma de hacer política que debe ser analizada, pero también necesitamos preguntarnos quién manda en el país ve­ cino y quién en el nuestro, pues las deci­ siones tomadas del otro lado de la fron­ tera repercuten aquí, como es el caso de la renegociación del tlc o la irrespon­ sabilidad del presidente estadounidense frente a los temas de medio ambiente.

Periodismo tradicional o digital MYRIAM CORTE

U

n periodista emprendedor e in­de­ pen­dien­te es aquel que construye un discurso y una narrativa de la rea­li­ dad con un efecto en el espacio pú­blico; ejemplo de esto es la investigación pe­ riodística sobre la Casa Blanca. Con es­tas palabras inauguró el académico Felipe López Veneroni el Encuentro de Pe­rio­dis­ mo emprendedor e innovación digital.

Ante estudiantes de Ciencias de la Co­ mu­ni­ca­ción, el docente también men­cio­ nó que uno de los problemas a los que se enfrenta un comunicador es que no tie­ ne control de su trabajo, ya que el medio donde labora en diversas ocasiones puede darle otro sentido a éste y adecuarlo en be­ neficio de sus in­te­re­ses.

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Por ello, un periodista emprendedor – dijo– debe ser capaz de controlar el pro­ce­so de su producción hasta el día de publica­ ción, lo cual es posible con el avance tec­ nológico, ya que permite producir, trans­ mi­tir y recibir contenidos, una ven­ta­ja para los comunicadores.

Con estas nuevas herramientas tam­ bién hay oportunidad de desarrollar la vo­ ca­ción sobre temas especializados, des­ta­có.

Posteriormente se llevó a cabo la mesa: Radiografía del periodismo emprendedor en México, con la participación de Javier Risco, del portal Thinktankmedia, quien indicó que el mundo ha cambiado el pa­ radigma de los medios tradicionales a las necesidades de los digitales, donde el

público o la audiencia decide qué ver y desde qué plataforma.

Con esta modificación, continuó, au­ mentó la inversión publicitaria, los con­ tenidos y servicios hacia la plataforma digital, a fin de responder a la demanda de los anunciantes en otros formatos.

Ante este panorama, donde hay una gran diversidad de posibilidades para trans­mi­tir información, el reto para los co­mu­ni­ca­do­res es encontrar un espacio den­tro de la “locura” de formatos. Por ello, la pregunta que se deben hacer es cómo construir modelos informativos soste­ nibles y rentables, sin que el dinero sea la principal preocupación y evitando la incursión en lo convencional.

Expo Cultural América Latina y el Caribe Leopoldo Zea, 2017. Fotografías: Alan Márquez y Emanuel Reséndiz

Integración latinoamericana MYRIAM CORTE

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a integración del pensamiento lati­ noamericano, así como de la cultura, idioma y tradición es una tarea que en la región se ha trabajado constantemente y ha permitido cambios significativos; sin embargo, en el ámbito político aún faltan pendientes por atender. Así se apuntó en la inauguración de la xviii edición de La Expo Cultural América Latina y el Caribe Leopoldo Zea 2017, donde participaron el maestro Ar­tu­ro Chávez, secretario ge­ neral de la Facultad y la académica Irene Zea, organizadora del evento, junto con la profesora Jaqueline Argüello.

Además de la muestra artesanal, gas­ tro­nó­mi­ca y cultural de los países del área, se contó con la participación de los ti­tu­la­ res de las representaciones diplomáticas de Bolivia, El Salvador, Ecuador, Cuba y Haití, quienes hablaron sobre las rela­ ciones diplomáticas que han tenido con México a lo largo de la historia y sobre la situación actual en el subcontinente.

El embajador de Bolivia en México, José Crespo Fernández, resaltó que con la presidencia de Evo Morales en su país se inició un proceso de cambio en bene­ ficio del pueblo. En materia internacio­ nal, ahora se habla de una política propia; Bolivia está presente en foros po­lí­ti­cos, de cooperación y espacios de interacción donde se abordan temas re­la­cio­na­dos con el medio ambiente y la armonía de los seres humanos con la naturaleza.

“Junto con la fuerza de organizaciones

sociales se ha logrado que Bolivia pue­ da participar en foros internacionales expresando así la voz de su pueblo”, co­ mentó el diplomático.

No obstante, resaltó el embajador de Ecuador, Leonardo Arizaga Schmegel, aún hay retos pendientes por resolver en el área, pues la pobreza y la falta de edu­ cación siguen latentes. Actualmente hay 600 millones de latinoamericanos, de los cuales el 72 por ciento vive en extrema pobreza. “América Latina es la región más desigual y esto es un gran desafío”, precisó.

En este sentido, abundó el exposi­ tor, la integración de la gran diversidad de nues­tros pueblos es un punto importante que se debe seguir discutiendo para al­can­ zar el avance de nuestros coterráneos, ade­ más de no dejar de mirar al sur. En esto coincidieron también los embajado­res de Cuba, Pedro Núñez Mosquera; de Hait­í, Guy Lamothe, y de El Salvador, Edgar Palacios Bermúdez, quienes agregaron que las relaciones entre México y sus vecinos latinoamericanos siempre han sido pro­fun­ das, históricas y con hermandad.

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Compromiso con los derechos humanos E

l pasado 13 de diciembre, el presi­ dente de la Mesa Directiva del Se­ nado de la República, el senador David Monreal Ávila, tomó la protesta de ley a la doctora Angélica Cuéllar Vázquez, directora de la Facultad, como conseje­ ra honorífica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, junto con los ciudadanos Mi­ chael William Chamberlin Ruiz y José de Jesús Orozco Henríquez.

Dicho nombramiento es otorgado a través de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la cual convoca a las “asociaciones civi­ les, organizaciones sociales, institucio­ nes académicas, colegios profesionales y activistas que promueven y defienden la protección, observancia, estudio y divul­ gación de los derechos humanos”, a que propongan ciudadanos para ocupar las tres vacantes existentes en el cargo ho­ norario de integrante de la cndh.

El dictamen emitido por la Comi­ sión de Derechos Humanos fue apro­ bado en Asamblea con 83 votos a favor;

Los recién nombrados Consejeros Honoríficos. Fotografía: Senado de la República.

éste especificó que “los candidatos cuen­tan con el perfil requerido, que son mexicanos reconocidos, en el pleno ejercicio de sus de­re­chos y que cuentan con una destaca­ da trayectoria en el ámbito de la de­fen­sa, promoción y protección a los derechos humanos”.

El proceso de selección inició el 7 de noviembre con la publicación de la con­ vocatoria, después las propuestas de los candidatos fueron recibidas, y finalmen­

te la lista de los elegidos se publicó el 19 del mismo mes.

Esta investidura reafirma la perma­ nente labor de la fcpys en defensa y protección de los derechos del hombre, toda vez que nuestra Facultad es desde hace años sede de la Cátedra unesco de Derechos Hu­ma­nos de la unam, a cargo de la doctora Gloria Ramírez, y de la Cá­ tedra de Trata de Per­so­nas, presidida por el doctor Mario Luis Fuentes.

Populismo, síndrome político MYRIAM CORTE

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ablar de populismo en la actualidad adquiere una connotación negativa cuando de política se trata; incluso “el populismo hoy parece una amenaza”, comentó el doctor Jorge Luis Acanda, académico de la Universidad Central de Ciencias Sociales de la Universidad de Ecuador, al participar en la conferencia: Crítica al discurso sobre el populismo.

Sobre este tema se habla mucho en América Latina pero, ¿qué es, qué quie­ re decir, es un peligro que nos afecta a todos? Una realidad es que el término lleva a una vaguedad considerable, pues en la actualidad se tilda de populistas a personajes como Pablo Iglesias, del par­ tido Podemos, en España, así como en

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su momento se dijo del ex presidente italiano Silvio Berlusconi.

Sin embargo, comentó Acanda, am­ bos individuos difícilmente tienen ca­ racterísticas en común. Un ejemplo más es Donald Trump, a quien constante­ mente se le nombra de esta manera. En ese sentido, todos sabemos quién es o no populista pero nadie se asume como tal porque este adjetivo ha adoptado un significado negativo; a pesar de que, an­ taño, el gobierno de Lázaro Cárdenas se caracterizó por ser populista sin recibir comentarios en contra.

Por ello, es válido preguntarse por qué el vocablo ha proliferado en la vida común y se ha relacionado con peligro,

irresponsabilidad y demagogia, y tam­ bién, qué estructuras subjetivas se están cons­tru­yen­do para que se haya instau­ rado en el sentido común; es decir, sa­ bemos que el estudio del populismo es importante pero hay que saber por qué.

Distintos autores comentan que el populismo como concepto es esencial­ mente controvertido; además, se ha in­ terpretado de forma aislada o como un síndrome político. En las décadas de los treinta y cuarenta en América Latina se hablaba de los gobiernos populistas, ahora proliferan en muchos rincones del orbe; “populismo es una palabra con la que se le puede designar a todos porque es un síndrome político”, señaló.

Otra manera de culminar la formación universitaria ALEJANDRA REYES MOLINA

“

Hay dos días muy importantes en la vida de todos los universitarios: el primero es aquél en el que llegan a su centro de estudios llenos de sueños e incertidumbre, con la idea de construir una utopía; y por otro lado está el día en que eso se alcanza y se llega a la meta”. Éstas fueron las palabras con las que la maestra Alma Iglesias González abrió la ceremonia de entrega de diplomas a la se­ gun­da generación de alumnos titulados con la modalidad: Ampliación y pro­ fundización de conocimientos.

En el Auditorio Pablo González Ca­ sa­no­va de la Facultad, amigos y fami­ liares de los jóvenes presenciaron esta entrega de di­plo­mas, correspondiente a la conclusión de los dip­lo­ma­dos: “Ges­ tión y po­lí­ti­ca pública, temas selectos de derecho para la administración pública”, y “Rediseño de procesos de gestión en la administración pública”.

Esta nueva vía de titulación fue aprobada por el Consejo Universitario y después por el Consejo de la Facultad.

La profesora Martha Singer, jefa de la División de Estudios Profesionales (de­ pro) del plantel, destacó: “Ojalá que esta nueva modalidad de titulación pueda difundirse a través de ustedes para que

otras personas se acerquen a nosotros para culminar esta etapa de formación”.

Por su parte, el doctor Iván Islas, coordinador del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, resaltó la importancia de la responsabilidad social que les fue transmitida a los universita­ rios durante su formación, orientada a que en su desempeño laboral puedan concretar los valores que la unam pro­ fesa en todas sus actividades.

“El que ustedes estén en esta cere­ monia resume la existencia de la uni­ versidad”, subrayó por su parte el doctor Maximiliano García Guzmán, titular del Centro de Estudios en Administra­ ción Pública, quien agregó que la uni­ versidad existe justamente para preparar profesionales en las diferentes discipli­ nas que imparte y que éstos salgan a la realidad, a la vida pública y social, y sean un factor de transformación. “Esto nos llena de or­gu­llo porque sabemos que nuestros alumnos tienen mucha calidad en su formación, están llenos de propues­ tas y tienen las ga­nas de trabajar y cam­ biar para bien este país”, precisó.

Para finalizar, el doctor Khemvirg Puente, quien preside el Centro de Es­ tudios Políticos, invitó a los universita­

El tradicional “Goya”. Fotografía: Alejandra Reyes.

rios a defender los principios de libertad y justicia para así transitar hacia una me­jor sociedad y un mejor país. “Sean entonces un ejemplo para las nuevas ge­ne­ ra­cio­nes, sean motivo de orgullo para sus familias porque nosotros ya estamos or­ gullosos de cada uno de ustedes”, concluyó.

cortometraje contra el acoso L

Los premiados. Fotografía: Gaceta unam.

os estudiantes del noveno semestre de la licenciatura en Ciencias de la Co­mu­ni­ca­ción, Brenda Pamela En­ríquez Me­di­na e Ignacio González Ruiz, ob­tu­ vie­ron el primer lugar en el concurso de cor­to­me­tra­je La seguridad está en corto, con su trabajo titulado “Compañeros”.

Este certamen fue organizado por la Unidad de Análisis sobre Violencia So­ cial en México (Unavis) del Instituto de Investigaciones Sociales (iis) de la unam.

“Compañeros”, un corto que en 90 segundos aborda la violencia a través del acoso en el trabajo, fue realizado con la

técnica motion graphics. Sus realizado­ res apostaron por un proyecto animado, sin actores ni rostros, donde la narración, en primera per­so­na, va literalmente, de la mano de las pa­la­bras.

Enríquez, la escritora, señaló que die­ ron prioridad a un mensaje fuerte que se percibiera con gran emoción, “con la fi­na­ li­dad de prevenir el acoso para que no desemboque en más violencia”. En el certamen se abordaron temas como la prevención del delito, combate e inves­ tigación del crimen, derechos humanos, víctimas, jóvenes y justicia, entre otros.

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Democracia y periodismo Entrevista a Fernando Vallespín Oña

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l colectivo integrado por estudiantes de la Facultad y otras uni­ver­si­da­ des, Jóvenes Imaginarios, platicó con este politólogo de relevancia mundial so­bre te­ mas fundamentales de la vida política.

Catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid, Vallespín es columnista del diario El País y ha publicado libros refe­ renciales de actualidad y teoría po­lí­ti­ca.

Jóvenes Imaginarios: Para empezar me gustaría tratar un tema que nos preocupa en México: la libertad de expresión con relación a la democracia. Las redes sociales, ha dicho usted, modificaron la forma de llevar a cabo la democracia y también el periodismo, ¿cómo se entiende ahora el nexo entre ambos?

Fernando Vallespín: Venimos de un paradigma que consiste en observar quién filtra la realidad —porque ésta no se puede reflejar como si fuera un es­ pejo—, los que deciden qué merece ser destacado de ella eran los medios de co­ municación tradicionales, es decir, la te­ levisión, la radio, la prensa; por tanto, és­ tos tenían algo así como el monopolio de la escenificación de lo que es real. Con internet esto ha cambiado porque todos nosotros podemos dar nuestra interpre­ tación de la realidad y opinar sob­re lo que nos parecen los hechos. Opinamos en el sentido de que ponderamos esa realidad a partir de una visión distinta de aquella que nos encontramos en los medios tradicionales de comunicación; esto es, ahora cualquiera puede pronun­ ciarse sin ese control tradicional.

JI: En este marco, lo que observamos es que ha ocurrido una democratización del espacio informativo.

FV: Sí, pero democratización no significa mejora, es decir, hay una mayor libertad para que cualquiera pueda expresarse, otra cosa es que eso que se expresa se

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entrevista

corresponda con los hechos. Toda esta discusión en torno a la posverdad tiene mucho que ver, es decir, la gente no ex­pre­sa tanto opiniones cuanto estados de áni­ mo, cuanto emociones, etc., factores que sirven para que determinados grupos acentúen su posición y se pronuncien sobre algo. Las redes sirven para darle muchísimo más eco a eso que ha ocurri­ do, y de una manera muy emotiva, mani­ festando odio, entusiasmo o in­dig­na­ción.

Creo que las redes cumplen más esa función que la de realmente presentar los hechos u opiniones nuevas; es decir, sirven para humanizar eso que antes se presentaba de una manera mucho más fría.

JI: Hoy en día se habla de periodismo ciudadano y periodismo profesional, ¿exis­te o no esa dicotomía?

FV: Lo que existe es el periodismo, pun­ to. Lo otro son datos de la realidad que en un determinado momento pueden tener valor periodístico. Cuando digo que periodismo sólo hay uno quiero de­ cir que las reglas tautológicas son unas.

Uno no puede inventarse una noticia o un personaje. Lo que usted señala como periodismo ciudadano sería más bien la manifestación directa de las personas sin la mediación de los canales tradicio­ nales. De la misma manera que hay me­ dios de prensa que uno puede elaborar por sí mismo, también hay programas de televisión que uno cuelga en Youtube y, a partir de allí, la gente participa de esas otras visiones distintas y paralelas.

JI: En el contexto mexicano, con el narcotráfico y los altos niveles de corrupción ¿cómo pueden las instituciones o las organizaciones garantizar que haya libertad de prensa?

FV: Hay libertad de expresión en la medida en que uno puede opinar. Uno puede hablar de Trump y decir lo que le

dé la gana, cualquier mexicano es libre de hacerlo. No es libre si al evaluar a los narcos o a la posición del gobierno de una determinada manera, anticipa des­ de entonces una represalia.

Libertad de expresión no signifi­ ca que uno pueda decir absolutamente todo, hay unos límites que están ya muy bien madurados y acotados y, por tanto, eso funciona en países desarrollados con mayor calidad democrática de una ma­ nera espontánea. La gente no agrede a otros de modo arbitrario, sino trata de formular críticas fundadas, sin especular sobre si alguien ha cometido un delito o ha dejado de hacerlo.

JI: Para garantizar la libertad de expresión en países como México, ¿cuál es el papel de la sociedad civil?

FV: Sociedad civil es un concepto muy útil, pero a la vez es tan ambiguo que su uso no tiene mucho sentido, pero tiene un componente normativo, que creo es a lo que ustedes se refieren, por ejem­ plo, sociedad civil alude a la idea de que se asumen compromisos dentro de una sociedad que permiten que ésta tenga la capacidad de juzgar autónomamente lo que hacen las instituciones públicas.

Una sociedad civil activa es una donde si se pasan determinados límites por parte de la política inmediatamente se moviliza. Hay un compromiso con los valores políticos que esa sociedad dice defender y, por tanto cumple esa fun­ ción de movilizarse.

JI: En su libro, La mentira os hará libres, usted menciona que la deliberación en el espacio público sólo es posible en condiciones mínimas: racionalidad, libertad, seguridad. ¿Cuál es la perspectiva que tiene del espacio público mexicano bajo esos factores?

FV: Considero que es excesivo querer ga­ ran­ti­zar la deliberación, porque eso de­pen­ de mucho de la cultura política del país.

En el caso de México lo que se debe ga­ ran­tizar es la libertad de prensa y de ex­pre­ sión, el que se delibere o no es se­cun­da­rio.

La teoría política tiene muy claro que lo primero es la seguridad, es decir, en el principio está el orden, está Hobbes.

Luego, cuando mejoran las condiciones, pasamos a Locke, podemos ima­gi­nar que poseemos derechos individuales y que podemos ejercer nuestro libre albedrío, libertad de expresión, tolerancia, pro­ piedad. Después viene Rousseau, po­ demos crear una sociedad mucho más democrática. Pero todo exige una serie de condiciones y sin ellas es muy difícil concretar los valores democráticos; sin seguridad no hay libertad de expresión, eso está claro; sin un nivel mí­ni­mo de educación tampoco, porque so­la­men­te se expresa esa minoría que tie­ne la ca­ pacidad para poder dirigirse a los demás, manejo del lenguaje y herramientas para ser escuchado. También hace falta la ge­ neralización de todo un conjunto de va­ lores culturales, como es el respeto a la opinión del otro, que sea natural debatir, intercambiar ideas; hay que crear una serie de condiciones objetivas: seguri­ dad, educación, una red social mínima para que no haya gente que sea margi­ nada y para que después pueda fructifi­ car un sistema democrático.

JI: Con los escándalos de corrupción que existen en mi país, la juventud se desencanta y ya no quiere participar en política porque la asocia con algo negativo, ¿cuál cree que es el papel de los jóvenes en la labor política?

FV: Los jóvenes han tenido un papel muy importante en la política y lo siguen teniendo. Desde luego sienten un de­sen­ can­to, siempre ha sido así, yo creo que las sociedades avanzan gracias a que ellos se plantean un mundo distinto de aquél con el que estaban satisfechos sus padres; gra­ cias a ello evolucionamos, me­jo­ra­mos.

Pero me gustaría decir algo sobre la mala prensa de la política; ésta existe en todas partes, hasta en la divina Di­ namarca, y tiene mucho que ver con los

propios sistemas democráticos, es decir, la política es la única profesión don­ de nosotros perseguimos todo el día a quien la práctica. Imaginemos que po­ nemos una cámara permanente a los médicos en todos los hospitales; la clase médica acabaría perdiendo todo el pres­ tigio, porque de vez en cuando descan­ san, dejan esperando a la gente, etc.

En segundo lugar, y me parece muy relevante, la propia dinámica democrá­ tica obliga a hacer promesas, aunque sepas que no las vas a cumplir, porque si no las haces tú lo hace tu adversario y, entonces, el ciudadano por definición va a ser siempre defraudado por los políti­ cos, pero yo creo que es más el sistema el que obliga a hacer esto.

Esto no quiere decir que no haya que purgar a la política de la co­rrup­ción, debe haber tolerancia cero hacia este pro­ble­ ma. Hay que establecer mecanismos ins­­ti­ tu­cio­nales porque la naturaleza humana es falible. En ese sentido, hay que ser re­ lativamente optimistas: la política nun­ ca nos va a satisfacer, pero eso es bueno, obliga a tener que pensar en nuevas for­ mas de hacerlo y es donde entra de nue­ vo el tema de la juventud; la juventud nos obliga a renovar. Y lo que se podían permitir los políticos decir a los padres de estos jóvenes no se lo pueden per­mi­tir ya, no se dan por satisfechos ya. Lo que antes era una excusa, ahora ya no sirve, entonces los políticos tienen que buscar otro tipo de mecanismos para acercarse más a esos jóvenes. Es fantástico que la juventud se comprometa y busque me­ tas que hoy parecen imposibles, eso es una buena señal de salud democrática.

JI: ¿Usted cree que los partidos políticos son necesarios para las democracias?

FV: Sí. Muchos movimientos sociales acaban en partidos políticos, le pasó a los verdes alemanes, le está pasando a Po­ demos. Lo que ocurre es que los par­ti­ dos son organizaciones que, como todas, tienen un conjunto de dinámicas que nos desagradan, son como una em­pre­sa.

Los partidos no nos gustan, pero no he­ mos encontrado una alternativa mejor.

Alfred Hirschman, que es un mag­ nífico científico social, dice que todas

las sociedades experimentan una espe­ cie de proceso de péndulo, donde hay momentos en que todo el mundo está hiperpolitizado, en donde todo el mun­ do está encantado de participar en lo público, y luego el péndulo va al lado contrario. Es lógico, no podemos ser militantes permanentemente, entonces, hay que interiorizar que en el proceso de división del trabajo tiene que haber políticos profesionales. Otra cosa es que éstos se hayan convertido en una élite que se ha beneficiado de su posición ob­ jetiva dentro del Estado y, por tanto, no ha buscado el beneficio de los ciudada­ nos, sino el suyo propio. Hay que buscar un equilibrio, pero no pretender que la política se puede sostener sobre el com­ promiso de la militancia. Seamos realis­ tas, partamos de la base de que la gente es egoísta, y si luego hay gente altruista, maravilloso. Pero no podemos construir un sistema político ignorando que a la gente, antes que nada, lo que le importa es lo suyo, luego lo de los más próximos y después lo del resto. No cometamos ese tipo de errores que el aprendizaje histórico nos ha mostrado: no creamos que existe algo así como un hombre no alienado; esa gente que entra, de repen­ te, a guiar al pueblo en contra de una élite, acaba convirtiéndose en una igual de corrupta. Por eso el liberalismo des­ de la perspectiva de la organización de los poderes [públicos] sigue siendo un mecanismo que nos permite mantener esa desconfianza siempre alerta; cuanto más dividido está el poder mejor lo po­ demos controlar, cuanto más restriccio­ nes institucionales pongamos al poder será mejor. Si tenemos que depender de que la gente se movilice y reaccione, estaremos perdidos, tenemos que meter tal mecanismo dentro del Estado para evitar que éste se convierta en algo así como un vampiro, con capacidad para absorber la sangre de sus ciudadanos.

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Libros Los Simpson, el poder de la cultura suave MYRIAM CORTE En un medio tan refractario a la inteligencia como es la televisión, Los Simpson es una serie divertida y perspicaz. Homero, Bart, Marge, Lisa y Maggie, entre otros, son mejores que los estereotipos a los que calcan porque tienen la oportunidad de reinventarse en cada programa. Se trata de un trabajo único e irrepetible, con una irreverencia que se apropia tanto de mitos culturales como de muy variados perso­ najes públicos. Los Simpson dicen mucho de la cultura popular, de todos nosotros.

El libro: Los Simpson: sátira, cultura popular y poder suave, de María Cristina Rosas, es una guía para seguir la serie, pero también para mirarnos en el espejo que ofrecen estos personajes. En esta obra se lleva a cabo la revisión de la exitosa serie de televisión que es, además, un fenómeno de masas, parte de un aparato económico y un producto cultural del siglo xxi.

Cherán, “sujeto de su propia historia” ALINE ESPINOSA GUTIéRREZ Cherán K’ eri. 5 años de autonomía, es un libro en el que se rescatan los testimonios y la memoria de la vida colectiva de un municipio “que se siente sujeto de su propia historia” y es un punto de referencia de la lucha por una política comunitaria, pues su autonomía se plasma en la libertad de decisión.

Cherán es un municipio que se repiensa e intenta recuperar saberes, pero adap­ tados a la realidad. La existencia de un Consejo de jóvenes reafirma eso, es decir, ellos no sólo se aferran a las costumbres sino valoran el conocimiento de la gente adulta mayor.

Transparencia, derecho fundamental MYRIAM CORTE Pocos intelectuales a través de su obra escrita ayudan a entender el México que tenemos y el que queremos, tal como lo hace Jacqueline Peschard, ex presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (sna) y autora del libro: Transparencia: promesas y desafíos, de la colección Grandes Proble­ mas, de El Colegio de México.

Este trabajo es un referente para aquellos estudiosos de la materia y para otros no tan expertos. La autora presenta una ruta por la historia nacional e internacional de la transparencia, así como una descripción de las leyes en el ámbito internacio­ nal. Asimismo, establece una relación entre democracia, transparencia, corrupción, y analiza la necesidad de acceder y entender la información, lo cual permite hablar del derecho de los ciudadanos a informarse y así evolucionar al derecho a la trans­ parencia, ya que ambos están ligados.

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libros

Música y baile en la FCPyS MYRIAM CORTE El pasado noviembre, el ballet independiente Raúl Flores Canelo A.C. deleitó a la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con la interpretación de diversas piezas donde el principal atractivo fue la fusión de cuerpos y música. Esto se llevó a cabo en la explanada baja del plantel y en el Auditorio Ricardo Flores Magón. Foto: Myriam Corte.

Clausura de Talleres Extracurriculares MYRIAM CORTE Con gran éxito se realizó la clausura de los talleres extracurriculares a cargo de la Coordinación de Extensión Universitaria; éstos son impartidos en la Facultad y pensados para que los estudiantes reciban una formación integral en su paso por esta casa de estudios. En el Auditorio Ricardo Flores Magón, los estudiantes, al ritmo de danza africana, árabe, bachata, hawaiano, rock and roll y otros, demostraron sus habilidades y progresos en materia dancística y musical.

Foto: Myriam Corte.

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