Temas y Debates Nro. 16

ISSN 1666-0714

temas y debates 16

[revista universitaria de ciencias sociales semestral / aĂąo 12 / nĂşmero 16 / diciembre 2008]

ISSN 1666-0714

Comité Editorial Directora Adriana Chiroleu / U.N. Rosario Hugo Quiroga / U.N. Rosario Sandra Valdettaro / U. N. Rosario Graciela Zubelzú / U.N. Rosario María Eugenia Garma / U.N. Rosario

Waldo Ansaldi / U. de Buenos Aires Carlos Borsotti / U.N. Luján Francisco Delich / U.N. Córdoba Emilio De Ipola / U. de Buenos aires Alicia Entel / U. de Buenos Aires Andrés Fontana / U. de Belgrano Aníbal Ford / U. de Buenos Aires Daniel García Delgado / U. de Buenos Aires / FLACSO Aldo Isuani / U. de Buenos Aires Carlos Juárez Centeno / U.N. Córdoba Alfredo Monza / U. de Buenos Aires / FLACSO Paulo Netto / U. Federal de Río de Janeiro José Nun / CONICET Félix Peña / U.N. de Tres de Febrero Luis Alberto Romero / U. de Buenos Aires Roberto Russell / U. Torcuato Di Tella Héctor Schmucler / U.N. Córdoba Carlos Strasser / Flacso Emilio Tenti Fanfani / U. de Buenos Aires Eliseo Verón / U. de San Andrés Secretaria Técnica María Elena Nogueira Corrección Claudia Voras Diseño Gráfico Lorena Arroyo María Julia Ferrari Silvia Gastaldo Eugenia Reboiro

TEMAS Y DEBATES es una revista de periodicidad semestral editada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (ISSN 1666-0714). Tiene como objetivo principal la difusión de la producción académica en Ciencias Sociales, procurando generar un ámbito de discusión sobre temáticas propias de esta área de conocimiento a partir de la presentación de artículos inéditos, seleccionados por el Comité de Redacción con la colaboración de árbitros externos especialmente convocados para tal fin.

Dirigir correspondencia a: TEMAS Y DEBATES, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Rosario, Riobamba 250 Bis, ���������� Monoblock 1,����������������������������������� Box Segundo Piso Ala Este������� , 2000 Rosario, Argentina.

Autoridades FACULTAD DE CIENCIA POLITICA Y RELACIONES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO DECANO: Lic. Fabián Bicciré VICEDECANA: Lic. Silvia Robin SECRETARIA ACADEMICA: Lic. Mercedes Caila SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO: Lic. Claudia Voras SECRETARIO DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL: Lic. Franco Bartolacci SECRETARIA DE EXTENSION: Lic. María Inés Suidini SECRETARIO ESTUDIANTIL: Lic. Pablo Alesandroni SECRETARIO FINANCIERO: Lic. Oscar Sgrazzutti DIRECTOR ESCUELA DE CIENCIA POLITICA: Mg. V. Gastón Mutti DIRECTORA ESCUELA DE COMUNICACION SOCIAL: Lic. Elizabeth Martínez de Aguirre DIRECTOR ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES: Lic. Pedro Romero DIRECTOR ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL: Mg. Roberto Zampani

ISSN 1666-0714

Sumario

ARTICULOS

Argentina, una vez más en la encrucijada Liliana De Riz

9

La pérdida de legitimidad de los partidos políticos argentinos Ricardo Sidicaro

29

El Parlamento del Mercosur: ¿hacia un proceso de integración más democrático?

María Victoria Álvarez

49

Educación, ciudadanía y democracia.

Análisis en torno al acceso a la universidad de los sectores sociales de menores ingresos María Fernanda Juarros y Alejandra Martinetto

61

Menores e inseguridad. Analizando las “cifras” de la delincuencia juvenil en la ciudad de Rosario Daniela Polola Las políticas sensibles al género: variedades conceptuales y desafíos de intervención Ana Laura Rodríguez Gustá Familia, sexualidad y género en los años 60. Pensar los cambios desde la Argentina: desafíos y problemas de investigación Isabella Cosse

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CONFERENCIAS

La universidad frente a los desafíos de la democracia Alain Renaut

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RESEÑAS

La política después de los partidos de Isidoro Cheresky (comp.)

Martín Pedro González

165

Verdades y saberes sobre el marxismo.

Reacciones de una tradición política ante su “crisis” de Elías Palti Juan Bautista Lucca

169

Los senderos de la nueva izquierda partidaria de Juan Abal Medina María Laura Eberhardt

173

¿Qué hacer con las universidades? de Alain Renaut Clara Ruvituso

177

Historia reciente. Perspectivas para un campo en construcción de Marina Franco y Florencia Levín Mariángeles Zapata

183

artículos Argentina, una vez más en la encrucijada Liliana De Riz La pérdida de legitimidad de los partidos políticos argentinos Ricardo Sidicaro El Parlamento del Mercosur: ¿hacia un proceso de integración más democrático?

María Victoria Álvarez Educación, ciudadanía y democracia. Análisis en torno al acceso a la universidad de los sectores sociales de menores ingresos María Fernanda Juarros y Alejandra Martinetto Menores e inseguridad. Analizando las “cifras” de la delincuencia juvenil en la ciudad de Rosario Daniela Polola Las políticas sensibles al género: variedades conceptuales y desafíos de intervención Ana Laura Rodríguez Gustá Familia, sexualidad y género en los años 60.

Pensar los cambios desde la Argentina: desafíos y problemas de investigación Isabella Cosse

Argentina, una vez más en la encrucijada* Liliana De Riz

resumen

summary

Este artículo analiza las dimensiones de la crisis social y político-institucional que acompañó al colapso de la economía argentina a fines de 2001, el proceso de normalización institucional y pacificación social, la presidencia de Néstor Kirchner y los comienzos de la presidencia de Cristina Kirchner. La autora sostiene que la fragmentación del Partido Justicialista y del espectro político no peronista, así como el mantenimiento de las redes clientelares y las rivalidades personales obstaculizan un proceso de aprendizaje innovador en la dirigencia política.

This paper analyses the extent of the social and political-institutional crisis that accompanied the collapse of the Argentine economy at the end of 2001, the path towards social pacification and institutional normalization, Néstor Kirchner´s government, and the beginning of Cristina Kirchner’s administration. The author outstands that the fragmentation of the PJ and the non-peronist party spectrum, as well as the maintenance of clientilist networks and personal rivalries are serious obstacles for innovative learning processes in the political elite.

palabras claves

keywords

crisis / desafíos / gobierno de Néstor Kirchner / gobierno de Cristina Kirchner

crisis / challenges / Néstor Kirchner’s government / Cristina Kirchner’s government

temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

Liliana De Riz es Investigadora de CONICET. Mail: liliana.deriz@fibertel.com.ar

I. La Argentina en crisis

Las experiencias históricas de la democracia en Argentina, recurrentemente interrumpidas por golpes militares a lo largo del siglo XX, estuvieron pervertidas por el fraude, la persecución de las minorías, la proscripción política del peronismo, la corrupción y el clientelismo. El primer gobierno de la democracia establecida en 1983 sucumbió al marasmo de la hiperinflación y el presidente Alfonsín debió adelantar la transmisión del mando. Tras dos presidencias (1989-1999), Menem fue derrotado en su intento de ser reelecto por tercera vez, por una coalición opositora que supo interpretar las demandas de restaurar la ética en la función pública y respetar el gobierno de la ley. El gobierno de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación (1999-2001) no pudo modificar el curso de la economía y las medidas de austeridad que implementó profundizaron la recesión que se iniciara en 1998.1 Como observa Juan Corradi, “Argentina parecía un monumento desvencijado del segundo mundo, un rompecabezas estatista desencajado que nadie podía o quería volver a armar” (Corradi, 2004:144; De Riz, 1995:59-78; De Riz, 1996:147-165).

Sin embargo, un escándalo de sobornos en el Senado fue el primero de una serie de episodios que restaron credibilidad al gobierno y precipitaron su caída.

El clima de generalizado descontento cristalizó en los resultados de las elecciones legislativas de renovación parcial de octubre de 2001. Esas elecciones reflejaron el descrédito de la clase política: los votos nulos y en blanco y la tasa de abstención ascendieron a niveles inéditos.2 La percepción generalizada de un Estado a la deriva –la crisis de gobernabilidad, y en particular, de liderazgo– motorizó el desenlace. La negativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) a adelantar un desembolso de U$S 1600 millones que hubiera dado un respiro al gobierno, llevó al entonces ministro de Economía Domingo Cavallo a imponer estrictos límites a los retiros bancarios y a la circulación de efectivo en un intento por frenar la fuga de capitales del sistema financiero.

Las consecuencias devastadoras del denominado “corralito” financiero sobre los ahorros de las clases medias y sobre los sectores empobrecidos dependientes de la economía informal, fueron inmediatas. La sociología analizó la importancia de la amplia clase media argentina en la contención del conflicto social; fue siempre un amortiguador frente a la pobreza creciente. Argentina tenía ciertos niveles básicos de igualdad reconocidos en todo el mundo y un paisaje social relativamente bien integrado. Cuando la clase media pacífica salió a la calle, en el acto la siguieron los excluidos. La rabia y la desesperación se multiplicaron en las calles. Los días 18 y 19 de diciembre de 2001, Argentina fue sacudida por una ola de protestas, en gran parte espontáneas –manifestaciones a veces violentas, bloqueo de rutas por desocupados, demostraciones de decenas de miles de ahorristas golpeando cacerolas– y, en menor medida, menos espontáneas, como lo fueron los saqueos de comercios. La represión de las masas movilizadas ante la casa de gobierno para reclamar la renuncia del Presidente y todo su gabinete, dejó un saldo de treinta muertos y decenas de heridos.

El 20 de diciembre el presidente De la Rúa renunció.3 A pesar de la debacle

II. Hacia la normalización institucional

Las elecciones presidenciales de abril de 2003 se llevaron a cabo en medio de un clima de incertidumbre: en ese contexto, un 92% de los argentinos desconfiaba del gobierno y un 95%, de los partidos políticos (Latinobarómetro, 2002). Sin embargo, el dólar no se disparó y las señales de reactivación económica cambiaron el humor colectivo.4 La fase favorable del ciclo económico, puede ser un instrumento formidable para reconstituir el liderazgo político. En el último siglo, los gobiernos con supremacía presidencial (el primer gobierno de Juan Domingo

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económica, la crisis social e institucional y la sucesión de cinco presidentes en menos de dos meses, las instituciones de la democracia sobrevivieron. Una salida parlamentaria aseguró la continuidad del régimen democrático en medio del vacío creado por la ausencia de proyectos políticos. La sociedad quedó a merced de iniciativas justificadas por la resignación o la impotencia.

Argentina estuvo durante muchos meses sumergida en el caos institucional y social. La perspectiva de una desintegración incontenible acompañó las reacciones de la sociedad y del gobierno. Lo que había comenzado como una protesta contra la gestión de De la Rúa, se convirtió en una masiva rebelión cívica contra toda la dirigencia política. La rebelión llevaba una crítica implacable contra todo el sistema político. Bajo el slogan “Que se vayan todos”, las protestas atacaron los tres órdenes de gobierno, exigiendo la renuncia de todo el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. La impugnación al sistema representativo y el reclamo de formas de democracia directa que cortaran de raíz con el pasado inmediato, tuvo su centro en la ciudad de Buenos Aires y entre sus principales protagonistas, a los ahorristas provenientes de la clase media que vieron sus ahorros pesificados y cautivos en los bancos. Los desocupados, conocidos como “piqueteros”, marcharon en todos los centros urbanos importantes del país exigiendo trabajo y comida. También comenzaron a formar parte de la vida cotidiana las “asambleas barriales” que dieron voz al descontento de la clase media empobrecida. En Buenos Aires primero, y en otras ciudades del interior después, los bancos acorazaron sus edificios para defenderse de los ahorristas que reclamaban la devolución de su dinero bloqueado; proliferaron las huelgas generales, las manifestaciones de los desocupados, los “piquetes”. El historiador Luis Alberto Romero describe las tres figuras sociales que sintetizaron la nueva realidad: los caceroleros, los piqueteros y los cartoneros: “[…] Los primeros, en general provenientes de los sectores de clase media, que reclamaban ante los bancos o las sedes gubernamentales por sus ahorros perdidos o por la corrupción de los políticos, expresan la protesta rabiosa e irreflexiva de los defraudados. Los segundos, desocupados que se manifiestan cortando caminos, son la voz, terrible y justa a la vez, de los excluidos. Los últimos, que por las noches revuelven la basura para juntar papeles y cartones que valen su peso en dólares, semejan la invasión de los ejércitos de las tinieblas sobre la ciudad propia, como decía hacia 1870, en circunstancias similares, el intendente de Santiago de Chile, Benjamín Vicuña Mackenna” (Romero, 2003:113; De Riz, 2007).

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Perón y el primero de Carlos Menem) estuvieron asociados a vientos favorables en la economía. En 2002, seis de cada diez argentinos consideraban que hay democracia cuando se garantiza el bienestar de la gente, atribuyéndole al voto y a la libertad de expresión, un papel secundario (PNUD, 2002:11).

La previa manipulación del marco institucional a través de la suspensión de las internas partidarias en el Partido Justicialista –por ley se establecía la obligatoriedad de su realización– y la autorización a tres candidatos provenientes del mismo partido a competir, reiteraron una práctica política de larga tradición en Argentina: cuando las reglas no favorecen los resultados esperados por los poderosos de turno, se cambian.5 Los resultados de las elecciones de octubre de 2003 confirmaron el colapso parcial del sistema partidario. El peronismo, en conjunto, cosechó el 61% de los votos. La crisis de representación quedó confinada sobre todo a los votantes de clase media que habían apoyado en el pasado, al Partido Radical. La debacle electoral del radicalismo –el candidato de la Unión Cívica Radical obtuvo el 2,27% de los sufragios– mostró el estallido del sistema partidario que desde 1983 había girado en torno del justicialismo y el radicalismo. El peronismo pudo sortear la crisis e iniciar el difícil proceso de reunificación interna bajo un nuevo liderazgo. El presidente Kirchner fue consagrado con el 22,4% de los sufragios, tras la renuncia de Menem, el candidato más votado del peronismo (24,5%), a competir en la segunda vuelta. Se descubrió entonces que no había sido regulada la circunstancia de que uno de los dos competidores renunciara a la segunda vuelta y en ausencia de especificaciones sobre qué hacer debido a “lagunas” en la legislación electoral, se consagró al segundo candidato más votado. No hubo ballotage a pesar de la enorme fragmentación partidaria que lo anunciaba como inevitable. Esta anomalía explica la excepcionalidad de la situación en la que Kirchner asumió el mando.

El Presidente tenía que afirmar su autoridad para compensar la debilidad de su origen y debía hacerlo en el contexto de un sistema partidario en crisis, instituciones frágiles e inéditos niveles de fragmentación y protesta social.6 El Presidencialismo argentino otorga al Ejecutivo un formidable número de competencias y facultades que le permiten tomar decisiones unilaterales (De Riz y Sabsay, 1991:215-232; De Riz, 2005:223-228). No obstante, la fuerza de un presidente no depende sólo de sus poderes constitucionales: la solidez de su base partidaria, el alcance de los poderes administrativos que le permiten obtener los apoyos necesarios, la calidad del liderazgo presidencial, la tradición y la cultura política del país, cuentan.

III. La presidencia de Néstor Kirchner

La acefalía del Partido Justicialista y la pasividad de su Consejo Nacional dieron un importante margen de autonomía al presidente en los comienzos de su gestión para fijar su impronta en el movimiento político creado por Perón. El crecimiento ininterrumpido y a elevadas tasas de la economía desde el segundo semestre de 2002, la exitosa reestructuración de la deuda, el notable crecimiento del empleo y la reducción de la pobreza y la indigencia, afirmaron la autoridad

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presidencial, condición sine qua non de la gobernabilidad democrática en un país presidencialista, y lo hicieron en el doble sentido del término “gobernabilidad”, i.e., como eficacia del gobierno para lograr sus metas, y como reconocimiento de la autoridad estatal por parte de la sociedad, un aspecto clave para dejar atrás la crisis y comenzar la reconstrucción del aparato estatal.7 La renovación de los cargos de la Corte Suprema de Justicia y la anulación por la vía legislativa de las Leyes de Obediencia Debida8 y de Punto Final9, en el contexto de la proclamada voluntad del Presidente de terminar con las formas tradicionales de hacer política, respondieron a la demanda de la sociedad de respeto de los derechos humanos y de transparencia en la gestión de la res pública. Las elecciones de renovación parcial de la legislatura, en octubre de 2005, dieron un triunfo claro al gobierno con el 40% de los sufragios logrado por el Frente para la Victoria, el partido creado por el Presidente. El Partido Justicialista (PJ) –peronistas no kirchneristas– obtuvo el 11% y la Unión Cívica Radical (UCR), poco más del 13%. Con 112 diputados, el partido del Presidente no logró el quórum propio, pero no le habría de ser difícil obtenerlo.10 La fortaleza de los liderazgos partidarios está sometida al ciclo electoral. Quien se consagra en las urnas como presidente o como gobernador maneja recursos con los que sostiene su coalición de apoyo. Esta ha sido una regla de la política partidaria argentina que la implosión de los partidos políticos ha exacerbado al compás de los realineamientos internos que preceden o suceden a las elecciones. El triunfo electoral alimenta la cohesión partidaria.

Las elecciones a mitad de mandato permitieron a Kirchner reparar la debilidad de origen que representó el 22% de los votos con los que fue consagrado presidente. El duelo Kirchner-Duhalde que se encarnó en esas elecciones, terminó con la victoria del Presidente sobre su adversario más poderoso. Ese fue un paso necesario para iniciar la reunificación del peronismo bajo su liderazgo. La disciplina partidaria de la bancada mayoritaria en ambas cámaras del Congreso y la fragmentación de los partidos de la oposición favorecieron la delegación de atribuciones y la concentración de las decisiones en el Presidente, única figura de alcance nacional. La ley que reglamentó los decretos de necesidad y urgencia (DNU) no fija plazos para que el Congreso se expida sobre un decreto de esas características y establece que basta una de las Cámaras para ratificarlo. Tampoco estableció la caducidad de los DNU no ratificados dentro de un plazo determinado y estableció que en caso de rechazo se deben expedir las dos Cámaras, de modo que si una lo rechaza y la otra lo aprueba, el decreto seguirá vigente.11 Por su parte, gracias a la modificación de la legislación de la administración financiera del Estado, el jefe de gabinete puede reformar el presupuesto, lo que libera al Ejecutivo de toda ingerencia del Congreso en materia presupuestaria. Esta es una formidable herramienta para que el presidente decida sin la interferencia de otros actores relevantes.12 La anunciada reforma política desapareció de la agenda. Ésta ha sido la suerte corrida por los reiterados compromisos que hicieron los partidos a favor de la renovación de las instituciones y luego abandonaron, sin dar explicación. El Partido

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Justicialista logró descomprimir tensiones en su seno, atenazadas por las pujas constantes por el liderazgo, y fue cerrando filas alrededor de Kirchner, su líder de facto desde los resultados electorales de 2005. La oposición fragmentada no ha podido disputarle su supremacía y las encuestas continúan reflejando los altos niveles de popularidad del presidente. La fragmentación del PJ y del espectro partidario no peronista, el clientelismo y las rivalidades personales, son factores que bloquean la renovación de la dirigencia política e incentivan coaliciones ad hoc.

Argentina es hoy un país en crecimiento y en proceso de reconstrucción social tras el marasmo de la crisis. La demanda por la transparencia sigue viva, pero no encuentra eco, como si la sociedad se resignara a que el gobierno quede encarnado en la voluntad de un presidente a quien se confía el timón y del que no se espera que rinda otra cuenta que no sea la eficacia de su desempeño para satisfacer demandas de diversos sectores de la población. Esta es una democracia de un partido dominante, unificado alrededor del presidente, ya sea por convicción de quienes le siguen, o bien por conveniencia de quienes siempre se alinean con los ganadores.

Contrariando las previsiones acerca de la necesaria búsqueda de consensos a que se vería obligado por el escaso caudal electoral con que llegó al poder, y la proclama en su discurso inaugural de “una cultura de diálogo”, el presidente Kirchner gobierna prescindiendo de los partidos de la oposición, rodeado de un estrecho círculo de funcionarios de su confianza, sin la coordinación de los miembros de su gabinete ni la injerencia de su propio partido que en los hechos es un movimiento político movilizado en las elecciones. El triunfo electoral en las elecciones intermedias de octubre de 2005 fortaleció ese modo autocrático de ejercer el poder. La política aparece como un duelo entre el Presidente y los enemigos que lo acechan, pocas veces identificados de manera explícita (los periodistas, el FMI, algunos empresarios, el neoliberalismo, los ortodoxos…). Los recursos públicos son administrados como si fueran propiedad privada por un presidente que gobierna concentrando todas las decisiones y crea instituciones ad hoc como los fideicomisos en la obra pública que escapan al control del Congreso y desincentivan la gestión transparente de los bienes públicos por parte de los funcionarios del Estado, favoreciendo toda clase de manejos discrecionales.13 Las protestas sociales fueron contenidas con diferentes estrategias que incluyeron la implementación de programas sociales, la cooptación y el aislamiento de los más radicales (por ejemplo, del movimiento piquetero) y el tránsito desde una política inicial más permisiva hacia otra, más restrictiva, que ha resultado exitosa.

Las protestas sociales continúan, pero su intensidad ha sido menor en la segunda mitad del mandato presidencial.

Los sindicatos tradicionales y los grupos industriales fueron los principales apoyos de la política económica post convertibilidad. La Confederación General del Trabajo (CGT) obtuvo la elevación del salario mínimo vital; la rebaja del impuesto a las ganancias para trabajadores sindicalizados; el inminente aumento de las asignaciones familiares, y un futuro rédito político en el ajuste de jubilaciones, que se anunciará semanas antes de las elecciones. La Confederación Argentina de

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Trabajadores (CTA)14, la promesa del postergado reconocimiento de su personería gremial. Y la Unión Industrial Argentina (UIA) la designación de un hombre de sus filas al frente del Ministerio de Economía; el plan Energía Total (que subsidia los combustibles a las fábricas que reemplacen el consumo de gas), más el compromiso oficial de crear un banco de fomento para inversiones fabriles, apurar una nueva legislación de accidentes de trabajo y eliminar la indemnización extra por despido. Sin embargo, un acuerdo social tripartito (Estado-empresas-sindicatos), como el propuesto por la candidata a la presidencia, Cristina Fernández, tiene una historia de fracasos recurrentes. A diferencia de los pactos que tuvieron éxito en otros países, basados en lo que cada sector sacrificó en lo inmediato a cuenta de beneficios futuros y en función de una estrategia global consensuada, las ventajas que cada uno logró a expensas de otros en la mesa de negociaciones fue el rasgo distintivo de los acuerdos décadas atrás en la Argentina. Resta ver si el sindicalismo y los grupos industriales se involucrarán en una política económica consensuada y en caso de que así sea, si esa política logrará estabilidad a través del tiempo en un eventual contexto en el que la inflación se acelere (De Riz et al., 1987; Etchemendy, 2005).15 Transcurridos 24 años desde el restablecimiento de la democracia, el período más prolongado de vigencia de la democracia en Argentina, seguido por el radicalismo (1916-1930) y el peronismo (1946-1955), la calidad y la transparencia de las instituciones no son hoy en día más sólidas que en los comienzos de la democracia. El Poder Ejecutivo está marginando al Congreso Nacional a través del expediente de los Decretos de Necesidad y Urgencia y de la delegación de facultades por parte del Poder Legislativo. La modificación en la integración del Consejo de la Magistratura atenta contra la división de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Durante 2007, las manipulaciones sobre el Índice de Costo de Vida que genera el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) quita credibilidad a la información que produce el Estado, las sospechas de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno en el caso de la empresa Skanska, la renuncia de la ministra de Economía en cuya oficina se encontró un sobre con una importante suma de dinero que aun no se ha justificado o el ingreso de 800 mil dólares no declarados por un ciudadano venezolano integrante de la comitiva de funcionarios argentinos de la empresa estatal ENARSA (Ente Regulador del Gas) que regresaban en jet privado al país, son algunos de los casos más resonantes, que reflejan la falta de transparencia en la gestión pública y alimentan las sospechas de corrupción.16 Las tensiones sociales y políticas en provincia de Santa Cruz, de la que Néstor Kichner fuera tres veces gobernador –en 1991, 1995 y 1999– luego de modificar la Constitución, ocurren pese a que la provincia registra el desempleo más bajo y los salarios públicos de bolsillo más altos.17 Los resultados de las elecciones a gobernadores provinciales celebradas con anterioridad a las elecciones generales de octubre son indicadores del mapa político heterogéneo que está emergiendo. Desaparecieron los emblemas y liturgias de los partidos dominantes en el siglo pasado y ya no se puede anticipar tendencias o gobernadores claramente alineados en el plano nacional.

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En Córdoba, las denuncias de fraude realizadas por el candidato a gobernador del Frente Cívico y Social, integrado por sectores del peronismo, el radicalismo y organizaciones de la sociedad civil, fracturaron a la política y a la sociedad cordobesa, en el contexto de una sociedad nacional en la cual la percepción de que las elecciones son, en general, limpias, se redujo del 51% al 47% de los argentinos en 2006 (Latinobarómetro, 2006). Córdoba refleja bien cómo los electorados urbanos canalizan sus expectativas de cambio a través de nuevos liderazgos y fuerzas políticas también nuevas –como es el caso de Juez y el Frente Cívico y Social–.

Pero la burocracia del Partido Justicialista continúa siendo el actor clave para asegurar a la administración su anclaje en las provincias, los gremios y el Congreso.

La debilidad de las instituciones representativas se refleja en la percepción que los argentinos tienen: el 74% expresó su rechazo por el Congreso y dijo que no se siente representado por sus legisladores (IPSOS/Mora y Araujo, 2007). Cuando se comparan datos entre el inicio de la democracia y el presente, se observa que mientras que en 1984 sólo un 7% respondía que “nunca va a sentir simpatía por ningún partido”, la cifra se eleva al 20% en 1990 tras la experiencia de la hiperinflación y el acortamiento del mandato presidencial. En 1998 alcanza al 48% y desciende en 2000 al 40% con la llegada de la Alianza. En 2001 trepa al 60% de los argentinos y alcanza su máximo en 2002 con el 64%. Aun con tendencia decreciente a partir de entonces, más de la mitad de la población sigue afirmando que no sentirá simpatía por ningún partido en 2007 (IPSOS/Mora y Araujo, 2007). Con 2,9 puntos en la escala de 1 a 10, que registra la mínima a la máxima calidad institucional en un país, el Índice de Percepción de la Corrupción 2007 de Argentina ubica al país entre los casos en que la corrupción es percibida como desenfrenada (Transparencia Internacional, 2007). Hay una demanda insatisfecha de modernización política en los sectores medios urbanos que plantea al gobierno un viejo dilema: ¿cómo satisfacer esa demanda sin perder el apoyo del aparato peronista tradicional?

La estrategia de la denominada “transversalidad” que consiste en construir alianzas basadas en la lealtad personal, mal se aviene con la declarada intención de renovación de la política de Kirchner. En los hechos, el gobierno se sigue estructurando en torno a alianzas con gobernadores que tienen consolidado su dominio territorial. Luego de meses de rumores, el presidente Kirchner designó a su esposa, la senadora Cristina Fernández y renunció a postularse a un segundo mandato al que la Constitución lo habilita. Su decisión desató rivalidades y resquemores en el seno del peronismo. A diferencia de las monarquías, el presidencialismo puede influir en la sucesión, pero no puede organizar el orden sucesorio.

Este precepto también ha sido vulnerado.18 El presidente constitucional puede asumir las facultades de un rey aunque se denomine presidente y establecer una dinastía en una variante de la “república posible” que muchos se resignan a aceptar. Comparado con su par en Estados Unidos, el presidencialismo argentino se distinguió por las atribuciones de intervención federal, declaración de estado de sitio e iniciativa legislativa, pero se trata de atribuciones compartidas o avaladas por el Congreso (Mustapic, 2000).19 Una tradición de poder presidencial fuerte se

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ve reforzada por la crisis de los partidos y por instrumentos como la delegación de facultades por parte del Congreso, o los DNU. La derogación de la ley de internas abiertas, previamente suspendida para las elecciones de 2003 con la intención de evitar que Carlos Menem pudiera ser consagrado candidato del justicialismo, despejó el camino hacia la proliferación de candidatos y de partidos “sellos” que cuelgan sus listas a la de un candidato/a. La permisividad de la legislación vigente sobre partidos políticos explica que la cifra de partidos que compiten ronda los 700 en la actualidad. Esa permisividad y las cambiantes interpretaciones de la legislación electoral, hacen posible que en el contexto de la pulverización de los partidos tradicionales haya listas denominadas “colectoras” que se cuelgan detrás de las figuras que se postulan a cargos ejecutivos. Son listas de diputados, gobernadores o intendentes que quieren beneficiarse del efecto arrastre. También da cuenta del hecho de que haya listas de un mismo partido presentadas para sostener a candidatos de partidos diferentes –las denominadas “listas espejo”– (De Riz, 2005). En la práctica funciona una suerte de doble voto simultáneo y acumulativo que, a diferencia del aplicado en el Uruguay, se colecta para candidatos, no para partidos. Este sistema permite sobrevivir a pequeños partidos personales al conseguir superar el requisito del 2% de los votos para conservar el reconocimiento como partido político y los provee de financiamiento para su actividad ya que los votos conseguidos por la lista resultan de la sumatoria de los obtenidos en las listas de los diferentes candidatos y el apoyo financiero del Fondo creado a ese efecto en el Ministerio del Interior depende de los votos obtenidos.

Algunos de los dirigentes del justicialismo comenzaron a impulsar la resurrección del Partido Justicialista, en particular, el ex presidente Duhalde quien declaró: “Vuelvo a la política para hacer lo que nadie hace. Sólo me interesan dos cosas: reconstruir el justicialismo, que hace cuatro años que está cerrado, y aprobar la reforma política que no logré durante mi gestión. Nada más. Cosas de las que nadie se ocupa. El resto son todas macanas”.20 En la tradición del peronismo, el presidente de la Nación es el presidente del partido y no existe la idea de que esos dos roles puedan no coincidir en la misma persona. Kirchner declara que se dedicará a la construcción de una fuerza política durante el mandato de su esposa, pero lo cierto es que se trata de conquistar los bastiones del peronismo tradicional y para ello, es imprescindible el triunfo electoral que posibilite quedarse con las banderas, los aparatos y la gente. Esa contienda aún no ha terminado.

La normalización del Partido Justicialista y el futuro de esa organización como tal se ha transformado en una pretexto para hacer valer posiciones. La designación de la senadora Fernández vino a avivar la puja por los aparatos, territorios y clientelas.

La continuidad de los ejes de la actual política económica y el objetivo de “acumulación con inclusión social” para reducir la pobreza que hoy alcanza a casi un tercio de los argentinos fue el leitmotiv del discurso de la candidata del oficialismo.21 Esos objetivos, empero, no generaron debates en la sociedad. Pocos están en desacuerdo. Lo distintivo de esta campaña fue la ausencia de debates

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sobre propuestas. Cristina Kirchner omitió la consideración de los problemas que existen para avanzar en la dirección de un crecimiento sostenido con inclusión social. La candidata, Cristina, como se la llama, centró su discurso en el valor de la diferencia, a la que considera fuente de enriquecimiento antes que de conflicto, y se mantuvo en el ámbito más abstracto de los valores del pluralismo, los derechos humanos y la tolerancia, sin abordar el territorio más pragmático de las políticas con las que mejorar la calidad institucional, combatir la pobreza y la desigualdad, atraer inversiones, hacer frente a la crisis energética o a los déficit de infraestructura. Su consigna, “el cambio en la continuidad”, es consistente con la épica retórica a la que echó mano el gobierno de su esposo, indiferente a la distancia que media entre la radicalización en su discurso y sus acciones.

La debilidad de la oposición no sólo resulta de su fragmentación, es, además, la consecuencia de que no consiguió instalar en la sociedad propuestas alternativas al oficialismo. El fracaso de la Alianza contribuyó a afectar más la ya deteriorada imagen de los partidos políticos, pero el descrédito no hizo impacto en todos los partidos por igual. Éste fue comparativamente menor para el PJ que desde la oposición pudo capitalizar el descontento. El peronismo logró sobrevivir como fuerza política predominante en las elecciones de renovación parcial de la Cámara de Diputados en 2001 y en las elecciones de 2003 en las que logró en conjunto el 61% de los votos. Fue el electorado de centro-derecha y los disidentes por izquierda de la Alianza –los “huérfanos de la política” según la oportuna expresión que Juan Carlos Torre propuso para designar a la masa crítica de ciudadanos y ciudadanas exigentes que demandan una democracia de partidos más transparente y con rendición de cuentas al público de sus actos– los que convirtieron su disconformismo en el problema político de la crisis de la representación partidaria en Argentina en 2001 (Torre, 2007).

El fracaso de la Alianza, además, reactivó un prejuicio de larga data en Argentina según el cual toda alianza entre fuerzas políticas es un “contubernio” destinado a beneficiar sólo a los políticos. En el vacío creado por la crisis de los partidos también recobró fuerza la creencia arraigada en importantes sectores de la población en el rol de una presidencia fuerte encarnada en una figura capaz de resolver los problemas de los argentinos por encima de las estructuras partidarias (“pilotos de tormenta”, los presidentes son el actor clave para alimentar la esperanza ya sea de reparación o bien de transformación que anida en la sociedad). La envergadura de la crisis vivida en 2001/2002 ha favorecido políticas de corto plazo destinadas a dar respuesta a la emergencia económica y social en el contexto del vacío creado por la desarticulación del sistema de partidos. El eje del gobierno de Néstor Kirchner fue puesto en las políticas de reparación. Las reformas de fondo fueron postergadas.

IV. El legado económico del futuro gobierno

La economía argentina continuó su rápida recuperación y se logró revertir la tendencia negativa de los indicadores sociales. La cantidad de personas que vivían bajo la línea de pobreza pasó del 57% en mayo de 2002 al 27% en el segundo

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semestre de 2006 y la indigencia se redujo del 25% al 9% en ese lapso. El desempleo que había alcanzado su pico en mayo de 2002 (24,5%) cayó al 8,7% en el segundo trimestre de 2006. Las cifras del INDEC también indican que durante el segundo semestre de 2006 el empleo no registrado descendió al 44,1%, pero fue superior al registrado a comienzos de la recesión, a pesar de que la economía argentina tiene registros de producción e inversión superiores a los de 1998.

El paisaje social de la Argentina se ha transformado. La sociedad argentina está polarizada entre los de arriba y los de abajo y deja importantes sectores de la población fuera del mercado. La brecha de ingresos entre el 10% superior de la distribución y el 10% inferior llega a 30 veces en el primer trimestre de 2007 y mientras el 10% superior en la escala de ingresos capta el 35% del PBI, el 10% inferior, sólo el 1%.22 Parte de los logros –el crecimiento del consumo, la inversión, la ocupación, la masa salarial, la recaudación impositiva y las reservas del Banco Central– fueron posibles acumulando desequilibrios macroeconómicos importantes que dada su magnitud se reflejan en crecientes niveles de inflación. El gobierno, a través de subsidios que erosionan el ahorro público, ha logrado sostener las distorsiones en las tarifas en los mercados regulados y evitar que la mayor inflación impacte sobre el nivel de consumo. No obstante, la dinámica de “tapar” con subsidios la inflación para que no afecte al bolsillo del consumidor, tiene como límite el bolsillo del gobierno y el saturado cuadro energético.23 Acuerdos sectoriales de precios, límites a las exportaciones de productos de consumo masivo e incentivos a la inversión son otros de los instrumentos con los que el gobierno ha tratado de controlar la inflación que según como se mida alcanza dos dígitos (entre 15 y 20 anual). El Presidente, por su parte, adjudica la responsabilidad a “algunos empresarios que quieren inflar los costos de la producción para volver por la puerta de atrás a las esferas del poder” (La Nación, 19/09/2007), convencido de que la inflación es el exclusivo resultado del comportamiento de los malos empresarios.

El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, reitera a los empresarios que no hay leyes económicas intangibles y que eso es lo que el Consenso de Washington quiso instalar para dominarnos. El Gobierno pone en práctica la concepción de la economía que el propio Perón formulara en carta al presidente chileno, Carlos Ibáñez: “Mi querido amigo, déle al pueblo, especialmente a los trabajadores, todo lo que sea posible. Cuando parezca que ya les ha dado demasiado, déles más. Todos tratarán de asustarle con el fantasma del colapso económico, pero todo eso es mentira. No hay nada más elástico que la economía, a la que todos temen tanto porque no la entienden”.24 Estadísticas inflacionarias poco creíbles; déficit energético; insuficiencia de inversiones en bienes de capital y en infraestructura; aumento del gasto público y de los subsidios estatales; escasez de financiamiento externo e interno de largo plazo; aumento de la deuda pública y deterioro del tipo de cambio real así como de los superávit gemelos (fiscal y de la balanza comercial) que han pasado a depender cada vez más de los buenos precios internacionales de la producción exportable y de mercados financieros externos, configuran un panorama que pone en riesgo

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la sustentabilidad del crecimiento. En el largo plazo se necesita más que el crecimiento de las exportaciones. La alta dependencia del contexto internacional y de pocos productos, y sobre todo, productos primarios de exportación, combinada con la baja inversión en ciencia y tecnología, tornan vulnerable el crecimiento.

Una reforma estructural que siente las bases del crecimiento sostenido, el aumento de las inversiones y la mejora del clima de negocios es una tarea pendiente.

V. La sucesión matrimonial

La fragmentación fue el rasgo distintivo de las elecciones presidenciales celebradas en octubre de 2007. El Partido Justicialista concurrió dividido a las urnas, esta vez no en tres como lo hizo en 2003, sino en dos: el oficialista Frente para la Victoria (FPV) y el Frente Justicia, Unidad y Libertad (Frejuli). En la oposición, volvieron a competir por la presidencia, López Murphy (RECREAR) en alianza con Propuesta Republicana (PRO) y Carrió (Coalición Cívica). La UCR llevó como candidato a presidente a Roberto Lavagna, ex Ministro de Economía del gobierno, de filiación peronista, en coalición con sectores del peronismo no kirchnerista. Partidos menores a la izquierda y la derecha del espectro político, muchos de los cuales son partidos personales, completaron el panorama. El gobernador peronista reelecto, Alberto Rodríguez Saá compitió por los votos peronistas y conservadores remanentes al igual que el gobernador Sobisch, del Movimiento Popular Neuquino. Por primera vez en mucho tiempo, ni el Partido Justicialista ni la Unión Cívica Radical tuvieron boletas propias en elecciones presidenciales, sólo fueron aliados de varias coaliciones. Desapareció el viejo sistema de partidos políticos.

Una indiscutida mayoría consagró presidenta a Cristina Fernández de Kirchner, la primera mujer en llegar a ese cargo a través de elecciones, en un país con arraigados resabios machistas en política. Con casi el 45% de los votos, el resultado más pobre para una elección presidencial desde la recuperación de la democracia en 1983, pero –a excepción de las elecciones irregulares de 2003– con la mayor ventaja registrada sobre la segunda fuerza política, encabezada por Elisa Carrió.

La demanda de transparencia y mayor control de la acción de gobierno se dispersó en el arco opositor. Con los partidos pulverizados y retazos del radicalismo y del peronismo distribuidos por doquier, un personalismo rampante y las identidades políticas en crisis, el voto del electorado de los sectores medios de los centros urbanos no encontró una expresión política unificada capaz de convertirse en alternativa al oficialismo. En las tres mayores ciudades argentinas, Buenos Aires, Rosario y Córdoba, Cristina Kirchner fue derrotada. Su fuerza electoral se afincó en el voto peronista del interior más alejado de las grandes ciudades, el voto más uniforme y masivamente pobre de todos los presidentes electos desde 1983, muy distante de la imaginada coalición con los sectores progresistas de la clase media. Sus registros más altos estuvieron en Santiago del Estero (77,91%), Salta (74,29%), Formosa (72,33%), Misiones (68,25%). En Mendoza, la fórmula oficialista alcanzó el 60% de los sufragios gracias a la tracción de Julio Cobos, ex gobernador radical de esa provincia y candidato a la vicepresidencia en la fórmula oficialista.25

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Cristina Kirchner recibió como propio el capital electoral de la gestión de su esposo y el beneficio de una oposición fragmentada y a la defensiva. El balance de lo sucedido en el último lustro, más que las aspiraciones hacia el porvenir, inclinó las preferencias. El crecimiento económico, el notable crecimiento del empleo, la recuperación del crédito y el salario, la reducción de la pobreza y la indigencia, el aumento del consumo, el superávit fiscal y externo y el prestigio de la Corte Suprema renovada pavimentaron el camino hacia la consagración electoral. Uno de cada cuatro votos de la fórmula oficialista Cristina Kirchner/Julio Cobos, provino del Gran Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires fue la mayor impulsora de votos, más del 37% de los sufragios obtenidos a nivel nacional provinieron de dicha jurisdicción en la que el FPV logró el triunfo en 28 de los partidos del conurbano y sólo en 2 fue derrotado. Lo que puede considerarse el legado de Eva Perón al peronismo como organización –la capacidad del peronismo bonaerense de movilizar tanto a hombres como a mujeres– benefició al oficialismo. Una vez más quedó comprobado, tal cual viene sucediendo desde 1983, que quien obtiene la mayor cantidad de votos en este distrito, gana las elecciones presidenciales.26 Casi el 90% de los sufragios se repartió entre tres coaliciones: la oficialista, la de Elisa Carrió y la de Roberto Lavagna. Heterogéneas tanto desde el punto de vista de las ideas como de los grupos representados, será difícil lograr la convergencia cuando en el gobierno o en la oposición deban definirse cuestiones sustanciales. No hubo reelección presidencial, pero se reeligió un gobierno. No sólo continúa el mismo partido en la gestión, sino que se inaugura una variante inédita: la sucesión matrimonial. Néstor Kirchner decidió continuar de otra manera. Jefe indiscutido del movimiento peronista, se propone construir la fuerza política que de sostén al oficialismo encarnado por su esposa. Que ese proyecto resulte en la transformación del peronismo en una suerte de aglutinador de un eje de centroizquierda, parece poco probable. La victoria alcanzada tuvo el perfil sociológico del peronismo clásico como lo atestigua el pobre resultado electoral del oficialismo en las grandes ciudades del país. El ex senador Antonio Cafiero, un dirigente histórico del peronismo, advierte que “El Justicialismo como partido político podrá confluir con otras fuerzas políticas y sociales en diversas coaliciones electorales, pero como movimiento deberá seguir expresando un modo de pensar y de sentir la Argentina que le es propio e intransferible. En él adquieren otro significado las clásicas oposiciones ideológicas entre “derecha” e “izquierda”, que más bien quedan libradas a la oportunidad de los hechos. Esta característica que tanto critican algunos intelectuales no es un síntoma de debilidad o confusión, como pretenden, sino que es uno de los fundamentos de su eficacia, ya que permite compatibilizar el idealismo con el pragmatismo o, si se quiere, conjugar la “ética de las convicciones” con la “ética de las responsabilidades””(Clarín, 6/12/2007).

El dirigente sindical Luis Barrionuevo, por su parte, señala que “Lo único que yo espero es que si decide (Néstor Kirchner) normalizar el peronismo, no sea plural.

Porque en el peronismo –enfatizó– no puede haber radicales K” (La Nación, 8/12/2007). Sin el aval de los votos de los sectores medios y con la resistencia manifiesta de dirigentes políticos y sindicales, el objetivo hasta ahora frustrado

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de transformar al peronismo en una nueva fuerza política, desafiando la estrategia del propio Perón de anexar socio menores al conglomerado peronista, parece lejos de ser alcanzable.

VI. La continuidad en el cambio

Desde la reapertura democrática de 1983 ningún presidente de la Nación asumió sus funciones con una cuota de poder institucional comparable a la que logró Cristina Kirchner. Una abrumadora superioridad le permite alcanzar el quórum propio en ambas cámaras y acercarse a los dos tercios que le posibilitan un control absoluto del poder legislativo.27 La ventaja de una oposición débil y fragmentada le augura un comienzo sin mayores tropiezos en el Congreso. Sin embargo, la disciplina del peronismo kirchnerista es difícil de predecir. La tradición del movimiento creado por Perón ha sido el desplazamiento de las luchas partidarias al seno de los órganos de gobierno, de tal suerte que el peronismo fue gobierno y oposición a la vez. Acaso el temor a repetir esta historia haya llevado a mantener las facultades legislativas que los legisladores otorgaron al poder Ejecutivo –los denominados superpoderes–.

La promesa de la Presidenta de mejorar la calidad institucional e instalar el diálogo, la tolerancia y la concordia entre los argentinos no se aviene con la perduración de los superpoderes del Ejecutivo, la defensa de la manipulación del Índice de Costo de Vida que genera el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) o el no tratamiento de la ley de acceso a la información pública que ha esperado en vano en su despacho del Senado. ¿Cómo satisfacer las expectativas de modernización política que moviliza a los sectores medios y, a la vez, no perder el dominio sobre el peronismo, condición sine que non para el ejercicio del poder?

Este dilema no ha sido resuelto aún por el matrimonio presidencial. Acaso la estrategia de alianzas de la presidenta innove respecto de su antecesor, pero ésta es una incógnita a develar.

Cristina Kirchner ratificó a la mayoría de los ministros del gobierno de su esposo. “La continuidad en el cambio” es el lema que refleja la ambigüedad como punto de partida de la nueva gestión. ¿Cambia el gobierno para seguir fiel a sí mismo o bien continúa decidido a cambiar? Acaso, como algunos sospechan, comienza una etapa de sucesiones consecutivas entre la pareja presidencial que la prolongará en el poder, una vez “pingüino”, otra “pingüina”, como gusta decir el ex presidente. Una suerte de “presidencialismo matrimonial” combina los riesgos del presidencialismo con los que trae aparejado el vínculo entre los cónyuges, emocional, patrimonial, de pasado y de futuro común para ejercer el poder. Empero, la nominación del nuevo ministro de Economía, Martín Lousteau, ha sido percibida como un cambio: oficialistas y opositores han abierto un compás de espera sobre su futura acción y han registrado los buenos antecedentes del candidato. Resta ver cuánto de continuidad y cuánto de innovación habrá en las acciones de gobierno.28 La expectativa de que se mantenga la bonanza en los precios agrícolas y un alto ritmo de crecimiento –instrumento formidable para consolidar liderazgos políticos– otorga condiciones muy favorables al gobierno. Sin embar-

go, la Presidenta deberá enfrentar un legado difícil signado por la inflación, la energía en estado límite, las sospechas de corrupción que afectan a funcionarios del gobierno –incluso a miembros confirmados en el nuevo gabinete– y los problemas de inseguridad. ¿Cómo se gobernará en ausencia de estadísticas oficiales creíbles? La reconstrucción de la credibilidad del INDEC es otro desafío que tiene por delante la Presidenta.

El sindicalismo será el más grande de los desafíos en los inicios de la gestión para controlar la inflación. La convocatoria hecha por la Presidenta a un acuerdo social orientado a asegurar crecimiento, controlar la inflación, incrementar la inversión y mejorar la distribución del ingreso, reitera un viejo dilema de la Argentina inflacionaria: la cerrada defensa que hace el sindicalismo del salario nominal en el presente so pena de resignar aumentos del salario real en el futuro.

Algunas señales auguran un futuro difícil al acuerdo. El representante del gremio gastronómico, Luis Barrionuevo calificó la convocatoria a una concertación social hecha por la Presidenta como “una expresión de deseos” y afirmó : “Yo no creo en esos acuerdos. Los pactos son entre el empresariado y el Gobierno y a los trabajadores se los mandan cocinado” (La Nación, 8/12/2007).

La novedad de una suerte de doble comando que inauguraría la gestión de Cristina Kirchner, encarnado en la presencia de su esposo como jefe del Partido Justicialista, en la actualidad acéfalo, y ella, a la cabeza del Ejecutivo, dota a la nueva administración del recurso de un conductor de probada eficacia para disciplinar los conflictos en el seno del peronismo.29 Las reformas han sido aplazadas bajo el imperio de la urgencia de la coyuntura crítica, situación que refleja la frase del ex presidente Kirchner al declarar que el objetivo de su gobierno fue salir del infierno para acceder al purgatorio, no al cielo. Una reforma estructural que siente las bases del crecimiento sostenido y reformas que incentiven la transparencia y eficacia de las decisiones, poniendo límites al ejercicio discrecional del poder, son desafíos que enfrenta la Presidenta. Más que la batalla entre el centro izquierda y el centro derecha –una batalla que refleja la fractura vertical de la sociedad argentina hoy dividida entre los de arriba y los de abajo– es la batalla entre la modernización y el continuismo lo que está en juego en la próxima gestión. Resta saber si el nuevo gobierno habrá de representar un cambio de fondo frente a los cambios estructurales que esperan al país para adaptarlo a los requerimientos de la nueva realidad mundial. También es una incógnita saber si la Presidenta fijará los principios y objetivos estratégicos que inspirarán la política exterior y abandonará una política errática y dependiente de los conflictos domésticos.

VIII. La debilidad de la oposición

La oposición desconcertada y dividida poco ayuda para animar el debate de ideas que diseñe los cambios. El ex ministro de Economía Roberto Lavagna, candidato de una coalición entre el peronismo no kirchnerista y la Unión Cívica Radical, con el 17% de los votos y el tercer lugar en la competencia, perdió su

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VII. Los desafíos de la nueva presidencia

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oportunidad. Hoy, un sector de la diezmada UCR busca aliarse a la Coalición Cívica de Carrió que supo apropiarse del papel de opositora implacable y eficaz del matrimonio Kirchner, pero que no pudo contener los conflictos de su heterogénea coalición y sufre los efectos de la sangría. Los restos del peronismo no kirchnerista tratan de reacomodarse en el nuevo mapa político surgido de las elecciones. La oposición enfrenta dos grandes problemas. Por un lado, la incapacidad de crecer fuera de las grandes ciudades, en parte debida a un sistema electoral con sesgo mayoritario y partidario que ha beneficiado al peronismo. Por otro, la dificultad de conciliar la competencia política con la convergencia en un frente común, fruto de la afirmación de personalismos que perciben los acuerdos como pura amenaza. Estas limitaciones aplazan la necesaria recomposición de un sistema político que exprese las demandas de una sociedad transformada por los cambios ocurridos en democracia. Sin embargo, el triunfo de una coalición socialista-radical en Santa Fe y del candidato del centro derecha en la Ciudad de Buenos Aires, en las elecciones subnacionales que precedieron a los comicios de octubre, puso de manifiesto que importantes franjas del electorado no contenidas en el esquema bipartidista peronista-radical, apoyaron nuevos liderazgos. Esta renovación generacional en la dirigencia puede ser considerada como síntoma de cambios hacia la reconstrucción del sistema de partidos.30 Las elecciones que instalaron el sexto mandato presidencial desde 1983 se llevaron a cabo con partidos convertidos en cáscaras vacías o en “taxis” que conducen a posiciones de poder según la acertada metáfora de Dahrendorf (2003:108). La ausencia de organizaciones partidarias sólidas en el plano nacional, el peronismo dominante aunque dividido y las crisis de liderazgos alternativos, poco ayudan a los cambios de fondo postergados. Acaso la Presidenta, coherente con su declarada intención de diálogo, abra un nuevo capítulo en las relaciones del gobierno con la oposición en el que, antes que intentar deglutirla, valore la necesidad de reforzarla. Se trata de una condición sine qua non para que emerja un sistema multipartidario moderado al calor de nuevos liderazgos y sea el pilar de futuras coaliciones de gobierno capaces de sostener en el tiempo una política de compromisos.

Referencias

* Este artículo fue publicado en Cultura Política y Alternancia en América Latina, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2008, 47-70.

1. La crisis financiera asiática, la mexicana y por último la brasileña, alimentaron la prolongada recesión iniciada en 1998.

2. Entre 1983 y 1999, el voto nulo osciló entre el 0,5% y el 1,5% de los sufragios emitidos; el voto blanco a su vez lo hizo entre el 2% y el 4%. En 2001, el primero ascendió hasta el 12,5% y el segundo hasta el 9,4%. La tasa de abstención, que en el período 1983-1999 se ubicó en promedio entre el 15% y el 20%, en octubre de 2001 alcanzó el 27%.

3. Vacante la vicepresidencia, el Congreso, tras una breve asunción del Presidente Provisional del Senado, eligió a Adolfo Rodríguez Saá, gobernador peronista de la provincia de San Luis, como presidente interino. Rodríguez Saá declaró la suspensión de pagos de la deuda externa. Sin el aval de su partido, y en medio de un clima de tumultos y saqueos, terminó por renunciar a tan sólo una semana de haber sido electo. En enero, luego de un fugaz paso por la presidencia del Presidente de la Cámara de Diputados, el Congreso designó a Eduardo Duhalde presidente, el quinto en menos de dos semanas.

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4. Con el sistema bancario paralizado y sin perspectivas claras de una posible ayuda internacional, el Producto Bruto Interno (PBI) se contrajo 16% en el primer semestre de 2002. La tasa de desempleo alcanzó uno de sus niveles más altos en la historia con un porcentaje cercano al 25%. Alrededor de 5 millones de personas cayeron en la pobreza entre octubre de 2001 y junio de 2002 y la indigencia alcanzó a un cuarto de la población urbana. Cuando parecía reinar una suerte de tregua social, en junio de 2002, el asesinato de dos piqueteros en una represión policial a una protesta precipitó el acortamiento del mandato del presidente Duhalde y abrió un período de gran incertidumbre política. La amenaza de una espiral de violencia sin control, con un presidente transitorio en retirada a plazo definido, instaló la confusión generalizada y tiñó la convocatoria a elecciones de sospechas de violencia.

5. Una abrumadora mayoría de argentinos –82%– reconoce que la falta de respecto a las leyes es un problema grave en el país (PNUD, 2005:36).

6. La desconfianza hacia los políticos y los partidos se extiende al Poder Judicial. Sólo un 29% de los ciudadanos confía en la Justicia (Latinobarómetro, 2006:80).

7. La economía cumplió cinco años de crecimiento ininterrumpido, a tasas estables y muy elevadas. La historia del país no mostró crecimiento con tasas de esa magnitud y por tantos años desde el período previo a la Primera Guerra Mundial. Hubo, en rigor, períodos más prolongados de expansión (en años comprendidos entre las décadas del 30 al 40 y del 60 al 70), pero a tasas menores y más volátiles.

8. La Ley de Obediencia Debida, sancionada en junio de 1987, calificó como no punibles a todos aquellos que obraron en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad.

9. La Ley de Punto Final sancionada en diciembre de 1986 fijó un plazo de sesenta días corridos a partir de la fecha de su promulgación para iniciar acciones legales. A partir de esa fecha se extinguía la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983.

10. El Frente para la Victoria es una coalición que incluye a peronistas y no peronistas alineados con el presidente Kirchner. La fórmula no es nueva, porque el peronismo ha practicado esa estrategia durante décadas. La diferencia es que el presidente Kirchner y su esposa han asumido el riesgo de abandonar las emblemáticas siglas peronistas aunque para las elecciones presidenciales de octubre próximo están gestionando la autorización del PJ para utilizar en las boletas electorales el escudo peronista. Los partidos menores, como Propuesta Republicana (PRO) y Recrear para el Crecimiento (RECREAR), ambos en el centro derecha del espectro partidario, y afirmación para una República Igualitaria (ARI), en el centro izquierda, sólo tienen caudal electoral importante en algunos distritos.

11. En todo el gobierno de Alfonsín sólo se aprobaron diez decretos de necesidad y urgencia. En los tres primeros años del Gobierno de Menem se sancionaron 178 decretos y durante la gestión de Kirchner 249 DNU. Centro de Estudios para Políticas Públicas, cit. en La Nación, 02/10/2007.

12. Ejemplifica esta afirmación el Presupuesto presentado en el Congreso en setiembre de 2007, un texto que ningún analista duda en afirmar que es fantasioso, que puede ser modificado cuantas veces quiera y con la profundidad que su criterio le dicte por el presidente, o por el jefe de Gabinete. En términos presupuestarios no existe la división de poderes. El Congreso le ha delegado también lo que la Constitución le prohíbe ceder, que es la materia tributaria. Los denominados cargos específicos a la energía eléctrica y el gas son impuestos, que el Ejecutivo puede administrar, aumentar, reducir y exceptuar como le plazca.

13. En los fideicomisos, funcionarios públicos manejan fondos privados o mixtos (los grandes consumidores pagan cargos específicos establecidos por el Congreso que engrosan el fondo) no está regulado -es un limbo jurídico-. Son los funcionarios quienes determinan qué obras se harán y quiénes las realizarán (pocas empresas siempre ganan licitaciones o concursos). Hay unos 16 fideicomisos (de transporte, del gas, hídrico, etc.). El Ministerio de Planificación es el encargado de administrarlos. No hay ninguna razón que no sea la vocación de evadir los controles administrativos y el escrutinio del Congreso que justifique la extraordinaria expansión de la cantidad de recursos manejados por fuera del presupuesto.

14. La CTA, escindida de la CGT en 1992, moviliza a los desocupados y sus sindicatos tienen muchos

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menos recursos que la CGT. Incluye dos federaciones nacionales, la de los maestros y una de los trabajadores estatales.

15. En la actualidad, la conducción de la CGT en manos del dirigente de los camioneros, Hugo Moyano, está siendo cuestionada por representantes de otros gremios. La representatividad y la estabilidad de los grupos que pactan, requisitos para el éxito de los pactos sociales tripartitos, no están aseguradas.

16. La intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y especialmente del índice de inflación, sumada a la falta de actualización de muchos índices y la decisión de discontinuar otros, trae como consecuencia que todas las estadísticas sean sospechosas y la falta de credibilidad de los datos con que el Gobierno construye el presupuesto nacional.

17. En agosto de 2007, un ex funcionario kirchnerista de la provincia de Santa Cruz, acorralado en una manifestación de protesta de los docentes, huyó en su camioneta pasando por sobre los cuerpos de los manifestantes, una imagen brutal que hizo evocar el impacto de la quema del cajón en el acto de cierre de la campaña peronista de 1983, una acción que selló la derrota de su entonces candidato, Ítalo Luder.

18. La esposa del general Perón, Isabel Martínez, llegó a la presidencia tras la muerte del general y lo hizo desde su cargo de vicepresidenta. Eva Perón no pudo lograr ese objetivo.

19. J. B. ALBERDI (1980), Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, Buenos Aires, Plus Ultra.

20. La Nación, 15/09/07. La inclusión del gobernador radical como acompañante en la fórmula de Cristina Fernández obedece a la estrategia adoptada por el presidente Néstor Kirchner, quien tras llegar a la Casa Rosada en 2003 y ver que no podía hacerse con las riendas del Partido Justicialista optó por cambiar de rumbo y aglutinar en torno a su persona a políticos y dirigentes fuera del peronismo.

21. La pobreza en el primer semestre de 2007 fue de 28.3%, cinco puntos por encima de la cifra del INDEC (23.4%), debido a la distorsión en el cálculo oficial de la inflación, SEL (2007), Newsletter sobre la situación laboral y social de la Argentina. (www.selconsultores.com.ar) 22. I. BERMÚDEZ, Clarín, 20/06/07.

23. R. CASTIÑEIRA, “ Se acentúa la descoordinación macroeconómica”, en Econométrica, setiembre de 2007 (www.econometrica.com.ar) 24. Citado en A. HIRSCHMAN (1979), “The Turn to Authoritarianism in Latin America and the Search for its Economic Determinants”, en D. COLLIER (editor), The new Authoritarianism in Latin America, New Jersey, Princeton University Press, p.65.

25. Pese a haber sido elegido como compañero de fórmula de su esposa, Kirchner impulsó en Mendoza una fórmula de gobierno propia cuya victoria dejó sin base territorial al vicepresidente Cobos.

26. En las elecciones para la Cámara de Diputados, la sobre representación de los distritos pequeños (ninguno elige menos de 5 diputados, con independencia de su población) tiende a conformar gobiernos divididos cuando el presidente –elegido en los distritos grandes– no pertenece al partido que domina en esos distritos pequeños (tradicionalmente ha sido el peronismo el partido predominante en el interior). El gobierno dividido ha sido el rasgo de las dos administraciones radicales desde 1983.

27. La sobre representación de los distritos pequeños en ambas cámaras explica la distribución del poder institucional en el Congreso.

28. “Para mí y para todos los argentinos (Néstor Kirchner) seguirá siendo presidente”, dijo Cristina Fernández en el acto de asunción del segundo mandato del gobernador Mario Das Neves en la provincia de Chubut, antes de asumir su mandato.

29. Al momento de escribir estas líneas no se ha concretado aun la presidencia del Partido Justicialista en manos del ex presidente Kirchner. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aseguró que el presidente Kirchner tiene para los próximos años “una tarea muy grande” que es “ordenar un espacio tan disímil” como el justicialismo (La Nación 9/12/2007).

30. El socialista Hermes Binner se consagró gobernador de Santa Fe; Mauricio Macri, el candidato del centro derecha, fue elegido jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

Recibido: 10/08/08. Aceptado: 20/09/08

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La pérdida de legitimidad de los partidos políticos argentinos Ricardo Sidicaro

resumen

summary

Para analizar las causas de la declinación de la legitimidad de los partidos políticos argentinos en el período de reconstrucción institucional abierto en 1983, este artículo se centra: 1) en el sentido de las acciones de los dirigentes políticos y 2) en las transformaciones de las subjetividades de los ciudadanos. El análisis sostiene que en la medida que la vida política nacional de 19301983 se caracterizó por la violación casi permanente de las reglas democráticas, los dirigentes políticos adquirieron estilos de acción que luego obstaculizaron la construcción de un sistema democrático moderno. Desde 1983, en la sociedad, las combinaciones entre reclamos antimilitaristas y demandas democráticas produjeron muchas expectativas que luego se frustraron. Por otra parte, el debilitamiento de la cohesión social y la mayor libertad cultural aumentaron los niveles de exigencias políticas de los ciudadanos y sus críticas a los partidos políticos.

To analyze the reasons of the decline of the legitimacy of the Argentine political parties in the period of institutional reconstruction opened in 1984, this article centres: 1) in the sense of the actions (shares) of the political leaders and 2) in the transformations of the subjectivities of the citizens. The analysis holds that in the measure that the political national life of 1930-1983 characterized for the almost permanent violation of the democratic rules, the political leaders acquired styles of action that complicated then the construction of a democratic modern system.

From 1983, in the society, the combinations between claims antimilitarists and democratic demands produced many expectations that then frustrated. On the other hand, the weakening of the social cohesion and the major cultural freedom increased the levels of political requirements of the citizens and his critiques to the political parties.

palabras claves

keywords

partidos políticos / Estado / democracia Argentina

temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

Ricardo Sidicaro es Profesor de la Universidad de Buenos Aires e Investigador de CONICET Mail: rsidicaro@mail.fsoc.uba.ar

political parties / State / democracy Argentina 29

Existen numerosos observables empíricos que permiten considerar a la pérdida de legitimidad de los partidos políticos como una de las características principales de la actual situación argentina. Ese fenómeno no es reciente, sus manifestaciones variaron en el curso de los últimos dos decenios, pero a partir de la crisis de 2001 adquirió una notable visualización pública. Abordar este tema es, por cierto, introducirse en una cuestión compleja, en buena medida oscurecida y simplificada al ser mencionada corrientemente sin mayor precisión conceptual y como parte de controversias en las pujas por posiciones de poder. No está de más recordar que los ���������������������������������������������������������������������������� conocimientos de las ciencias sociales sobre procesos en curso suelen tener fronteras porosas o difusas con los argumentos de los actores más directamente concernidos, con las opiniones normativas de índole jurídico y con las narraciones de los medios de comunicación. Usualmente, los avatares de la política que invaden las preocupaciones ciudadanas se trivializan y son naturalizados al punto tal que se pierde su significado detrás de anécdotas sobre las idiosincrasias de los altos personajes o las atribuciones de culpas.

En términos sociológicos, la legitimidad política de un actor, individual o colectivo, se estima considerando el grado positivo de consenso social acordado a sus desempeños. En el caso de las democracias modernas, se trata, entonces, de una creencia existente en la ciudadanía situada en un plano distinto al de sus preferencias por una u otra fuerza política. A su vez, las creencias sobre los grados de legitimidad de los partidos pueden ser distintas a las referidas a la validez del orden político vigente y a la valoración de la función de los partidos, en abstracto, en tanto mecanismos necesarios para la representación de la diversidad de opiniones de la ciudadanía. En el caso argentino, como en muchos otros países, los considerables porcentajes de personas que critican los modos de acción de los partidos, no manifiestan puntos de vista adversos hacia el régimen político democrático y el principio de representación partidaria. En ese marco de percepciones de la vida pública, la erosión de la confianza en los dirigentes partidarios se combina contradictoriamente con el apoyo al sistema de regulaciones institucionales que supone necesaria su existencia para representar y para gobernar. De allí que no deba resultar paradójico que los mismos individuos inclinados a denostar a los dirigentes políticos en general, a la hora electoral escojan por algunos de sus partidos y declaren luego no tener expectativas en ser representados por ellos. En cierto sentido, puede decirse que la creencia en la validez del orden político democrático opera como un factor que da estabilidad a la democracia y neutraliza las posibilidades de que minorías activas antidemocráticas, de origen militar o civil, intenten la instauración de regímenes de tipo autoritario. Por otra parte, es probable que la distancia establecida entre la sociedad y los dirigentes partidarios haya favorecido la libertad de estos últimos para transgredir normas que, de todos modos, la ciudadanía suponía que no respetaban. En tanto las elecciones y las alternancias constituyeron elementos esenciales del orden democrático, los dirigentes de partidos cuya descomposición creciente era evidente continuaron obteniendo reconocimientos electorales y posiciones de gobierno y, en cierto grado, algunos candidatos consiguieron crear circunstancialmente una buena aceptación en parte de la sociedad, aunque

los estudios de opinión seguían reflejando la falta de confianza de los ciudadanos en sus partidos. Las entrevistas y las encuestas que revelan la falta de confianza de la sociedad en los partidos argentinos proporcionan informaciones confiables sobre las creencias vigentes en la sociedad sobre su pérdida de legitimidad, sin ser esos los únicos observables empíricos al respecto. Hechos más puntuales tales como los estallidos de protestas sociales, las acciones de autorepresentación de las personas que suponen no tener otros medios para hacer valer sus derechos o para peticionar, el ausentismo electoral, el voto en blanco, son otros tipos de conductas que pueden leerse en la misma clave.

En este texto nos preguntaremos sobre las causas del deterioro de la legitimidad de los partidos diferenciando dos planos de análisis: 1) el de las ambivalencias iniciales del proceso de reconstrucción de las instituciones democráticas; y 2) el de las transformaciones de la sociedad que incidieron en los cambios de las creencias sobre la política. Ambos planos forman parte de una totalidad compleja de la que sólo destacaremos algunos de sus nexos más relevantes. En fin, no está de más aclarar que los procesos particulares, las corrientes de opinión, los acontecimientos puntuales o los sistemas de acciones delimitados espacio-temporalmente que mencionaremos, sólo tendrán por finalidad sustentar empíricamente nuestra interpretación sociológica.

Para la elaboración de este análisis fueron de fundamental importancia los resultados de una investigación que realizamos en los años 2004-2005 sobre la legitimidad de las instituciones estatales y de los partidos políticos argentinos.1 Una amplia mayoría de los entrevistados coincidió en criticar a los dirigentes de los partidos políticos por considerarlos: ajenos a las demandas y necesidades de la sociedad; preocupados por preservar sus cargos y los beneficios derivados de los mismos; incumplidores de sus anuncios electorales; carentes de capacidad para la gestión pública y, mediante ideas diversas, asociaron la política con la búsqueda de oportunidades ilícitas de enriquecimiento personal. En sus sentidos clásicos y modernos, el término corrupción tuvo una recurrente presencia en los relatos recogidos. Si bien los entrevistados fueron seleccionados de acuerdo a las distintas situaciones y condiciones sociales presentes en el conjunto del cuerpo electoral, las críticas a la falta de representatividad de las dirigencias partidarias fue casi unánime. En parte, la diversidad de las inserciones en la sociedad incidió en los estilos de argumentación: quienes tenían mayores formaciones educativas o se desempeñaban en puestos jerárquicos mostraron más propensión a proponer soluciones, ese tipo de respuestas fueron menos frecuentes en el resto de los entrevistados. Con independencia de ciertas variaciones menores relacionadas con experiencias generacionales, la valoración positiva del orden político democrático y las críticas a los dirigentes de los partidos fueron el punto de convergencia de la mayoría de las opiniones recogidas.

En general, los entrevistados de más de 40 años expresaron sentimientos de desencanto al referirse a sus expectativas políticas de la época de comienzos del

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Las opiniones ciudadanas

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régimen democrático. Una parte de esas personas hizo menciones explícitas a las esperanzas frustradas en materia de mejora de las condiciones socioeconómicas de la población, sin ser ese el tema que predominó. Las objeciones al modus operandi de los partidos en general no establecieron mayores distinciones entre los mismos.

Sólo en una cantidad numéricamente poco significativa de los entrevistados, el descontento sobre el presente era acompañado de objeciones a eventuales abandonos de tradiciones ideológicas de los partidos a los que habían votado. En cuanto a los viejos enfrentamientos que en otras circunstancias dividieron las sensibilidades políticas nacionales, su mención fue secundaria. La antinomia efectivamente recurrente fue de otro carácter: nosotros, los ciudadanos, y ellos, los dirigentes políticos. Con independencia de sus discrepancias sobre los gobiernos iniciados a partir de 1983, la mayoría de las opiniones coincidió en la condena a la dictadura militar y a sus responsables. En lo que hace a las experiencias personales, sólo alrededor de un 10% de los entrevistados dijo haber participado de las actividades de algún partido político y una proporción ínfima declaró mantener todavía algún tipo de relación. Sobre la crisis de diciembre de 2001, las referencias a los perjuicios ocasionados por el fin de la convertibilidad fueron netamente más numerosas que las evocaciones del rechazo contra los dirigentes partidarios manifestado en aquella ocasión por los sectores movilizados de la población. El fin del gobierno de De la Rúa apareció como un hecho importante sólo para los entrevistados que se mostraron más interesados por cuestiones políticas. En general, primó el pesimismo sobre las posibilidades de renovación de las dirigencias partidarias o de sus modos de acción. Sin dejar de manifestar falta de confianza en la dirigencia política, una cierta cantidad de los entrevistados reveló expectativas favorables al inicio del gobierno de Néstor Kirchner.

El análisis de las opiniones recogidas por nuestra investigación fue realizado mediante una lectura que apuntó a la comprensión global del sentido de lo dicho por los entrevistados, en tanto expresión de subjetividades individuales que con sus recuerdos no sistemáticos y sus ambigüedades, expresan pensamientos colectivamente compartidos sobre situaciones vividas individualmente pero decodificadas desde puntos de vista, o de visión, condicionados por los lugares ocupados en el espacio social. Digamos que si en apariencia no hay nada que se pueda considerar más personal que el acto de contestar en una entrevista, comparable si se quiere al de entrar al cuarto oscuro a depositar un sufragio, las selecciones de los recuerdos y de las palabras, al igual que las de los candidatos que se a vota, están socialmente condicionadas y expresan un saber común y experiencias colectivas y, casi siempre, previamente habladas. La alta homogeneidad de las miradas críticas sobre los dirigentes partidarios, más allá de las evaluaciones puntuales no necesariamente concordantes, brindó ejes temáticos, no siempre nombrados explícitamente por los entrevistados, a partir de los cuales nos propusimos establecer la comprensión del sentido de las conductas de quienes estiman que, por acción u omisión, los partidos y sus dirigentes carecen de legitimidad.

Además de los datos cualitativos de nuestra investigación, hemos empleado informaciones elaboradas por distintas entidades que realizan mediciones cuantitati-

vas periódicas de los niveles de confianza en las instituciones públicas. En el Cuadro 1 se resumen los resultados de un estudio realizado por la consultora Gallup: Cuadro 1. Indicadores de confianza en las instituciones 1984-2007 1984

1991

2002

2007

Congreso

73%

17%

7%

12%

Partidos Políticos

(**)

15%

4%

7%

Fuente: Estudio acerca del trabajo voluntario y la responsabilidad empresaria. Gallup Argentina 2007

Cabe señalar que en la fuente citada se aclara que la primera medición sobre la confianza en los partidos políticos fue hecha en 1987 y que en esa oportunidad el 38% de los encuestados manifestó confiar en ellos. Después de 1984, el aumento del porcentaje de opiniones críticas sobre el Congreso, es el indicador que mejor resume la caída de las expectativas puestas por la ciudadanía en la nueva etapa de la vida política nacional. Es interesante señalar que la leve recuperación de los porcentajes de confianza en el Congreso y en los partidos registrada entre 2002 y 2007, no alteraron significativamente la tendencia general imperante.

2004

2007

Valoración del Gobierno Nacional

82%

70%

Valoración del Congreso

94%

84%

Valoración de los Partidos Políticos

98%

95%

Valoración del acto de votar

14%

22%

Fuente: Índice de desarrollo humano y social. Boletín del Observatorio de la deuda social argentina. Nº 1/2008. Universidad Católica Argentina2

La otra fuente a la que hemos recurrido, el Observatorio de la deuda social argentina de la Universidad Católica Argentina, corresponde a los años 2004 y 2007, y aporta datos igualmente significativos. Los indicadores sobre el Congreso y los partidos son casi similares a los del estudio de Gallup, si bien en su presentación el Observatorio opta por referirse al déficit de confianza, es decir a los porcentajes de respuestas que dicen no tener confianza. La información del Cuadro 2 muestra que entre 2004 y 2007 se registró una mínima baja porcentual en el indicador de desconfianza en los partidos, pero que mejoró de un modo relativamente mayor la

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Cuadro 2. Indicadores de déficit de confianza en las instituciones 2004-2007

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confianza en el gobierno nacional y en el Congreso, así como la valoración asignada al acto de votar.

La buena recepción en la opinión pública de la gestión presidencial de Néstor Kirchner fue, sin duda, la razón por la que se mejoraron los porcentajes de confianza, entre 2004 y 2007, en el Gobierno nacional. Cabe destacar que la modificación positiva de los valores de dicho indicador se dio en una situación en la que a los efectos de continuar con la reconstrucción de la economía la acción gubernamental adquirió una centralidad mayor y los logros, en ese aspecto, debieron estar en la base del cierto aumento de confianza captado en las encuestas. También el Poder Ejecutivo tuvo desempeños visualizados como antimilitaristas y favorables a la política de derechos humanos que, como veremos más adelante, son cuestiones que despiertan la adhesión de una parte de la ciudadanía. En cambio, distintos análisis muestran que en ese período se registraron numerosas transgresiones al normal funcionamiento de la división de poderes, acrecentándose el decisionismo presidencial que emprendió tareas de orden legislativo constitucionalmente reservadas al parlamento.3 Aún así, los porcentajes de mejora de la confianza en el Poder Legislativo se vieron acrecentados, probablemente, por su participación en las decisiones sobre los cambios en la Corte Suprema de Justicia o en la reapertura de los juzgamientos a los responsables de delitos durante la dictadura. Es interesante señalar que lo sucedido con la confianza en el Gobierno nacional y en el Congreso, prácticamente no repercutió en la mejoría de la valoración de los partidos. Más aún, tal como veremos, en las elecciones nacionales 2007 los partidos dejaron su lugar a frentes electorales y a candidaturas personalizadas, lo que de hecho mostró un nivel alto de autoconciencia de su desprestigio.

La política y la segunda modernidad

Entre los rasgos más característicos de la actual época de la modernidad occidental se encuentra el debilitamiento del atractivo de los partidos políticos que, con manifestaciones disímiles, se registra en las más diversas sociedades de nuestros días. Es común observar como la política dejó de proveer identidades colectivas y de polarizar las opiniones de los ciudadanos.

Con conceptos durkhemnianos, puede decirse que el interés que suscitaban los partidos fue tanto mayor cuando existían tejidos sociales más integrados que daban lugar a las confrontaciones de ideas divididas en torno a las orientaciones de los llamados “destinos colectivos”. En ese tipo de situaciones, los partidos fueron los actores que condensaron la expresión de las representaciones colectivas de los diferentes sectores sociales que se cristalizaron en grandes y durables clivajes políticos. Los discursos y las acciones de esos partidos crearon tradiciones políticas e ideológicas que no necesariamente han desaparecido, pero junto con la declinación de los niveles de integración social perdieron intensidad las anteriores pasiones y certezas políticas. Los vínculos sociales más laxos se reflejan en la aparición de subjetividades menos apegadas a las herencias culturales de toda índole. Si bien esos cambios no impiden que los encargados de la puesta en escena de la acción política recurran a las retóricas que otrora habían mostrado ser efectivas para mo-

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vilizar adhesiones, esos anacronismos en algunos casos debieron incrementar la desconfianza ciudadana.

Es notorio que en la medida que se diversificaron las formas actuales de vida y se modificaron las inserciones sociales rígidas y permanentes, en especial, pero no sólo, en el mundo del trabajo, se fueron produciendo vaciamientos de sentido en los contenidos de los discursos y simbologías políticas. Los viejos sistemas de alteridades colectivas que alcanzaron su apogeo en las luchas por la “ciudadanía política” primero y después por la “ciudadanía social”, comenzaron luego a desdibujarse con los efectos socialmente integradores de aquellas importantes conquistas.

Luego, junto con las ampliaciones de los horizontes de posibilidades individuales, las preferencias políticas adquirieron más matices, y aún quienes siguieron votando por los mismos partidos ya no se subordinaron de igual forma a sus dirigentes y comenzaron a dudar sobre cómo orientar sus sufragios.

Con la globalización y el paso de la modernidad sólida a la modernidad líquida, para decirlo con términos de Zygmunt Bauman (2003a), no debe verse como algo paradójico que los beneficiados de los cambios políticos y sociales de la etapa sólida, relativizaron sus anteriores identificaciones políticas. Por otra parte, con el avance de las desigualdades sociales y la fragmentación de los antiguos colectivos sociales, en el pasaje de la sociedad de protección a la de inseguridad social, según las nociones propuestas por Robert Castel (2004), los individuos quedaron más expuestos a riesgos antes controlados. En procesos sociales, que como sostiene Bauman (2003b:23): “los riesgos y las contradicciones siguen siendo producidos socialmente, y se está cargando al individuo con la responsabilidad y la necesidad de enfrentarlos”, hasta puede resultar un contrasentido que muchísimas personas carentes de otros medios para expresar sus situaciones de deterioro tomen distancia de los sistemas de partidos en los que podrían intentar buscar, u organizar, la representación de sus intereses.

Sin embargo, los efectos ambiguos de las transformaciones en curso no aceptan lecturas unilineales: en la nueva etapa de la modernidad occidental se producen fenómenos múltiples cuya fluidez no es inteligible empleando las herramientas conceptuales aptas para épocas precedentes. La coexistencia entre la declinación del poder de las tradiciones en las diversas esferas de la vida, con el consiguiente retroceso de las estructuras estructurantes de los modos de hacer, pensar y sentir, tanto en los dominios de lo privado como de lo público, favorecen la autonomía de la reflexividad individual y colectiva que reclama más y mejores fundadas razones para aceptar la autoridad y la legitimidad de las instancias de poder. Cuando mucho de lo sólido parece desvanecerse en el aire, los espacios nacionales-estatales y los actores vernáculos de las luchas políticas, no quedaron al margen de las crisis de confianza.

Puede afirmarse que el capital globalizado operó revolucionando las relaciones económicas y sociales y su movilidad mundial desarticuló el triángulo fordista o socialdemócrata de relaciones Estado-asalariados-empresarios. La disminución de las capacidades estatales ante los agentes del capitalismo globalizado y los orga-

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nismos internacionales de supervisión y de crédito, le restó sentido en los foros políticos a las discusiones sobre las estrategias de desarrollo autónomo y en esas circunstancias el denominado pensamiento único del neoliberalismo se convirtió en una especie de acta notarial de la constatación de la nueva situación nacional y mundial. Por su parte, la globalización cultural contribuyó a la heterogeneidad de todos los sectores sociales. En el extremo, puede afirmarse que los partidos sin ideas no fueron más que una especie de sinceramiento del hecho de la exterioridad del poder de decisión sobre los grandes asuntos públicos que tendía a restringir las intervenciones efectivas de los partidos y de los gobiernos.

Lo que Ralf Dahrendorf (1989) denominó la cuadratura del círculo o, si se prefiere, la difícil tarea de combinar el mantenimiento de la capacidad competitiva de un país bajo las inestables y agresivas condiciones de la mundialización económica, lograr ese objetivo sin lesionar las bases de la cohesión y de la solidaridad social, asegurando la plena vigencia del régimen político democrático y respetando las regulaciones de una sociedad libre, fue, sin duda, la mejor síntesis de los desafíos de la complicada situación de la política en la segunda modernidad.

Los dirigentes partidarios o gubernamentales que debieron enfrentar esa situación, a diferencia de Dahrendorf no estaban en una cálida biblioteca del St. Antony´s College de Oxford; se hallaban, por el contrario, al frente de naciones, estructuras partidarias o de aparatos estatales que habían entrado en la vorágine de lo que Anthony Giddens llamó un mundo desbocado. Dicho autor designó como la paradoja de la democracia, al hecho que ese tipo de régimen político “se expande por el mundo mientras que en las democracias maduras a las que el resto del mundo debe −en teoría− copiar, existe una desilusión generalizada con los procesos democráticos. En la mayoría de los países occidentales los niveles de confianza en los políticos ha caído en los últimos años. Vota menos gente que antes, particularmente en Estados Unidos. Cada vez son más quienes dicen no tener interés en la política parlamentaria, especialmente entre las generaciones jóvenes” (Giddens, 2000:85).

Con Giddens puede decirse que la modernización de los partidos fue considerablemente más lenta que los cambios registrados en los modos de vida de sus electores. En el heterogéneo panorama ideológico derivado de las modificaciones de la sociedad del último cuarto del siglo XX no faltaron, tampoco, quienes reaccionaron en defensa de los valores del “hombre y de la mujer corriente” y encontraron ecos en los discursos antipolíticos de los viejos y nuevos qualunquistas, críticos de lo que denominaban las “partidocracias”.

Si la idea de la corrupción, con sus usos varios y equívocos, conoció a finales del siglo XX una enorme difusión para vilipendiar a los dirigentes partidarios o gubernamentales, fue, en buena medida, por haber canalizado malestares sociales de orígenes diversos. Desde ópticas distintas, fue el lugar común de reflexiones profanas y de reformadores éticos, que predicaban nuevas morales políticas. Aquí también cabe coincidir con Giddens y dudar sobre la novedad de la corrupción en los países democráticos, y pensar que “en una sociedad abierta a la información es más visible y los límites de lo que se considera corrupción han cambiado”

Democracia y antimilitarismo

Juan Linz sostuvo que los gobiernos democráticos que llegan al poder sin rupturas violentas o sin enfrentamientos con los regímenes autoritarios anteriores encuentran siempre dificultades para emprender las tareas de depuración política, de modificación legislativa o de cambios de los equipos administrativos y militares (Linz, 1978:35). En el caso argentino, al listado de dificultades de Linz cabe agregar las aportadas por los dirigentes partidarios que nunca habían participado de cuerpos institucionales de deliberaciones democráticas normales durante períodos razonablemente prolongados. Tampoco los partidos políticos habían tenido vidas internas capaces de funcionar, como se suele decir, como escuelas de democracia.

En las condiciones de restricciones de las libertades públicas, los microcosmos

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(Ibídem, 83). Esa observación sobre los países democráticos de más larga data, probablemente no corresponde a los que combinaron la salida de regímenes de tipo totalitario o autoritario con las privatizaciones de empresas estatales, que, como lo mostraron diversos estudios, expandieron las posibilidades de corrupción partidaria y gubernamental.4 Manteniéndonos en el tema de la relación entre partidos y valores éticos, digamos que la denominada crisis del militantismo, con la disminución del componente vocacional de la acción política, favoreció la entrada en los partidos de buscadores de prebendas, centrados en los intercambios y en las gratificaciones materiales, prácticas que encuentran climas propicios en las condiciones sociales de anomia o de crisis de sentido, propias de las épocas de cambio político. Sin ser el único factor en presencia, el rechazo a la política sin valores incrementó la desconfianza de la sociedad en los partidos. Pero, como lo destaca Klaus von Beyme (1995:195), esas críticas al cinismo de los partidos no son sólo disfuncionales para el funcionamiento de los sistemas políticos ya que incentivan a sectores de sus dirigencias a buscar soluciones para superar esas imágenes negativas.

En fin, al igual que cualquier otra cuestión vinculada con cambios políticos, sociales y culturales actuales, el tema de la relación de la sociedad con los partidos deja abierto los interrogantes acerca de su carácter de fenómeno coyuntural o estructural. ¿Se trata de una distancia crítica pasajera destinada a resolverse mediante la readecuación de los partidos a las nuevas configuraciones societales o se está frente a un cambio en los vínculos de la ciudadanía con los partidos que anuncia el inicio de una modificación permanente de los modos de representación? En todo caso, una respuesta que considere, a la vez, la existencia en las sociedades occidentales de una nueva cultura política, en la que la desconfianza ciudadana frente al poder y a las jerarquías se articula con demandas mucho más individualizadas que las de épocas inmediatamente precedentes, puede permitir indagar mejor sobre las realidades presentes y evitar profecías sin fundamentos. En todo caso, está casi de más aclarar que la constatación de la declinación de la legitimidad de los partidos en muchos contextos nacionales contemporáneos, no permite explicar la existencia de esos procesos diciendo, simplemente, que esto ocurre porque es un fenómeno época.

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partidarios fueron lugares de formación de pequeños grupos que rememoraban pasados mejores que, salvo en ocasiones excepcionales, no participaban realmente en conflictos políticos.

Durante el Proceso, algunos dirigentes partidarios colaboraron con los dictadores, mientras la mayoría hibernó a la espera de su desgaste y sólo unos pocos actuaron pidiendo reivindicaciones democráticas. En las elecciones de 1983, los clivajes políticos de las épocas anteriores no se reavivaron excesivamente ya que las coincidencias pidiendo el fin del régimen autoritario operaron disminuyendo la mención de los anteriores antagonismos, pero, de todos modos, tanto los peronistas como los radicales atrajeron adhesiones por sus respectivos pasados. Probablemente, al denunciar la existencia de un pacto militar-sindical, Raúl Alfonsín consiguió ganar a su favor las sensibilidades más marcadamente antimilitaristas a la vez que estableció un nexo con la antinomia histórica.5 Los peronistas, en cambio, se mostraron más inclinados a recordar su decenio fundacional ya que el efímero gobierno 1973-76 no debió parecerles un tema proselitista atractivo y, convencidos del seguro triunfo de su candidato, prefirieron no agitar propuestas antimilitaristas. En la confusión reinante, ninguna fuerza política pareció estar en condiciones de captar las transformaciones de la sociedad y del Estado dejadas por la experiencia autoritaria que se cerraba.

En la sociedad, la efervescencia política que estalló en la agonía del régimen procesista generó una sensibilidad social antimilitarista de características desconocidas en el país, originada más por la derrota en la guerra de las Malvinas, que por las informaciones, escasas todavía, de lo sucedido en materia de violaciones a los derechos humanos. La simpatía popular que despertó en sus comienzos la iniciativa bélica del Atlántico sur actuó como un factor de reconstrucción circunstancial del tejido social. Las multitudes que plebiscitaron en las calles el inicio y desarrollo de la guerra, fueron acompañadas por la mayoría de los dirigentes de todos los partidos políticos, de las corporaciones empresarias y sindicales, y por figuras relevantes de la cultura. Esa efervescencia social cambió de signo ante la certeza de la derrota y se convirtió en la base de un verdadero sentido común antimilitar que resultó decisivo en la transformación institucional del país. Si bien en sus comienzos el conflicto malvinense había suscitado reacciones antiimperialistas que objetivamente fortalecieron a los altos jefes castrenses en la lucha contra la alteridad británica, haciéndoles fantasear, seguramente, con el logro de un duradero apoyo de masas, con la capitulación la sociedad civil buscó, esta vez sin metáfora, a los “mariscales de la derrota” y los militares in toto fueron condenados por la opinión pública. No es arriesgado suponer que sin esa indignación ciudadana, los dirigentes de los principales partidos no hubiesen optado por juzgar a las Juntas.

El antimilitarismo convertido en adhesión a la democracia, y la reconstrucción del pluralismo político pensada como lo inverso de la dictadura, formaron la base de un complicado entramado ideológico que generó las expectativas políticas y emocionales de un amplio sector de la población que por razones diversas luego se sentiría defraudado por los modos en que las dirigencias partidarias respondieron a

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sus demandas y reclamos. Esa confusión entre el antimilitarismo y la democracia fue, desde 1984, incentivada por los conflictos institucionales con el militarismo residual de esa década. Las amenazas de retorno de los militares a la escena política, así como los retrocesos en materia de castigos a los responsables del Proceso, potenciaron la particular manera en que se había definido la democracia. Puede afirmarse que en la efervescencia política del ’83, se yuxtapusieron, sin coincidir, dos demandas en sentido estricto no coincidentes: la primera era la consecuencia real del desenlace de la guerra; la segunda, una expectativa imaginada sobre la democracia, cuestión ideal sobre la que la gran mayoría de la población carecía de experiencia.

Más allá del valor histórico que suele asignarse a las legislaciones de la década de 1910 sobre la instauración del sufragio universal, secreto y obligatorio, ese buen comienzo quedó archivado en menos de dos decenios. Luego, durante algo más de medio siglo las reglas democráticas de funcionamiento del sistema político fueron sistemáticamente vulneradas. Los gobiernos civiles y militares, desde 1930, restringieron, de diferentes modos y con disímiles argumentos, la plena vigencia de las libertades públicas y limitaron el pluralismo político. Al respecto, redunda nombrar aspectos emblemáticos: los conservadores de 1930/43 y el fraude; los peronistas de 1946/55 y el cercenamiento de la libre expresión; los gobiernos militares de los años 1955/73 y la anulación del pluralismo partidario; los peronistas de 1973/76 y el uso de medios extralegales de represión; el “proceso” y la supresión total del Estado de Derecho y los crímenes de lesa humanidad. En los intersticios de esos cinco decenios existieron intentos precarios de restauración democrática, sin legitimidad de origen, bajo tutela militar y en todos los casos cerrados por golpes castrenses.

Durante ese prolongado período de intervenciones de los uniformados en la vida política, importantes sectores de la sociedad civil, no siempre los mismos, participaron de la formación de coaliciones golpistas y apoyaron las políticas de los gobiernos de facto (Sidicaro, 2004). En ese medio siglo, limitaciones de los derechos de ciudadanía política fue el rasgo predominante del desarrollo institucional. El campo político sui generis creado en esa situación naturalizó tanto la presencia del actor militar destituyendo gobiernos civiles, como a los dirigentes políticos que aceptaban o prohijaban la violación de las normas constitucionales.

La ruptura histórica de 1983, no pudo, obviamente, suprimir los habitus o sistemas de predisposiciones de las dirigencias partidarias socializadas en la anormalidad institucional reinante durante un período tan prolongado. En general, los análisis que abordaron la transición argentina a la democracia no adjudicaron mayor importancia al hecho de que los partidos que debían asumir un papel central en el nuevo régimen político eran portadores de continuidades de prácticas y de modos de pensar que poco tenían en común con las virtudes republicanas necesarias para construir una democracia de tipo occidental. Los principales partidos capitalizaban sufragios de importantes conjuntos de ciudadanos con su capacidad de evocar recuerdos más o menos difusos que dividían a la sociedad en sensibilidades políticas divergentes, cuyo poder emocional se mantenía, en buena medida, ayudado

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por las discontinuidades del sistema institucional. Como un efecto no buscado de los golpes militares y las periódicas supresiones de las actividades de esos partidos, se congelaban las representaciones imaginarias de la sociedad y los discursos partidarios. Las transformaciones sociales y culturales de la sociedad alcanzaban en cierto modo a los partidos pero sus efectos se iban depositando como capas geológicas, modificando poco sus tradiciones ideológicas, sin alterar los estilos caudillistas de liderazgos.

Esas máquinas partidarias defectuosas, aisladas de la ciudadanía durante las dictaduras, en un momento u otro habían fracasado en efímeros pasos por los gobiernos. El peronismo, la fuerza política que concitaba más apoyos desde mediados de los años ’40, nunca había tenido una organización normal de partido político; proscripto durante muchos años, existió como una combinación de grupos heterogéneos conducidos por un líder carismático, quien al fallecer en el gobierno sin que se hubiese producido el tipo de proceso que Max Weber denomina de rutinización del carisma, su sucesión llevó al desorden de sus seguidores. La Unión Cívica Radical conoció desde 1930 una serie de divisiones que debilitaron su capacidad electoral; su poder de convocatoria política desde mediados de los ’40 se basó en presentarse como el rival del peronismo. Luego, la dictadura procesista les dejó a los gobernantes radicales una desorganización del Estado, de la sociedad y de la economía, que conformaron problemas cualitativamente distintos a los previstos por su dirigencia partidaria. Pero, sobre todo, el radicalismo alfonsinista había llegado al gobierno en la época de la cuadratura del círculo.

La inflexión pascual

Los sucesos de abril de 1987 no inauguraron el distanciamiento de la sociedad civil con respecto a los partidos políticos, pero dieron un salto en ese sentido, por eso perduraron en la memoria colectiva como el final de la primera etapa del período de reconstrucción de las instituciones. Semana Santa del ’87 fue, si se quiere, el último acto de la efervescencia popular iniciada con la derrota en la guerra de las Malvinas. Si en el primer trienio alfonsinista, el entusiasmo por la clausura del ciclo militar se combinó con la ilusión democrática, resumidos ambos en la fuerza simbólica de los Juicios a las Juntas, las evidencias de los retrocesos ante las imposiciones de los uniformados en abril de 1987, crearon en el espíritu público las certezas de que las instancias representativas no expresaban las demandas de justicia. Los sentimientos y las expectativas antimilitaristas habían tenido ya algunos motivos de fricciones con el gobierno, pero recién con el golpe pascual pareció quedar por primera vez en claro que en las condiciones de democracia representativa el pueblo no deliberaba ni gobernaba sino por medio de sus representantes.

Sin embargo, para que tal división del trabajo político, normal en los regímenes democráticos, fuese aceptada como tal por los representados hubiese sido necesario que los representantes previamente transmitiesen mediante discursos públicos y acciones partidarias ideas al respecto para hacerlas aceptar por la ciudadanía. Es probable que esa meta hubiese sido factible ya que en una demostración de confianza, según se calcula, alrededor de tres millones y medio de personas se habían

La legitimidad de la democracia

Con conceptos de Max Weber se puede caracterizar al régimen democrático como un sistema de dominación legítimo basado en la creencia reinante en la población acerca de la aceptación de las directivas y orientaciones de las autoridades políticas a cargo de la conducción de los asuntos públicos por medio de las actividades de las burocracias estatales (Weber, 1999:173-180).7 Dos elementos son fundamentales para asegurar esa creencia: el origen de las autoridades se ajusta a las normas legales establecidas para su designación y en el ejercicio de sus funciones éstas se subordinan al mandato de las leyes y aseguran la igualdad legal de los ciudadanos. No pocas veces se ha señalado el carácter formal de dicha igualdad ante la ley, pues las desigualdades sociales y económicas colocan a los individuos en asimetrías reales que contrastan con la igualdad legal. En ese sentido, la exis-

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afiliado a los dos grandes partidos tradicionales en las vísperas de las elecciones presidenciales. Sin embargo, los dirigentes de esos partidos demostraron no tener vocación, o interés, en discutir sobre el sentido de la democracia con la ciudadanía o, al menos, en generar espacios de deliberación y formación de quienes poseían más vocación y conocimientos acerca de las cuestiones públicas.

La efervescencia política que había acompañado el establecimiento de la democracia no había sido considerada por amplios sectores de la población como un acto de delegación sin condiciones y, en especial, buena parte de aquellos que habían apoyado al radicalismo en 1983 y muchos de los que luego le dieron su adhesión por sus iniciativas tendientes a castigar a los responsables de la dictadura, no tenían subordinación a ningún partido político.

Si en condiciones normales los dirigentes partidarios creen que “la política es el arte de lo posible” y sus apoyos les dejan la responsabilidad de gobernar sin otro recurso que el de castigarlos en las urnas venideras, algo muy distinto sucedió cuando las movilizaciones sociales se convirtieron en actores de la esfera pública de la política en los momentos liminares de la restauración democrática. Con independencia de las cantidades de personas que participaron en las movilizaciones antidictatoriales, en la sociedad había ganado espacio un nivel de deliberación y de politización como nunca se había conocido hasta entonces: las prioridades en materia de derechos humanos y peticiones de justicia se habían colocado por encima de las comparativamente menos atractivas agendas de los partidos tradicionales.

Dichos partidos, sin experiencia de gestión, se vieron superados por el lenguaje de las reivindicaciones de carácter universal que venían de la sociedad y por el tenor de los reclamos fundados en valores. Sin proponérselo, los sublevados de Semana Santa de 1987 pusieron la piedra fundacional de un nuevo período: la clásica disyuntiva entre la ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades no fue el dilema de un actor sino que abrió dos senderos que se bifurcaron. Con la inflexión pascual, lo que dio en llamarse el posibilismo argumentó en nombre del grado de justicia posible en las condiciones políticas imperantes, mientras que en amplios sectores de la opinión movilizada se instaló la tesis de que la justicia no era materia de negociación.6

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tencia del régimen democrático debe considerarse, justamente, a partir del poder simbólico del criterio de igualdad ante la ley compartido por sujetos conscientes de vivir en sociedades social y económicamente desiguales. Los privilegios de quienes poseen más riqueza y las asimetrías cotidianas surgidas de la división del trabajo social son aspectos normales de las sociedades capitalistas cuyos sistemas políticos se rigen por principios democráticos y esas diferencias usualmente son aceptadas salvo en las situaciones de extrema injusticia. Resulta aún más interesante el hecho de que cualquier ciudadano medianamente informado sabe que sus representantes en el ejecutivo o en el parlamento, a los que otorga su sufragio, reciben desde el momento de asumir sus funciones salarios que los sitúan en el estrato correspondiente al diez por ciento superior de los perceptores de ingresos.

En las opiniones recogidas en nuestra investigación sobre la legitimidad de las instituciones públicas y de los partidos políticos argentinos, y lo mismo se constata en muchos estudios sobre temas conexos, las críticas a los dirigentes partidarios y a los funcionarios estatales en general se referían con gran frecuencia a las prácticas de corrupción y a su impunidad. Desde comienzos del decenio de 1990, las denuncias de corrupción se habían multiplicado en los medios de comunicación, encontrando acogida en las oposiciones antimenemistas, y sus ecos, naturalmente, se reflejaron en los estudios de opinión. Pero, detrás de las reiteradas menciones a la corrupción, aún cuando no todos los que nombran el tema lo digan explícitamente, se encuentra, en realidad, una cuestión mucho más significativa que el hecho de lucrar desde puestos de gobierno: la impunidad de los actos de corrupción en un régimen democrático revela la existencia de comportamientos que no se ciñen a las obligaciones de respeto a las leyes a la vez que muestran la falta de igualdad entre los ciudadanos. Si con la idea de la falta de justicia con respecto a los crímenes de la dictadura se había iniciado la erosión de la legitimidad de los dirigentes partidarios, luego, con el tema de la corrupción ese deterioro se amplió.

Las percepciones individuales y/o colectivas de incumplimiento de las obligaciones legales minaron las bases del reconocimiento de las autoridades públicas y fueron haciendo crecientemente verosímiles las denuncias sobre nuevos actos de corrupción. Aún cuando, la corrupción no es una práctica inmediatamente visible, sin embargo, cuando se instala en una sociedad la creencia en su existencia a partir de algunos hechos puntuales, se deteriora la legitimidad del poder político que acepta, por acción u omisión, su existencia.8

Fragmentación social y la legitimidad política

La idea de fragmentación social se ha incorporado al uso corriente para aludir al debilitamiento de la cohesión social, o de la integración social, y al aumento de las conductas individualistas. De modo más o menos directo según los casos, la fisura social resumida en la ampliación de la brecha de ingresos entre ganadores y perdedores de la experiencia económica neoliberal suele ser la referencia más conocida de las interpretaciones sobre los cambios sociales de las últimas décadas. Desde esa óptica, el descontento de la mayor parte de la ciudadanía con los partidos tiende a relacionarse mecánicamente con el deterioro de sus niveles de

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ingresos. El error de ese tipo de reducciones explicativas consiste en convertir al interés económico en el factor clave de la producción de las subjetividades, visión de lo social, por otra parte, totalmente afín al denominado pensamiento único popularizado por el neoliberalismo.

Por el contrario, aquí entendemos que es válido relacionar la fragmentación social con lo sucedido con las creencias en la legitimidad de los partidos políticos y sus dirigentes, en la medida que consideramos que dicho debilitamiento de la cohesión social tiene como consecuencia la aparición de procesos de individualización, en el sentido que Ulrich Beck da a ese concepto, que hacen que los sujetos tiendan a tomar distancia de sus anteriores creencias y tradiciones. La gran mutación social que se registró en los recientes decenios no fue la aparición de la pobreza ni la concentración del poder económico, tampoco es nueva la heterogeneidad de los sectores medios. Lo más relevante de los cambios producidos fue la crisis de las anteriores identidades sociales, la declinación de los antiguos actores colectivos, la multiplicación de los modos de vida diferentes, la caída de muchas de las certezas precedentes.

Para decirlo de otro modo, se registraron crisis de sentido, fenómenos que aparecen en las sociedades que registran cambios sociales rápidos, ya sea que favorezcan o que perjudiquen a distintos sectores de sus poblaciones. Con la crisis de sentido aumenta la reflexión sobre lo social, y lógicamente sobre lo político, de muchas personas que antes estaban más sujetadas por las ideas hegemónicas y por los criterios de autoridad que fijaban límites a sus percepciones y a sus razonamientos. En otras palabras: el mayor éxito de la vigencia de la democracia, de la libertad de expresión, del fin del autoritarismo en los ámbitos culturales y de la comunicación, fue la aparición de múltiples y opuestos modos de pensar. Los efectos del cambio de régimen político se combinaron luego con la modernización económica que hizo más heterogénea la estructura social y, a la vez, la apertura al mundo globalizado completó la complejidad de los factores en presencia.

De todas esas contradictorias transformaciones salieron individuos más exigentes frente a las instituciones estatales y a los partidos políticos, menos proclives a acordar legitimidad a partir de criterios tradicionales o de sus afinidades políticas anteriores con sectores dirigentes y, por lo tanto, más inclinados a defender lo que consideran sus derechos de ciudadanos. Esas personas, no importa cual fue su participación porcentual sobre el total de la población, reaccionaron en esferas distintas contra los privilegios, los abusos de poder y las más disímiles formas de injusticia, más allá que se hallasen entre los ganadores o los perdedores de la esfera económica.

Si en lugar de tomar el término fragmentación como un sustantivo que describe las fisuras del mundo social se lo emplea como un concepto para hacer inteligible el debilitamiento de los vínculos sociales y sus consecuencias sobre las subjetividades, con la desorganización de las anteriores entidades colectivas, se puede establecer una referencia teórica fuerte para explicar las nuevas construcciones imaginarias de la sociedad que verbalizan los entrevistados o encuestados que dicen no tener confianza en los dirigentes partidarios. El debilitamiento de la co-

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hesión social está en la base de la mayor diferenciación individual que posibilita las evaluaciones ciudadanas más exigentes sobre el respeto de las regulaciones jurídicas y, obviamente, la percepción de las desigualdades políticas que vulneran el funcionamiento esperado del régimen democrático.

En el caso argentino, las frecuentes movilizaciones sociales de protesta ante situaciones de injusticia de los más disímiles tipos produjeron las fusiones de esas conciencias individuales en torno a los temas directamente relacionados con el cuestionamiento a la legitimidad de las instituciones públicas, de los partidos políticos y de sus dirigentes. Más allá que se tratase de incumplimientos de compromisos salariales, crímenes que se atribuían a elites provinciales, violación de regulaciones del sistema bancario, reclamos de mayor seguridad urbana, etc., la falta de idoneidad y/o las transgresiones de quienes desempeñaban funciones públicas suscitaron reacciones individuales y colectivas denunciando el incumplimiento de las leyes. Si los tejidos sociales más sólidos y la mayor integración social tienden a generar representaciones colectivas durables, con altas probabilidades de aparición de organizaciones corporativas o políticas permanentes, en cambio, con las condiciones de fragmentación social surgen conductas anómicas, generándose reacciones puntuales y erráticas, a veces violentas, que provocan un mayor debilitamiento de la legitimidad de las instituciones políticas.

En la medida que la sociedad se hace menos representable, quienes se proponen realizar procesos de agregación de las demandas dispersas se encuentran con las dificultades de hacerlas compatibles entre sí. No es sorprendente, entonces, que con el aumento de las acciones sectoriales de autorepresentación hayan declinado las creencias en la legitimidad de los partidos y del parlamento, dado que esas instancias institucionales de negociación perdieron capacidades para armonizar y articular intereses parciales a los efectos de convertirlos en intereses generales.

Conclusiones abiertas

Tal como muchos aspectos lo indican, la combinación de factores que llevaron a la pérdida de la legitimidad de las instituciones estatales y de los partidos políticos se pone de manifiesto con frecuencia en nuestros días. Esa situación de escasa legitimidad no implica un riesgo inmediato para la existencia del régimen democrático pero disminuye la calidad de la vida pública. Sin duda, no existen soluciones mágicas e inmediatas para mejorar los nexos entre la ciudadanía y el sistema representativo, pero eso no debe llevar a obviar que la reproducción de las prácticas que debilitaron la legitimidad de las instituciones estatales y de los partidos deja abierto un futuro incierto para el todavía joven régimen democrático.

Es notorio que en la opinión pública no existe un cuestionamiento de la validez del orden político democrático en cuanto tal y el horizonte de referencias negativas lo siguen ocupando los dictadores militares. Las críticas a los dirigentes partidarios, las objeciones al funcionamiento de la justicia, las disconformidades con las políticas económicas, las denuncias de los numerosos casos de corrupción, las protestas ante los excesos e ineficiencias policiales, y la enumeración podría continuar, son temas que en principio preocupan a sectores distintos de la población

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que ven afectados sus intereses particulares. Es más, no sólo todos los integrantes de esos sectores no coinciden en sus apreciaciones sino que, además, en no pocos dominios las opiniones se dividen según líneas de ruptura que impiden encontrar la unidad de las visiones contradictorias que fundamentan el malestar político existente.

La novedad de diciembre de 2001 residió en la puesta en escena de una beligerante configuración de un sistema de alteridades en la que una amplia corriente de opinión coincidió en identificarse en un nosotros (el pueblo o los ciudadanos) versus ellos (la clase política). La caída de los relatos unificadores, el debilitamiento de las corporaciones profesionales, los deterioros del sistema ocupacional, la descomposición de las antiguas solidaridades, la erosión de las filiaciones institucionales, habían dado como consecuencia la vacancia política de quienes, a los tanteos, buscaban nuevas identidades. En no pocos casos, desde las ciencias sociales, el fenómeno tendió a pensarse cifrando expectativas en la eventual aparición de nuevos partidos o movimientos sociales destinados a suturar a los individuos atomizados, para convertirlos en protagonistas de procesos de recomposición progresista de la escena política primero y de la sociedad luego. Sería, entonces, resuelta una crisis que era definida, como en el caso de la salud de una persona, como una enfermedad pasajera. Siguiendo ese tipo de razonamientos no fueron pocos los que creyeron que en los sucesos de 2001 se encontraba el nacimiento de nuevas fuerzas sociales que reemplazaban a las de etapas anteriores. Desde esa óptica, la protesta de los individuos debía dar paso a la organización de sus demandas, al encuadramiento de sus preferencias, en síntesis, a la “reconstrucción de un sistema político normal para un país en serio”.

Dichos observadores y narradores interesados por los fenómenos políticos de 2001 pusieron el énfasis en la irrupción en el espacio público de nuevos actores destinados a sustituir, según opinaban, a los antiguos. En el margen opuesto se situaron aquellos que leyeron los hechos desde una óptica que remitía a la simple alternancia, poco prolija por cierto, entre las dos fuerzas partidarias que se turnaban en el control de los gobiernos nacionales y provinciales desde hacía más de medio siglo. Prácticamente, todas las visiones inmediatas captaban aspectos significativos de los acontecimientos, pero a la distancia de esos sucesos cabe destacar como traza más permanente de lo ocurrido el mantenimiento de la declinación de la legitimidad los partidos políticos, así como las notorias dificultades de crear nuevos. Mientras que en el plano económico existió una recuperación exitosa, en el político se generó una cierta polarización entre los adherentes y los opositores al gobierno 2003-2007, que se restableciese un sistema de partidos capaces de representar de un modo organizado las distintas sensibilidades en las que se habían dividido las opiniones de la ciudadanía. En las elecciones presidenciales de 2007, los Frentes expresaron la adecuación de los dirigentes políticos a la pérdida de legitimidad de los partidos. Pero, igualmente, fue un modo de aceptar el hecho de que los viejos conjuntos colectivos de personas se habían debilitado y que la convocatoria de apoyos debía hacerse a los individuos más que a los sectores sociales.

Hoy, cuando se usa la noción de “sector social”, se está haciendo referencia a lo

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que Pierre Bourdieu (2000) denomina un sector en el papel muy distinto al que poseía los atributos de hace varias décadas atrás. Si en un plano los Frentes pusieron de manifiesto las debilidades organizativas y las divisiones de los partidos que formalmente los integraban, en otro, al juntar candidatos de las más opuestas procedencias revelaron el alto grado de licuación de las antiguas identidades. Los Frentes supusieron alteridades ocasionales a diferencia de la época de los partidos, en la que el otro era un adversario bien definido. Es interesante destacar al respecto que la idea de la volatilidad de las preferencias ciudadanas se encontró presente en las estrategias de los tres Frentes considerados con más probabilidades competitivas: todos sabían, más por sentido práctico que por lecturas de modernas teorías sociales, que los procesos de individualización habían hecho más heterogénea la sociedad y exigentes a los ciudadanos. Los viejos partidos habían sido constructores de la política sólida, en tanto que la fluidez de los Frentes era una expresión del bricolage precario de la política líquida: “hoy estamos, mañana…”.

La distancia sociedad-partidos, no debe, sin embargo, confundirse con el desinterés por lo público ya que el mismo crece, normalmente, junto con la mayor información y educación ciudadana que caracteriza la época actual. Las personas que se hacen más exigentes y desconfían de muchas de las instituciones y personalidades en las que antes creían más o menos irreflexivamente, no son apolíticas.

Por otra parte, si en la Argentina se mantuviese de un modo prolongado el debilitamiento de la legitimidad de fuerzas políticas sin organizaciones deliberativas y continuase la inclinación a colocar en el centro de la arena electoral a personalidades que compiten por los altos cargos de gobierno, eso crearía las condiciones típicas en las que los grandes intereses corporativos ven crecer sus capacidades de intervención en los procesos de toma de decisiones. No cabe descartar, tampoco, que la demagogia, la desviación clásica de la democracia, gane espacio en una escena política así desestructurada.

Referencias

1. La investigación se desarrolló en el marco del proyecto UBACyT: “Desestructuración de los vínculos sociales y pérdida de legitimidad de los partidos políticos argentinos y de las instituciones estatales en los 20 años de reconstrucción del régimen democrático” y de un Taller de Investigación de la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Se realizaron 250 entrevistas no directivas a ciudadanos argentinos residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siguiendo los criterios de selección y de análisis de la información que muy resumidamente se presentan en el curso del presente texto.

2. Se trata de informaciones provenientes de una encuesta multipropósito y longitudinal, con diseño en panel, aplicada a una muestra aleatoria de 2.500 casos representativos de la población de 18 años y más, residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Salta, Gran Resistencia, Gran Mendoza, Paraná, Bahía Blanca y Neuquén.

3. Al respecto ver, N. BOTANA (2006) y H. QUIROGA (2005), Cap. 8.

4. Al respecto, ver K. VON BEYME (1995), p.97.

5. Al respecto, ver G. ABOY CARLÉS (2001).

6. Sobre la politización de los Juicios a la Juntas, J. MALAMUD GOTI (2000:204) sostiene que: “Lo que sucedió en la Argentina es que una sociedad fragmentada no consideró –y sigue sin considerar– a los juicios como un modo de implantar el sentido de la responsabilidad personal, esencial para una democracia fundada en el respeto a los derechos individuales”. Al respecto, ver S. PEREYRA (2005).

7. Como resume Habermas (2005:535): “Max Weber entiende los órdenes estatales de las sociedades occidentales modernas como acuñaciones de la ‘dominación legal’. Basan su legitimidad en la fe en la legalidad del ejercicio de la dominación. La dominación legal cobra su carácter racional entre otras cosas porque la fe en la legalidad de los órdenes establecidos y en la preparación y competencia de los llamados al ejercicio de la dominación es de calidad distinta que la fe en la tradición o el carisma: es la racionalidad inmanente a la forma jurídica misma la que procura legitimidad a la dominación ejercida en formas legales”.

8. Sobre las percepciones sociales de la corrupción en Argentina, hemos consultado los Informes Latinbarómetro del período analizado.

G. ABOY CARLÉS (2001), Las dos fronteras de la democracia argentina, Rosario, Homo Sapiens.

Z. BAUMAN (2003a), Modernidad líquida, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

(2003b), “Individualmente, pero juntos”, Prefacio de Z. Bauman a U.BECK; E. BECKGERNSHEIM, La individualización. El individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas, Barcelona, Paidós.

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Recibido: 20/09/08. Aceptado: 20/10/08

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Bibliografía

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El Parlamento del Mercosur: ¿hacia un proceso de integración más democrático?

María Victoria Álvarez

resumen

summary

La instalación de un Parlamento regional, cuyos miembros serán elegidos a través de sufragio universal directo a partir de 2011, constituye un hito sin precedentes en la historia del bloque.

Este trabajo pretende realizar un breve análisis del alcance de la instalación de un órgano de estas características en el Mercosur, especialmente en relación al “déficit democrático” del bloque.

Desde un punto de vista político, el Parlamento –que significa una señal de compromiso con la continuidad del proceso de integración– podría ejercer un papel fundamental en la defensa de la democracia y los derechos humanos; así como en la protección de los diversos intereses de la población. Adicionalmente, la elección directa de los parlamentarios podría constituir un ejercicio ciudadano que contribuya a incrementar la representatividad y legitimidad democrática del proceso de integración. Sin embargo, desde una perspectiva jurídica, el Parlamento regional se caracteriza por ser un órgano consultivo, con débiles atribuciones legislativas, presupuestarias y de control. Difícilmente la existencia del Parlamento del Mercosur, tal como ha sido instituido, sea capaz de enmendar el “déficit democrático” del bloque.

The creation of a directly elected parliamentary body constitutes a milestone in the history of the bloc. Representatives to the Parliament will be elected by direct, universal and secret ballot in 2011. We analyze the creation of the Mercosur Parliament from both a political and a legal perspective, with emphasis on its effects on the “democratic deficit”. From a political point of view, the Mercosur Parliament could play an outstanding role in the defence of democracy and human rights, as well as the protection of interests of Member States’ populations. Additionally, direct elections to the Parliament could contribute to enlarge the bloc’s democratic legitimacy.

From a legal standpoint, however, the regional Parliament’s fragile legislative, budgetary and oversight powers seem to hinder any possibility to overcoming the “democratic deficit” of the bloc.

palabras claves

Procesos de integración / Mercosur / Parlamento del Mercosur / déficit democrático

keywords

Processes of economic integration / Mercosur / Mercosur Parliament / democratic deficit

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María Victoria Álvarez es Magister en Integración y Cooperación Internacional – Universidad Nacional de Rosario y Katholieke Univeriteit Leuven, Bélgica.

Mail: mvalvarez@fcpolit.unr.edu.ar

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Introducción

Los procesos de integración no se desarrollan en el vacío sino en determinados contextos políticos, sociales y económicos. El desenvolvimiento de las instituciones democráticas internas de los países embarcados en proyectos integracionistas tiene repercusiones en las instituciones comunes.

La consolidación democrática de los países del Mercosur en los últimos años, junto con el compromiso de sus gobiernos respecto al reforzamiento del bloque en el ámbito político, se conjugaron para llevar adelante la creación de un Parlamento regional, elegido por los ciudadanos del Mercosur.

El Parlamento del Mercosur (PM), que entró efectivamente en funciones el 7 de mayo de 2007, está compuesto por parlamentarios designados por sus respectivos congresos nacionales. El nuevo órgano unicameral cuenta con 18 parlamentarios por cada Estado parte del bloque, con un mandato de cuatro años. Además de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, participan del Parlamento los representantes de Venezuela, con voz pero sin voto hasta que se complete su proceso de adhesión al bloque.

La novedad principal del PM, indudablemente, reside en el hecho de que sus miembros serán elegidos en forma directa por la ciudadanía a partir de 2011. El Parlamento estará conformado, entonces, por legisladores elegidos por los ciudadanos a través de sufragio universal, convirtiéndose en la única institución del bloque que contará con una representación democrática directa.

Este trabajo pretende realizar un breve análisis del significado que posee la instalación de un órgano de estas características en el Mercosur, teniendo en cuenta que el abordaje de la institucionalización del bloque regional “debe hacerse a partir de las características propias de esta alianza y de su expresión histórica, identificando con realismo necesidades y posibilidades, y no tratando de deducir respuestas institucionales basadas en modelos teóricos o en experiencias de procesos de integración con rasgos diferentes” (Pena y Rozemberg, 2005:14).

A un año de su puesta en marcha efectiva, el Parlamento se constituye en un actor digno de ser analizado, desde dos puntos de vista complementarios. Por un lado, por el significado presente y futuro del Parlamento desde una perspectiva política. En particular, analizaremos en este artículo el papel del PM en la defensa de derechos humanos y en los vínculos con la sociedad civil. Por otro, la justa valoración de un órgano de este tipo resulta incompleta si se excluye el examen jurídico de su naturaleza y atribuciones. Finalmente, incluiremos algunas reflexiones acerca de los efectos que la instalación del Parlamento podría producir respecto al llamado “déficit democrático” del Mercosur.

Perspectiva política

Tal como afirma Bernal-Meza (2001:39), la institucionalización es la manifestación jurídica de la voluntad política de integrarse, de la decisión política de avanzar en un proceso irreversible de integración. La instalación del Parlamento formaliza la voluntad de los gobiernos del bloque (principalmente de Argentina y Brasil) de afirmar la continuidad del proyecto integracionista.

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La instalación del Parlamento concreta una importante señal política, por parte de los Estados parte, hacia dentro y hacia afuera del Mercosur respecto a la irreversibilidad del proceso de integración. Más aún, implica un intento por dejar de entender al Mercosur solamente como un proyecto económico-comercial para apuntar a convertirse en una empresa de integración más profunda.

Este ha sido el objetivo principal de la política brasileña respecto al Mercosur desde la llegada al gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva en 2002. El cambio de gobierno implicó un giro respecto a la percepción del proyecto integracionista en el Cono Sur, otorgando mayor importancia a los avances institucionales de tipo político, como la constitución de un parlamento regional elegido mediante sufragio universal (Castro Mendizábal, 2005:13).

La creación de órganos que no habían sido contemplados en los acuerdos originarios, y que surgen con posterioridad, forma parte del “gradualismo” típico del Mercosur, una tendencia a crear organismos a partir de los requerimientos que el proceso va demandando (Pena y Rozemberg, 2005:2). Sin embargo, es materia de controversia si los resultados del proceso de institucionalización del bloque proveen un marco de referencia consistente para el intercambio de capitales, bienes, personas y servicios, tareas imprescindibles en un proceso de integración que aspira a convertirse en un mercado común. En este sentido, se torna vital la necesidad de realizar una reformulación conceptual del Mercosur paralelamente a la creación de instancias institucionales, de manera que la institucionalización sea justificada por la profundización del proceso de integración (Bernal-Meza, 2001:74).

Un proceso de mayor institucionalización, sin embargo, no necesariamente conduce a un incremento de la eficiencia gubernamental, ya que puede suceder que se sustituya la burocracia doméstica por una internacional (Bernal-Meza 2001:40).

En particular, existe el riesgo de que el Parlamento regional se convierta en otro órgano burocrático vacío de sentido, que aumente el costo de la estructura institucional sin alcanzar sus cometidos políticos. La introducción de una institución costosa e ineficiente pondría en juego la confianza de las sociedades de los Estados parte en el proyecto integracionista. El crecimiento exponencial de órganos y mecanismos institucionales, además, no lograría disimular las evidentes deficiencias del Mercosur (Czar de Zalduendo, 2004:5).

El Parlamento del Mercosur debería evitar el desprestigio de otras experiencias en América Latina, como el Parlamento Centroamericano, que sufre la amenaza de desaparición bajo acusaciones de ser ineficiente, despilfarrar fondos públicos y proteger a ex-funcionarios corruptos gracias a sus inmunidades. Por el contrario, al otro lado del Atlántico, el Parlamento Europeo ofrece una enseñanza clara en el sentido que la consolidación como institución legislativa es una tarea que requiere tiempo, y sobre todo, voluntad política.

Para que el establecimiento del Parlamento constituya un aporte institucional positivo, y no forme parte de una inconveniente multiplicación de órganos, esta institución debería encarnar la representación política y social de las comunidades de los Estados participantes. En este sentido, las esperanzas se orientaron a la posibilidad de que el Parlamento del Mercosur amplíe la agenda interna del bloque

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y tenga la capacidad de contener, articular y orientar los diversos intereses de las sociedades de los Estados parte que no encuentran cabida en otras instituciones.

Inclusive, muchos de los temas conflictivos del bloque podrían ser debatidos en el Parlamento, como foro privilegiado para intentar zanjar las discusiones y alcanzar consensos.

Competencias del PM en el ámbito político

El Parlamento del Mercosur podría convertirse en un canal privilegiado de conexión con la ciudadanía. En este ámbito, sobresale la función de “organizar reuniones públicas, sobre cuestiones vinculadas al desarrollo del proceso de integración, con entidades de la sociedad civil y los sectores productivos” (art. 4 inciso 9 Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, PCPM, el énfasis es nuestro). Asimismo, el PM puede “recibir, examinar y en su caso canalizar hacia los órganos decisorios, peticiones de cualquier particular de los Estados Partes, sean personas físicas o jurídicas, relacionadas con actos u omisiones de los órganos del Mercosur” (art. 4 inciso 10 PCPM, el énfasis es nuestro). Estas disposiciones resultan sumamente relevantes ya que la calidad del vínculo que el Parlamento establezca con los ciudadanos y la sociedad civil es central para avanzar hacia una cultura política e institucional favorable al proceso de integración.

En este sentido, se trata de un órgano que ha sido concebido para desempeñar un fuerte papel político. El Parlamento tiene importantes funciones referidas a la preservación de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Es destacable la obligación del Parlamento de presentar un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en la región (art. 4 inciso 3 PCPM, el énfasis es nuestro), el cual podría ser utilizado como instrumento de presión hacia cualquier tentativa de los gobiernos de afrentar esos derechos en su territorio. De particular interés, asimismo, es el deber del Parlamento de velar por la preservación del régimen democrático en los Estados Partes, de conformidad con las normas del Mercosur (art. 4 inciso 2 PCPM, el énfasis es nuestro).

Los logros del PM en el ámbito político

Desde que entró efectivamente en funciones, en mayo de 2007, el Parlamento del Mercosur ha realizado una tarea por demás discreta en su rol político y de vínculo entre el esquema institucional del Mercosur y la ciudadanía.

Las primeras cinco sesiones ordinarias (de mayo a septiembre de 2007) estuvieron dedicadas a la puesta en marcha y organización interna del Parlamento, que incluyó, entre las cuestiones más importantes, la aprobación del Reglamento interno, la conformación de las comisiones parlamentarias y la organización de los órganos internos del Parlamento.

A partir de la VI sesión ordinaria (octubre 2007) el Parlamento inició su accionar propiamente dicho. La VII sesión ordinaria (noviembre 2007) y la sesión extraordinaria de diciembre de 2007 completaron el primer año de actividad. El resultado de esas reuniones se resume en varias Disposiciones, cuatro Declaraciones y dos Resoluciones.

De los principales actos jurídicos aprobados, sólo pueden destacarse la Declaración de Apoyo del Parlamento del Mercosur al régimen institucional de Bolivia1, de respaldo a las gestiones del Presidente de Venezuela Hugo Chávez para un acuerdo humanitario en Colombia2, y la condena al genocidio del pueblo armenio3.

Desde el inicio del año 2008, el Parlamento se ha reunido en dos ocasiones: el 31 de marzo (VIII sesión plenaria) y los días 28 y 29 de abril (IX sesión plenaria).

Entre los actos aprobados, cabe mencionar una Declaración de aplauso al Grupo de Rio y al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, que condenaron la violación del territorio ecuatoriano por parte de las fuerzas militares de Colombia, durante la operación contra guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia4.

Más allá de estas exiguas manifestaciones, algunos temas políticos sensibles dentro del Mercosur no han podido ingresar en el orden del día del Parlamento.

Este es el caso de los cortes de puentes internacionales entre Argentina y Uruguay por parte de movimientos ambientalistas argentinos en protesta por la instalación de papeleras sobre el Río Uruguay. La cuestión, de importantes efectos medioambientales y económicos, y que, además, ha generado ásperas rigideces entre los respectivos gobiernos, ha estado ausente del debate parlamentario regional. La insistencia del gobierno argentino sobre la “bilateralidad” del conflicto en contra de cualquier intento de “multilateralización” quedó fielmente reflejada en la constante oposición de los diputados argentinos oficialistas a discutir la cuestión en el recinto pese a constantes pedidos por parte de legisladores uruguayos, quienes consideran a los cortes como una trasgresión al Tratado de Asunción.

La lentitud en la puesta en marcha del Parlamento, la aprobación de declaraciones que no constituyen ningún tipo de aporte a la visibilidad del nuevo órgano, sumado a la falta de debate sobre temas de interés para la ciudadanía de los Estados parte, acrecienta las dudas sobre las condiciones del PM para conducir la representación de las sociedades de los países del bloque.

El análisis en este ámbito gira alrededor de dos cuestiones principales: la supranacionalidad y las competencias del nuevo órgano.

En cuanto a la primera cuestión, funcionarios y especialistas afirman que el establecimiento del parlamento regional representa para el bloque el paso de una estructura institucional exclusivamente intergubernamental a un sistema mixto, al añadir una institución supranacional.

Para que una institución sea supranacional debe cumplir rígidas condiciones –que suponen cesión de soberanía de los Estados–, que no están presentes en el PM. El Parlamento es beneficiario, sin embargo, de algunas disposiciones que lo aproximan a la supranacionalidad.

Uno de estos elementos está expresado en el PCPM: “Los miembros del Parlamento no estarán sujetos a mandato imperativo y actuarán con independencia en el ejercicio de sus funciones” (art. 9). El Parlamento se erige así en un órgano

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Perspectiva jurídica

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independiente y autónomo de los demás órganos del bloque y de los gobiernos de los Estados parte. Adicionalmente, los parlamentarios del Mercosur, al redactar su Reglamento interno, han reforzado esta predisposición. Tal como ocurre en el Parlamento Europeo, el PM podrá organizarse en grupos de acuerdo con sus afinidades políticas (art. 33 Reglamento interno del PM).5 La existencia de grupos políticos trans-nacionales es una condición esencial para avanzar en la construcción de una representatividad regional.

El Protocolo del PM ofrece un elemento adicional intrínsecamente supranacional al establecer que el Parlamento adopta sus decisiones y actos por distintas mayorías (mayoría simple, absoluta, especial o calificada, art. 15 PCPM).

Una organización de tipo supranacional tiene capacidad de adoptar decisiones por mayoría en contraposición a los órganos intergubernamentales, que deciden por unanimidad, lo cual otorga un poder de veto a cualquiera de los Estados parte.

El mecanismo de mayorías previsto para el PM constituye un rasgo que lo diferencia de su antecesora, la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur (CPC), que por su carácter intergubernamental, sólo adoptaba decisiones por consenso.

Sin embargo, el rasgo de supranacionalidad que podría otorgar la forma de tomar decisiones no consigue convertir al Parlamento del Mercosur en un órgano supranacional.

En primer lugar, las decisiones del PM carecen de estatus superior a las normas de los parlamentos nacionales; la normativa del bloque es creada por los órganos decisorios intergubernamentales, y continúa vigente la necesidad de incorporar dicha normativa a los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales. Las normas Mercosur carecen de aplicabilidad inmediata y efecto directo, característico de esquemas supranacionales.

En segundo lugar, la relevancia del procedimiento de decisión por mayoría resulta reducida por el hecho de que las competencias legislativas, de control y presupuestarias del Parlamento son sumamente débiles.

Competencias legislativas, de control y presupuestarias del PM

La existencia de un parlamento regional conlleva ventajas a un proceso de integración por su contribución a la función legislativa. Las competencias del Parlamento en este ámbito son cualitativa y cuantitativamente superiores a las de la CPC. Ello no implica, sin embargo, que el Parlamento sea propiamente un órgano legislativo.

Por un lado, las llamadas atribuciones legislativas del Parlamento del Mercosur no atañen estrictamente la “creación” de normas supranacionales, pese a que la variedad de actos jurídicos que puede generar se ve acrecentada, al poder “emitir declaraciones, recomendaciones e informes sobre cuestiones vinculadas al desarrollo del proceso de integración” (art. 4 inc. 11 PCPM), “proponer proyectos de normas Mercosur al Consejo Mercado Común (CMC)” (art. 4 inc.13) o “elaborar estudios y anteproyectos de normas nacionales” (art. 4 inc. 14).

Por otro lado, se configura un procedimiento que requiere el dictamen del PM sobre proyectos de normas del Mercosur. Los órganos decisorios del bloque tienen

Los logros del PM en materia legislativa y de control

Hasta la fecha, el Parlamento del Mercosur se ha limitado a aprobar un puñado de Declaraciones, Resoluciones y Recomendaciones. El órgano parlamentario regional no ha aprovechado las atribuciones que posee (y que no contaba su an-

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la obligación de transmitir al Parlamento los proyectos de normas antes de ser aprobados, para que éste emita un dictamen. Si el proyecto de norma es aprobado por el órgano decisorio de conformidad con los términos del dictamen del Parlamento, la norma debe ser considerada por los poderes legislativos nacionales dentro de los 180 días siguientes a través de un procedimiento preferencial. Sin embargo, los órganos decisorios del Mercosur no están obligados a aprobar la norma según los términos del dictamen del Parlamento sino que sólo tienen la obligación de solicitarlo (art. 4 inc. 12 PCPM). Pese a ser un avance, este procedimiento no significa la incorporación de una competencia propiamente de creación de legislación.

En definitiva, el Parlamento carece de poderes que le permitan exceder su carácter de órgano básicamente consultivo y asesor. La limitación de sus competencias legislativas es especialmente grave, y crea dudas acerca de la capacidad del Parlamento para avanzar en sus objetivos de armonización de las legislaciones nacionales e incorporación de la normativa del Mercosur a los ordenamientos jurídicos internos, designios fundamentales para acrecentar la seguridad jurídica del bloque.

En cuanto a las competencias de control, el Parlamento del Mercosur supone un adelanto respecto a la CPC. Mientras que ésta podía “solicitar a los órganos institucionales del Mercosur informaciones respecto a la evolución del proceso de integración” (art. 3 inc. c Reglamento interno CPC), el Parlamento puede efectuar pedidos de informes u opiniones por escrito a los órganos decisorios y consultivos del Mercosur sobre cuestiones vinculadas al desarrollo del proceso de integración que deben ser respondidos en un plazo máximo de 180 días (art. 4 inc. 4 PCPM).

El PM, entonces, puede solicitar informes y este pedido debe ser respondido en menos de seis meses. Si bien este plazo es relativamente prolongado, representa una mejora respecto a la CPC, que no preveía ningún lapso de tiempo para que su pedido fuera satisfecho. Adicionalmente, el PM recibe de la Presidencia Pro Tempore del Mercosur un programa de trabajo al inicio de cada semestre, y un informe final sobre las actividades realizadas (art. 4 incisos 6 y 7). Sin embargo, el PM no tiene ninguna potestad sobre el nombramiento o remoción de los miembros de los órganos decisorios intergubernamentales. Los frágiles mecanismos de control institucional del Mercosur no son comparables con el control político instaurado en otros procesos de integración.

Por último, el Parlamento del Mercosur carece prácticamente de atribuciones presupuestarias, ya que sólo es notificado sobre estas cuestiones al recibir, dentro del primer semestre de cada año, un informe sobre la ejecución del presupuesto de la Secretaría Administrativa del Mercosur del año anterior. El presupuesto de la Secretaría en 2008 representa algo más de un millón de dólares.

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tecesora, la CPC) en cuanto a la posibilidad de aprobar anteproyectos de normas –que son las proposiciones orientadas a la armonización de las legislaciones de los Estados Parte, dirigidos a los parlamentos nacionales para su eventual consideración–; y los proyectos de normas del Mercosur, que constituyen las proposiciones normativas presentadas para la consideración del CMC. El Parlamento tampoco ha tenido la ocasión de llevar adelante el denominado “procedimiento de dictamen consultivo” ya que el CMC todavía no ha enviado proyectos de normas –que requieren aprobación legislativa en uno o más Estados Parte– para que el Parlamento emita su opinión antes de su aprobación.

En cuanto a las tareas de control, el Parlamento, en cumplimiento del PCPM, se limitó a recibir el programa de trabajo al inicio de la Presidencia Pro Tempore de Paraguay para el primer semestre de 2007 y de Uruguay para el segundo semestre de 2007. Asimismo, en la IX Sesión Plenaria recibió del Canciller argentino el informe de la Presidencia Pro Tempore para el primer semestre de 2008.

El debate sobre el “déficit democrático”

El Parlamento del Mercosur dista de ser un órgano legislativo en tanto el poder reglamentario se mantiene en manos de los órganos decisorios, y sólo se instala un procedimiento que requiere el dictamen del PM aunque no es vinculante. Igualmente, sus potestades de control y presupuestarias son prácticamente inexistentes.

El Parlamento se asemeja a un órgano con funciones netamente consultivas sin protagonismo en los procesos de decisión del bloque. Con todo, supone un avance con relación a la CPC. Entonces, ¿se ha conseguido subsanar la falta de “democratización” en el Mercosur con la creación del Parlamento?

Recordemos que el problema del llamado “déficit democrático” es causado, según los especialistas, por la falta de mayor participación del poder legislativo en el proceso de toma de decisiones, esto es, la ausencia de mecanismos propios de control y de creación de normas (Vázquez, 2002:169).

Explicar el “déficit democrático” que se registra en el Mercosur en términos de falta de efectiva intervención del órgano legislativo en el proceso decisorio implica, consiguientemente, que la solución se remitiría a la constitución de un parlamento regional, de características supranacionales, con amplios poderes, que reduzca la hegemonía de los ejecutivos en el bloque. Entendido el déficit en estos términos, difícilmente la existencia del Parlamento del Mercosur, tal como ha sido instituido, sea capaz de enmendarlo.

No obstante, la conveniencia de crear el Parlamento del Mercosur podría basarse en el empeño de dotar de mayor representatividad al proceso de integración, teniendo en cuenta que los parlamentos disfrutan de una función de representación.

Según el PCPM, los parlamentarios representan a los pueblos del Mercosur (art.

2). La elección de los miembros del Parlamento por sufragio universal directo se constituiría, así, como un medio para la promoción de la participación ciudadana en el proceso de integración y el aumento de la legitimidad democrática. Asimismo muchos creen que el PM puede coadyuvar a la construcción de un demos e identidad “mercosureñas”.

Estas consideraciones están imbuidas de enfoques que aseveran que las instituciones poseen un valor “constitutivo” y, por lo tanto, pueden contribuir a robustecer el propio proceso de integración regional. A la luz de esta visión, el PM podría apuntar a la construcción de una nueva auto-percepción y de una identidad en relación con el espacio regional (Colacrai, 2005:394).

Sin embargo, es apresurada cualquier conclusión sobre la posibilidad que tengan las elecciones al Parlamento de construir una conciencia de identidad regional, y otorgar mayor legitimidad al proceso de integración. La experiencia en otras partes del mundo indica claramente que la construcción de una identidad regional es una cuestión cultural y no se resuelve a fuerza de tratados o procesos electorales (CERA, 2006:19). En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, las elecciones al Parlamento Europeo aún no han logrado crear una verdadera “identidad comunitaria”. La continua merma en la concurrencia de los votantes –sumado al hecho de que las elecciones europeas resultan ser referendos sobre el desempeño de los respectivos gobiernos nacionales– son manifestaciones de las persistentes dificultades para alcanzar ese objetivo.

Tal como ha sido concebido, el Parlamento del Mercosur no resuelve por sí solo el importante “déficit democrático” que caracteriza al bloque (Geneyro y Vázquez, 2006:14). Adicionalmente, la posibilidad de avanzar hacia una cultura política e institucional favorable a un proceso de integración cualitativamente diferente no deja de estar condicionada por la situación política que se registre en los países miembros, caracterizada en los últimos años por sucesivas crisis de representatividad y legitimidad democrática (CERA, 2006:14).

Son diversas las dudas sobre el futuro del Parlamento del Mercosur. Una nueva institución puede implicar formidables costos financieros y políticos si el acrecentamiento de la burocracia no se traduce en respuestas y mayor representatividad para los ciudadanos. La falta de competencias relevantes y el consecuente papel relegado en el proceso de toma de decisiones hacen del Parlamento un órgano jurídicamente irrelevante en el esquema institucional. Por consiguiente, es incierta su contribución en el proceso de internalización de normas y la seguridad jurídica del bloque.

Sin embargo, los beneficios de contar con un órgano parlamentario democrático deberían ser superiores a las desventajas. Desde el punto de vista político, el Parlamento –cuya cristalización significa una señal de compromiso con la continuidad del proceso de integración– puede ejercer un papel fundamental en la defensa de la democracia y los derechos humanos; así como en la protección de los diversos intereses de la población. Adicionalmente, la elección directa de los parlamentarios a partir de 2011 podría constituir un relevante ejercicio ciudadano que contribuya a incrementar la representatividad y legitimidad democrática del proceso de integración.

El logro de este objetivo se cumplirá en la medida en que el Parlamento consiga superar los condicionamientos jurídicos que lo debilitan, maximizar su papel po-

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Consideraciones finales

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lítico, y convertirse en un verdadero órgano representativo de los ciudadanos del bloque y en un auténtico legislador de la integración. Difícilmente el proceso de integración logre un carácter democrático si el cuerpo legislativo no es más que un órgano consultivo y no tiene verdadera y efectiva intervención en los procesos de decisión relevantes para la ciudadanía.

El desafío es lograr articular la idea política de un Mercosur democrático y representativo con una institución parlamentaria ambiciosa y eficaz.

Referencias

1. MERCOSUR/PM/DECL, 05/2007.

2. MERCOSUR/PM/DECL, 03/2007.

3. MERCOSUR/PM/DECL, 04/2007.

4. MERCOSUR/PM/DECL, 03/2008. La declaración incluye la sugerencia de que América del Sur continúe siendo una región en que “predominen la cooperación y la solución negociada de los conflictos, con vistas a su integración en los marcos de democracias prósperas, estables y socialmente justas”.

5. Actualmente, el Parlamento del Mercosur cuenta con un grupo político constituido: el Partido Nacional.

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Recibido: 20/05. Aceptado: 07/07

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María Fernanda Juarros es Magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología (CEA-UBA), docente- investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE-FFyL-UBA).

Mail: fjuarros@clacso.edu.ar

Alejandra Martinetto es Magíster en Políticas Sociales (FCS-UBA), docente-investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE-FFyL-UBA).

Mail: alemartinetto@arnet.com.ar

resumen

summary

La plena ciudadanía se ejerce haciendo uso de todos los derechos ciudadanos; esto implica no sólo el derecho a votar y expresarse en las urnas, sino también, a educarse, trabajar, a tener atención en salud, a tener previsión social, entre otros. Si la mitad de la población, no puede hacer uso pleno de sus derechos porque no tiene acceso real a los servicios básicos que el Estado debiera garantizar, la democracia no funciona plenamente.

En una sociedad estructurada alrededor del mundo del trabajo, los certificados de estudio cobran cada vez mayor importancia. La pregunta es si la universidad pública puede dar respuesta a esta fragmentación del tejido social, democratizando su acceso a los distintos sectores sociales, posibilitando el ejercicio de sus derechos.

Las políticas de admisión que buscan regular el acceso a este nivel en función de la relación demanda-capacidad, establecen requisitos exigibles a los aspirantes. Allí se sitúa la discusión acerca de la Educación Superior como derecho o como privilegio.

El presente artículo intenta plantear algunas líneas de discusión y reflexión a partir de la necesidad de atender la problemática de acceso real a los estudios universitarios, y analiza el perfil de los estudiantes universitarios para visualizar la composición social de este colectivo en los 25 años de democracia en nuestro país, especialmente en la UBA.

Full citizenship works when exercised by people through their all citizen rights, which means not only their political rights, but to receive a full education, to healthcare, the rights to work, standard rights, and more. When half of the citizens in a nation haven’t access to the social rights, that the Estate should guarantee, democracy cannot be substantive.

When society is structured about work’s world, education certificates become more and more social- valued. The present question is if public university may contribute to reconstruct social integration, democratizing access for social groups traditionally excluded from this level of studies.

Admission policies that regulate the entrance at this high level of education by regulating the ratio between qualifications and applications, establish the requirements of average skills for applying students. Is at this point where resides the discussion about High School education as a right or a privilege.

The present article tries to lead some of the most important issues about this theme, intending to analyze the “real access” to the university studies, and to characterize the students’ social composition during the actual democracy process in our country, particularly at Buenos Aires University.

palabras claves

universidad pública / ciudadanía / democracia / ingreso / perfil de los estudiantes

keywords

public university / citizenship / democracy / access / students’ social composition

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Educación, ciudadanía y democracia.

Análisis en torno al acceso a la universidad de los sectores sociales de menores ingresos María Fernanda Juarros y Alejandra Martinetto

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Introducción

En el presente trabajo nos proponemos analizar el concepto de ciudadanía y la ampliación de los derechos sociales1 focalizándolo en el derecho a la educación, y en particular a la Educación Superior de la que históricamente los grupos sociales de menores ingresos han quedado excluidos.

En nuestro país, el ingreso a este nivel del sistema educativo aparece como tema problemático.2 Al inicio de cada año lectivo, los medios de comunicación se hacen eco de esta situación proyectando la conflictiva y compleja relación que se establece entre el Estado, la sociedad y las instituciones universitarias.3 Asimismo, su centralidad como tema permanente de preocupación de los actores involucrados en la actividad académica quedó manifiesta en la realización del Primer Encuentro Nacional sobre la Problemática de Ingreso que se realizó en el año 2004, organizado por la Universidad Nacional de Córdoba, y en el II Encuentro Nacional de Ingreso realizado en octubre de 2006, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, con el fin de profundizar el debate iniciado, comparar prácticas y elaborar críticamente aportes y propuestas que enriquezcan esta compleja temática.

Las políticas de admisión que buscan regular el acceso a este nivel mediante diversos procedimientos, constituyen el componente en discusión en las políticas universitarias, que en función de la relación demanda-capacidad, establecen requisitos exigibles a los aspirantes.4 Estas políticas han llevado, en algunas instituciones, a la configuración de un sistema de mayor selectividad desde el punto de vista social por el hecho de ser restringido a los jóvenes con mayor formación previa, y dificultar el ingreso de jóvenes de menores recursos que no pueden competir en términos académicos con aquellos.5 Sin embargo, la argumentación a favor del ingreso directo que apela a garantizar la igualdad de oportunidades, no toma en cuenta que el ingreso irrestricto sólo garantiza el acceso a las instituciones universitarias pero no la permanencia en ellas. Si a éstas ingresan alumnos que no poseen las habilidades necesarias para apropiarse de los conocimientos que las mismas producen y reproducen, el acceso es sólo ilusorio. De este modo, existe consenso en torno a la idea de la inexistencia de un ingreso irrestricto en las actuales condiciones de desigualdad y exclusión social. Es posible distinguir entonces, el acceso formal del acceso real a las instituciones universitarias.

Nuestra intención es dar cuenta del fenómeno por el cual el nivel universitario continúa presentando un claro sesgo en su composición socioeconómica hacia los sectores de clase media y alta. Asimismo, pretendemos plantear algunas líneas de discusión y reflexión a partir de la necesidad de atender la problemática de la democratización del nivel que se impone con creciente preocupación en la agenda de la Educación Superior.

El concepto de ciudadanía y la adquisición de los derechos sociales en el contexto de los países de la región La plena ciudadanía se ejerce pudiendo hacer uso de todos los derechos del ciudadano; esto implica no sólo el derecho a votar y expresarse en las urnas, sino también, a educarse, a trabajar, a tener atención en salud, a contar con previsión

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social, y a ampliar todas sus capacidades como ser humano. Si la mitad de la población no puede hacer uso pleno de sus derechos porque no tiene acceso real a los servicios básicos que el Estado debería garantizar, el carácter democrático del gobierno no funciona plenamente.

La constitución del Estado de Derecho en Europa tuvo, como dimensión paralela, la configuración de la sociedad civil como expresión de la influencia de las asociaciones libres sobre las políticas públicas. El emblema de esta nueva relación entre poder político y sociedad fue la figura del ciudadano opuesta a la del súbdito (Portantiero, 2000:124). La legitimidad reconocida al orden social y político no era incompatible, sino que incluía, la aceptación amplia de un conjunto de desigualdades en ciertos aspectos de la vida colectiva, que Carlos Franco (1998:176) denominó principio de desigualdades socialmente aceptadas.6 De este modo, la ciudadanía, clave de la tradición política de la modernidad, impregnó también el horizonte de nuestra historia latinoamericana desde el momento en que la constitución de las repúblicas en el siglo XIX se inspiraron en las declaraciones de derechos norteamericana y francesa (Portantiero, 2000:127). Sin embargo, a partir de la constitución de los Estados latinoamericanos, se han dado procesos de autoritarismo ligados con modelos populistas en lo político, en el marco de un desarrollo económico basado en los principios capitalistas, pero cumpliendo el rol de países dependientes. En este contexto, se generó una sociedad desigual, ya desde su origen, con gran presencia de pobres y un núcleo pequeño de sectores de elite, decisores de las políticas, ligados a intereses económicos nacionales y/o foráneos, que han concentrado más de la mitad de la riqueza desarrollada en la región y que se han mantenido hasta la actualidad en el poder.

La transición a las democracias en los países de nuestra región a partir de los ’80 no cambió este modelo, más bien intentó una reconstrucción de las prácticas de la democracia liberal, y hoy conviven una relativamente afianzada democracia electoral (con los límites que esta práctica tiene en nuestros países) con un deterioro significativo de sus aspectos republicanos y con una exclusión y marginalidad social y cultural que va en crecimiento. Según Portantiero (2000:131) constituye un espacio de escasa densidad ciudadana y baja calidad democrática dentro de los parámetros de una poliarquía.

De este modo, si acordamos que la democracia debe ser un régimen indisociable de una concepción sustantiva de los fines de la institución política (Castoriadis,1997:59) podemos señalar que en Argentina y también en el resto de la región, no ha tenido lugar el proceso de consolidación del régimen democrático, no se han realizado cambios económicos y sociales tales como la mayor redistribución de ingresos, los derechos económico-sociales, igualdad de oportunidades, necesarios para que se de la igualdad de todos los ciudadanos. Por lo tanto el principio que planteara Franco de desigualdades socialmente aceptadas se ve continuamente resquebrajado; los sectores excluidos se reconocen como marginados del sistema y sin acceso a los derechos que la legislación garantiza. Para el caso latinoamericano, Gino Germani7 utilizó la conceptualización de Marshall elaborando un diseño sobre los dilemas de la constitución de una comunidad política en América

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Latina. En su enfoque, la saga de los derechos se articula con modulaciones de la participación ciudadana (desde la limitada a la plena, pasando por la ampliada) a la vez que propone una suerte de desviación lógica y cronológica del patrón marshalliano, derivada de formas particulares de relación entre movilización y representación (Portantiero, 2000:174).

Uno de los aparatos por excelencia para reproducir estas relaciones sociales de poder es el sistema educativo. El acceso a los diferentes niveles de educación es, por lo tanto, un objeto de estudio interesante para analizar cómo se constituye y se resignifica la ciudadanía en un país periférico, luego de la reforma neoliberal del Estado y en un contexto de aparente cambio superador de la misma. Asimismo, se debe poner en consideración que pertenecemos a una sociedad estructurada alrededor del mundo del trabajo, en la cual los certificados de estudio cobran cada vez mayor importancia, al tiempo que se agudizan los procesos de desigualdad.

Hasta la segunda mitad del siglo pasado, el centro de atención en el análisis del ejercicio de la ciudadanía a partir de la búsqueda de igualdad, estuvo puesto en la dimensión político- jurídica. El énfasis en el acceso a derechos sociales y la distribución justa –y no sólo formal– de oportunidades económicas inspiró desde la posguerra las políticas de bienestar universales. Se sostenía que toda diferenciación temprana perseguía una consolidación de las diferencias de clase. Sin embargo, las transformaciones socio-económicas de las últimas décadas, la crisis del empleo y los procesos de exclusión, han abierto la preocupación en el debate social-demócrata sobre la igualdad de oportunidades no sólo de la cuestión de la justa distribución de oportunidades, sino también en torno al principio que Rawls (2000) llama de la diferencia. Según este principio, las expectativas de quienes están mejor situados son justas sí y sólo sí funcionan como parte de un esquema que mejora las expectativas de los miembros menos favorecidos de la sociedad.

En este marco, la equidad significa el derecho igual a tratamiento equivalente. La equidad de las oportunidades consiste entonces no sólo en compensar en el punto de partida las desigualdades de la naturaleza o las disparidades de fortuna, sino que apunta a dar de manera permanente los medios para garantizar equidad (Rosanvallon, 1995:210). De este modo, el concepto de equidad concentra los reclamos por redistribución económico-social y reconocimiento de diversidades culturales.

En la región, en desarrollos más recientes nos encontramos con un modelo que parte de la política social de los noventa. Sonia Fleury (1997), por ejemplo, critica a los modelos ideales en sentido weberiano que fueron sujetos a las realidades de ciertos países industrializados del Primer Mundo y que a pesar de eso, no se pueden ver reflejados en los casos concretos. De todas maneras rescata la importancia de contar con modelos que sirven para realizar el análisis y brindan instrumental para organizar las características principales del fenómeno (Ibídem:135). Esta estrecha relación entre políticas sociales e ideologías queda explícita en la diversidad de conceptos aplicados a un mismo aspecto y, más aún, en el significado antagónico atribuido, a veces, a un mismo concepto. En ese sentido, desarrolla una nueva conceptualización, inspirada en la clasificación de Tittmus (1981) y Esping-Andersen (1993) y también distingue tres modalidades.8

E. Bustelo (1998) integra no sólo la tensión compensación-redistribución, sino que enfatiza el eje de la autonomía y emancipación de los actores sociales. En ese sentido desarrolla la noción de Ciudadanía Asistida que apunta a la no preocupación por la distribución del ingreso y la riqueza; las desigualdades son vistas como naturales, considerando que las políticas del Estado deben ser marginales.9 De manera opuesta, presenta la Ciudadanía Emancipada que toma la igualdad social como valor central, entendida principalmente como derecho de las personas a tener iguales oportunidades para acceder a los bienes social y económicamente relevantes. Igualdad implica equidad y también la justicia redistributiva basada en la solidaridad colectiva.10 Estos últimos aportes tienen una relación directa con el rol que juega la educación en los logros de este tipo de ciudadanía. A su vez, el nivel universitario es el encargado de proveer, no sólo profesionales, sino también productores de políticas, modelos, propuestas superadoras de la situación actual. Esta temática ha comenzado a ocupar un espacio en los debates de los estudios sobre la universidad. Poder tener en claro la relación con el desarrollo de la ciudadanía, nos da más elementos para intentar trabajar por una democratización integral y sustantiva.

Los cambios ocurridos en el mundo a partir de mediados del siglo XX, suscitaron en los países de la región, una extraordinaria demanda del incremento de las oportunidades para acceder a niveles superiores de educación, de manera que la admisión restrictiva a la universidad fue difícil de sostener. Durante los años ’60, la teoría del Capital Humano11, tuvo notable influencia en el crecimiento de instituciones y en el aumento de la cobertura esencialmente del segundo nivel de educación.12 En este contexto de crecimiento de los estudios secundarios habilitantes para cursar estudios superiores, la demanda por estos últimos comenzó a imponer la necesidad de atender el tema de la admisión a la universidad (Chiroleu, 1999:32).

En otros términos, la expansión de la matrícula de educación media generó en las instituciones de Educación Superior un desplazamiento del acceso de elite al acceso de masa.

Si hasta mediados del siglo XX, la universidad recibía a un número reducido de jóvenes que reunían condiciones semejantes de pertenencia social, a partir de esa etapa, se incorporaron grupos heterogéneos tanto en su formación académica como en su origen social. Surgieron entonces mecanismos de control explícitos como el ingreso restringido para lograr un aumento de la eficacia seleccionando a los mejores, o mecanismos de control implícito como el ingreso irrestricto apelando al principio de justicia social. De modo que la selección operó en ambos casos aunque en momentos diferentes del transcurso de los estudios, y con costos y resultados institucionales y sociales diferentes (García Guardilla, 1991:78). Estos mecanismos fueron desde la imposición de exámenes de ingreso y cupos, hasta la diferenciación de la Educación Superior y la creación de circuitos alternativos a partir de la ampliación de la oferta de carreras terciarias.

temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

Una mirada histórica al proceso de nuestras universidades

65

Aunque el crecimiento de estos circuitos alternativos al sistema universitario en América Latina fue heterogéneo, en Argentina la matrícula total de la Educación Superior que comprende tanto al sector superior terciario como al universitario, se expandió a un ritmo elevado a lo largo de todo el siglo XX y comienzos del XXI, con una tasa de crecimiento del orden del 14% anual (ver Cuadro 1). Asimismo cuenta con una de las tasas brutas de escolarización superior más altas de Latinoamérica, del 50% de los jóvenes en el año 2001 (INDEC, 2005).

Cuadro 1 Aumento de la matrícula de nivel Terciario, por sexos. Argentina Año

Ambos sexos

Masc.

Fem.

1970

13.4

15.1

11.6

1980

21.8

21.8

21.9

1983

25.1

23.2

27.0

1984

29.0

26.9

31.0

1985

35.7

33.6

37.8

1986

37.7

35.0

40.4

1987

39.5

36.4

42.7

1994

36.2

Fuente: Elaboración propia, 2008, sobre la base de los datos de UNESCO, 2008.

Cabe destacar que en América Latina, el������������������������������������ sistema de Educación Superior (universitario y no universitario) se ha caracterizado históricamente por el beneficio del financiamiento estatal. Aún hoy, en nuestro país el porcentaje de jóvenes matriculados en instituciones públicas asciende a más del 82% en relación al 18% que elige estudiar en universidades de gestión privada (ver Cuadro 2). Sin embargo, la crisis por la que atravesó la región a partir de la década del 80, impactó en las prácticas y formas de organización de estas instituciones, las que debieron afrontar el desafío de actuar en escenarios cada vez más complejos, inciertos e inestables a partir de la desaceleración de la expansión económica producida por las políticas keynesianas. Los nuevos escenarios se edificaron entonces a partir del cambio en el papel del Estado que se plasmó en las nuevas tendencias de las políticas públicas en relación con la Educación Superior. La aplicación de los principios del libre mercado estableció presiones a los gobiernos de la región para que adoptaran estrategias tendientes a racionalizar y recortar el presupuesto universitario (Juarros, 2006:71).

Para el caso argentino, la dictadura militar de 1976 significó el desplazamiento de los ejes centrales del principal discurso educacional, que con revisiones y reformas en diversos momentos, tenía un siglo de existencia. A partir de la nueva orientación del régimen autoritario, comenzó a enunciarse lo que sería una nueva tendencia en el modo de entender las funciones y sentidos colectivos del sistema

educativo en general, y del sistema universitario público en particular (Martinetto, 2007 en prensa). Básicamente, la educación dejó de ser una razón de Estado para pasar a ser una razón individual, poniendo en cuestión la concepción sobre aquél como principal agente educativo. Ese desplazamiento en el discurso generó una serie de consecuencias, entre las que entraba fuertemente en cuestión la tradicional concepción del sistema educacional argentino, que articulaba las nociones de modernización, civilización, laicismo, Estado educador, progreso, educación para todos como cuestión de Estado (Southwell, 2006) e igualación como homogeneización, entre otras; es decir, entró en cuestión la concepción tradicional sarmientina que había funcionado por casi un siglo de nuestra historia.

Cuadro 2 Cantidad de estudiantes de carreras de pregrado y grado según tipo de gestión Estudiantes 2006

%

Total

1.583.376

100

Gestión estatal

1.304.003

82,36

Gestión privada

279.373

17,64

Después de la profunda interrupción que significó la dictadura, era necesario generar las condiciones para el desarrollo de un nuevo discurso educacional, tal como ocurriera con el discurso político. Por ello, el intento del gobierno radical de 1983 fue fundamentalmente restablecer el canon clásico del sistema educacional, más que generar uno nuevo. En ese contexto, se dieron varias disputas en torno a lo que significaba una educación democrática para los diferentes sectores en pugna. Sin lugar a dudas el gobierno de la transición democrática –y la figura de Alfonsín en particular– hicieron importantes esfuerzos vinculados a dejar de lado el autoritarismo a través del descabezamiento de ciertas figuras e instituciones; sin embargo, los intentos no fueron tan profundos como para construir una tradición político-educacional nueva. Puede decirse que el alfonsinismo tuvo una concepción de la educación, cercana a la del yrigoyenismo de principios de siglo XX,

temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

Fuente: Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación, Anuario de Estadísticas Universitarias 2007.

67

asociadas a una idea de modernización que era entendida como una expresión del desenvolvimiento estatal. En ese discurso, el sistema educacional crecía como parte de una lógica civilizatoria y de modernización generadas por la acción estatal. A partir de esta lógica es que buscaba la redistribución de bienes simbólicos.

Braslavsky (1985) señalaba por aquel entonces, que el nuevo modelo societal que se enunciaba en 1983 contenía elementos que encerraban la oposición con rasgos del modelo anterior, debía ser: democrático para superar el régimen autoritario anterior, moderno para superar el atraso tecnológico, productivo para revertir la tendencia a la desindustrialización, libre de condicionamientos externos para detener el creciente endeudamiento externo, con justicia social para invertir la creciente concentración de la riqueza.

Sobre esas bases, el gobierno intentó generalizar las características estructurales que el sistema educativo argentino había tenido tradicionalmente, ampliando su capacidad de cobertura. Esto se llevó adelante quitando los condicionamientos para el ingreso a las instituciones educativas y promoviendo formas de participación de los integrantes de la comunidad educativa. El intento fue reabrir los mecanismos institucionales para que la población pudiera volver a contar con las instituciones. En el ámbito educativo, el mayor afán restaurador estuvo en las universidades, a partir de la reapertura de las carreras que habían sido cerradas y el restablecimiento de los principios establecidos desde la Reforma Universitaria.

Democracia era el significante13 central. En este sentido, pareció existir un intento hacia lo que Braslavsky ha caracterizado como un nuevo estilo educativo democrático (Ibídem, 1985), pero este enunciado tenía diferentes sentidos para los distintos sectores involucrados. El carácter propio del concepto democracia estaba también presente y los debates educacionales hacían eje en la dicotomía democracia-autoritarismo como punto de partida. Significantes como democracia, participación, pluralismo, soberanía, entre otros, eran adoptados como el marco desde el cual se enunciaban diferentes proyectos educacionales.14 Tanto en los documentos oficiales, como en los que se producían por fuera del circuito oficial, las prescripciones y recomendaciones para experiencias educativas contenían esas ideas anti-autoritarias.

El escenario, consecuencia de la crisis –ya descripta– que sufrió América Latina sobre fines de los 70 y se agudizó en los 80, significó la puesta en cuestión del preponderante papel adjudicado a la educación en la construcción de las naciones a partir de su independencia (Filmus y Miranda, 1999:126). Cuando los procesos de industrialización incipiente de la región así lo requirieron, los sistemas educativos se dedicaron a priorizar la formación de mano de obra calificada para atender las nuevas necesidades laborales. En el marco de las concepciones del capital humano, que ya describimos, sobre todo en la época del desarrollismo en Argentina, la educación pasó a convertirse en un insumo indispensable para el aumento de la productividad de las personas y para el desarrollo económico de los países. Sin embargo, el énfasis puesto en el rol económico de la escuela se desdibujó cuando se comenzó a quebrar la correlación positiva entre educación y

Cuadro 3 Gasto público en educación, América Latina y el Caribe, 1980-1994 1980

1985

1994

Gasto público (miles de millones de U$S)

33,5

27,9

72,8

Gasto público como % del PNB

3,8

3,9

4,5

Gasto público per cápita (U$S)

93

70

153

Fuente: UNESCO Statistical Yearbook 1997 (París, UNESCO y Lanham, Maryland, Bernan Press, 1997)

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desarrollo. Mientras que la primera continuó con importante ritmo de expansión, las economías comenzaron a estancarse. En efecto, durante la década de los 80 el Producto Bruto Interno per cápita de América Latina decreció a una tasa media del -1,1% (BID 1993, citado por Filmus, 1999), al tiempo que las tasas brutas de matriculación en la enseñanza básica tendieron a universalizarse y en la enseñanza secundaria y superior crecieron del 45% y el 14% en 1980 al 53% y el 17% en 1990 respectivamente (datos citados por Filmus y Miranda, 1999:2). Las consecuencias de este proceso fueron previsibles: el efecto combinado de la recesión, el ajuste y la reestructuración afectó relativamente más la demanda de trabajadores más calificados frente al rápido aumento de la oferta. Los ingresos promedio de la fuerza de trabajo urbana con instrucción secundaria y universitaria disminuyeron, en general, con respeto a quienes sólo habían recibido instrucción primaria (Altimir, citado por Filmus y Miranda, 1999:3).

Por otra parte, el aumento constante de la deuda externa, la situación inflacionaria y las recomendaciones de los organismos multilaterales de crédito llevaron a un marcado descenso en la inversión educativa (ver Cuadros 3 y 4). Pero la desatención educativa no estuvo únicamente vinculada a los factores macroeconómicos; también existieron importantes condicionantes políticos e ideológicos.

Desde los organismos internacionales de crédito se cuestionó la pertinencia del papel educador del Estado, especialmente en el nivel superior, argumentando la necesidad de su arancelamiento, la restricción en el acceso por falta de presupuesto, etc.

Estas argumentaciones y los antecedentes del Congreso Pedagógico de 198615, generaron el consenso social necesario para la discusión de la Ley Federal de Educación en 1993 y la Ley de Educación Superior en 1995 (Martinetto; 2006). Ambas fueron debatidas por algunos sectores de la población, generalmente provenientes del ámbito educativo y de Ciencia y Técnica, pero no por la sociedad en general. Las dos leyes tienden a la privatización y mercantilización de la educación en todos sus niveles, entendiendo esto, no sólo como el aumento de la oferta privada de educación sino también como el ingreso de la empresa privada en el negocio de la educación, de momento que la misma se define como un servicio y por lo tanto como bien que debe competir en el mercado.

69

Cuadro 4 Gasto Anual por alumno por nivel de educación 1992 América Latina y el Caribe

Países de la OCDE

Educación preescolar y primaria

$252

$4.170

Educación secundaria

$394

$5.170

Educación superior

$1.485

$10.030

Fuente: UNESCO, World Education Report, 1995 (París, UNESCO, 1995); Centre for Educational Research and Innovation, Education at a Glance (París, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 1995).

Así, el sector educativo vivió un proceso de profunda reforma, a partir de la sanción de las siguientes leyes que se llevó a cabo a lo largo de los dos gobiernos de Menem: de transferencia de los servicios de enseñanza media y superior del Estado Nacional a los Estados Provinciales (1992); la Ley Federal de Educación (1993), que brinda el marco legal para la puesta en marcha de la autodenominada Transformación Educativa (1994), que incluyó una reforma curricular, un cambio en la estructura del sistema educativo y un incremento en la obligatoriedad escolar (de 7 a 10 años); la modificación de la formación docente y la necesidad de reconversión laboral de los docentes en ejercicio.16 La educación como derecho era, para ese entonces, un discurso fuera de lugar.

La universidad y el complejo proceso de normalización a partir de 1983

En nuestro país, la vuelta a la democracia dentro de las universidades públicas significó un lento proceso marcado por contradicciones y debates significativos después de haber vivido una época tan dura y siniestra. El 11 de abril de 1980 la dictadura sancionó la ley 22.202 que determinaba la autonomía académica y la autarquía administrativa, económica y financiera (artículo 11), pero debía ajustarse a rigurosas normas programáticas, acordes con los principios y objetivos del régimen imperante, detallados en los artículos 2, 3 y 4 (Mignone, 1998:54-55). Los concursos se sustanciaron en un momento en que buena parte de la intelectualidad argentina estaba muerta, exiliada o por lo menos proscripta en nuestro país.

En diciembre de 1983, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 143 y envió al Congreso un proyecto de ley de tres artículos que lo ratificaba y derogaba la ley de facto 22.207, con excepción de seis cláusulas sobre intervenciones a las universidades y atribuciones de los órganos de gobierno universitario. (Ibídem:56). El 11 de enero de 1984 la Cámara de Diputados aprobó dicho proyecto con algunos cambios de forma. Se realizó de este modo, un ordenamiento legal, dentro del cual se incorporaron modificaciones a los seis artículos que provenían de la ley de facto 22.207.

temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

A partir de entonces, comenzó un largo proceso de restauración de las condiciones académicas y de gobierno (Paviglianiti et al.,1996:22) para que las universidades pudieran recuperar su autonomía y reiniciar el proceso de transmisión y producción del conocimiento. Hubo un largo proceso legislativo durante el cual no se logró llegar a una ley de fondo, por ello las universidades siguieron funcionando con ese ordenamiento legal. La falta de consenso se evidenció en que a pesar de la cantidad de proyectos de ley orgánica para las universidades nacionales presentados, no se logró su tratamiento y sanción. Según Buchbinder (2005:216), de todas maneras, el proceso de normalización se inició y se sustanciaron cerca de 15.000 concursos entre 1984 y 1988. Asimismo, en 1985 se dotó a las universidades de un presupuesto más elevado, ya desde principios de 1986 se fueron conformando las asambleas universitarias, que designaron, por primera vez en más de 20 años, a las autoridades de las casas de estudios.

El haber consensuado los concursos de 1980, dio un marco de debilidad a la tan ansiada normalización universitaria. La situación que debieron enfrentar las universidades en ese periodo estuvo signada por la ausencia de proyectos de investigación, un grave deterioro de la formación docente, importantes problemas edilicios debido a la falta de mantenimiento, y el aumento explosivo de la matrícula. En 1985 (ver Cuadro 5), la cantidad de alumnos casi superaba el medio millón, cifra cercana a la de 1975. En 1986 sumaban 664.000 y hacia 1988 llegaban a los 700.000. Los primeros años del gobierno de Alfonsín se vieron teñidos por el optimismo de la primavera alfonsinista. En este marco, los estudiantes que finalizaban el nivel medio y querían continuar sus estudios en la universidad, debían atravesar, para el caso de la Universidad de Buenos Aires, el Ciclo Básico Común.

Este ciclo introductorio fue creado como una instancia niveladora, que brindaba, de algún modo, la posibilidad de homogeneizar las diferencias de calidad de los distintos establecimientos de educación media. Asimismo, todas las universidades nacionales implementaron políticas tendientes al acceso irrestricto, al crecimiento de la investigación y al mejoramiento de las condiciones de trabajo en el ámbito académico, pero en poco tiempo se vieron afectadas por la creciente crisis económica. A principios de 1989, la hiperinflación licuó el presupuesto universitario y agudizó los conflictos gremiales.

Si tenemos en cuenta la falencia de base que fue no profundizar el sentido real de la democracia y sumamos a ello el retroceso en las acciones de juicio a los militares involucrados en la dictadura, es claro que creció el desencanto en la sociedad en general y también en las universidades (Martinetto, 2006). Se necesitaba una verdadera reforma que apuntara a la misión de la universidad en la sociedad post dictadura, pero esta profundización no ocurrió.

Muy por el contrario, la reforma universitaria de los 90 en Argentina se inscribió dentro de un proceso de reforma profunda del Estado que se dio al mismo tiempo en casi todos los países de la región (Ibídem, 2006). La implementación de políticas neoliberales en todos los sectores que atendía el Estado, dieron como resultado un aumento de la pobreza y de la desigualdad social que nuestro país no había sufrido en épocas anteriores.

71

Cuadro 5 Matrícula en la enseñanza de tercer nivel* Argentina

1970

1980

Aumento

1985

Aumento

N° de alum.

Matriculados

274634

491473

55,90%

852500

173,50%

Tasa bruta de matrícula en el tercer nivel de enseñanza** Argentina

1980

1985

Aumento

Porcentaje

22,2

36,4

+14,2

Fuente: Elaboración propia, 2008, sobre la base de Series Estadísticas, CEPAL, 2005. * Incluye a los estudiantes de las universidades, establecimientos equivalentes, como asimismo, de Instituciones de enseñanza normal y de establecimientos no universitarios de tercer nivel. **Total de matriculados, independientemente de su edad, sobre la población, multiplicado por 100.

Como antecedentes al proceso de sanción de la Ley de Educación Superior en Argentina, debemos destacar, a partir de 1993, la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias, a través de la cual, el entonces Ministerio de Cultura y Educación, modificó la estrategia de definición de políticas para el sector. Así, de las propuestas del Poder Ejecutivo que se basaban en discursos más que en definiciones, se pasó a la aplicación concreta de políticas parciales, diseñadas por los nuevos equipos técnicos del Ministerio y establecidas a través de decretos o resoluciones, que cambiaron, en esencia, el funcionamiento de la casas de estudios.

Estas modificaciones se encontrarían en el Proyecto de Ley de Educación Superior que posteriormente enviara el PEN al Congreso. (Paviglianitti et al., 1996:93).

Según la autora, las grandes líneas de políticas propuestas por el Ministerio de Cultura y Educación en materia universitaria durante este período se refieren a modificaciones: Institucionales: creación de la Secretaría de Políticas Universitarias; creación de los Consejos de Planificación Universitaria Regional; creación del Consejo Nacional de Educación Superior; otra medida es la limitación a las universidades nacionales para la creación de nuevas sedes o unidades académicas –sólo podrán crearlas con la autorización del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –. También se establece una nueva reglamentación de la Ley de Universidades Privadas Nº 17.504.

Al régimen laboral: se dio a conocer el documento Bases para la discusión del régimen Laboral Docente, junto con un proyecto que establece, entre otras cuestiones, nuevas categorizaciones y dedicaciones del personal docente, las características de la carrera académica, un nomenclador salarial y el régimen de licencias.

El Decreto 1610/93 establece un criterio de asignación de un adicional mensual

remunerativo no bonificable aplicable a los cargos de profesores y auxiliares con dedicación semiexclusiva y simple. Se crea mediante el Decreto 2427/93 el programa de incentivos a docentes investigadores. En el proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio 1995 el Poder Ejecutivo Nacional propone la descentralización salarial de las universidades nacionales. De esta manera, las casas de estudios comenzaban a determinar el régimen salarial y la administración de personal y representar a la parte empleadora en las negociaciones colectivas de trabajo.

En el financiamiento y gestión económico- financiera: el PEN envía al Congreso el Proyecto de Ley de modificación del Régimen económico-financiero de las Universidades Nacionales, en forma separada y previa al proyecto de Ley de Educación Superior. También se determina la modificación de la administración financiera y de sistemas de control en la Administración Pública Nacional establecida en la ley 24.156.17 Académicas: básicamente se centraron en el tema de la evaluación de la calidad, ya incorporado por el Ministerio de Educación en 1991 a partir de la ejecución del Subproyecto 06 del Banco Mundial. El Ministerio fija criterios y promueve la firma de convenios en los que el PEN se compromete al financiamiento de dicha tarea a través de la firma de convenios-tipo con cada universidad. La autoevaluación la financia la universidad, la evaluación externa, el Ministerio de Educación. A partir del Decreto 256/94 se reglamenta la atribución del Ministerio de Cultura y Educación con respecto a la determinación de la validez nacional de estudios y títulos y las habilitaciones e incumbencias profesionales (Ibídem, 96). También se crea el Programa de Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria a través de la Resolución Nº 1069/93.

Con esta nueva configuración que se llevó a cabo en todos sus aspectos, la universidad reformada genera nuevos desafíos a la cuestión del ingreso y permanencia de los estudiantes en estas casas de estudios.

La discusión y la legislación argentina sobre este tema han girado, con variantes, alrededor de los dos modelos de ingreso que coexisten en las universidades públicas con sus correspondientes variantes: el ingreso directo puede o no ir acompañado de cursos introductorios, algunas veces incorporados al currículum y otras organizados por cada unidad académica con carácter no eliminatorio; el ingreso restringido se obtiene a partir de la aprobación de un examen selectivo y puede ir o no acompañado de un cupo determinado por carrera (Chiroleu, 1999:62). El debate acerca de la limitación o no en el acceso a la universidad en nuestro país muchas veces quedó compendiado en dos posiciones antagónicas. Las mismas son definidas como: el ingreso restringido que pone su énfasis en la preservación de elevados patrones de excelencia académica a través de la selectividad de los ingresantes, y el ingreso irrestricto y directo que prioriza criterios de justicia social.

Situación antagónica que supone relaciones directas entre la calidad y la equidad, abreviando el debate a un interés institucional o político de seleccionar o no a los

temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

La Educación Superior ¿es un derecho o un privilegio?

73

aspirantes. Analicemos los argumentos que sostienen dichas posiciones.

El ingreso restringido supone los mecanismos que reglan el pasaje entre el segundo y el tercer nivel del sistema, estableciendo los requisitos para el ingreso a este último (pruebas de admisión con o sin cupos) y está vinculado a las prácticas de selectividad social para garantizar la exclusividad de la educación universitaria a ciertos sectores (Chiroleu, 1999:33). Para algunos autores, esta tendencia a promover el proceso selectivo se fundamenta en la inadecuación de las posibilidades de absorción de graduados por parte del mercado laboral, en el costo para la sociedad y en el presupuesto insuficiente a partir del cual la cantidad atentaría contra la calidad. La idea de aplicar mecanismos de racionamiento se basaría, de este modo, en el reconocimiento de la existencia de una cierta capacidad de recursos físicos y humanos, de manera que si esa capacidad no es respetada, el ajuste se daría por la vía de la disminución de la calidad. La excelencia sólo podría estar asegurada en instituciones que utilicen mecanismos para certificar un ingreso anual regulado a partir de las disponibilidades físicas y los recursos humanos del establecimiento.18 En síntesis, la dificultad para mantener la calidad en contextos de masividad es el argumento más usado.

El ingreso irrestricto supone el pasaje del segundo nivel al tercero con el sólo requisito de la obtención del título secundario. Contrariamente a la posición anterior, la argumentación a favor del ingreso directo se basa en sostener que éste garantizaría la igualdad de oportunidades, la inclusión de los sectores menos favorecidos, el aumento de la equidad. Plantea que la Educación Superior cumpliría otras funciones no tradicionales como la socialización juvenil o la ampliación de la base cultural de la población, considerando la cantidad de ingresantes como factor de democratización de la Educación Superior. Sin embargo, el ingreso irrestricto sólo garantiza el acceso a la institución pero no la permanencia en ella. El elevado porcentaje de abandono en los primeros años y la tasa de egresados promedio en las universidades públicas19 son una muestra de los limitados efectos democratizadores de esta política.

Sin embargo, el ingreso irrestricto sólo garantiza el acceso a la institución pero no la permanencia en ella. Según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias es en los primeros años de la carrera donde se cifran las tasas más altas de abandono constituyendo una muestra del recorte de los efectos democratizadores de esta política. Se puede legalizar el ingreso irrestricto a la institución, pero no se puede garantizar por decreto la distribución igualitaria del saber elaborado que garantiza la permanencia y el éxito en el sistema universitario. Tedesco (1985:49) refiere en este sentido, a una “selección por el fracaso que, analizada desde el punto de vista social, tiene el mismo carácter antidemocrático del limitacionismo y un costo social y personal muy alto”. El autor distingue además entre acceso formal a las instituciones y acceso real al conocimiento teniendo en cuenta que sin la posesión de ciertos niveles mínimos de conocimiento no se puede garantizar un aprendizaje efectivo. En la misma línea de análisis, Sigal (1998:78) elabora el concepto de selección implícita, señalando que los sistemas de Educación Superior sujetos a la presión de la demanda responden con un mecanismo implícito de selección

que opera a lo largo de la formación universitaria con mayor concentración en los primeros años de formación; es decir, demora la exclusión del sistema de aquellos que no están en condiciones de afrontar las exigencias de un nivel tradicionalmente restringido para los sectores populares.

El predominio de los sectores medios y altos en la universidad

Para examinar la composición social de los estudiantes universitarios, dado que para ingresar a la Educación Superior se requiere disponer de título secundario, lo pertinente es tomar como base de análisis comparativo exclusivamente a aquellos que han concluido sus estudios de nivel medio. Los datos para el total de la población en Argentina publicados en un trabajo realizado por Ana García de Fanelli (2005:4) para el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL), confirman que los jóvenes de los sectores socioeconómicos más altos (los quintiles 4 y 5 de ingreso familiar per cápita) tienen una mayor presencia entre los estudiantes de la Educación Superior y sobre todo entre sus graduados (ver Cuadro 6), también resulta evidente que la barrera más clara al acceso al nivel universitario o terciario por parte del 40% más pobre de la población se encuentra en el nivel medio.

Cuadro 6 Argentina 2000. Jóvenes de 18 a 30 años por nivel educativo alcanzado, asistencia y quintil de ingreso per cápita familiar (IPCF) e indicador de deserción (en porcentajes) Quintil de IPCF

Total

1

2

3

4

5

1- Secundario a

58,7

50,4

43,0

33,4

21,0

34,8

2- Desertor educación superior b

9,2

8,9

8,1

8,3

10,9

9,3

3- Estudiante educación superior

28,2

35,1

42,1

47,5

46,5

43,3

4- Graduado educación superior

3,9

5,4

6,5

10,8

21,8

12,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

TOTAL

a. Jóvenes de 18 a 30 años que han concluido el nivel medio y que no asisten ni asistieron a la educación superior. b. Jóvenes de 18 a 30 años que han concluido el nivel medio y que han asistido pero que ya no asisten al nivel superior.

Fuente: García de Fanelli, 2005, sobre la base de información de SITEAL, EPH, octubre 2000.

temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

Indicador

75

Analizando los cuadros que nos ofrecen una perspectiva histórica de matrícula en el nivel de Educación Superior (Cuadros 1, 5 y 7), se puede advertir el aumento de la misma desde el año 1980 hasta 2006 (últimos datos obtenidos). Aunque a primera vista sean positivos, por el aumento de la matrícula, debemos focalizar la atención en tres cuestiones que hacen a la diferenciación de los circuitos a los que ingresan.

Primero, de los jóvenes de 18 a 30 años que no han alcanzado el nivel secundario, entre el 79% y el 67,5% pertenecen a los sectores socioeconómicamente más desfavorecidos. Asimismo, dentro de este subconjunto de jóvenes de 18 a 30 años que han logrado concluir el nivel medio, si bien una proporción mayor de aquellos pertenecientes al 40% más rico sigue estudios universitarios y terciarios en comparación con el 40% más pobre, la brecha no es tan pronunciada como en ocasiones se suele señalar, aunque sí lo es cuando se considera al grupo de los que se han graduado (ver Cuadro 7). De este modo, si bien la probabilidad de acceder a la Educación Superior aumenta con el ingreso per cápita familiar, no deja de ser significativo el porcentaje de jóvenes de los quintiles de ingreso más bajo (primer y segundo quintil) que logran realizar su tránsito a este nivel (Ibídem:5). Esto se puede observar en la comparación de datos entre 1980 y 2006.

Lo que se destaca en el análisis es que si bien los jóvenes logran ingresar a la Educación Superior, un alto porcentaje de ellos no logra concluir sus estudios universitarios o superiores terciarios. Esto se percibe con claridad si comparamos los cuadros 6 y 7: mientras que para la matrícula, las diferencias se mantienen bastante constantes, con una brecha un poco mayor entre los quintiles 1 y 5, cuando se analiza por graduados, la brecha se profundiza mucho más.

Cuadro 7 Asistencia escolar de ambos sexos en áreas urbanas por quintiles de ingreso per cápita del hogar, según grupos de edad (Porcentaje de la población de ambos sexos de la misma edad: rango: 20-24 años) Año

QUINTIL 1

3

5

1980

11,1

20,3

33,5

1986

15,1

27,7

42,8

1990

12,4

22

39,8

1997

11,3

27,6

61,4

2002

21,7

47,2

61,6

2006

24

41,5

62,2

Fuente: elaboración propia, 2008, sobre la base de los datos de UNESCO, 2008 y CEPAL, División de Estadística y Proyecciones Económicas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

Para aproximar una estimación de la deserción diferencial según nivel socioeconómico, en el trabajo mencionado se elaboró un indicador que relaciona para cada quintil de IPCF el total de los que abandonaron la Educación Superior, respecto de aquellos que asisten, asistieron a la Educación Superior sin graduarse y los que egresaron. Según este indicador, la deserción es un fenómeno con mayor impacto en el 40% de jóvenes con menor ingreso per cápita familiar (ver Cuadro 8). Asimismo, según datos del Censo Nacional de Población y Viviendas del año 2001, la tasa de abandono para la franja de 25 a 39 años, ascendía al 39,2%.

Cuadro 8 Argentina 2000. Egresados de la población urbana de 25 años y más según máximo nivel alcanzado e ingreso per cápita familiar (IPCF) (en porcentaje) Quintil IPCF

Secundario

Terciario

Universitario

1

6,1

2,1

0,6

2

11,1

7,1

1,1

3

18,6

12,9

5,4

4

26,5

29,2

15,7

5

37,6

48,6

76,4

Total

99,9

99,9

100,0

Fuente: SITEAL, sobre la base de la EPH, total urbano octubre 2000.

Cuadro 9 Argentina 2000: Jóvenes de 18 a 30 años según máximo nivel de estudios alcanzados e indicadores laborales seleccionados Indicadores Seleccionados

Secundario Completo

Superior Incompleto asistían

Superior Incompleto asisten

% Jefes y Cónyuges

31,5

41,3

17,5

Tasa de actividad

81,8

86,8

43,1

% de Asalariados precarios

42,8

34,5

42,1

Fuente: SITEAL, sobre la base de la EPH, total urbano octubre 2000.

temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

Los indicadores elaborados por SITEAL permiten aproximarnos a algunos rasgos sociodemográficos y laborales de aquellos que abandonaron la Educación Superior (ver Cuadro 9).

77

En el subgrupo de jóvenes de 18 a 30 años que abandonaron los estudios encontramos que más del 40% era jefe de hogar o cónyuge. Los datos aportados por dichos indicadores permiten advertir que la necesidad de ingresar al mercado laboral es un factor de probable relevancia en la explicación del fenómeno de la deserción según se refleja en la mayor tasa de actividad de los que abandonan los estudios respecto de aquellos que continúan estudiando. Este resultado se encadena con la mayor incidencia de la deserción en el quintil de menor ingreso, según muestran los datos del Cuadro 6.

En segundo lugar debemos tener en cuenta que los jóvenes que acceden al nivel superior, ingresan a instituciones que pueden ser universitarias o no universitarias (no hay datos desagregados), con finalidades y calidades de oferta muy distintas, y por último, la asistencia a circuitos diferenciados de educación resulta en niveles de aprendizaje también muy diferenciados al terminar la carrera. Por lo cual el acceso a la vida laboral también se verá afectado.

De ello se desprende que el sistema de admisión con bajo nivel de selectividad y la enseñanza gratuita predominantes en las universidades públicas de la Argentina no son condiciones suficientes para garantizar la permanencia de los sectores de menores ingresos en la Educación Superior. Cuando comparamos cómo se distribuyen los graduados del nivel medio, superior terciario y superior universitario entre quintiles, se puede apreciar que tres de cada cuatro profesionales universitarios se ubican en el quintil más elevado socioeconómicamente (Ver Cuadro 10 para la UBA). Este cuadro refleja tanto el fenómeno de reproducción social de la clase de origen20: los grupos de mayor nivel socioeconómico acceden y concluyen la educación universitaria en mayor medida que los más pobres, como el de movilidad social ascendente. Este resultado contrasta con la posición socioeconómica que alcanzan los egresados de nivel medio y de nivel terciario no universitario.

También es claro que en términos de nivel de ingreso per cápita familiar, los últimos se ubican en una mejor posición que los que alcanzaron, como máximo, el título del nivel medio.21 Por ejemplo, de acuerdo a los datos proporcionados por el Censo de la UBA de 1954, el 18,4% de los alumnos pertenecía al sector de bajos ingresos; en 1993, con 10 años de vigencia del ingreso irrestricto, sólo el 13,3 % de los alumnos pertenecía a ese sector (Sigal, 1998:64). Lo que se puede observar es que, a pesar de la masificación producida a partir de los años 50 en adelante, los sectores más desfavorecidos no solo no incrementaron su permanencia, sino que ésta disminuyó en un 7,2% a esa fecha.

Si tomamos los censos de estudiantes de la UBA de 1996, 2000 y 2004 (últimos datos disponibles), y los comparamos con datos generales del país, del Censo Nacional 2001 y de la Encuesta Permanente de Hogares de los últimos años, teniendo como referencia histórica, el censo de 1954 antes citado, podemos realizar algunas inferencias.

De los datos de la UBA, se desprende que en 1996 el total de alumnos cursantes de las distintas carreras –incluido el Ciclo Básico Común (CBC)– era de 183.347.

En el año 2000 ese número aumentó, llegando a 253.260, lo cual representó un in-

cremento del 28%. Para los datos preliminares del Censo 2004, el número de estudiantes ascendía a 294.038, representando un aumento del 16,3%, lo cual muestra una marcada desaceleración en la matrícula.

Cuadro 10 Resumen de las comparaciones entre consultas EPH 1991 y 2001 y Censos estudiantes UBA 1996, 2000 y 2004 expresados en porcentajes.

País %

Alumnos UBA

Padres UBA

Madres UBA

1991 2000 1996 2000 2004 1996 2000 2004 1996 2000 2004

Grado de ocupación

74

76

59

61

58

Uso de PC

s/d

21

71

74

s/d

Uso de Internet

s/d

9

18

64

s/d

Nivel de Instrucción

1º

51

2º

31

3º Univ. 14

84

84

95

52

65

81

42

23

22

20

25

22

19

37

33

34

33

35

35

32

7

8

8

7

17

17

18

13

36

36

32

23

25

23

Para la categoría nivel de ingresos, que nos permitiría la comparación por quintiles, no hay datos directos, por lo cual los estudios se centran, generalmente, en los datos llamados indirectos, que incluyen: ocupación, tipo de actividad, nivel de instrucción, y otros como tenencia de PCs domiciliarias, uso de internet, manejo de idiomas, etc., para aproximar una idea del nivel de ingresos que podrían tener según la actividad que realizan. Estos son los indicadores utilizados en nuestro caso para los alumnos de la UBA y comparados con los generales del país.

Si se observan los datos volcados en el Cuadro 10, de la comparación de indicadores se puede concluir que por lo menos alrededor del 70% de las familias de alumnos de la UBA en el periodo analizado, corresponderían a los quintiles más altos (considerando nivel de ocupación, tipo de actividad, nivel de instrucción de los padres, uso de PC, uso de internet). Esto determinaría que por lo menos el 18% de las familias se ubicarían en los quintiles más bajos (teniendo en cuenta la posibilidad de errores por uso de indicadores indirectos), lo cual nos muestra un

temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

Fuente: elaboración propia, 2008, sobre la base de: Censos de estudiantes de la UBA: 19962000-2004, datos de la EPH- INDEC de los Censos 1991 y 2001 y Encuesta Permanente de Hogares, 2000 en adelante.

79

relativo aumento, sobre todo para los datos de 2004, acercándose al valor histórico más alto de 1954 (18,5%), y revirtiendo la tendencia negativa de 1993, pero aún insuficiente para poder asegurar una democratización genuina y sustantiva en el acceso y permanencia de estos sectores en la universidad. Esta composición del alumnado no ha tenido grandes fluctuaciones en los últimos años. La escasa participación de alumnos de niveles de ingresos bajos (Sigal, 1998:81), es similar en períodos en que el acceso a la universidad adquirió carácter selectivo (mediante exámenes, durante las dictaduras militares), y en períodos en los que no existieron restricciones (a partir de la reapertura democrática), aunque observándose una incipiente tendencia al aumento en la participación de este sector de la población.

Reflexiones finales

La democracia debe ser un régimen indisociable de una concepción sustantiva de los fines de la institución política. Sin embargo, en Argentina y también en el resto de la región, no ha tenido lugar el proceso de consolidación del régimen democrático. Como señaláramos, no se han realizado los cambios económicos y sociales tales como la redistribución de ingresos, los derechos económicos sociales, igualdad de oportunidades, necesarios para que se de la igualdad de todos los ciudadanos, el derecho a tratamiento equivalente.

La igualdad de todos los ciudadanos consiste entonces no sólo en compensar en el punto de partida las desigualdades de la naturaleza o las disparidades de fortuna, sino que apunta a dar de manera permanente los medios para garantizar equidad y concentra los reclamos por redistribución económico-social. En el campo de los estudios sobre la universidad, la temática de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos forma parte central del debate de las últimas décadas acerca del poder democratizador de la educación y sus posibilidades o no de debilitar circuitos de reproducción social.

Este trabajo presenta argumentos para llevar a cabo una discusión abierta y fundamentada acerca de la cuestión del acceso de los estudiantes al sistema universitario, y acerca de la capacidad de éste para dar respuesta a la necesidad de recomposición del tejido social, democratizando el ingreso y permanencia de los distintos sectores sociales para su formación profesional e inclusión en el mercado laboral. En relación con ello, en las últimas décadas aparecen dos posiciones antagónicas (arancelamiento y selectividad, por un lado, y provisión pública y acceso irrestricto, por el otro). La primera se fundamenta en la dificultad de mantener la calidad en contextos de masividad. En la segunda, el argumento se basa en la democratización de la educación como garantía de la igualdad de oportunidades.

No obstante, muchos trabajos coinciden en señalar que existe una selección que tiene lugar a posteriori del ingreso en función de los resultados académicos que los estudiantes obtienen principalmente en los primeros años de sus carreras. Si ingresan alumnos que no poseen las cualidades necesarias para apropiarse de los saberes elaborados propios del nivel superior, el acceso directo es sólo ilusorio; los fracasos y abandonos frecuentemente se corresponden con las condiciones so-

cioeconómicas de origen y muy frecuentemente con sus trayectorias educativas anteriores.

Más allá de las debilidades que presenta el sistema universitario argentino, la incorporación creciente de estudiantes es un activo valioso. Si bien de los datos analizados, no se desprende que los que alcanzaron una educación superior incompleta lograron mejores oportunidades laborales que los egresados del nivel medio, el ingreso irrestricto aunque continúe siendo, como ya se señaló ilusorio, confiere a los que acceden un capital social y cultural acumulado en su paso por la Universidad.

En la sociedad actual, el conocimiento es un factor esencial para el desarrollo productivo y por ende éste se constituye en un elemento de poder. La disparidad en el nivel de desarrollo de recursos humanos entre los países de Latinoamérica y otras regiones sigue creciendo. Esa disparidad se explica observando las cifras de matriculación en el nivel secundario, el porcentaje de ingresantes al nivel superior y el número de científicos producidos por el sistema.

1. Tomamos la clasificación elaborada en 1949 por T. H. Marshall.

2. Al respecto ver: “La Universidad no promueve la igualdad”, nota firmada por Jorge Gelman en el Diario Clarín de Buenos Aires, 28/3/ 2005. Sitio web: www.clarin.com 3. Por ejemplo: “Faltaron políticas a largo plazo”, Diario Página 12, 17/3/2008. http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-100776-2008-03-17.html; “La mayoría sigue ciencias sociales”, de la misma fecha. http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-100775-2008-03-17.html; “Los que no logran seguir estudiando”, Diario Página 12, 14/10/2005 http://www.pagina12.com. ar/diario/universidad/10-57921-2005-10-14.html 4. Al respecto, se puede leer: “La Universidad, un lugar para sobrevivir. Entrevista con Claudio Rama, especialista en Educación Superior”, publicado por el Diario La Nación, 21/09/2006. Link: http:// www.lanacion.com.ar/842157 5. En términos de Bourdieu, hablamos de diferencia en el capital cultural de cada grupo social, a partir de la construcción de sus respectivos habitus.

6. Según el autor, este principio sintetiza la convergencia de tres aspectos: “1) las demandas y expectativas democráticas de la ciudadanía, y en particular lo que ésta considera que son sus derechos frente al poder institucionalizado en el Estado, 2) la dinámica del mercado capitalista y su impronta generadora de desigualdades, y 3) la eficacia del poder político para limitar cualquier tamaño de la desigualdad producida por el orden económico que sea incompatible con la gestión política de los conflictos, y extender, con los recursos proveídos por el orden económico, todos los derechos de ciudadanía que no pongan en cuestión las garantías básicas a la propiedad del capital y el funcionamiento del mercado” (Franco, 1998:177).

7. Citado por Portantiero (2000:169).

8. A) Ciudadanía Invertida: en la cual subyace el modelo de asistencia social. Aquí el individuo o grupo objetivo pasa a ser objeto de la política como consecuencia de su propio fracaso social. B) Ciudadanía Regulada: propia de los modelos de seguro social. La ciudadanía se vincula con el principio de mérito, razón por la cual, tal relación es denominada Ciudadanía Regulada en base a la condición de inserción en la estructura productiva. C) Ciudadanía Universal: asociada al modelo de la seguridad social. Aquí se procura garantizar a la totalidad de los ciudadanos, un mínimo vital en términos de renta, bienes y servicios, fundamentado en un ideal de justicia social. (Fleury, 1997:140-143).

9. Bajo esta mirada, las políticas sociales son meros mecanismos de control social que permiten la gobernabilidad necesaria para la legitimación de reformas estructurales exigidas por el mercado y los organismos internacionales de crédito; políticas focalizadas para grupos en riesgo en lugar de procurar

temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

Referencias

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la distribución del ingreso.

10. La Ciudadanía Emancipada es por definición una propuesta socialmente inclusiva: el acceso a un empleo productivo, a una educación de calidad y a los códigos socialmente relevantes que permitan a los ciudadanos participar y ampliar el campo de sus derechos y responsabilidades.

11. Modelo tecno-democrático previsto en el marco teórico del funcionalismo que consideraba la inversión pública en educación como factor clave del desarrollo económico y como el vehículo principal de igualación de oportunidades sociales. l2. Las cifras dan cuenta de procesos y de prioridades diferentes entre los países. En 1970, Argentina tenía un nivel de escolarización secundaria superior al de Portugal. Sin embargo, en 1994 Portugal ya había universalizado ese nivel entre sus jóvenes. Uruguay, en 1970, tenía porcentajes de escolarización similares a los de España en el nivel secundario (58,7% y 52,3% respectivamente). Sin embargo, España logró acercarse mucho más a la meta de universalización, mientras Uruguay (tanto como Argentina) aún están lejos de lograrlo (PNUD, 2000).

13. En los términos en que E. Laclau hace uso de este concepto.

14. En este trabajo no tomamos el desarrollo del Congreso Pedagógico Nacional de 1986 que excede su extensión y profundidad.

15. Para más información acerca de las mesas de discusión y las conclusiones de dicho Congreso se puede consultar: http://www.fmmeducacion.com.ar/Sisteduc/Segundocongreso/0segundocongreso.htm 16. Para ampliar información sobre las leyes y reglamentaciones se puede consultar la página web de CTERA: http://www.ctera.org.ar/docum/docum.htm 17. Hay que tener en cuenta que una de las fuentes de financiamiento privilegiadas por el PEN en ese momento fueron los organismos multilaterales de crédito, como por ejemplo el crédito del Banco Mundial-BIRF, de 150 millones de dólares destinado a mejorar la capacitación docente, desarrollo de posgrados, fortalecer las ciencias básicas e ingenierías y apoyar los proyectos de reforma global de universidades medianas.

18. En un Informe realizado por el Decanato de la Facultad de Medicina de la UBA en 1999, se señalaba que dicha Facultad podría aceptar en primer año un máximo de 900 alumnos. El cupo se calculó en base al número de plazas para la práctica final de la carrera (en 52 hospitales de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires asociados a la Facultad). Según el entonces Decano, ese era el número al que se le podría brindar una educación de calidad (Diario Clarín, nov. 2000).

19. Según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación, la tasa de egresados de carreras de grado, para Instituciones Universitarias de Gestión Estatal en el año 2005, fue de 30,7%.

20. Los “herederos” en términos de Bourdieu.

21. El porcentaje de jefes de hogar y cónyuges en todos los grupos de egresados de 25 años y más es muy elevado: 81,2% nivel secundario, 82,2% nivel terciario, 86,7% nivel universitario (SITEAL, 2005).

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Recibido: 03/07/08. Aceptado: 19/09/08

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temas y debates 16 / artĂ­culos / diciembre 2008

Menores e inseguridad. Analizando las “cifras” de la delincuencia juvenil en la ciudad de Rosario Daniela Polola

resumen

summary

En el presente trabajo realizaremos un acercamiento a la problemática de las personas de edad en conflicto con la ley penal en la ciudad de Rosario, Santa Fe, desarrollando, en una primera instancia, el estado de la cuestión en torno al tema, y describiendo la estructura burocrático-administrativa y judicial, junto con el marco legal que regula las intervenciones.

El objetivo central del trabajo radica en analizar la información estadística proporcionada por la Corte Suprema de Justicia sobre los Juzgados de Menores de la ciudad de Rosario, para analizar la situación de los menores de edad infractores a la ley, y así poder realizar una contrastación entre los datos oficiales y aquellos expuestos por la prensa gráfica, en particular en lo referente a temas de alta sensibilidad social tales como la (in)seguridad, los delitos cometidos por menores y los consecuentes pedidos de reducción de la edad de imputabilidad penal.

In this paper we shall approach the issue of underage offenders in the city of Rosario, Santa Fe, developing the state of the art and describing the judicial and bureaucratic structure, including the legal frame that regulates intervention.

The main purpose of this paper is to analyze statistics produced by the Law Court about underage offenders in the city of Rosario to evaluate their situation so as to contrast official information with articles of the press, especially those referring to (in)security, juvenile crime and the consequent request of lowering the age of imputability amongst underage people.

palabras claves

keywords

menores en conflicto con la ley penal / edad de imputabilidad / (in)seguridad

underage offenders / age of imputability / (in)security

temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

Daniela Polola es Antropóloga, Becaria CONICET, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario.

Mail: danielapolola@ciudad.com.ar

87

1. Introducción

La problemática de las personas menores de edad en conflicto con la ley penal ha cobrado gran notoriedad en los últimos años en Argentina, en especial a través de los medios masivos de comunicación. Desde estos ámbitos se hace hincapié no sólo en el aumento de las causas cometidas por menores, sino también en los niveles de violencia que estos delitos involucran. Expresiones tales como la “ola delictiva”, que “azota” a nuestras ciudades, se constituyen en moneda corriente en los artículos de la prensa gráfica y constantemente se enfatizan las demandas por parte de la ciudadanía de “mayor seguridad” al mismo tiempo que se apela, como una de las posibles soluciones, a la baja de la edad de imputabilidad de los menores.

Nuestro objetivo en este trabajo es realizar un análisis de la información estadística suministrada por la Corte Suprema de Justicia con respecto a causas cometidas por menores de edad en el período 1997-2006 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, para efectuar una contrastación con los dichos de la prensa gráfica.

Como marco general del trabajo, se tomarán tanto los antecedentes de investigación como el contexto jurídico-burocrático que regula la intervención sobre menores de edad en nuestra provincia.

2. Aproximación al estado del arte

Desde la sanción, por parte de Naciones Unidas, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN)1, el tema niñez y adolescencia se convirtió en básico y prioritario en las agendas políticas de los diferentes países que la incorporaron –entre ellos Argentina– (al menos desde el punto de vista discursivo) y en función de esto, comenzó la proliferación de una gran cantidad de bibliografía en torno a la niñez, adolescencia y/o minoridad (dependiendo de la concepción doctrinaria de los investigadores y juristas) y sus derechos.

Existen numerosos antecedentes en torno a la problemática de la minoridad bajo procesos de intervención, ya sea del orden judicial como técnico-administrativo.

Desde Donzelot (1990) se puede rastrear cómo se fue configurando en Francia, en torno a la infancia, una red de instituciones de control de las cuales la familia y la escuela son sólo el comienzo, culminando en las instituciones de reclusión, los juzgados de menores y las sociedades de beneficencia.

A nivel nacional, Dubaniewicz (1997) desarrolla un rastreo historiográfico de las instituciones de protección de menores desde la época colonial hasta 1997, describiendo cada una de las características principales de las instituciones de protección y castigo para menores abandonados o infractores.

Larrandart (1990), por su parte, realiza un racconto histórico a partir del cual el control institucionalizado (familia, escuela, policía) se tornó insuficiente debido a la gran ola inmigratoria que recibiera nuestro país a principios del siglo pasado y tal preocupación derivó en la creación de instituciones que pudieran ejercer dicho control, comenzando a tomar fuerza el discurso sobre la necesidad de “tutelar y proteger” a los menores y crear leyes e instituciones específicamente destinadas a ellos. Dentro de este contexto, de fuerte corte positivista e higienista, se sanciona,

temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

a nivel nacional, en 1919 la ley 10.903 de Patronato del Estado, que establecía la tutela del Estado tanto para los casos de comisión de un delito como para los de supuesto abandono de menores, enmarcada en la doctrina de la Situación Irregular2 (vigente en toda América Latina). El duro cuestionamiento que recibió la anómala situación legislativa generada por la vigencia de esta ley simultáneamente con la CIDN, provocó la proliferación de gran cantidad de bibliografía en torno al tema, fundamentalmente a cargo de juristas. García Méndez (2004) desarrolla un exhaustivo análisis de las leyes de menores en la Argentina y, comparativamente, en algunos países de América Latina que modificaron sus legislaciones en virtud de la incorporación de la CIDN. En una línea similar de trabajo, Beloff (2000) indaga en algunos aspectos negativos que implica la aplicación de la CIDN, y simultáneamente hace hincapié en la necesidad de atender a la “responsabilidad” de los jóvenes en conflicto con la ley penal, plasmado en un sistema de sanciones específicas que se base en medidas alternativas a la privación de la libertad, tales como la mediación y conciliación.

Desde las ciencias sociales, en los últimos quince años, el tema ha comenzado a adquirir interés y se han desarrollado investigaciones en el ámbito de la sociología y la antropología. Guemureman y Daroqui (2001) realizan un exhaustivo análisis acerca de las instituciones que surgen dentro del paradigma de la Situación Irregular y que se definen bajo el marco legislativo de la ley 10.903, conjuntamente con un amplio relevamiento de la situación normativa actual. Asimismo, describen el funcionamiento de una serie de instituciones que intervienen en menores, tales como los organismos técnico-administrativos, la policía y las comisarías de menores y cómo se incorporan al circuito judicial menores cuyos motivos de ingreso se vinculan a problemas de orden psiquiátrico o de droga-dependencia. Realizan una interesante contrastación entre el discurso de los jueces de menores y su práctica concreta –plasmada en la resolución de la situación que motivó la judicialización– a través de la sentencia.

Desde la antropología hay varios antecedentes, especialmente referidos a Buenos Aires. En cuanto al análisis de la estructura institucional de los juzgados de menores en la Ciudad de Buenos Aires, Villalta (1999) describe las peculiaridades de la justicia de menores y la problematización de los procesos de construcción de identidad en lo distintos agentes que la componen. Por su parte, Noriega (2002) realiza una indagación acerca de las “formas alternativas de resolución de conflictos” implementadas en el marco de la Red de Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tomando como contexto la Convención de los Derechos del Niño.

Grinberg (2004) focaliza en el análisis del entramado burocrático de protección y atención a la infancia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de los cambios de orden político-administrativo, legislativo y judicial producidos luego de la sanción de la constitución local en 1996.

Miguez y González (2003), desde una perspectiva diferente, problematizan la noción clásica del sistema de minoridad como mecanismo de control social y enfatizan en la necesidad de un abordaje etnográfico en profundidad que permita

89

desmitificar ciertos presupuestos. Sostienen que lejos de encontrarse en las instituciones de menores una estructura disciplinadora, lo que subyace es un “palimpsesto organizacional con prácticas contradictorias”, que reproduce la violencia pero hacia el interior de los institutos, es decir, sobre los menores.

Kessler (2006), desde una perspectiva de corte etnográfico, se sumerge en las lógicas de “trabajo y provisión” entre las cuales pivotean jóvenes para los cuales el delito no es su único medio de ingresos, sino que también alternan con períodos de trabajo. Asimismo analiza las relaciones que se establecen dentro de los grupos de pares y la vinculación de los mismos con las drogas y el alcohol.

Desde el psicoanálisis, Degano (2004) problematiza la noción de “responsabilidad” en menores en conflicto con la ley penal a partir de una investigación realizada en Rosario. Cuestiona la rehabilitación como objetivo del tratamiento judicial.

Elabora la categoría de “ficción jurídica” que define como la “característica ficcional del concepto de rehabilitación en el marco judicial de Menores” y finalmente propone una “política de la subjetividad” que involucre la responsabilización y la “producción de espacios para la subjetividad” de los menores.

Por otro lado, parecería ser una preocupación que se habría instalado en la agenda política como un área de vacancia y como consecuencia se han generado desde el Estado intentos –algo aislados y recientes– por activar una mirada más crítica sobre el tema, con actividades orientadas a la discusión de estas problemáticas, dirigidas tanto a los funcionarios de las instituciones de atención del área, como al público en general.3 Es interesante considerar también la producción en torno al tema generada desde los mismos organismos estatales como la Dirección Nacional de Política Criminal.4 Si bien existen trabajos de relevamiento, en especial de tipo cuantitativo en cuanto a las “cifras” de la delincuencia juvenil, estos informes sólo se limitan a la exposición de los datos, sin que se vislumbre un interés por analizar, problematizar, de-construir esos datos, y convertirlos en información útil para sugerir líneas de acción en torno al tema.5 Desde el ámbito de las ciencias de la comunicación existe un significativo aporte a partir de investigaciones que abordan la incidencia de los medios masivos de comunicación en la conformación en la opinión pública de una imagen de “niñez delincuente y peligrosa” en virtud de un énfasis en las noticias policiales protagonizadas por menores de edad. Desde esta perspectiva, algunos trabajos indagan acerca de la construcción del problema de la violencia en los medios gráficos (Manguía, 2004).

Martini et al. (2002) analiza las crónicas policiales en los medios en torno a categorías de inclusión/exclusión y las representaciones del “nosotros” y “los otros” y cómo, a través de estas categorizaciones se naturalizan discursos hegemónicos, instalándose en la sociedad el tema de la inseguridad y la violencia por su constante aparición en los medios. El enemigo es el delincuente, en especial joven y pobre.

Vasilachis de Gialdino (2003), por su parte, evalúa el tratamiento que se realiza de los niños en situación de calle desde la prensa gráfica. En este sentido, analiza

cómo a través de diversos procesos sintácticos y semánticos se enfatizan u ocultan los roles de estos niños, al mismo tiempo que se los estigmatiza por una situación (la de estar en la calle) que lejos de considerarse contingente se establece como inherente a ellos. Asimismo observa cómo dichos procesos construyen representaciones acerca de estos niños en la opinión pública que determinarán la manera en que serán vistos por la sociedad.

Calzado (2006) analiza, a través de las asambleas del Plan de Prevención del Delito de la ciudad de Buenos Aires, cómo éstas se convierten en generadoras de un discurso en torno a la inseguridad y al delito cometido por jóvenes, y esto ayuda a reforzar el binomio minoridad/inseguridad, para lo cual se conjugan tanto la opinión pública como los medios de comunicación. En consecuencia, esta construcción discursiva legitima respuestas políticas punitivas a problemas de orden estructural de nuestra sociedad.

Siguiendo esta idea del “miedo al delito” que se comienza a generalizar en la sociedad, Varela (2005) analiza la aparición de dicho concepto en la investigación criminológica británica y su utilización a nivel local como “sensación de inseguridad” asociado a la realización de la Encuesta de Victimización de la Dirección Nacional de Política Criminal, que establece el problema del delito antes de que los encuestados lo manifiesten como tal y en este sentido, también alude a cómo los medios de comunicación coadyuvan a instalar esta “sensación de inseguridad” en la población.

La Dirección Provincial del Menor, la Mujer y la Familia6 contaba inicialmente con el Programa de Menores en Conflicto con la Ley Penal, que comenzó a funcionar en abril de 1994. El 11 de agosto de 2000 este programa se convirtió en la Dirección del Menor en Conflicto con la Ley Penal que, en lugar de continuar dependiendo de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria, pasó a estar bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto.

En la actualidad, dichas instancias burocráticas están sufriendo una profunda reestructuración, paralelamente a una renovación de autoridades, a partir del cambio de gobierno de la provincia de Santa Fe a fines de 2007. En este contexto, se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del cual pasa a depender la ya existente Subsecretaría de Asuntos Penales, que a su vez controla la Dirección Provincial del Menor en Conflicto con la Ley Penal (DPMCLP), organismo que rige para toda la provincia de Santa Fe. La DPMCLP tiene incumbencia en toda la provincia de Santa Fe y se organiza en torno a tres grandes Programas dentro de los cuales se agrupan los más específicos. Estos son los Programas de Primera Intervención, por un lado Diagnóstico y Orientación, y Dispositivos de Asistencia en Seccionales Policiales. En segunda instancia los Programas de Tratamientos Alternativos a la privación de la libertad, que comprenden: Libertad Asistida, Centro de Día con Capacitación Laboral y emprendimientos productivos, y Centros de Asistencia de Víctimas en Violencia Familiar y Delito Sexual, y por último, los Programas de Tratamiento con In-

temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

3. Nuestro mapa institucional

91

tervención, que pueden revestir tres modalidades: Hogares de Puertas Abiertas, Institutos Cerrados y Gestión Mixta.

Desde su creación a mediados de 2000 hasta fines de 2007, la DPMCLP estuvo bajo la órbita de control del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, es decir, bajo la estructura de Seguridad, la misma instancia de la cual dependía tanto la Policía como el Servicio Penitenciario Provincial y todo el sistema de castigo vinculado a adultos. En este sentido, la decisión de que el ámbito penal en cuestiones referidas a menores (en lo que concierne a la provincia de Santa Fe), dependa de la misma estructura institucional de castigo de la cual dependen los mayores, implica que la justicia juvenil está concebida –al menos en parte– en los mismos términos que la justicia de adultos.

De todos modos, a la luz de los cambios institucionales que se están produciendo actualmente en los estamentos burocráticos provinciales, es muy aventurado adelantar una hipótesis sobre la morfología que adquirirán dichas instancias estatales y si, eventualmente, esos cambios redundarán en modificaciones en las prácticas de intervención sobre la población de menores en conflicto con la ley penal.

La ley nacional de fondo que regía desde 1919 en Argentina era la Nº 10.903 de Patronato de Menores que se correspondía con la doctrina de la Situación Irregular. Sin embargo, a partir de la aprobación de la CIDN por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, su ratificación al año siguiente en nuestro país por Ley 23.849 del Congreso de la Nación y su posterior incorporación en 1994 a la Constitución Nacional, la situación jurídica de los menores de edad se tornó anómala dada la vigencia de dos leyes prácticamente antagónicas, durante casi quince años. Situación que sólo se modificó, en septiembre de 2005 al sancionarse la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que automáticamente deroga la 10.903.

Si bien el texto de la nueva ley retoma en sus principios generales lo propugnado por la CIDN añade algunas cuestiones interesantes en las disposiciones generales en torno a las políticas públicas, en las cuales enfatiza el rol del Estado como garante del fortalecimiento familiar, la descentralización de los organismos de aplicación y de planes y programas, la gestión asociada de los organismos de gobierno en sus diferentes niveles coordinado con la sociedad civil, con una fiscalización permanente, y la promoción de redes intersectoriales locales. A pesar de que la sanción de esta ley constituye un avance importante desde el ámbito jurídico todavía se requieren adecuaciones, de tipo burocrático y de carácter procedimental, para lograr que ésta se efectivice plenamente.

En cuanto a la situación de la ciudad de la ciudad de Rosario, en 2001 su población era de 1.121.558 habitantes, según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del mismo año.7 Para atender a los menores de edad, Rosario contaba con tres Juzgados de Menores, a los cuales se agregó un cuarto a mediados de 2006. Dichos juzgados, de acuerdo al marco legislativo que regula su práctica,

temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

4. Marco legal y situación jurídico-administrativa de los menores de edad en la ciudad de Rosario

93

intervenían tanto en el orden civil sobre menores en estado de abandono, como en el orden penal, sobre menores a los cuales se les imputaban hechos sancionados por la ley penal.8 A partir de la sanción de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes gran parte de las competencias de los Juzgados de Menores pasan a los Juzgados de Familia, y a los órganos técnico-administrativos (Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia) con lo cual, los Jueces de Menores restringen su área de incumbencia casi exclusivamente a lo relacionado con el ámbito penal.

5. Las cifras de la delincuencia juvenil

5.1. El acceso a los datos Con este contexto jurídico-administrativo como marco general de nuestra investigación y, habiendo consultado la página web institucional del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, constatamos que si bien existía información estadística correspondiente al fuero penal, ésta no figuraba desagregada entre mayores y menores de edad, motivo por el cual decidimos solicitar por nota material de tipo estadístico a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe sobre Juzgados de Menores de la ciudad de Rosario, con respecto a: cantidad de causas por juzgados, cantidad de menores imputados, edad de los menores, tipo de delito, etc., del período 1997-2006. En base a nuestro conocimiento surgido de entrevistas informales con personal de un Juzgado de Menores, estábamos al tanto que existía un “Sistema de Gestión de Menores” informatizado en el cual se registraban este tipo de datos.

A partir de nuestro pedido concreto, se nos entregó un detalle estadístico desde el año 1997 al 2006. Algunos cuadros estadísticos adolecían de errores, que surgieron a partir de controles cruzados que efectuamos sobre los mismos (Rao, 1994). El origen de los errores puede deberse a varios motivos, entre ellos: un mal registro inicial de los datos, un incorrecto traspaso de los mismos del Sistema de Gestión de Menores a las planillas de tabulación de la Oficina de Estadísticas de la Corte o, inclusive, la falta de un rubro en el cual registrar datos, que incidiera en el total, pero no se viera reflejado en la desagregación.

El material se podía dividir en dos tipos: los datos ya tabulados y los datos “crudos”, planillas directamente impresas del Sistema de Gestión de Menores sin procesamiento alguno. El análisis de ambos tipos de material implicó un arduo trabajo no solamente por los errores sino además, porque, los datos sobre delitos estaban ordenados alfabéticamente, sin ningún criterio específico, por lo cual decidimos clasificarlos según la tipificación de delitos establecida por el Código Penal de la Nación. Por otro lado, dentro de la categoría delitos aparecían ítems que no lo eran, por ejemplo figuras legales tales como el amparo.

5.2. El análisis de los datos En la Tabla 1, nos interesa analizar la progresión de las causas iniciadas por Juzgado durante los diez últimos años.

Tabla Nº 1. Cantidad de causas ingresadas por Juzgado. Período 1997-2006 Juzgado / Años

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

Juzgado Nº 1

3368

2742

3146

3112

3022

3259

2915

2876

2645

1965

Juzgado Nº 2

2857

3251

3098

3200

3593

3657

3134

3208

4008

2855

Juzgado Nº 3

3169

3158

3216

3494

3604

3524

3015

3001

2305

1889

Juzgado Nº 4

....

....

....

....

....

....

....

....

....

1329

Total

9394

9151

9460

9806

9064

9085

8958

8038

10219 10440

* A mediados de este año se incorpora el Juzgado de Menores Nº 4 Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe.

A partir de esta Tabla, podemos inferir que a pesar de las fluctuaciones, el número de causas ingresadas no muestra diferencias significativas, salvo en el período 2001-2002, lo cual podría ser atribuido a la crisis socio-política-económica que sufriera Argentina a fines del 2001.9 Según el Gráfico 1, los guarismos estarían dando cuenta que el fenómeno de la delincuencia juvenil –de acuerdo a las causas ingresadas en el fuero de Menores– lejos de estar in crescendo, y a pesar de algún pico puntual, se mantiene constante e incluso registra un leve descenso en los últimos años.

En la Tabla 2 se puede ver claramente que tanto las contravenciones de mayores contra menores10, como los recursos de Hábeas Corpus11, son los dos ítem que registran los guarismos más bajos, en relación con la averiguación de hechos/consultas, y fundamentalmente con respecto a los delitos o faltas cometidos por menores de edad que superan ampliamente a los demás ítem. No obstante esto, si realizamos un análisis en términos diacrónicos vemos que las contravenciones de mayores contra menores, la averiguación de hechos, y los recursos de

temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

Gráfico Nº 1. Total de causas Ingresadas. Período 1997-2006

95

Hábeas Corpus se mantienen relativamente constantes en el decenio analizado.

En cambio, los delitos o faltas cometidas por menores registran una tendencia en aumento desde 1997 hasta 2002, año, este último, en que se verifica el máximo número de causas, y desde esa fecha comienza a descender bruscamente hasta el año 2003, registrando un ascenso en los años 2004 y 2005, que sin embargo nunca alcanza el pico de 2002, y que se encuentra en disminución en el último año.

Tabla Nº 2. Desagregación de causas en Secretaría Penal 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Delitos o faltas cometidas por menores Contravenciones de mayores c/menores Averiguación de hechos/denuncias/consult.

Recursos de Habeas Corpus Total causas iniciadas Secretaría Penal

7132 7465 7749 8361 8557 8915 5771 7202 7603 6948 4

0

1

4

204

0

0

192

0

0

413

253

476

255

254

325

248

264

233

167

16

9

19

14

12

29

26

19

17

15

7565 7727 8245 8634 9027 9269 6045 7677 7853 7130

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe

5.3. Menores de edad y tipos de delito cometidos. Un acercamiento desde el Código Penal En cuanto al tipo de delito cometido por menores de edad, establecimos un ordenamiento de acuerdo a la tipificación del Código Penal de la Nación, ya que en las planillas que nos suministrara la Corte Suprema los delitos estaban ordenados alfabéticamente, sin ningún otro criterio de clasificación, excepto la discriminación entre menores de hasta 16 años de edad, que la ley clasifica como no punibles y aquellos mayores de 16 años, que sí son pasibles de recibir sanción.12 Un dato importante es que en estas planillas de la Corte figura una leyenda que dice: “El cálculo de la edad tiene en cuenta la fecha de nacimiento y la fecha del hecho, si alguno de estos datos no posee información, no se contabiliza en la estadística”. Esta aclaración cobra sentido si la relacionamos con el hecho de que los menores a veces mienten sobre su edad para evitar ser sancionados, entonces, si no se conocen los datos de nacimiento, o del hecho, no se lo consigna para evitar un registro erróneo. Esta situación implica que probablemente exista un subregistro de hechos, que nos impide realizar un control cruzado para establecer la confiabilidad de los mismos.

Tomamos un Juzgado de Menores como caso testigo para evaluar qué tipos de delitos poseen mayor incidencia.

Tabla Nº 3. Desagregación por tipo de delito. Período 2003-2006 Juzgado Nº 1 Menores no punibles

Menores punibles

(hasta 16 años) contra las personas

(16 a 18 años)

Total

714

534

1248

30

30

60

8

5

13

644

466

1110

30

32

62

5. Agresión con armas

2

0

2

6. Aborto

0

1

1

contra la integridad sexual

45

22

67

1. Abuso

36

18

54

2. Violación

1

0

1

3. Exhibiciones obscenas

8

4

12

contra la libertad

420

325

745

1. Amenazas

378

302

680

2

5

7

40

18

58

3511

1915

5426

1. Daño

269

175

444

2. Hurto

716

355

1071

3. Tentativa de hurto

400

162

562

1298

1079

2377

819

140

959

6. Estafa y defraudación

6

2

8

7. Usurpación

2

1

3

8. Tentativa de extorsión

1

1

2

420

263

683

1. Homicidio 2. Tentativa de homicidio 3. Lesiones 4. Abuso de armas

2. Privación ilegal de la libertad 3. Violación de domicilio particular contra la propiedad

4. Robo 5. Tentativa de robo

contra la seguridad pública

temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

Tipo de delito

97

1. Acopio de armas

2

0

2

28

32

60

1

2

3

29

23

52

360

206

566

contra la Adm. Pública

97

137

234

1. Encubrimiento

31

45

76

2. Falsa denuncia

1

0

1

17

17

34

2

0

2

46

72

118

6. Atentado contra la autoridad

0

1

1

7. Falso testimonio

0

2

2

17

27

44

5224

3223

8447

2. Portación de arma de fuego 3. Tenencia de arma de uso civil 4. Incendios 5. Infracción leyes policía sanitaria animal

3. Evasión 4. Desobediencia 5. Resistencia contra la autoridad

Ley 23.737 (tenencia y tráfico estupefacientes) Total

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe

Con una simple visualización de la Tabla 3, podemos inferir que los delitos contra la propiedad son los que registran el mayor número de casos que corresponden a 64,24% del total. Y dentro de esta categoría los guarismos más altos se dan en robo y hurto, siendo el primero relativamente similar entre menores y mayores de 16 años. Sin embargo, en el hurto, los casos de menores de 16 años duplican a los mayores de esa edad. Dado que el robo implica la utilización de “fuerza en las cosas o (…) violencia física en las personas”13, podríamos inferir que los menores de 16 años cometen hurtos más ocasionales y con menor grado de organización, sin la utilización de armas. Sin embargo si prestamos atención a la columna de delitos contra la seguridad pública vemos que tanto la tenencia de armas de guerra, como de uso civil, es muy similar en ambos estratos etarios con un leve aumento en los mayores de 16 años. Con lo cual los datos no confirmarían esta hipótesis.

En cuanto a los delitos contra la integridad sexual, el abuso es el que registra mayor incidencia, especialmente en menores de 16 años, que duplican a los cometidos por los mayores de 16 años.

Los delitos contra las personas constituyen el 14,78% del total, pero dentro de los mismos, las lesiones ocupan el primer lugar, con 88,95%, siendo los homici-

dios sólo el 4,80% del total de estos delitos.

A diferencia de las demás tipificaciones, los delitos contra la administración pública y los de tenencia y tráfico de estupefacientes, son los únicos que sufren incrementos en la franja etaria de 16 a 18 años de edad, que en el caso de los primeros, los mayores de 16 años representan el 58,54% del total de estos delitos, mientras que con respeto a la ley de estupefacientes, sería el 61,36%.

En otro orden de cosas, nos preguntamos por el objetivo que tiene el relevamiento de estos datos a nivel del fuero de menores, es decir, si efectivamente se utilizan en el mejoramiento del sistema, o si son aprovechados por otra instancia institucional para el diseño de políticas públicas para el sector. En otras palabras, si el dato se recopila con algún fin específico, o si sólo obedece a un requerimiento formal.

Los���������������������������������������������������������������������������� jueces del fuero penal consultados, sostienen que las estadísticas que producen los Juzgados sirven para su mismo control (Juez de Menores, Reg. Nº 2, 2007) y que sería interesante que además puedan ser utilizadas para formular e implementar políticas hacia el sector e inclusive para modificar lo códigos de procedimientos (Juez de Cámara en lo Penal, Reg. Nº 1, 2007). De las entrevistas realizadas no surge que los datos, generados por los propios juzgados y procesados por la Oficina de Estadísticas de la Corte, se utilicen efectivamente para formular políticas públicas, para adaptar o mejorar cuestiones procedimentales o simplemente para realizar un diagnóstico de situación. De ser así, los jueces entrevistados no están al tanto del fin con que se recopilan dichos datos.

6. La prensa gráfica y la inseguridad

6.1. Estableciendo lineamientos generales Es interesante analizar la información precedente a la luz de las noticias periodísticas que hacen hincapié en un aumento de los delitos cometidos por menores de edad dentro de una presunta “ola delictiva” que “azota” a nuestro país y especialmente a las ciudades más populosas.

temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

Grafico Nº2: Desagregación por tipo de delito. Menores no punibles y punibles. Período 2003-2006

99

Para ello, se seleccionaron noticias periodísticas relacionadas con la delincuencia juvenil, pero especialmente intentando analizar si se plasma desde los funcionarios del área una preocupación por el tema. Escogimos el diario La Capital de la ciudad de Rosario (por ser el periódico con mayor tirada a nivel local) sobre el cual relevamos las notas del primer mes de cada cuatrimestre del período 2001-2006.14 A través del establecimiento de ejes a partir de los cuales ordenar las noticias periodísticas por año, pudimos constatar cómo el tema de la inseguridad atraviesa transversalmente los seis años analizados, siendo un común denominador en todo el país –según los medios– en un contexto marcado por la crisis de fines de 2001 en Argentina. También comienza a destacarse una notoria participación pública –especialmente la aparición de la clase media– en manifestaciones –a partir de las restrictivas medidas económicas implementadas por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, en noviembre de 2001– y conjuntamente, comienzan a proliferar, a partir de 2002, las marchas solicitando mayor “seguridad”.

Otro tema que aparece es el de la violencia institucional, es decir, muertes en cárceles o casos de “gatillo fácil”.15 Y como contrapartida surge la preocupación por sanear la imagen de las fuerzas de seguridad, probablemente vinculado con lo anterior, pero también debido al alto índice de corrupción dentro de las mismas.

En este sentido, el tratamiento que realiza la prensa gráfica sobre el tema de la “(in)seguridad”, sin duda contribuye a generar aquello que Hall define como “pánico moral”, una reacción oficial desproporcionada en relación con aquello que se percibe como amenaza (Isla, 2003; Miguez y González, 2003). Y esto conduce a la demanda, por parte de la población, de más policía y mayor seguridad –otro de los ejes que aparece en el material periodístico–.

Ante esta situación, se postulan como posibles soluciones el establecimiento de planes de seguridad a nivel provincial; la construcción de más cárceles o la adaptación de edificios desocupados a tal fin. Como contracara, Apropol16 sostiene que los planes de seguridad provincial sólo implican dotar de más vehículos y mayor cantidad de efectivos policiales y que esto, aparte de no constituir una solución tiende a “la destrucción paulatina de la seguridad pública” (25/05/04).

En otros casos, la visibilidad que la prensa le otorga a ciertos sucesos contribuye a denunciar situaciones problemáticas. Por ejemplo, a partir de algunos motines protagonizados por menores de edad alojados en comisarías, se resuelve que sean trasladados a institutos de internación dependientes de la DPMCLP, ya sea de régimen abierto o cerrado, para solucionar una situación que de hecho ya era irregular: que existan personas menores de edad detenidas en comisarías.

Por otro lado, las políticas públicas destinadas a menores de edad que estén o hayan estado en conflicto con la ley penal son muy escasas, sólo en dos notas (de un total de noventa y una relevadas) se menciona un programa de deporte, alfabetización, educación formal y talleres de oficios gestionado a través de la DPMCLP (29/09/02) y, en otra, la propuesta de fomentar actividades deportivas como factor de contención social (09/05/05).

Un Juez de Menores se refiere a esta situación de la siguiente manera: “Para

extraerlo del delito, es decir, un ejemplo tonto, tonto: no puede haber ningún pibe que haya cometido un delito aunque sea el más grave, que se vaya en libertad y no tenga, por ejemplo, trabajo. O no tenga, que no termine sus estudios…” (Juez de Menores: 2007).

Asimismo, la consulta a especialistas en el tema –cuando se realiza– se ve restringida a abogados, que participan en instituciones del Estado, o a criminólogos.

Algo notorio es el casi nulo recurso de este medio gráfico a incluir la opinión de cientistas sociales, ya que en los seis años relevados sólo aparece una nota en la cual opina sobre el tema una socióloga.

Al respecto, en un informe publicado por la ONG Periodismo Social17, la Dra. Trumper sostiene que “…es problema de las sociedades científicas, que no sabemos llegar o creemos que no nos van a tener en cuenta. Desconocemos el trabajo de los periodistas. No hay relación fuera de la coyuntura noticiosa… Tendríamos que usar más los medios de prensa para que pueda llegar más información veraz a la prensa” (Periodismo Social, 2006:20).

La duda que surge entonces es: ¿la prensa se aleja de los cientistas sociales o los cientistas sociales no se acercan a la prensa?18 Es interesante, entonces, analizar ahora las cifras de la delincuencia juvenil en cruce con los dichos de la prensa. Para ello tomaremos una serie de noticias, que consideramos paradigmáticas en la construcción de la “inseguridad” vinculada a delitos cometidos por menores de edad.

Un titular anuncia “A contrapelo del país, en la provincia no disminuye el índice de delitos” (30/05/2005) y más adelante expresa: “Mientras la media nacional indica una merma de 2,12% entre los años 2003 y 2004, en Santa Fe se registró un incremento del 4,29%”. Si bien no queda claro si estos porcentajes incluyen a los delitos cometidos por menores de edad, lo más probable es que sí los tengan en cuenta19, entonces, parecería ser que nuestros datos sobre menores siguen la tendencia enunciada para el resto del país (con una disminución en 2003-2004), que sin embargo, no coincidiría con la esbozada por el medio gráfico para la provincia de Santa Fe. “El delito en menores sube con el colapso del sistema tutelar” (18/05/2005) y en el subtítulo continúa “En un año calendario en Rosario se abrieron más de 6 mil causas”, lo cual, según nuestros informes de hecho es cierto, porque en 2005 la cantidad de causas fue 8958. No obstante, este guarismo está por debajo de los nueve años anteriores, lo cual implica el riesgo que existe al realizar aseveraciones de este tipo en un medio masivo de comunicación sin contextualizar los datos con los de años previos, permitiendo que el lector pueda sacar sus propias conclusiones.

Es notorio que a pesar de la resonancia de la cual goza el tema de menores en conflicto con la ley penal, no se encuentren datos oficiales de fácil acceso sobre las cifras de este fenómeno. En este sentido, Daroqui y Guemureman señalan que: “...la ausencia de producción de información sobre un tema candente como la delincuencia juvenil, permite, en contraposición, la vulneración de derechos, ya que

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6.2. Los menores infractores y la prensa gráfica

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promueve -por omisión- la posibilidad de decir virtualmente “cualquier cosa” sobre los adolescentes y jóvenes y el diseño responsable de políticas públicas sobre la desinformación” (citado en Guemureman, 2004:48).

En otra noticia se hace hincapié en los delitos cometidos en un turno judicial, que equivale a un mes: “En un mes, hubo más de 600 delitos de menores en el área de Rosario” (12/05/2003). Si calculamos la media de las causas iniciadas en el período 1997-2006 obtendríamos 9300 por año, y tendríamos alrededor de 775 causas por mes, lo cual supera al número mencionado en esta nota, pero que, volvemos a remarcar, tomado el dato aisladamente, sin una correcta contextualización, puede resultar “alto” para el lector, pero ¿alto con respecto a qué?

Martín et al. (2002:88) señala: “Se asume que la agenda policial de los medios excluye a la ciudadanía de la posibilidad de participación activa en el debate público por la reiteración de representaciones simplificadas y reduccionistas de la realidad construidas por los medios y por el modo incompleto en que se publican las noticias sobre el crimen.”

Estos discursos contribuyen a construir una imagen dicotomizada de “nosotros” y “los otros” (Calzado, 2006; Martín et al., 2002) que refuerza los estereotipos y asocia joven con delincuente, al mismo tiempo que ubica los actos delictivos fuera de todo contexto social y como simple resultado de la voluntad individual de los sujetos.

En este sentido, no debemos olvidar que la prensa construye discursos que se constituyen en verdad y son apenas cuestionados o tomados críticamente por la opinión pública: “La legitimidad que tiene históricamente la prensa le concede el estatuto de voz autorizada, y que se deriva de su coincidencia con el discurso hegemónico, “oficial”, es decir con las fuentes que producen autoridad.” (Martín et al., 2002:90 - subrayado original) Entonces, noticias que mencionan temas tales como “La ola de inseguridad que padece Rosario desató un fuego cruzado entre la Municipalidad y la Casa Gris” (30/05/2003 - el subrayado es nuestro) desatan polémica en la opinión pública y llevan a que la solución se encauce por la vía de la reducción de la edad de imputabilidad de los menores, tal y como se manifiesta en este titular: “El gobierno analiza bajar a 14 años la edad para imputar delitos. El funcionario negó que se trate de una reacción al reclamo del empresario Juan Carlos Blumberg” (18/05/2005).20 Según Calzado (2006:28) “este tipo de estados de conmoción social no necesariamente coinciden con mayores índices delictivos”. En este sentido, en un artículo publicado el 19/09/04 cuyo titular era: “Rosario: la mayoría de los crímenes son por conflictos personales y no por robos”, se hace hincapié en que “…una caída del número de crímenes en Rosario, reflejaría un declive del homicidio como emergente de la inseguridad pública” y a continuación agrega: “Sin embargo, lejos de decaer, el temor público a la delincuencia aumenta”. En el mismo artículo, el criminólogo Máximo Sozzo sostiene que los delitos contra las personas –puntualmente los homicidios– no se hayan en la base del temor público sino, por el contrario, los que atentan contra la propiedad.

Un informe presentado por la ONG Periodismo Social menciona que: “La Vio-

lencia, en sus diversas formas, ha sido el tema más tratado por el conjunto de los diarios nacionales argentinos durante 2004 en asuntos de niñez y adolescencia (26,1% del total de notas)” (Informe Anual 2005, pp.22). Pero agrega que “…los textos sobre chicos víctimas de actos violentos quintuplican –incluido abuso y explotación sexual– a aquellos en los que fueron agentes: el 65,6% de las piezas sobre violencia los tiene como víctimas, el 12,6%, como agentes” (Ibídem).21 Por otro lado, debemos tener en cuenta que “el crimen vende” y que: “La información periodística sobre el “mundo del delito” constituye una de las más poderosas narrativas explicativas que ha diseñado lo modernidad y se ha instaurado…como forma más o menos sutil de control social” (Martín et al., 2002:87 - subrayado original).

Este cruce del material periodístico con los datos provenientes de la Corte Suprema nos indica lo cuidadosos que debemos ser al establecer conclusiones, para que éstas no impliquen una generalización incorrecta o una total descontextualización del problema en términos comparativos.

En el presente trabajo desarrollamos el complejo entramado jurídico-administrativo que interviene sobre menores de edad, a través de una somera descripción de las instituciones del área del Estado provincial santafesino, con incumbencia en la ciudad de Rosario. Asimismo realizamos un acercamiento al estado del arte para, finalmente, sumergirnos en el análisis de las estadísticas oficiales en contraste con el tratamiento de la problemática que se realiza desde la prensa gráfica.

Como vimos, la situación de la provincia es paradigmática ya que la estructura burocrática de la DPMCLP (desde su creación hasta fines del 2007) estuvo vinculada al Ministerio del cual dependía todo el sistema penal de adultos. En este sentido, la decisión política de incluir a los menores dentro de esta instancia institucional implicaba, de algún modo, que el sistema de justicia juvenil estaba siendo pensado en términos de castigo más que de reinserción de los jóvenes en ámbitos de contención social que les posibilitaran salir de la delincuencia. Con lo cual, se continuaba con un tratamiento tutelar de los menores que desatiende el interés en la responsabilización subjetiva de los mismos. Esta decisión en parte contradice el espíritu de los tratados y convenciones internacionales a los cuales adhirió Argentina.22 Sin embargo, debemos puntualizar también que, a la luz de las recientes reestructuraciones institucionales que está sufriendo la provincia de Santa Fe a partir del cambio de gobierno en 2007, es demasiado aventurado adelantar el curso que tomará el tratamiento de la problemática a nivel provincial. Situación que, probablemente, sólo podrá ser evaluada a largo plazo.

En cuanto a las “cifras” de la delincuencia juvenil, los datos aportados por la Corte Suprema reflejan no sólo una relativa estabilidad en el número de causas, sino inclusive, un leve descenso de las mismas en el último año. Sin embargo, desde los medios de comunicación se construyen imágenes en torno a la (in)seguridad que ubican a los menores de edad como uno de los principales causantes del pro-

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7. Algunas reflexiones finales. Retomando ideas

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blema y en este sentido, la exacerbación de la sensibilidad social en torno al tema genera reacciones de la opinión pública que se orientan hacia el endurecimiento de las penas, la baja de la edad de imputabilidad penal y otras medidas de corte punitivo que, lejos de resolver el problema, son sólo medidas paliativas de muy corto alcance.

En este sentido, el problema no son los datos que maneja la prensa, sino la utilización que se realiza de ellos, especialmente cuando se los analiza descontextualizadamente, sin otorgar al lector elementos que le permitan evaluar críticamente la información.

En cuanto a las políticas públicas destinadas al sector, tanto desde lo analizado a partir de los medios masivos de comunicación como a través de las voces de los jueces del fuero penal, parece vislumbrarse una ausencia del tema en la agenda política, en especial en torno a programas que tiendan a la reinserción social de adolescentes infractores a la ley penal en ámbitos de contención, ya sean vinculados al estudio o al trabajo.

Finalmente creemos que no basta con sancionar leyes “supuestamente” aggiornadas al contexto internacional –que luego fallan en el momento de la implementación, porque no fueron realizadas las reestructuraciones institucionales suficientes para llevarlas a cabo– ni el agregado de Juzgados de Menores, ni medidas paliativas aisladas, sino que, una política juvenil comprometida con nuestra realidad social implica comprender la complejidad del problema cuya raigambre es eminentemente social y su abordaje debe ser también pensado en esos términos, articulando a nivel horizontal los diferentes Ministerios y a nivel transversal los estamentos nacional, provincial y municipal y, fundamentalmente, abordando el problema desde una perspectiva holística que entienda a la niñez y a la adolescencia no como parcialidades sino como una totalidad.

Referencias

1. El 20 de noviembre de 1989 es aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención Internacional de los Derechos del Niño y ratificada en nuestro país por Ley 23.849 del Congreso de la Nación y en 1994 incorporada a la Constitución Nacional.

2. Para mayor información sobre la doctrina de la Situación Irregular y de la Protección Integral y las leyes que se inscriben dentro de cada una de ellas en la República Argentina, consúltese POLOLA, Daniela (2004) De Niños y de Menores. Los profesionales y el complejo mapa institucional de la “minoridad” en la ciudad de Rosario, Tesis de licenciatura, Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario.

3. Iº Seminario Internacional “Respuesta institucional a la niñez en riesgo” (marzo de 2005) y IIº Seminario Internacional “La violencia en la familia, escuela y sociedad” (noviembre de 2006), ambos organizados por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, 1º Foro sobre Niñez, Adolescencia y Familia: El Sistema de Protección Integral de Derechos en el marco de la nueva Ley Nacional 26.061 (agosto de 2006), organizado por la Municipalidad de Rosario.

4. Cfr. Dirección Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Adolescentes infractores a la ley penal. Tribunales Orales de Menores. 2002 Informe de la http://www.polcrim.jus.gov.ar; L. ELBERT; V. VASILE; F. REYES (2002), Situación normativa de las personas menores de 18 años imputadas de la comisión de un delito, Dirección Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. http://www.polcrim.jus.gov.ar; L. ELBERT; V. VASILE; F. REYES, Violencia juvenil y seguridad ciudadana. Problemas y soluciones,

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Informe de la Dirección Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. http://www.polcrim.jus.gov.ar 5. Guemureman (2004:3) señala que actualmente existen más “usinas generadoras de datos” que las que había hace algunos años, probablemente porque se visualiza como positiva la información. Al mismo tiempo señala que “Hoy por hoy existe muchísima más información disponible, pero por ese mismo motivo también hay mayor fragmentación y atomización. La lectura integrada resulta mucho más difícil…”.

6. Esta Dirección recientemente cambió su nombre por el de Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia como parte de la adecuación a la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de niñas, niños y adolescentes sancionada en octubre de 2005. Sin embargo, en el presente trabajo utilizaremos la antigua denominación ya que al momento de los relatados cambios institucionales llevaba ese nombre.

7. Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina.

8. Art. 5, Ley 11.452, Código Procesal del Menor de la provincia de Santa Fe. 9. De todos modos, ésta sería una hipótesis provisional que requeriría una indagación más profunda.

10. Derogado en 2005 por la ley 11.452, Código Procesal del Menor de la provincia de Santa Fe. 11. Éstos se presentan para retirar a los menores de un lugar de detención.

12. “Art. 1º. No es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido 18 años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con una pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o inhabilitación - Art. 2º Es punible el menor de dieciséis a dieciocho años de edad que incurriere en delito que no fuera de los enunciados en el art. 1º” - Ley 22.278, Régimen Penal de la Minoridad.

13. Art.164 del Código Penal de la Nación Argentina.

14. Establecimos como comienzo del período el año 2001 por ser el momento en que comienza a funcionar la DPMCLP en la provincia de Santa Fe. 15. Se denomina “gatillo fácil” a las ejecuciones llevadas a cabo por miembros de la fuerzas de seguridad en “supuestos” enfrentamientos armados con delincuentes, cuya veracidad es difícil de establecer.

16. Asociación Profesional Policial de la provincia de Santa Fe. 17. La ONG Periodismo Social realiza monitoreos de los principales diarios del país (entre los cuales incluye La Capital, de Rosario) sobre diversos temas (entre ellos niñez y adolescencia), estableciendo la ocurrencia de los mismos en los medios gráficos y analizando qué temática tiene mayor aparición, fuentes consultadas, etc. Para mayor información consúltese: http://www.periodismosocial.org. ar/quienes.cfm?hd=2.

18. Este interrogante excede ampliamente los objetivos del presente artículo. Sin embargo, nos interesa dejarlo planteado, ya que se requiere una reflexión profunda sobre la vinculación entre academia y sociedad, en el sentido de considerar si un medio de llegada tan amplio como es la prensa no permitiría una interacción más fluida entre las producciones de los cientistas sociales y el conjunto de la población. Al respecto puede consultarse J. GLEDHILL (2000), “Antropología y política: compromiso, responsabilidad y ámbito académico”, en El poder y sus disfraces. Perspectivas antropológicas de la política, Barcelona, Edicions Bellaterra.

19. Como indicáramos ut supra las estadísticas sobre delitos que están publicadas en la página oficial de Poder Judicial de la provincia de Santa Fe (http://www.poderjudicial-sfe.gov.ar/) contienen la sumatoria de causas de mayores y menores de edad dentro del fuero penal; en consecuencia, podríamos suponer que los datos que maneja el medio gráfico corresponden a ambos grupos de edad.

20. A fines de marzo de 2004 se produce la muerte de un joven luego de su secuestro extorsivo, y su padre, un empresario de la Capital Federal comienza una “cruzada” contra el delito y la inseguridad, exigiendo —a través de manifestaciones que congregan un gran número de personas— el endurecimiento de las penas, la baja de la edad de imputabilidad, etc. Para ampliar este tema consúltese: M. CALZADO (2006), “Elementos para el análisis del tratamiento mediático del caso Blumberg”, Documento de Trabajo Nº 5, Programa de Antropología Social y Política, Buenos Aires, FLACSO. 21. Dado que nuestro tema de análisis es menores en conflicto con la ley penal, no tomamos los casos

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de menores víctimas de violencia, pero sí nos interesa poder cotejar estos datos, ya que consideramos, nos aportan una visión más relacional del problema que nos permite un abordaje holístico del mismo.

22. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores —Reglas de Beijing—; Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil —Directrices de Ryadh—; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de Libertad, Convención Internacional de los Derechos del Niño.

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Documentos

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Recibido: 28/02/08. Aceptado: 22/05

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Las políticas sensibles al género: variedades conceptuales y desafíos de intervención Ana Laura Rodríguez Gustá

resumen

summary

Este artículo repasa algunas de las principales características de las políticas orientadas a instaurar una mayor igualdad de género, discutiendo, en líneas generales, cuatro grandes categorías identificadas en la literatura: a) las políticas de acción afirmativa, b) las políticas para las mujeres, c) las políticas con perspectiva de género y, finalmente, d) las políticas de transversalización de género –conocidas por su término en inglés gender mainstreaming–. Dichas políticas difieren en sus enfoques teóricos y en sus metodologías de intervención. Además, este artículo discute sus efectos imprevistos e inesperados. A modo de conclusión, examinamos qué aspectos de cada una de estas líneas de acción podrían combinarse en una plataforma de políticas mayor en aras de promover intervenciones estatales capaces de instaurar un Estado democrático de género.

This article reviews some of the main features of those policies geared towards introducing a greater degree of gender inequality. In broad strokes, this paper discusses four main categories commonly addressed in the literature: a) affirmative action policies, b) women’s policies, c) gender policies, and, lastly, d) gender mainstreaming policies. They differ in their theoretical perspectives as well as in their practical methodologies, though all of them have unexpected consequences and ramifications beyond their planned goals. By means of conclusions, we ask whether we combine piecemeal aspects of these policies into a larger institutional platform in order to promote actions for an enhanced gender democratic state.

palabras claves

keywords

políticas de género / institucionalidad de género / transversalización de género / políticas de acción afirmativa

gender policy / gender mainstreaming / affirmative action

temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

Ana Laura Rodríguez Gustá es docente-investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo y Estrategias Territoriales (CEDET), Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín.

Mail: alrgusta@unsam.edu.ar

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I. Introducción

El Estado tiene un papel primordial en la construcción de condiciones de igualdad para varones y mujeres puesto que las intervenciones públicas distribuyen recursos materiales y oportunidades de reconocimiento simbólico entre los géneros (Fraser, 1995; Haney, 1998). En un sentido estricto, todas las políticas públicas estarían, de acuerdo con Joan Acker (1990) generizadas, lo cual significa que los contenidos, los objetivos y las metodologías de las acciones del Estado están imbuidos de concepciones sobre el valor relativo de atributos culturales masculinos y femeninos, así como de creencias respecto de los comportamientos normativamente deseables para cada uno de los sexos.

El interés de este trabajo es discutir aquellas políticas públicas que han sido enunciadas explícitamente con el fin de asegurar el bienestar, la seguridad, la autonomía, y los derechos de las mujeres, las cuales denominamos sensibles al género.

En América Latina, estas políticas han ganado creciente relevancia desde mediados de los años setenta al punto que, actualmente, prácticamente la totalidad de la región cuenta con planes de igualdad de oportunidades.

En líneas generales, este trabajo discute las características de cuatro categorías de políticas sensibles al género identificadas en la literatura: a) las políticas de acción afirmativa, b) las políticas para las mujeres, c) las políticas con perspectiva de género y, finalmente, d) las políticas de transversalización de género –conocidas por su término en inglés gender mainstreaming–. Como veremos en la primera parte, estas políticas difieren en sus enfoques teóricos y en sus metodologías de intervención. Seguidamente, examinaremos cuáles son las consecuencias y las ramificaciones de estas políticas, destacando así sus efectos imprevistos e inesperados.

Estos dos ejes de discusión aparecen resumidos en la Tabla 1 más adelante en el texto. Finalmente, las conclusiones abordarán la posibilidad de combinar aspectos selectivos de estas políticas en una plataforma institucional ampliada, con el fin de promover intervenciones estatales orientadas hacia un Estado democrático de género.

II. Los supuestos principales de las políticas con sensibilidad de género

II. 1. Las políticas de acción afirmativa En América Latina, la obtención de la ciudadanía política mediante el sufragio femenino consagrado entre los años cuarenta y cincuenta resultó insuficiente para garantizar el acceso de las mujeres a las jerarquías estatales. En vistas de ello, los movimientos de mujeres y las mujeres políticas han procurado introducir medidas de acción afirmativa en aras de alcanzar mayores grados de participación en ámbitos decisorios.

Inspiradas en los planteos del Art. 4 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), las medidas afirmativas –también denominadas positivas–, promueven la presencia femenina en los lugares decisorios del Estado. Si bien la acción afirmativa no está restringida a procesos políticos e institucionales, en América Latina, éstos han sido el principal

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foco de atención de las políticas positivas (Astelarra, 2004).2 Al menos diez países de la región cuentan con leyes de cuotas femeninas para las candidaturas legislativas nacionales y otros gobiernos están debatiendo la adopción de mecanismos análogos (i.e., Uruguay). Brasil y Colombia, por su parte, disponen de instrumentos afirmativos para la asignación de cargos en el Poder Ejecutivo (Htun 2002 y 2004).

En su visión más clásica, las acciones afirmativas son procedimientos que procuran garantizar la representación de grupos cuyos atributos adscriptos están socialmente desvalorados (como el género femenino, las minorías raciales y étnicas, ciertos grupos etarios, entre otros). Precisamente, esta baja valoración daría cuenta de su exigua participación en jerarquías formalmente exentas de restricciones relativas a cualidades subjetivas. En el caso de las mujeres, su escasa representación parece deberse –entre múltiples factores– a creencias culturales que malinterpretan y devalúan las contribuciones que las mujeres podrían imprimir en la política y las instituciones (Ridgeway y Correll, 2004).

Los argumentos esgrimidos a favor de las acciones afirmativas rescatan el hecho de que las mujeres conforman un grupo en desventaja y, por ende, el Estado está obligado a garantizar sus derechos mediante disposiciones normativas específicas (Harper y Reskin, 2005). De esta forma, el reconocimiento del derecho al ejercicio de una ciudadanía política plena permitiría un efecto de protección grupal contra las prácticas de discriminación. A pesar de ello, las acciones positivas son comúnmente criticadas porque, como su nombre denota, constituyen remedios meramente “afirmativos” frente a las injusticias más estructurales –un importante punto sobre el cual volveremos más adelante–.

Las políticas de acción afirmativa más conocidas son las directas, al estar orientadas a modificar la composición demográfica de una organización en forma inmediata (Harper y Reskin, 2005). La Ley de Cupo Femenino que rige la conformación de las listas electorales de los partidos para el Congreso de la Nación en Argentina es un buen ejemplo de ello (Marx, Borner y Caminotti, 2007). Aunque menos conceptuadas como políticas de acción afirmativa, existen medidas indirectas que promueven transformaciones en la estructura de oportunidades de las instituciones para que, eventualmente, exista una mayor representación femenina en las jerarquías organizacionales. A diferencia de las acciones directas, este segundo tipo de medidas afirmativas no cambia de manera automática las proporciones de varones y mujeres pero, análogamente, su propósito es tender a una pirámide institucional más paritaria. Entre estos procedimientos encontramos, por ejemplo, instancias de reorganización de puestos laborales a efectos de facilitar la promoción de mujeres a otros de mayor responsabilidad.

Más allá de estas variantes, las acciones afirmativas implican una clara política de acceso de mujeres a las instituciones con el fin de asegurar su participación en los procesos de toma de decisión política, al garantizar, como ya fuera mencionado, su mayor presencia numérica en las jerarquías.

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II. 2. Políticas para las mujeres y políticas con perspectiva de género

En términos generales, las mujeres enfrentan más dificultades que los hombres para acceder a los trabajos mejor remunerados, usualmente acompañados de mayores perspectivas profesionales y de protección social. En el hogar, ellas permanecen en una posición de desventaja respecto de las decisiones familiares, a lo que se suma una carga prácticamente unilateral en el cuidado de los hijos y las tareas domésticas.

A efectos de abordar estos problemas provenientes de una división sexual desigual del trabajo, que reserva el ámbito de lo público para los varones y la esfera doméstica para las mujeres, aparecen dos propuestas de intervención alternativas: las políticas para las mujeres y las políticas con perspectiva de género que, en América Latina, han influido en el diseño y la implementación de políticas sociales (Dador Tozzini, 2007).3 Si bien podríamos establecer cierta cronología en el sentido de que las políticas para las mujeres fueron antecesoras de las políticas de género, asociadas con el pasaje del enfoque de mujeres y desarrollo a la perspectiva de género (WID y GAD respectivamente por sus siglas en inglés)4, la realidad empírica resulta menos lineal, con ambos tipos de orientaciones reinscribiéndose, con variantes e innovaciones, aún en las más recientes acciones estatales.

Ambas líneas de intervención concuerdan en situar en la división sexual del trabajo la fuente principal de desigualdad entre los sexos. Aquí concluye el acuerdo, puesto que, mientras las políticas para las mujeres mantienen las diferencias primarias buscando compensar a las mujeres por su eventual doble inserción en el ámbito público y privado, la perspectiva de género propone acciones para transformar dicha división del trabajo. No sorprende, entonces, que ambas políticas mantengan concepciones muy disímiles sobre las relaciones de género y el papel del Estado.

Concepciones de género y orientaciones de acción

Bajo el enfoque de las políticas para las mujeres, los roles y las responsabilidades entre los sexos en la reproducción y el bienestar familiar y social son asuntos tomados como dados y no como resultantes de una situación históricamente construida. Bajo esta óptica, la conciliación entre el trabajo y el cuidado de la familia supone mejorar las condiciones de las mujeres para realizar ambas actividades, más que lograr una distribución equitativa entre los integrantes del hogar (Pascall y Lewis, 2004).

La agenda de intervención derivada de este enfoque de política buscaría rectificar los denominados efectos negativos de la división sexual del trabajo –como una mayor carga laboral diaria para las mujeres– mediante políticas que compensen las desventajas del género femenino. En consecuencia, las políticas para las mujeres procuran disminuir las brechas de género como lo son, por ejemplo, las diferencias en el ingreso de varones y mujeres, mediante cambios en la legislación laboral y educativa. El papel socialmente asignado a los hombres no es cuestionado y estas políticas asumen, de hecho, su desvinculación de la esfera doméstica. En tal sentido, estas políticas no han fomentado la participación masculina en las tareas del cuidado.

La visión acerca del Estado

En el contexto de las políticas con perspectiva de género, el cambio social aparece como un deber normativo del Estado que debería plasmarse en estrategias de política pública. En principio, el Estado –aún el democrático– representaría, predominantemente, los intereses de varones, por lo cual sería una institución patriarcal y, por tanto, un vehículo significativo de la opresión sexual y de la propia regulación de la desigualdad de género (Connell, 1990). A pesar de estas limitaciones, es posible impulsar políticas que fomenten una mayor igualdad de género por la mentada “autonomía relativa” del Estado y, además, porque los intereses

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Como contrapunto, las políticas con perspectiva de género buscan distribuir recursos materiales y simbólicos con el fin de ampliar las oportunidades de elección de las mujeres, por lo cual la transformación de las relaciones jerárquicas de género constituye el núcleo fundamental de intervención.5 En consecuencia, estas políticas implementan acciones concernientes a los derechos de las mujeres, la democratización de las familias y las responsabilidades domésticas compartidas (Di Marco, 2005).

Al intentar modificar las raíces estructurales de la desigualdad, y en particular las instituciones sociales de la familia y el mercado de trabajo, estas políticas emplean el término relaciones de género: lo que se cuestiona en última instancia es la división entre lo público (masculino) y lo privado (femenino). Esta perspectiva concibe el género como un sistema institucionalizado de prácticas sociales que, a partir de la organización de categorías sexuales diferenciadas, edifica relaciones de poder (Ferree, Lorber y Hess, 2000). En su calidad de sistema de diferencias y desigualdades, las relaciones de género se despliegan en múltiples niveles, es decir, en creencias culturales socialmente hegemónicas, en pautas sesgadas de distribución de recursos sociales, y en identidades individuales con disímiles grados de aceptación y reconocimiento (Ridgeway y Correll, 2004).

A efectos de lograr distinguir cabalmente las divergencias entre estos dos tipos de políticas públicas, considérese el siguiente ejemplo. Una política de salud sexual y reproductiva estaría elaborada desde una perspectiva de género busca asegurar los derechos de las mujeres. Esto último supondría el desarrollo de acciones tendientes a garantizar la maternidad voluntaria, la elección de la contracepción, el acceso al aborto y el ejercicio pleno de la sexualidad. Un ejemplo paradigmático lo ofrece el Programa de Salud Reproductiva de Atención Integral a la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo (Uruguay), vigente desde 1996, cuyos ejes son, de acuerdo con Varela Petito (2007), la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y el empoderamiento de las mujeres a partir del desarrollo de sus capacidades individuales, la participación comunitaria en el marco de grupos de vecinas, y la capacitación del personal técnico de salud en la perspectiva de los derechos en salud sexual y reproductiva (44-45). Por el contrario, la política para las mujeres, procuraría regular la reproducción femenina mediante una opción de planificación familiar que responsabilice primordialmente a las mujeres y donde su elección respecto de la maternidad voluntaria esté menos clara.6

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usualmente conforman un terreno contradictorio (y no homogéneo) de preferencias (Haney, 1996). De esta forma, y en combinación con demandas provenientes de grupos de mujeres organizadas insertas en los espacios públicos deliberativos, el Estado podría mejorar las condiciones de vida relativas de ambos sexos.

En términos de política pública, la elaboración de políticas con perspectiva de género presupone el diseño y la puesta en marcha de acciones de largo plazo, relacionadas con políticas sectoriales más amplias. Ello resultaría en la elaboración de planes de igualdad de oportunidades nacionales y sectoriales (como lo son, por ejemplo, los planes para las mujeres rurales, para la igualdad del género en la educación, etc.). En tal sentido, la propia conformación de una agenda de políticas de desigualdad quedaría enmarcada en aquellas concernientes al desarrollo nacional en general. A su vez, esto implica que el Estado debería contar con funcionarios y funcionarias entrenados en las perspectivas de género y capaces de confeccionar indicadores para establecer cómo y dónde se requiere de la intervención estatal. A título ilustrativo, el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1994–1999 de Chile es una de las primeras muestras regionales de la incorporación de la perspectiva de género en un proyecto político de mayor alcance.

Por otra parte, las políticas con perspectiva de género suponen una interacción con las organizaciones de mujeres (tanto ONGs como de base) y los movimientos feministas. Por cierto, esta interlocución no constituye un proceso automático.

En particular, coloca el Estado en un lugar de constructor de espacios públicos de “inclusión popular” con el propósito de elaborar marcos de política (Ferree et al., 2002).

Así, la política se inicia con las mujeres organizadas y movilizadas desde la sociedad civil, quienes han tradicionalmente propugnado por la incorporación en la agenda estatal las cuestiones relativas a la desigualdad de género en calidad de problema público. Esta modalidad de conformación de agenda remite a lo que Guzmán (2001) denomina modelo de iniciativa externa. Los movimientos y las organizaciones de mujeres son fundamentales para convocar y agrupar a quienes están en desventaja, ya que la acción colectiva es la estrategia básica para obtener poder y autonomía individual, es decir, empoderamiento en términos de las políticas con perspectiva de género (León, s/d).

De acuerdo con Ferree et al. (2002), la inclusión popular privilegia la “doble visión” de quienes son “extraños dentro” del sistema: en la medida en que existan mecanismos de consulta abiertos y asiduos, la interlocución entre el Estado y la sociedad civil permitiría una política de presencia de las voces y los intereses de mujeres, especialmente de quienes han estado marginadas y situadas por fuera de la elite política.

Si las políticas con perspectiva de género consideran que la organización colectiva de las mujeres es primordial para el propio proceso de elaboración de los planes de acción, la transversalización presupone, como desarrollamos a continuación, el reconocimiento de que las propias políticas públicas así como la estructura del Estado presentan sesgos de género.

II. 3. Políticas de transversalización de género

En palabras de Rees (2005), las políticas de gender mainstreaming (cuya dificultosa traducción sería transversalización de género) consisten en “la promoción de la igualdad de género mediante su integración sistemática en todos los sistemas y las estructuras, en todas las políticas, los procesos y los procedimientos, en la organización y su cultura, en las formas de ver y hacer” (560; énfasis propio). De esta forma, la igualdad de género sería un criterio que daría forma y significado a las políticas y la institucionalidad del Estado. Por ello es que, desde el enfoque de la transversalización, cobra relevancia la idea de un Estado imbuido de una lógica de género. Siguiendo a Acker (1990):

En otras palabras, asumir la perspectiva de la transversalización de género en las políticas públicas significa que las construcciones culturales en torno a lo femenino y lo masculino están cristalizadas en las estructuras y las prácticas del propio Estado. De esta forma, las relaciones entre varones y mujeres son asimétricas ya que se despliegan en el marco de reglas y procedimientos androcéntricos, donde los elementos simbólicos del mundo cultural femenino están subordinados y devaluados respecto de los masculinos (Acker, 1990).

En consecuencia, la institucionalidad del Estado y las desigualdades de género están inexorablemente imbricadas: a través de sus regulaciones y de sus jerarquías, el Estado construye estas desigualdades y, asimismo, refracta y reproduce desigualdades socialmente existentes, amplificándolas e imprimiéndoles nuevos significados (Connell, 1990). Habida cuenta de estas consideraciones, el fin último de las políticas de transversalización es transformar los estándares asociados con la masculinidad y la feminidad así como su desigual valoración cultural, de modo tal de cambiar las inercias de género sedimentadas en el apartado estatal y perpetuadas mediante sus regulaciones e intervenciones (Rees, 2005).

En otras palabras, a la larga, es preciso modificar un Estado culturalmente edificado a partir de jerarquías de género. Es decir, las mujeres lograrían ejercer más plenamente sus derechos sociales, civiles y políticos si se producen transformaciones en la lógica generizada masculina del Estado (Britton, 2000). Se presupone, entonces, que las acciones orientadas a modificar los sesgos de género institucionalizados en el aparato del Estado son un paso previo para poder combatir la inequidad socialmente existente. En particular, y tal como su nombre lo denota, la transversalización intenta incorporar una visión de género en las políticas clave del Estado como son las económicas, y de inversión, tradicionalmente ajenas a las

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“Afirmar que una organización, o cualquier otra unidad analítica, está generizada significa que las ventajas y las desventajas, la explotación y el control, la acción y la emoción, los significados y las identidades, cobran forma a través, y en términos de, una distinción entre varones y mujeres, y entre masculino y femenino. El género no es un proceso que se añade a otros ya en curso concebidos como neutrales. Por el contrario, es una parte integral de estos procesos que no pueden ser adecuadamente comprendidos sin un análisis de género” (Acker, 1990: 146).

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problemáticas de las relaciones entre varones y mujeres a pesar de su indiscutible relevancia en la distribución de recursos.

Respecto de la concepción de género de las políticas de transversalización, Rees (2005) sugiere que, en términos normativo-ideales, hay un especial interés en dar cuenta de las múltiples desigualdades mutuamente imbricadas con el género, como las de clase, raza y etnia entre otras (Hill Collins, 1999).

Las políticas de transversalización incorporan a los varones y sus necesidades particulares como destinatarios de las políticas (Rees, 2005). Después de todo, las vidas de las mujeres no cambiarán si no cambian las de los hombres. A título ilustrativo, por ejemplo, para que la conciliación entre el empleo y la vida familiar implique una mayor responsabilidad de los varones en el cuidado y en la vida doméstica, las políticas de empleo deberían acompañarse de regulaciones que los afecten directamente. Precisamente, algunos países europeos cuentan con licencia de paternidad extendida, la cual es además bonificada con un monto económico extrasalarial (Pascall y Lewis, 2004).

Un nuevo paradigma de política y esfera pública

Algunas investigadoras afirman que las políticas de transversalización de género implican un cambio de paradigma de gestión. En primer lugar, la transversalización debería acompañarse de ámbitos de inclusión democrática. Squires (2005) expresa que, en la medida en que la desigualdad de género esté considerada junto con otras desigualdades sociales, la consecuente pluralidad de problemáticas requiere de mecanismos de discusión diferentes a los enmarcados dentro de estructuras burocráticas. De allí que serían necesarios espacios de deliberación inclusiva amplificados: “Lo que los demócratas de la deliberación ofrecen a las teorías de la transversalización de género es una preocupación por la calidad y la forma de compromiso entre los ciudadanos y los foros participativos, enfatizando en particular la importancia de la igualdad política y la inclusividad, y la importancia del diálogo sin restricciones. Los demócratas de la deliberación al igual que los teóricos de la transversalización de género sugieren que si el proceso de elaboración de decisiones es inclusivo y el diálogo irrestricto, entonces es más probable una extensa comprensión de las diferentes perspectivas planteadas. De este modo, es posible obtener una mayor aceptación de resultados por parte de los participantes” (Squires, 2005:381).

Las redes de organizaciones ofrecen una plataforma desde la cual impulsar el debate y la elaboración de acciones de transversalización de género. A través de estas redes circula información y tiene lugar el proceso de identificación de problemas sociales, de formación de problemas de agenda y de toma de decisión. En la medida en que las mismas estén integradas por actores disímiles, es posible contar con comunidades epistémicas (Incháustegui Romero, 1999), es decir, comunidades de generación y debate de conocimiento constituidas entre el Estado,

las expertas y los movimientos de mujeres.

Respecto de la gestión pública, la transversalización de políticas supone mecanismos más horizontales al interior del Estado a efectos de visualizar problemáticas de género en la totalidad de las áreas de intervención. Ello demanda capacidades sinérgicas, usualmente asociadas con estructuras menos jerárquicas y grupos de trabajo denominados integradores. En definitiva, la transversalización implicaría mayores grados de articulación en redes intra-burocráticas más que un Estado con una alta diferenciación funcional y jerárquica.

A propósito, una vieja propuesta del feminismo de las organizaciones es, precisamente, una estructura institucional más flexible, con jerarquías más achatadas y una débil diferenciación funcional que de paso a una interacción colegiada (Ferree y Martín, 1995). La transversalización en la elaboración y ejecución de las políticas públicas recoge este enfoque, puesto que sus acciones deberían acompañarse de un contexto organizacional “orgánico” que permita marcos políticos creativos.

Las desigualdades de género, en constante flujo y redefinición, demandan un escrutinio permanente que sería menos probable en contextos burocráticos tradicionales centralizados y gestionados con procedimientos formales poco proclives al cambio (Squires, 2005).

III. Dificultades, tensiones y efectos paradójicos de las políticas

Tabla 1: Comparación y valoración de las políticas con sensibilidad de género Ejes principales

Políticas de acción afirmativa

Políticas para la mujer

Políticas con perspectiva de género

Políticas de transversalización de género

Aspectos definitorios

. Promueven la inclusión femenina en ámbitos decisorios del Estado sexual ������ del trabajo desigual que

. Las mujeres tienen necesidades propias en el marco de una división

. Las relaciones de género entre varones y mujeres están basadas en asimetrías �������������� de poder por lo cual, para lograr una mayor

. Las políticas de género son sistémicas: deben estar presentes en el conjunto de ������ la institucionalidad del Estado . El género es un

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Es poco común observar una relación unívoca y lineal entre el diseño de las políticas públicas, su implementación y sus resultados. De acuerdo con Portes (2000), es posible identificar consecuencias no esperadas, efectos emergentes e impactos imprevistos de las intervenciones públicas. En este sentido, los contextos de implementación son clave para entender cómo y por qué razones una política puede eventualmente promover situaciones disímiles a las inicialmente propuestas o aún contrarias a sus propósitos. Precisamente, en este apartado exploramos, para cada una de las políticas anteriormente discutidas, los efectos no deseados y paradójicos que las mismas suelen acarrear, lo cual debería hacernos más sensibles a las contingencias del terreno y al propio azar de las interacciones sociales.

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deben ser atendidas

equidad, es preciso transformar la división sexual de trabajo

sistema de niveles múltiples que entra en intersección con raza y clase

Objetivo específico

. Lograr aumentar el número de mujeres en las jerarquías

. Lograr conciliar el trabajo y la familia, o el papel dual de las mujeres mediante políticas compensatorias

. Empoderamiento de las mujeres y transformación de las relaciones de poder y autoridades en las familias, la escuela y el trabajo

. Integrar la perspectiva de género en la totalidad de las políticas públicas

Críticas

. Reducción del género a la presencia numérica de mujeres . Remedio o tratamiento paliativo de las discriminaciones

. No cuestionan la asimetría de poder de la división sexual del trabajo . Reducen las necesidades de las mujeres a compensaciones . No integran a los varones

. El género como un sistema de múltiples niveles de desigualdad excede a la división sexual del trabajo y, por tanto, no son suficientes las acciones relativas al empoderamiento de mujeres . Si bien parte del supuesto del género como categoría relacional, no ha fomentado acciones activas de trabajo con los varones

. Las cuestiones de género pueden perder especificidad al colocarse entre otros objetivos de políticas públicas . Al transversalizarse, puede ocurrir una pérdida de espacios institucionales propios

Aportes

. Cuestiona la composición de las jerarquías . Fomenta políticas explíticas de acceso

. Históricamente, representó un primer paso en identificar problemas relativos a la posición de desventaja de las mujeres

. Coloca al poder en el centro de las acciones de las políticas públicas . Las necesidades de las mujeres aparecen inscriptas en el marco del ejercicio de derechos y de su participación social y política

. El Estado es un actor clave en la construcción del sistema de desigualdad de género . No hay equidad si no hay una transformación de los términos culturales del Estado

Efectos no esperados

. Encapsulamiento de las necesidades y los derechos de las mujeres a sus números en la jerarquía del Estado

. Clara reproducción de la subordinación femenina . Reducción de las necesidades de las mujeres a las de sus hijos y familias

. En algunas prácticas, se reducen las complejas cuestiones de empoderamiento a asuntos actitudinales de psicología individual . Las políticas de género quedan aisladas de otras políticas públicas centrales del Estado

. Evaporación de la política . Uso ceremonial y tecnocrático que toma el lenguaje de equidad de género pero poco apunta a transformar la sustancia de las relaciones . Captura de los actores más dinámicas de los espacios deliberativos

Fuente: Elaboración propia

Las políticas de acción afirmativa procuran remediar injusticias mediante la corrección en los resultados de los procesos de discriminación manifestados en la escasa representación de mujeres en las jerarquías institucionales. Con todo, al centrarse en los resultados, estas políticas poco podrían hacer respecto de los procesos valorativos de orden macro-social que reproducen las creencias culturales de género sobre las cuales se edifican las jerarquías entre varones y mujeres (Ridgeway y Correll, 2004). En efecto, si una mayor participación femenina en las jerarquías implica, además, la representación sustantiva de los intereses de mujeres, esto es una cuestión netamente empírica y no un requisito impuesto por estas políticas. Htun (2002) sugiere, no obstante, que la expansión de la presencia de mujeres en las legislaturas nacionales ha resultado primordial en la promoción de una agenda sensible a los derechos de mujeres en América Latina.

Una aguda crítica a la acción afirmativa es elaborada por Rees (2005), para quien estas políticas ignoran la discriminación institucional presente en el Estado, es decir, los sesgos de género existentes en las estructuras, los procedimientos y las culturas de las organizaciones públicas. Los cambios demográficos en las jerarquías institucionales serían meramente superficiales y, por ende, re-absorbidos sin consecuencias sustantivas sobre la equidad en la medida en que el Estado permanezca generizado.

Aún con estas críticas en mente, es preciso recuperar la noción de que la representación numérica supone un reconocimiento social al derecho a participar de grupos previamente excluidos. Por cierto, el riesgo es, de acuerdo con Britton (2000), reducir el reconocimiento de la identidad de las mujeres a una cuestión únicamente nominal: si las relaciones de género corresponden a la proporción de mujeres y varones en las jerarquías, se pierden de vista las asimetrías de poder de toda relación social. Sin embargo, y admitiendo que los estereotipos desplegados en la interacción cotidiana entre varones y mujeres están presentes entre quienes

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III. 1. Las políticas de acción afirmativa: ¿re-segregación o transformación por demografía?

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toman decisiones, la mayor presencia femenina entre las jerarquías adquiere un valor simbólico por su potencial de remover prejuicios de género (Kanter, 1977).

En este sentido, la presencia de mujeres en espacios políticos formales constituye un punto de influencia para los y las interesadas en promover temáticas de igualdad de género, lo que se correspondería con un modelo de acceso interno de políticas públicas (Guzmán, 2001). Esto se ha visto reflejado en la conformación de alianzas con el fin de promover leyes de interés de mujeres (Htun, 2002). Alternativamente, los asuntos de la agenda formal pueden, mediante una mayor presencia femenina en el Estado, incorporarse a una agenda pública a fin de incrementar su visibilidad y, así, ampliar sus posibilidades de aprobación. En consecuencia, las políticas de acción afirmativa podrían disparar lo que Guzmán (2001) denomina un modelo de movilización en torno a la formulación de agendas y políticas donde un actor político (por ejemplo, una legisladora) busca obtener apoyo público en organizaciones de la sociedad civil en pos de la aprobación de una determinada iniciativa.

Finalmente, los resultados de las políticas de acción afirmativa indirectas parecerían ir más allá de la presencia numérica de mujeres. Como fue mencionado, estas políticas suponen revisar, por ejemplo, las prácticas informales y formales de selección o promoción de aspirantes en las organizaciones con el propósito de aumentar la participación jerárquica de mujeres (Sheridan, 1998). En los hechos y paradójicamente, estas políticas han abierto la puerta a acciones de género más amplias, como las de “igual valor por igual trabajo”.7

III. 2. Los cambios en las políticas en contextos de ajuste estructural

Las políticas para la mujer, con su énfasis puesto en el papel (tradicional) de los sexos respecto de las tareas remuneradas y no remuneradas despiertan duras críticas porque, en definitiva, legitiman la desigualdad de género. Las necesidades de las mujeres son conceptuadas como problemas a paliar y no como el resultado de intersecciones de desventajas acumuladas (Rees, 2005).

En América Latina, estas políticas han sido desplegadas en el marco de las políticas sociales de “combate a la pobreza”. Estas últimas consisten en programas con beneficios a término y atados a requisitos de elegibilidad. Tienen un carácter altamente focalizado y están desligadas de las políticas económicas y de empleo más estratégicas. Además, estas políticas utilizaron el enfoque del maternalismo como un pilar organizador de su instrumentación: las mujeres son ejecutoras porque su “papel” de madre es visualizado como fundamental en la consecución de los objetivos del programa —aunque no necesariamente para las propias mujeres (Molyneux, 2006)—.

Las políticas anti-pobreza supusieron que las destinatarias fueran “co-responsables” en la ejecución, lo cual implicaría un proceso simultáneo de cambio de “actitud” para lograr superar su “dependencia” del Estado (Daeren, 2004; Molyneux, 2006; Schild, 2000).8 Puesto que estas políticas no se diseñaron con un propósito de movilidad social e integración, se produjo una desafortunada alquimia: las desventajas de las mujeres socialmente excluidas fueron construi-

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das como “patologías sociales” y “situaciones extremas”, estigmatizando así a las mujeres por su propia pobreza (Álvarez, 1999; Di Marco, 2005). Incluso, las destinatarias de las políticas fueron concebidas como “ciudadanas de mercado” y no como sujetos con derechos universales (Schild, 2000). Los crecientes niveles de pobreza, la baja capacidad de las economías de generar empleo, y las modificaciones sociales en la estructura familiar, no fueron interpretadas como manifestaciones propias de la desigualdad de género que afectó, en particular, a las mujeres pobres.

Algunas investigaciones señalan que, dado el enfoque maternalista adoptado, estas políticas significaron una sobrecarga de las tareas de las mujeres y una verdadera “jornada redonda” (Daeren, 2004; Molyneux, 2006). Las destinatarias fueron un engranaje en la implementación de las intervenciones públicas, pasando a constituirse ellas mismas en proveedoras de servicios sociales para las familias y sus comunidades, otrora en manos del Estado y cuyo acceso se restringió al transferirse al mercado. Las oportunidades para la transformación de la desigualdad en la esfera doméstica se desvanecieron, al no cuestionar las asimetrías de poder en las tareas no remuneradas y dejar a los varones por fuera de toda consideración programática.

Además, la ciudadanía femenina parecería confinarse a un asunto meramente instrumental, ya que la misma se produciría únicamente si las mujeres resultaran ser co-ejecutoras de programas. En tal sentido, las necesidades de las mujeres no adquirieron identidad propia y quedaron subordinadas a las necesidades de los otros (ya sean los hijos, la familia e incluso los ejecutores de programas­).

Con todo, aunque en forma involuntaria y bajo ciertas circunstancias, algunas de estas políticas anti-pobreza lograron impulsar micro prácticas de ejercicio de derechos. En efecto, Daeren (2004), Montaño et al. (2003) y Garzón de la Rosa (2006) identificaron procesos de desarrollo de ciudadanía femenina en el marco de la capacitación colectiva y las acciones comunitarias que fueron promovidas a partir de algunas de estas políticas sociales. En resultados preliminares de investigación, Di Marco et al. (2006) amplían esta visión proponiendo que la calidad de las instituciones en las cuales se albergan y despliegan los procesos de capacitación y trabajos comunitarios deriva en procesos disímiles de ejercicio de derechos.

Aquí resulta clave la difusión de los discursos de género y derechos en los niveles territoriales del Estado y en las organizaciones de la sociedad civil. Podemos argumentar, entonces, que se conforman diferentes regímenes institucionales de género por la propia heterogeneidad del Estado que, en ocasiones, desafían las visiones restringidas impuestas desde las políticas para las mujeres (Rodríguez Gustá, 2007).

Inversamente, en algunas ocasiones, las políticas concebidas desde la perspectiva de cambio social de la visión relacional de género, fueron tergiversadas cuando la participación de organizaciones de mujeres resultó ceremonial y no sustantiva (Craske, 2000). A propósito, Álvarez (1999:192) resume esta mutación en los siguientes términos: “Entre los miembros del staff de las maquinarias de mujeres del gobierno que entrevisté, el género parece haberse tornado parte del léxico de

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la planificación técnica, un indicador neutro de poder de la “modernidad” y el “desarrollo” más que un campo teñido de poder de relaciones desiguales entre mujeres y varones”.

Si bien las políticas con perspectiva de género han fomentado el desarrollo de planes sectoriales e incluso nacionales de igualdad de oportunidades, en América Latina, su grado de avance práctico ha estado condicionado por la vulnerabilidad de la institucionalidad frente a los cambios de gobierno, las presiones de la iglesia católica y los ajustes en el gasto fiscal (Gray, 2004; Montaño, 2003; Zaremberg, 2004).

III. 3. Pérdida de sentido, tecnocracia y captura

La capacidad de impulsar políticas de transversalidad de género representa un verdadero desafío porque demanda una articulación política e institucional virtuosa. En primer término, el Estado precisa de capacidades burocráticas afinadas destacándose, entre otras, las prácticas formalizadas de planificación, la presencia de personal estable y entrenado, así como instancias de coordinación y articulación continuas (Rees, 2005). A su vez, es preciso contar con la capacidad de establecer objetivos estratégicos, construir indicadores y metodologías de seguimiento, e introducir prácticas flexibles para la contratación de expertas en los diversos temas que afectan la desigualdad de género (Beverdige et al., 2000).

Más allá de estos aspectos que atañen a la gestión interna del Estado, las políticas de transversalización de género adquieren un sentido sustantivo solamente si están acompañadas por redes sociales capaces de nutrir la formulación de las políticas públicas (Squires, 2005). Por ello, estas políticas demandan modalidades activas de articulación con la sociedad civil así como la apertura de lazos de decisión y comunicación propios de redes de organizaciones.

Respecto de las experiencias de transversalización en la región, los denominados Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG) de Chile posiblemente constituyan el ejemplo más acabado. Estos Programas han permitido al Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) un verdadero “antes y después” en cuanto a su trabajo de coordinar con otros organismos la adopción del enfoque de género (Alvarez San Martín, 2007). A pesar de ello, las instancias participativas con los movimientos de mujeres aún son su punto más débil (Richards, 2002). Con todo, las experiencias municipales son más frecuentes, destacándose la ciudad de Montevideo (en Uruguay), y Morón y Rosario en Argentina (Provincia de Buenos Aires y Santa Fe respectivamente), donde existen espacios de consulta deliberativos con las redes territoriales de mujeres.

Evaporación de la política

Como afirman Moser y Moser (2005), las políticas de transversalización de género pueden “evaporarse”, entre otros factores, por la escasez de recursos o la presencia de culturas institucionales adversas a la igualdad y, en particular, por el tratamiento de la equidad de género como un asunto encapsulado de política.

Esta evaporación es más plausible de ocurrir cuando las maquinarias de género

son vulnerables. En América Latina, los organismos de género no cuentan con suficiente autoridad jerárquica respecto de los otros segmentos del Estado. Adicionalmente, en ausencia de un equipo técnico entrenado, estable y comprometido con la tarea, es difícil cumplir con los requisitos de la transversalización.

Por su parte, en la región, el propio proceso de planificación de políticas públicas está débilmente institucionalizado y poco formalizado, con las excepciones de Chile y de Brasil (Iacoviello y Zuvanic, 2006; Iacoviello y Rodríguez Gustá, 2006), lo cual atenta contra la naturaleza sistémica de la transversalización.

Deben agregarse, además, fallas en la disponibilidad de información válida, actualizada y comprehensiva del conjunto del Estado. Si las organizaciones no recopilan información asiduamente, y, además, no tienen mecanismos de difusión entre la ciudadanía, la probabilidad de construir indicadores de género y hacerlos transparentes para su escrutinio por parte de la sociedad civil es baja, aún cuando exista compromiso político con la equidad. Además, en vistas de que el análisis de género en el presupuesto está considerado como un instrumento fundamental de la transversalización (Rees, 2005), las debilidades en la planificación son un obstáculo de envergadura para que los gobiernos efectivamente puedan adoptar esta perspectiva.

Actualmente, son muchos los gobiernos que manejan un lenguaje de género.

Con todo, existe una amplia brecha entre “las concepciones y comprensiones sobre el tema que tienen los/as integrantes de las oficinas y las autoridades y funcionarios del resto de los sectores del Estado”, a lo que se sumaría “la distancia e incluso las contradicciones entre los discursos de las autoridades y funcionarios y sus prácticas institucionales” Guzmán (2001:7).

En varias ocasiones, los términos igualdad de género y transversalización serían una pantalla de “humo y espejo” (Meyer y Rowan, 1977), al emplearse en forma ceremonial y ritual y carecer de significado real sobre las actividades del Estado.

En particular, el hecho de iniciar acciones orientadas a transformar el comportamiento de los varones acarrea enormes tensiones, por lo que se los incorpora de forma mecánica, sin politizar su presencia en las acciones estatales ni cuestionar cómo, en los hechos, estos actores pueden desarrollar relaciones de poder alternativas a las establecidas. A efectos de evitar la pérdida de sentido, Rees (2005) destaca la relevancia del compromiso político de quienes deciden y ejecutan políticas públicas. Ello evitaría que la transversalización de género resulte, eventualmente, en un significante vaciado de contenido susceptible de ser maleable en diferentes contextos y, por ende, desvirtuado.

Connell (1990), por su parte, señala que el Estado es, esencialmente, un terreno de conflictos y de negociación, donde grupos privilegiados de varones podrían movilizar sus intereses en contra de una mayor igualdad de género. La incorporación de las temáticas de género en las políticas poco tiene de consensual y lineal porque afecta intereses diversos –dentro y fuera del Estado–. En consecuencia, la pérdida de sentido podría tratarse de una estrategia que busque evitar una ver-

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La pérdida de sentido

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dadera transformación. En esta dirección, aún faltaría identificar quiénes serían los “porteros” (gatekeepers) que promuevan, en términos sustantivos, políticas de transversalización en pos de una mayor equidad (Connell, 2005).

El riesgo tecnocrático

Al examinar experiencias nacionales europeas, Daly (2005) concluye que existe un proceso de “embudo” y “selectividad” que desplazaría el compromiso sustantivo con la transversalización por cierto tecnicismo en la implementación de las políticas. Así, la transformación de los estándares de género sería reducida a la generación de estadísticas desagregadas por sexo y a un análisis de impacto de las acciones de política, distanciado de la realidad cotidiana de los sujetos.

Ello ocurre cuando la transversalización se despliega en el marco de lo que Beverdige et al. (2000) denominan “burocracias expertas”, conformadas por especialistas en temas de género, más que en instancias “participativas-democráticas” que involucrarían un rango de organizaciones y mujeres de disímil extracción social.

En definitiva, se trata aquí del desplazamiento de una racionalidad sustantiva o material donde importa la equidad y los principios de justicia por otra racionalidad formal en la que prima el cumplimiento de la norma como principio de acción abstracto (López Novo, 1994).

El riesgo de la captura

Como fue mencionado, las políticas de transversalización de género requieren de un espacio público con ideas y participantes diversos, y además, con continuidad temporal. En la práctica, no obstante, existen importantes impedimentos que atentan contra su conformación. Como lo resume Guzmán (2001): “(...) no todos los sujetos que participan en este proceso cuentan con los mismos recursos, ni tienen las mismas oportunidades para acceder a los espacios donde se debaten las agendas. Tampoco los distintos espacios están abiertos de manera similar a los diversos tipos de problemas... En efecto, los espacios públicos erigen barreras a la incorporación de algunos temas y sujetos sociales.

Desde su interior se ejercen presiones para excluir a los actores más débiles o divergentes y los criterios de prioridad hegemónicos llevan a considerar algunos problemas en menoscabo de otros” (12; énfasis propio).

A propósito, las redes de mujeres no constituyen un todo homogéneo y ello se refleja, por ejemplo, en las divergencias entre grupos de mujeres de base y ONGs. En particular, Álvarez (1999) señala la tensión existente entre las ONGs profesionales, expertas en temas de género y consultoras del Estado, con trabajo técnico de tiempo completo, por un lado, y las organizaciones “de base” de mujeres, inorgánicas, fluctuantes y dependientes de otras actividades para su supervivencia.

La creciente labor puramente técnica de las ONGs afectaría, de acuerdo con esta autora, el desarrollo de un trabajo conjunto con mujeres populares en territorios vulnerables, y así impediría que la visión de estas últimas sea conocida, represen-

tada e incorporada al momento de diseñar políticas.

Además, existen importantes asimetrías en las oportunidades de acceso al espacio público (Craske, 2000). En efecto, varias ONGs reciben, para su subsistencia, financiamiento oficial. Desde el ángulo de la representación de las ideas, existe el riesgo de que sean convocadas las ONGs que están en sintonía con el discurso dominante. Asimismo, ciertas ONGs son más aptas para captar fondos y conseguir financiamiento internacional, por lo que saben “empaquetar” sus proyectos y, por ende, instalar sus ideas, mientras otras no cuentan con estas ventajas.

A partir de estas observaciones, es posible que un segmento de mujeres organizadas presente mayores habilidades para dialogar con el Estado y plasmar sus intereses en la definición de los problemas de política. La representación en nombre de otros grupos resulta más complicada de garantizar, habida cuenta de la actual variedad de feminismos (Vargas, 2001). Estas cuestiones invitan a reflexionar si la variedad de voces e intereses de las organizaciones de mujeres está representada y si, aún las temáticas de género, no podrían ser definidas sólo desde la perspectiva de algunos grupos específicos con ciertas ventajas estructurales.

El recorrido realizado sugiere que las medidas orientadas a promover la equidad de género requieren múltiples factores, como lo son un mayor número de mujeres en las jerarquías institucionales, organizaciones de mujeres activas y con liderazgo en el plano de las ideas, y funcionarios y funcionarias con conocimiento en temas de género capaces de plasmarlo en políticas. Además, la interlocución con las organizaciones de mujeres presupone modalidades ampliadas de articulación entre el Estado y la sociedad civil. En esta dirección, si bien el menú de políticas con sensibilidad de género parece diverso, ninguna política tomada aisladamente produce resultados óptimos.

En tal sentido, cabe la pregunta: ¿qué aspectos de cada una de estas políticas podrían combinarse en una plataforma de política más potente? La respuesta no es unívoca. En efecto, por un lado, las políticas para la mujer son las más problemáticas desde el punto de vista de la justicia de género, por lo cual es difícil extraer conclusiones que rescaten aspectos selectivos más allá de valorar su aporte histórico por haber reconocido que las mujeres tienen necesidades especificas. Pero, como hemos visto, las políticas con perspectiva de género son las que realmente imprimen un sentido más amplio a la noción de necesidad.

Por otro lado, las políticas con perspectiva de género y las acciones afirmativas podrían ser instrumentos de la transversalización, cuyo valor reside precisamente en su planteo sistémico acerca de la totalidad de las acciones del Estado. En efecto, cuestiones como el acceso de un mayor número de mujeres a las jerarquías político-institucionales, la presencia de maquinarias de género adecuadamente financiadas, la disponibilidad de información desagregada por sexo, la construcción de ámbitos de consulta y la articulación con las organizaciones de mujeres, son requisitos esenciales para que las políticas de transversalización sean exitosas.

Finalmente, la formulación de los problemas de políticas, los diseños de obje-

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IV. Conclusiones

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tivos e instrumentos así como la dinámica de la ejecución, han sido territorios no siempre en armonía entre el Estado y sus expertas, los movimientos feministas, los grupos de mujeres y los organismos de financiamiento internacional. Los mecanismos institucionales de género no han estado exentos de críticas, entre otras razones, por desmovilizar los movimientos de mujeres e incluso desvirtuar los proyectos más radicales de transformación social.

A pesar de ello, como lo demuestra Franceschet (2003:14), a propósito del SERNAM en Chile, estas maquinarias difunden discursos de género, en particular, “un discurso de derechos de las mujeres e iniciativas de política” a partir de los cuales las organizaciones de mujeres pueden movilizarse e interpelar al propio Estado.

Análogamente, las divergencias entre redes feministas locales y globales y las expertas gubernamentales (e internacionales) no han impedido la conformación de redes temáticas (issue networks) que han traído avances cruciales para la región en términos de derechos de mujeres (Craske, 2000; Gray, 2004; Guzmán, 2003).

En síntesis, las políticas con sensibilidad de género requieren, simultáneamente, de Estados capaces así como de una sociedad civil más diversa y organizada. Los intereses y las preferencias de las mujeres no son cuestiones fijas a priori, sino que emergen de procesos políticos dinámicos. En el mismo sentido, las políticas no son acciones estáticas, sino que sus efectos pueden ser disímiles a los originalmente previstos por lo cual el doble monitoreo del Estado y de los movimientos de mujeres es un imperativo normativo así como un requisito de gestión.

Referencias

1. Agradezco los sugerentes comentarios de Mariana Caminotti, Valeria Llobert y Andrea Voria a versiones anteriores de este trabajo. Las opiniones aquí vertidas son de exclusiva responsabilidad de la autora.

2. Una compleja excepción a ello es la acción positiva del programa Progresa/Oportunidades, donde las madres reciben un monto adicional monetario para garantizar la educación de las niñas (Molyneux, 2006).

3. En Europa occidental, estas políticas se han traducido, primordialmente, en temáticas relativas a la regulación sobre el empleo (Walby, 2005).

4. WID significa Women in Development y GAD Gender and Development (Para la evolución conceptual y terminológica, véase Rathgeber, 1989).

5. Existe un abundante cuerpo de literatura que caracteriza este tipo de política. Por ejemplo, véase Astelarra (2004), Incháustegui Romero (1999), Di Marco (2005) y Pascall y Lewis (2004) (por su aplicación en Europa).

6. Para clarificar con otro ejemplo tómese el tratamiento de la violencia doméstica. Las políticas hacia las mujeres enfatizan la necesidad de su pronta denuncia así como la obligatoriedad del Estado en ofrecer refugios adecuados. En una perspectiva de género, las políticas compartirían estas acciones pero, esencialmente, cuestionarían el problema como una violación a los derechos humanos (de acuerdo con la Conferencia de Viena de 1993), sugiriendo, además, otras intervenciones en un organización familiar que genera violencia y acentuando las prácticas de prevención (Bustelo y Lombardo, 2004).

7. Las políticas de igual trabajo por igual valor (comparable worth) implican, en contextos altamente segregados por género, el valorar las tareas que realizan los cargos ocupados, mayoritariamente, por las mujeres, al: a) tornar visibles el conjunto de acciones ejecutadas, b) de-construir la diferencia trabajo secretarial versus trabajo gerencial, y c) hacer posible la movilidad entre puestos feminizados hacia puestos jerárquicos (usualmente ocupados por varones). La estrategia de igual trabajo por igual valor conlleva a una profunda revisión de las descripciones de puestos (Acker, 1989).

8. Cabe señalar que este lenguaje sobre cómo debería ser la arquitectura de instrumentación de las políticas sociales, forjado por el Banco Mundial, paradójicamente, parecería converger con los principios básicos de la Plataforma de Acción de Beijing: énfasis en las mujeres jefas de hogar, aumento de la participación de las mujeres en los procesos de decisión comunal, y extensión de créditos y subsidios para las mujeres.

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Recibido: 18/05/08. Aceptado: 26/06/08

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Familia, sexualidad y género en los años 60. Pensar los cambios desde la Argentina: desafíos y problemas de investigación* Isabella Cosse Isabella Cosse es Licenciada en Historia por la Universidad de la República (Uruguay), Magíster en Ciencias Históricas y Doctora en Historia por la Universidad de San Andrés.

Mail: icosse@mail.retina.ar.

resumen

summary

palabras claves

keywords

historia / Argentina / años sesenta / familia / revolución sexual

The analysis of the changes in the customs, the family models and the sexual morality in the Argentina of the 60s needs to think research strategies and approaches to discuss the interpretations for the United States and European countries depending on the specificities of the Argentine case. This position helps to understand the peculiarities of the process of change in these latitudes and to find a Latin American perspective.

With this goal, this article analyse two problems. First, I explain that Argentine process has been marked by an implicit or explicit comparison with the process in The United States and Europe and I discuss the effects of this perspective. Secondly, I analysis the importance of the traditionalist actors and I describe the moderate character of the break in the sexual morality in the Argentina of the 60s.

This examination shows the peculiar and distinctive features of the changes in the Argentina.

Thus, it offers an input to advance in the formulation of interpretive frames to understand the changes that in the last thirty years have modified radically the ways of living in family.

history / Argentina / the sixties / family / sex revolution

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La comprensión de los cambios en las costumbres, los modelos familiares y la moral sexual requiere pensar estrategias y enfoques de investigación que discutan los antecedentes para Estados Unidos y Europa en función de las especificidades del caso argentino y que, de ese modo, contribuyan a entender las peculiaridades del proceso de cambio en estas latitudes y aporten a una perspectiva latinoamericana.

Con esa intención, este artículo analiza dos problemas. En primer término, se plantea que las interpretaciones sobre el proceso argentino han estado marcadas por una comparación implícita o explícita con el proceso en Estados Unidos y Europa, discutiéndose los efectos de esta perspectiva. En segundo lugar se analiza la importancia del peso de los actores tradicionalistas y el carácter moderado de la ruptura en la moral sexual en la Argentina de los años 60.

El examen de estos problemas pone de relieve los rasgos peculiares y distintivos de las transformaciones en la Argentina y, de este modo, ofrece un insumo para avanzar en la formulación de marcos interpretativos para comprender los cambios que en los últimos treinta años han modificado radicalmente las formas de vivir en familia.

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1. Introducción

A escala mundial los años 60 inauguraron transformaciones en los más variados planos de la vida de las personas que tuvieron especial significación en el de las formas de organizar la vida cotidiana, los modelos familiares y los criterios relativos a la moral sexual. De acuerdo con los antecedentes de investigación, en países como Estados Unidos, Inglaterra y Francia las uniones consensuales aparecieron como una alternativa al matrimonio y el divorcio perdió su condición vergonzante; las relaciones familiares fueron concebidas desde nuevos parámetros, entre los cuales cada vez tuvo mayor peso la libertad personal y la autenticidad, y emergió un nuevo paradigma de crianza de los hijos: progresista, centrado en los niños y contrario a la disciplina; las mujeres reclamaron condiciones de igualdad, la crisis de la ética del hombre proveedor dio lugar la reformulación de la identidad masculina y la sexualidad se desligó de la unión conyugal (Rothman, 1984:308-330; Ehrenreich et al., 1987; Gordon, 1990; Singly y Cicchelli, 2004:417-464; Segalen, 1992).

Sin embargo, la significación de estos cambios ha sido discutida. Los propios estudios para Estados Unidos y Europa han cuestionado sus alcances, desde diferentes puntos de mira. Por un lado, desde lecturas sociológicas o demográficas, se considera que los controles sexuales más que relajarse se redefinieron, que el matrimonio siguió siendo una opción mayoritaria, que la cohabitación se convirtió en una fase de prueba hacia el matrimonio, que la pauta de unión estable persistió como marco ideal de la procreación y que, finalmente, las parejas homosexuales terminaron por reivindicar la estabilidad del vínculo y los derechos a formar una familia legítima (Bozon, 2002:45; de Singly y Cicchelli, 2004:427-451; Roudinesco, 2003:195).

Por otro lado, desde ciertas posturas feministas de tenor militante, se plantea que las transformaciones pasaron por el surgimiento de un mercado del sexo que reforzó la dominación y la marginación de las mujeres, quienes siguieron cargando con las tareas domésticas (referencias a tales posturas en Ehrenreich et al., 1987:3-4 y Cook, 2004:1-3). Ciertamente, las expectativas albergadas por los activistas de la liberación sexual de los años 60 quedaron limitadas. La revolución sexual no cambió drásticamente las relaciones de poder en el capitalismo, ni surgió una sociedad reconfigurada sobre nuevos principios políticos, derivados de una nueva moral sexual, como planteaba el optimismo de Wilheim Reich (1992, 1ª edición 1945) y de Hebert Marcuse (1968, 1ª edición 1953). Tampoco desaparecieron la iniquidad en las relaciones de pareja y la discriminación a las mujeres y a los homosexuales.

Finalmente, en el plano de las políticas públicas en Europa y Estados Unidos la ola liberal y progresiva de los años 60 y de los tempranos 70 fue seguida de una etapa de reacción y conservadurismo en los años 80 (Weeks, 1992:3-6 y 294-312 y D`Emilio y Freedman, 1988:301-330).

De todas formas, estas críticas no impiden resaltar que el clima de los tardíos años 60 y tempranos 70 resulta diferente al dominante después del fin de la segunda guerra mundial, cuando resurgió un impulso familiarista que atacó la permisividad sexual de las décadas previas, expresado en el aumento del promedio de hijos

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por mujer, la reducción de la edad del casamiento y la disminución de las tasas de divorcio. Como han mostrado diferentes estudios, los jóvenes de la posguerra apostaron a la felicidad dada por los moldes de la división de género por la cual la mujer debía realizarse a través de su dedicación al marido, los hijos y el hogar, y el varón hacerlo mediante la capacidad de mantenerlos a través de su trabajo fuera del hogar, mandatos considerados una medida de su éxito y promesa de seguridad, contención y bienestar (Tyler, 1988:301-330). En este panorama, los jóvenes de los años 60 introdujeron un cambio radical en este clima de posguerra.

De todas formas, los resultados de investigación exigen considerar que el impacto de las transformaciones de los años 60 aparece en toda su envergadura poniéndola en relación con el horizonte de 1980, momento en el cual los modelos y las convenciones inaugurados en los años 60 y 70 se consolidaron en nuevas pautas de comportamiento expresadas en tendencias demográficas definidas. Así, en Europa entre 1960 y 1980 la proporción de matrimonios se redujo entre el 30 y el 40% y el divorcio aumentó entre 25 y 35%; en Francia el número de divorcios se duplicó entre 1960 y 1976 y se triplicó hacia 1985; la cohabitación aumentó un 50% entre 1960 y 1970, haciendo que a mediados de esta década el 9,7% de los jóvenes de 18 a 29 años estuvieran cohabitando y que el 44% de las parejas casadas entre 18 y 30 años hubieran convivido antes del matrimonio (Segalen, 1992:133139 y 198; Engelen, 2004:384-387). En Estados Unidos, el divorcio pasó de 2,2 en 1960 a 4% en 1970 y a 5,2 en 1980; entre 1960 y 1980 el matrimonio declinó en un 25%, aumentó la cohabitación previa al matrimonio que se ubicaba en el 3% en 1960 al 11% en 1970 y al 50% en 1980; los nacimientos extramatrimoniales en la población blanca pasaron del 2,3% en 1960 al 5,7% en 1970 y al 11% en 1980 y en la población negra pasaron del 21,6% al 37,6% y al 55,2% para las mismas fechas (Varenne, 1988:435 y 443; Sassler y Goldscheider, 2004:140).

Estos parámetros indican que entre 1960 y 1980 se produjo una transformación amplia de la familia y la sexualidad. Tales cambios mostraban que en países como Estados Unidos y Francia los cimientos de un modelo familiar, de largo predominio en Occidente, comenzó a derrumbarse en los años 60 y 70, etapa en la cual se produjo una ruptura en el plano cultural. El modelo impugnado estaba definido por la entronización del matrimonio como espacio legítimo del amor, la sexualidad y la reproducción, la asunción de un doble patrón moral (que valorizaba la virginidad de las jóvenes solteras y la experimentación sexual de los varones); mandatos articulados con la teoría de las dos esferas separadas, de lo público y lo privado, confinando a las mujeres al dominio de la vida doméstica, al cuidados de los hijos y dotando al varón de la capacidad de acción en el ámbito exterior. Dicho modelo, aquí denominado de la domesticidad, había surgido de un largo proceso originado por la “revolución sentimental” de los siglos XVII y XVIII con la cual se habría producido la reclusión de la familia en el espacio del hogar, convertido en privado, el estrechamiento de los vínculos familiares, el surgimiento de la noción de amor conyugal y un nuevo vínculo entre padres e hijos (Ariès, 1987; Shorter, 1977; Stone, 1990; Rothman, 1984:91-158; Maynes, 2003; Pateman, 1995). De allí que la ruptura de los años 60 y 70 haya significado el inicio de una transformación

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profunda de las bases de la división de género, de la organización familiar y de la moral sexual que cuestionó el sentido común que había dominado durante siglos en las sociedades occidentales.

Claro está que, como han mostrado numerosos estudios, la realidad de la vida familiar con frecuencia escapaba a los mandatos de la domesticidad pero lo cierto es que las columnas vertebrales de este modelo se habían reinstalado en la posguerra y regían las convenciones para el comportamiento de varones y mujeres a principios de los años sesenta cuando los cambios en las costumbres, los estilos de vida y las modas se transformaron en una forma de rebeldía de los jóvenes y cuando las bases de este modelo sufrieron un severo embate (Tyler, 1988; Gordon, 1990:356-362; Kimmel, 1996:384-387).

En resumen, según las investigaciones para los Estados Unidos, Francia e Inglaterra los años 60 y 70 significaron paradigmáticamente cambios de orden cultural que recién se expresaron en las tendencias demográficas en las décadas siguientes.

Esto no significa desconocer la importancia de las rupturas producidas durante este período sino entender la época como una especie de “bisagra” entre el modelo de la domesticidad y la apertura a la aceptación de una diversidad de prácticas familiares, con la aceptación de la jefatura femenina de los hogares, las uniones consensuales, de la cohabitación a prueba y del divorcio, y la aparición de nuevos ideales de género y estilos de relación, con la valoración de la realización profesional de la mujer; el rechazo de la doble moral sexual y la legitimación de la búsqueda de la satisfacción sexual, incluso fuera del matrimonio.

2. Pensar el proceso de cambio desde la Argentina

Suele suponerse que estos cambios tuvieron alcance mundial. Los escasos estudios sobre esta problemática en América Latina exigen considerar que el surgimiento del modelo de la domesticidad estuvo atravesado por los rasgos característicos de las sociedades latinoamericanas, en las cuales las diferencias sociales, culturales y étnicas potenciaron la diversidad de formas de organización familiar y reforzaron el papel jugado por el Estado y las elites políticas e intelectuales en dicho proceso (entre otros, Gonzalbo Aizpuru y Rabell Romero, 1996; Samara, 2001; Barrán, 1990). Estos factores, a los que se sumaron los relacionados con las peculiaridades de la modernización latinoamericana y el peso de la Iglesia católica, hicieron que el modelo de domesticidad se articulara con otros modos de organización familiar.

Para la Argentina, también se ha resaltado esta diversidad de formas de organizaciones familiares (Barrancos, 2001:553-601). Como han descubierto numerosas investigaciones para la época colonial y el siglo XIX, la diversidad de comportamientos familiares se expresó en pautas culturales que suponían liberalidad en los comportamientos sexuales, la aceptación de las uniones consensuales y la escasa segregación de los hijos naturales, vigentes en contextos sociales y culturales muy diferentes, como eran las dinámicas familiares de la pampa húmeda, las poblaciones indígenas y los sectores populares urbanos (Cicerchia, 1994:49-72; Mateo, 1996; Moreno, 2004a:97-117 y 2004b:133-170). En el siglo XX, estos patrones

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siguieron siendo importantes, como reflejan tasas de nacimientos ilegítimos. En 1950 la tasa de nacimientos ilegítimos en el total del país se ubicaba en el 27,8%; la proporción menor, que correspondía a la Capital, se situaba en 11,2%, seguida por la provincia de Buenos Aires, 16,9%, porcentajes que se elevaban en provincias como Jujuy (46%), Salta (45,1%) y Corrientes (53%), donde existían tasas más altas de natalidad y menor número de inmigrantes transatlánticos (IV Censo, ca.1950:LXXV). Hernán Otero (2004:92-102) propone que la conexión de la alta fecundidad con la ilegitimidad y las uniones de hecho más que entenderse, siguiendo las interpretaciones europeas, como el resultado de comportamientos laicos, opuestos a la influencia católica, debe explicarse por la presencia del Estado nacional, el avance de la integración normativa y la persistencia de tradiciones culturales antiguas. De hecho, estos comportamientos demográficos en la Capital quedaron asociados a los patrones de los sectores populares, los cuales fueron resignificados por la consolidación del modelo de domesticidad, con el cual las estigmatizaciones a quienes vivían fuera del mismo adquirieron creciente visibilidad, contribuyendo a delinear, por contraposición, el sentido de la normatividad social (Cosse, 2006).

En este contexto, existe acuerdo, aunque no se ha estudiado con profundidad, en que el modelo de domesticidad decantó de un proceso en el que confluyeron, no sin contradicciones, las propias políticas estatales, la religión, las regulaciones, las ideas de las elites y el discurso médico, que engarzaron con una tendencia a la organización doméstica nuclear y con las aspiraciones de respetabilidad de los sectores medios urbanos. Es consensual suponer que la movilidad social jugó un papel decisivo en la conexión entre el modelo de la domesticidad y los sectores medios. En ese sentido, el cumplimiento de los mandatos de la domesticidad habría dotado de respetabilidad a las familias y, a la vez, habría funcionado como mecanismo y requisito para la movilidad social. Es decir, tener una familia doméstica (nuclear, conyugal, con separación de roles, y con pocos hijos) dotaba de prestigio a los nuevos sectores urbanos, diferenciándolos de los sectores populares, y exigía estrategias que, además, contribuían, a mejorar la condición social, como la reducción del número de hijos (Míguez, 1999:21-45; Nari, 2004:55-71). A esto se suma el hecho de que este modelo rígido y compartimentado introducía un ancla firme de expectativas y valores en un mundo urbano, muchas veces nuevo, para esa sociedad de inmigrantes que era la Argentina, en plena transformación.

De tal forma que existe cierto consenso en suponer que el modelo de la domesticidad predominó entre los sectores medios urbanos, fundamentalmente en Buenos Aires, y alcanzó un punto de cristalización hacia los años 30 y 40. Esto significa que para ese momento este modelo no sólo se había erigido como norma social sino también que existía cierta concordancia entre ésta y las conductas de los sectores medios, en forma diferente a lo que sucedía entre los sectores populares. Para éstos la consolidación del estándar de la domesticidad en el marco del proceso de integración normativa parecería haber potenciado la conciencia de la minusvalía de derechos.

Es decir, los cuestionamientos de los años 60 y los tempranos 70 al modelo fa-

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miliar supusieron una ruptura con los estándares que tenían especial fuerza entre los estratos medios. Lo interesante resulta que dichas transformaciones habrían estado protagonizadas por los jóvenes provenientes de familias identificadas con estos sectores, por lo cual, el cambio implicó un cuestionamiento generacional con los moldes vigentes en los hogares de origen. En ese sentido, debe considerarse que según los antecedentes, existieron importantes diferencias entre las culturas juveniles, diferenciándose un polo politizado/intelectual y otro contracultural, que estuvieron, de distinto modo, a la vanguardia de las transformaciones y tuvieron impacto disímil en las distintas realidades sociales del continente.

Para el caso mexicano, Eric Zolov (1999) sostiene que la cultura del rock fue un agente modernizador, que quebró la “familia revolucionaria” del Partido de la Revolución Institucional y, al mismo tiempo, cuestionó los valores familiares instituidos creando conflictos intergeneracionales que significaron el repudio al autoritarismo y el impulso de la liberación del cuerpo, la aceleración del consumo y la distensión de las relaciones entre varones y mujeres. Esta cultura del rock interceptó a la revuelta estudiantil de 1968 que, a pesar del carácter heroico y masculino de la memoria surgida después de Tlatelolco, significó transformaciones en la dimensión subjetiva y de la vida cotidiana que remodelaron los ritos de iniciación sexual, las relaciones entre varones y mujeres, los roles de género y lazos de los jóvenes con la familia.

Dado que estos movimientos afectaron mayormente a segmentos juveniles de las clases medias y altas durante los años 60 y los tempranos 70, los cambios no reflejaron a escala de los comportamientos demográficos de la población mexicana que, como sucedió con la transición de la fecundidad recién se inició en México entre 1965 y 1968 y estuvo unida a las políticas oficiales de anticoncepción o que, como la tendencia al descenso en las uniones consensuales, manifestaron una tendencia inversa a los países centrales en conexión con la importancia de la divergencia histórica entre los modelos instituidos y las prácticas familiares, dentro de las cuales el concubinato está unido con la existencia de condiciones sociales desfavorables en vez del avance de nuevos patrones de relación entre los segmentos medios (Quilodrán, 2001:239-260; para el caso brasilero, Pedro, 2003:239260). En pocas palabras, los cambios culturales protagonizados por los jóvenes mexicanos en los años 60 no se habrían expresado en patrones demográficos hasta décadas posteriores.

El panorama en Argentina presenta tres diferencias sustanciales con el caso mexicano que deben ser consideradas para entender las peculiaridades locales.

En primer término, debe recordarse que el país, al igual que el Uruguay, tuvo una temprana y rápida transición demográfica, iniciada a partir de las últimas décadas del siglo XIX, en la cual descendieron simultáneamente las tasas de mortalidad y natalidad. La tasa bruta de natalidad comenzó el descenso hacia 1890, cuando se ubicaba en el orden del 49,1‰, es decir, en los niveles de reproducción biológica sin que interviniese la limitación de los nacimientos, tasa que pasó a 36,5‰ en 1914 y que se ubicó en 26,3‰ para 1947 (Pantelides, 1981). En la Capital este proceso fue más acelerado: partiendo de un nivel similar, la ciudad de Buenos

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Aires alcanzó en 1914 el 27,6‰ y en 1936 llegó a su nivel más bajo, 13,6‰ (Nari, 1996:182-183). En términos de la tasa global de fecundidad en el total del país la transición ya había comenzado en 1914 cuando el número promedio de hijos por mujer para el total del país se ubicaba en 5,3, proporción que descendió a 3,2 en 1947, momento en el cual los índices prácticamente se estabilizaron. En Buenos Aires, la fecundidad habría pasado de un promedio de 4,8 hijos por mujer en 1887 a 3,4 en 1909 y 1,3 en 1936, su momento más bajo a partir del cual comenzó a crecer hasta 1975, cuando se ubicó en 2,48 (Pantelides, 1981). En forma simultánea con la transición demográfica, se mantenía la importancia de los patrones familiares que suponían liberalidad en los comportamientos sexuales que, como se ha planteado anteriormente, adquirieron una nueva significación ante el carácter homogéneo y excluyente del nuevo modelo que definía la normatividad social (Cosse, 2006).

En segundo lugar, a diferencia de otros países de la región, esta transición no sólo se caracterizó por ser temprana sino, también, por no haber sido el resultado directo de las políticas estatales de población aunque no pueda dilucidarse el efecto indirecto de la acción del Estado en otras esferas, como en la escolarización y en la integración normativa, dimensiones que, como ha analizado Hernán Otero (2004) son variables correlacionadas con el descenso de la natalidad. De todos modos, a diferencia de los casos mexicano y brasileño, en Argentina la transición demográfica fue un fenómeno relacionado con los cambios sociales producidos por la inmigración, el desarrollo económico y la conformación de los sectores medios en las primeras décadas del siglo XX. En ese sentido, el descenso del número de hijos debe inscribirse en el surgimiento del modelo de familia de la domesticidad en articulación con las aspiraciones de respetabilidad de los sectores medios urbanos, pudiéndoselo concebir con una racionalidad que explica los comportamientos de las parejas (Míguez, 1999:21-45).

En tercer lugar, en este panorama de largo plazo, en la Argentina es posible detectar ciertas inflexiones en los patrones demográficos a partir de los años 60 en una dirección similar a los de otras latitudes: pequeñas variaciones entre 1960 y 1970 que adquieren envergadura en 1980. Así, los divorcios, que no eran vinculares al haber quedado suspendida con la deposición del peronismo la ley que lo había aprobado en 1954, pasaron de representar el 0,6% en 1960 a 1,6% en 1970 y 2,1% del total de la población en el conjunto del país, proporción que se consideraba poco representativa de la escala real del fenómeno (Censo 1960 2: Cuadro 6: 16; Censo 1960 1: Cuadro 7: 88); las uniones consensuales pasaron del 7% en 1960, al 9,5% en 1970 y al 11,5% en 1980, alcanzando el 18% en 1990; la natalidad extramatrimonial pasó del 24% de los nacimientos en 1960 al 30% en 1980, careciéndose de esta información para 1970 (Torrado, 2003:268-272). También la población femenina económicamente activa creció del 21,5% en 1960, al 25,3% en 1970 y al 27,5% en 1980, lo cual resulta significativo dado que representa algo más del doble en relación al total y que la aceleración fue especialmente notable en las edades centrales, en las cuales se supone que las mujeres cambian de estado civil y tienen su primer hijo (Rechini de Lattes, 1980:13-23, 47 y 101). No obs-

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tante, al mismo tiempo, la nupcialidad tuvo un pico de aumento a principios de los años 70, momento para el cual se discute si existió una pauta similar en cuanto al número de hijos por mujer (Pantelides, 1981). Es decir, estos indicadores demográficos resultan significativos pero adquirieron toda su magnitud en los años 80, subrayándose el componente cultural de las transformaciones de la década del sesenta y de los tempranos setenta.

Pero las investigaciones para Argentina sobre las dimensiones culturales también resaltan el carácter ambiguo y moderado del proceso de cambio. Encuentran que en esta época comenzó a hablarse más libremente sobre la sexualidad, se aceptaron las relaciones prematrimoniales, produciéndose un debilitamiento de los prejuicios de la doble moral de género, mediante el rechazo, por ejemplo, de la asociación entre la decencia y la virginidad femenina. A pesar de ello, los mismos análisis advierten la timidez de estas transformaciones: los actores contraculturales fueron débiles, no se desafió la condición maternal de las mujeres, las expresiones de permisividad sexual fueron limitadas y no existió fuerte protagonismo de los movimientos feministas o de las minorías sexuales (Feijoó y Nari, 1996:7-27; Plotkin, 2003:150-161; Cosse, 2006: 131-153; Barrancos, 2007:209-264).

Estas conclusiones muestran que la comprensión de las continuidades y rupturas a escala de los valores, actitudes y convenciones en los años 60 constituye un desafío complejo. Las páginas siguientes tienen por objeto explorar ciertos presupuestos interpretativos que colaboren a sortear las dificultades que presenta el estudio de estos fenómenos y lograr entender, no sólo la envergadura de los cambios, sino los significados que tuvieron para los hombres y las mujeres que los vivieron y protagonizaron. En otras palabras, no se busca a continuación discutir el carácter moderado de las transformaciones de los años 60 y de los tempranos 70 en la Argentina sino pensar marcos de análisis para su comprensión.

3. La escala de la comparación

Las conclusiones sobre la moderación del proceso argentino se realizan basándose en una comparación, implícita o explícita, con los estándares de la revolución sexual en otras latitudes, que conduce a una evaluación del proceso argentino según su mayor cercanía o lejanía respecto a dichos parámetros. Estas interpretaciones, al convertir los procesos de los países desarrollados en el estándar de medición de los cambios, impiden comprender la magnitud de las transformaciones en los escenarios locales, dado que las realidades de cada una de estas regiones en la fase previa al cambio tenían considerables distancias.

Esta constatación exige, entonces, un enfoque que ilumine cuánto se modificó el statu quo en el escenario local, mostrando las continuidades y rupturas respecto a ese momento inicial y, considerando las variaciones del fenómeno según género, generaciones y pertenencia cultural, entre otros. Es decir, sólo el conocimiento pormenorizado de las pautas y conductas vigentes en los años 50 permite comprender el grado en el que fueron erosionadas y el significado de las transformaciones en las décadas siguientes.

Por un lado, este enfoque, casi de sentido común, trasciende la mera reconstruc-

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ción de antecedentes, exigiendo contar con una descripción del modelo instituido, vigente en la etapa previa a los años 60, con una densidad de análisis semejante a la manejada para la fase de cambio. Tal necesidad no sólo se debe a la escasez de las investigaciones, lo cual efectivamente impide la elaboración de un cuadro completo de los años 50, sino también a la importancia de contar con un ancla segura de apoyo para la comparación. Un ejemplo ayudará a precisar la perspectiva propuesta. Las mujeres argentinas de principios de los años 60 no tenían posiciones demasiado atrevidas en relación a la revolución sexual. Ellas eran más tolerantes con la infidelidad del varón que con la de su mismo sexo, respetaban el matrimonio, rechazaban el aborto y pasaban por alto su insatisfacción sexual. Sin embargo, los resultados también evidenciaban que estaban a favor de la limitación de la natalidad y de la educación sexual, y que, entre las casadas, se apoyaba la iniciación sexual antes del matrimonio (Feijoó y Nari, 1996:16-17). La comparación de estos resultados con ciertas situaciones de esa misma época en Estados Unidos, por ejemplo, en las cuales puede encontrarse que las jóvenes universitarias neoyorquinas quemaban sus corpiños o que la educación sexual estaba incorporándose en el currículo de las escuelas, conduce a resaltar la timidez y escasa relevancia de las expresiones locales. Sin embargo, las opiniones de las encuestadas adquieren otra dimensión, al contrastarlas con las sostenidas a principios de los años 50 en Argentina, cuando no sólo las relaciones sexuales prematrimoniales eran penadas sino también lo eran las chicas que coqueteaban en forma abierta con los muchachos, estigmatizadas como “muchachas fáciles” y cuando se les contestaba a los niños que los bebés venían en cigüeña de París y no existía currículo de educación sexual en las escuelas (Cosse, 2008:244). Esta perspectiva hace pensar que los cambios en los años 60 y 70 modificaron presupuestos centrales de la moral sexual imperante una década atrás. De tal forma, colocar el proceso de cambio en relación con la situación previa a su inicio, modifica la interpretación de los mismos.

Por otro lado, el conocimiento de la fase previa al cambio ofrece una vía diferente de usar las comparaciones entre la Argentina y los países europeos y Estados Unidos ya que permite desplazarlas hacia las distancias en el orden familiar y moral cuestionado en cada una de estas latitudes. Esto resulta visible, por ejemplo, al considerar las diferencias en los estándares sexuales vigentes hacia 1950 en Argentina y Estados Unidos. Según la bibliografía norteamericana ya en los años 20, en el marco de las secuelas de la experiencia de la primera guerra mundial, más la importancia de la experiencia de los high school (muchos de los cuales eran mixtos y a los que asistían en 1930 el 60% de los jóvenes en edad de hacerlo), habían surgido dos nuevos patrones de trato entre varones y mujeres: el dating y el petting (Fass, 1977:119-135). El dating, sistema de citas, desplazó el encuentro en las casas y anuló el control parental, disoció la salida del compromiso afectivo con vistas al casamiento y creó nuevas formas para la exploración de la compatibilidad y el conocimiento de otro género. El petting, es decir, los juegos sexuales en los que se evitaba consumar el acto sexual completo, significó un nuevo patrón sexual caracterizado por una mayor tolerancia, el reconocimiento de la sexualidad femenina y la aceptación de la experimentación sexual. Por último, se afianzó la

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permisividad de la sexualidad premarital con compromiso afectivo, cambiando el estándar de virginidad al matrimonio por el de virginidad al compromiso. Hacia los años 50 estos patrones tenían plena importancia (Rothman, 1984:289-307; Bailey, 1989 y Modell, 1983:91-126).

En cambio, en la Argentina, antes de 1950, no parecería haber existido un proceso semejante. Cierto es que en la entreguerra, el ideal de la domesticidad fue acicateado por nuevas preocupaciones en una época en la cual la mujer adquirió los derechos civiles (1926), las imágenes femeninas se contaminaron de una aureola moderna, se usó una expresión más libre del cuerpo y reglas de sociabilidad más flexibles y surgió una curiosidad acerca de la sexualidad (Barrancos, 1999:199226 y Guy, 1994:175-187), como muestra el éxito editorial del libro El Matrimonio Perfecto de Van de Velde que agotó más de treinta ediciones entre 1939 y 1950 (Vezzetti, 1996:104-106 y 150-155). Sin embargo, el insinuante componente disruptivo de estos cambios no alcanzó a la valoración de la virginidad femenina, no modificó el cortejo ni la importancia atribuida a la contención del deseo sexual previo al matrimonio. En concreto, en esta margen del Río de la Plata a fines de los años 40 las citas recién comenzaban a difundirse, el “franeleo” no era una convención aceptada socialmente y la virginidad femenina era un valor importante dentro del estándar de la doble moral sexual.

Esta comparación permite subrayar la existencia de puntos de partida diferentes en Estados Unidos y Argentina. En el Río de la Plata, recién hacia los años 50 comenzaron a implantarse formas más flexibles de relación entre varones y mujeres y se aflojaron los controles paternales sobre los encuentros de las parejas. En otras palabras, el hecho de que a principios de la década de 1950 no existiera en Argentina el estándar de virginidad al compromiso constituye un aspecto central para comprender el alcance de las transformaciones de los años 60 y 70. De tal modo, mediante este enfoque la comparación entre dos realidades históricas contrastantes facilita la comprensión de las singularidades locales.

En ese sentido, las comparaciones deben prestar atención a las fases, los tiempos y las especificidades de los procesos en pos de desmontar visiones monolíticas sobre las dinámicas de cambio a escala y la relación entre los fenómenos en Argentina y en Estados Unidos, Francia o Inglaterra, referentes principales de estas evaluaciones. Así, por ejemplo, el tardío desarrollo de los movimientos feministas, gays y lesbianas ha sido considerado un factor decisivo para remarcar la timidez y moderación del proceso argentino. Sin embargo, esta interpretación adquiere otro carácter al recordar que el apogeo del progresismo sexual en Estados Unidos y Europa se produjo recién hacia finales de la década de 1960 y principios de la de 1970: el movimiento feminista alzó las consignas de despenalización del aborto en los tardíos 60, la rebelión gay en Nueva York se desató en 1969 y la comunidad médica dio de baja a la homosexualidad en el listado de enfermedades en 1973 (D´Emilio y Freedman, 1988:319-326 y Gordon, 1990:397-400). Esta fase coincide en Argentina con la caída del general Juan Carlos Onganía, las primeras acciones armadas de Montoneros y las estrategias de Lanusse para llamar a elecciones y el triunfo del peronismo. En este acelerado y conmovido escenario político, se

produjo una creciente visibilidad de los movimientos feministas (Grammáttico, 2005: 19-38 y Vasallo, 2005:45-88; Gil Lozano, 2006:881-902), surgieron organizaciones gays y existió cierta inflexión en el tratamiento de la homosexualidad de ciertos medios de comunicación (Rapisardi y Modarelli, 2001:140-173; Sebreli, 1997:273-370; Cosse, 2008:261-266). Es decir, en el contexto del impulso transnacional de las luchas de las mujeres y los homosexuales en Estados Unidos es posible detectar una inflexión en el país: notas de prensa menos estigmatizantes de los homosexuales, la aparición de una organización gay y de varios nucleamientos feministas.

En conclusión, la envergadura de los cambios sólo puede ser comprendida mediante el conocimiento de las pautas y los comportamientos vigentes que habrían sido erosionados en los escenarios locales. La comparación entre la Argentina y los países concebidos pioneros de la revolución sexual requiere considerar los distintos puntos de partida para poder sopesar el alcance y el significado de las transformaciones desde una óptica que contemple las distancias de partida, así como atender a la existencia de diferentes tiempos y fases en el proceso de cambio.

Por esta razón, el conocimiento pormenorizado de la realidad previa a las transformaciones constituye el punto de arranque desde el cual puede pensarse cuánto cambiaron y en qué las conductas y los valores respecto a la moral familiar y sexual en los años 60 y 70.

El proceso de cambio en los años 60 fue inicialmente conceptualizado en términos de una modernización de las costumbres que había despuntado con el derrocamiento del peronismo y había alcanzado renovado impulso con el frondizismo. Sin embargo, los primeros avances de investigación rápidamente detectaron que esta perspectiva debía ser discutida, dada la envergadura de los actores, los emprendimientos y las concepciones moderadas y conservadoras.

En este marco, la existencia en Argentina de actores que legitimaban el cambio de actitudes hacia la familia y la sexualidad mediante argumentos moderados (como el papel maternal de la mujer) son interpretados como una evidencia del corto alcance de las transformaciones. Esta interpretación suele estar unida a una visión homogénea de la escala mundial donde predominan la radicalidad del movimiento feminista, la permisividad del destape sexual, el impacto de los estilos contraculturales, por nombrar algunos factores (Terán, 1993:156 y King, 1985:108). Sin embargo, una mirada atenta a las complejidades, las variaciones y las temporalidades del proceso en países como Estados Unidos o Francia muestra que en los mismos también existieron fenómenos semejantes. Fue el caso, por ejemplo, de SIECUS, una institución decisiva en la incorporación de nuevos contenidos en la educación sexual en las escuelas en Estados Unidos, cuyo lema de moralidad y liberalismo tenía por fin enfrentar la revolución sexual: fomentaba las relaciones estables entre varones y mujeres pero también afirmaba la importancia de la realización del deseo personal, del conocimiento de la sexualidad y del rechazo al autoritarismo (Moran, 2000:156-170). En otras palabras, por sí misma

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4. La moderación: entre la modernización y el conservadurismo

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la existencia de actores con amplia audiencia y con posiciones moderadas desde las cuales apoyaban el cambio no constituye, necesariamente, un indicador de la debilidad de las transformaciones.

Incluso se ha considerado que la reacción conservadora fue una característica común a los procesos de cambio de los años 60, incluyéndose a los países que encabezaron la revolución sexual. En estos países, esta época abrió enfrentamientos virulentos en torno a la moral, las costumbres y los valores respecto a los roles de género, las dinámicas familiares y la sexualidad. En Estados Unidos se produjeron elementos de extrema reacción, concentrados en fuerzas políticas y grupos religiosos, que en las etapas últimas provocaron deliberadamente a la violencia (Marwick, 1998:16-25). Así lo muestra la oposición a la enmienda de Igualdad de Derechos de las organizaciones de mujeres conservadoras cuya movilización tuvo por lema la defensa del “derecho” de ser ama de casa y mantenida por sus maridos. Estas expresiones conservadoras adquirieron especial importancia en ciudades alejadas de los centros cosmopolitas, donde, los activistas contraculturales, contestatarios del orden familiar y sexual, fueron fuertemente combatidos (Ehrenreich, 1983:150152 y Bailey, 2002). En cualquier caso en este esquema la reacción conservadora es considerada una respuesta al efecto de los actores propulsores de un nuevo orden familiar y sexual.

Considerando lo anterior, vale preguntarse cuáles fueron las peculiaridades del proceso argentino en relación al enfrentamiento virulento de los actores a favor del cambio y la reacción conservadora. Oscar Terán (1993:89-115) explica que en los años 60, y especialmente con el golpe del general Juan Carlos Onganía, las fuerzas tradicionalistas, integristas y familiaristas, nutridas de diversas franjas de la sociedad civil y de la Iglesia católica, cuajaron en un “bloqueo tradicionalista” que se propuso detener a la subversión que incluía no sólo al avance de la izquierda y el comunismo sino también los cambios que se producían en las costumbres y la moral. Recientemente, Valeria Manzano (2005 y 2007) ha subrayado este enraizamiento de las fuerzas conservadoras (no sólo en el Estado sino también en la sociedad), sugiriendo que las mismas no constituyeron una reacción ante el avance de la subversión, sino una dimensión permanente y central del proceso de cambio que no surgió con el golpe de Estado de Onganía sino que estuvo presente desde muy temprano. En ese sentido, las campañas moralistas (la primera de las cuales se remonta a los años 1960 y 1961, durante la presidencia de Arturo Frondizi) reflejaron el intento de frenar, mediante la acción del Estado, el avance de los cambios en las costumbres y la moral sexual, como demostraban los allanamientos a los hoteles alojamientos, las detenciones en los bailes y los vigilantes en las playas. En otras palabras, la ofensiva de los actores tradicionalistas hace pensar en las conmociones producidas por los impulsos de cambio y, al mismo tiempo, en la capacidad de respuesta del espectro conservador. Este fenómeno matrizó el proceso de cambio con efectos que no siempre, y no sólo, produjeron una limitación en el proceso de cambio.

De tal modo que, paradójicamente, mientras en Estados Unidos, Francia e Inglaterra los años 60 se caracterizaron por el levantamiento de la censura y la asunción

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de políticas de Estado más permisivas, aún cuando estas tendencias hubieran sido combatidas por organizaciones y sectores de la opinión pública conservadores, en la Argentina este período representa el afianzamiento de medidas represivas del Estado, visibles desde temprano en el campo cultural. Es decir, una característica central del proceso argentino está dada por el hecho de que los cambios en las costumbres y la moral de los años 60 se produjeron en un contexto autoritario en el cual las perspectivas moralistas y tradicionalistas permearon las políticas del Estado. En la misma dirección, mientras la circulación libre de anticonceptivos se amplió en países como Estados Unidos, Inglaterra y Francia ampliaron la circulación libre de anticonceptivos, una de las consignas centrales del movimiento feminista, en la Argentina se produjo el proceso inverso: se pasó de la libre circulación a las medidas restrictivas. En 1974 el tercer gobierno justicialista, en el marco de un repunte de la preocupación por la denatalidad, se instituyó el control de la comercialización y venta de anticonceptivos, disponiendo el requerimiento de una receta médica triplicada y la realización de una campaña de educación sanitaria.

Como plantea Karina Felitti (2005), la exigencia de la receta no se aplicó en forma sistemática y la campaña educativa no se llevó a cabo, pero la medida sirvió para cerrar los más de sesenta consultorios de planificación familiar que funcionaban en hospitales públicos. De tal modo, la medida muestra que, a contrapelo de la tendencia predominante en otras latitudes, en Argentina las tendencias tradicionalistas hacían retroceder políticas estatales en plena implementación. De allí que las expresiones tradicionalistas, acicateadas por la expansión de las voces críticas y contestatarias, compusieron un contexto particular que dotó de unidad a los actores innovadores y redimensionó los programas de cambio moderados y otorgó alcances disruptivos a expresiones que no las hubieran tenido en otro contexto.

Ahora bien, la visión conservadora de un enemigo subversivo que incluía a las organizaciones de la izquierda revolucionaria y a los actores que promovían un cambio en la moral familiar y sexual no debe ocultar las tensiones y las discordancias existentes entre quienes se consideraban la vanguardia política y la vanguardia contracultural. Al respecto, debe señalarse que la lucha en contra de la doble moral de género y sexual se engarzó de un modo complejo con los movimientos de izquierda. Éstos oscilaron entre ofrecer un horizonte de cambio en el cual la vida privada se inscribía en un movimiento más amplio de carácter político (donde las relaciones de pareja y la decisión de tener hijos adquirían sentido en el marco de la lucha revolucionaria) y sostener principios fuertemente moralistas de las relaciones familiares y la sexualidad que se fundamentaban, paradójicamente, en la lucha en contra de los valores burgueses, como revelan los código de disciplina de ciertas organizaciones guerrilleras, en los cuales se penaba la infidelidad de pareja. De tal modo que, en un clima marcado por la urgencia y la certeza de una revolución inminente, las reivindicaciones relacionadas con los derechos de las mujeres, la revolución sexual y las luchas de los homosexuales se incorporaron en forma tardía y conflictiva, como muestra la formación de la Agrupación Evita en 1973 (Grammáttico, 2005) y la aparición del Frente de Liberación Homosexual en 1971 (Rapisardi y Modarelli, 2001:140-173). Debe advertirse que ello no significa

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afirmar que los cambios en esta dimensión hayan estado ausentes de las dinámicas y las experiencias concretas de los hombres y mujeres que participaron de los movimientos de izquierda, como reflejan las investigaciones existentes y estudios testimoniales (Oberti, 2004:77-84; Ciriza y Rodríguez, 2004:85-92; Diana, 1996; Ollier, 1998).

A diferencia de la situación en otras latitudes, en Argentina el detenimiento de la contienda pública contra la moral sexual imperante fue consecuencia del avance de la polarización y del terrorismo de Estado que se dio en simultáneo con el momento en el cual los actores progresistas y contraculturales en Estados Unidos y Europa alcanzaban su máxima radicalidad. En ese sentido, debe considerarse que el golpe de Estado de 1976 fue el límite a este proceso de cambio y abrió una ruptura de tal magnitud que tiene una entidad propia (Gilman, 2003:39-44; Filc, 1997; Jelin, 2005).

En resumen, una de las peculiaridades del proceso de cambio a escala de la moral familiar y sexual en los años 60 y 70 estuvo dada por el peso de las corrientes tradicionalistas y moralistas, cuya ofensiva expresa la apertura a los cambios, y por la inexistencia de una fuerte y temprana articulación entre la revolución política y la revolución sexual.

Ahora bien, el señalamiento de la importancia de la moderación y el conservadurismo en el proceso argentino ha conducido a discutir su interpretación en términos de modernización, en un debate que trasciende a la problemática abordada en esta investigación. En la actualidad existe consenso en considerar que las respuestas en clave de modernización suponen una perspectiva simplificada, progresiva y etnocéntrica del proceso histórico, que no dan cuenta del proceso histórico en América Latina. El argumento central radica en que el concepto de modernización favoreció un enfoque teleológico que ocultó la multiplicidad de direcciones del proceso histórico, el papel de las asincronías y de la diversidad.

Con esta idea, las investigaciones actuales en Argentina han focalizado en las tensiones entre modernización y tradicionalismo (Feijoó y Nari, 1996; Plotkin, 2003; Barrancos, 2007:209-264), en sintonía con la idea de hibridación propuesta desde la tradición mexicana, para detectar ambigüedades, dotar de complejidad al análisis y ofrecer una visión más ajustada del proceso histórico. En tal sentido, los estudios sobre las ideas y las imágenes asociadas a la mujer y los roles de género en los años 60 muestran que los cambios estuvieron lejos de poderse considerar una ruptura clara, observándose más bien una zona confusa e interpenetrada de perspectivas contradictorias (Canclini, 1989).

La interpretación en clave modernizadora resulta aún más problemática al ser usada para analizar las transformaciones en la familia, la pareja y la sexualidad en los años 60 y 70, dado que los propios actores apoyaron la promoción de cambios en la moral familiar y sexual en la teoría de la modernización, la cual se constituyó en una especie de sentido común que operó a favor de los cambios.

El acuerdo sobre la inadecuación de la noción de modernización y sobre la importancia de las tensiones contradictorias a favor y en contra del cambio exige pensar una estrategia de investigación que permita avanzar en la comprensión del

fenómeno desde otro lugar. En ese sentido, parecería conveniente reconstruir las tendencias de cambio concretas y ponerlas en relación con el punto de partida inicial y el contexto en el cual surgieron. De allí que parezca necesario elegir dimensiones de análisis que permitan dar cuenta de la complejidad del proceso, registrando las tendencias moderadas y conservadoras pero también los impulsos de cambio a escala masiva.

En las páginas anteriores se discutieron dos problemas. En primer término, se pensaron los efectos de analizar el proceso argentino en términos de una evaluación del grado de cercanía/lejanía respecto a los países desarrollados. Se argumentó que estas posturas desconocen los distintos puntos de partida en cada una de las regiones analizadas, tienen una visión homogénea del proceso de cambio en los países pioneros de la revolución sexual y suponen que la tensión modernidad versus tradición no estuvo presente en ellos. En segundo lugar, se analizaron ciertos rasgos particulares que asumieron las transformaciones en la moral sexual y familiar en la Argentina de los años 60. En especial, se subrayó el peso de las corrientes tradicionalistas y moralistas, acicateadas por los impulsos de cambio, y la inexistencia de una fuerte y temprana articulación entre la revolución política y la revolución sexual.

En este marco, para avanzar en la comprensión de los cambios en Argentina, durante los años 60 y los tempranos 70 se propusieron dos estrategias de análisis tendientes a resaltar las peculiaridades locales. La primera consiste en analizar los cambios en relación con el momento previo al inicio de los mismos, como forma de contextualizar el alcance y la significación de los cuestionamientos. La segunda radica en estudiar las transformaciones a partir de la reconstrucción de patrones concretos de comportamiento, considerando que éstos facilitan comprender el alcance y el significado de las mismas.

La pertinencia de estas estrategias asume especial importancia porque contribuyen a establecer una distancia con los años 60 y, de ese modo, descentrar su análisis de la importancia que esta época tiene en la actualidad. En ese sentido, es necesario considerar que las reflexiones sobre el grado de trasgresión o las limitaciones del “cambio radical” producido en los años 60 constituyen, en cierto modo, un epifenómeno del carácter presente de la época estudiada. Esta cercanía facilita que las interpretaciones sobre los cambios estén impregnadas de una crítica a los protagonistas –es decir, a generaciones aún prevalecientes en diferentes espacios sociales, culturales y políticos– en función de un reclamo formulado desde la experiencia de otras latitudes o desde el punto de llegada contemporáneo.

Por eso, aquí se propone poner en suspenso este tipo de valoraciones para intentar una comprensión en términos del propio proceso de cambio. Desde este ángulo, más que reclamar de los años 60 y los tempranos 70 una uniformidad de la que carecieron, resultaría más útil colocar las ambigüedades en el marco de un cambio de sensibilidades. La dinámica de este tipo de procesos –de carácter cultural– supone pensar en transformaciones graduales, contradictorias y con marchas

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Conclusiones

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y contramarchas, en las cuales no es posible esperar el surgimiento inmediato de patrones por completo articulados, en rápido reemplazo del modelo cuestionado.

De allí que resulta útil pensar a los años 60 y 70 como una época bisagra en la cual el sentido común imperante a mediados de siglo habría sufrido un quiebre profundo, aunque en ese momento no hubiese sido sustituido por un nuevo sistema único, definido y hegemónico.

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Este artículo resume ciertos desarrollos de Familia, pareja y sexualidad en Buenos Aires (1950– 1975). Patrones, convenciones y modelos en una época de cambio cultural, Tesis de doctorado en Historia, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, inédito, 2008. Quiero agradecerle a Eduardo Míguez, director de la tesis, las discusiones sobre los problemas aquí abordados y los comentarios a versiones previas de este texto; a Lila Caimari, directora del Taller de Tesis y a Elena Urrutia, tutora en mi estancia de investigación en El Colegio de México. También deseo expresar mi agradecimiento a esta institución que puso a mi disposición su biblioteca y a todos los investigadores de esa Casa de Estudios que me ofrecieron su interlocución, así como al gobierno mexicano que me otorgó una beca para realizar mi investigación. *

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Recibido: 07/07/08. Aceptado: 24/10/08

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conferencias La universidad frente a los desafĂ­os de la democracia Alain Renaut

La universidad frente a los desafíos de la democracia1 Alain Renaut

La política universitaria encarna, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, la mayoría de las interrogaciones a las que se ha enfrentado el Estado moderno cuando, haciendo del individuo como tal un principio y un valor, tuvo que integrar en la definición de sus objetivos las exigencias, mayormente formuladas en términos jurídicos, que estos individuos le reclamaban. En el caso de la institución universitaria, esta nueva situación suscitó interrogaciones particularmente difíciles, porque esta institución, procedente del mundo medieval, estaba regida por principios provenientes de un universo dominado por las ideas de jerarquía y privilegio más que por los valores individuales de libertad y de igualdad. Dejaré aquí de lado la consideración del valor de la libertad, sobre el que gira la cuestión de la autonomía de las universidades y de los universitarios, y limitaré mi intervención para presentarles algunos elementos de reflexión sobre el segundo debate, es decir, la consideración del valor de la igualdad de los individuos. Este debate es muy antiguo. En Francia, nació en gran medida a partir del momento revolucionario, en los años que siguieron a 1789, a propósito del conflicto entre Condorcet y Robespièrre. No recordaré cómo, a favor de una interrogación profunda y apasionada sobre los niveles de educación, se inició un amplio debate sobre la cuestión de saber si la conquista de nuevas verdades y su difusión a una elite del espíritu eran tan útiles a la nación para formar sus cuadros, como la implementación de una enseñanza elemental para un número mayor de personas; y si, para hacerlo, sería o no necesaria la existencia de una institución como la universidad.

Sabemos que los Jacobinos, después de la eliminación de Condorcet, eligieron resolver ese problema de manera radical, a través de la total y simple supresión de las universidades, que sólo volvieron a aparecer, expresamente en Francia, un siglo más tarde.

Saltando, para simplificar el análisis, por encima de aquel siglo, observaré solamente que la noción de igualdad que sirvió de referencia en el debate sobre las universidades en Francia, a partir de su re-creación en 1896 por la Tercera República, marcó, de hecho, el objeto de dos interpretaciones bien distintas; colocando de esa manera al Estado democrático, en materia de políticas universitarias, frente a una nueva interrogación: desde entonces la cuestión se planteó en relación al tipo de igualdad que las universidades y, más generalmente, el conjunto del sector público (del que las universidades francesas formaban parte) tenían que favorecer. Clara-

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Alain Renaut es Doctor en Filosofía, Profesor de Ética y Filosofía Política (Universidad de Paris – Sorbonne, Francia), Director de la Maestría en Filosofía Política y Sociología, Director del Observatorio Europeo de Políticas Universitarias.

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mente, se perfiló allí todo un debate sobre los principios mismos de una política preocupada por la justicia; en este caso de una clase de política universitaria preocupada por asegurar a los estudiantes una justa igualdad de posibilidades en el acceso a los establecimientos de enseñanza superior, en el éxito de sus estudios o en las perspectivas de una profesionalización conforme a ese éxito.

Ese debate ha desbordado el contexto francés de reflexión sobre los fines del servicio público universitario. De manera evidente, es en el espacio norteamericano donde este debate ha tomado la mayor amplitud, al mismo tiempo que, allí, los procedimientos para procurar la igualdad adoptaron formas en relación a las cuales la concepción republicana del principio de igualdad, tematizada en Francia a partir de una reflexión sobre la figura particular del elitismo, debería finalmente hacer el esfuerzo de plantearse con claridad. Es en el fondo la necesidad de emprender tal clarificación, necesidad inducida por las exigencias de una sociedad de individuos, lo que quisiera poner en evidencia en el curso de mi análisis.

Antes de avanzar con algunos elementos de información y de reflexión que van en la dirección de esta clarificación, quisiera, en un primer momento, proponer una conceptualización rigurosa de esta figura precisa del elitismo, la del elitismo republicano, para mostrar qué clase de apuesta se propuso sostener en materia de política universitaria.

1. La apuesta del elitismo republicano

En lo que concierne a la apuesta del elitismo republicano, sólo recordaré que consistía en intentar construir, con la universidad, una nueva forma de “institución aristocrática”. La invención medieval de las universidades había estado animada en su tiempo por el proyecto de hacer coincidir la producción de saber de alto nivel con la formación de los mejores estudiantes de ese saber, y esto, en vistas a reclutar los mejores espíritus llamados a transformarse en los juristas, los médicos, los clérigos que la sociedad necesitaba. La determinación de esos “mejores” necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad ha sin duda evolucionado al compás de los siglos, y hoy sería necesario incluir allí un conjunto más diferenciado de “cuadros” administrativos, pedagógicos o políticos, al igual que el marco tecno-científico y económico requerido después de las diferentes revoluciones industriales: al menos no hay ninguna duda de que, en su concepto mismo, la universidad incluye así la perspectiva de construir, a través de la formación que dispensa, lo que es necesario llamar una “aristocracia”. A fin de cuentas, toda una sensibilidad de revolucionarios franceses (la sensibilidad jacobina) no se había equivocado, en los años de 1790, al denunciar expresamente la aristocracia de los sabios, fundada sobre nuevos privilegios, que, según ellos, otorgaba la posesión del saber: nuevos privilegios que la institución universitaria, tanto si continuaba funcionando o si se encontraba recreada sobre nuevas formas, no dejaría de hacer resurgir en una sociedad que había intentado hacer tabla rasa de todos los privilegios y hacer desaparecer toda forma de aristocracia.

Es precisamente por intentar hacer compatibles, a pesar de todo, la pasión democrática de la igualdad, o incluso del igualitarismo (en una sociedad que no

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reconoce más que individuos) y la vocación “aristocrática” de la universidad, que la doctrina del elitismo republicano ha debido ser elaborada a fines del siglo XIX. En efecto, a falta de tal elaboración, las posibilidades de ver reaparecer y desarrollarse esta institución “aristocrática” en una sociedad y una cultura democráticas, habrían sido nulas. Esta constatación da por sí misma una idea de las puestas en juego ligadas a la producción de una noción y de una práctica que son lo suficientemente coherentes con aquel famoso “elitismo republicano”: a falta de tal coherencia, insisto , no podría ser desmentido el oscuro pronóstico según el cual las universidades de las sociedades modernas se encontrarían por definición condenadas a ser reducidas, al menos en lo que tienen propiamente de universitario, por la dinámica del individualismo democrático que atraviesa su medio.

Ciertamente que podrían continuar existiendo “universidades”, instituciones que se remiten en su denominación a la tradición “universitaria”, pero ellas cumplirían entonces funciones muy diferentes a las de la selección de los “mejores”, es decir de aquellos que serían llamados a transformarse, en el sentido amplio del término, en “los prominentes de la ciudad”. De alguna manera, un análisis tan severo como el de Allan Bloom, que avoca en 1987 la “descomposición de la universidad” bajo el efecto de lo que designa como “la educación democrática”, no tiene otra raíz que esta suposición. Cuando Bloom, para entender la lógica de la crisis que, a sus ojos, aqueja a las universidades, escribe que “en los Estados Unidos, la igualdad parece acabar en el rechazo y en la incapacidad de pretender una superioridad cualquiera”, su propósito corresponde solamente a la versión pesimista, o incluso desesperada, de la constatación de que existe una tensión fuerte entre la vocación aristocrática de la institución universitaria y la pasión democrática de la igualdad entre los individuos: por supuesto, nosotros no estamos obligados a compartir ese pesimismo, pero para seguir siendo optimistas en ese terreno, es, en todo caso, necesario analizar con precisión los términos de la tensión y reflexionar sobre las condiciones capaces de permitir su control.

Para observarlo más de cerca, me parece indispensable conservar el espíritu de la expresión “elitismo republicano”, en la cual los dos términos, aunque antagónicos, resultan necesarios: un elitismo, esto es una selección de los “mejores”, pero de carácter republicano (en el sentido de que en una democracia republicana, cada ciudadano debe tener el derecho de competir en esa selección). En efecto, es sólo a condición de integrar lo que inducen esas dos exigencias “potencialmente antagónicas”, que el elitismo social universitario no derivará en una pura y simple reconducción, o incluso en una pura y simple “reproducción”, del elitismo social: excepto en la integración de esas dos exigencias, los análisis críticos sobre la universidad desarrollados por un sociólogo como Pierre Bourdieu, en los años 60 y 80, se volverían en efecto imposibles de remediar, ya que la meritocracia que constituye el objetivo del elitismo republicano devendría entonces en una pura y simple selección social. En este caso los “mejores” serían únicamente, en su inmensa mayoría y algunos casi “milagrosamente”, los “herederos” de aquellos que, detentando el “capital cultural”, ponían a disposición de sus descendientes la

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posibilidad de adquirir más eficientemente el saber de alto nivel dispensado por la universidad: de manera que la aristocracia universitaria coincidiría finalmente con los poseedores de nuevos privilegios sociales, los que refieren al acceso, desde la infancia, a una cultura que se constituye de hecho en el prerrequisito –no declarado– de una trayectoria académica exitosa. Al mismo tiempo, a pesar de su violencia, la supresión revolucionaria de las universidades, en 1793, habría procedido de un análisis vuelto básicamente, a posteriori, más exacto de lo que era seguramente entonces: la historia de las sociedades democráticas hubiera validado en efecto la apreciación según la cual, en un mundo donde en principio se afirma la igualdad de derechos de todos los individuos, los privilegios, aunque fueran en apariencia del saber, reintroducen desigualdades inadmisibles.

Cualquiera sea la parte de verdad de los estudios que han puesto en evidencia la tendencia del elitismo social a hipotecar los avances del elitismo meritocrático, tenemos mientras tanto, me parece, buenas razones (para no suscribir al diagnóstico bloomiano de una “descomposición de la universidad”) para no renunciar al ideal universitario que yo señalo aquí como aquel de una “aristocracia democrática” (Ludivine Thiaw-Po-Une) o todavía como aquel de una “aristocracia para todo el mundo” (Benjamin Barber), expresiones ambas fuertes que muestran lo que constituye para las universidades un profundo dilema: o bien eliminar el elitismo, y entonces arriesgarse a perder el ideal de la excelencia, o bien deshacerse del componente democrático, y entonces reservar la excelencia a una elite social que se reproduce indefinidamente. Cuesta decir que la apuesta de las universidades, en nuestras sociedades, es la de conseguir evitar dos orientaciones tan ruinosas la una como la otra: - Por un lado, un republicanismo sin elites, que aparece a menudo particularmente amenazante en Europa, a través del surgimiento contemporáneo de universidades de masas donde el acceso está ciertamente dispuesto a todo el mundo, pero donde la apertura a todos tiende a acompañarse de una reducción de los criterios de excelencia aplicados por las formaciones universitarias. De esto resulta cada vez con mayor frecuencia, que las universidades abiertas se abren ellas mismas cada vez menos a una selección de los mejores quienes, designados por los méritos de sus trayectorias académicas, estarían llamados a constituir una elite en los principales sectores de actividad.

- Por otro lado y simétricamente, la otra orientación ruinosa correspondería a aquella de un elitismo sin igualdad democrática de oportunidades, riesgo al cual se encontrarían a menudo expuestas, si ellas (por ejemplo las universidades norteamericanas) no inventaban, particularmente a causa de las exigencias de las familias, las condiciones financieras de acceso a los mejores establecimientos, realizando una verdadera “inversión”. En ese marco, si contrafuegos no han sido encendidos, la universidad podrá desempeñar bien, gracias a la asistencia financiera que las inscripciones procuran a su presupuesto, el programa de construcción de sectores de excelencia permitiendo sacar una elite de saber. Pero, bajo reserva de introducir, en el funcionamiento mismo de las universidades, importantes correctivos, la elite universitaria podrá apenas despegarse de una base que será aquella

de la elite socio-económica.

A partir de este contexto, para intentar escapar a esos dos escollos, debemos referirnos a un principio como el de la igualdad de oportunidades. Respecto de este principio, no es inútil recordar el pasaje de John Rawls, que explicita, en 1971, los “principios de justicia” sobre los cuales una sociedad democrática debería ponerse de acuerdo e insiste sobre la importancia de implementar una “justa igualdad de oportunidades” en el acceso a los títulos y a las funciones. Esta dimensión, considerada por Rawls como constitutiva de la justicia, se aplicaba especialmente al caso del acceso a los estudios universitarios. En efecto, en vistas de las condiciones de igualdad, en la definición que daba, la equidad debía integrar una consideración suplementaria según la cual los más desfavorecidos no deberían verse excluidos de ciertos lugares que, más allá del derecho de estar abiertos a todos, en realidad no lo estaban. Y esto, no en razón de diferencias existentes en los talentos de unos y de otros, sino porque la posibilidad de dar pruebas de sus talentos no se encontraba igualmente dada para algunos, por motivos de orden puramente materiales.2 Esta profundización de la igualdad en el sentido de la igualdad de oportunidades permite en este caso, independientemente de su alcance general, construir los diversos objetivos que una política universitaria puede darse si ella desea hacer que el funcionamiento de la institución sea lo más justo posible respecto de los individuos. En materia de igualdad, al menos, parece que se debe cumplir con dos tipos de condiciones. A la identificación de estas condiciones consagraré la segunda parte, más breve, de mi intervención.

El primer tipo de condición a cumplir por las universidades, si esperan realizar el ideal de una “aristocracia para todo el mundo”, es necesaria, pero no suficiente. Acabamos de verlo, en la consideración de la equidad. Ella concierne a las condiciones formales de la apertura de las universidades a todos aquellos que satisfagan las exigencias requeridas para entrar; en Francia, por ejemplo, quienes hayan obtenido un diploma como el de bachillerato, o, en los Estados Unidos, para quienes hayan aprobado los test nacionales de aptitud, en base a los cuales las universidades proceden al reclutamiento de sus estudiantes. La definición de ese primer tipo de condición parece evidente, puesto que consideramos que todos los individuos “nacen y permanecen libres e iguales en derechos” y que el reconocimiento de esta igualdad en derechos excluye, en méritos y talentos comparables, toda forma de discriminación en la admisión a los establecimientos universitarios del mismo modo que, según la fórmula de 1789, a “todas las dignidades, puestos y empleos públicos”.

Aunque sea sólo necesario y no suficiente, sin embargo, este parámetro de igualdad debería ser recordado, ya que fue necesario esperar, como sabemos, a 1865 y el fin de la esclavitud en los Estados Unidos, para que los primeros estudiantes negros entraran a Harvard o a Yale, y luego a Princeton. No se puede ignorar que, en los hechos, una discriminación deliberada tuvo lugar, luego de la esclavitud, durante mucho tiempo y que, hasta finales de los años cuarenta, sólo un número

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2. Las condiciones de la igualdad de oportunidades

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simbólico de estudiantes negros fueron admitidos a frecuentar los grandes establecimientos universitarios. Esta situación no se modificó antes del movimiento por los derechos cívicos de comienzos de los años sesenta y la política radical del gobierno de Kennedy. De hecho, en relación con un pasado todavía reciente, persiste la evocación de las condiciones formales de igualdad como no-discriminación, la cual continúa siendo un fundamento indispensable para toda reflexión sobre lo que debe ser una política universitaria no discriminatoria.

Pero estas condiciones formales no aseguran todavía por sí mismas, insisto, la igualdad en el acceso al espacio universitario: un acceso libre no equivale a un acceso igual. El ejemplo americano da testimonio de ese tipo de situaciones inequitativas, ya que en 1970, un decenio después de la conquista de la igualdad de derechos civiles, un 21% de negros de 18 a 21 años entraban en un College contra un 36% de blancos de la misma franja etaria; aún, 7% de negros de 21 a 24 años figuraban entre los estudiantes graduados, contra 15% de blancos. Alain Touraine, quien elaboró esas cifras desde 1972 en un estudio sobre las universidades americanas, agregó que en el mismo periodo las mujeres representaban sin duda el 43% de los nuevos estudiantes, pero que no constituían más que el 13% de los estudiantes que obtenían un doctorado. Señalo simplemente, respecto de la situación francesa, que actualmente sólo el 18% de los profesores de la universidad son mujeres. De modo que es necesario insistir en que la necesaria abolición de las barreras jurídicas es insuficiente para asegurar una verdadera inscripción en los principios del elitismo republicano o de la aristocracia democrática. Para que la aristocracia académica sea una “aristocracia para todo el mundo”, es decir, una aristocracia democrática, es necesario que las barreras sociales no impidan que una gran parte de los individuos puedan probar su posibilidad con perspectivas razonables de éxito.

Claramente, la cuestión consiste en saber qué política universitaria es necesaria para garantizar a todos los individuos la posibilidad de probar su chance de emprender un estudio universitario. Desde este punto de vista, uno puede ciertamente estimar que la cuasi gratuidad de los estudios superiores, en los países europeos que han hecho esa elección, facilita el pasaje de las condiciones formales a las condiciones reales de la igualdad. Esta opción “europea” (dejo de lado, por así decirlo, el caso de las universidades británicas) por los estudios gratuitos, se vincula con el “principio de gratuidad” de la doctrina francesa del servicio público.

Aunque haya sido considerado en general como un “principio falso”, de estatuto menos asegurado que el del principio de igualdad; sin embargo, desde hace tiempo, el principio de gratuidad se ha convertido en una especie de regla no escrita acerca de la no participación financiera directa o de la cuasi ausencia de participación financiera directa de los usuarios de servicios públicos como contrapartida de las prestaciones que reciben. Aunque el debate sobre la espinosa cuestión de derechos de inscripción está regularmente a punto de abrirse, es de todas maneras dudoso que se lo pueda desarrollar verdaderamente en el estado actual de los espíritus.

La modicidad de gastos de una matrícula universitaria se inscribe, de hecho, en todo caso en Francia, en la lógica de la afirmación, continua desde 1896, de que

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la universidad es un servicio público, respecto de cuyas prestaciones, de acuerdo con las conquista de la democracia, los usuarios gozan gratuitamente.

Específicamente en el caso del acceso a la universidad, no se trata, a pesar de todo, esta es la observación con la que quisiera terminar o casi terminar, más que de una nueva especie de condición formal. La gratuidad prepara seguramente el paso hacia las condiciones reales de la igualdad, pero no la realiza enteramente.

Además, el libre acceso, en el sentido, esta vez, del acceso gratuito, no equivale, en efecto, a un acceso igual, es decir a un acceso que garantice a todos los individuos la oportunidad de “probar sus posibilidades” en igualdad. Una vez inscripto en la universidad, todo estudiante, cualquiera sea su mérito y sus esfuerzos personales, no está verdaderamente en “igualdad” con todos los otros, respecto de su capacidad de sacar provecho de las prestaciones que se le ofrecen y de ser parte de la “aristocracia democrática” en curso de formación en su generación.

Son necesarias, como todos nosotros sabemos, importantes mediaciones que conciernen tanto al manejo de diferentes lenguajes de saber como a los fundamentos culturales sobre los cuales el saber se construirá. Ahora bien, estas mediaciones no están igualmente disponibles, a la entrada de las universidades, para todos los estudiantes, ellas llevan todavía la marca de diferencias sociales.

Para que el objetivo de una “aristocracia democrática” no ceda ante la constitución de una mera oligarquía, establecida sobre una determinada base social o sociológica, es necesario dar un paso más adelante en la búsqueda de las condiciones de realización de un elitismo auténticamente republicano (o de una verdadera igualación de oportunidades) que incluya a todos los ciudadanos que desean intentar la carrera hacia la excelencia. Esta búsqueda sobrepasa evidentemente los límites de esta intervención, pero quisiera simplemente subrayar que, desde ese punto de vista, Francia aparece particularmente mal parada, de manera paradojal, si tenemos en cuenta sus proclamaciones de sentirse satisfecha con la búsqueda de las condiciones de realización de un elitismo verdaderamente republicano. En pocas palabras, diría simplemente que la enseñanza superior de tipo universitario no sólo se mantuvo durante mucho tiempo en las condiciones simplemente formales (las de la apertura) y cuasi-formales (las de la gratuidad) de la igualdad, sino también que no se interrogó sobre lo que podría introducir una igualdad realmente “equitativa” de posibilidades. Y es necesario agregar, además, que Francia ha duplicado las limitaciones de su sistema, en materia de elitismo republicano, por la puesta en marcha de un dispositivo paralelo, nacido particularmente durante el siglo donde no existían las universidades: las “grandes escuelas”, que no fueron fundadas sobre un principio de apertura, sino sobre un fuerte principio de selección. Dejo de lado esta dimensión del sistema francés, porque es demasiado específico de Francia para introducirlo en mi argumentación, que quiere concentrarse en las condiciones generales de realización del programa de una “aristocracia democrática”.3 De una manera más general, en efecto, la evaluación de las políticas universitarias, desde el punto de vista de su capacidad de estar a la altura de la apuesta democrática de la igualdad, supondría una reflexión profunda sobre el derecho de

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ser tratado como un igual sobre el que se funda la noción de igualdad de posibilidades: ¿Cómo entenderlo? Se trata en principio, ciertamente, del derecho de cada uno, de ser tratado con el mismo interés y el mismo respeto que todos los otros.

Como lo ha explicado bien Ronald Dworkin, ese derecho fundamental no debe ser confundido con el derecho a un tratamiento igual, que significaría el derecho de recibir todos los mismos recursos, o a ejercer todos las mismas funciones, o a ocupar todos los mismos puestos. Perspectiva utópica, irrealista, que relevaría un estricto igualitarismo con el que hoy ya nadie sueña. El derecho a la igualdad significa entonces más bien el derecho de todos a ser tratados igualitariamente, por ejemplo, cuando somos candidatos para cumplir una función, para un empleo o cuando somos candidatos a ingresar en una universidad; aún cuando no seamos admitidos, nuestro derecho a la igualdad es, por lo menos por una parte respetado, cuando nuestro expediente ha sido examinado según los mismos procedimientos que todos los otros, no ha sido cambiado. En pocas palabras, que hayamos tenido las mismas posibilidades que todos los otros, sin exclusión o discriminación a priori, por el sexo, el color de nuestra piel, la consonancia de nuestro apellido.

Esta dimensión de la igualdad de oportunidades ¿agota la exigencia, en el caso de los estudios universitarios? Que no haya discriminación en las inscripciones, es lo menos que puede esperarse. Pero si el derecho a la igualdad de oportunidades se limita a esas condiciones formales indispensables, esta concepción de la igualdad de oportunidades corre el riesgo, en el caso de estudiantes salidos de familias o barrios desfavorecidos, de traducirse, en la mayoría de los casos, en la posibilidad de hacer solamente una “prueba de pista” en los estudios elegidos; porque, faltando un sostén específico para sus necesidades, ¿tendrán, de hecho, alguna posibilidad de tener éxito? De modo que, entre la igualdad formal de oportunidades (la no discriminación al ser admitidos por ejemplo), que es una condición necesaria de la igualdad, y la igualdad de resultados (que es utópica e irrealizable), ¿no es necesario considerar una forma más compleja de igualdad de oportunidades que busque que cada uno obtenga (bajo la forma, en el caso de los estudios, de complementos de formación) la posibilidad de emprender su trayectoria con posibilidades razonables de éxito? Contar con esas posibilidades razonables de éxito no es prometer la igualdad de resultados, porque el éxito depende todavía de los talentos y de los esfuerzos de unos y de otros. Pero no es tampoco quedarse sólo con una “igualdad de probar la pista”. Entre la igualdad de resultados y la igualdad-prueba de pista, en vista de disponer, por ejemplo, de los complementos de formación, hay lugar para una política preferencial o, si me permiten introducir esta noción, para una forma de “acción positiva” (affirmative action) que no pasaría a ser nunca, en mi espíritu, el establecimiento de cuotas4 (sólo lo sería, en todo caso, en la medida en que esta problemática tiene sentido, no en un país como el mío, donde las universidades están abiertas y donde la ausencia de selección no inducen este tipo de interrogación, pues para establecer cuotas es necesario que los bienes a asignar sean raros, y no es el caso de este tipo de bienes que es el acceso de los estudios cuando no hay selección para ingresar a las universidades).

Se trataría en efecto, en mi espíritu, de otra forma de acción positiva, que con-

sideraría, en los primeros años de los estudios académicos, dar más en materia de cultura general, sobre dominios de la lengua nacional o del inglés como lengua de comunicación internacional, en donde algunos, por razones familiares, sociales o contingentes (ligados a contingencias de la historia personal), se encuentran disminuidos. Evidentemente esto no los conducirá necesariamente al éxito en sus estudios (eso sería reivindicar la absurda igualdad de resultados), pero les dará posibilidades más equitativas de éxito como las que hubieran conseguido en función de sus cualidades y de sus esfuerzos, si no se hubieran encontrado en desventaja desde la línea de partida de su trayecto académico, por eso que podríamos llamar la lotería familiar, social o histórica.

Correlativamente a estas decisiones organizacionales poco costosas (porque no exigen la creación de formaciones nuevas, pero sí de diversificar las formaciones excesivamente homogéneas que no tienen en cuenta la diversificación familiar o social de los estudiantes) la institución universitaria se aproximaría al objetivo que debe ser el suyo en una sociedad democrática: crear, en cada generación, una aristocracia “abierta”, una aristocracia “para todo el mundo”, ya no en el sentido que cada individuo debería formar parte de los “mejores”, sino en el sentido que cada uno debería tener la posibilidad equitativa de mostrar si, por sus esfuerzos y talentos, merece ser parte de ellos.

1. Conferencia pronunciada por el Dr. Alain Renaut el día 26 de junio de 2008 en el Honorable Senado de la Nación, en el marco del Seminario de Investigación “Universidad y Democracia: los desafíos de una política del conocimiento”, organizado por el Observatorio de Políticas Universitarias y Educación Superior de la Universidad Nacional de San Martín. Traducción de: Clara Ruvituso. Temas y Debates agradece la gentileza del Dr. Edgardo Castro, director del Observatorio, al autorizar la inclusión de este texto en este número de la Revista.

2. La manera en que Rawls plantea el problema de la igualdad toma un curso mucho más pausado en el capítulo 17 de su Teoría de la justicia, poniendo en cuestión el principio mismo de la meritocracia.

A partir del capítulo 14, Rawls señala, en efecto, que el principio de equidad, de la manera que él lo entiende, no obra sobre una “sociedad meritocrática”. El autor precisa en el capítulo 17 que si acordamos que “las desigualdades no merecidas deben ser corregidas” (principio de reparación), se sigue que, “debido a que las desigualdades de nacimiento y los dones naturales son inmerecidos, es necesario dar compensaciones”. Contra la idea de meritocracia, Rawls agrega que “para tratar a todas las personas de manera igual, para ofrecer una verdadera igualdad de oportunidades, la sociedad debe poner más atención en los más disminuidos en relación a los dones naturales y en los menos favorecidos socialmente por nacimiento”. De manera que se pueda “corregir la influencia de contingencias en el sentido de la mayor igualdad”. A fin de realizar ese principio, concluye él, “podríamos consagrar más recursos a la educación de los menos inteligentes que a la de los más inteligentes, al menos durante un determinado tiempo, por ejemplo los primeros años de la escuela primaria”. La última precisión, permite dejar de lado, en nuestra propia reflexión, esa dimensión anti-meritocrática del principio de equidad.

3. Nota del T: Sobre esta temática puede consultarse además, A. Renaut (2008), ¿Qué hacer con las universidades?, UNSAM Edita, Buenos Aires.

4. Nota del T: Las cuotas constituyen mecanismos de acción afirmativa que reservan un porcentaje de vacantes para un grupo determinado de la población, en este caso para el ingreso a la universidad.

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Referencias

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reseñas La política después de los partidos de Isidoro Cheresky (comp.)

Martín Pedro González Verdades y saberes sobre el marxismo. Reacciones de una tradición política ante su “crisis” de Elías Palti Juan Bautista Lucca Los senderos de la nueva izquierda partidaria de Juan Abal Medina María Laura Eberhardt ¿Qué hacer con las universidades? de Alain Renaut Clara Ruvituso Historia reciente. Perspectivas para un campo en construcción de Marina Franco y Florencia Levín Mariángeles Zapata

Libro: La política después de los partidos Isidoro Cheresky (comp.)

Prometeo Libros, Buenos Aires, 2006. (440 pp.)

Con una fecha de edición un tanto engañosa –ya que el libro vio la luz de las estanterías recién a partir de febrero del año pasado–, la presente compilación de artículos coordinada por Isidoro Cheresky constituye un lúcido análisis de la escena política nacional, partiendo asimismo de una reflexión teórica sustentada en la larga experiencia de Cheresky como politólogo, y en el equipo de investigación que dirige, “Las Nuevas Formas Políticas”, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani.1 El armazón teórico general del libro –desarrollado en una breve introducción, “La política después de los partidos”, confeccionada por el mismo compilador, pero compartido y reflejado en la totalidad de los artículos– se entronca dentro de los últimos aportes de la teoría política francesa. En este sentido, la base fundamental la constituye el análisis de Bernard Manin (1993), quien afirmó, hace ya quince años, que asistimos a un proceso de metamorfosis de la representación política, fundamentada en el ocaso de la llamada “democracia de partidos” y el surgimiento de un nuevo modelo, el de la “democracia de audiencia”, signado por la importancia de los liderazgos mediáticos, el declive de las viejas lealtades partidarias, la constitución de nuevas identidades en el espacio público y la contingencia del vínculo de representación.

Tras esta breve introducción, el libro se divide en tres secciones claramente diferenciadas. La primera versa sobre las características de la escena nacional y su recomposición tras la crisis de 2001. La segunda parte, la más extensa en cuanto a cantidad de artículos y páginas, analiza los escenarios políticos locales –generalmente municipales–, y cómo se posicionan frente al aparato justicialista y la figura de Néstor Kirchner, mientras que el tercer segmento da cuenta de la normativa y calidad de los actos electorales a partir de dos estudios de caso. Finalmente, encontramos una serie de anexos destinados a ilustrar gráficamente los resultados de las elecciones de diputados y senadores de 2005.

La primera sección del libro consta de dos artículos, “Un signo de interrogación sobre la evolución del régimen político”, de Isidoro Cheresky, y “La arquitectura del poder en un gobierno de la opinión pública”, de Hugo Quiroga. El eje de análisis está centrado en los fundamentos de la legitimidad del gobierno de Kirchner, haciendo especial hincapié en la construcción de un modelo de salida de la crisis de 2001 basado en la creación de sus propios recursos de afirmación en el poder presidencial, sustentando claramente su liderazgo en la opinión pública.

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Martín Pedro González Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires martinpgonzalez@hotmail.com

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La reestructuración de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, su compromiso con los Derechos Humanos, el enjuiciamiento de los miembros de la “mayoría automática” de la Corte Suprema, sumados a la reestructuración de la deuda externa y un exitoso encarrilamiento de la economía, dan cuenta de un accionar de gobierno identificado –tanto política como económicamente– en la figura del –ahora ex– presidente Néstor Kirchner.

Ahora bien, el argumento fundamental en este análisis es que dicha popularidad presidencial no llega a constituirse en una verdadera identidad política, puesto que su dependencia del estado de opinión no le permite cristalizarse en un comportamiento electoral predecible y de alcance nacional. Toman pertinencia entonces los diferentes estudios de caso que componen el segundo apartado de este libro.2 De la gran cantidad de artículos que se ocupan de los escenarios locales, hay dos que son especialmente interesantes, debido a que logran ir más allá de una mera descripción de la escena política, logrando así articularla con una reflexión teórica. El primero de estos trabajos es el realizado por Rocío Annunziata, “Ni oficialista ni opositor: más acá de la nacionalización de la campaña. La significación del caso moronense”, en el cual, a partir de la experiencia de Martín Sabbatella como intendente del municipio de Morón, la autora da cuenta de cómo la crisis de representación a nivel nacional impactó en el escenario municipal, y cómo la ciudadanía, desinteresada por los asuntos públicos, parece mostrarse mucho más activa a nivel local. El gran logro del nuevo Intendente ha sido el de darle forma al ser moronense, demostrando así que la crisis de las identidades políticas nacionales puede tener su contracara en una recomposición de las identificaciones a nivel local. Dentro de esta misma lógica se inscribe también el artículo de Darío Rodríguez, “Nacionalización y localización: las elecciones 2005 en La Plata y la fragmentación del escenario político municipal”, quien da cuenta de las diversas lógicas –nacionales, provinciales y locales– que entraron en conflicto en las elecciones de 2005 en La Plata, donde un viejo liderazgo municipal (el de Julio Alak) se vio problematizado por las nuevas dinámicas nacionales y provinciales.

Hemos elegido estos dos casos ya que, frente a un mismo fenómeno –el de la crisis de las identidades políticas y la metamorfosis de la representación– han dado resultados disímiles: por un lado, una territorialización de la ciudadanía en torno a la figura de un líder, y por el otro, una fragmentación de la escena política municipal a partir de la problemática coexistencia de lógicas diferenciadas.

El tercer apartado del libro analiza el aspecto normativo-institucional y la calidad del acto electoral, y se compone a su vez de dos artículos, “Reformas políticas: internas abiertas obligatorias y unificación electoral en las elecciones de 2005”, de Virginia Oliveros y Gerardo Scherlis, y “Ritos y rutinas: una aproximación etnográfica al Acto Electoral de 2005”, de Daniela Slipak.

En resumen, si bien la presente compilación de artículos constituye una sólida e interesante reflexión sobre el devenir de la política argentina actual, es objetable que el análisis teórico no presente una gran novedad en relación con los paradigmas dominantes en la teoría política contemporánea. Asimismo, los análisis de las coyunturas locales han sido un tanto dispares, teniendo trabajos verdaderamente

excelentes –como los que comentamos anteriormente– con otras producciones comparativamente más pobres, demasiado centradas en aspectos descriptivos, realizando escasas reflexiones sobre los mismos.

De todas maneras, La política después de los partidos es un valioso intento de iluminar los oscuros laberintos de la turbulenta escena política nacional, tan convulsionada en estos días de conflicto entre el gobierno y el campo, permitiéndonos así reflexionar sobre la naturaleza del poder político de los Kirchner y cómo han construido los fundamentos de su legitimidad, marcando así la actualidad de la presente compilación.

Referencias

1. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Además, muchos de los aportes del equipo pueden consultarse en la página del Observatorio Político Electoral, http://www.observadorpolitico.com.ar/ 2. Debido a la gran cantidad de artículos (son ocho en total), haremos referencia a los más significativos. De todas maneras, los artículos son: Rodríguez, Darío, “Liderazgos y partidos “partidos”: la fractura del justicialismo y la reconfiguración del escenario político en la Provincia de Buenos Aires”; Rocca Rivarola, María, “La Matanza: avatares de la continuidad asegurada. Peronismo, partidos opositores y organizaciones piqueteras”; Annunziata, Rocío, “Ni oficialista ni opositor: más acá de la nacionalización de la campaña. La significación del caso moronense”; Rodríguez, Darío, “Nacionalización y localización: las elecciones 2005 en La Plata y la fragmentación del escenario político municipal”; Delgado, María Soledad, “Frente a frente. Alianzas electorales, reforma institucional y recomposición política en Rosario y Santa Fe (2004-2006)”; Mauro, Sebastián y Montero, Federico, “Dilemas de la recomposición en la escena porteña. El Juicio Político y la articulación de la retórica opositora”; Silveti, María, “Alianza entre dirigentes y apatía ciudadana en Santiago del Estero”; Slipak, Daniela, “Entre liderazgos locales y nacionales: popularidad, desagregación partidaria y nuevas alianzas en la escena política mendocina”.

Bibliografía citada

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B. MANIN, B. (1993), “Metamorfosis de la representación”, en M. DO SANTOS (coord.) ¿Qué queda de la representación política?, Caracas, Nueva Sociedad.

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Libro: Verdades y saberes del marxismo. Reacciones de una tradición política ante su “crisis” Elías José Palti Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005. (232 pp.)

La intelectualidad europea de izquierda convive con los enigmas de las innumerables cesuras impuestas por este interregno post que los emplaza, en un tiempo extra después del final del tiempo de descuento del match –o de la caída del muro para hacerlo más explícito– que genera por un lado, la pérdida de uno de los nortes brujuleares de la tradición marxista y, por el otro, el desvanecer en mil pedazos de su solidez en el aire que ha generado justamente una pluralidad de entradas y salidas del –y al– marxismo contemporáneo.

Esta nueva ola de intelectuales busca, por un lado, reponerse a los sinsabores de la imposibilidad de remontar la evidencia del esparcimiento de los escombros que amuraban e imantaban la “tradición” marxista y, por el otro, recuperar con nuevas claves y perspectivas post (modernas, estructuralistas o marxistas), al marxismo mismo. Allí encontramos por ejemplo las perspectivas de Perry Anderson, Fredric Jameson, Alain Badiou, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek y Jacques Derrida, cuyas formulaciones se encuentran tantas veces tan próximas entre sí, aunque como sucede con aquellos que comparten la misma polaridad, la repelencia es irremediable a pesar que la similitud es fácilmente reconocible.

Estos pensadores forman el mosaico de los que, en palabras de E. Palti, se han repuesto a la crisis del marxismo, a partir de entender de qué se trataba ella y que en grandes rasgos han recuperado de aquellas ruinas sus “saberes” o sus “verdades” para lanzarlas a la post-eridad.

El cuerpo de la propuesta de Palti parte de la reflexión sobre la crisis, y las vicisitudes del marxismo en torno a ella. Tras hacer un racconto etimológico del vocablo, aborda la particular crisis del marxismo, “…no como otras tantas ya ocurridas, sino su crisis última y final” (p.16), que está directamente emparentada con la puesta en tensión del propio concepto de crisis dentro de la tradición marxista, y cómo un cúmulo de autores han reaccionado teóricamente frente a este nuevo desafío.

Según el propio Palti, la obra se articula en el tratamiento que Nahuel Moreno y Alain Badiou (capítulo 2 y 5 respectivamente) realizan sobre la mencionada crisis del marxismo, recuperando en el primer caso “una visión más trágica del mundo”, en tanto Badiou –según Blanchot– propondría filosofar las “experiencias del desastre”.

Según Palti, más allá de las diferencias, “… el presupuesto común a ambos es que únicamente en la ortodoxia marxista la crisis se volvería una suerte de expe-

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Juan Bautista Lucca Universidad Nacional de Rosario / FLACSO Argentina/ Universidad de Salamanca

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riencia vívida, mientras que en las corrientes revisionistas, por su propia versatilidad conceptual, tendería a diluirse” (p. 21).

Parte de este corpus revisionista –que se adentra en los intersticios de la crisis sobrepasándola– lo encontramos en el rodeo que Palti realiza de la obra de F. Jameson y P. Anderson (capítulo 1). Allí, la particularidad de la propuesta de Palti reside en leer al primer autor desde el prisma del segundo, con lo cual la mediatización de su mirada produce en más de una ocasión un desenfoque que acorta la profundidad de su análisis.

Luego, en el tercer capítulo, Palti recupera la matriz posestructuralista que marcó la tónica del capítulo sobre Badiou, pero en este caso para contraponerlo y/o complejizarlo, a partir de sus relecturas sobre la obra de E. Laclau y los puntos de cesura de éste en relación a Z. Žižek. Como el mismo Palti aduce, es la obra de J. Derrida la que le permitirá realizar el pendant entre las obras de Badiou-LaclauŽižek, ya que le habilita una reentrada en los vestigios de la crisis del marxismo, para encontrar en este campo derrumbado algún rastro de Ariadna y su hilo que nos permita encontrarle un sentido al juego, después del fin del juego.

Al decir de Palti –con remembranzas de Derrida– este panorama (y tarea) “…se vuelve un síntoma e índice de una dislocación objetiva más general, que abraza, por lo tanto, de conjunto al pensamiento político finisecular” (p. 22).

El colofón de la obra es plantear esta deriva por los enfoques del posestructuralismo/posmarxismo como un objeto de preocupación analítica sobre el sentido de la política, una vez que lo sólido del sentido de la política (parece) haberse desvanecido en el aire.

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Libro: Los senderos de la nueva izquierda partidaria Juan Abal Medina (compilador) Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2006. (296 pp.)

Un novedoso marco conceptual para el estudio del origen de los partidos políticos, el modelo multidimensional, constituye uno de los principales aportes de este libro, en cuyos diversos capítulos se da prueba contundente de la solidez y consistencia del mismo, aplicable no sólo (como muy sobradamente se demuestra en este caso), al estudio del surgimiento de las nuevas agrupaciones partidarias de la izquierda ascendente en América Latina y el mundo –Frente Grande (Argentina), Partido de los Democráticos de Izquierda (Italia), Movimiento Quinta República (Venezuela), Partido Verde (Alemania), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (El Salvador), Partido de la Revolución Democrática (México), Partido de los Trabajadores (Brasil) y Frente Amplio (Uruguay)–, sino también, por qué no, a otras tantas y variadas organizaciones de partidos de extracciones ideológicas y características divergentes.

La riqueza de este modelo consiste en su capacidad de fusionar los distintos enfoques teóricos preexistentes sobre el tema a partir de seis dimensiones específicas: las variables institucionales, los conflictos sociales, los procesos de modernización social, los incentivos de los grupos, los incentivos electorales para la constitución de nuevos partidos, y los cambios importantes en los partidos vigentes. Todas ellas aparecen agrupadas en dos racimos de variables explicativas básicas, institucional y societal, que impactan en un tercero más residual: los espacios electorales disponibles y/o las motivaciones de las elites para ocuparlos. En la articulación de estas tres dimensiones es donde se hallará el motivo central de la presencia de los incentivos clave para tales surgimientos.

El segundo gran aporte de esta obra tiene que ver con el análisis comparado del proceso de institucionalización atravesado por tales partidos, por medio de la aplicación de un marco interpretativo compuesto por dos dimensiones centrales: el arraigamiento organizacional y la autonomía del liderazgo, operacionalizadas cada una de ellas en torno a cuatro indicadores principales: la relación miembros/votos, la disponibilidad de padronazgo, el tamaño del aparato administrativo partidario, y la integración ideológica por un lado; y el control en la selección de candidatos nacionales, el control de los Congresos partidarios, el dominio de los dirigentes sobre las autoridades partidarias, y la autonomía de los líderes partidarios frente a los sindicatos, por el otro. Dichos indicadores se resumirán luego en otras cuatro combinaciones estipuladas, las que permitirán clasificar ciertamente los casos empíricos bajo examen.

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María Laura Eberhardt Becaria Doctoral, Universidad Nacional de Gral. San Martín

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Fiel a su propuesta inicial, este libro consigue reducir la deuda pendiente contraída por una teoría insuficiente respecto de la emergencia e institucionalización de los partidos en general, así como de estas nuevas organizaciones partidarias exitosas de izquierda en particular, introduciendo al campo de estudio dos herramientas heurísticas de gran utilidad y notable relevancia en la cruzada contra ambos vacíos.

Evitando recaer en meras “narraciones densas” de poco contenido explicativo, los autores recrean la historia partidaria de las diferentes organizaciones bajo estudio, identificando sus causas de origen, la forma de su institucionalización, y el núcleo central de su organización, factores importantes al momento de dar cuenta, de modo científico, de los múltiples motivos y caracteres de su construcción y desarrollo.

Finalmente, si bien se anexa en último término un Post Scriptum a fin de actualizar al lector respecto de la situación coyuntural atravesada por cada uno de los ocho partidos relevados al momento de cerrar la confección del libro, su alcance se extiende mucho más allá del solo intento de reseñar el sendero recorrido por aquellos en sus escenarios respectivos. Por el contrario, pretende, y ciertamente consigue, brindar una lectura interpretativa de los motivos y condiciones específicas de su aparición y crecimiento, a modo individual y extensivo primero, pero comparado e intensivo después, sobre la base de una matriz interrelacionada de factores explicativos de influencia variada para cada caso, que permite valorar la multicausalidad implicada en los momentos originario e institucionalizador.

Un novedoso y fructífero marco teórico-conceptual explicativo de análisis, junto con un amplio y consistente trabajo empírico aplicado sobre la izquierda partidaria de extracción reciente, constituye la combinación explosiva de esta obra, esfuerzo a incorporar y también a continuar por todo cientista social comprometido con este área del conocimiento.

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Libro: ¿Qué hacer con las universidades?

Alain Renaut UNSAM EDITA, Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, 2008. (71 pp.).

Clara Ruvituso Secretaria del Observatorio de Educación Superior de la UNSAM

En cada época, la educación no cesó de requerir una vasta y profunda reflexión sobre sí misma y la filosofía no ha dejado de sentirse concernida por esta convocatoria. Con el sugerente título ¿Qué hacer con las universidades?, el filósofo francés Alain Renaut invita a renovar el espíritu crítico de la filosofía a través del desarrollo de lo que denomina una “filosofía política aplicada a la universidad”. Esta perspectiva implica retomar la cuestión central de la crisis de “modernización” en la que se encuentra inmersa, indicando, a su vez, vías de salidas posibles en el marco de las actuales sociedades democráticas. A lo largo de los seis capítulos que componen el libro, la crisis de la universidad francesa es comprendida a la luz de la importancia de su origen medieval y de sus transformaciones históricas. Su especificidad muestra para Renaut las consecuencias de una crisis de largo plazo, cuando la universidad medieval debió enfrentarse a las exigencias de la dinámica global de la modernidad democrática de finales del siglo XVIII. Mientras en Francia las universidades eran suprimidas durante más de un siglo dando lugar al desarrollo de las grandes escuelas profesionales2, del otro lado del Rin, el modelo humboldtiano salvó con extraordinario éxito a la universidad de su desaparición, recreando las funciones heredadas del mundo medieval a la luz de los imperativos de la modernidad. Las posteriores reformulaciones del modelo alemán para superar las exigencias de los nuevos tiempos no ofrecieron soluciones a la crisis; en este sentido, la miseria presente de la universidad francesa exige formular las propias respuestas.

En el primer capítulo de la obra, Renaut da cuenta de la perspectiva general de este análisis, centrada en las dificultades que la universidad francesa encontró, desde el inicio de la modernidad, en el intento de superar los cuestionamientos sobre su capacidad de asumir los valores de igualdad y libertad exigidos por la modernización. Pero antes de presentar en toda su complejidad lo que significó para Francia el enfrentamiento con la modernidad, Renaut examina, en el capítulo dos, la situación actual de la crisis universitaria a través de datos institucionales, demográficos y político-económicos. En este capítulo se recalca la “miseria” en

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“La universidad debe readquirir la unidad de espíritu que ha perdido por inadaptación a la época y al medio; y debe, a su vez, infundir e todos los que la frecuenten –profesores, alumnos, oyentes– esa cultura general que refluirá toda sobre la sociedad cuya ideología aspira a representar”1 (José Ingenieros, 1916).

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que la universidad se encuentra inmersa, en competencia con las grandes escuelas que convocan un número mucho menor de estudiantes seleccionados y reciben la mayoría del presupuesto asumiendo la función, que antes correspondía a la universidad, de reclutar a la elite. La universidad, por el contrario, está abierta al ingreso irrestricto de todo bachiller y ha aumentado el número de sus estudiantes sin encontrar una función que le sea propia. La concentración en el área de humanidades y la masividad de la convocatoria constituyen, para Renaut, datos centrales para el análisis, que moldearán, al final de este texto, posibles caminos para su solución.

Antes de pensar los caminos que pudieran conducir a salir de la crisis, el siguiente capítulo da cuenta del concepto de universidad en el que fundamenta su análisis.

Esta noción se desprende de lo que ha sido el desarrollo de la universidad desde el siglo XIII en dos momentos claves, el origen medieval y su reformulación sobre nuevas bases a fines del siglo XVIII a partir del modelo humboldtiano. Lo extraordinario de la refundación modernizante de la universidad que inició Wilhelm von Humboldt fue conseguir preservar la esfera del “saber puro” incluyendo, a su vez, una perspectiva “práctica” en la convicción según la cual el saber constituido de manera libre y autónoma “forma” lo humano en el hombre. De este modo, Alemania lograba preservar a la universidad como ámbito de enseñanza, investigación y reclutamiento de las elites, contra los riesgos de su disolución a favor de las escuelas superiores especializadas. Este fascinante modelo, que sirvió como base para la construcción de universidades en todo el mundo, es retomado por Renaut con el fin de reflexionar sobre su capacidad de enfrentar la actual realidad universitaria.

En el capítulo cuatro, “Olvidar Berlín”, nuestro autor comprende esta cuestión a través de un análisis crítico de dos reformulaciones que la filosofía alemana ensayó como soluciones de la crisis del idealismo, la de Jürgen Habermas y Jürgen Mittelstrass. La solución planteada por Habermas a la crisis del modelo idealista se basó en el reemplazo del árbitro del “conflicto de las facultades”, planteado por Kant en 1798 como función de la filosofía. Para el Habermas de los años sesenta, esta función debía pasar a las ciencias humanas, garantes de una nueva reflexibilidad y constitutivas de una nueva instancia formadora.

La concepción habermasiana es rechazada por Renaut. Por un lado, porque la sustitución de la filosofía por las ciencias humanas no garantiza que puedan volver a generarse nuevos dogmatismos y, por otro, deja intacto –después del paso de un siglo y medio de historia– casi la totalidad del edificio humboldtiano-kantiano para una universidad que ha cambiado tanto en términos de organización administrativa y demográfica como disciplinar. Luego de esta crítica, Renaut pasa a analizar el debate alemán contemporáneo retomando las ideas de Mittelstrass.

Para este especialista alemán, la universidad de masas y los actuales imperativos de profesionalización han desmoronado el mito humboldtiano de unidad de ciencia e investigación como “formación”. Mittelstrass critica las transformaciones que profesionalizaron los primeros ciclos universitarios, defendiendo una solución inversa: la deportación de una serie de carreras profesionales y técnicas fuera de la universidad hacia las escuelas superiores. Para Mittelstrass, esta solución dejaría el espacio universitario libre de la demasía de estudiantes para reorganizar sus

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tareas específicas: la formación de elites sabias a través de la unión entre enseñanza e investigación. Renaut critica severamente esta opción, sosteniendo que esta “cura de adelgazamiento” estaría renunciando a un desarrollo que lleva más de cuarenta años, el que hizo posible que más estudiantes accedan a la formación universitaria; al tiempo que una evacuación de tal envergadura no estaría dando una respuesta satisfactoria a una mayoría de estudiantes que están interesados en una formación humanística, sin interés prioritario en la profesionalización. La masividad y la inquietud literaria es una experiencia cultural que para Renaut no debería ser descuidada.

Descartadas las alternativas alemanas, Renaut vuelve a la especificidad francesa en el capítulo cinco. La crisis del sistema francés tiene su origen en el prolongado vacío que generó la supresión de la universidad por parte de la Convención en 1793, medida sostenida por los diferentes gobiernos durante más de un siglo hasta la ley del 10 julio de 1896 durante la Tercera República. Esta supresión motivó el desarrollo de las grandes escuelas con un vigor sin equivalente en el mundo, en ellas se concentró desde entonces la vida cultural y científica de la nación, así como el reclutamiento de las elites. La universidad francesa convive desde su reapertura con el dispositivo de las grandes escuelas, este sistema dual genera competencias desiguales y un desfasaje creciente en la búsqueda de funciones propias para la universidad. A través de este esquema Renaut llega a una conclusión que puede sorprendernos por la gravedad del diagnóstico. Si la crisis del 68 fue fuerte en el imperativo de democratización interna y apertura, no ponía en duda que la universidad cumplía con cierto número de funciones sociales; en cambio, la universidad actual, sin funciones propias, con bajo presupuesto y una marea de estudiantes concentrados en todos sus ciclos, enfrenta una crisis que, “sin estruendo ni explosión”, pone en cuestión su propia existencia.

Lejos de quedar paralizado ante semejante cuadro, Renaut culmina este texto con una propuesta que invita a refundar las funciones universitarias a partir de una opción que realza los rasgos positivos que tanto la masividad como la demanda por las humanidades constituyen para la modernización de la universidad, marcando un fuerte rechazo a las propuestas que intentaron saldar la crisis con el vaciamiento de la universidad o la profesionalización de los estudios. Nuestro autor propone entonces una serie de transformaciones: contra la profesionalización de los primeros ciclos, los tres primeros años deberían dispensar una “formación general” considerada indispensable para el dominio de una disciplina. A este primer ciclo le seguirían dos años consagrados a la adquisición de los fundamentos disciplinares, para culminar con una profesionalización fuerte en el tercer ciclo que trataría de hacer que las ofertas de formación se encuentren suficientemente diversificadas. La libertad de acceso al complemento de cultura general que significaría este primer ciclo, ofrece las mejores oportunidades para seguir el camino de la especialización en las diferentes disciplinas con una base sólida y plural.

Además de preámbulo para la especialización, la formación general dispensada por la universidad a una población cada vez más vasta, dotaría a la universidad de una misión esencial en la vida de la democracia: la reducción de las desigualdades

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culturales. La universidad así reestructurada, sin atacar a las grandes escuelas ni exigir inversiones imposibles, lograría ser parte del saber de una época, en un devenir cultural, plural y abierto, constituyendo el soporte de una sociedad más democrática e igualitaria.

El libro de Renaut proporciona un punto de vista que, en el medio de fuegos cruzados entre especialistas y funcionarios, vuelve a retomar el análisis de la universidad desde la filosofía que, en tanto acompañó las reflexiones fundamentales sobre sus transformaciones, tiene mucho que decirnos sobre cómo pensar los dilemas y crisis contemporáneos. No ha de sorprendernos entonces la similitud que encuentran las propuestas que Renaut planteaba en el año 2002 en Francia, con los postulados que enfatizaba José Ingenieros para la modernización de la universidad argentina en 1916. Ambos filósofos, activos en el devenir de la universidad en épocas y países diferentes, rechazaron su devenir en mera profesionalización y en la técnica, y postularon que la universidad tiene la misión fundamental de fijar los principios que permitan organizar la cultura superior al servicio de las sociedades democráticas contemporáneas de sus respectivos tiempos. ¿Qué hacer con las universidades? es, pues, un aporte fundamental al debate universitario abierto en la cultura occidental hace más de dos siglos con el cual estamos destinados, por su profundidad y cercanía, a dialogar.

Referencias

1. En J. INGENIEROS, La universidad del porvenir y otros escritos, Buenos Aires, Ediciones Meridión, 1957.

2. El sistema de educación superior francés está constituido por ochenta y siete establecimientos estrictamente catalogados como “universidades” y noventa y dos Institutos Universitarios de Tecnología (IUT) que corresponden a la parte que no incluye ni a las grandes escuelas (grandes écoles) ni a las denominadas secciones de técnico superior (STS). Las universidades francesas se caracterizan por ser abiertas y gratuitas, de modo que todo poseedor de bachillerato puede acceder a los estudios universitarios. Las grandes escuelas, creadas a finales del siglo XVIII paralelamente al sistema universitario, ofrecen una enseñanza profesionalizada de muy alto nivel con una rigurosa selección para el ingreso que incluye la aprobación de clases preparatorias de dos o tres años de duración.

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Libro: Historia reciente: perspectivas y desafíos para un campo en construcción Marina Franco – Florencia Levín (comps.)

Editorial Paidós, Buenos Aires, 2007. (352 pp.)

En nuestro país la preocupación académica y la demanda social por abordar e interpretar el pasado reciente, convirtiéndolo en campo de estudio, se ha acrecentado en los últimos tiempos. De ello da cuenta el incremento en el número de jornadas, congresos y publicaciones abocados a esta temática. Sin embargo, debido a que es un margen muy delgado el que separa a este pretérito del presente en el que transcurren nuestras vidas, interpretarlo implica problematizarlo, reconocerlo como un “pasado que no pasa”, un tiempo que apela a la subjetividad de lo vivido, que por ser tan cercano, genera tanto pasiones como odios o rencores, aunque también indiferencias.

Partiendo de estas premisas, el trabajo de compilación de las historiadoras Marina Franco y Florencia Levín, se propone generar un espacio de debate y reflexión sobre este nuevo campo que, denominado de diferentes maneras –historia del presente, historia muy contemporánea, historia de nuestros tiempos, historia reciente, etc.– ha convertido al pasado cercano en un objeto legítimo de investigación para ser abordado por los cientistas sociales, y propicio, a su vez, para ser interpelado a partir de un enfoque interdisciplinario, capaz de enriquecer y complejizar su comprensión. No obstante esta ventaja, la Historia Reciente –tomando de esas denominaciones la más usual– por representar un campo historiográfico todavía en ciernes requiere, para su abordaje, de amplios debates tanto epistemológicos y metodológicos, como éticos y políticos, capaces de impulsar su eficaz desarrollo.

Con el objetivo de contribuir a este debate, el libro se compone de una serie de trabajos, que desde diferentes autorías y disciplinas sociales, abordan tanto las cuestiones metodológicas y conceptuales, como las éticas y políticas que, consideran, se deben tener en cuenta a la hora de historizar e interpretar el pasado cercano.

Si bien el mismo se halla organizado en tres partes, determinadas cada una de ellas por una temática matriz: problemáticas conceptuales e historiográficas, en la primera; acercamientos metodológicos y cuestiones ético-políticas, en la segunda y, finalmente la relación entre pasado cercano y sociedad actual, en la tercera; hay cuestiones que son comunes y transversales a todos los artículos que forman parte de él. De esta manera, conceptos como “memoria”, “trauma”, “verdad” y “justicia” se presentan como ejes vertebradores de esta obra colectiva.

La primera parte está conformada por cuatro artículos. El primero de ellos, “El pasado cercano en clave historiográfica”, elaborado por las propias compiladoras, consiste en una puesta en discusión de la Historia Reciente como disciplina

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Mariángeles Zapata UNNOBA mariangeleszp_84@yahoo.com.ar

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historiográfica, en proceso aún de construcción y consolidación, por lo cual trata de abordar, desde una perspectiva analítica su posicionamiento e inserción en el campo académico. Para ello da cuenta, por un lado, de las objeciones y críticas que desde éste ámbito le han sido formuladas al abordaje del pasado cercano, y por otro lado, de los fundamentos metodológicos utilizados por los propios cientistas sociales abocados al estudio de esta disciplina; asimismo la íntima relación existente entre la historia reciente y el pasado traumático, por un lado, y las demandas sociales que recaen sobre ella, exigiéndole su aporte en aras de contribuir a la verdad y la justicia, por el otro, llevan a las autoras a poner en primer plano la correlación entre este campo con los conceptos de “memoria” y “testimonio”.

Por último, el texto aporta una mirada prospectiva sobre el lugar de la Historia Reciente en el campo historiográfico, desde sus posibilidades de legitimación como objeto de estudio específico, hasta lo fructífero de la interdisciplinariedad como forma de abordaje del mismo.

El segundo artículo “Historia y memoria. Notas sobre un debate” corresponde a la autoría del historiador italiano Enzo Traverso, quien basando su análisis en las relaciones entre historia y memoria, coteja los hechos traumáticos del pasado reciente –desde la Shoá hasta el terrorismo de Estado argentino– y la forma en que han sido y son resignificados e incorporados a la memoria colectiva en el presente. Esto lo lleva a plantear el peligro que puede significar –y ha significado en algunos casos– la reificación de ese pasado por la posibilidad que encierra de cosificar o convertir a la memoria en un producto de consumo. Por último, su trabajo pone en evidencia, al igual que el resto de los artículos que forman parte de esta compilación, los lazos estrechos que unen los conceptos de historia y memoria con los de “verdad” y “justicia”, lo cual vincula al estudio de este pasado cercano, por el hecho de haber sido tan traumático, con la noción de deber cívico y político, haciendo de la construcción de la memoria un mandato ético. Todas estas consideraciones son atravesadas por una permanente introspección sobre la incidencia del historiador en este proceso de construcción del saber histórico y de la memoria colectiva.

El tercero de los artículos, “Historia reciente de los pasados traumáticos. Desde los fascismos y colaboracionismos europeos a la historia de la última dictadura argentina”, es obra de otro historiador, Daniel Lvovich, quien se aboca a analizar, de manera más amplia y exhaustiva los modos de construcción de la memoria colectiva en los diferentes países que comparten el hecho de haber vivenciado un pasado traumático.

A partir de una comparación entre los casos de Italia, Francia y Alemania, entre sí y de un cotejo entre estos tres países en general, con el terrorismo aplicado por la última dictadura en Argentina, el trabajo busca y logra mostrar las resignificaciones que cobra el pasado a partir de un presente, que se expresa y legitima a sí mismo interpelándolo. Teniendo en cuenta que en este proceso de interpelación intervienen tanto los debates intelectuales como las elaboraciones de las distintas memorias en pugna sobre ese pasado y la producción historiográfica, Lvovich considera las formas en que en cada uno de estos países estas diversas instancias se vincularon.

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No obstante, su planteo no se agota en los alcances de esta interpelación, sino que bucea, sobre todo para lo que concierne al caso argentino, en sus limitaciones y desafíos a futuro, brindando desde la perspectiva historiográfica un conjunto de claves interpretativas y metodológicas para el abordaje de la historia reciente, como campo específico de estudio.

Esta primera parte del libro se cierra con el trabajo del historiador Roberto Pittaluga “Miradas sobre el pasado reciente argentino. Las escrituras entorno a la militancia setentista”, en el cual el autor hace un recorrido historiográfico por un tema que durante mucho tiempo permaneció ausente como objeto de estudio de la disciplina histórica, para luego convertirse en una de las temáticas más recurrentes de la historia reciente. Así, Pittaluga expone, en clave analítica, los factores que durante la década que siguió al retorno de la democracia, contribuyeron a invisibilizar o soslayar, en el campo académico e historiográfico, el pasado inmediato de los años sesenta y setenta; luego, a la inversa, da cuenta de las posibles causas que llevaron, desde mediados de los ’90, a abordar la temática de la militancia setentista desde diferentes perspectivas: historia, literatura, memorias, autobiografías de los propios militantes, etc. De esta manera, su trabajo permite vislumbrar y comprender los diferentes modos en que este pasado ha sido resignificado desde el presente, y las ambigüedades que estas interpelaciones aún conllevan en el tratamiento, sobre todo, de las figuras de los desaparecidos, cuya categorización binaria antagónica, o “víctima” o “mártir”, muchas veces ocluye la necesidad de un análisis más crítico y complejo.

La segunda parte del libro, cuyo eje articulador es el tratamiento e interrelación entre los aspectos éticos, políticos y metodológicos, que se presentan a los cientistas sociales al momento de abordar una investigación, consta de cuatro artículos, provenientes de diferentes disciplinas sociales: historia, antropología, filosofía y comunicación.

El primero de ellos, “Aportes y problemas de los testimonios en la reconstrucción del pasado reciente en la Argentina” es el trabajo de la historiadora Vera Carnovale quien, partiendo de un ejemplo concreto del testimonio de quien fuera un militante del PRT-ERP, da cuenta de los alcances, limitaciones y cuidados que conlleva el uso metodológico de la historia oral en el tratamiento del pasado reciente. Este trabajo muestra que, si bien los testimonios orales se presentan como una fuente indispensable para el abordaje de la historia reciente, contraponer a estas memorias un análisis crítico es una tarea ineludible por parte del investigador. Asimismo, dado que todas estas consideraciones metodológicas se encuentran atravesadas por otras de orden ético y político, la autora advierte acerca de la empatía que puede significar estar frente al testimonio que delata un pasado traumático vivido en primera persona, así como de la necesidad de un abordaje más sistemático del pasado cercano con el fin de “interpelar a la sociedad en su conjunto para poder dar cuenta de las responsabilidades colectivas en la instalación y funcionamiento del aparato terrorista” (p.178).

El segundo trabajo “Etnografía de los archivos de la represión en la Argentina” proviene del campo de la antropología cultural, y en él su autora, Ludmila Catela

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Da Silva realiza un reconto descriptivo y analítico, a su vez, de la disponibilidad de fuentes documentales de la represión y de las posibilidades de acceso a ellas, así como también de los debates metodológicos que entorno a ellas se generan. La autora analiza por un lado las riquezas y limitaciones de esas fuentes para su tratamiento metodológico, y por otro, advierte sobre las expectativas sociales que se desprenden del uso público de estos archivos, ya que se los suele considerar como depositorios o baluartes de verdad y generadores de justicia per se, sin considerar que esos documentos fueron construidos por los mismos agentes de la represión, por lo cual se los deberá cotejar con otros testimonios, para poder, de esta forma dar cuenta de una manera más crítica y compleja de ese pasado traumático.

Seguidamente, en esta segunda sección del libro se halla el artículo de la historiadora Hilda Sabato “Saberes y pasiones del historiador. Apuntes en primera persona”. Este artículo, narrado por la autora en primera persona, da cuenta de los avatares que conlleva el trabajo del historiador abocado a los estudios de historia reciente. Analiza cómo su propia subjetividad y anclaje ideológico se entrecruzan con las relaciones propias entre historia y memoria en el proceso de construcción de una conciencia histórica y de una memoria colectiva, y cómo en este entrecruzamiento interviene también el factor ético y político. Todas estas consideraciones llevan a la autora a preguntarse cómo y hasta qué punto el historiador puede controlar “sus pasiones presentes (políticas, ideológicas, culturales) que orientan sus preguntas a la hora de generar las respuestas, de producir resultados” (p.231).

Esta segunda parte del libro culmina con el artículo de Alejandro Kaufman “Los desaparecidos, lo indecidible y la crisis. Memoria y ethos en la Argentina del presente”. Kaufman analiza la desaparición como un concepto y condición que al estar cargado de indeterminación, por estar fuera de las condiciones binarias esenciales del ser humano –la vida y la muerte– se traduce en algo completamente indecidible. El eje que recorre este trabajo consiste en la postulación de la imposibilidad de generar una memoria histórica y epistémica de la inconmensurabilidad y singularidad que representaron la Shoá y el terrorismo de Estado en Argentina, soslayando el valor de los testimonios morales y anamnéticos de las figuras de los sobrevivientes de ambos pasados traumáticos. De esta manera, estos testimonios, al estar atravesados por un ethos tan fuerte, se convierten en piezas únicas, singulares e incomparables por sí mismas, capaces de volver falaz cualquier atisbo de discordia entre historia y memoria.

La tercera y última parte de esta compilación está compuesta por tres trabajos, que provenientes de tres disciplinas diferentes (ciencias de la educación, sociología y antropología cultural), comparten en común la temática de indagar en la relación entre la historia reciente y la sociedad civil posdictatorial, postulando a través de un exhaustivo análisis las resignificaciones, discursos y miradas que conviven e interactúan en la interpelación de ese pasado, en distintas esferas del campo social.

El primero de ellos, “Entradas educativas en los lugares de la memoria”, que corresponde a la autoría de Silvia Finocchio, se aboca al análisis de las diferentes formas en que el pasado traumático de la última dictadura militar ha sido

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abordado en el ámbito de la educación formal, específicamente en la enseñanza escolar de la historia, desde el retorno de la democracia hasta nuestros días. A partir de un somero pero rico esbozo sobre la conformación y modos de abordaje de la disciplina histórica en la historia escolar, la autora plantea los avances de los programas educativos, en la última década, en cuanto han sido capaces de incluir el tratamiento de la historia reciente, pero advierte acerca de la fragilidad y dificultad que esta tarea conlleva en el campo de la praxis, a la hora de transmitirlos a los alumnos. De esta manera, el artículo permite vislumbrar cuáles son los retos que enfrenta hoy la escuela ante la enseñanza de la historia en general, y ante los lugares de memoria, en particular; al mismo tiempo aporta posibles caminos para repensar las formas de abordaje del pasado reciente en las escuelas, para que en efecto éstas dejen de ser una “máquina imponente de memoria institucionalizada” (p.274).

El artículo siguiente, titulado “Historias próximas, historias lejanas. Usos sociales de las distancias temporales en la organización de las experiencias sobre el pasado: el caso del servicio de psiquiatría del Lanús” pertenece a Sergio Visacovsky. A partir de un estudio etnográfico, anclado en el campo de la antropología cultural, el autor se sumerge en el análisis de un caso ejemplar: las formas en que los actores sociales de una institución, separados entre sí por condicionantes generacionales, etarios y por la forma en que conciben su propia historia y la de la institución a la que pertenecen, el ‘Lanús’, resignifican el pasado cercano traumático como modo de validar o legitimar sus percepciones del propio presente. Así, a partir de este trabajo, Visacosvky da cuenta de un hecho, muchas veces invisibilizado en el campo historiográfico: la coexistencia de una doble perspectiva o escala de análisis, subyacente en todo abordaje teórico: la del investigador y la de los propios actores estudiados, quienes a su vez, presentan o crean una pluralidad de significantes y significados diferentes, más aún cuando se trata del abordaje de la historia reciente. Esto a su vez da cuenta de que las conceptualizaciones o usos sociales de las distancias temporales, no son ahistóricas o naturales, sino que responden a una determinada concepción de la realidad social, y a fines político-ideológicos concretos. Los debates, posicionamientos y revalidaciones del pasado, efectuados por integrantes del servicio de psiquiatría del ‘Lanús’, estudiados por el autor, permiten ejemplificar perfectamente estos procesos.

Finalmente, el último artículo “La conflictiva y nunca acabada mirada sobre el pasado” de la socióloga Elizabeth Jelin, bucea en forma comparativa, a partir del caso alemán y de los casos del Cono Sur, en los modos en que ha sido construida la memoria colectiva en países que han atravesado pasados traumáticos, y las tensiones entre estas memorias y otros sentidos del pasado, construidos por diferentes actores e instituciones. Dado que el pasado no es algo inmóvil y cerrado en el tiempo, sino que por el contrario, se halla permanentemente resignificado e interpelado por el presente, la autora sostiene que los procesos de construcción de memorias se presentan como eternamente inacabados, sujetos a ser revisados una y otra vez, desde el presente y los posibles futuros. A su vez, Jelin, sugiere interesantes herramientas conceptuales y sendos interrogantes para acceder a la

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comprensión del modo en que las memorias de este pasado cercano han sido elaboradas a lo largo del tiempo.

Como corolario, se puede sostener que si bien al pasado reciente –como a cualquier otro pasado– sólo se puede acceder asintóticamente, a partir del cotejo de diferentes fuentes, como ha sido planteado por todos los autores que conforman este libro, su abordaje es indispensable para toda sociedad, especialmente para aquellas que han vivenciado procesos traumáticos, como es el caso de nuestro país. En este sentido, y como quedó plasmado en todos los artículos, el abordaje de la historia reciente no se puede deslindar de una cuestión ética y moral. De aquí también emana la importancia de la consolidación de la Historia Reciente como campo de estudio específico. Por todo ello, este libro representa un aporte insoslayable para quien desee indagar en este período de la historia.

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Convocatoria Temas y Debates es una publicación académica, editada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, que recoge colaboraciones de las diversas disciplinas de las ciencias sociales, es editada de manera semestral y recibe los siguientes tipos de trabajos: - Artículos de investigación: deberán ser textos originales.

- Comunicaciones y estados del arte.

- Reseñas.

Los trabajos con pedido de publicación deben ser inéditos en español y observar las siguientes normas: 1. Presentar una nota con pedido de publicación dirigida al Comité de Redacción, que incluya, el título del trabajo, los datos completos del autor (nombre y apellido, máximo grado académico alcanzado), la pertenencia institucional, la dirección postal, el número de teléfono y el correo electrónico.

2. Deben presentarse dos (2) copias impresas, que no contengan los datos del autor para garantizar el anonimato de la evaluación. Asimismo, debe presentarse en CD o vía correo electrónico el texto con los datos completos del autor. Las copias impresas deberán ser enviadas a la dirección que se indica al final.

3. Extensión de los trabajos: máximo 65.000 caracteres para artículos, 25.000 caracteres para notas y comunicaciones y 10.000 caracteres para reseñas bibliográficas. Los trabajos deben presentarse en hoja A4 (297 x 210 mmm), a espacio y medio, con márgenes de 3 cm.

Deben ser digitados en fuente Times New Roman tamaño 12.

4. Los cuadros y gráficos se incluirán en hojas separadas del texto, numerados y titulados, haciendo referencia a su ubicación en el texto.

5. Citas y Referencias: Para las citas se utilizará el sistema Harvard (Apellido del autor, año de edición: número de página si correspondiere) en el cuerpo del texto. Ejemplo: (Bourdieu, 2000:23). Las notas ampliatorias o aclaratorias deberán enumerarse correlativamente a pie de página.

6. La Bibliografía deberá ser ordenada alfabéticamente por autor, al final del artículo, y deberá contener los siguientes datos en este orden: a) iniciales de los nombres y apellido del autor (en mayúsculas); b) año de edición, entre paréntesis; c) título de la obra (en bastardilla); d) lugar de edición; e) casa editorial; f) volumen, tomo; g) en el caso de artículos de revistas, el título de estas últimas se incluirá en bastardilla y el título del artículo en letra normal, entre comillas separados entre comas.

Ejemplos: - Para libros: P. BOURDIEU (2000), Las estructuras sociales de la economía, Buenos Aires, Manantial.

- Para capítulos de libro: M. DIAMOND (1996), “El Federalista” en L. STRAUSS y J. CROPSEY (comp.) Historia de la Filosofía Política, México, Fondo de Cultura Económica.

- Para artículos de revistas: J. M. GÓMEZ (1997), “Globalização da política. Mitos, realidades e dilemas”, en Praia Bermelha, Río de Janeiro, Vol. I, Nº 1.

- Para la Web: Citar los datos según se trate de un libro, artículo de libro, revista o artículo de diario o periódico. Incluir la fecha de publicación electrónica, la fecha de la última actualización disponible, y la fecha en que se accedió al sitio Web y se tomó la cita, así como la dirección electrónica o URL entre < >.

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Para la aprobación de su publicación los trabajos serán sometidos a la consideración del Comité de Redacción y de evaluadores externos.

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fundamentos en humanidades fundamentos en humanidades año VIII - número II (16) 2007 san luis - argentina

sumario / table of contents artículos / papers Educación Paulina Perla Aronson (Instituto de Investigaciones Gino Germani - UBA - Argentina) • 9 El retorno de la teoría del capital humano The return of human capital theory Judith Naidorf (UBA - CONICET - Argentina) - Raúl Omar Ferrero (UTN - Argentina) • 27 La militancia con compromiso. La universidad nacional entre 1966 y 1976 A committed political affiliation at national universities between 1966 and 1976 Adriana Chiroleu (Universidad Nacional de Rosario - CONICET - Argentina) • 43 Senderos en la niebla: reflexiones acerca del cambio en la universidad Foggy Pathways: reflections on the changes in University Fernando Pablo Napoli (UTN - Argentina) • 53 Órganos de Gobierno y toma de decisiones para la gestión académica de la Educación de Posgrado en la Facultad Regional Buenos Aires, de la Universidad Tecnológica Nacional Institutional administration and decision-making process in the academic area of Postgraduate Education in the Buenos Aires Regional Faculty of National Technological University

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fundamentos en humanidades

Saada Bentolila - Beatriz Pedranzani - Mónica Clavijo (UNSL - Argentina) • 67 El campo de la formación universitaria: rasgos y contornos de los cambios del currículum en un contexto de crisis estructural University education: features of curriculum changes in a context of structural crisis Ana I. Medina (UNSL - Argentina) - Elena C. Mazzola (UARG - Argentina) • 97 Comités de ética - bioética en la institución universitaria: análisis del caso en la Universidad Nacional de San Luis University ethics/bioethics committees: a case study at San Luis National University Carlos Francisco Mazzola (UNSL - Argentina) • 113 La elección directa en la UBA. ¿Puede aportar alguna solución a la crisis de gobierno?

Direct Election at National University of Buenos Aires (UBA). May it provide any solution to the university administration crisis?

Psicología

María Paula Perarnau - Sara Verónica Fasulo - Adriana Alejandra García - Roberto Daniel Doña (UNSL - Argentina) • 153 Síndrome premenstrual y trastorno disfórico premenstrual en estudiantes universitarias adolescentes Premenstrual Syndrome (PMS) and Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) in University Students

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Susana Quiroga - Glenda Cryan (UBA - Argentina) • 127 Resultados del Inventario EDI-II en Adolescentes Tardías Femeninas con Trastornos de la Alimentación. Comparación de Tratamientos Outcomes of the eating disorder inventory EDI-II in late female adolescents with eating disorders. A comparative therapeutic study

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fundamentos en humanidades

Maria Fernanda Galarsi - Cristina Marrau (UNSL - Argentina) • 165 La influencia del entorno laboral en el personal no docente de la Universidad Nacional de San Luis Influence of Work Environment on Administrative Staff of San Luis National University Sergio Mosconi - María Susana Correche - María Fernanda Rivarola - Fabrizio Penna (UNSL - Argentina) • 183 Aplicación de la técnica de relajación en deportistas para mejorar su rendimiento Relaxation technique applied to 16-year-old sportsmen to improve their performance Comunicación José Luis Jofre (UNSL - Argentina) • 199 Teoría de la Discursividad social. La constitución del campo y los desplazamientos epistemológicos Theory of social discursivity. The constitution of the field and epistemological shifts Adriana del Valle Velez - Jackeline Miazzo (UNSL - Argentina) • 223 La modularidad lingüística en un caso con síndrome de down Linguistic modularity in a down syndrome case Libros / Books • 235

año VIII - número II (16) / 2007

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temas y debates 16 / diciembre 2008

estudios sociales revista universitaria semestral

Consejo Editorial: Darío Macor (Director), Ricardo Falcón, Eduardo Hourcade, Enrique Mases, Hugo Quiroga, César Tcach, Darío Roldán.

________________________________________________________ Nº 35

segundo semestre

2008

_________________________________________________________ Artículos JOSÉ CARLOS CHIARAMONTE: Sobre el uso historiográfico del concepto de Región.

VALENTINA AYROLO: Hombres armados en lucha por poder. Córdoba de la pos independencia.

NATACHA BACOLLA: Debatiendo sobre lo incierto. La crisis del treinta en la tinta de sus actores e intérpretes.

CÉSAR TCACH: La Unión Nacional Fascista y La página de Italia.

HÉCTOR GHIRETTI: Invención y destrucción del Fiscal de la patria. El partido comunista, su reconstrucción ideológica de la figura de Lisandro de la Torre y la revisión histórica de la Izquierda Nacional.

RICARDO SIDICARO: Las elites políticas peronistas y la democracia (1946-1955).

RAANAN REIN Y EFRAIM DAVIDI; Deporte, política y exilio: protestas en Israel durante la Copa Mundial de Fútbol. (Argentina, 1978) CRISTIAN BUCHRUCKER: La penetración del antisemitismo nazi en la población del Tercer Reich.

---------Estudios Sociales, Universidad Nacional del Litoral; CC 353, Correo Argentino, (3000) Santa Fe, Argentina; e-mail: suspia@fcjs.unl.edu.ar Compras y suscripciones:

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