Principales, Sobreseimiento, Salto atrás

PRINCIPALES, SOBRESEIMIENTO, SALTO ATRÁS

Principalejos

De mediados del siglo XVI llega hasta nosotros con riqueza todavía insuperada de enseñanzas, de comprensión, de generosidad, una voz, la de Fray Pedro de Gante, que en el año de 1552 pedía desde la capital de la Nueva España, al Emperador, que no consintiera “la promoción de pleitos entre los indios, porque vaya corrupto esto; bien llenos de negocios de ellos, porque por nonada mueve pleitos; y por un poco de tierra, que vale nonada, gastan los tributos e propios del pueblo, en pleitos; y andan tres o cuatro años en ellos, porque se han hecho pleitistas; y en letrados y procuradores, y escribanos e intérpretes gastan lo que tienen: y lo que peor es, que sale del sudor de los maceguales, que por ventura venden lo que tienen, para pleitear. Hasta aquí, los concertábamos los religiosos, y no con sentíamos diferencia entre ellos; en un día los concertábamos a apaciguábamos, de manera que quedaban contentos; más después que les han metido en la cabeza que es mejor, pleitos, destrúyanlos y engañarlos, para servirse de ellos, favorecerlos y, los principalejos, de seguir los pleitos, comen y beben, y gastan el común del pueblo

* Revista La Nación. Año II No. 93, 24 de julio de 1943. Pág. 6. Firmado como Manuel Castillo.

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y el sudor de los maceguales y róbanlos; y todo se pierde… y vienen con estos pleitos, cada día a las manos y a matarse”.

Esta voz que el reciente libro del Maestro Chávez revive con encendida devoción, es simple, clara directa advertencia que por infortunio para México nunca hemos querido atender.

Díganlo si no, la falta de paz en los campos mexicanos en dónde andan en pleitos constantes, que los agentes del Estado pretenden y solapan, agraristas contra pequeños propietarios, agraristas contra agraristas, perdiéndose un invaluable caudal de trabajo y de vidas en la más tonta, en la más estéril, y por parte del Estado en la más criminal, de las luchas falsificadas, cuándo sería tan fácil seguido los caminos del Bien Común y reordenar el trabajo y la vida en el campo con justicia, para el esfuerzo productor, para la alegre y pacífica convivencia.

Díganlo si no, igualmente, las disputas abominables que en materia de trabajo se han sostenido y se sostienen todos los días sin razón y sin provecho, con gran daño parejo para todos y para la Nación.

Díganlo sobre todo, el absurdo e intolerable estado de cosas que existe entre los servidores del Estado, monstruosamente sujetos a una farsa sindicalista, y que culminó hace días en actos de barbarie tolerados, si no protegidos, por agentes del Estado, y en todo caso, no castigados por él en cumplimiento de su deber elemental de justicia.

Los “principalejos”, entre tanto, y en relación con los campesinos, con los obreros o con los trabajadores reales, “destruyéndolos y engañanlos para servirse de ellos so calor de favorecerlos; comen y beben, y gastan del común del pueblo y el sudor de los maceguales, y róbanlos, y todo se pierde…”

Sobreseimiento

Con el nombre de “decreto de emergencia”, para poner énfasis en especial en la supuesta inatacabilidad jurídica que de la Ley de Suspensión de

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Garantías deriva, la Secretaría de Hacienda hizo promulgar una disposición –publicada el 2 de julio en el Diario Oficial–, que indudablemente constituye uno de los peores y más tontamente inútiles actos arbitrarios que el Estado ha podido cometer.

Ese decreto, en efecto, dispone que no se dé curso a gestión administrativa o judicial que tenga por objeto la devolución del impuesto de la renta del súper provecho y que se sobresean los juicios pendientes ante el Tribunal Fiscal de la Federación enderezados a obtener la nulidad de resoluciones denegatoria de devolución de las autoridades fiscales. Ordena el sobreseimiento de los juicios contra resoluciones que hayan fijado el monto del impuesto, y aún de los amparos en que se reclame contra actos del Tribunal Fiscal que hayan reconocido validez a la exigencia administrativa del propio impuesto. Releva de sanciones a los causantes que no pagarán el impuesto del Superprovecho oportunamente si lo pagan ahora, y establece multas hasta de diez mil pesos para los que no se allanen a cubrirlo voluntariamente. Y en un verdadero delito de poder, termina el decreto declarando “privadas de todo efecto jurídico, las sentencias emanadas del Tribunal Fiscal de las que derive el derecho a no pagar o obtener la devolución del impuesto” del Superprovecho.

Ya El Universal hizo un áspero comentario de esta medida sorprendente. No tiene, en efecto, el decreto comentado, cosa buena. Va lo mismo contra la gramática qué contra los principios jurídicos elementales y contra la política. Establece la inseguridad como regla, rompe todo el orden jurisdiccional, excede los límites de la legislación de emergencia y abiertamente viola principios como el de la intocabilidad de la cosa juzgada. Pero hay dos aspectos que conviene señalar de un modo especial.

Uno de ellos consiste en que no es este decreto una muestra aislada del criterio –sí así puede llamarse– que prevalece en Hacienda. Antes de él, Hacienda ha promulgado otras medidas inspiradas también en el mismo desdén absoluto a las normas y valores básicos para la vida social. Es decir, que el último decreto no

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es más que un síntoma del mal de fondo: extraña demencia, sentido omnipotente del poder, olvidó total de la existencia necesaria de normas y principios que orientan y limitan la acción del Estado. Hacienda se equivoca y pierde, ante su propio tribunal, al que previamente se había sometido reconociéndole competencia. Declara entonces –para eso tiene el poder de emergencia ahora y para eso tuvo en otras ocasiones otros poderes igualmente mal usados–, qué la sentencia de su Tribunal se declara nula. “calígulismo”. ¡Y así hemos de hacer frente a los graves problemas qué amenazan a México!

El otro aspecto, es el de la posible extensión de la interpretación moustrosa que Hacienda da a las leyes de emergencia, a otros aspectos de la acción gubernamental. Trasladándose, en efecto, el decreto de Hacienda, a cosas que corresponden a la vida o a la libertad de los ciudadanos. Piénsense en una ley que declare sin efecto la sentencia de cualquier tribunal absolviendo a un acusado político, por ejemplo. ¿Y por qué no, usando la idéntica interpretación, había de ponerse dictar una ley que declarará sin efecto todas las prescripciones corridas ya, todos los registros de títulos de propiedad, todos los actos relativos al estado civil, o no importa que otras decisiones operaciones de la vida social y del Gobierno? ¿Es eso lo que previenen las leyes de emergencia? ¿Tales posibilidades de arbitrariedad irresponsable están implícitas en la limitada suspensión de garantías? De quedar establecida la tesis de Hacienda, así habría que concluirlo, y México sería un rebaño de esclavos frente a un gobierno sin límites. Luchando, eso sí, por la democracia y en favor del “patrimonio sagrado de nuestras libertades”.

Salto atrás

Tan patentes y tan de manifiesto están ya no sólo la corrupción de antiguo conocida y la mentada que invade todas las regiones de la vida pública mexicana, sino además la ineptitud extrema de quién es por sucesión más o menos ilegítima son ahora los detentadores o los abanderados, según ellos, del

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monopolio llamado revolucionario del poder, que entre los mismos miembros del régimen se advierten gestos alarmados y reprobatorios.

Cada vez son más frecuentes, en efecto, las conversaciones, y aún las juntas formales, entre personas que actualmente están en el presupuesto y en el favor oficial o que estuvieron y desean estar nuevamente en esa situación privilegiada, en las que se analiza la degradación política del régimen. No la degradación moral, que carece de importancia, sino la degradación que pudiera llamarse la técnica y a consecuencia de la cual se pone en riesgo inminente la subsistencia misma de un estado general de cosas que ha permitido el predominio, sobre la Nación, sus recursos y sus destinos, de un grupo ciertamente sujeto a divisiones internas motivadas por el reparto del botín; pero que ha podido conservar homogeneidad externa para asegurar en globo el usufructo de la vida pública como poder, como granjería, cómo influencia, cómo concesión o, por lo menos, cómo certeza garantizada de impunidad.

Y en esas juntas y conversaciones, empieza ya a perfilarse una idea, una “gran idea” que permitirá salvar “las conquistas”: no se pueden ocultar ni los errores cometidos, ni los abusos, ni la corrupción creciente; han sido exhibidos en escandalosa e irremediable desnudez; pero queda el camino de la autocrítica y queda la esperanza en el anhelo popular de un cambio, siempre despierto y hoy más vivo que nunca, y en la posibilidad de desviar nuevamente ese anhelo no al cambio verídico y completo al que él se dirige, sino a una mera apariencia que desgaste el propósito y permita con ello, por varios años más, la continuación del monopolio global.

La mera y propia autocrítica, recomendada y ensayada por algunos de los sub-líderes actuales, no es bastante. La opinión se ríe de ella y no la traga. Los grandes cerebros del monopolio, entonces, decidirán probablemente aplicar el procedimiento autocriítico; pero haciéndolo proceder no del mismo sector que hoy está en el foro político y es el más visible inmediato responsable de la situación, sino de otros miembros o sectores de la misma banda que se han

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mantenido –o han sido puestos por las querellas internas del grupo– entre bambalinas, y que ahora podrán presentarse, engolada la voz, como críticos verdaderos contra sus herederos y continuadores. Quizá se les unan ciertas gentes menores que nunca han actuado sino como porra en la galería o de partiquinos en el foro, y que ahora buscarán ardientemente la posibilidad de ser usados para satisfacer la necesidad de dar cierta novedad al “elenco substituto”.

Nada difícil será, pues –y a ello habrá de alentarlos la próxima campaña presidencial–, que figurantes de hace veinte años salten pronto al tablado de la política, expulsen de él a muchos del elenco actual –llamado “tenientismo”– o sostengan con ellos en el foro grandes combates con espadas de hojalata reclamándoles y haciendo apariencia de castigarlos por la degeneración que han introducido en la pureza del régimen revolucionario. Del “tenientismo” saltaremos tal vez hacia el “generalismo”, que es evidentemente, si no un salto mortal, porque el pueblo está enterado de muchas cosas y la opinión no está deshecha ni olvida tan definitivamente, sí un salto atrás de veinte años, extremadamente perjudicial y cargado de amenazas para México.

Ni siquiera faltará, cuando esto acontezca, quien se refugie en la cómoda tesis, del “menis-malismo”. Habrá otros que invoquen las posibilidades del arrepentimiento y las ventajas de la experiencia. Y muchos caerán presos, aun de buena fe, en las redes de su propia prisa, pues sólo se fijarán en el cambio y no se darán cuenta del sentido que ese cambio tiene, me recordaran que lo importante no es moverse sino moverse hacia adelante en el camino de la realización más cierta y mejor de los principios salvadores.

El tema hoy, conjetural, no permite mayor comentario. Será hecho en su tiempo. Basta ahora dejar constancia de que la opinión nacional verdadera monta guardia y conoce su deber.