BALANCES MUNICIPALES

paso a sus suplentes, que son hombres. Una tendencia antiética, desinstitucionalizante y consecuente con la miseria humana con que operan algunos liderazgos locales.

El mapa del poder político expresa un alto nivel de desequilibrio de género; el cual podría estar determinado, como problema estructural, por las ventajas sociales, políticas y económicas de los hombres frente a las mujeres. El poder político es la expresión de quien más poder social y económico tiene. Más mujeres pobres, analfabetas, con más maltratos físicos y sicológicos, con menos posibilidad de empleos y con menos cargos directivos que los hombres, son de los principales obstáculos para el equilibrio en la dirección de los poderes públicos. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 70% de los pobres del mundo está constituido por mujeres.

Ni el 33% de la cuota per se ni la descentralización política han conducido necesariamente a la ampliación de oportunidades para las mujeres. Si la cultura política limita la ampliación de oportunidades a las mujeres, también la mayoría de las que tienen o han tenido poder político se identifican muy poco con la perspectiva de género. Existen pocas evidencias de la ampliación de buenas prácticas de equidad de género en el ejercicio de poder por parte de alcaldesas y regidoras. Pero, el dado no sólo se puede cargar a las mujeres, porque tampoco los hombres que ocupan alcaldías aplican de manera sistemática y estratégica las políticas de género.

I. 10.- Centralización del gasto público

En el Informe del Banco Mundial 2016 se indica que la inversión pública está muy centralizada, con un 75 por ciento de la inversión en el período 2012-2015 concentrada en nueve provincias que representan el 54 por ciento de la población del país. Por otro lado, para el 2017, el gasto continuará centralizado en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, en las cuales se concentrará casi el 70% de la inversión pública, teniendo ambas un porcentaje de población estimado en 35%. Es un gasto exclusivo de la administración central y sin participación de los gobiernos locales.

Centralización sin transferencia de poder financiero desde el nivel superior del Estado hacia los niveles locales y concentración del presupuesto en los grandes centros urbanos constituyen las más malas de las políticas de promoción de la equidad territorial y social. Los municipios dominicanos recibieron en el 2016 una transferencia que ronda el 3.50% de los ingresos internos del Gobierno central de la nación dominicana, porcentaje muy similar a lo recibido en el año 1998. También la transferencia limitada al criterio poblacional produce una recentralización por parte de los gobiernos locales que concentran la mayor población, lo cual impacta desfavorablemente la equidad entre los municipios grandes y los periféricos o alejados de los grandes centros urbanos.

Con una estructura del gasto público caracterizado por un elevado servicio de deuda pública y alta dosis de improductividad continuarán las limitaciones para cumplir con la transferencia del 10% de los ingresos corrientes del presupuesto público a los gobiernos locales. No obstante, existen opciones para mejorar las empobrecidas finanzas locales como son la transferencia de impuestos de vocación municipal que controla el Gobierno central, desarrollando fondos de cohesión territorial mediante modalidades de coordinación e incentivando la mejora de la recaudación propia, de modo que se baje la pereza fiscal de las alcaldías.

I. 11.- Irresponsabilidad política con las deudas municipales

La mayoría de alcaldes y directores de juntas municipales que fueron juramentados para el período 2016-2020 recibieron las administraciones locales con un altísimo porcentaje de deudas, muchas legales y otras ilegales pues no tenían soportes. Un