BALANCES MUNICIPALES

la gestión y la superación de la incapacidad administrativa son temas pendientes.

Otra manera de centralización del poder político se ejerce a través del control de las finanzas públicas. Durante el año 2013 los gobiernos locales dejaron de percibir más de RD$22 mil millones por falta de cumplimiento de lo que dispone la ley sobre transferencias de fondos a los ayuntamientos. Desde el año 2007 el gobierno central ha dejado de transferir a los ayuntamientos y juntas de distritos municipales más de RD$90 mil millones.

En los años 2012 y 2013 el gobierno de Danilo Medina ha incrementado las transferencias en RD$2 mil millones. No obstante estos incrementos, el porcentaje sigue cayendo en forma de clavado. Según la Ley 166-03 el Gobierno debe transferir el 10% de los ingresos fiscales contemplados en la Ley General de Presupuesto de la Nación.

El porcentaje de transferencia para el año 2013 y para el 2014 registra cifras similares a las del año 1997, que fue de 3.9%. La descentralización fiscal del Estado dominicano sigue siendo una utopía, después de 16 años de aprobación de la ley de transferencia. La cohesión social y territorial, en un ambiente de tanta centralización, también sería una ilusión fantasiosa contenida en los libros de desarrollo humano.

Para el 2014 los gobiernos locales continuaron con insuficiencia financiera. El aumento de la asignación de RD$1000 millones es algo para los ayuntamientos más grandes y nada para los más pequeños. Durante el 2013 no se registraron acciones orientadas a promover la descentralización del poder político. Ni las asociaciones de municipios (FEDOMU, ASODORE y ADODIM) ni la sociedad civil actuaron abiertamente en los escenarios públicos para demandar con vehemencia y sistemáticamente políticas capaces de mejorar la distribución del poder político en la sociedad dominicana.

El 2014 es una oportunidad para avanzar en el esperado pacto local, el cual persigue poner en marcha los aspectos de la Estrategia Nacional de Desarrollo y aquellos instrumentos y herramientas que servirían para fortalecer la autonomía política, financiera y administrativa. La decisión está en las manos del presidente Medina y de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), quienes firmarán.

IV. 4.- Participación de la sociedad civil

Las organizaciones de la sociedad civil dominicana, en su mayoría, están orientadas a lidiar con una agenda que no prioriza la cuestión del desarrollo local. Las organizaciones con más desarrollo y presencia en los medios de comunicación tienen el foco puesto en temas de construcción de derechos ciudadanos con visión hacia los temas de carácter nacional. Durante el año 2013 el tema dominante en la acción de grupos sociales estuvo enfocado en reclamos a la transparencia, aunque limitada a pocos territorios. En los municipios de la provincia de Santiago, en San Francisco de Macorís, San Cristóbal, Villa Altagracia, Ocoa, Fantino, entre otros. fue notoria la intervención de grupos sociales demandando información pública, rendición de cuenta y cumplimiento con el presupuesto participativo. Estas acciones son relevantes, pero también insuficientes en relación al universo de gobiernos locales existentes en República Dominicana.

El buque insignia y más reconocido como espacio de participación es el presupuesto participativo. El informe de Cámara de Cuentas, el cual es incompleto y técnicamente con indudables fallas, aunque marca una tendencia, señala que para el 2012 sólo el 34% hizo prácticas de presupuesto participativo. La cifra puede ser superior. Lo destacable para el año 2013 es que todavía los presupuestos participativos están entrampados en una lógica que responde a cumplir mayormente con la visión de alcanzar medios (construcciones) y muy poco lograr fines (políticas sociales).

Los presupuestos participativos han sido capaces de crear una nueva interlocución socio-política y vertebrar, teóricamente, una forma distinta de relación y proximidad relacional entre autoridades y sociedad civil. Los déficit institucionales a cubrir por