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l Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado, mediante sentencia dictada el pasado 6 de noviembre, el recurso presentado por el Partido Popular contra la Ley 13/2005, de 1 de julio que modificó el Código Civil, ampliando el derecho a contraer matrimonio y a la adopción a las parejas homosexuales, con los mismos derechos que al resto de ciudadanos. La sentencia, aprobada por una mayoría muy cualificada, ancla definitivamente el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo en la Constitución y supone un fuerte varapalo para los recurrentes. El PP tendría que admitir que se equivocó al presentar el recurso y pedir disculpas a las parejas del mismo sexo, que han estado en vilo durante estos siete años. Es también criticable el descomunal retraso del TC en un tema que desde el punto de vista jurídico-constitucional estaba claro: la conjunción del derecho al matrimonio y del derecho a la igualdad conducía inexorablemente al amparo de las uniones matrimoniales entre personas de orientación homosexual. Así lo vienen reconociendo los tribunales constitucionales de diversos países: de Sudáfrica, de Canadá, de Massachusetts etc. El argumento principal del recurso del PP era que el art. 32 de la Constitución, que reconoce el derecho al matrimonio, menciona expresamente al hombre y la mujer. Pero el citado partido sabía perfectamente (basta con leer los debates del proceso constituyente) que esa mención obedece a la voluntad de las Cortes constituyentes de que en el matrimonio entre hombre y mujer ambos cónyuges estén en una posición igualitaria (recordemos que hasta entonces la mujer estaba subordinada al marido). La igualdad, como valor superior del ordenamiento jurídico, como derecho fundamental y como principio general del Derecho atraviesa la Constitución
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de principio a fin y, en consecuencia, resultaba contrario a la Constitución que el mandato de matrimonio igualitario no amparase a las parejas constituidas por dos mujeres o dos hombres. La sentencia ha constituido, por ello, un gran triunfo para el derecho a la igualdad, para los derechos humanos y para la democracia y una derrota sin paliativos para la caverna reaccionaria, que ha vuelto a vomitar ante la sentencia sus conocidos exabruptos homófobos. El TC ha establecido la constitucionalidad de la Ley 13/2005 en torno a una línea argumental principal, la relativa al significado del término matrimonio. La pregunta que se hace el Tribunal es si el hecho de que los contrayentes pertenezcan al mismo sexo hace hoy, en nuestra sociedad, irreconocible el matrimonio. Dicho de otro modo, se trata de determinar si el matrimonio entre personas del mismo sexo está integrado en nuestra cultura jurídica. El Alto Tribunal, en una interpretación que denomina evolutiva, afirma que “la institución matrimonial se mantiene en términos perfectamente reconocibles para la imagen que, tras una evidente evolución, tenemos en la sociedad española actual del matrimonio, como comunidad de afecto que genera un vínculo, o sociedad de ayuda entre dos personas que poseen idéntica posición en el seno de esta institución, y que voluntariamente deciden unirse en un proyecto de vida familiar común prestando su consentimiento respecto de los derechos y deberes que conforman la institución y manifestándolo expresamente mediante las formalidades establecidas en el ordenamiento...” (FJ 9) . Para justificar lo anterior, el TC acude al derecho comparado, haciéndose eco de la regulación de diversos países, tanto del ámbito europeo como de la comunidad iberoamericana en la que se recoge
el matrimonio homosexual; alude también a la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, que establece la libertad de las instituciones nacionales para regular sobre esta materia. Así, concluye el TC que “La institución del matrimonio como unión entre personas independientemente de su orientación sexual se ha ido asentando, siendo prueba de ello la evolución verificada en Derecho comparado y en el Derecho europeo de los Derechos Humanos respecto de la consideración del matrimonio entre personas del mismo sexo... Una evolución que pone de manifiesto la existencia de una nueva “imagen” del matrimonio cada vez más extendida, aunque no sea hasta la fecha absolutamente uniforme, y que nos permite entender hoy la concepción del matrimonio, desde el punto de vista del derecho comparado del mundo occidental, como una concepción plural”. El Alto Tribunal invoca asimismo la realidad social, haciéndose eco de encuestas del CIS en las que se muestra que hay una mayoría de población según las cuales la imagen del matrimonio integra a la unión contraída entre parejas del mismo sexo. La sentencia que comentamos es un gran avance para los derechos de lesbianas y gais; sin embargo, hay que tener en cuenta que la misma no blinda en absoluto nuestros derechos, puesto que como dice la propia sentencia se trata de una regulación realizada dentro de la “libertad de configuración” que permite la CE; lo que a efectos prácticos significa que esta sentencia no impide a un futuro legislador modificar la ley, volviendo a la situación anterior o establecer una regulación diferente para parejas homosexuales y heterosexuales (aunque esta no parezca ser, de momento, la intención del Partido Popular).
Frente a los recurrentes, que parecen tener una concepción esencialista del lenguaje, hay que decir que el significado de las palabras depende del uso compartido por los hablantes de una comunidad lingüística en cada momento histórico. Como ilustra la historiadora Stephanie Coontz (Historia del matrimonio) el matrimonio es una institución que ha sufrido constantes cambios a lo largo de su historia. El matrimonio actual nada tiene que ver con el matrimonio del derecho romano, de la Edad Media, ni con el de los siglos XVIII y XIX. Características que otrora eran “naturalmente” inherentes al mismo: la sumisión de la mujer al hombre, la indisolubilidad, el carácter no voluntario por ambas partes, el que la finalidad principal fuera engendrar, etc. primordial, etc., hoy felizmente han desaparecido. El cambio, total o parcial, en el significado de lo términos no sólo afecta al término matrimonio, sino que es inherente a la evolución del lenguaje; ¿acaso palabras medulares de las constituciones como “democracia”, “igualdad”, “libertad”, tienen el mismo significado del que tenían en sus orígenes? Por último, tenemos que decir que habrá quienes sigan pensando que es indiferente denominar a las uniones homosexuales “matrimonio” o de otra manera, con tal de que los derechos reconocidos sean los mismos. No es así, porque las palabras no son ingenuas, están cargadas de ideología, de maneras de ver el mundo, y de entender las relaciones personales y sociales; porque, en parte, nuestra visión del mundo está moldeada por el lenguaje. Es por esto que una palabra (matrimonio) es un paso más en la lucha por dar efectividad a la prohibición de discriminación por orientación sexual reconocida en la CE, porque en ocasiones la reivindicación por la diferencia pasa antes por el logro de la igualdad. GEHITU MAGAZINE
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ZARAUTZ, 09.09.2012
IRIBAS, 07.10.2012
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LARRAITZ, 16.12.2012
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a entrevista en ELMUNDO.es con la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Mercedes Vinuesa, con motivo del Día Mundial contra el Sida ha levantado ampollas entre el colectivo de asociaciones y entidades dedicadas al VIH en nuestro país. La Alianza de plataformas que agrupa a 300 de ellas ha entregado una carta a la propia Vinuesa en la que le muestra su preocupación y solicita una reunión para aclarar lo que consideran informaciones inexactas o falsas, "algunas de ellas intencionadas". Estos son algunos de los puntos de la entrevista que 'chirrían' en el colectivo. Las cuentas no salen Vinuesa hablaba de cuatro millones de euros destinados a la lucha contra el virus del sida en 2012; "pero no sabemos a qué conceptos corresponde, ni dónde están esos cuatro millones", se lamenta Julio Gómez, coordinador de la Alianza. El problema, explica, es que el dinero que Sanidad transfiere a las comunidades autónomas en materia de Salud Pública no es finalista; de manera que éstas han podido dedicarlas al VIH o a cualquier otra enfermedad. En cambio, en 2011, sí aparecía una partida específica de convenios con las CCAA para realizar actividades específicas en materia de prevención del VIH; como
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recuerdan en una carta remitida a este periódico siete ex trabajadores del Plan Nacional del Sida que fueron despedidos el pasado mes de julio. Evaluadores despedidos Precisamente dichos trabajadores niegan otro punto de la entrevista, en el que Vinuesa asegura que los proyectos presentados por las ONG han sido valorados en 2012 por las mismas personas que lo hicieron en 2011. "Junto con otros compañeros, formábamos el 70% de los evaluadores. Eso lo sabe la señora Vinuesa que fue quien ordenó nuestros despidos y que conocía nuestras funciones", señala Alberto Martín-Pérez en nombre de siete de las 11 personas despedidas y que en la actualidad están en juicios con el Ministerio porque tenían contrato en vigor hasta 2014. Proyectos de las ONG El dinero destinado por Sanidad a entidades sin ánimo de lucro se ha reducido de 4 a 1 millón en el último ejercicio. La convocatoria de 2012, que no se resolvió hasta el pasado 20 de noviembre, también ha deparado algunas sorpresas para las ONG. Como reconoce Julio Gómez, en esa edición se han quedado sin dinero público proyectos con una larga trayectoria, prestigio acreditado y un fuerte impacto. "Si realmente los evaluadores hubiesen tenido un conocimiento global de los proyectos presentados, de su calidad técnica, de su repercusión a nivel nacional... seguramente la resolución no hubiese sido ésta. Sabemos que hay una limitación económica, pero el dinero se podría haber repartido de otro modo", remarca. "Desconocemos si las personas que han realizado las evaluaciones este año son personas entrenadas e imparciales; eso sí, no son personal técnico independiente del Ministerio y, prácticamente en su totalidad, no son las mismas que en años anteriores", señalan los despedidos (entre los que hay sociólogos, psicólogos y publicistas con una amplia trayectoria en el mundo del VIH) a ELMUNDO.es. "Viendo la resolución no entiendo qué criterios se han seguido",
reconoce Alberto. Entre los que se han quedado fuera, por ejemplo, el único dedicado al VIH infantil en nuestro país, apadrinado por la Fundación Lucía. Julio Gómez prefiere no entrar en ejemplos concretos porque considera que eso sería desmerecer a otros; aunque sí aclara que han enviado una carta a la responsable del Plan Nacional de Sida, Elena Andradas, para que "aclare los criterios para otorgar las subvenciones. No hemos tenido respuesta aún". ELMUNDO.es trató reiteradamente la semana pasada de hablar con Andradas, sin éxito. Efectos de la reforma Para Julio Gómez, la cuestión más grave de la entrevista es la negación que hace Mercedes Vinuesa de la repercusión que está teniendo el nuevo Real Decreto 16/2012. "Tanto el acceso a los antirretrovirales por parte de inmigrantes, cuando nosotros tenemos casos registrados; como el previsible aumento de la mortalidad, cuando hay estudios científicos que dicen lo contrario".
Retraso y desinformación El hecho de que la convocatoria del año en curso no se haya resuelto hasta noviembre "no ha permitido llevar un curso normal". Algunas asociaciones se han visto obligadas a recurrir a fondos propios, a despidos de personal y, hasta un 80%-90% de ellas ha tenido que reducir sus programas. Además, como reconoce Gómez, de la convocatoria de 2013 "todavía no hay información". Rectificación Por todo esto, la Alianza de Plataformas en respuesta del VIH ha entregado una carta a Vinuesa en la que pide una rectificación de sus declaraciones y le solicita una reunión con el fin de transmitirle nuestro disgusto y preocupación. Las entidades han requerido también reiteradamente una reunión del comité asesor y consultivo de ONGs así como de la Comisión Nacional de Prevención y Seguimiento del VIH, que agrupa a Ministerio, CCAA, sociedades científicas, ONGs... FELGTB
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La falta de asistencia sanitaria al inmigrante con VIH generará un serio problema de salud pública
e estima que en España entre el 65% y el 70% de los inmigrantes con VIH en situación irregular conocerían su infección, y entre 2.700 y 4.600 personas dejarían de recibir tratamiento antirretroviral. Cuando se deja de tomar la medicación antirretroviral, el virus empieza a multiplicarse y las personas pasan a ser más infectivas. Los expertos calculan que en tan solo un año, se producirían entre 324 y 580 nuevos casos, que se añadirían a los que se producen anualmente en España. La Coordinadora Estatal de VIH-Sida, CESIDA, advierte de las graves consecuencias que tendrá en la salud individual y colectiva, la retirada de la tarjeta sanitaria a los extranjeros en situación irregular, el 31 de este mes, afectando a los derechos básicos como es el Derecho de la Salud, generando graves consecuencias en la calidad asistencial y en la atención sanitaria, en el medio y largo plazo. En este sentido, Juan Ramón Barrios, miembro de la Comisión Ejecutiva de CESIDA, señala que "retirar la tarjeta sanitaria es una medida que incrementa el riesgo de exclusión social y las desigualdades en salud. Además, la orden que está preparando el Gobierno de Mariano Rajoy para que las personas inmigrantes en situación irregular que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos tengan que pagar una cantidad mensual, es un parche inasumible para muchas personas, que supone un paso más hacia la privatización de la sanidad pública y provocará complicaciones que requerirán la utilización de la vía de urgencias hospitalarias, incrementando los ingresos hospitalarios, la presión asistencial, suponiendo en consecuencia mayor gasto sanitario." Las consecuencias de estas medidas Las personas extranjeras en situación irregular con VIH que a partir de septiembre no tengan la tarjeta sanitaria, no tendrán acceso a los medicamentos antirretrovirales. Esta exclusión del sistema sanitario o la dificultad de acceso al tratamiento, implican un deterioro de la salud comunitaria y una falta de control sanitario respecto a la transmisión de enfermedades infectocontagiosas, lo que generará un serio problema de salud pública.
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Además supone una violación de los derechos humanos y contraviene lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Española donde se reconoce el derecho a la protección de la salud. Algunas de las consecuencias, tanto a nivel individual como de la sociedad, de no recibir tratamiento antirretroviral ya sea como continuación del mismo o en personas recién diagnosticadas, son, entre otras: 1 - Incremento de muertes en las personas infectadas por el VIH. 2 - Aumento del número de infecciones oportunistas y de los ingresos hospitalarios. 3 - Incremento en la trasmisión del VIH a la población general, generando un grave problema a nivel de salud pública. 4 – Aumento de enfermedades infecciosas, como tuberculosis, sífilis, etc. 5 - Mayor posibilidad de trasmisión madrehijo del VIH. CESIDA
por José A. Estévez
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l lema de Uganda es “por Dios y mi patria”. Con esa consigna podría ser un país de guardias civiles y legionarios; pero no, es solo otro más en el que las personas, como en todo estado que se abandera con dioses y patrias, son lo de menos. Así llevan desangrándose más de 24 años en guerras sectarias. Por supuesto gays, lesbianas y transexuales no son ajenos a una violencia que en breve puede ser “legal” cuando se ejerza contra ellos. El “PP ugandés” quiere aprobar una ley que castigará: - Con 7 años de prisión, “ayudar”, “aconsejar” o “fomentar” que una persona tenga una relación homosexual. - Con cadena perpetua, cualquier acto homosexual. - Con pena de muerte, los actos homosexuales que incluyan menores o personas discapacitadas. De los actos heterosexuales que incluyan menores no se dice nada, como si los pederastas tuvieran patente de corso si la víctima es del sexo opuesto. Los actos homosexuales en los que el "delincuente" sea seropositivo, y los actos homosexuales “reincidentes”. El político que promueve la ley del exterminio homosexual ha llamado a las iglesias y mezquitas de su país a “curar” homosexuales; y los que enarbolan las cruces y las medias lunas han olvidado rápidamente sus diferencias para prestarse a una cruzada común contra los ugandeses que se atrevan a amar a las personas de su mismo sexo. Usando el nombre de su dios en vano. Porque si existe un dios cuyo mensaje fue “amaos los unos a los otros”, es probable que observe con vergüenza lo que sus renglones torcidos, vestidos con sotana o turbante, pretenden hacer con sus hijos gays y sus hijas lesbianas. El año pasado esta ley fue parada gracias a una movilización internacional organizada por All Out. Ahora intentan recabar el mismo apoyo para presionar al presidente ugandés con objeto de que la vete de nuevo: http://www.allout.org/es Yo ya he firmado.
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