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Documento de Trabajo Comisión de Trabajo “La Inclusión Social a través del Trabajo”

Uniendo un principio central de nuestra doctrina justicialista con las necesidades acuciantes de grandes mayorías populares luego de la crisis del 2001-2002, la creación de fuentes de trabajo dignas fue un objetivo de máxima prioridad desde el primer día de esta nueva etapa histórica -el 25 de mayo del 2003-; conducida primero por el compañero Néstor Kirchner y hoy por nuestra Presidenta Cristina Fernández. Recordemos que las políticas económicas implementadas por la Dictadura Militar en 1976 generaron una matriz productiva y financiera que no fue modificada por los gobiernos democráticos que la sucedieron, cuyo principal resultado fue la exclusión social. Durante la década del '90 y los primeros años del 2000, los lineamientos de esa política económica fueron profundizados y los resultados también fueron más severos en términos de desempleo, pobreza y desigualdad. El modelo económico que comenzó a consolidarse a fuerza de tanques y metrallas, implicó concentrar los procesos de acumulación productiva en sectores exportadores de alta rentabilidad, mientras que en paralelo se impulsaron procesos de valorización financiera del cual se aprovecharon grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, generando un crecimiento inaudito para la historia argentina en el endeudamiento externo del Estado Nacional. Este modelo implicó la desaparición de miles de empresas, de cadenas de valor íntegras y de millones de puestos de trabajo. Además, como el consumo deja de ser motor del crecimiento, y la inversión productiva brilla por su ausencia (ya que la inversión financiera es mucho más rentable y acapara todos los fondos excedentes), el mercado interno languidece durante décadas, lo que se ve reflejado en la caída del salario. Este proceso es acompañado por políticas de reforma del Estado (“achicar el Estado es agrandar la Nación”, decían durante la dictadura), de privatizaciones y de desregulación laboral que llega a su paroxismo con la aprobación de la Ley Laboral propuesta por el Gobierno de De La Rúa y aplaudida por el FMI, que implicaba debilitar fuertemente las Convenciones Colectivas de Trabajo (institución creada por Perón), creaba los “contratos basura” (sin estabilidad) y reducía los aportes y contribuciones a la seguridad social. Este proceso económico junto con las nefastas políticas neoliberales de flexibilización laboral, llevaron a la más triste realidad laboral y social que sufriera nuestro pueblo, piso que se toca con la caída del gobierno de la Alianza, a fines del año 2001. Así, los niveles de pobreza superiores al 50% y tasas de desempleo superiores al 20% no fueron sólo consecuencia de la crisis económica y financiera del año 2001: fueron resultado de décadas de políticas económicas que fragmentaron el mercado laboral y debilitaron al máximo el mercado interno, atacando en forma continua a las organizaciones sindicales y produciendo exclusión social. Era un país para pocos.


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