Periódico barrial
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Distribución gratuita 3.000 ejemplares mensuales Febrero // 2016 ISSN 2451-7178
Constitución / Monserrat San Cristobal / San Telmo Parque Patricios / Barracas
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El Grito del Sur
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Más despidos, menos derechos La avanzada del gobierno nacional sobre los trabajadores estatales ya se llevó por delante más de 25 mil puestos de trabajo. Preocupación en los sindicatos, que ya concretaron medidas de fuerza.
So Sociedad Milagro tras las rejas, Pedraza en torres de lujo
Dh Derechos Humanos Redes de Trata: Caso Nora Soledad
So Sociedad Bombo, platillo y represión
El pasado 16 de enero Milagro Sala fue detenida por reclamar la continuidad de miles de planes de trabajo para cooperativas jujeñas. Un mes después el sindicalista José Pedraza, autor intelectual del crimen de Mariano Ferreyra, fue beneficiado con prisión domicialiaria.
Aunque el tráfico de personas afecta tanto a hombres como mujeres, son ellas las más solicitadas por la clientela: basta con sólo caminar por las calles de la ciudad y ver la cantidad de publicidades que las ofrecen por algunos pesos.
El viernes 29 de enero Gendarmería baleó a los integrantes de la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo” en el barrio Illia, pegado a la villa 1-11-14, dejando una docena de heridos, entre ellos dos niños de entre 5 y 10 años
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Derechos Humanos So Sociedad Md Medios
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Nosotros / Nosotras
Violencia al por mayor febrero // 2015
Indice
Pasaron apenas tres meses desde que Mauricio Macri asumió al frente del gobierno nacional. Hicieron falta unos pocos días para que se pudiera observar que el paquete de las primeras medidas aprobadas por el frente Cambiemos tiene una clara intención: favorecer a los sectores exportadores, a las mineras, a los grandes monopolios y al capital financiero.
Editorial + Equipo p.02 Milagro Sala p.03 Despedidos p.04 Militante baleado p 05 Trata de personas + Caso Nora Soledad p.06 Cárceles en Agentina p.07 Marcha de las Putas p.08
Equipo de trabajo Lucía Barrera Oro /Matías Rosello / Bruno Levy / Aldana Mansilla Pais / Jesús Predmesnik / Eugenia Alberdi Alejandro Coll / Yair Cybel / Karina Aquino / Eliana Toledo Alejo Bergés / Macarena Garrone / Patricio Borrás / Sebastián Furlong
Pasaje Ciudadela 1249, Esquina Santiago del Estero, Constitución
La quita de retenciones al trigo y la reducción al cultivo de la soja, la eliminación de impuestos a las mineras, el arreglo con los fondos buitres y la toma de deuda, la eliminación por decreto de la Ley de Medios, son algunos de los cambios que trajo hasta ahora el nuevo gobierno, que para el pueblo trabajador, más que cambios son retrocesos. El avance sobre los derechos conquistados nunca es gratuito. Los pueblos tienen una memoria histórica, construida en las diferentes luchas por derechos y, para avasallar conquistas, cualquier gobierno conservador debe apelar a un histórico mecanismo de dominación: la violencia. Hace ya varios años, para comprender el triunfo del fascismo de Mussolini en Italia, el periodista y militante Antonio Gramsci se propuso entender la forma en la que opera la dominación. Por un lado, el italiano postulaba que la dominación reposa en la fuerza, en la capacidad de ejercer la violencia de manera legítima, en el poder de represión y policía. Pero, por otro lado, la dominación se funda en un plano mucho más silencioso pero tal vez igual de violento: en la hegemonía, en la dominación cultural. Detrás de su discurso de alegría, diálogo y consenso, el gobierno de Cambiemos se ha escudado en ambos
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tipos de violencia para llevar adelante el ajuste que pretende imponer a nuestro pueblo. La más visible, grosera y acaso la más evidente es la violencia física. La represión a los trabajadores despedidos de la empresa Cresta Roja, la violenta respuesta -con balas de goma y palazos- de la Policía Bonaerense a los trabajadores estatales despedidos en La Plata y la vergonzosa paliza que recibieron los niños que pertenecían a la murga del Bajo Flores dan cuenta de un fenómeno: al macrismo no lo asusta en lo más mínimo tener que usar la violencia física para reprimir el conflicto social. Al mismo tiempo, opera en su accionar la violencia simbólica, la represión que se juega en otros términos. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, quiso asustar a los trabajadores con una advertencia desafortunada: “Cada gremio sabrá hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos”. A pesar de que la negociación paritaria no comenzó en la mayoría de las ramas de la economía, ya se registraron más de 50 mil despidos y un incremento de la pobreza debido a la aceleración de la inflación. Fue el mismo Prat Gay quien acusó a los empleados estatales de ser “ñoquis” y “grasa militante”, todo en el marco de una intensa persecución ideológica que incluyó espionaje en Facebook y maltratos de todo tipo. En vez de llevar a los argentinos al diálogo y la alegría tal como prometían los spot de campaña de Cambiemos, estas actitudes de violencia fomentadas desde el Estado mismo conducirán sin lugar a dudas a una mayor conflictividad social y a una respuesta a su vez violenta por parte de los sectores excluidos del nuevo modelo económico.
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Milagro Sala
En la Sala de los presos políticos
El pasado 16 de enero la dirigente social Milagro Sala fue detenida por reclamar la continuidad de planes de trabajo para cooperativas jujeñas. Al cierre de la edición organismos de DD.HH. piden por su liberación.
El sábado 16 de enero de 2016, la dirigente de la organización Tupac Amaru y diputada del Parlamento del Mercosur, Milagro Sala, fue detenida en la capital jujeña, por una denuncia impulsada por el gobernador radical de Cambiemos, Gerardo Morales. Sala acampaba junto a compañeros de varias organizaciones en la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy para reclamar por la continuidad de los planes para las cooperativas de trabajo jujeñas. Según el acta del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, la dirigente dio indicaciones a otras personas para que ocuparan la plaza y otros lugares públicos “mediante arengas, señalamientos, ademanes y gestos”, restringiendo la circulación de vehículos, lo que configuraría un delito. El gobierno provincial denunció la protesta - haberse “alzado” en contra de la decisión del gobierno -, la justicia allanó la casa de Sala y se la llevaron detenida. El operativo, impulsado por el Gobierno de Morales, se llevo a cabo con 50 policías, según informó Ariel Ruarte, abogado defensor de Milagro. Tras la detención, hubo manifestaciones
en plazas de todo el país y organismos de DDHH y organizaciones sociales (APDH, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, entre otras) que viajaron a Jujuy con una sola consigna: exigir su “inmediata
Según denunciaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional Argentina, Sala ejerció -junto a sus compañerossu derecho a protestar como la Constitución Nacional lo permite liberación”. Según denunciaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional Argentina, Sala ejerció -junto a sus compañeros- su derecho a protestar como la Constitución Nacional lo permite. “No es casual que la primera presa política sea mujer, negra e indígena”, enfatizó la periodista Marta Dillon, que presentó uno de los tantos hábeas corpus por la dirigente social. El 29 de enero, la Justicia tomó dos decisiones a la vez: liberarla por la primera causa y detenerla por supuesta
asociación ilícita, fraude y extorsión. “Existen indicios de que Sala, de recuperar la libertad, podría entorpecer la investigación”, argumentaron. Según su abogado, “los denunciantes son integrantes de la red de organizaciones sociales que originalmente estaban en el acampe y se levantaron. La acusan de participar en una operatoria en la que ella no figura, dicen que los obligó a sacar plata, firmar cheques y no hacer obras. Los testimonios son la única prueba que hay por el momento. No se puede llevar adelante una causa por la denuncia de un sector que estuvo llevando adelante el delito”. “En los medios hablan de ‘narcomafia’ pero lo que hay es un odio hacia el origen indio que representa ella”, concluyó. La irreverencia de Milagro A principios de los ‘90, una gran parte de la provincia de Jujuy era tierra olvidada. El centro de la ciudad - con sus hospitales, sus escuelas, su centro comercial - parecía quedarles lejos a los coyas; a años luz. La pobreza había quedado marginada y escondida en barrios periféricos, y uno de los logros de Milagro fue organizarla, darle cauce y sacarla de la oscuridad. La principal
actividad de la Tupac Amaru por aquellos años fue organizar y coordinar las copas de leche para los niños de los bolsones de pobreza más duros de Jujuy, a partir de pequeñas donaciones de los vecinos. Con el tiempo, la persistencia, y un nuevo marco de alianza con el gobierno kirchnerista, la Tupac Amaru se convirtió en una red de centros comunitarios, en la posibilidad de trabajo, educación y salud, y una vida digna para los miles de excluidos de las tierras jujeñas. A partir de entonces, la organización construyó escuelas (con igual o mejor estructura que las de la Ciudad de Buenos Aires), piletas de natación con rampas para rehabilitación de personas discapacitadas, cursos para la construcción de la vivienda propia, canchas de fútbol, rugby y hockey, implementó un sistema de becas para sostener la formación universitaria, centros de enseñanza y capacitación, una fábrica textil, entre otras. Milagro Sala es la dirigente de esa organización social, y además, en las últimas elecciones fue electa diputada del Parlamento del Mercosur, siendo la primera mujer indígena que accede a un cargo de esas características.
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Despidos
Más despidos, menos derechos La avanzada del gobierno nacional sobre los trabajadores estatales ya se llevó por delante más de 25 mil puestos de trabajo. Preocupación en los sindicatos, que ya concretaron medidas de fuerza. “No vamos a dejar la grasa militante, vamos a contratar gente idónea y eliminar ñoquis”. La frase que representa la política laboral del gobierno nacional fue pronunciada por el Ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Con las justificaciones en contra de la militancia, el “excesivo” tamaño del Estado y, sobretodo, los “ñoquis”, el gobierno de Macri lanzó una feroz avanzada contra el empleo público que, hasta los primeros días de febrero, ya se había cobrado más de 25.000 puestos de trabajo. Día a día se conocen testimonios de trabajadores apartados de sus puestos laborales que desmienten los argumentos oficialistas que reducen los despidos a “acomodados” del anterior Gobierno, que cobraban por no trabajar, o a quienes ingresaron en los últimos días de la administración saliente. El caso de Ivana, trabajadora del Museo Roca (dependiente del Ministerio de Cultura), es elocuente al respecto ya que afirma que “en un relevamiento que se ha hecho de los 500 trabajadores despedidos del
Ministerio, casi el 80% teníamos contratos de principios de 2015. Lejos de esta idea de que todos entramos por la ventana cuando ya se sabía que la gestión se estaba yendo, yo entré en junio del 2015”. El Ministerio de Trabajo es otro ejemplo que va en esa línea, ya que los 100 despidos (y las amenazas de otros por venir) se justificaron por el masivo ingreso de contratados en el 2015, pero Daniel San Martín, trabajador del Ministerio y delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), explica que “la mayor parte del Ministerio de Trabajo no entró en el 2015, como hacen creer los medios. La mayoría de los trabajadores tiene cinco, diez e incluso veinte años de antigüedad”. Otro “justificativo” oficialista fue el planteo de la necesidad de “contratar gente idónea” bajo la supuesta afirmación de que los despedidos no cumplían con ese requisito. Sin embargo, también se difundieron casos de trabajadores altamente calificados
para los cargos que desempeñaban y que, aún así, fueron echados. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Maia Goldin, empleada de Fabricaciones Militares y licenciada en Ingeniería Química con honores en la Universidad de Buenos Aires (UBA), quien trabajó en proyectos relevantes en dicha dependencia. Ella, al igual que sus 140 compañeros, se enteró de su despido cuando fue a trabajar como todos los días y el personal de seguridad no la dejó ingresar. Esta metodología perversa de las “listas negras” se repitió en múltiples ministerios y municipios. “Unidos y organizados” Esta ola de despidos masivos trajo consigo un sinfín de protestas y movilizaciones organizadas por los trabajadores. Los reclamos apuntan a la reincorporación de los despedidos y la continuidad en su cargo de quienes aún no habían sufrido la política de ajuste. Sin embargo, Eugenia, trabajadora
del Ministerio de Trabajo, advierte sobre el peligro de que estas marchas proliferen por separado: “Quienes deben liderar estos procesos son las centrales sindicales. Durante estos meses se vio en la calle a los trabajadores de los ministerios y otros organismos intentando resolver los diferentes conflictos, pero de forma aislada. Y si en el mismo día hay tres marchas en lugares diferentes eso es un indicador de que no nos estamos organizando bien”. En relación con este punto, Daniel San Martín destaca la necesidad de que los trabajadores de distintas dependencias puedan organizarse en forma conjunta: “En el Ministerio de Trabajo, tenemos cierta experiencia en la organización que hace que hoy estemos enfrentando un poco mejor los despidos y lo que se viene. También se han tejido lazos con otras comisiones internas, que se fueron ganando en este período. Además, se hicieron plenarios grandes con Cancillería, Ministerios de Justicia y Educación, y Promoción Social de Ciudad”.
Fotos: Carlos Brugo
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Sd Sindical En repudio al “ajuste laboral” y a la precarización de los puestos de trabajo, reclamando la reincorporación de los despedidos y en el marco de la negociación de las paritarias, ATE realizó un paro el 24 de febrero con movilización a Plaza de Mayo, que contó con apoyos y adhesiones de distintos sectores políticas y sindicales. Eugenia subraya la importancia del paro como herramienta de lucha para “ganar a la calle y dar una gran demostración de fuerza de que los laburantes no estamos dispuestos a ser la variable de ajuste del Estado”. Por su parte, Pablo Micheli, líder de la CTA, aclaró que su organización “no descarta un paro nacional en marzo”.
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Mitos y verdades La reducción del déficit fiscal es otro de los argumentos esgrimidos por los funcionarios del Gobierno Nacional a la hora de despedir miles de trabajadores a lo largo y a lo ancho del país pero, ¿cual es el impacto que esta reducción del personal estatal tiene en el gasto público? En principio, el Ministro de Economía, Alfonso PrayGay, informó hace algunos días que el “reordenamiento del Estado” implicará una reducción del déficit de 0,8 puntos porcentuales. El problema de esta declaración es que incluye licitaciones de obras
Despidos
“irregulares” que, según el Ministro, serán revisadas en el futuro, por lo que el porcentaje reducido que proviene específicamente de los despidos no es del todo claro. Por otra parte, esa política económica de “equilibrio fiscal” contrasta con otras decisiones relevantes como la quita de retenciones a varios productos agropecuarios y a la minería, que significarán una pérdida millonaria de recursos que el Estado dejara de recibir, que es mucho más significativa que todos los contratos de los trabajadores despedidos. O los subsidios que se siguen otorgan do a las compañías petroleras.
05 Por otra parte, el mismo gobierno nacional no ha sido claro a la hora de comunicar números de despidos y revisiones de contratos. La política respecto al empleo público, en casi todas las dependencias, fue disparar primero y preguntar después. Muchos trabajadores todavía están esperando las tan anunciadas revisiones. Esto no parece coincidir con una corrección económica rigurosa, sino con una política agresiva de reducción del Estado, de persecución ideológica y de disciplinamiento de los trabajadores, en un contexto de ajuste que recién está dando sus primeros pasos.
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Militante baleado + Luciano Arruga
La verdadera campaña del miedo Darío “Iki” Eugenio, militante del MP La Digniad, fue baleado por un puntero del PRO durante una asabmlea que se desarrollaba en Villa Celina, partido de La Matanza. El viernes 12 de febrero Darío Julián Eugenio, “Iki” recibió un fuerte balazo, como resultado del conflicto que mantienen los vecinos de Villa Celina con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), una sociedad de fomento -que a espaldas del barrio realiza negocios privados- y la Comisaría N° 11, cómplice por omisión de las denuncias previas. En ese contexto la estrategia de amedrentamiento contra las organizaciones sociales tuvo otro trágico episodio. Un puntero identificado con el PRO irrumpió en una asamblea con amenazas al grito de “déjense de joder con las tierras del barrio Vicente López y Planes”, para luego poner en peligro la vida de un militante de la Confluencia Movimiento Popular La Dignidad-Tupaj Katari OPSA.
Villa Celina nació en los años 60 como un barrio transitorio para erradicar las villas en la entonces Capital Federal, pero luego fue dejado de lado. Años más tarde, esas tierras fueron propiedad del Banco Hipotecario, que luego se las vendió al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). A su vez, el IVC las cedió a dicha sociedad de fomento, que fue importante en la dinámica barrial hasta ser disputada a los tiros. Como propietaria ilegal de las tierras, la entidad barrial articula con la cooperativa de Vivienda Lozada, quienes comenzaron un proceso de loteo y puesta en valor, hasta que sin acuerdo previo empezaron a levantar las tierras y taparon los pluviales de desagote natural del barrio. Allí empezaron, por un lado, las
denuncias y los amedrentamientos; y, por el otro, la organización cada vez más sólida de vecinas y vecinos. Por eso el viernes 12 “la asamblea era concurrida”, comentó a El Grito del Sur Cristhian, compañero de militancia de Iki. “El conflicto se da por unas tierras que el IVC vendió a una Sociedad de Fomento de manera irregular. El compañero Iki se da cuenta de esto porque se empezó a inundar el barrio cuando antes no sucedía. Esas tierras hacían de desagote y ahora que comenzaron a construir afectó directamente al barrio. Cuando denunció esto empezó a recibir amenazas de muerte, no solamente de los tipos de la sociedad de fomento sino también de la Comisaría 11 y así fue como el viernes pasado le pegaron
un tiro”. Este puntero está ligado al IVC y responde a los funcionarios Ivan Kerr y Emilio Basabilvaso. “Basavilbaso manejó el IVC hasta el año pasado y Kerr era subdirector ahí también. Ahora siguen en la gestión pública: uno está en ANSES y otro en la Autoridad De Cuenca MatanzaRiachuelo (Acumar). Siguen en cargos importantes y son parte de todo este conflicto delictivo”. En los últimos días a Iki le realizaron una tomografía. En dicho estudio encontraron líquido en el abdomen. Por lo que fue ingresado al quirófano para realizar una cirugía exploratoria que continúa en proceso. Pero se encuentra fuera de peligro.
7 años de una lucha que no Arruga El 31 de enero se cumplieron 7 años de la última vez que vieron a Luciano Arruga con vida. Como en cada aniversario, se realizó un festival en la plaza que hoy lleva su nombre, en Lomas del Mirador, partido de la Matanza. A Luciano Arruga lo desapareció la policía Bonaerense el 31 de enero del 2009. El 17 de noviembre del 2014 fue encontrado en una fosa del Cementerio de la Chacarita, donde estaba registrado como NN, algo paradójico porque su nombre durante todo ese tiempo fue replicado una y mil veces. A Luciano lo mató la policía, lo desapareció el Estado y lo encontraron los familiares y amigos junto a organizaciones sociales en un contexto que estigmatiza a las víctimas e invisibiliza a los culpables. Mónica y Vanesa, madre y hermana de Luciano, dieron pelea y ganaron la partida. Consiguieron, después de casi 7 años, justicia. El festival lleva su nombre y una consigna clara: a la violencia institucional que no cesa de matar y desaparecer jóvenes pobres, se la derrota con organización y lucha. Es por eso que cada año los familiares de víctimas se reúnen expresando sus experiencias, visibilizando el accionar policial, que lejos esta de brindar “seguridad”. Vanesa, hermana de Luciano, expresó: “Este es un espacio, yo lo que pretendo
es que se reproduzca cada vez más en diferentes puntos del país, y que empecemos a acompañar los procesos de luchas de muchas familias que ven invisibilizadas sus causas”. Según la PROCUVIN, hay más de 700 agentes y/o oficiales involucrados en causas por prácticas abusivas e ilegales; en la mayoría de los casos se observa el acompañamiento del Poder Judicial, el cual protege a los culpables y ataca a las víctimas. Uno de los casos emblemáticos con el mismo desenlace que el de Luciano es el de Kiki Lezcano. Angélica Urquiza, madre de Kiki, habló con El Grito del Sur sobre la historia y el paralelismo que tienen ambos casos. La película se repite, los villanos son los mismos, el accionar policial junto a la complicidad estatal, judicial y mediática, están siempre presentes. Kiki era un chico de la villa 20 que fue asesinado por la Policía Federal en 2009 junto a su amigo Ezequiel Blanco. Kiki estuvo dos meses desaparecido y fue encontrado en el mismo cementerio
que Luciano, con la misma insignia de NN. “Directamente la justicia no actúa, lo primero que hacen es ponerlos como NN y chau, total según ellos un negrito menos de la villa a nadie le va a importar, nadie lo va ir a buscar”, cuenta Angélica. Junto a Mónica, la mamá de Luciano, son hermanas de la misma lucha y el mismo dolor. Ambas se conocieron en una marcha, buscando a sus hijos. Las dos llevaban una foto de sus hijos colgada del cuello, y las primeras palabras que cruzaron fueron “tu negrito y mi negrito van aparecer”.
de sus vidas lo que les hicieron a Luciano, y a Kiki, y por sobre todas las cosas, que los recuerden como pibes de barrio que tenían todo el derecho, tenían dificultades, porque eran pibes de barrios de clase baja, pero tenían el amor”, expresa Angélica.
A Angélica y Mónica las quieren llamar “madres del dolor”, pero la pérdida de sus hijos en manos de la policía y un Estado ausente, hicieron de ellas dos mujeres con cojones que pelearon interminablemente para hacer justicia. Se convirtieron en madres de lucha y esperanza:“Yo siempre digo que no somos madres del dolor, somos madres de lucha, de esperanza y de fe. Salimos adelante en nombre de nuestros hijos, para que no se olviden de ellos, para que recuerden el resto
Están de pie y con la frente en alto, gritando hasta el hartazgo que sus hijos, sus hermanos, sus vecinos, no son mulos de la mafia policial y no van a robar para ellos. Porque serán pibes de barrio, pibes villeros, pero tienen una familia que los acompaña, tienen valores, dignidad y futuro. Porque debajo de cada gorra, hay un pibe con su historia.
Siete años después, el escenario se encuentra sin Luciano y sin Kiki, pero con una fuerte organización que está de pie para enfrentarse al accionar policial y al sistema perverso de la mano dura que pareciera profundizarse con la llegada de las nuevas autoridades.
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Trata de personas + Caso Nora Soledad
Caer dos veces en la red de trata y sobrevivir para contarlo Aunque el tráfico de personas afecta tanto a hombres como mujeres, son ellas las más solicitadas por la clientela: basta con sólo caminar por las calles de la ciudad y ver la cantidad de publicidades que las ofrecen por algunos pesos.
“Seguro se fue con el noviecito”, “¿Cómo estaba vestida?”, “Seguro se arrepintió y por eso inventó todo”, son algunos de los comentarios que se repiten al pie de las notas web que denuncian la desaparición de una adolescente. Quienes hacen esos comentarios parecen no saber (o no querer saber) que ese “noviecito” es un proxeneta y que esas jóvenes “que se fugan de la casa” son víctimas de redes de trata que operan con la complicidad de las fuerzas de seguridad y la impunidad que les otorga el Estado con su silencio. El deseo de volver a abrazar a su familia es lo único que las mantiene vivas, mientras soportan el infierno en carne propia. Son pocas las que logran escapar.Las que lo logran no terminan con su pesadilla: aún falta juntar coraje para rehacer sus vidas, pieza por pieza, enfrentando el ojo crítico de la sociedad, del sistema policial, judicial y estatal que las juzga, las maltrata y las revictimiza una y otra vez en cada instancia del procedimiento legal. El caso de Nora Soledad Rivas Villar no fue la excepción. Oriunda de Quilmes, a sus 15 años fue raptada por primera vez el 18 de agosto de 2015 de la puerta de la Escuela Secundaria Básica N°12 donde cursaba sus estudios secundarios. A los pocos días de desaparecer, la madre recibe un mensaje de texto de su celular que decía
que estaba bien. “Sabía que por la forma de escribir no era ella”, contó a El Grito Del Sur Margarita Meira, una referente de Madres Víctimas de Trata. En ese momento, comenzó la intensa búsqueda de la familia, que ayudada por Margarita, realizó las denuncias correspondientes ante la justicia y el seguimiento del caso para que no quede cajoneado.
bien el clínico que la atendió le realizó los análisis correspondientes según el Protocolo de Acción ante Víctimas de Trata de Personas, le negó el tratamiento antirretroviral (para la prevención del VIH) por estar embarazada. Y en lugar de practicarle un aborto de emergencia, la envió a su casa con sólo unos pocos analgésicos.
Privada de sus bienes personales, el 3 de noviembre de 2015 logró escaparse del prostíbulo donde la tenían encerrada en la villa 1-11-14 del Bajo Flores porteño, y gracias a un remisero que dio cuenta de su situación, pudo regresar a su hogar; lo cual no fue una tarea fácil: “Nora se escapó embarazada, sangrando, golpeada, quemada, con pérdidas y muy flaca”, declaró Margarita Meira.
Llegado este momento, Margarita emprendió la exhaustiva búsqueda de un refugio que asistiera psicológica, física e íntegramente a Nora: desde la oficina de Zaida Gatti (titular del Programa Nacional de Rescate a Personas damnificadas por el delito de trata), la oficina de Acompañamiento y Rescate de la provincia hasta el Consejo del Menor de la provincia. Ninguno de los despachos se involucró, sólo se desentendieron del caso derivándolo de un organismo a otro.
La madre de Nora la acompañó a la Comisaría Primera de Quilmes, a declarar y denunciar lo vivido, brindando lugares, nombres y datos que podrían ayudar a un posible allanamiento. En vez de ser asistida y asesorada, recibió malos tratos por parte de los oficiales, fue revictimizada e incluso puesta en duda pese al delicado estado de salud en el que se encontraba al momento de presentarse. Tras días de sufrimiento, la familia la llevó de urgencia al Hospital Iriarte, donde, si
Luego de una serie de denuncias al gobierno, pedidos a la fiscalía, Gatti decide hacerse cargo de la situación. Nora y su familia fueron paseadas por 7 refugios ubicados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, sin alimentación regular, con la ropa sucia, dolor en cuerpo y alma, y en total estado de vulnerabilidad. El 24 de diciembre, Nora fue secuestrada nuevamente mientras acompañaba a su mamá a hacer compras, a plena luz del día,
y bajo la “custodia” de los encargados de la institución. La madre, amenazada por la oficina de protección, el comisario del barrio y el fiscal, y viendo violado su derecho de hablar con su abogado, es obligada a aceptar pruebas falsas que indicaban que su hija estaba en la casa del novio por voluntad propia. Con la certeza del encubrimiento manipulado entre los políticos y los proxenetas, el abogado se dirigió al lugar sólo para comprobar lo sabido: la casa contemplada era efectivamente un prostíbulo. Luego de planear su fuga por unos días, Nora se comunicó con la familia y les pidió que la esperaran en la estación de Caballito. Hasta el día de hoy, Nora y su familia, con el apoyo del abogado y la organización Madres Víctimas de Trata, siguen luchando para denunciar el entramado mafioso que se teje entre el Estado, la Policía, los proxenetas, los prostituyentes -mal llamados “clientes”-, y quienes actúan en complicidad, mirando para otro lado, como médicos, jueces, fiscales y políticos, para frenar la impunidad con la que se siguen llevando a nuestras mujeres.
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RepresiĂłn a la Murga en Bajo Flores
Bombo, platillo y represiĂłn El viernes 29 de enero GendarmerĂa baleĂł a los integrantes de la murga “Los AutĂŠnticos Reyes del Ritmoâ€? en el barrio Illia, pegado a la villa 1-11-14, dejando una docena de heridos, entre ellos dos niĂąos de entre 5 y 10 aĂąos.
La joven murga Los AutĂŠnticos Reyes del Ritmo ensayaba, como todos los viernes a la noche, y se preparaba para realizar una actuaciĂłn al dĂa siguiente. Alrededor de las 21.30 del viernes 29 de enero, GendarmerĂa irrumpiĂł en la esquina de las calles Varela y CharrĂşa buscando pasar por encima de la murga con el presunto objetivo de remolcar dos autos robados con una grĂşa. Lo hizo con balas de goma y de plomo, disparos a mansalva contra sus integrantes que incluĂan a chicos entre 5 y 10 aĂąos. Lorena, madre de una integrante de la murga -Aylen (15)-, explicĂł a El Grito del Sur: “En la calle donde la murga ensaya habĂa dos coches robados. GendarmerĂa supuestamente iba a buscar estos coches pero justo por donde ellos estaban bailando. Ellos
podĂan pasar por otro lado, porque hay otra calle. Pero quisieron prepotear, ni esperaron a que la gente nuestra sacara a los chicos. Y ahĂ empezaron, primero con balas de goma y despuĂŠs con las de plomo.â€? Sobre su propia experiencia en el lugar contĂł: “Yo justo llegaba cuando estaban todos heridos y GendarmerĂa seguĂa tirando. HabĂa chicos chiquitos, un nene de 8 recibiĂł un balazo en la cabezaâ€?. Por su parte, Aylen, directora de las mujeres mayores de trece aĂąos que participan en la murga, asegurĂł “lo Ăşnico que les pedimos a los gendarmes fue tiempo para correr a los chicos porque en la murga nuestra lo que mĂĄs hay son nenes chiquitos. Pero no sĂŠ, estaban muy acelerados querĂan pasar a toda costa. Chocaron a dos de nuestras chicas y despuĂŠs de
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que pegaron el primer balazo todos los nenes empezaron a gritar y a llorar y ahĂ arrancaron todos los gendarmes a tirar con balas de gomaâ€?. Cuando se le preguntĂł sobre la continuidad de las actividades de la murga Aylen fue contundente: “Por balas y las lastimaduras que tenĂan los que habĂan recibido balazos, estuvimos tres dĂas sin poder ensayar. Pero despuĂŠs ya volvimos a ensayar de vueltaâ€?. Cabe aclarar, que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ademĂĄs de minimizar el acontecimiento ( con el ya usual apoyo mediĂĄtico de las grandes corporaciones) visitĂł a los supuestos dos gendarmes heridos en los hechos.
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El fin‌¿justifica los medios? Esta nueva represiĂłn del gobierno de Cambiemos se suma a las ocurridas contra los trabajadores de Cresta Roja y los municipales de La Plata en diciembre del aĂąo pasado y habla de un nuevo paradigma en materia de control de las fuerzas de seguridad, que incluye criminalizaciĂłn de la protesta social y falsas acusaciones por “portaciĂłn de caraâ€?. AquĂ les cabe una gran responsabilidad a las nuevas autoridades, que dieron vĂa libre a la conformaciĂłn de un nuevo protocolo de Seguridad que promueve la autonomĂa en el accionar policial, con todos los riesgos que eso implica. Estos peligros ya se evidenciaron en la brutal represiĂłn que GendarmerĂa llevĂł contra la murga, que podrĂa haber terminado en una masacre.
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