EL GRITO DEL SUR Nº98 DICIEMBRE 2022 - CIUDAD PARTIDA

ISSN 2451-7178

Año - 10

Número 98

Una Ciudad partida en dos

El norte con trabajo formal, salarios más altos, hogares con agua y electricidad de red, acceso a la salud privada y a la conectividad. El sur que lo triplica en pobreza y lo duplica en desocupación. La riqueza porteña no derrama a todas y todos sus habitantes por igual. Análisis y balance de 15 años de gestión PRO. Pág. 6

Policía Metropolitana: el origen de la letalidad

“15 años después tenés más gente que vive en villas”

Comuna 1 /3 /4

Constitución, Monserrat, San Cristobal, San Telmo, Parque Patricios y Barracas

Situación de calle: de la negación a la represión

Policía Metropolitana: el origen de la letalidad

Negocio inmobiliario: vos sos bienvenido

La grieta entre el norte y el sur: un derrame hacia arriba

Recalde: «15 años después tenés la misma cantidad de habitantes pero más gente que vive en villas»

Patrimonio arquitectónico: una tendencia autodestructiva

Buenos Aires se derrite

Hace 12 años nuestro patrimonio arbóreo viene sufriendo el destrozo constante por parte del GCABA. Las mutilaciones y la poda reiterada les han quitado a los árboles sobrevivientes al maltrato hasta el 80% del follaje que les corresponde por su edad, y como consecuencia están más expuestos a enfermedades, más vulnerables al viento y ha disminuido su expectativa de vida y estamos perdiendo sus beneficios para la salud ambiental, física y psíquica de quienes habitamos y transitamos la Ciudad.

Este maltrato, eufemísticamente llamado “mantenimiento” de arbolado,

es organizado y gestionado por las juntas comunales y se encuentra a cargo de empresas tercerizadas contratadas por licitaciones decididas por el Poder Ejecutivo central, que también asigna el número de árboles a podar y extraer por año en cada comuna.

La extracción de ejemplares añosos alcanza a miles de árboles por año, la gran mayoría evitable. A esto se suma las más de 70.000 podas anuales que significan en forma directa pérdida de follaje. De los miles de millones que la Ciudad destina al “mantenimiento de arbolado”, el 100% se focaliza en el rubro A del pliego de licitación. De esa

suma, 95% se destina a podas y extracciones y corte de raíces y sólo 5% a plantación.

Los beneficios de los árboles urbanos, nuestros protectores ambientales, son numerosos e imprescindibles y producidos por el follaje frondoso. Fijan CO2 y desprenden O2 gaseoso durante la fotosíntesis. Filtran sustancias contaminantes. En las calles de arbolado frondoso se observa una disminución de la temperatura ambiente de hasta 9°C, este efecto, junto con la absorción de agua que aumenta la resiliencia frente a las inundaciones, son los principales beneficios am-

bientales para la adaptación a la crisis climática. Los árboles son cobijo y hábitat de fauna, y de otros seres vivos de la biota asociada contribuyendo a la biodiversidad.

Así como los disfraces de ciudad “verde” que tienen mucho cemento y plástico y nada de verde vegetal vivo pretenden ocultar el propósito de beneficiar ganancias particulares, también la máscara de “participación” pretende ocultar la falta de escucha a la ciudadanía.

Un problema estructural

en la Ciudad Situación de calle: de la negación a la represión

El último censo popular dio un resultado de 7251 personas en situación de calle, siete veces más que lo que reconoce el Gobierno de la Ciudad. Luego de 15 años, el Ejecutivo sigue sin reconocer la dimensión de la problemática, y no hay en sus políticas sociales un abordaje de las personas como sujetos de derecho.

Una de las postales más duras de la Ciudad de Buenos Aires es seguramente la de personas y familias durmiendo en portales, recovas, ranchadas bajo autopista, estaciones, guardias de hospitales o plazas. En la ciudad más rica del país, con un presupuesto aún mayor al de algunas ciudades europeas, que en 2023 será de 2 billones de pesos, no sólo se profundizó la desigualdad, sino que aquellos que más la padecen están por fuera de las estadísticas oficiales y la política pública no los contiene. Y si puede, los reprime.

La propia Dirección de Censos y Estadísticas porteña reconoce una pobreza multidimensional en la Ciudad que afecta al 21,7 por ciento de la población. Todos los parámetros son peores en las comunas del sur: mortalidad infantil, deserción escolar, desempleo. Con un territorio de apenas 200 kilómetros cuadrados, y una población que hace décadas sigue siendo de tres millones de personas, la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires tiene al menos medio millón de personas en emergencia habitacional, más habitantes (cada vez más inquilinxs) en villas y asentamientos, más familias con sentencia de desalojo, más hoteladxs, más inquilinxs, más expulsadxs por un proceso de gentrificación que es la contracara del negocio de especulación inmobiliaria.

Excluir a los sectores populares del derecho a la ciudad, y a la ciudadanía, consolidar una ciudad para pocos, es un concepto de gestión en los gobiernos de Macri y Larreta, expresado en recorte de recursos para áreas de políticas sociales, vivienda, alimentarios, empleo, salud, educación, y para programas que deben ocuparse de quienes viven en la indigencia con todos sus derechos vulnerados como son las personas en situación de calle.

En cuatro gestiones consecutivas de jefaturas de gobierno macristas no se resolvió la problemática de personas viviendo en la calle con políticas activas tendientes a la inclusión, a reducir la pobreza y a eliminar la indigencia. Inversamente se desarrollaron acciones

de gobierno para eliminar a las personas indigentes a través de la invisibilización y la represión como si se tratara de desaparecidxs sociales.

El subregistro de personas en situación de calle y en riesgo de calle, con cifras mentirosas constantes año a año que contabilizan cinco, seis o siete veces menos al relevamiento de las organizaciones que trabajan en la temática, es uno de los mecanismos para negar la problemática. El otro es la acción represiva sobre familias y personas en situación y riesgo de calle llevada adelante por distintas áreas del Estado de la Ciudad.

Esta grave forma de violencia institucional se puede ilustrar en la tristemente célebre UCEP (Unidad de Control del Espacio Público) que creó Macri en 2008 para actuar como fuerza de choque en desalojos en viviendas y vía pública, pero reviste otras modalidades que se siguen implementando a través de las fuerzas de seguridad y de agentes del Ministerio de Espacio Público contra personas en situación de calle, sus pertenencias y herramientas de subsistencia.

Texto: Laura Velasco

Diciembre 2022

Alcance represivo del macrismo

Policía Metropolitana: el origen de la letalidad

La fuerza creada por Mauricio Macri en 2009 debutó con tres muertos en el Indoamericano. Fue un experimento represivo breve, pero de consecuencias letales. Sus agentes asesinaron, al menos, a 25 personas en casos de gatillo fácil en ocho años, una muestra de lo que se vendría con la Policía de la Ciudad.

Texto: Matías Ferrari

El 9 de noviembre de 2015, el agente de la Policía Metropolitana, Ricardo Ayala, le disparó tres tiros a Lucas Cabello, un pibe de 20 años de La Boca, papá de una nena de dos. Los balazos —uno en la pera, otro en una pierna, y otro en la ingle— lo dejaron cuadripléjico. Luego de gatillar, Ayala hizo sonar el botón antipánico por violencia de género del hogar de tránsito del Instituto de Vivienda de la Ciudad donde Lucas vivía con su familia, en Martín Rodríguez al 500, buscando una coartada. Esa misma versión de los hechos —que el agente actuó en defensa de una mujer— fue la que hizo pública la por entonces vicejefa de Gobierno y gobernadora electa por la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. El exministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, llegó a decir que Lucas estaba armado. Cuatro años después, el juicio que condenó a Ayala a 16 años de cárcel por “intento de homicidio agravado” desnudó las falacias de los funcionarios y expuso la verdad de los hechos.

El caso de Lucas no había sido una novedad. En su escasa vigencia como fuerza, la Metropolitana se cobró la vida de, al menos, 25 personas en casos de gatillo fácil, de acuerdo a un entrecruzamiento de los archivos de la Coordinadora Contra la Represión Institucional (Correpi) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizado por El Grito del Sur y el Mapa de la Policía. Casi la totalidad de los crímenes ya se habían producido, uno tras otro, antes de que Lucas recibiera los disparos que lo dejaron en silla de ruedas y antes de que los funcionarios se vieran obligados, a raíz de la difusión de su caso, a dar explicaciones sobre la violencia institucional ejercida por la flamante fuerza, la única nacida en democracia junto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y que había sido presentada como “un modelo” por el propio Macri.

De los 25 casos de gatillo fácil relevados, diez se produjeron entre 2008 y 2012, los años iniciales de la fuerza, cuando ni siquiera llegaba a contar con dos mil efectivos en las calles y solo operaba, al menos formalmente, en algunas pocas comunas, según información oficial del propio Gobierno porteño de aquella época.

Esos niveles de letalidad, en parte, se explican en la cantidad de oficiales y exagentes de la Federal que fueron reclutados en su momento para la Metropolitana, muy lejos de la idea de crear “una fuerza desde cero” que Macri promocionaba. De acuerdo al registro estadístico del CELS, la entrada en vigencia de la policía del PRO coincide temporalmente con un crecimiento de las muertes de particulares en manos de la fuerzas de seguridad en el AMBA

en comparación con años anteriores, en que la letalidad se estaba reduciendo. Desde entonces nunca dejó de crecer.

“UNA

FUERZA DE CHOQUE”

El debut de la fuerza, para colmo, resultó trágico: su primera intervención importante en el espacio público fue el desalojo del Parque Indoamericano, el 7 de diciembre de 2008, y terminó con tres muertos: Rossemary Chura Puña, de 28 años, Bernardo Salgueiro, de 22, y Emilio Canaviri Álvarez, de 39, fueron asesinados como resultado del operativo conjunto de la Metropolitana y la Federal ordenado por la jueza Cristina Nazar. La investigación judicial comprobó que los efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía Metropolitana actuaron de manera coordinada. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional reconoció que las muertes sólo podían explicarse por las balas de ambas fuerzas, pero dictó el sobreseimiento y falta de mérito a los 41 policías entonces procesados (30 de la Metropolitana, 11 de la Federal) con el argumento de que no fue posible identificar responsabilidades individuales.

Años después, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) detectó que cuatro de los metropolitanos que intervinieron en el desalojo del Indoamericano y que seguían brindando servicios, participaron del operativo que en 2013 reprimió con balas de plomo a manifestantes que ocupaban la Sala Alberdi, en pleno centro porteño. Otras represiones de similar brutalidad, como la que tuvo lugar dentro del Hospital Borda el 26 de abril de 2013 o durante

el desalojo de otra toma en reclamo por vivienda digna en el barrio Papa Francisco, ocurrida el 23 de agosto de 2014, dan cuenta de que fue “una fuerza de choque, creada con el objetivo político de reprimir”, según explicó a este medio María del Carmen Verdú, referente de la Correpi.

Esa maduración se vio más tarde con el nacimiento de la Policía de la Ciudad, una de las primeras decisiones de Macri como presidente en funciones. De acuerdo a un primer informe para el Mapa de la Policía sobre casos de gatillo fácil de esa fuerza, entre inicios de 2017 y mediados de 2022, sus agentes asesinaron al menos a 38 personas sólo dentro de los márgenes de la Ciudad. Según Correpi, contando el conurbano y el resto del país, el total es de 126 personas en seis años, un número sin precedentes. “En proporción a la cantidad de efectivos y a la población sobre la que operan, la policía creada por Macri y administrada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, es la más letal del país, incluso por sobre la ‘maldita bonaerense’ del nefasto Sergio Berni”, advirtió Verdú.

LOS CASOS

El 60 por ciento de los casos relevados para este informe se produjeron en el conurbano bonaerense, cerca del domicilio de los agentes, y cuando éstos estaban fuera de servicio, pero portando su arma reglamentaria. Las muertes a manos de la Metropolitana se repartieron de manera uniforme en Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, La Matanza, Merlo y Malvinas Argentinas.

Algunos de ellos fueron emblemáticos y llegaron a los tribunales. El más rutilante fue el del metropolitano David Alejandro Barrios, quien en agosto de 2011 mató a dos pibes armados que habían subido a robar a un colectivo de la Línea 79, en Avellaneda. La versión de Barrios y de los funcionarios porteños fue que actuó en defensa propia. Aunque se comprobó que los únicos disparos de ese día salieron del arma del agente y no de las otras dos armas secuestradas ya que una no tenía municiones y la otra tenía un solo proyectil, que no llegó a dispararse. Barrios remató en el piso a Rodrigo Romero, de 16 años, que ya estaba reducido. Pese a todo, fue absuelto y, más tarde, promovido dentro de la estructura de la Policía de la Ciudad, con honores. La resolución, firmada en 2017 por Diego Santilli, decía: “Ascenso Extraordinario por Acto Destacado de Servicio del Oficial Mayor David Alejandro Barrios al grado de Inspector”. A pocas cuadras de donde Lucas Cabello recibió los balazos que lo dejaron cuadripléjico vivía Nehuén Rodríguez y hoy vive y milita su mamá, Roxana Cainzos, quien decidió abrir las puertas para un comedor popular, que hoy es la sede de las Madres en Lucha de La Boca. Roxana logró que el asesino de su hijo, Daniel Germán Castagnasso, sea condenado a tres años de prisión, aunque en suspenso. “La impunidad es un mensaje para las familias”, dijo para El Grito del Sur. “Cuando llegamos a un juicio casi siempre sabemos qué es lo que va a pasar, pero queremos ver al policía responsable sentado en el banquillo de los acusados. A veces es la única forma de que los padres puedan verle la cara a la persona que mató a su hijo”.

Desigualdades crecientes

La grieta entre el norte y el

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el centro urbano con mayores niveles de desarrollo económico del país. Sin embargo, su riqueza no derrama a todas y todos sus habitantes por igual: la brecha entre el sur y el norte porteño crece cada vez más.

La Ciudad de Buenos Aires está partida en dos. Un norte con trabajo formal, salarios más altos, hogares con agua y electricidad de red, acceso a la salud privada y a la conectividad. Un sur que lo triplica en pobreza y lo duplica en desocupación, donde la tasa de informalidad laboral entre les jóvenes trepa al 61% y casi la mitad de les pibis no tienen computadora. Estos son sólo algunos de los números de la tremenda desigualdad que año a año se profundiza en la ciudad más rica del país debido a la ausencia de políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida

de aquellos que peor la pasan. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el centro urbano con mayores niveles de desarrollo económico del país. Sin embargo, su riqueza no derrama a todas y todos sus habitantes por igual. Gobernado desde hace 15 años por el macrismo, el Estado porteño se encarga, a través de las políticas que implementa, de que esta desigualdad no cese. O, incluso, de que empeore.

Quienes vivimos en la Comuna 4 o en la 8 lo sabemos muy bien. La brecha entre el norte y el sur porteño está ante nuestros ojos cada paso que damos. Porque aplica en todas las dimensiones: desde el trabajo y el salario a la salud, pasando por la educación y la vivienda. Y las últimas de esa pirámide son las

mujeres jóvenes que viven en el borde. Desde el año 2019, la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno porteño incluye el indicador de pobreza multidimensional, que aborda el análisis de la pobreza desde distintos ejes: alimentación, salud, vivienda y servicios, equipamiento del hogar y educación. Se considera pobre multidimensional al hogar que tiene carencias en al menos dos de esas dimensiones. Según los datos del último trimestre de 2021, el 15,6% de los hogares de la Ciudad son pobres. Estos 209 mil hogares no están distribuidos de igual manera por todo el territorio: la zona sur, donde ubicamos barrios como La Boca, Barracas, Soldati y Lugano, trepa al 28,5%, mientras que en el norte los hogares pobres son el 10,7%.

La brecha entre el norte y el sur porteño aplica en todas las dimensiones: desde el trabajo y el salario a la salud, pasando por la educación y la vivienda.

Algo que resulta aún más grave es el porcentaje de hogares en situación de

indigencia, es decir cuyos ingresos no alcanzan para cubrir los costos de la Canasta Básica Alimentaria. El porcentaje en toda la ciudad es de 4,1%, un número que casi se duplica cuando la misma medición la hacemos en las comunas del sur (7,6%). Estos niveles de indigencia son similares al del conurbano bonaerense, que es el área geográfica que presenta los números más altos de indigencia de todo el país con el 8%. Como decíamos más arriba, la pobreza también discrimina según el género. Los hogares encabezados por mujeres la pasan peor. En esas familias, la incidencia de la pobreza es del 19%, frente al 12,2% con jefe varón. Si tienen niños de menos de 14 años, el número se eleva al 26,3%. Esto tiene una explicación: las mujeres ocupadas en la Ciudad cobran, en promedio, salarios un 21% más bajos que los varones.

TECHO Y PISO

Una dimensión fundamental para abordar la desigualdad tiene que ver con las condiciones habitacionales de la población. Dentro de la Ciudad, estas diferencias son más que visibles con

Texto: Martina Noailles

sur: un derrame hacia arriba

sólo caminar por sus barrios. Aunque los anuncios oficiales se repiten hasta el asco en carteles y publicidades, “la transformación” sigue sin llegar a la mayoría de las villas y asentamientos. Tampoco a las barriadas populares del sur. A seis años de su anuncio, los procesos de urbanización avanzan más lento que una tortuga y a los lugares que llegó, deja mucho que desear. Viviendas de pésima calidad, con muchísimos problemas de infraestructura, construidas sin pensar en la conformación de las familias que serían trasladadas. El resto, igual: sin acceso a los servicios más básicos y elementales.

Veamos los números: el 7,5% de la población de la Ciudad (230 mil personas) habita en villas. ¿Dónde están estas villas? Sí, adivinaste. En el sur. En la Comuna 8, el 31% de su población vive en asentamientos. En la 4, ese porcentaje llega al 24%. Es decir, 1 de cada 4 personas en La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya vive en una villa. El 77% no está conectado a la red pública de electricidad ni a la red cloacal. El 91% no está conectado a la red pública de agua corriente. A toda esta población, hay que sumarle quienes habitan en viviendas multifamiliares, más conocidas como conventillos, que abarcan buena parte de La Boca: pésimas condiciones de infraestructura -frío, humedad, conexiones eléctricas

irregulares- y hacinamiento.

Y si hablamos de hacinamiento, los peores porcentajes vuelven a posarse en el sur donde, en 2021 y siempre según la Encuesta Permanente de Hogares, los hogares en el que viven dos y más personas por cuarto es del 21% (Comuna 8), cinco veces más que en las Comunas 2, 12, 13 y 14 en las que no alcanza al 4%. Quince años atrás, los números eran prácticamente los mismos.

A quienes viven en villas y barrios populares, por lo general, les cuesta mucho más conseguir trabajo. Ni hablar del trabajo registrado, en blanco. Por eso, entre otros motivos, la desocupación en el sur más que duplica a la del norte (12% contra 4,7). Y por estos pagos orilleros lo que predomina es la informalidad laboral. El 35% de la población del sur viven de changas, cartoneo, venta ambulante, trabajo en casas particulares no registrado. Si contabilizás a les jóvenes entre 18 y 24 años, las cifras impactan: en las comunas 4, 8 y 9 la tasa de informalidad laboral supera el 61%.

El 7,5% de la población de la Ciudad (230 mil personas) habita en villas. ¿Dónde están estas villas? Sí, adivinaste. En el sur.

Por estas mismas razones, la brecha que existe entre los hogares de mayores y menores ingresos es muy alta. Los hogares más ricos de la Ciudad perciben, en promedio, 19,2 veces más ingresos que los más pobres. Esta grieta se viene ensanchando a lo largo de los últimos años, lo que expresa un aumento de la desigualdad: en el año 2015 los hogares de zona norte, ubicados en los barrios de Recoleta, Belgrano y Palermo, percibían ingresos 1,50 veces mayores que los del sur. En 2021 la diferencia asciende a 2,01.

SALUD Y EDUCACIÓN

El acceso a la salud es otra dimensión que habla de las condiciones de vida de una familia. Y si bien, en promedio, en la Ciudad de Buenos Aires la mayoría tiene obra social o medicina prepaga, el 18,6% se atiende en el sistema público. Pero, claro, si en el sur un tercio de las personas tiene trabajo informal y salarios por debajo de la canasta básica, es casi una obviedad que el lugar a donde irán a atenderse será el hospital público y sus centros de salud barriales. Por eso, aquel 18,6% trepa al 34% en la zona sur. Estos porcentajes son casi idénticos a los que la EPH mostraba en 2008, cuando Macri atravesaba su primer año de gestión en la Ciudad. Por entonces

la población que sólo se atendía en el sistema público era el 18% y en el sur 34,9%. Nada ha cambiado.

Lo que sí se modificó es la cantidad de pibis que en el sur porteño “caen” en la educación pública: durante el primero de estos 15 años de macrismo en la Comuna 4, el porcentaje era el 70,2% mientras que en 2021 alcanza el 76,6%.

No los quiero aburrir, pero si tomamos el nivel educativo la fórmula se repite. Mientras que en los barrios del norte sólo el 6% de la población mayor de 25 años no terminó el secundario, en la Comuna 4 el porcentaje llega al 35%.

Los números no dejan lugar a dudas. Las estadísticas de todas las dimensiones analizadas son fotos de la enorme distancia entre quienes viven en el norte de la ciudad más suculenta del país, y quienes habitan los barrios que orillan con el Riachuelo. Y esta desigualdad no es producto de la naturaleza ni del esfuerzo de algunas personas por sobre otras. Es la decisión política de una gestión que lleva quince años gobernando para el mismo lado de la grieta, su lado norte.

Resistencia vecinal: la organización no para

La embestida del PRO al frente del Gobierno porteño con intervenciones urbanas que modificaron la vida diaria de vecinas y vecinos y alteraron la identidad de zonas residenciales generó, a lo largo de los últimos 15 años, la conformación de movimientos barriales en toda la Ciudad de Buenos Aires que demandaron la instancia de participación ciudadana para consensuar los proyectos y que, ante la falta de diálogo, optaron por recurrir a la vía judicial para frenarlos.

Desde la llegada de Mauricio Macri al Ejecutivo, y luego con Horacio Rodríguez Larreta, los conflictos se multiplicaron en los distintos barrios en donde el paisaje fue transformándose a partir de la habilitación de centenares de construcciones en altura, así como con la disminución de espacios verdes que llevaron al distrito a marcar un

récord negativo respecto de los estándares internacionales en materia ambiental.

Los cambios impuestos estuvieron avalados por normativas motorizadas por el PRO: en 2008, a través de un veto, Macri eliminó la restricción a la edificación de torres en más de 80 manzanas de Caballito.

En 2018, Rodríguez Larreta modificó el Código Urbanístico para ampliar la capacidad constructiva en todo el distrito porteño, inclusive en los barrios caracterizados por tener casas bajas.

Ambas gestiones impulsaron obras con las que reemplazaron superficies absorbentes por suelos de cemento, como el caso del Parque Lineal del Bajo o el Metrobus de la avenida Paseo Colón, donde destruyeron edificios de alto valor patrimonial y talaron ejemplares de árboles que funcionaban como

filtros de los contaminantes urbanos en una zona de alta circulación vehicular.

Con este panorama adverso, vecinas y vecinos preocupados por lo que observaban a diario en las calles de sus barrios comenzaron a juntarse en las plazas y los clubes, mayormente durante los fines de semana, para compartir información y analizar posibles acciones para exigir a la gestión porteña participar de la toma de decisiones.

Fue así como nacieron las agrupaciones vecinales en Caballito, Villa Urquiza y Palermo, tres barrios de los más afectados por un boom inmobiliario que implicó la saturación de torres durante la primera administración macrista, y que hizo colapsar la infraestructura de los servicios como el de energía eléctrica, que registró cortes en el suministro, y el de cloacas.

Las protestas consistieron en marchas, cacerolazos e intervenciones callejeras en las que demandaron que el Gobierno porteño abriera instancias de participación ciudadana en la cuales pudieran manifestar la «opinión sobre las problemáticas medio ambientales, de infraestructuras de planeamiento urbano y patrimoniales».

Ante la falta de convocatoria de los funcionarios, los grupos decidieron abrir la vía judicial y comenzaron a presentar amparos colectivos para frenar «la proliferación de monstruos», en referencia a las torres de cemento que se levantaban por más de 30 pisos, algunos de los cuales tuvieron un fallo favorable, aunque temporario, frente a la especulación de los desarrolladores y las constructoras privadas.

Negocio inmobiliario: vos sos bienvenido

El Pro convirtió a la Ciudad en una mesa de negocios inmobiliarios. Se estima que desde 2007 se construyeron más de 9 millones de m2, pero la población se mantuvo estable. ¿Quiénes habitan, entonces, esas nuevas torres de lujo que poblaron Buenos Aires?

Texto: Franco Spinetta Foto: Télam

En una charla informal en un despacho de la Legislatura porteña, mientras se discutía alguno de los tantos proyectos de venta de tierra pública para desarrollos privados, una importante legisladora del PRO que comandaba este tipo de iniciativas en los albores del macrismo me dijo una frase que me quedó resonando durante mucho tiempo: “En una ciudad como Buenos Aires, cualquier espacio vacante es un espacio de disputa”.

El boom de los commodities y la mejora general de la economía durante el primer kirchnerismo se tradujo en un ambiente propicio para los buenos negocios en CABA. Con la llegada de Mauricio Macri al gobierno porteño, se aceleró un proceso que ya estaba en marcha, pero que adquirió un cariz salvaje: la conjunción de intereses políticos y empresariales, el aceitado vínculo con constructoras y capitales privados y con Buenos Aires convertida en una mesa de negocios, sentaron las bases de un modelo que introdujo más de 9 millones de m2 construidos en una ciudad cuya población no crece hace medio siglo.

¿Quiénes habitan esos departamentos? ¿Para quién se construyó semejante cantidad de casas? ¿Cómo se explica el crecimiento exponencial de inquilinos a la par del florecimiento de torres y más torres? En el mismo lapso en el que no pararon de habilitar más metros hacia arriba en barrios históricamente de casas bajas, la proporción de hogares inquilinos pasó del 23% a más del 35%.

La crisis habitacional que afecta a CABA es el resultado de una política deliberada. Y eso se ve reflejado en las estadísticas. En la Ciudad, hasta la crisis del 2001-2002, seis de cada diez porteños eran dueños de su vivienda. Hoy ese número se redujo a cinco de cada diez. ¿Qué quiere decir? Si sube la proporción de inquilinos y baja la de propietarios, cada vez hay más casas en manos de menos personas.

El corrimiento de las clases medias cada vez más presionadas por los aumentos de precio y el sueño lejanísimo de la vivienda propia, terminó derivando en un crecimiento meteórico de las villas y barrios precarios. En 2010, según el censo nacional, la población allí era de 170 mil personas. Cuatro años después, la secretaría de Hábitat del gobierno de la Ciudad elevó ese número y contabilizó a 275 mil habitantes. Y hoy por hoy, el Ejecutivo estima ese número en 330 mil porteños (12,4% del total).

Ahora bien, ¿cómo hizo el macrismo para materializar este modelo? El camino no estuvo exento de un pragma-

tismo lógico para garantizar la supervivencia política. El consultor Jorge Melguizo, quien había participado de manera activa en la transformación de Medellín, la ciudad más violenta de América Latina, me contó que en las primeras reuniones con los equipos del PRO, se encontró con funcionarios que no daban el brazo a torcer con la firme idea de que su electorado no toleraría una urbanización integradora de las villas.

Mientras sucedía esa disputa, el Ministerio de Desarrollo Urbano a cargo del arquitecto Daniel Chaín (autor de otra épica escena, cuando le soplaba qué decir a Macri en la inauguración de una estación de la Línea B) urdía un verdadero plan para avasallar con el patrimonio porteño de proximidad. A velocidad crucero, los vecinos empezaron a ver cómo desaparecían viejas casonas típicas, los llamados petit hotel y empedrados de las calles. La sociedad tardó poco en ofrecer una respuesta y florecieron organizaciones en defensa del patrimonio en diversos barrios. La lucha surtió efecto y se terminó votando una ley para proteger inmuebles previos a 1941 de forma preventiva.

Así y todo, no hubo freno. La voracidad constructora al ritmo de una economía que no paraba de crecer, se traducía en proyectos que modificaban la fisonomía de los barrios con torres anodinas e intervenciones para lograr autorizaciones excepcionales a la regla, mientras el gobierno demoraba la catalogación de inmuebles y el Consejo Asesor de Asuntos Patrimo-

niales dormía y cajoneaba todo lo que podía molestar al plan de gobierno. El ritmo fue tal que en Buenos Aires tuvimos una serie de ya (casi) olvidados derrumbes, como el gimnasio de Villa Urquiza y una verdadera desgracia con suerte: una torre entera sobre Bartolomé Mitre que se desmoronó porque en la obra de al lado no habían apuntalado bien los cimientos.

El macrismo-larretismo encontró la vuelta para desprenderse de tierras públicas (más de 400 según informes del Observatorio por el Derecho a la Ciudad) para hacerse de dólares frescos. Así se vendió una parte del Parque de la Ciudad, innumerables playones ferroviarios, los terrenos Catalinas, diversos “baldíos” hasta el más reciente proyecto para desprenderse de un sector de Costa Salguero, entre otros.

Como si fuera poco, y todo esto no fuera suficiente (valga la redundancia), faltaba el broche para darle un marco de legalidad a los desbordes de la industria inmobiliaria. El cambio del Código Urbanístico votado en 2018 era el paso necesario para terminar de darle letra legal al verdadero proyecto que sonaba detrás: proyectar una ciudad de seis millones de habitantes, repleta de torres. En el gobierno PRO siempre se consideró a CABA como una ciudad “baja”: demasiados barrios con casas, pocos edificios.

Así, el nuevo Código Urbanístico introdujo un nuevo chiche: los convenios urbanísticos remunerados. Es decir, una constructora puede violar la norma pero abonar una cuantiosa

suma a cambio para avanzar con su proyecto. Una maravilla. La legalización del ana-ana inmobiliario. Luego de que se aprobase en la Legislatura una serie de convenios a cambio de 30 millones dólares, y la autorización a IRSA para urbanizar un predio de 73 hectáreas en Costanera Sur, Federico Poore -magíster en Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella- me planteó algo certero: “Los créditos hipotecarios están pulverizados, los alquileres son cada vez más inaccesibles para un momento de salarios bajos y el grueso de las nuevas construcciones son oficinas o viviendas de lujo. Entonces, hay algo que no está funcionando en relación a la orientación que el gobierno porteño le quiere imprimir al desarrollo urbano de la Ciudad”.

Y agregaba: “El gobierno porteño se limita a acompañar a lo que el privado quiere desarrollar y, en todo caso, se acomodan para recaudar algo más de impuestos o que parte de ese desarrollo incluya un espacio verde público. La pregunta clave es: ¿quién conduce este proceso?”.

Aunque obvia, la respuesta al planteo que realizaba Poore es a gusto del consumidor-votante. Lo que queda en la superficie es también otra pregunta: ¿por qué el PRO-Cambiemos-Juntos por el Cambio sigue teniendo tanta aceptación electoral en CABA? ¿Qué fibra tocaron para que el porteño olvidara o, mejor dicho, no tenga tan presente el tipo de ciudad que están forjando?

Historia de una política urbana

La propuesta peronista para la Ciudad

Recalde: «15 años después tenés la misma cantidad de habitantes pero más gente que vive en villas»

El presidente del PJ porteño hace un balance crítico de las gestiones del Pro en la Ciudad a lo largo de estos 15 años. Vivienda, educación, salud y subte: las cuentas pendientes. Además, reflexiona acerca de las opciones del peronismo para oponer un modelo alternativo capaz de triunfar en las urnas.

Texto: Yair Cybel

Presidente del Partido Justicialista porteño, senador nacional, dirigente de La Cámpora y uno de los principales referentes de oposición al macrismo en un distrito adverso. En ocasión del cumple de 15 del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, El Grito del Sur sostuvo una charla a fondo con Mariano Recalde sobre la situación de la Ciudad, el

futuro del peronismo y la herencia que dejan Macri y Larreta después de una década y media de gestión amarilla.

Realizaron un foro muy masivo en la Facultad de Sociales (UBA), pero lo llamativo es que mostraron una amplia unidad. ¿Qué puede aprender el peronismo nacional de su par porteño, que sostiene la unidad entre diferentes tendencias hace tantos años?

Efectivamente tenía muchos objetivos ese foro: el primero, tratar de cerrar una etapa, la del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Cumplió 15 años y nos debíamos un balance de cómo quedó la Ciudad. Lo segundo era pensar para adelante y para eso necesitamos de la unidad, de la amplitud y de ideas claras de hacia dónde ir. Todas cosas que Cristina está pidiendo que tengamos en el país y que en CABA intentamos hacer.

En CABA, el PRO controla el Tribunal Supremo de Justicia, la Legislatura y el Ejecutivo, se armó una Policía a su medida, controla los medios de comunicación. En cualquier otro lugar, si gobernara el peronismo, se estaría hablando casi de un feudalismo…

Pasa que los medios de comunicación no cuentan estas cosas y los tratan con una vara distinta: si un gobierno de una provincia del norte del país está 16 años, dicen que no hay alternancia. Pero acá parece que es todo hermoso. En el TSJ Larreta puso como jueces a militantes confesos que tienen fotos repartiendo volantes en campaña electoral. Nosotros en la Legislatura, cuando se nombraron esos jueces, pataleamos y gritamos pero no pasó de algunas visualizaciones en Twitter.

Y ahora se supone que vendría un fallo adverso por la coparticipación. ¿Cómo se lee esto en términos de la intervención política de la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires?

La Corte Suprema viene hace rato violando la Constitución, la división de poderes, las competencias federales y avasallándolas en pro del interés de la CABA. No me sorprendería un fallo adverso. La Ciudad recibió el triple de fondos necesarios para seguridad: hoy en día, la Ciudad de Buenos Aires tiene el presupuesto para seguridad más alto de todo el país, medido con el indicador que quieras. Esta no es una Corte, no es un Poder Judicial, es un partido político enquistado y utilizando la posibilidad de dictar sentencia para hacer política. Y de la peor manera: persiguiendo a los que piensan distinto, generándole impunidad al macrismo y jugando con fondos públicos.

¿Se desaprovechó una oportunidad de transformar la Justicia?

Sin ninguna duda. Se debió haber hecho otra cosa.

¿Qué Ciudad deja el PRO después de 15 años?

Dejó una Ciudad mucho más injusta, mucho más desigual de la que encontró, con más desequilibrios sociales y con un montón de problemas sin resolver: en materia de educación, de salud, de justicia, de tránsito, de vivienda. Vas a números concretos y 15 años después tenés la misma cantidad de habitantes pero más gente que vive en villas. Es un mal resultado. Tenemos la misma cantidad de habitantes pero cada vez hay menos gente que vive en su casa propia y más que alquila. Y en el medio se construyó un montón pero vivien-

das de lujo. Hay algo que no funciona. Después de 15 años la caída en la inversión presupuestaria en educación que denunciamos, se ve palmariamente en algunos indicadores: siguen faltando 50 mil vacantes, las escuelas se caen a cachos, las viandas que se entregan son lamentables y generan la reacción de los pibes que encima después son perseguidos. Y además, después de 15 años, aumentó la matrícula privada: hoy es mayor la cantidad de padres y madres que pagan la educación que no brinda el Estado que aquellas que tienen lugar en la escuela pública.

“En el TSJ Larreta puso como jueces a militantes confesos que tienen fotos repartiendo volantes en campaña electoral”

¿Qué diferencias hay entre la gestión Macri y la gestión Larreta?

Son una continuidad absoluta. En 2019 decíamos que Larreta había seguido por el mismo camino pero más rápido. Si alguna diferencia se notó fue la velocidad: fue por el mismo camino pero más rápido. En materia de tierras públicas, vendió el doble que Macri, en materia de represión reprimió el doble que Macri, en subtes hizo menos que Macri: cero, Macri por lo menos terminó de agotar alguna estación pendiente pero ya desde hace 3 años hay cero kilómetros de subte en el presupuesto.

Después de nueve semanas de paro de residentes y concurrentes, el ministro de Salud Fernán Quirós se lanzó para candidato a Jefe de Gobierno. ¿Qué te genera ver este lanzamiento electoral con tantos problemas por resolver en la Ciudad?

Hace rato que Larreta está en modo campaña. Pasó más días fuera de la CABA que dentro. Se pasa sus horas lanzando candidatos, pensando en campaña electoral, sobre todo habiendo tantos problemas. Y encima su ministro de Salud, que en 15 años no construyeron un solo hospital en la Ciudad. Ahora, las veredas las dieron vuelta ocho veces y asfaltaron la Avenida Callao doscientas veces. Los medios de la Ciudad han multiplicado su rentabilidad gracias a la pauta. En eso hay que decir que no discrimina y logra el blindaje y la protección de todos los medios, sobre todo en televisión.

Te llevo al lado del peronismo. Durante los 15 años convivieron distintas miradas sobre la Ciudad. Pareciera que conviven la mirada que apunta a hablarle al sector más popular (al sur y a las villas) con otra que propone un gesto de hablarle más a la clase media, sobre todo con el discurso ambiental. ¿Existe una contradicción ahí o pueden saldarse ambas miradas?

No hay contradicción. Creo que hay que hablarle a todos. Es cierto que nosotros tenemos un discurso más enfocado en quienes más necesitan, forma parte de nuestra identidad. Pero no quiere decir que descuidemos otros temas que también son relevantes. Hay

una nueva agenda que la tomamos y que tienen que ver con el feminismo, el ambientalismo, las diversidades. Tal vez le hablamos poco a los ricos de algunas comunas.

En 15 años de gobierno en CABA, uno de los principales ganadores fueron las grandes constructoras y las inmobiliarias. Tenés un libro que se llama «Gobernar la Ciudad». ¿Qué haría el peronismo en materia de vivienda en caso de gobernar Buenos Aires?

Hay muchas propuestas, algunas muy viejas que venimos machacando y que no logramos que sean ley. Pero gravar la vivienda ociosa, generar viviendas sociales para alquiler, una inmobiliaria estatal. Y no son locuras nuestras: vos ves lo que se hizo en Europa y el mercado intervino fuerte en el mercado de alquileres de viviendas. Se puede controlar más, evitar abusos de inmobiliarias y propietarios. En materia de vivienda se puede hacer mucho y sobre todo construir. Completar la oferta de vivienda para la gente. Porque lo que se construyó mucho fue vivienda suntuosa y lujosa, más como reserva de valor que como política habitacional.

“En materia de tierras públicas, Larreta vendió el doble que Macri, en materia de represión reprimió el doble que Macri, en subtes hizo menos que Macri”.

¿Qué tipo de liderazgo necesita el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Uno que confronte más con el modelo de Larreta o uno que intente asemejarse?

Asemejarse no. Nosotros tenemos que ser la alternativa, lo distinto. Y la gente en algún momento se va a cansar de este modelo de Ciudad y va a entender que a pesar de que los medios no muestran nada de lo feo ni lo malo o las cosas graves que ocurren, hay una realidad que cambiar. Nosotros somos la alternativa en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos un modelo de Ciudad distinto y dicotómico, queremos más subte, más presupuesto para educación, más vivienda y más espacio verde. Son dos modelos de Ciudad. Cuando la mayoría lo comprenda, vamos a ganar en CABA. Y no está tan lejos.

Haciendo un ejercicio de memoria: ¿cuáles son los tres hechos que marcan la forma de gobernar del PRO en la Ciudad?

Primero, en términos de transporte, el abandono del subte y la construcción del Paseo del Bajo que se lo dieron al primo de Macri pagado con fondos nacionales. Eso resume un montón el gobierno de Macri y Larreta: negocios, hacer obra con plata de los demás y para resolver problemas de segundo orden. No es que esté mal el Paseo del Bajo, pero había que hacer un subte. En materia de seguridad, todas las represiones, pero la más simbólica fue la de ir a pegarle a los enfermeros en

plena pandemia. Y, por último, no hay que dejar de decir el doble discurso y el desprecio que tiene por la educación y cómo se paran en paladines de la educación con frases marketineras.

Hay un discurso (que ponemos en tela de juicio) de que la juventud está corrida a la derecha. Lo que sí resulta evidente es una despolitización creciente de las y los pibes. ¿Qué estrategias se pueden dar las organizaciones políticas para llegar a un sector que hoy tiene cierto descrédito de la política?

Cuando la política no resuelve los problemas de la gente, la cosa tiende a despolitizarse. Cuando parece que todos los gobiernos son iguales (aunque no lo son), la gente tiende a despolitizarse. ¿Cuándo se politizaron los jóvenes? Cuando vieron a alguien que se le plantaba a Clarín, a la Sociedad Rural, a los milicos, al FMI. Eso te enamora y te convoca, ir a pelearte con los grandotes y los poderosos. La juventud tiene ese ímpetu, pero cuando no ocurre eso tiende a desinflarse. Y cuando aparece uno que grita y en algún punto interpela al que la está pasando mal (porque dice que está todo mal y que hay que romper todo), eso genera alguna adhesión. Coincido que no es mayoritaria ni mucho menos, pero genera adhesión y es preocupante.

¿Qué le dirías a los que dudan de una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para 2023?

No sé si va a ser o no, a mi me encantaría porque es la mujer más preparada, que más confianza genera, que no tiene miedo, que no miente y que puede resolver las cosas. Es la persona que por su historia, su capacidad y su experiencia genera la esperanza de que se pueden cambiar las cosas y volver a tener una política que enamore.

¿Recalde 2023 en Ciudad?

Yo voy a trabajar para que ganemos en la Ciudad y que en la casa de Gobierno de Uspallata haya un compañero o una compañera. Voy a estar donde tenga que estar. Todo en su medida y armoniosamente.

Patrimonio arquitectónico: una tendencia autodestructiva

A partir de la gestión del PRO, Buenos Aires tiene una nueva tradición: la de demoler sus mejores edificios sin considerar ninguna otra variable que el bolsillo de quien destruye.

La especulación inmobiliaria gobierna hoy la Ciudad. Pese a que su población no aumenta desde mitad del siglo XX, cada vez se permite construir más y a mayor altura, sin respetar el entorno barrial ni los edificios históricos, y sin mejorar la infraestructura de los servicios. La calidad de vida en la ciudad disminuye, mientras la vivienda ociosa aumenta.

En la actualidad, si bien no todo es patrimonio, se estima que de un universo de 141.000 edificios anteriores al año 1941, tan solo el 13% (18.500 edificios históricos) han sido incluidos en proyectos de ley para su tratamiento y declaración como patrimonio por la legislatura. Pero incluso este porcentaje insignificante está en un limbo legal sin protección efectiva: las listas de edificios a proteger no han sido discutidas por las comunas ni por los legisladores, corriendo el riesgo de perder estado parlamentario. En definitiva: los vecinos simplemente se enteran de las demoliciones cuando los edificios desaparecen. Las transformaciones que sufre el tejido ya consolidado, sin ninguna planificación y amparadas en cuestionados convenios urbanísticos, dejan como resultado una ciudad, fuera de escala y proporción, con un alto déficit de espacios verdes, que sufre el efecto “isla de calor” y ve, día a día, empeoradas las condiciones de hacinamiento en un contexto de lucha contra el calentamiento global y aumento de las epidemias urbanas.

Al mismo tiempo, la sustitución de piezas patrimoniales por edificios nuevos, ajenos a cualquier directiva, no es una política urbana sostenible: va, incluso, a contramano del compromiso Carbono Neutral para Buenos Aires 2050, por el cual el GCBA se dispuso a encarar una serie de medidas para mitigar los efectos del cambio climático. Para cumplir esos compromisos se requeriría la revisión de varios de los procesos de la industria de la construcción: la huella de carbono del edificio, el uso del agua, la extracción de materiales y la disposición de residuos sólidos son variables que impactan profundamente en el medioambiente.

Es en este alarmante contexto que Basta de Demoler (BDD) trabaja desde hace 15 años para hacer cumplir las políticas públicas de protección y gestión del patrimonio porteño.

Basta de Demoler ha llevado a la Justicia una infinidad de reclamos vecinales. Es en ese marco, por ejemplo,

que actualmente impulsa un proyecto de ley para expropiar y crear una plaza en el terreno aledaño al monasterio colonial de Santa Catalina de Siena, luego de que en 2016 el Tribunal Superior de Justicia fallara en contra del permiso para construir una torre de veinte pisos en el lugar. El monasterio de 1745 fue declarado Monumento Histórico Nacional; y a pesar de que está probado que la construcción de una torre a esa escala afectaría su entorno de manera irreversible, el GCBA envió en 2021 a la Legislatura un paquete de 12 convenios urbanísticos que insiste con el emplazamiento de una torre en el lugar.

Basta de Demoler ha sufrido también los embates directos de la gestión del PRO: en 2022, y luego de 7 años de inactividad, el GCBA solicitó la reanudación del proceso judicial por el cual demanda por daños y perjuicios a esta ONG y a los ciudadanos Santiago Pusso y Sonia Berjman, por 3 millones de dólares por haber frenado mediante un amparo la construcción de una estación de subte debajo de la Plaza Intendente Alvear, un espacio verde protegido por una ley que impide cualquier tipo de intervención en la intersección de las avenidas Libertador y Pueyrredón. Según el GCBA, la acción de amparo fue motivada por “cuestiones políticas con la sola intencionalidad de obstruir la gestión de gobierno y las obras en la Plaza Alvear”.

Sin embargo, la propia Legislatura votó relocalizar la estación en las cer-

canías de la Facultad de Derecho y el Centro Municipal de Exposiciones; la plaza está recuperada y la estación se encuentra en pleno funcionamiento desde su inauguración en el año 2018, cubriendo las necesidades de acceso diario de 25.000 alumnos y del Centro de Convenciones sin violar ley alguna. Desde BDD entendemos que esta demanda constituye un ataque directo a la democracia, pues su único fin es amedrentar y silenciar a ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil que hacen uso de herramientas consagradas por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad: el derecho al reclamo y el acceso a la Justicia.

La actual Constitución de la Ciudad contempla mecanismos de democracia participativa para la tramitación de sus conflictos, a través de los cuales podrían plantearse soluciones óptimas a los dilemas urbanísticos que sufrimos los porteños y porteñas. Pero las instancias de participación existentes en el Código Urbanístico y la Ley de Comunas no se cumplen.

Es por eso que exigimos verdadera representación vecinal en los órganos que deciden sobre nuestros barrios.

Le decimos “no” a las torres y a los convenios urbanísticos, basta de privatización de tierras públicas y venta de espacios verdes. Demandamos el cumplimiento de los programas de apoyo a Bares Notables, la reglamentación e implementación del Fondo para la recuperación de edificios catalogados, y planes de reconversión del pa-

trimonio a vivienda social, protección del adoquinado en áreas protegidas y respeto al arbolado urbano.

Exigimos que se realice una auditoría al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales y a la Dirección General de Interpretación Urbanística. A pesar de las irregularidades documentadas por los vecinos, las ONG y los fallos de la Justicia, vemos con alarma la discrecionalidad y falta de transparencia con que estos organismos deciden qué edificios se conservan y cuáles no.

Durante la segunda mitad del siglo XX los planes urbanos aplicados sobre nuestras ciudades han desconocido la ciudad real, sus particularidades y las necesidades de quienes las habitamos. Ya es hora de cuestionar, mediante la participación vecinal, la tábula rasa de la arquitectura moderna para repensar nuestro entorno urbano en base a nuevos paradigmas urbanos.

Buenos Aires necesita un desarrollo planificado y sustentable acorde al siglo XXI, muy diferente al propuesto por el movimiento moderno en años pasados. Es necesario garantizar el derecho a un ambiente sano y la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, tal como lo establecen la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Código Urbanístico. Por eso, defender el patrimonio es cuidar la calidad de vida de los vecinos y la proyección económica de la ciudad. Demoliendo su identidad, se va Buenos Aires.

Texto: Basta de Demoler

La destrucción de la identidad urbana